El oficialismo de La Libertad Avanza, con apoyo de sectores del PRO, la UCR y bloques provinciales aliados, evitó que se realizara en la Cámara de Diputados la sesión especial convocada para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras no alcanzarse el quórum necesario para habilitar el debate.

La sesión había sido solicitada por el kirchnerismo y estaba prevista para las 14:00, pero quedó sin efecto cuando sólo 117 diputados estuvieron presentes, por debajo de los 129 requeridos para abrir el recinto.

El oficialismo atribuyó el resultado a acuerdos parlamentarios que incluyeron la participación de bloques opositores dialoguistas y sectores provinciales, en un esquema que permitió bloquear el avance inmediato de la interpelación. Entre las negociaciones, se acordó abrir el miércoles la comisión de Asuntos Constitucionales para debatir el tratamiento de los proyectos vinculados al funcionario, sin habilitar votaciones en el recinto.

Pese a posicionamientos públicos críticos de referentes del PRO y la UCR respecto de la continuidad de Adorni, sus bloques optaron por no dar quórum en la sesión, evitando acompañar una iniciativa impulsada por el kirchnerismo.

El Gobierno, encabezado por el presidente Javier Milei, consiguió así postergar la ofensiva parlamentaria sobre el jefe de Gabinete, quien continúa respaldado por el Poder Ejecutivo, pese a la tensión política generada por su situación patrimonial y las iniciativas legislativas en curso.

En paralelo, en ambas cámaras del Congreso continúan las discusiones sobre proyectos que buscan avanzar con interpelaciones y eventuales mecanismos de remoción, incluida la figura de la moción de censura, incorporada en la reforma constitucional pero aún sin antecedentes de aplicación.

En el Senado, además, persiste la controversia reglamentaria sobre la posibilidad de interpelar al funcionario sin dictamen previo, con interpretaciones enfrentadas respecto del alcance del artículo 101 de la Constitución Nacional.

Aun tras la caída de la sesión, la oposición decidió permanecer en el recinto para realizar un debate en minoría, con el objetivo de sostener la exposición pública del caso y mantener abierta la discusión política sobre la continuidad del funcionario.

Con información de DIB

El Senado de la Nación resolvió hoy posponer por una semana la sesión prevista, en el marco de la tensión política por los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una decisión acordada entre el oficialismo y bloques aliados durante una reunión encabezada por Victoria Villarruel en el Congreso.

La medida implicó reprogramar el debate para el jueves 25, cuando se buscará aprobar el mecanismo para convocar a Adorni al recinto el 2 de julio. En esa instancia, el funcionario deberá responder a los cuestionamientos de la oposición y podría enfrentar una eventual moción de censura si sus explicaciones no resultan satisfactorias.

La resolución se alcanzó tras una jornada de negociaciones entre el oficialismo y sectores dialoguistas, luego de reuniones previas impulsadas por Patricia Bullrich con bloques aliados. El acuerdo permitió evitar una sesión inmediata en un contexto de fuerte presión política, donde el kirchnerismo había deslizado la posibilidad de avanzar igualmente hacia el recinto.

Para concretar una interpelación y una eventual moción de censura, se requerirá una mayoría absoluta de 37 votos en el Senado, un número que por el momento aparece como difícil de alcanzar para la oposición. Sin embargo, el escenario mantiene en alerta al oficialismo, que intenta sostener su esquema de alianzas parlamentarias.

En paralelo, el oficialismo buscará avanzar con el proyecto de ley sobre propiedad privada, impulsado por Federico Sturzenegger, aunque la iniciativa enfrenta modificaciones y resistencias de los bloques aliados, lo que complica su tratamiento.

Por su parte, desde la oposición crece la presión política para que Adorni deje el cargo antes de esa instancia. En ese sentido, el dirigente del PRO Fernando de Andreis expresó: “Si se llega a esa instancia, vamos a acompañar el pedido de censura o remoción”.

El jefe de Gabinete había anticipado días atrás que asistiría al Senado el 2 de julio para brindar su informe de gestión, aunque ahora ese encuentro estará atravesado por el proceso de interpelación, lo que eleva el nivel de confrontación política en la Cámara alta.

Con información de Infobae

Concejales de la Coalición Cívica, PRO y UCR presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante para solicitar la interpelación del titular regional del IOMA y de autoridades de la Zona Sanitaria VIII, con el objetivo de que brinden un informe sobre la situación de la obra social en Mar del Plata, ante denuncias de falta de cobertura que afectan a miles de afiliados.

La iniciativa expresa preocupación por las reiteradas dificultades que enfrentan los beneficiarios para acceder a prestaciones médicas en la ciudad, en un contexto que los ediles califican como crítico.

“La situación de IOMA genera un enorme perjuicio entre miles de afiliados de nuestra ciudad. Cuando el acceso a la salud termina resolviéndose en la Justicia a través de amparos, es evidente que existe un problema estructural que debe ser abordado. La afiliación no puede continuar siendo compulsiva, mucho menos si no se garantizan las prestaciones”, expresó Guido García, presidente del bloque de la Coalición Cívica.

En ese marco, los firmantes solicitaron que las autoridades comparezcan ante el Concejo Deliberante para detallar el estado de situación del organismo en el distrito y responder a las inquietudes planteadas por los concejales.

“El objetivo del proyecto es contar con respuestas claras sobre el estado de situación de la obra social y conocer qué medidas se están implementando para resolver las deudas con prestadores y garantizar una atención adecuada a los afiliados”, señalaron.

El expediente advierte que, pese a la apertura de policlínicos propios en los últimos años, persisten problemas en el acceso a consultas, estudios, tratamientos y otras prestaciones médicas, lo que -según indicaron- ha derivado en una crisis en la atención sanitaria local.

“Construyeron policlínicos que, según nos relatan los propios afiliados, en muchos casos son cáscaras vacías. Es una lógica de gasto que no prioriza la atención de salud. Se hace más infraestructura edilicia mientras mantienen deudas enormes con prestadores y clínicas de nuestra ciudad donde los afiliados quieren atenderse. Es de una enorme irresponsabilidad”, afirmó García.

Entre los puntos requeridos, el proyecto solicita información sobre la cantidad de afiliados en el distrito, el estado de los convenios con clínicas y sanatorios, la situación de pagos a prestadores, los tiempos de autorización de prácticas médicas y la provisión de medicamentos, especialmente aquellos vinculados a tratamientos oncológicos o de alto costo.

Asimismo, se pide conocer la cantidad de reclamos formales presentados en los últimos dos años, el número de acciones judiciales de amparo iniciadas contra la obra social y los montos comprometidos para el cumplimiento de sentencias o medidas cautelares.

También se requiere información sobre los tiempos de provisión de prótesis, implantes y materiales quirúrgicos, así como la cobertura de prestaciones destinadas a personas con discapacidad, incluyendo terapias, acompañamiento terapéutico y transporte.

Finalmente, la iniciativa invita a la Defensoría del Pueblo local a remitir datos estadísticos sobre los reclamos y presentaciones realizadas por afiliados de IOMA en los últimos dos años.