El PRO realizó su primera evaluación del decreto del Gobierno nacional que modifica la Ley de Inteligencia y evitó brindar un respaldo concreto, al considerar “imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos” antes de fijar una posición definitiva.

El bloque informó que conformó un equipo especializado para analizar el Decreto 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo introdujo cambios en la Ley de Inteligencia Nacional N°25.520. En un comunicado, señaló que la temática “es central para la seguridad y la defensa del país”, por lo que su postura inicial es actuar con “responsabilidad institucional”, manteniendo prudencia hasta que se publiquen los protocolos de aplicación y la normativa complementaria.

La bancada que preside Cristian Ritondo recordó que la modificación de la ley de inteligencia mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia no es un mecanismo inédito y ha sido utilizado por gobiernos de distintos signos políticos. Si bien consideró que los cambios “podrían resultar positivos”, insistió en la necesidad de conocer los alcances operativos, especialmente en materia de contrainteligencia y en las facultades vinculadas a la aprehensión de personas, subrayando que esta última es “restrictiva y excepcional”.

El PRO destacó como un aspecto favorable la integración y unificación de bases de datos estatales, al considerar que se trata de una modernización largamente postergada. En ese sentido, remarcó que el tratamiento de la información está regulado por las leyes vigentes de protección de datos personales, que establecen límites estrictos sobre su uso.

Asimismo, el bloque sostuvo que no advierte riesgos legales en la integración de información siempre que se respete el marco normativo. Recordó que la Ley 25.520 fue sancionada en 2001 y que, tras 25 años, el país enfrenta amenazas y desafíos muy distintos, lo que vuelve necesaria una reforma estructural del sistema de inteligencia.

Finalmente, el PRO reafirmó su compromiso con “una inteligencia moderna, profesional, sometida a la ley y con controles democráticos sólidos”. Indicó que continuará analizando la normativa complementaria que el Poder Ejecutivo publique en los próximos días y que, una vez que cuente con esa información, fijará su postura definitiva.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

El Gobierno confirmó la designación mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) de $100 mil millones para gastos reservados de la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), a una semana de su regreso en reemplazo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

A través del Decreto 656/2024, publicado este martes en el Boletín Oficial, y quelleva la firma del presidente Javier Milei y todos los ministros del Gabinete, se asignaron los fondos de “carácter reservado” para “el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional”.

El DNU remarca que la semana pasada, desde el Gobierno “dispuso una profunda transformación del Sistema de Inteligencia con el objeto de crear los mecanismos necesarios para el funcionamiento coordinado entre los diferentes organismos de inteligencia”.

Y agregaron sobre el objetivo de la asignación “con el fin de proteger la soberanía nacional, preservar el orden constitucional y formular apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos nacionales”.

A partir del gobierno de Javier Milei, los gastos reservados de la ahora SIDE se incrementaron en un 391%, mientras que el presupuesto general del organismo también dio un salto, ya que cuenta con una partida de $36.741 millones (suba de 136%), a la que ahora se agregan estos $100 mil millones.

Tras conocerse el texto del DNU, la exsecretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra se expresó a través de sus redes sociales para cuestionar la asignación de $100 mil millones a la SIDE. 

“La libertad retrocede y avanza el poder y la oscuridad de los servicios de inteligencia”, dijo en una publicación de X (ex Twitter) compartida por el expresidente Alberto Fernández.

Por su parte, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio apuntó contra la decisión y la comparó con que “la jubilación mínima pasa a $254.454,42″. “El presidente del ‘cambio’ a decretazo puro y duro gracias a los legisladores que le delegaron facultades”, cuestionó.