La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires actualizó los montos de facturación a partir de los cuales las empresas deben actuar como agentes de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, mediante una resolución normativa publicada hoy en el Boletín Oficial, con el objetivo de adecuar los parámetros al contexto económico y aliviar cargas administrativas sobre el sector productivo.

La medida implica un incremento del 179% en el umbral de ingresos, que pasa de $2800 millones a $7800 millones anuales. Según explicaron desde el organismo, si los montos se hubieran actualizado únicamente por inflación desde el inicio de la gestión provincial, miles de empresas se habrían incorporado automáticamente al régimen sin haber crecido en tamaño ni en capacidad económica real.

La política aplicada por la Provincia fue evitar que la inflación amplíe por inercia la cantidad de agentes de recaudación. Como resultado, el padrón se reducirá a 11.100 empresas, lo que representa apenas un tercio del universo que existiría bajo un esquema de actualización automática. En la práctica, unas 6800 empresas quedarán liberadas de esta obligación durante el presente año, con menos trámites y menores costos administrativos.

Al respecto, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, señaló que “si dejáramos que la inflación haga todo el trabajo, cada vez más pymes y comercios quedarían obligados a actuar como agentes, aun sin tener la espalda financiera para asumir ese rol”.

Y agregó: “Por eso tomamos la decisión de no sumar obligaciones por inercia inflacionaria, concentrar el régimen en quienes realmente tienen mayor volumen de operaciones y reducir la cantidad de retenciones y percepciones que se generan en la economía cotidiana”.

Otro aspecto central de la normativa es que las empresas que, tras esta actualización, queden por debajo del nuevo monto establecido permanecerán excluidas del régimen durante un plazo de 24 meses, independientemente de las variaciones que puedan registrar en su facturación durante ese período.

“Brindar previsibilidad es clave para planificar la actividad económica. Esta regla de permanencia por dos años evita que las empresas entren y salgan del régimen de manera permanente y les da estabilidad para organizar su gestión”, remarcó Girard.

Desde ARBA indicaron que esta decisión forma parte de una política sostenida de simplificación tributaria orientada a reducir la carga administrativa sobre el sector productivo y los sectores medios, y a evitar la acumulación de saldos a favor que afectan la liquidez de las empresas. En ese marco, durante la actual gestión se devolvió al sector privado más de un billón de pesos en concepto de saldos a favor de Ingresos Brutos.

Asimismo, el organismo adelantó que en los próximos días se pondrá en marcha el régimen RIESGO 0, SAF 0, una herramienta que permitirá evitar la generación de nuevos saldos a favor para las empresas que se incorporen, reforzando un esquema impositivo más previsible y eficiente, sin afectar los recursos ni la capacidad financiera de la Provincia.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que el stock de Saldos a Favor (SAF) -créditos generados por adelantos de Ingresos Brutos (IIBB) vía retenciones, percepciones y recaudaciones bancarias- se ubica en mínimos históricos, tras bajar de un equivalente a tres meses de IIBB al inicio de la gestión a menos de 0,9 meses en la actualidad.

La reducción libera capital de trabajo, disminuye costos financieros y mejora la liquidez del entramado productivo bonaerense. En perspectiva nacional, según un informe de IDESA de comienzos de año, los fiscos provinciales mantienen en promedio 1,6 meses de IIBB cobrados por adelantado como saldos a favor.

“Desde que asumimos con el gobernador Axel Kicillof, nos propusimos dar vuelta la lógica de la recaudación. Pasamos de un sistema que asfixiaba al sector productivo y acumulaba saldos a favor eternos a un esquema transparente, ágil y previsible. Simplificamos trámites, liberamos capital de trabajo para pymes y monotributistas y, a la vez, sostenemos la recaudación genuina de la Provincia”, señaló el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.

La mejora es el resultado de un programa integral de medidas adoptadas durante la gestión de Kicillof, con el objetivo explícito de reducir el stock de SAF y ordenar el flujo de adelantos. Entre ellas, desde ARBA destacaron "la implementación del Sistema Único de Compensación (SUC) para aplicar créditos a obligaciones de todos los impuestos provinciales, el reconocimiento de inconsistencias FIRE, que habilitó cancelar diferencias con el propio crédito del contribuyente, la optimización de los regímenes de recaudación (retenciones, percepciones y recaudación bancaria) mediante ajustes de alícuotas y padrones orientados por riesgo para evitar sobre-recaudación, la racionalización del universo de agentes de recaudación para reducir carga operativa y efectos de cascada.

“Además de la aceleración de devoluciones con circuitos 100% digitales y plazos abreviados, y la puesta en marcha del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos, que excluye a monotributistas de regímenes de recaudación y ordena el cumplimiento. Este conjunto impulsó un aumento de los pagos por declaración jurada y permitió devolver al sector productivo más de $1 billón, consolidando un esquema más previsible y equitativo”, añadieron.

Como próximo paso, ARBA implementará el régimen “Riesgo 0, SAF 0” para profundizar el cambio de paradigma: el modelo prevé ajustes automáticos de alícuotas en función del comportamiento fiscal, reducciones de oficio cuando los adelantos superen parámetros razonables y mecanismos de monitoreo continuo que evitan nuevas acumulaciones, con especial atención a pymes y sectores con caída de actividad.

“Este es un cambio estructural que mejora la experiencia de los contribuyentes, reduce las distorsiones financieras en la recaudación del impuesto a los IIBB y fortalece la recaudación genuina para sostener obras y servicios públicos”, agregó Girard, y remarcó que el rumbo responde a una definición política del gobernador: “Simplificar, reducir cargas innecesarias y hacer más justo el sistema tributario”.

El contador público Marcelo Corbalán señaló que la decisión de la Provincia de extender el régimen de retenciones de Ingresos Brutos a las billeteras virtuales “es un aumento encubierto de impuestos” y advirtió que complicará a comerciantes y prestadores de servicios desde su implementación el 1° de octubre.

En declaraciones a Los Datos del Día, que se emite por Radio Mitre Mar del Plata, Corbalán expresó su malestar con la nueva normativa: “Cada vez que gana el justicialismo, lo primero que hace es subir impuestos. Esto va en contra de lo que se había prometido con la adecuación automática de alícuotas y la devolución express de saldos a favor. Ahora nos encontramos con más impuestos porque los regímenes de retención generan saldos que después nunca devuelven, o tardan muchísimo”.

Asimismo, el especialista detalló que la Resolución 25 -acompañada por la 26, que regula las alícuotas- amplía el esquema de recaudación a los pagos digitales: “Todo lo bancarizado va también por billeteras virtuales. Quiere decir que cada vez que un comerciante o prestador de servicios cobra por esa vía, después viene la detracción de impuestos”.

La normativa establece categorías que van desde la A hasta la Z, con alícuotas que oscilan entre 0,01% y 5%. Si bien algunos movimientos estarán exentos, Corbalán advirtió sobre situaciones que podrían ser alcanzadas, como transferencias entre cuentas, cobro de sueldos o rescates de fondos comunes de inversión.

“Está legitimado para hacerlo, porque el 50% votó esto. Pero la realidad es que es un aumento impositivo en un año electoral, en un contexto en el que ni siquiera el Ejecutivo le aprobó el presupuesto ni la ley impositiva. Y ahora con esta composición y en pos de un año electoral, vamos a tener más impuestos”, afirmó.

De acuerdo con el contador, la implementación de estas retenciones afectará la liquidez de los contribuyentes alcanzados por Ingresos Brutos. “La medida favorece la recaudación inmediata del Estado, pero complica el día a día de las empresas y profesionales, que deberán acumular saldos a favor difíciles de recuperar”, concluyó el docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró este jueves la inconstitucionalidad del régimen impositivo implementado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien estableció un sistema de alícuotas diferenciales en materia de ingresos brutos para ciertas actividades desarrolladas en establecimientos productivos radicados en su territorio.

En el caso, Enod S.A. demandó a la provincia de Buenos Aires a fin de que se declare la inconstitucionalidad de las siguientes normas locales: artículo 39, inciso b, de la ley 11.490; artículo 2º, inciso b, de la ley 11.518; artículos 1° y 3° de la ley 13.850; así como de los artículos 12 y 14 de la ley 13.930; 20 y 23 de la ley 14.044; y 20 y 24 de la ley 14.200.

En marzo pasado, Kicillof exigió a 254 empresas el pago de casi 640 millones de pesos en concepto de anticipo del impuesto a los ingresos brutos. El gobernador busca paliar los efectos del severo recorte de transferencias que el gobierno de Javier Milei aplicó sobre las remesas de fondos nacionales que, hasta diciembre de 2023, percibía la Provincia casi en forma automática. En total, buscaba recaudar 160 mil millones para evitar un ajuste en la Provincia.

Automotrices, hipermercados, bancos, cerealeras, mineras y otras firmas de facturación millonaria están en la lista selecta que definió la agencia de recaudación para este adelanto del tributo que mayores recursos aporta a las arcas bonaerenses.

Se prevé que el monto a pagar por estos contribuyentes equivaldrá a cuatro veces el importe del anticipo de Ingresos Brutos correspondiente a octubre de 2023. Para quienes no hubiesen presentado declaración jurada o informado ingresos en ese mes, el adicional se calculará multiplicando por cuatro el importe del último anticipo no prescripto, incrementado en un 70%, según se informó.

En la causa, la empresa Enod pidió que la declaración de inconstitucionalidad planteada se haga extensiva a toda otra norma que reproduzca el régimen impositivo cuestionado, por considerar que infringe lo establecido en los artículos 9º a 12, 75, inc. 13 y 126 de la Constitución Nacional, al establecer un tratamiento diferenciado en el pago del impuesto sobre los ingresos brutos “en razón del lugar de elaboración de los bienes”.

Relató que la empresa se dedica a la industria textil y, en particular, que desarrolla actividades de hilandería y tejeduría en sus establecimientos ubicados en la localidad bonaerense de Morón y en el Parque Industrial de la ciudad de La Rioja. Señaló que, por medio de las normas impugnadas, la demandada estableció un régimen que impone un tratamiento dispar en materia de ingresos brutos y explica que, en su mérito, aquellos contribuyentes que elaboran sus bienes fuera de la provincia de Buenos Aires, al comercializarlos, deben afrontar una carga tributaria mayor que aquellos que los producen localmente.

Con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, la Corte hizo lugar parcialmente a la demanda y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 1° y 3° de la ley 13.850; 12 y 14 de la ley 13.930; 20 y 23 de la ley 14.044; 20 y 24 de las leyes 14.200 y 14.333; 21 y 27 de las leyes 14.394, 14.553, 14.653 y 14.808; y de los artículos 20 y 26 de la ley 14.880, que reproducen el régimen en el cual se fijaron alícuotas diferenciales en relación con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

El Banco Nación (BNA) informó que resolvió interponer “una acción declarativa de inconstitucionalidad” contra La Pampa ante la Corte Suprema de Justicia “por la decisión de incrementar del 7% al 15,47% la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos, que grava la actividad financiera”.

Según el decreto 3609 del Gobierno pampeano, se establece que desde el 1 de septiembre se incremente “fuertemente la presión impositiva sobre los créditos que desembolsa el Banco Nación en esa provincia”, señalaron desde la entidad pública.

Al respecto, el presidente del BNA, Daniel Tillard, aseguró que “se analiza la posibilidad de avanzar con el cierre de la Gerencia Zonal La Pampa. Vamos a realizar consultas con las entidades que representan a las PyMEs y los sectores productivos para sostener el crédito a través de otras alternativas”.

Además, Tillard subrayó que “la promesa de inflación cero que impulsa el Gobierno del presidente Javier Milei viene acompañada de la expansión del crédito para PyMEs y familias y para ese fin es esencial disminuir la exagerada incidencia impositiva”.

El Gobierno buscará implementar desde este mes la reposición de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, aprobada hace dos semanas por en el Congreso y por la cual unos 800.000 trabajadores volverán a pagar el tributo.

La intención es reglamentar con celeridad la norma para que el impacto sea sobre los sueldos de julio, que los trabajadores cobran en agosto, según confirmó una fuente del Ejecutivo al diario La Nación.

Uno de los pasos que podría demorar la aplicación hasta agosto –son los sueldos que los trabajadores perciben en septiembre- es la adaptación necesaria de la normativa de la AFIP, que tiene que amoldar sus sistemas y aplicativos para poder volver a cobrar la cuarta categoría del tributo.

En el Gobierno esperan tener promulgada la ley el lunes. Allí se conocerán los detalles finos de la normativa que la AFIP deberá tomar en cuenta para a su vez adaptarse a ellos.

En el Ministerio de Economía, no obstante, todavía son cautelosos con respecto a los meses que quedarán alcanzados por Ganancias. “La ley dice que la reglamentación establecerá el método para determinar los contribuyentes y la forma de cálculo. Hay que esperar a la reglamentación”, dijeron en la cartera que lidera de Luis Caputo.

Lo que sí está confirmado es que el impuesto, aunque sea de cálculo anual, no tendrá efecto retroactivo a enero. La ley especifica que no quedarán gravadas las remuneraciones cobradas antes de la eventual aprobación de la ley.

La reposición de la cuarta categoría obligará a tributar Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia que sean solteros y tengan ingresos brutos desde $1.800.000 brutos, y a los empleados casados y con dos hijos desde $2.340.000. En tanto, las alícuotas para calcular los pagos irán desde el 5% al 35%. La restitución del impuesto beneficiará a la Nación y a las provincias con una suba de la recaudación que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), orillará 0,43 del PBI.

En paralelo a este trámite interno, surge la posibilidad de que varios gremios lleven a la justicia su reclamo para que no se aplique la reposición del impuesto, lo que podría paralizar el proceso con un alcance que dependerá de lo que dispongan los tribunales.

El corazón de muchas argumentaciones contra la ley apunta a una posible inconstitucionalidad devenida del hecho de que el capítulo específico fue aprobado solo por Diputados, mientras que el Senado se abstuvo de tratarlo. Lo rechazan al señalar que hubo un voto en general de ambos cuerpos al paquete fiscal y que Ganancias era solo un título incluida en ella.

Con todo, Raúl Durdos (Somu), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Sergio Palazzo (Bancarios), Pablo Moyano (Camioneros) y Mario Manrique (Smata) impulsan presentaciones contra la ley fiscal y, también, contra la Ley Bases.