El Senado de la Nación aprobó hoy en general el proyecto de ley Inocencia Fiscal II, una iniciativa del oficialismo orientada a incentivar el ingreso de dólares no declarados al sistema financiero formal.

La sanción se alcanzó con 44 votos afirmativos y 23 negativos, con apoyo de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el PRO y bloques provinciales, en una sesión marcada por fuertes cruces políticos.

La normativa introduce modificaciones al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, elimina restricciones para su acceso y redefine la “discrepancia significativa” en un 15% para las impugnaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Asimismo, el texto establece una prohibición expresa para que el presidente, ministros, legisladores, jueces y funcionarios que hayan ocupado cargos en los últimos cinco años puedan acceder a los beneficios del régimen.

Durante el debate, la senadora Patricia Bullrich defendió la iniciativa al sostener que el Estado funcionó históricamente como “un enemigo del ahorro”, mientras que el senador José Mayans la cuestionó al calificarla como “un premio a los evasores”.

La jornada incluyó además discusiones sobre las reservas de oro del Banco Central y críticas opositoras vinculadas a los resultados de las pruebas PISA.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación emitieron hoy un dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley Inocencia Fiscal II, enviado por el Poder Ejecutivo y respaldado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El plenario, conducido por los diputados libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, reunió 44 firmas -32 de La Libertad Avanza, cuatro del PRO, dos de la UCR y otras bancadas dialoguistas- y dejó la iniciativa en condiciones de ser tratada en el recinto el 26 de agosto.

El texto propone reformas a la Ley de Procedimiento Tributario y a la Ley del Registro del Trabajo Rural, con el objetivo declarado de brindar previsibilidad y reducir la carga punitiva sobre contribuyentes y PyMEs. La modificación central aprobada fue la exclusión total e incondicional de los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones de inocencia fiscal.

La prohibición alcanza a quienes hayan ocupado u ocupen cargos de alta responsabilidad -secretarios de Estado, legisladores, jueces, concejales y miembros de organismos de control- durante los cinco años previos y hacia adelante. Podrán utilizar el sistema únicamente como canal operativo para liquidar el Impuesto a las Ganancias, sin acceder a inmunidades ni liberaciones de fiscalización.

El dictamen contó con la oposición de Unión por la Patria. Durante la reunión, el diputado Carlos Castagneto, acompañado por Ariel Rauschenberger, rechazó la iniciativa al considerar que el régimen debilita la capacidad investigativa de los organismos recaudadores al fijar barreras de fiscalización que, según sostuvo, benefician a los grandes contribuyentes. También cuestionó la dinámica del debate y las modificaciones introducidas al texto original antes de la firma del dictamen.