El Gobierno nacional avanzó con la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo creado por la Ley de Modernización Laboral 27.802 para ayudar a los empleadores del sector privado a afrontar determinadas indemnizaciones laborales. El esquema comenzará a aplicarse desde el 1 de noviembre próximo, luego de que su puesta en marcha fuera postergada para completar los aspectos operativos. 

El FAL establece que los empleadores realizarán aportes destinados a cuentas individuales que podrán utilizarse para afrontar obligaciones vinculadas con la finalización de relaciones laborales. Sin embargo, la existencia del fondo no elimina la responsabilidad del empleador frente al trabajador ni reemplaza el derecho a cobrar las indemnizaciones que correspondan, el régimen alcanza principalmente a empleadores del sector privado comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo y por el Régimen de Trabajo Agrario. Quedan fuera los trabajadores del sector público, el personal de casas particulares y quienes están alcanzados por el régimen específico de la industria de la construcción. 

Uno de los aspectos centrales de la reglamentación es la forma en que se administrarán los recursos, los fondos deberán mantenerse bajo determinados criterios de diversificación y liquidez y podrán ser colocados en instrumentos financieros en pesos. Las nuevas pautas buscan establecer cómo se administrará el dinero acumulado hasta que sea necesario utilizarlo para cubrir las obligaciones previstas por el régimen.  

El sistema también contempla la intervención de distintos organismos públicos en su funcionamiento. Entre ellos se encuentran la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Finanzas, que deberán completar aspectos vinculados con la implementación y supervisión del mecanismo. 

La reglamentación fue establecida inicialmente mediante el Decreto 408/2026, publicado en junio, que puso en funcionamiento el marco general del Fondo de Asistencia Laboral. Posteriormente, el Gobierno avanzó con normas complementarias relacionadas con la administración y las inversiones de los recursos.  El objetivo del esquema es que los empleadores cuenten con recursos acumulados para afrontar determinados pagos derivados de la finalización de una relación laboral.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley 27.802, uno de los ejes de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, al considerar que vulnera derechos y garantías constitucionales vinculadas a la protección del trabajo y la propiedad.

El fallo fue dictado por los jueces Enrique Catani y Gabriela Vázquez, en el marco de una causa por despido iniciada por un trabajador de un lavadero. El tribunal concluyó que la norma cuestionada afecta los artículos 14, 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional.

En su voto, el juez Catani sostuvo que el artículo “no supera el examen de constitucionalidad” y que “lesiona el derecho de propiedad privada del acreedor”. Además, advirtió que incluso bajo el esquema previsto en la norma -67% del monto actualizado por IPC más una tasa anual del 3%- la aplicación del criterio “conduce necesariamente a la pérdida de una parte sustancial del valor del crédito”.

El magistrado también cuestionó el criterio de diferenciación entre trabajadores judicializados y no judicializados, al señalar que “la distinción es irrazonable” porque se basa exclusivamente en la intervención judicial y no en la naturaleza del crédito. En ese sentido, consideró afectada la garantía de tutela judicial efectiva.

El tribunal rechazó la aplicación de la denominada “doctrina del esfuerzo compartido” y ordenó liquidar las indemnizaciones conforme al artículo 54 de la misma ley, con actualización por IPC más 3% anual desde el devengamiento hasta el pago efectivo, sentando un criterio relevante para futuras causas laborales.

Lo que parecía un hecho insólito, pero cada vez más común, terminó convirtiéndose en un expediente administrativo que ahora ya tiene resolución: una columna de alumbrado público cayó sobre un auto y el Municipio deberá pagar una indemnización millonaria.

En la documentación oficial, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se explicó que una vecina inició un proceso “administrativo donde reclama los daños sufridos en su vehículo marca Toyota Corolla a raíz de la caída de una columna de alumbrado público sobre el mismo cuando iba transitando por la Avenida Patricio Peralta Ramos en dirección al sur a la altura de la Armada”.

En un informe, realizado por el Departamento de Obras e Instalaciones Complementarias de Alumbrado Público, dice expresamente que con “relación al siniestro denunciado por caída de columna vial, el día 21 de marzo de 2026 en horario de madrugada, se recibió la información de Defensa Civil por una columna caída”.

“Se concurre al lugar y se verifica el colapso de la columna, el vehículo siniestrado no se encontraba al momento de concurrir con móvil de Emvial. La cuadrilla de guardia procede a despejar el peligro, retirar las cajas de conexión y datos de cámaras de monitoreo montadas en la columna”, se añadió.

“Se observa un impacto y deformación de la chapa de capot, rotura de óptica delantera derecha, rotura de paragolpes delantero, guardabarros delantero derecho, faro auxiliar y frente de parrilla. El impacto fue desde arriba hacia abajo, dejando rayones en tono gris en capot, coincidente con el color de la columna o el artefacto de iluminación. La sobrebase de la columna no se observa con rotura por impacto de vehículo, como así tampoco la rotura del paragolpes del vehículo", se puntualizó.

Por su parte, el Departamento de Taller del Emvial dijo expresamente: “Debido a la caída de la columna resulta altamente probable que los daños denunciados al vehículo hayan sido ocasionados por la misma, por lo cual el Vehículo presenta los siguientes daños: abolladura en capot, abolladura en guardabarros delantero derecho, abolladura en mascara frente, rotura de paragolpes delantero y rotura de óptica delantera derecha”.

En ese contexto, desde la Comuna se señaló que “el monto a indemnizar asciende a la suma de $3.295.000, en concepto de repuestos y reparación de chapa y pintura”.

A partir del decreto 713/2014 que reglamentó la reforma laboral contenida en la Ley Bases promulgada en julio pasado, el contador público Marcelo Corbalán dio detalles de algunas de las modificaciones que contiene, entre ellas en las indemnizaciones, la licencia por maternidad y el período de prueba, donde remarcó que "no hay que caer en el abuso", dirigido a los empleadores.

“Como se modificaron muchas cuestiones del vínculo aboral, uno tiene que ver todos los aspectos, como el período de prueba, que es un tiempo en que el empleador evalúa las aptitudes del trabajador para el puesto y no se aplica la totalidad de la Ley de Contrato de Trabajo, como las indemnizaciones si se corta la relación en esa prueba", explicó Corbalán en “Los datos del día” de Mitre (FM 103.7)

Entonces, con esta modificación, el período de prueba se extendió de tres a seis meses, aunque “en empresas de entre seis a cien trabajadores puede ser de hasta ocho meses, mientras que en otras más chicas, de máximo cinco trabajadores, se puede llevar hasta a un año”, según precisó.

En esa línea, es que el docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) remarcó que “no hay que caer en el abuso” y también sostuvo que dependerá de la industria, pero que “si uno toma a alguien, no lo hace para echarlo, y que a veces capacitar a un trabajador puede llevar mucho tiempo”.

Dentro de los cambios, también se refirió a la maternidad. Es que antes de la reforma, las embarazadas no podían trabajar ni 45 días antes ni 45 después del parto, a pesar de que “en la práctica se corría” y “ahora se le da a la madre la posibilidad de elegir y correrlo hasta 10 días antes del parto”. Y explicó que “no es que perdés los 35 días previos, sino que los adicionás post parto”, lo que consideró una “buena medida” porque “pasaba en la práctica”. 

Por otro lado, con respecto a los cambios en las indemnizaciones, Corbalán mencionó que “hay uno que se hizo con justa causa, cuando la falta del trabajador es de tal gravedad que no permite continuar con el vínculo”, por lo que “establecieron como faltas graves: bloquear los establecimientos, no permitir que un empleado vaya a trabajar cuando se adopta una medida de fuerza y ocasionar daños al espeacio de trabajo”.

“Los agravamientos tienen que ver con una falta de respeto al trabajador, como una discriminación de tipo sexual, gremial o política. Eso hace que las indemnizaciones se puedan elevar hasta un 50%, pero si es de tal gravedad, el juez laboral la puede incrementar hasta un 100%”, concluyó el contador público.

En los últimos días se confirmó el fallo Barrios que establece que las indemnizaciones por despido y por el accidente de trabajo, se actualizarán por depreciación monetaria, siguiendo el índice RIPTE más un interés compensatorio para los periodos que no completen el plazo de un año.

En este marco, el abogado laborista, Claudio Benvenuto, explicó en diálogo con la FM 99.9 que es “un fallo donde la corte, en mi opinión, no adoctrina, sino que ratificó una doctrina anterior y se pronunció sobre la inconstitucionalidad sobreviniente, es decir, aquellos casos que en el transcurso de proceso, pudieron haber surgido situaciones no previstas al inicio y que afectan garantías o derechos constitucionales”. 

Por lo que “finalmente las mismas pautas que la corte fijó en ese caso Barrios, donde específicamente dijo que se trataba de un caso de excepciones. No declaraba la inconstitucionalidad de la ley de convertibilidad como una nueva doctrina legal, sino que hacía una excepción para ese caso puntual”, señaló. 

Para recapitular, contó que “Barrios es un caso que se tramita inicialmente en la Justicia Civil, es un juicio de daños y perjuicios, y llega con motivo de un recurso extraordinario. La corte dicta este fallo donde, con respecto a uno de los rubros que es el daño psicológico, ratificando su postura o doctrina vigente hasta la fecha”. 

“En el caso de reparación por daños, estamos dentro obligaciones que deben ser valorizadas de manera constante, y como no encontraba parámetros para determinar la cuantía del daño a valores actuales, y a su vez las tasas de interés se están utilizando por doctrina de la corte ya desde el año 2000, daban un valor que realmente no cumplía con el principio de reparación integral”, continuó. 

Entonces, “ la Corte en ese caso puntual, declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Convertibilidad y ordenó a la cámara que repotencie el crédito con ciertas pautas entre las que pone el IPC e indicaciones sobre la prudencia que se debe llevar a cabo”, remarcó. 

De modo que “específicamente resuelve para este caso, no está asentando una nueva doctrina legal, lo que no quita que sí ratifica la doctrina anterior que es la determinación de la reparación de daños como obligación de valor que está fundada en una norma del artículo 762 del código civil y comercial”, afirmó. 

“Más allá de que es un juicio civil, entiendo que todo lo que sea doctrina respecto a derecho civil de fondos que resuelve la corte es aplicable a todos los procesos en general”, agregó. 

Al contextualizar, contó que “inicialmente cuando se dicta el contrato de trabajo, se establecía que los salarios a los fines de determinación de las indemnizaciones se iban a repotenciar con el índice del plan industrial”. 

“En el año 76 se hace una reforma y se modifica la actualización con el índice del plan industrial por el índice de precios al consumo. Eso se mantiene hasta el dictado de la Ley de Convertibilidad. En esa época los juicios laborales se paran dos o tres veces por el efecto del proceso inflacionario. Había unas tablitas que vos terminabas el proceso y automáticamente se actualizaba”, comentó. 

Por lo que “a partir de la Ley de Convertibilidad, se derogaron todas las clausulas y ahí se empezaron a quitar las tasas de interés que provocaron cierta licuación de pasivos e hizo que en el caso de los procesos laborales que fueran muy extensos, los créditos laborales quedaran disminuidos. En algunos casos se llegó a pagar hasta parte del crédito original”. 

“También debemos tener en cuenta que más allá de que hoy está suspendida por una medida cautelar, el decreto 72370/23 vuelve a incorporar la actualización de los créditos individuales con un índice de consumidor más una tasa  de interés del 3%”, argumentó.

“Es decir, más allá de que esta medida esté suspendida, lo cierto es que hay una normativa que está acompañando también la actualización de los créditos”, enunció. 

“Quizás el problema fundamental del traslado de esta doctrina está en la repotenciación que empiezan a tener todo el sistema de multas que tienen los procesos laborales”, concluyó. 

Distintos bloques de concejales de General Pueyrredon presentaron un proyecto de Resolución en el que le solicitan a la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires que rechace el proyecto que modifica el artículo 48 de la Ley 11.653, que ya cuenta con media sanción de Diputados.

El escrito que fue propuesto por el bloque de la Libertad Avanza, que tiene como autores a los ediles Cecilia Martinez y Emiliano Recalt, obtuvo la adhesión total del bloque del PRO y de la Coalición Cívica.

La modificación al artículo 48 de la Ley 11.653 de acuerdo al proyecto ya aprobado en Diputados de la Provincia busca regular sobre la liquidación de la sentencia y aplicación de la tasa en el procedimiento de juicios laborales.

El artículo en cuestión, tal como lo reflejan en el proyecto de Resolución elevado a la presidencia del Concejo Deliberante, permite un nuevo cálculo sobre el monto indemnizatorio por el que se condene al empleador que deberá actualizar según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más 6% anual. Y agrava aún más el régimen previendo que el cálculo de tiempo se deberá computar desde la fecha de cese de la relación laboral hasta el efectivo pago de la indemnización correspondiente.

El texto, que lleva las firmas de los concejales libertarios y también de Agustin Neme, Guillermo Volponi, Mercedes Morro, Florencia Ranelucci, Cristian Beneito, Julián Bussetti, Angélica González y Guido García explica los alcances negativos que tiene esta implementación para Mar del Plata y Batán, basado en que el sistema de actualización ya empezó a ser aplicado en los Tribunales del Departamento Judicial de Mar del Plata por jurisprudencia coincidente transparentando el perjuicio concreto que genera este régimen.

Desde distintos sectores productivos, como comercios e industrias, las cámaras empresarias y hoteleras y profesionales, reclaman de manera urgente que se reconsidere la modificación planteada en lo que dieron en llamar “el fin de las pymes” para este sector bonaerense y puntualmente para el motor productivo local, uno de los más importantes del país.

A raíz de ello, y en defensa de los emprendedores, comercios, industrias de nuestra ciudad y evitar la industria del juicio laboral, se solicitó exhortar a la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires a defender a quienes componen el corazón del progreso de la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Los trabajadores de Torres y Liva acordaron el pago de la indemnización y de los haberes adeudados luego de las negociaciones que mantuvieron desde el Sindicato de Empleados de Comercio y la CGT local en el Ministerio de Trabajo.

"Pusimos fin al traumático proceso que hemos tenido en Torres y Liva para el cobro de las indemnizaciones de los trabajadores que habían llegado a un acuerdo. No es un dato menor, porque mientras se derrumbaba el edificio, mientras seguía el proceso judicial, los trabajadores no se podían hacer con los haberes correspondientes. Terminamos hoy con la firma de este acuerdo. En el transcurso de la semana que viene se hace efectivo el pago", informó Guillermo Bianchi, titular del gremio de mercantiles.

En este sentido, destacó que son 22 los trabajadores beneficiados. En cuanto a los empleados restantes, la firma exporesó su voluntad de "volver a poner en marcha el ciclo comercial".