Tras conocerse el caso de un incendio en un restaurante a puertas cerradas, desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata (AEHG) solicitaron a las autoridades una normativa “para protección del sector” y “también para los turistas que nos visitan”, a la vez que destacaron que la informalidad “viene siendo motivo de continuo trabajo” desde la institución.

“La existencia del restaurante a puertas cerradas y el alojamiento para hotelero preocupa desde siempre al sector, que ha expuesto dicha problemática en distintos ámbitos gubernamentales haciéndola pública a través de las constantes declaraciones de los directivos de la entidad”, señalaron a través de un comunicado.

En el texto remarcan que se han presentado distintos proyectos de ordenanza ante los diferentes gobiernos municipales, solicitando el registro y control de dichos establecimientos, como así también la imposición de idénticas condiciones tributarias y de seguridad que se exige a la hotelería y gastronomía en general.

En ese sentido destacaron que la situación es motivo de trabajo constante tanto desde el ámbito municipal como provincial y nacional, existiendo en la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina un departamento con dedicación exclusiva a esta problemática donde la ciudad tiene representantes.

“Desde hace ya larga data que la informalidad viene siendo objeto de diversas presentaciones a efectos de evitar, no sólo la competencia desleal, sino también sucesos como el acecido días atrás, donde se ha visto comprometida la seguridad de los consumidores”, indicaron desde la AEHG.

En ese sentido destacaron que “internacionalmente la regulación de la actividad informal es un hecho” y que “a nivel local, determinadas provincias y municipios han dictado legislación que las regula, siendo la más reciente la de CABA de hace unos pocos días”.

Posadas al 500, una fachada de casa de familia que tras la puerta escondía un living que acumulaba cajones con residuos de pescado.

Guanahani al 3300. Un predio abandonado que alguna vez albergó un frigorífico, tomado por un cuentapropista de la marginalidad para reprocesar merluza a bajo costo.

San Salvador 4200. Otra casa típica del barrio que tras los muros se había transformado en una planta de corte de pescado.

Vértiz 3300. Más parecida a una fasonera pero con falencias administrativas, edilicias e higiénicas. Hubo decomiso de casi 700 kilos de merluza procesada.

Si alguien tuviese un mapa del barrio puerto desplegado sobre la mesa, podría dibujar cruces rojas en esos puntos del plano. Los primeros pasos, las primeras intervenciones que invitan a pensar en un despertar luego de una siesta colosal de los organismos de control para ponerle fin a la clandestinidad en la industria del pescado.

Ya sea por denuncias de vecinos, cansados de convivir con movimientos a horarios extraños y olores nauseabundos que delatan la falta de higiene, o por empresarios formales perjudicados en el mercado interno por la competencia desleal que genera la ilegalidad, lo cierto es que en estos últimos días crecieron los operativos contra plantas clandestinas en calles donde todavía late una industria anestesiada por la falta de trabajo.

Impulsadas por el Departamento de Pesca y apoyo de personal de la Delegación Puerto, fueron tres intervenciones con clausuras y decomiso de productos de origen marino que acumularon casi 4 toneladas.

En la Delegación allegados a Luis Ignoto hablan de un agotamiento de paciencia. A muchos cuentapropistas se les ha dado lugar y oportunidades para que comiencen a regularizar la situación de cara a obtener una habilitación, aunque sea provisoria, y lejos de aprovecharla, se mantienen del lado oscuro.

En estos tres años de gestión el Delegado, conocedor de la realidad del puerto, sus necesidades y miserias, siempre ha tratado de que los últimos perjudicados sean los trabajadores que se desempeñan detrás de las fachadas clandestinas. Con ese argumento/excusa, en estos años que se desplomaron los desembarques y el ritmo laboral cayó de manera estrepitosa, intervenir con fajas de clausura implicaba apagar el fuego con un bidón de nafta.

La revolución de la inactividad que encabeza el intendente Arroyo, que hizo del orden y control uno de sus caballitos de batalla en la previa de la asunción, pasó tres años aplicando el lema “dejar hacer, dejar pasar”, sin intervenir en el circuito clandestino de procesamiento de pescado. En la previa de un año electoral, los inspectores comienzan a escuchar el reclamo de vecinos y empresarios.

El caso más curioso de las cuatro clausuras es el de Abel Calderón, uno de los apellidos salientes en el circuito ilegal de procesamiento de pescado en el puerto. El empresario ocupaba las instalaciones de lo que hace años fue una planta de procesamiento. A partir de pescado que llega del sur, tenía un ritmo de trabajo que envidiarían algunas empresas formales. Su filet de merluza costaba $10 más barato que su competencia.

Los sabuesos (?) clausuraron sus instalaciones y se llevaron 3 mil kilos de pescado, entre entero y filet, pese a la oposición de los trabajadores y allegados al propio Calderón, quien hasta amenazó con tomar la Delegación cuando fue a pedirle explicaciones a Ignoto.

Desde el empresariado que paga sueldos en blanco, ingresos brutos y anticipo a la ganancia presunta, observan con beneplácito este “despertar” de los inspectores guiados por Roberto Gianatiempo, el jefe del Departamento Pesca. Cada vez que tuvieron delante de un funcionario provincial y nacional reiteraron la necesidad de atacar la informalidad. Hasta ahora, no habían tenido respuestas.

Claro que también les sobran dudas sobre el verdadero alcance y eficacia de las intervenciones. Aseguran que Calderón ya montó su nuevo emprendimiento clandestino a pocos metros de Guanahani.

Aclaración: los conceptos vertidos de quienes opinan son absoluta responsabilidad del firmante.