Tras más de 50 días de acampe y múltiples instancias de negociación, los trabajadores de Caromar lograron finalmente cobrar las indemnizaciones correspondientes, poniendo fin a un prolongado conflicto laboral. La medida fue acompañada desde el inicio por el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA), junto al cuerpo de delegados y su comisión directiva.

Durante casi dos meses, los empleados sostuvieron el reclamo con medidas de fuerza permanentes, además de participar en audiencias ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en un contexto marcado por la negativa reiterada de la empresa a abonar salarios, aguinaldos e indemnizaciones. Tras varias instancias fallidas, el conflicto logró destrabarse y se alcanzó un acuerdo favorable para los trabajadores.

Desde el sindicato recordaron que, en los inicios del conflicto, la empresa interrumpió toda vía de diálogo, procedió al cambio de candados del establecimiento y sus propietarios habían renunciado al directorio meses antes, una situación que agravó la incertidumbre y el perjuicio económico para las familias afectadas.

Desde el SECZA, que conduce Guillermo Bianchi, destacaron la importancia de la organización, la unidad y la lucha colectiva como herramientas centrales para defender los derechos laborales y garantizar que los trabajadores reciban lo que les corresponde por ley.

El conflicto entre los trabajadores de Caromar y la empresa sumó este martes un nuevo capítulo tras la audiencia realizada en la sede marplatense del Ministerio de Trabajo bonaerense. La instancia, convocada en medio de fuertes tensiones y tras la ruptura previa del diálogo por parte de la firma, permitió alcanzar un primer avance que trae alivio a las familias afectadas.

Durante el encuentro, del que participaron empleados junto al Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA) y los representantes legales de la empresa, se confirmó que los trabajadores percibirán este mes sus salarios y el medio aguinaldo, un reclamo que venía generando profunda preocupación tras el cierre de la sucursal local.

Además, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y fijaron una nueva audiencia para el próximo 16 de diciembre. En esa reunión, la empresa deberá presentar una propuesta concreta sobre las indemnizaciones correspondientes a los empleados despedidos.

Desde el SECZA remarcaron que continuarán acompañando el reclamo y defendiendo los derechos laborales de todos los trabajadores afectados, al tiempo que exigieron que la compañía dé respuestas claras y definitivas en la próxima instancia de diálogo.

Luego de varias semanas de conflicto, negociaciones y un largo proceso de lucha, la conducción de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) de Mar del Plata informó que en las últimas horas se logró llegar a un acuerdo en el conflicto con la cadena "De Top Cake".

De esta manera, los trabajadores despedidos finalmente comenzaron a cobrar las indemnizaciones que les corresponden.

A partir del cierre de la sucursal de Güemes y Avellaneda, siete trabajadores habían quedado a la deriva, lo que motivó una inmediata reacción y varias medidas gremiales llevadas adelante por el sindicato.

Además de la protesta realizada semanas atrás en el local de Avellaneda y Jujuy, UTHGRA local desplegó todo el equipo gremial y mediante abogados, consiguió medidas cautelares para embargar los bienes de la empresa, lo que fue determinante para alcanzar un acuerdo más rápido. 

En ese sentido, el secretario general del gremio, Pablo Santín, expresó: "Finalmente hubo acuerdo y los trabajadores comenzaron a cobrar las indemnizaciones, lo que nos muestra que una de las herramientas más poderosas que tenemos los trabajadores es el derecho a huelga, ya que tiene un efecto contundente. A pesar de los esfuerzos de los empresarios por evadir sus responsabilidades, se pudo llegar a un acuerdo gracias a la movilización de los compañeros".

A su vez, destacó las dificultades atravesadas para llegar a este punto: "Nos encontramos con empresarios difíciles, que hace más de un año y medio no pagan la obra social, incluso teniendo a algunos de sus trabajadores con estados de salud delicados, mientras nosotros no dejamos de hacernos cargo y seguimos brindando todos los servicios y prestaciones con responsabilidad, más allá de que hace el mismo tiempo no recibimos los aportes de la obra social".

En tanto, el dirigente gremial advirtió a su vez sobre el comportamiento de los responsables de la firma, quienes "utilizan un testaferro para eludir sus responsabilidades y no tienen reparos en vulnerar los derechos de los trabajadores". Sin embargo, subrayó que gracias a la unidad y la lucha de los trabajadores se pudo cerrar el acuerdo “en el que todos entendieron que tenían que ceder un poco”.

Más allá de este punto de acuerdo que lleva alivio a las familias cuya fuente de trabajo se vio vulnerada, desde el sindicato sostienen que continuarán exigiendo el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social por parte de los empresarios de "De Top Cake". 

A fines de mayo entró en vigencia el Fallo Barrios que establece que las indemnizaciones por despido y por el accidente de trabajo, se actualizarán por depreciación monetaria, siguiendo el índice RIPTE más un interés compensatorio para los periodos que no completen el plazo de un año.

Esta situación trajo malestar a ciertos sectores empresariales que debieron recalcular el pago de indemnizaciones. Desde UCIP se realizaron gestiones para evitar el proyecto de ley que otorga un nuevo marco teórico a la medida. 

Al respecto, Blas Taladrid, presidente de UCIP, declaró en diálogo con El Marplatense que “se venía aplicando el coeficiente CER más 6 % en la Justicia Federal por CABA. CAME se presentó en la Cámara Nacional del Trabajo para pedir que se morigere esto porque genera intereses sobre intereses, una situación que promueve cifras interminables y hace muy difícil para una PyME poder sostenerlas”. 

Ante esta situación, “cualquiera tiene este riesgo de tener ante un juicio laboral una actualización que creemos que es injusta porque es mayor a lo que debería. ¿Cuál sería la lógica?, mantener el crédito laboral que tiene el empleado para que no pierda su poder adquisitivo, no que termine ganando en un juicio a lo largo del tiempo”. 

No obstante, “la que demora es la Justicia, por lo cual tanto empleado como empleador terminan siendo víctimas de esta situación. Lo que sucede es que cuando se utilizan tasas que no deben ser uno ve perjudicado su crédito y otro en el pago que debe hacer”, declaró. 

“Esto genera una industria de juicio, donde hay abogados o corporaciones que llevan grandes carteras en todo el país y se genera esto donde se recompran juicios en muchos casos, se subrogan, ya que en un juicio laboral un abogado se termina llevando cerca del 60%”, sentenció.

A partir de las acciones llevadas a cabo, “ya se han revisto algunas cuestiones como el tema de las indemnizaciones o las multas que hacían indemnizaciones monstruosas que obligaban a las empresas a arreglar por montos siderales”, remarcó. 

En esta línea, indicó que “en la provincia de Buenos Aires, el proceso laboral es con tribunales -no hay un juzgado y después una instancia superior- luego pasa a la Suprema Corte. Para ello hay que depositar el dinero de la sentencia, por lo cual es muy difícil que una PyME termine apelando porque debe depositar montos enormes”. 

De modo que “se termina arreglando la audiencia por vista de causa y esto ha llevado a que empresas de Mar del Plata, socios nuestros, deban tomar créditos para pagar indemnizaciones porque gracias al fallo Barrios terminan pagando más”, continuó. 

En este contexto, "conseguimos poder presentarnos como "Amigos de la Corte" para poder plantear estos fundamentos a la Suprema Corte de la Provincia para que morigere este criterio que viene causando muchos perjuicios". 

“Para ello estuvimos en contacto con la Caja de Seguridad Social de Consejo de Ciencias Económicas que ha tenido que depositar 420 millones pesos para poder acceder al recurso y en este expediente poder entrar desde UCIP”, concluyó. 

A partir del decreto 713/2014 que reglamentó la reforma laboral contenida en la Ley Bases promulgada en julio pasado, el contador público Marcelo Corbalán dio detalles de algunas de las modificaciones que contiene, entre ellas en las indemnizaciones, la licencia por maternidad y el período de prueba, donde remarcó que "no hay que caer en el abuso", dirigido a los empleadores.

“Como se modificaron muchas cuestiones del vínculo aboral, uno tiene que ver todos los aspectos, como el período de prueba, que es un tiempo en que el empleador evalúa las aptitudes del trabajador para el puesto y no se aplica la totalidad de la Ley de Contrato de Trabajo, como las indemnizaciones si se corta la relación en esa prueba", explicó Corbalán en “Los datos del día” de Mitre (FM 103.7)

Entonces, con esta modificación, el período de prueba se extendió de tres a seis meses, aunque “en empresas de entre seis a cien trabajadores puede ser de hasta ocho meses, mientras que en otras más chicas, de máximo cinco trabajadores, se puede llevar hasta a un año”, según precisó.

En esa línea, es que el docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) remarcó que “no hay que caer en el abuso” y también sostuvo que dependerá de la industria, pero que “si uno toma a alguien, no lo hace para echarlo, y que a veces capacitar a un trabajador puede llevar mucho tiempo”.

Dentro de los cambios, también se refirió a la maternidad. Es que antes de la reforma, las embarazadas no podían trabajar ni 45 días antes ni 45 después del parto, a pesar de que “en la práctica se corría” y “ahora se le da a la madre la posibilidad de elegir y correrlo hasta 10 días antes del parto”. Y explicó que “no es que perdés los 35 días previos, sino que los adicionás post parto”, lo que consideró una “buena medida” porque “pasaba en la práctica”. 

Por otro lado, con respecto a los cambios en las indemnizaciones, Corbalán mencionó que “hay uno que se hizo con justa causa, cuando la falta del trabajador es de tal gravedad que no permite continuar con el vínculo”, por lo que “establecieron como faltas graves: bloquear los establecimientos, no permitir que un empleado vaya a trabajar cuando se adopta una medida de fuerza y ocasionar daños al espeacio de trabajo”.

“Los agravamientos tienen que ver con una falta de respeto al trabajador, como una discriminación de tipo sexual, gremial o política. Eso hace que las indemnizaciones se puedan elevar hasta un 50%, pero si es de tal gravedad, el juez laboral la puede incrementar hasta un 100%”, concluyó el contador público.

Los bloques de la oposición en el Senado bonaerense se reunieron este mediodía con representantes de las Cámaras Empresarias, PyMes y referentes de distintas actividades productivas de la provincia para sentar posicionamiento rotundamente en contra de la modificación del cálculo de las indemnizaciones que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

“Este proyecto busca modificar el artículo 48 de la Ley 11.653; multiplicando el monto de las indemnizaciones en más de 7 veces, poniendo en riesgo la continuidad de las Pymes e impactando negativamente en la generación de empleo nuevo”, enfatizaron y agregaron, “estamos todos aquí reunidos para poner un freno a esta ley que busca fundir a las Pymes, comercios y a tantas otras actividades productivas como así también, para expresar nuestro voto negativo cuando se trate en  el recinto”.

“Hemos mantenido reuniones con representantes de las Cámaras Empresariales para visibilizar y debatir acerca de las graves consecuencias que dicho proyecto representa para la subsistencia de las PyMes de nuestra provincia y el impacto sobre la generación de empleo nuevo, en un contexto socio-económico de grave crisis y un mercado laboral cada vez más limitado”, sostuvieron.

Los representantes de las distintas Cámaras Empresariales y PyMes presentes, expresaron su preocupación frente al avance de esta normativa, “estamos aquí representando a más de 50.000 PyMes de la provincia  de Buenos Aires, somos uno de los motores productivos más importantes que genera muchísimas fuentes de trabajo genuino, y agregaron, esta normativa pone en riesgo, nos asfixia y atenta contra cualquier posibilidad de generar nuevos empleos”.

Hoy, una importante mayoría en el Senado envió un mensaje claro: vamos a defender y acompañar a las PYMES bonaerenses. En una difícil situación económica el oficialismo promueve una medida que, en vez de fomentar el empleo, perjudica a quienes crean trabajo genuino. pic.twitter.com/Qcl2I5w4qW

Participaron de la reunión representantes de Cámaras Empresariales, Carbap, Federación Económica de la provincia de Buenos Aire (FEBA), Asociación Empresarios de Carga, Empresarios Pymes, Movimiento Nacional Pyme (MONAPY), Cámaras Industriales, Asociaciones Pymes, entre otros y los senadores Marcelo Leguizamón Brown, Aldana Ahumada, Yamila Alonso, Jorge Schiavone y el presidente del bloque PRO Alejandro Rabinovich; por el espacio de la UCR – Cambio Federal, Marcelo Daletto, Flavia Delmonte, Ariel Bordaisco, Alejandro Cellillo, Eugenia Gil; Carlos Curestis y Florencia Arietto (Libertad Avanza); Daniela Reich (PRO Libertad) y Betina Riva (Buenos Aires Libre).

El Intendente Guillermo Montenegro se refirió a la relación del trabajo y la Provincia en una conferencia de prensa. En este sentido, criticó fuertemente la Ley de Indemnizaciones que propone una actualización de los valores monetarios. 

"Cuando yo veo que ya tiene media sanción el proyecto laboral, que estoy convencido que sobre todo para las pymes es vital, todo ese trabajo que estamos haciendo para el tipo que va a generar empleo, lo va a pensar", declaró. 

De modo que “esto sí me parece preocupante, que la ciudad va para un lado y paras el otro un proyecto de ley que va a generar que nadie quiera dar empleo. Entonces sí me preocupa que tenga media sanción en la cámara de Diputados e ingrese a la Senadores”, afirmó. 

Esto se debe a que “todo el trabajo que nosotros estamos haciendo tiene que ver con una inversión y una necesidad de tener trabajo. Va a contramano de la realidad, no solamente que está necesitando nuestra ciudad, sino la Provincia”.

El objetivo es “que haya previsibilidad en las medidas que se toman y que no te asustes por una ley que puede llevar a una pyme o un comercio chico a fundirse”, resaltó. 

Por lo que “nosotros apostamos a que haya una generación de empleo genuino por el lado privado, por eso también tomo esta decisión muy fuerte de que haya un ingreso muy restrictivo de personal municipal”. 

Este pensamiento se debe a que “entendemos que tenemos que estar del lado de los que generan, no generar empleo. Y esta medida va en contramano del laburante. Hay una situación muy compleja que directamente destroza el empleo nuevo”. 

“Espero que esto no salga porque es muy malo para la Provincia, las empresas grandes se van a querer ir y las chicas se van a fundir. No hay que ser un gran analista para saber qué va a ocurrir”, concluyó. 

Electrónica Megatone acordó tomar bajo su administración 37 sucursales de Musimundo que estaban bajo el paraguas de la firma Carsa, que atraviesa una crisis financiera. Ambas compañías son socias de la cadena de electrodomésticos Musimundo.

Dieciséis de los 37 locales habían cerrado recientemente, por lo que con esta operación Musimundo volverá a localidades como Mar de Plata, Bahía Blanca, Viedma, Neuquén y Río Negro, según un comunicado difundido por las empresas.

Las compañías también informaron que 335 trabajadores pasarán a depender de Megatone y conservarán sus derechos y antecedentes laborales, cuando hace 20 días Musimundo había hecho una propuesta de indemnizaciones en cuotas.

La dirección de Megatone dijo que están “muy contentos” de haber podido llegar a un acuerdo que “permite a la marca recuperar su presencia en localidades muy relevantes, al tiempo que se garantiza la continuidad laboral de un importante grupo de colaboradores”.

El compromiso representa una inyección de capital significativa a la cadena “para atravesar un contexto macroeconómico que ha sido particularmente difícil para el país en general y para el sector del retail en particular”, según el comunicado.

La crisis de Carsa comenzó tras la caída de ventas que tuvo el año pasado. En 2018, solo despacho la mitad del volumen que tuvo en 2017.

En junio del año pasado, el presidente de Carsa, José María Franchino, se presentó en concurso de acreedores en el Chaco por “la compleja situación que atraviesa la sociedad" y admitió que la compañía no tenía la capacidad financiera de afrontar la deuda de más de $ 900 millones.

El ejecutivo culpó a la reducción de la demanda, la competencia de otras cadenas y supermercados, el bajo margen y los obstáculos para acceder a financiamiento por los problemas financieros de la empresa.

Tres meses después, los bancos, los proveedores y los poseedores de Obligaciones Negociables de Carsa aceptaron un plan de pagos a 18 meses con una tasa en torno del 20% (en el caso de los bancos).

Carsa había cerrado 32 sucursales a mayo de este año, de las cuales 28 bajaron sus persianas en 2018 y 3 en abril 2019. Musimundo tiene 220 sucursales y más de 3.000 trabajadores en todo el país. Tras este acuerdo, Carsa controlará 43 de las sucursales mientras que Megatone se quedará con 177.

El presidente de la Nación Mauricio Macri firmó tres decretos en la víspera del 25 aniversario del atentado a la AMIA, que dejó un total de 85 muertes. Publicadas en el boletín oficial, los dictámenes establecen que habrá nuevas posibilidades de pedir indemnizaciones, que este jueves será duelo nacional y que se creará un registro público de personas relacionadas al terrorismo, en el cual entraría el grupo Hezbollah.

En primer lugar, el decreto 489/2019 marca el inicio de la creación del "Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su financiamiento", el que funcionará dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Abarcará personas humanas, jurídicas o entidades sobre la cual la Unidad de Información Financiera hubiera ordenado el congelamiento administrativo de activos. El objetivo es facilitar la colaboración nacional e internacional para prevenir, combatir y erradicar este tipo de atentados.

En segundo lugar, por medio del decreto 486/2019, el gobierno fijó un nuevo plazo de 180 días para que los familiares y víctimas puedan pedir indemnizaciones por los daños. La razón detrás de esto es que todavía existe un “reducido grupo de víctimas legitimadas activamente”, conformado por ex empleados de la mutual judía, que no pudo solicitar el beneficio por haberse expirado el plazo anterior.

Finalmente, el 487/2009 comunica que este jueves será duelo nacional y que, por lo tanta, la bandera permanecerá izada a media asta.