Dos hombres residentes de Mar azul fueron detenidos e infraccionados por violar la cuarentena para intentar ingresar a la localidad de Villa Gesell a bordo de una camioneta Ford Ranger.

Los dos individuos, de 25 y 19 años, transportaban en la caja tres animales faenados, según consignó el diario de esa ciudad, El Fundador.

El vehículo quedó secuestrado y los animales fueron decomisados por bromatología por desconocerse su procedencia, lo que hace que se consideren no aptos para consumo humano.

Luego del video difundido en el que se pudo ver a un abogado y su hijo saltar el paredón de un club para jugar al tenis de forma clandestina en el marco de la cuarentena por el coronavirus, se resolvió que deberán donar más de 100.000 pesos en alcohol en gel, barbijos, máscaras protectoras y litros de leche para el hospital local y merenderos de la zona, según informaron  fuentes judiciales.

El caso se resolvió con una “suspensión del juicio a prueba”, ocurrió el 19 de abril y se conoció a partir de la viralización del video en el cual se veía a los dos hombres violar la cuarentena por el coronavirus para jugar al tenis en un club de la ciudad bonaerense de Dolores.

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, avaló la "probation" acordada entre el fiscal federal Juan Pablo Curi y la defensa de los imputados en este expediente que se inició por la violación al decreto presidencial que dispuso desde el 20 de marzo el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia.

Los imputados son el abogado civilista Marcos Ernesto Giles y su hijo Manuel Giles, quienes son hermano y sobrino, respectivamente, del juez de Garantías de Dolores, Gastón Giles.

Según informó el sitio del Ministerio Público Fiscal, fue la propia defensa del abogado y su hijo quienes propusieron una "probation" y el fiscal Curi quien estableció que el ofrecimiento reparatorio debía redundar "en un verdadero beneficio social".

Por ello, la propuesta que fue aceptada por la fiscalía consiste en la donación de 50 litros de alcohol en gel, 100 unidades de máscaras protectoras y 100 unidades de tapabocas a la cooperadora de hospital local y 500 litros de leche a "Cáritas Parroquial" que se repartirán en siete merenderos.

El costo de dichas donaciones fue estimado en términos económicos por la fiscalía en una suma superior a los 100.000 pesos.

En su dictamen, el fiscal Curi consideró que los imputados, "lejos de tomar en consideración aquellos esfuerzos mancomunados que se están realizando desde el Estado, ignoraron y violaron las medidas adoptadas por el solo hecho de llevar a cabo una actividad recreativa/deportiva como lo es jugar al tenis".

A la hora de merituar el daño ocasionado, el fiscal Curi sostuvo que debían tomarse en consideración los bienes jurídicos afectados, entre los cuales se encuentra la "salud pública".

Además, el fiscal entendió que "deben evaluarse los perjuicios económicos ocasionados al Estado Nacional, Provincial o Municipal como consecuencia de los despliegues sanitarios y de seguridad que deben llevar adelante frente a los casos de aquellas personas que, lejos de respetar la normativa impuesta encaminada a resguardar la salud de la comunidad, hacen caso omiso a ésta".

"No se trata simplemente de un cálculo vinculado a los gastos que ha demandado el procedimiento policial junto a los recursos materiales, administrativos y judiciales insumidos, porque, como bien es sabido, detrás de cada una de las medidas que se han adoptado para evitar la propagación del virus se encuentra la labor de epidemiólogos, científicos y otros especialistas que traen aparejados altísimos costos para el Estado en sus distintos niveles de gobierno", agregó el fiscal.

El juez federal Ramos Padilla dictó la suspensión de juicio a prueba por un año respecto de los dos imputados y aceptó la donación de bienes ofrecida, para lo cual valoró el "apego" de aquellos por la ciudad y "sus deseos de realizar una colaboración constructiva para la comunidad con la que conviven".

También se informó que sumado a ello, y de acuerdo a lo reclamado por la fiscalía, Ramos Padilla les impuso a los imputados una serie de reglas de conducta: no mudar su domicilio ni ausentarse del mismo sin dar previo aviso; abstenerse de consumir estupefacientes o de abusar de bebidas alcoholicas y, mientras se prolongue la cuarentena, que permanezcan en su domicilio y sólo pueden efectuar desplazamientos mínimos para el abastecimiento de insumos necesarios o por cuestiones laborales indispensables.

El hecho ocurrió el 19 de abril cuando una vecina del Campo de Recreación Familiar Naytuel de Dolores denunció ante la policía que desde su casa escuchaba el peloteo y verificó que dos personas habían violado la cuarentena para jugar al tenis pese a que estaba cerrado al público.

El hecho se viralizó en redes sociales a partir de un video grabado por una periodista local, en el que se puede observar cómo el abogado Giles y su hijo saltan el paredón luego de que un oficial de policía los sorprendiera dentro de las canchas de tenis y los echara.

"¿Ustedes son los vivos que rompen la cuarentena y nos ponen en peligro a todos? Te felicito, tenés una viveza bárbara. ¡Tenés que estar en tu casa! ¿No mirás las noticias vos?", increpó la periodista que filmó el video a uno de los jugadores.

Personal policial de la Comisaría 6° aprehendió a un hombre de 23 años que circulaba a bordo de una moto sin dominio, la cual tenía un pedido de secuestro activo solicitado por la Comisaría Segunda por el hurto del motovehículo.

El hecho ocurrió en la calle  Strobel al 8100, y se procedió al secuestro del motovehiculo Yamaha, color roja sin dominio.

Al joven se le inició una causa judicial por la infracción del DNU 297/2020 del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Un hombre de 38 años y dos mujeres de 33 y 43 años se disponían a la comercialización de choclos robados a un campo en el km 17 de la Ruta 226 cuando personal policial los detuvo en Colectora y Río Atuel. Los alimentos fueron secuestrados por los oficiales de la comisaría 14°.

La Dra. Andrea Gomez dispone actuaciones sin medidas restrictivas de libertad por hurto y por la infracción del DNU N° 297-2020 en el que se dispuso la cuarentena obligatoria por la crisis sanitaria del COVID-19.