El viernes 3 de octubre Oscar González Orono se encontraba en su bicicletería, ubicada en avenida Luro al 10.000, cuando fue víctima de un violento robo. El deportista de 80 años fue salvajemente golpeado al punto de quedar inconsciente y así llegó al Hospital Interzonal. 

Aunque su cuadro era delicado, el sábado por la mañana recuperó la conciencia y decidió abandonar el centro de salud por sus propios medios, sin haber sido dado de alta. El domingo, Orono volvió a ingresar al HIGA, esta vez por una caída desde altura. Horas más tarde, falleció durante la madrugada del lunes.

La Policía no llegó a tomarle declaración,  aunque las imágenes y comentarios sobre el asalto circularon con fuerza en redes sociales.

El fiscal Walter Martínez Soto manifestó en diálogo con El Marplatense que “hemos hecho un cambio de calificación en el que se agrega al robo agravado en poblado y en banda por desapoderamiento de tres bicicleta, la cuestión del Homicidio Criminis Causa”. 

A partir de la recopilación de datos y los informe médicos logró esta modificación, ya que “la caída de la escalera hizo un adelantamiento de las consecuencias de las lesiones que había sufrido el señor Oscar Osorno por la forma en la que se le pegó”.

“Se lo golpeó en la cabeza, le provocaron unas lesiones que produjeron una hemorragia interna. Todo esto le provocó un daño a nivel neuronal que derivó en el desequilibrio que se materializó en la caída”, continuó. 

Asimismo, detalló que “durante las horas de sobrevida estuvo con dolores de cabeza, mareos, desequilibrio hacia el lado derecho, que son compatibles con las lesiones del lado izquierdo de la cabeza”. 

De modo que “entendemos que pretendían darle muerte para que no los delatara o reconociera a las personas que fueron autores del hecho de sustracción, porque precisamente había dos personas que conocía y sabía dónde ubicarlas. Todo tiende a tapar el robo para asegurar los fines del delito y lograr la impunidad”, concluyó.

El empresario Ariel García Furfaro, titular del laboratorio HLB Pharma, está bajo investigación judicial por contrabando agravado y operaciones comerciales fraudulentas con China, así como por su presunta implicación en la distribución de un lote de fentanilo contaminado que causó la muerte de al menos 96 personas. La causa, tramitada por el juez Pablo Yadarola del Juzgado en lo Penal Económico N°2, se centra en actividades ilícitas realizadas a través de HLB Pharma y la firma Alpharma, según informó la Justicia.

La investigación por contrabando agravado reveló que García Furfaro, a través de HLB Pharma y Alpharma, importó maquinaria desde China declarando un valor falso de US$5 millones, cuando el monto real de la operación fue de US$500.000. “Utilizó documentación falsa ante la Aduana en, al menos, cinco operaciones”, determinó la Justicia, lo que derivó en un embargo de $25.000 millones para García Furfaro y otro de igual monto para HLB Pharma.

Paralelamente, avanza la investigación por la distribución de un lote de fentanilo contaminado, identificado con el número 31.202, producido el 18 de diciembre de 2024 por Laboratorios Ramallo S.A., elaborador exclusivo de HLB Pharma Group S.A. Este lote, según un informe del Cuerpo Médico de la Corte Suprema de Justicia, desencadenó la muerte de al menos 12 de 20 pacientes analizados, al actuar como “nexo concausal” en decesos de personas en estado crítico. El fiscal federal Ernesto Kreplak no descarta que el número de víctimas fatales pueda incrementarse.

Los análisis realizados por el Instituto Malbrán detectaron en el lote contaminado la presencia de Ralstonia mannitolilytica, un germen de baja patogenicidad en condiciones normales, pero capaz de provocar sepsis graves en pacientes inmunocomprometidos. También se halló Klebsiella pneumoniae MBL NDM-5, “un bacilo de alta virulencia, asociado a infecciones nosocomiales”, con capacidad de resistir a los antibióticos más potentes, lo que lo vuelve letal en pacientes críticos.

La investigación comenzó en mayo de 2025 tras denuncias presentadas ante la ANMAT por muertes sospechosas asociadas al uso del fármaco en hospitales de varias provincias, siendo el Hospital Italiano de La Plata el epicentro de la mayoría de los casos. La partida de fentanilo contaminado fue secuestrada por la Policía Federal en dicho establecimiento. El fentanilo, según la Organización Mundial de la Salud, es un analgésico entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, lo que agrava las consecuencias de su contaminación.

Fuente: con información de DIB

El hallazgo de los restos de Diego Fernández, el adolescente desaparecido en 1984, destapó un misterio que estuvo enterrado durante más de cuatro décadas. Ahora, un testigo inesperado puso en la mira a un excompañero de colegio de la víctima.

El fiscal Martín López Perrando confirmó este miércoles que Cristian Graf - actualmente de 56 años - y Diego fueron compañeros en la ENET N° 36.

El dato surgió gracias a otro antiguo compañero de ambos, que vive en el exterior y se comunicó con la fiscalía tras enterarse de la noticia en el chat de egresados.

Diego y Cristian, contó, eran amigos en la secundaria, y la identificación de los restos de Fernández en la casa de la familia Graf sacudió a todo el grupo.

Este testigo, que declarará este jueves por Zoom, podría aportar la pieza que faltaba para que el fiscal cite a Graf a indagatoria por “homicidio”. Sin embargo, por el tiempo transcurrido, la causa probablemente será declarada prescripta.

El cuerpo de Diego Fernández estuvo oculto 41 años en el jardín del chalet de la familia Graf, sobre avenida Congreso al 3700.

Desde que aparecieron los restos en su casa, los Graf, que viven en ese lugar desde los años ‘70, se convirtieron en sospechosos. No obstante, nunca declararon ni como testigos ni como imputados.

El 26 de julio de 1984, Diego, de 16 años, volvió del colegio, almorzó con su mamá y le pidió plata para el colectivo. Dijo que iba a lo de un amigo, pero nunca se supo de quién se trataba. Esa tarde fue la última vez que lo vieron, en la esquina de Naón y Monroe del barrio de Belgrano.

Cuando se hizo de noche y Diego no volvió a su casa, los padres del adolescente fueron a la comisaría 39, pero no les tomaron la denuncia. “Se fue con una mina, ya va a volver”, fue la respuesta de la policía.

Los padres de Diego nunca dejaron de buscarlo. Repartieron panfletos, golpearon puertas y lograron una entrevista en la revista ¡Esto!, que quedó guardada en la Biblioteca Nacional.

“La Policía dice que tiene tres mil casos iguales. Desde el primer momento lo caratularon ‘fuga de hogar’. Yo protesté, pero como si nada. ¿Qué quiere que investiguen si ya dan por sentado que él se fue, no que me lo robaron?”, contó Juan Benigno, el papá de Diego, dos años después de su desaparición.

Cuatro décadas después, el misterio empezó a resolverse de casualidad. El 20 de mayo pasado, unos obreros que levantaban una medianera en Congreso 3748 encontraron huesos humanos tras un derrumbe.

El terreno había pertenecido a una casona donde vivieron la artista Marina Olmi y el músico Gustavo Cerati, detalle que ayudó a que el caso tomara notoriedad.

Un sobrino de Diego, al ver la noticia, ató cabos: la edad, la vestimenta, el lugar. Sospechó que podía tratarse de su tío, y no se equivocó.

Una prueba de ADN realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó que los 150 huesos que encontraron en el jardín del chalet de avenida Congreso 3742 eran de Diego Fernández.

Los restos de los huesos encontrados en una casa donde vivió Gustavo Cerati (Foto: gentileza Rodrigo Alegre)

El informe del EAAF reveló detalles escalofriantes: Diego recibió un puntazo mortal en la cuarta costilla derecha. Después, intentaron descuartizarlo con un serrucho, pero no lo lograron. La fosa donde lo enterraron tenía apenas 60 centímetros de profundidad, cavada con apuro.

Entre los restos, la Policía Científica también encontró una suela de zapato número 41, un corbatín azul de colegio, un llavero naranja con una llave, un reloj Casio con calculadora (modelo CA-90, fabricado en 1982) y una moneda de 5 yenes, que los jóvenes usaban como amuleto.

El fiscal López Perrando busca ahora reconstruir qué fue lo que pasó y todo apunta a que el primer paso será citar a los dueños del chalet donde apareció el cuerpo: una mujer muy anciana y sus dos hijos, de apellido Graf.

El testimonio del excompañero, que declarará por Zoom, podría ser clave para entender la relación entre Diego y Cristian y poder avanzar en la causa, aunque la prescripción del delito complique la posibilidad de justicia.

Diego Fernández jugaba al fútbol en Excursionistas y entrenaba todos los días menos los jueves. Iba a la ENET N° 36 y llevaba su uniforme el día que desapareció.

El club Excursionistas expresó su dolor en redes sociales tras la identificación del cuerpo y envió sus condolencias a la familia.

“Enviamos nuestras condolencias y un fuerte abrazo, deseamos que su alma finalmente pueda descansar en paz”, expresó la institución en sus redes sociales en un emotivo mensaje hacia la familia de Fernández Lima.

Fuente: TN

Una recién nacida fue asesinada en la ciudad mendocina de Las Heras y la principal sospechosa es su mamá, una mujer de 39 años que permanece internada bajo custodia policial en el Hospital Lagomaggiore.

La bebé habría sido asfixiada con una bolsa de nylon poco después de nacer, según revelaron las primeras pericias. El caso es investigado por la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos.

El hecho ocurrió en el barrio El Resguardo, en Las Heras, donde la mujer habría dado a luz en su casa durante la madrugada del jueves. Cerca de las 4, un llamado al 911 alertó sobre una mujer con una hemorragia severa.

La Policía y una ambulancia llegaron al lugar y encontraron a la mujer en estado crítico. Fue trasladada de urgencia al Lagomaggiore, donde permanece internada en terapia intensiva, con una fuerte custodia policial.

Según fuentes judiciales, la beba fue encontrada muerta en la casa. Las primeras pericias indicarían que murió por asfixia con una bolsa de nylon, aunque aún restan estudios complementarios y la realización de una autopsia completa para confirmarlo. La mujer no fue formalmente imputada, pero su situación judicial se agrava con el correr de las horas.

La causa quedó en manos de la fiscal Claudia Ríos, quien aguarda los informes médicos y psiquiátricos de la mujer para avanzar en la imputación. Si se confirma que fue ella quien causó la muerte de su hija, enfrentará una acusación por homicidio agravado por el vínculo, delito que prevé la pena de prisión perpetua.

Las pericias psicológicas y psiquiátricas serán clave para determinar el estado mental de la sospechosa al momento del hecho. Mientras tanto, permanece internada bajo estricta vigilancia.

Fuente: TN

Fuentes del caso confirmaron que Roberto Bárzola, que trabajaba como colocador de pisos en la casa de Nora Dalmasso en el country Villa Golf de Rio Cuarto al momento de su asesinato, es el nuevo sospechoso señalado por la Justicia.

“El parquetista” había declarado seis veces en la causa, desde su inicio. Incluso, Marcelo Brito, el primer abogado de Marcelo Macarrón, lo había señalado como sospechoso y pedido su indagatoria. También una extracción de ADN que la fiscalía no aceptó, en su momento.

Hoy por la mañana, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba comunicó la existencia del nuevo sospechoso en la causa a cargo del fiscal Pablo Jávega, que investiga el crimen cometido en 2006.

En un comunicado, el MPF afirmó que “una persona de sexo masculino figura como aportante compatible con las huellas genéticas recolectadas en cinto de bata que fuera ubicado anudado en el cuello de la víctima y de vello secuestrado en zona inguinal de la misma”.

El ADN recolectado en ambas pruebas apunta directamente a Bárzola, que tenía 25 años al momento del hecho.

El sospechoso, vecino de Rio Cuarto, ya fue imputado en el expediente y citado a declarar, con un defensor designado.

Fuente: Infobae.

El fiscal que lleva adelante el caso María Cash, Eduardo Villalba, aseguró que los operativos de rastrillajes que se hicieron durante los últimos días sobre la ruta nacional 16 permitieron obtener “un dato importante para poder regresar”.

El pasado miércoles inició un nuevo operativo sobre la ruta nacional 16 que comprende las localidades salteñas de El Galpón y Boquerón. Los investigadores presumen que podría tratarse de la zona en la que el camionero Héctor Romero, acusado del asesinato de María Cash, habría descartado el cuerpo.

Los rastrillajes se extendieron a lo largo de 40 kilómetros, dado que es el camino que el imputado solía hacer durante el traslado de mercadería para un supermercado. Según el fiscal Villalba, trabajaron sobre apenas “uno y medio de los diez puntos claves” que se habían marcado en el mapa.

Si bien la búsqueda no permitió obtener un resultado concreto sobre el paradero de María Cash, Villalba reconoció: “Nos volvimos con un dato importante como para poder regresar. Es un dato en concreto que ahora debemos estudiar y analizar”.

El fiscal explicó que se trata del testimonio de una persona que brindó una serie de datos coincidentes con el marcaje que realizó uno de los perros especialistas que participó de la búsqueda.

Villalba adelantó que se trata de “un hallazgo que realizó una persona del lugar”, por lo que el testimonio, según señaló el fiscal “no tiene ninguna contaminación de nada”.

Como el testimonio brindado por el testigo coincide con el marcaje de los perros, el fiscal adelantó que le solicitará a la jueza “que autorice un nuevo rastrillaje”. “Lo haríamos con la gente nuestra del CIF”, explicó Villalba.

El encargado de llevar adelante la investigación también aclaró que está en permanente contacto con la familia de María Cash: “Les dije que si encontraba restos, en segundos les iba a avisar para no crear falsas expectativas”.

La aclaración del fiscal se debe a las versiones que surgieron durante los últimos días sobre la aparición de un cráneo durante la búsqueda en la ruta nacional 16. Horas después se confirmó que no se trataba de un cráneo humano.

Más allá de tener en cuenta el testimonio de los testigos, la búsqueda en esa zona estuvo basada en los datos de geolocalización de las antenas telefónicas vinculadas al celular del camionero que vio por última vez con vida a María Cash. Es decir, el pasado 8 de julio de 2011, mientras él viajaba a la localidad de Joaquín V. González.

En el operativo de rastrillajes participó personal de Bomberos Voluntarios y de la Provincia, la Policía de Salta, Policía Federal, Gendarmería, Servicio Penitenciario, investigadores especializados del CIF, Ejército, intendencias y miembros del Sistema Federal de Búsqueda de Personas (Sifebu).

Fuente: TN

Un hombre de 54 años que tenía en su poder material con imágenes de abuso sexual infantil fue detenido hoy por efectivos de la Comisaría Primera y de la Subcomisaría Casino, en un hecho del que tomó intervención la Justicia de Berazategui.

En primera instancia se procedió a la aprehensión del hombre en el lugar de trabajo, en la zona de Ortiz de Zárate al 3000, situación a la que se arribó como consecuencia de un operativo que llevó diversas tareas investigativas.

Además de la demora, se logró la orden judicial para allanar un domicilio perteneciente al imputado, ubicado en Corrientes al 2200, donde se secuestraron dos celulares con elementos de interés para la causa.

Anoticiado el fiscal Ernesto Ichazo de la Unidad Fiscal Interviniente N°8 de Berazategui, se dispuso la notificación del imputado de la formación de causa, pero no se ordenó prisión. 

En el marco de los cambios llevados a cabo en la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el proceso de reestructuración que dejó atrás a la ex AFIP, la Dirección General Impositiva (DGI), a cargo de Andrés Vázquez, aceleró la resonante investigación sobre Tabacalera Sarandí y su polémico dueño, el empresario Pablo Otero, por evasión fiscal, que todavía atraviesa instancias judiciales.

Según detallaron fuentes de la investigación, el monto adeudado ronda los $200.000 millones, entre marzo de 2018 y mediados de este año. Desde el Gobierno estiman que, según las cotizaciones promedio de esos años, la cifra dolarizada rondaría los USD 1.300 millones. Con todo, es una cifra “viva”, que se incrementa día a día, en medio de amparos judiciales. “Es un monto enorme, pero es lo de menos porque crece todos los días. Lo importante es desenmascarar los delitos y la evasión”, le explicaron a Infobae fuentes oficiales que siguen el caso desde muy cerca.

Vázquez llegó al cargo en 26 de octubre y de inmediato realizó una serie de movimientos internos para apuntalar la investigación contra la tabacalera de Otero, por lejos el mayor desafío que se fijó el organismo. Así, fueron desplazados de sus cargos cuatro funcionarios: Leonardo Arizmendi, que controlaba grandes contribuyentes nacionales; Adrián Facchin, director de Control; Pablo Meléndez; ex jefe de división, y Gustavo Pandazi, ex supervisor.

En los principales lugares de control, Vázquez nombró a dos hombres de su confianza, ambos con décadas de experiencia en el organismo. Marcelo Lafont, reemplazó a Arizmendi como Subdirector General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales; y Claudio Castagnola llegó en lugar de Facchín.

En ARCA están seguros de que los cambios “pusieron nervioso a Otero”. Como muestra de ello, señalan una reciente entrevista que dio el sospechado empresario. “Habló 45 minutos en radio. Nunca hizo nada parecido. Sabe que los que lo controlan no tiene caras de buenos amigos. Lo van a controlar, que es lo que hay que hacer”, aseguran.

La AFIP dejó de existir y fue reemplazada por la ARCA

Vázquez busca ajustar los mecanismos y que funcionen, como es debido, dos grandes grupos de control y fiscalización sobre el sector tabacalero en general y sobre Sarandí en particular:

Vásquez, dicen fuentes del gobierno nacional, tiene la misión de fiscalizar y recaudar, en medio de dudas que se plantearon sobre los esquemas que se usaron con antelación. “Sarandí tendrá que bajar su nivel de indisciplina. Y deberá pagar lo que debe. Se acabó la fiesta“, prometen.

De perfil técnico, con más de 30 años de trayectoria en el Estado y con formación desarrollada en el exterior, Vázquez inició su gestión con el foco puesto en la fiscalización de grandes contribuyentes y en la detección de casos de evasión de peso, tal como podría tratarse el de Tabacalera Sarandí en base a lo que tramita en la Justicia.

El funcionario cuenta con una preparación internacional, que incluyó múltiples capacitaciones en los Estados Unidos, incluyendo el Seminario Internacional sobre Lavado de Dinero dictado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 1997, el Curso de Interdicción Aeroportuaria y el Curso Básico de Investigación de Precursores Químicos, ambos ofrecidos por el Departamento de Justicia y la Drug Enforcement Administration (DEA) en 1999.

La DGI investiga a Otero por un monto adeudado que ronda los $200.000 millones, entre marzo de 2018 y mediados de este año

Como se dijo, parte de la deuda de Tabacalera Sarandí está judicializada y hay una serie de amparos que demoran la resolución del caso, mientras se discute, por pedido de Otero, la constitucionalidad del Impuesto Interno, el esquema fiscal que rige para el sector del tabaco y otros.

La deuda se generó entre 2018 y 2023, por el incumplimiento del pago de ese tributo. Desde ARCA –que sigue comandada por Florencia Mizrahi–explicaron que el expendio de cigarrillos, cigarros, cigarritos y otras manufacturas de tabaco se encuentra alcanzado por ese gravamen, que incide en una sola etapa de la circulación del producto. “Se considera expendio a la primera transferencia a cualquier título, entendiéndose como tal a la salida de fábrica o depósito fiscal, en el caso de productos nacionales o importados”, señalan desde el organismo.

No se trata de un caso menor, ya que se estima que Tabacalera Sarandí vende 40 millones de atados de cigarrillos al mes, además de haber ganado una importante porción del mercado tabacalero en virtud de su controversial situación impositiva. Su principal marca es Red Point. “No paran de facturar, venden volúmenes grandísimos. Hasta por unidad, en el Conurbano. Por eso es tan difícil de controlar. Venden atados al doble del valor que declaran ante el fisco”, explican las autoridades.

A partir de marzo de 2018 se estableció que los cigarrillos, tanto de producción nacional como importados, tributen sobre el precio de venta al consumidor, inclusive impuestos, excepto el impuesto al valor agregado, un gravamen del setenta por ciento (70%). Con la Ley 27.742 el gravamen subió al 73% en julio de 2024.

La empresa de Otero, a quién el Presidente Javier Milei lo nombró en distintas ocasiones como el “Señor del Tabaco”, resistió (por vía judicial) la obligación del pago sobre los atados vendidos cigarrillos al público, lo que le valió una ventaja en la competencia contra otras firmas grandes del sector, y razón por la cual consiguió ampliar su participación en el mercado, pasando del 5% al 40% en sólo diez años.

Mientras tanto, la Corte Suprema aún tiene pendiente de definición si ese impuesto cuestionado por la empresa de Otero es inconstitucional, como dijeron en el fuero en lo contencioso administrativo. No obstante eso, la nueva gestión de la DGI decidió seguir adelante con la investigación contra la polémica empresa tabacalera.

Recientemente, la tabacalera blanqueó dólares por USD 60 millones, en el esquema que propuso el ministro de Economía, Luis Caputo. Es una cifra que las autoridades nacionales creen que podría alcanzar para cubrir parte de la deuda hasta diciembre de 2023. El volumen de todo este año sería muchísimo más grande.

Fuente: Infobae

A dos meses del procesamiento de Eduardo Belliboni y otros dirigentes del Polo Obrero, la Justicia sigue investigando el entramado financiero que se había montado para desviar fondos públicos. Hay al menos una sociedad, inscripta ante la AFIP como una imprenta, y varias cooperativas en la mira, según fuentes judiciales. Se suman a otra imprenta, Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, y a la firma Coxtex SA, que operaba como una usina de facturas truchas pese a las alertas de la AFIP. Entre esas dos empresas, permitieron desviar $36.144.418 millones.

La nueva sociedad apuntada por los investigadores es Ediciones e Impresiones Panorama SRL. Fue creada en noviembre de 2022 por Santiago González Roisler y Gustavo Spektor, con un objeto social amplio: realizar trabajos de impresión de distintos elementos de publicidad en formato gráfico, pudiendo editar, vender, comprar, distribuir, exportar, importar y financiar obras literarias, bibliográficas, diarios y revistas.

De acuerdo a las pruebas recolectadas en la causa, Panorama habría cumplido el mismo rol que Rumbos para canalizar los fondos correspondientes al Polo Obrero. “Es una continuidad”, dicen en Comodoro Py.

La Fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita trabaja por estos días sobre una pista que vincula a la imprenta “Panorama” con otras dos cooperativas de Trabajo. En el domicilio de unas de ellas, en la calle General Conrado Villegas al 5400, se encontró una planilla vinculada a la Cooperativa El Resplandor que se titula: “Pagos del convenio productivo sin factura macheada”.

Cuando procesó a los dirigentes del PO, el juez Sebastián Casanello destacó unos mensajes de WhatsApp que circularon entre dirigentes de esa agrupación. Esos chats avisaban que ya no había que utilizar la cuenta bancaria de Rumbos para ingresar dinero, sino la de Panorama. “La cuenta bancaria de Rumbos no va más, ahora se transfiere a Panorama”, escribió un usuario identificado como “Marina PO” el 15 de noviembre de 2023. Y acompañó los datos de una cuenta en el Banco Francés.

Un mensaje similar se encontró en otros teléfonos. “Buen día compañeros. Algunas zonas siguen transfiriendo a la cuenta de Rumbos que no va más para la regional”, escribió un militante ese mismo día en un grupo de WhatsApp.

El traspaso de las cuentas llevaba meses. En una conversación del 8 de junio de ese año, extraída de un grupo de Whatsapp del celular de Iván Candotti, uno de los dirigentes procesados, se encontró este mensaje: “A partir de ahora no va más al cuenta de Rumbos para los depósitos y transferencias de los compañeros de Capital”.

Rumbos fue el mayor proveedor de facturas para desviar los fondos del Plan Trabajar. En la causa hay 179 facturas por servicios presuntamente prestados a Asociación Civil Polo Obrero y a Cooperativa de Trabajo El Resplandor. En realidad, la imprenta era una pantalla para desviar fondos. En total fueron $31.000.000.

“La operatoria no habría sido posible sin una connivencia entre las dos partes que intervinieron en el proceso del manejo del dinero y la facturación: de un lado, las autoridades de las entidades investigadas, cuyo propósito era justificar, a través de facturación apócrifa, egresos de dinero aplicados a un fin no habilitado normativamente; del otro, el socio gerente de Rumbos, Roberto Adrián Albornoz, de fuertes lazos con la organización y el partido”, destacó el juez Casanello cuando dictó los procesamientos.

Otras facturas utilizadas por el PO para “justificar” gastos eran de Coxtex SA, una usina que ya había sido detectada por la AFIP en 2022. Pese a las advertencias, nadie hizo nada.

Esa firma había sido creada en 2020 por María Soledad Vega, una mujer de escasos recursos, y Luis Alexander Pichuaga, un misterioso “canadiense” que vivía en un humilde PH de Floresta. Cuando la Justicia allanó sus domicilios y secuestró sus teléfonos, confirmó que habían sido usados por otras personas. “Te están buscando de la AFIP. Por una sociedad que no puede ser ubicada. Vinieron a casa”, le avisó a Vega una mujer identificada como Gabriela Anahí Rivero el 24 de octubre de 2022.

En el celular de Vega también se encontraron chats y audios con Geremías Sebastián Prum, un empresario dedicado al rubro de la construcción. Los mensajes revelan que le paga por trámites bancarios.

En apenas trece meses, Coxtex facturó más de $480 millones. Apenas la AFIP comenzó a investigar a esa firma, se desactivó. Los sabuesos concluyeron que se trataba de una usina y la incluyeron en la base E-Apoc: “Se observa la emisión de facturas electrónicas con importes significativos, imposibles de ser realizadas por una sociedad sin capacidad económica y financiera exteriorizada para poder llevarlas a cabo”.

Sin embargo, en su indagatoria, Belliboni aseguró que las empresas Rumbos y Coxtex habían sido autorizadas por el organismo recaudador y que era su responsabilidad que siguieran operando.

La historia de Coxtex tuvo otras derivaciones. Vega y Pichuaga también habían prestado su nombre para crear otras tres sociedades: Consuting SA, Recinsur SA y Ciriaco Shoes SRL. Esas firmas siguen en la mira del juzgado de Casanello.

Para el desvío de fondos hubo otras sociedades involucradas. Al momento de procesar a los dirigentes del PO, Casanello mencionó a Urban Graphics SA, Ricoprint SRL y a Carlos Monfrini. “Simularon la entrega de productos a través de la emisión de facturación apócrifa, permitiendo a los administradores destinar ese dinero a una finalidad - privada- distinta a la contractualmente prevista -pública-”, sostuvo el juez a fines de julio.

En estos movimientos, el Polo Obrero emitió cheques, pero esos cheques habrían terminado siendo acreditados en cuentas de la imprenta Rumbos, lo que reforzó la sospecha de dibujar gastos para fondear actividades del partido.

En el caso de Urban Graphics, supuestamente dedicada a la impresión de diarios y revistas, emitió una factura por $5.180.019 por la supuesta venta de una “máquina heidelberg” usada. La factura y el recibo presentados en el expediente fueron firmados y presentados por dos dirigentes del PO, María Isolda Dotti y Erika Tamara Lubenfeld.

La factura de Urban Graphics

Otro caso particular es el de Monfrini, inscripto ante la AFIP como productor de espectáculos teatrales y musicales. Emitió cuatro facturas por un total de $2.946.913, que luego fueron firmadas y presentadas por Belliboni y Mariano Centanni (otro de los procesados). “Los productos facturados fueron abonados a través de una transferencia bancaria por la suma de $1.220.450,40 y mediante la entrega de los cheques n° 62494720 y 62494721 por el monto de $1.220.450,40 y $253.006,16 respectivamente. Con relación a estos últimos a diferencia de los casos anteriores, si bien fueron efectivamente dirigidos a Monfrini, este luego los endosó a favor de Rumbos”, destacó el juez.

La causa del Polo Obrero arrancó el 20 de diciembre pasado, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para hacer denuncias. Hubo reportes de todo el país. El fiscal Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal.

A fines de julio, Casanello procesó a Belliboni, Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La decisión alcanzó además a María Isolda Dotti, alias “Tango”, y Gianna Puppo: para ellas, el procesamiento no solo fue por defraudación sino también por “amenazas coactivas”. A Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia las acusan de ser autoras de amenazas. También fueron procesados Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz como partícipes de la defraudación y amenazas coactivas.

El juez mantuvo la inhibición general de bienes respecto del patrimonio, el congelamiento de los productos bancarios y de las cuentas CVU registradas, y el bloqueo al acceso a las cajas de seguridad de las personas físicas, de la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Ltda., y de Rumbos SRL.

Unas horas después de conocerse los procesamientos, el fiscal había pedido que Emilio Pérsico, responsable de la Secretaría de Economía Social durante el Gobierno de Alberto Fernández, sea citado a declaración indagatoria, entre otros ex funcionarios. Lo acusó de haber encabezado una “matriz de corrupción” que permitió que el Polo Obrero “extorsionara a beneficiarios de planes sociales” y usara el dinero que recibía para financiar sus actividades partidarias.

Casanello rechazó citar a indagatoria a Pérsico pero el tema ahora debe ser definido por la Cámara Federal. El fiscal ante esa instancia, José Luis Agüero Iturbe, sostuvo el recurso de Pollicita y reclamó que se investigue si hubo una asociación ilícita. “Los funcionarios de la Secretaría de Economía Social no solo desembolsaron subsidios millonarios —al menos $361.087.500— en favor del Polo Obrero, sin ningún respaldo informativo ni documental respecto del destino del dinero público y pese a las observaciones de las áreas jurídicas basadas en la normativa”, se quejó el fiscal de Cámara.

Fuente: Infobae.

Una de las pruebas fundamentales que espera recibir la fiscalía a cargo de Ramiro González antes de definir la indagatoria de Alberto Fernández en el caso por violencia de género es la copia forense del celular que Fabiola Yañez tiene en España. Se trata de un procedimiento complejo en el que tendrán que intervenir las autoridades de la Justicia española y en el que se deberá resguardar el contenido del aparato en cuestión.

El 19 de septiembre pasado la Justicia libró el exhorto internacional que pasará por la Procuración General de la Nación y desde allí a la Cancillería para luego cruzar el Atlántico y finalmente arribar a España para que intervenga el Ministerio Público fiscal de ese país.

La copia forense sobre el celular de Yañez busca determinar si los chats -como los que mantuvo con María Cantero- y las fotos en donde se ve a la ex primera dama con moretores y un supuesto golpe en el ojo derecho están efectivamente en ese dispositivo de manera tal que se compruebe si esas pruebas son reales. “Contar con la evidencia digital que se solicita resulta, entonces, indispensable para conocer con más detalle el vínculo, las formas, los modos y todo otro detalle acerca de la comunicación entre ellos”, reza el escrito.

De una nueva clave al agente diplomático: cómo será la copia forense del celular de Fabiola Yañez. (Foto: TN)

Además, el material podría ayudar a tener más datos sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos denunciados. Este procedimiento se desarrollará a través de una serie de pasos que tienen como objetivo asegurar el material secuestrado y resguardar la privacidad de Fabiola Yañez. El jueves pasado se difundieron nuevas fotos en las que se ve a Fabiola con moretones en la cara, incluso hay una en la que usa una almohadilla de gel para la inflamación del ojo derecho.

El material que se pueda encontrar en el celular podría ayudar a reconstruir cómo fueron esos días -tanto en los momentos previos como posteriores al hecho denunciado-.

En primer término, la fiscalía dejó en claro que debe ser la propia Fabiola Yañez la que sea citada por las autoridades españolas para que aporte su teléfono, luego se haga la copia forense y se le devuelva el equipo.

Antes de entregar su celular, la ex primera dama deberá cambiar la contraseña o pin del celular a “1234″, una clave numérica simple y fácil de recordar. Es que al momento de la extracción, se necesitará la contraseña en varias oportunidades para el descifrado de la información. Una vez terminado el proceso, la contraseña puede ser revertida para el uso habitual.

A su vez, las autoridades le requerirán a Yañez que entregue la contraseña para acceder a su nube, el servicio que permite almacenar datos en un espacio externo, que funciona como una copia de seguridad del teléfono. Los investigadores creen que es posible que allí se tenga que buscar datos que no estén en la memoria interna del móvil.

Alberto Fernández podría ser procesado en la causa por violencia de género. (Foto: AFP/Juan Mabromata).

En la extracción completa del dispositivo, se deberá aplicar una metodología de cifrado mediante combinación alfanumérica que garantice la confidencialidad total de la información personal de Yañez y se deberán enviar esos datos en la valija diplomática para que una vez en la Argentina se pueda acceder al material. En el escrito se detalla que se deberá asegurar la prueba digital en un soporte físico que luego será enviado al país por un agente diplomático.

Este paso es fundamental para que, una vez que la Justicia cuente con esos datos y culmine de tomar las testimoniales, se de lugar a la indagatoria de Alberto Fernández, que está imputado por lesiones leves y grave, doblemente agravadas, abuso de poder y amenazas coactivas. La indagatoria es un acto de la defensa previa a un eventual procesamiento y posterior pedido de elevación a juicio.

Además, con esta pericia se podrá chequear la hipótesis de las amenazas coactivas, es decir, las presuntas intimidaciones del expresidente a Yañez para que no realice la denuncia por violencia de género. En este sentido acceder al teléfono permitirá determinar si el exmandatario ofreció dinero a cambio de que la ex primera dama no formule la acusación.

El abogado Fernando Burlando confirmó que abandonó la causa Loan y sostuvo: “Están con Gustavo Valdés”.

De esta manera, sólo queda como defensor de la familia del niño Roberto Méndez, algo que llamó la atención de Burlando.

En una sorprendente noticia, el abogado informó que dejó el caso que investiga la desaparición del menor al manifestar que los familiares estarían relacionados con Valdés, gobernador de Corrientes.

“Revocar el mandato conferido a los doctores Fernando Andrés Burlando y Sergio Gustavo Briend, otorgado oportunamente por María Luisa Noguera y José Omar Peña, asumiendo la totalidad de la querella por quien suscribe”, señala el escrito de Méndez que avala la resolución.

Durante una de las últimas apariciones públicas, el abogado ya había tenido un fuerte cruce con José Peña, uno de los hermanos del niño, donde le dijo: “No voy a permitir que critiquen y digan pavadas”.

“José llegó hoy acá al estudio y desde ese momento me vio solamente en una audiencia que tiene que ver con la causa de su hermano, así que no voy a permitir que critiquen y digan pavadas de nuestro trabajo profesional, porque lo estamos haciendo seriamente”, remarcó.

Allí, durante una entrevista, le manifestó: “José te lo tengo que decir porque no sé por qué me tengo que fumar una crítica que recién escuché”.

“Estamos trabajando e invirtiendo mucho, y no cobramos un mango y no hay plata de por medio de nuestra parte, no sé los demás. José, perdoname, pero si estás disconforme decime y yo me abro”, finalizó.

Días después, Burlando confirmó que deja la causa y hay incertidumbre sobre cómo tomó la decisión.

Fuente: Noticias Argentinas

Un trágico accidente conmocionó a los vecinos de Traslasierra, Córdoba. Una mujer de 90 años se cayó en una pileta y murió ahogada. Ahora, la Justicia intervino en el caso para determinar si efectivamente se trató de un accidente doméstico.

El dramático hecho ocurrió durante la tarde del domingo en una casa ubicada en la calle Merlo al 160, en la localidad de Mina Clavero. El cuerpo sin vida de la jubilada fue encontrado por un familiar, que dio aviso de inmediato a la Policía.

Según el relato de sus familiares, al momento de la caída, la mujer se encontraba sola, por lo que los investigadores trabajan para saber qué fue lo que pudo haber ocasionado la caída. Asimismo, las primeras observaciones indican que la anciana no presentaba signos de violencia, por lo que se cree que la causa de muerte pudo haber sido ahogamiento.

El caso quedó a cargo de la fiscalía de Villa Cura Brochero, desde donde se solicitó la realización de una autopsia para precisar los detalles de la muerte. Ahora, están a la espera de esos resultados para determinar las causas de la muerte de la jubilada.

Un hombre de 40 años tuvo que ser rescatado este domingo en Berisso luego de ingresar al Río de La Plata con un colchón inflable. Fue arrastrado por la corriente y sufrió hipotermia debido a las bajas temperaturas durante esta época del año.

Así lo informaron desde Bomberos de Berisso y el Departamento de Coordinación (DC). Al llegar a Playa 66, donde se visualizó el naufragio, observaron que el hombre fue rescatado por un grupo de pescadores de la zona.

En tanto, el náufrago fue trasladado de urgencia por el SAME al hospital Larraín por principio de hipotermia. El hombre, oriundo de Lomas de Zamora, se encontraba en Berisso durante el fin de semana, con intenciones de pasar unos días.

La decisión de ingresar al río con un colchón inflable le valió ser arrastrado 3000 metros río adentro, debido a las condiciones climáticas. Gracias a la intervención de los pescadores, no pasó a mayores.

Fuente: TN

El fiscal Pablo Cistoldi ordenó que investiguen la muerte de un hombre de 67 años que el sábado se cayó desde un molino en la zona del Cementerio Parque y falleció a las dos horas de su ingreso al nosocomio. 

El sujeto mayor ingresó por su cuenta el sábado al mediodía al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), luego de haber caído desde un molino de ocho metros en la estancia rural Laguna de Ponce.

Según las primeras precisiones, el individuo se habría resbalado con una escalera.

A pesar de ser atendido por los profesionales del nosocomio, la víctima murió a las dos horas de su ingreso y el fiscal Pablo Cistoldi de la Ufi N° 11 ordenó que se inicien actuaciones en el marco de la carátula averiguación de causales de muerte.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, a cargo del juez Gustavo Hornos, rechazó el pedido de apartamiento de la investigación del escándalo de los seguros del juez federal Julián Ercolini que presentó la defensa del ex presidente Alberto Fernández, y dispuso que continúe a cargo del caso. Se trata de la causa madre de la cual surgió la acusación de violencia de género que presentó ayer la ex primera dama Fabiola Yañez.

Según se informó, Fernández había promovido la recusación del nombrado juez instructor alegando temor de parcialidad, al describir que había mantenido una relación personal con el juez a partir de su desempeño común en el ámbito académico de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, expresó que, en ejercicio de la primera magistratura había ordenado que fuera denunciado por un viaje realizado con ejecutivos de una empresa a la Patagonia. Esas dos circunstancias -de tener amistad a enemistad- para Fernández era un argumento suficiente para sacar al juez.

Ercolini quedó como blanco del ex mandatario desde que fue asignado a investigar el denominado “escándalo de los seguros” -que se refiere a supuestos actos de corrupción con pólizas y comisiones que eran decididas por el Estado-, avanzó con rapidez y tomó decisiones clave que permitió ir descubriendo una posible matriz de negocios ilegales. En esas averiguaciones y medidas ordenadas por el juez, se secuestraron teléfonos celulares de los que surgieron los chats que mostraron cómo se manejaba en la cúspide del poder las relaciones entre contratos, funcionarios y empresarios amigos del poder.

Entre esos mensajes de texto por WhatsApp, aparecieron miles de intercambios entre el ex presidente, su secretaria histórica, María Cantero, y el esposo de ella y empresario del seguro Héctor Martínez Sosa, en los que se intercambiaban comunicaciones, fotos, audios y videos. De entre todo ese material secuestrado de los celulares por la causa seguros es que se encontró una comunicación entre la colaboradora de Fernández y Fabiola Yañez, donde le pidió ayuda debido a supuestas agresiones físicas que habrían sido de su ex pareja en la Quinta de Olivos. Después de tomar estado público esta situación, la ex primera dama decidió denunciarlo: “Estoy viviendo terrorismo psicológico”, le contó a Ercolini.

La recusación al magistrado, de todos modos, se había presentado previamente a que se conociera esos hechos de enorme impacto político y social. El ex presidente quiso desplazar al juez desde el primer día, bajo el mismo argumento: enemistad manifiesta. Lo hizo en primera instancia, lo hizo ante la Cámara Criminal y lo planteó ante Casación, algo que quedó descartado esta tarde.

Al momento de rechazar el apartamiento de Ercolini de la causa, el juez Gustavo M. Hornos entendió que el reclamo no se encontraba fundado en situación o actitud alguna del magistrado para con el recusante que pudiera revelar temor de parcialidad, se indicó en los tribunales.

Y respecto a la supuesta relación personal mencionada por Alberto Fernández, a la que describió como “de amistad primero y de enemistad después”, recordó que tal circunstancia fue negada por el magistrado, quien dijo “no poseer ningún prejuicio de ese tipo, a lo que agregó que la parte no había aportado elementos objetivos suficientes que desvirtúen ese rechazo”.

Además, en la decisión se señaló que la denuncia a la que hacía referencia el ex presidente en su presentación se produjo “como consecuencia del ejercicio de la más alta responsabilidad funcional ejecutiva que desempeñaba Alberto Fernández por aquel entonces, y muy especialmente por la percepción que tuvo, en términos políticos, acerca de la oportunidad y conveniencia de hacerlo”.

Y también se entendió que la reproducción de la cadena nacional donde se anunció que sería acusado por el viaje a “Lago Escondido”, incluso permitía “advertir carencia de adjetivación personal alguna respecto del juez Ercolini, más allá de su expresa mención, y que la presunta maniobra delictiva que se le atribuyó al magistrado no fue orientada al ex presidente”.

El juez Hornos sostuvo en su decisión que hacer lugar a las pretensiones de la parte “importaría llevar al resultado inaceptable de permitir que el mero señalamiento o mención genérica de algún magistrado en el marco de cualquier actividad pública bastaría para evitar su futura intervención en eventuales investigaciones judiciales”.

Finalmente, afirmó que permitir el planteo recusatorio en este caso “tergiversaría y minimizaría el verdadero sentido de la norma, que impone la invocación de causales serias de recusación y no simples alegaciones hipotéticas y abstractas, lo que tendría resultados negativos para el correcto servicio de administración de justicia, propio del sistema republicano que expresamente adopta nuestra Constitución Nacional, como el permitir la conformación de tribunales a gusto del pretendiente”.

A partir de la causa por el escándalo de los seguros durante el Gobierno de Alberto Fernández, la Justicia habría encontrado fotos de la ex primera dama, Fabiola Yáñez, con signos de golpes, además de chats de texto y audio en los que habría acusado al entonces mandatario por supuestas agresiones, incluso cuando estaba embarazada de Francisco, el hijo de ambos. Las posibles golpizas, registradas por Fabiola, habrían sido en la residencia oficial de Olivos. Lo reveló una investigación de Clarín que se publicó este domingo.

Al material lo encontró la Justicia en el teléfono de la ex secretaria privada de Alberto Fernández, María Cantero, en un equipo secuestrado y peritado en el expediente en el que está imputado el ex mandatario. La sospecha sobre Fernández se debe a la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que benefició a brokers de seguros que mediaron con Nación Seguros y la contratación de pólizas desde varios organismos, concretamente la ANSES y el Ministerio de Seguridad, lo que habría dado el beneficio de comisiones millonarias. Entre ellos Héctor Martínez Sosa, esposo de Cantero.

En el celular de Cantero habría cuatro fotos de Yáñez, una con un ojo y parte del maxilar superior muy hinchado y otra con moretones en todo el sector derecho del tronco, las costillas y la axila. Además, se presume la existencia de un video en el que una persona, posiblemente identificable como el ex presidente, en una actitud violenta hacia su pareja.

El hallazgo fue en la causa a cargo del juez federal, Julián Ercolini. Al no tratarse de un delito federal, y para preservar la intimidad de la ex primera dama, el magistrado abrió el 13 de junio un legajo reservado en la causa. El 26 de ese mismo mes el tribunal le envió esos datos, de manera reservada, a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia, donde lo analizaron y sugirieron citar a la persona agredida.

Al día siguiente se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py el abogado, Juan Pablo Fioribello, que representó a Fabiola Yáñez y a Estanislao Fernández, hijo mayor de Alberto Fernández, en demandas por difamación que ganaron. Según consigna Clarín, durante el encuentro con Ercolini habrían convenido comunicarse con la ex primera dama para transmitirle los datos encontrados en el teléfono de Cantero, lo que finalmente hicieron ese día, a través de un Zoom.

El juez le consultó a Yáñez si quería hacer una denuncia y la ex primera dama, que vive en España junto a su hijo, le respondió que no tenía intenciones de viajar a la Argentina a realizar la presentación. Ante la posibilidad de que se tratase de un caso de violencia de género, la investigación por este eventual delito solo puede avanzar en caso de que la víctima lo pida.

El juzgado consignó en una resolución en la que no menciona al ex presidente que Yáñez vive en España, alejada de su esposo, y que no correría riesgos de sufrir más agresiones de violencia doméstica. El magistrado aclaró que el expediente queda archivado, pero que podría impulsarse si quisiera Fabiola.

La ex presidente Cristina Kirchner declarará el 14 de agosto en el juicio sobre el intento de magnicidio que sufriera el 1 de septiembre de 2022. Así lo confirmaron fuentes del entorno de la ex mandataria. 

El juicio por el intento de asesinato comenzó el 26 de junio último en los tribunales federales de Comodoro Py y tiene como acusados a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, integrantes de “La banda de los copitos”.

Con distintos roles, los tres están acusados por el intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre de 2022, cuando Cristina Kirchner era vicepresidente de Alberto Fernández.

Fuente: Noticias Argentinas

Una discusión de pareja tuvo un trágico desenlace este fin de semana en una casa de la localidad bonaerense de Virrey del Pino. En medio de versiones cruzadas y por motivos que todavía se investigan, él resultó herido de un balazo por la espalda y ella muerta con un tiro en la cabeza.

La víctima fatal del violento episodio ocurrido pasadas las 6 de la mañana del domingo se llamaba Sabrina Silva, una joven policía de 23 años que pertenecía a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de La Matanza.

El testimonio de la pareja de Silva, Santiago Nicolás Iriarte, fue clave para empezar a reconstruir lo ocurrido. Según su declaración, a la que accedió Primer Plano, la pelea se desató esa noche cuando le planteó a ella que quería terminar la relación.

Siempre según la versión de Iriarte, la violencia verbal escaló hasta que Silva tomó su arma reglamentaria y le disparó a él por la espalda. Afortunadamente, el proyectil le atravesó el omóplato izquierdo sin dañar ningún órgano vital. En este punto es que dividen las versiones que ahora investiga la Justicia.

Iriarte aseguró que, después de balearlo, su novia se suicidó. Su madre, que también se encontraba en la vivienda al momento del hecho, respaldó su versión y agregó que al escuchar los gritos se acercó a la habitación en donde se encontraba la pareja justo cuando su hijo lograba desarmar a Silva.

De acuerdo a su relato, la mujer policía les reclamó que le devolvieran el arma para irse a trabajar y, después de un rato, accedieron sin sospechar la drástica decisión que iba a tomar. “Se metió en su habitación y se pegó un tiro”, afirmó la suegra.

Por su parte, la familia de la mujer policía rechazó la hipótesis de un suicidio. En este sentido, un allegado a Silva dijo al mismo portal que el rostro de ella estaba “totalmente desfigurado” y que el disparo le ingresó por detrás de la oreja de manera cruzada.

En el mismo sentido, destacó que además del disparo Iriarte estaba lastimado, lo que podría ser indicio de que Silva hubiera intentado defenderse de un ataque.

Hasta el momento la principal hipótesis de la investigación, a cargo del fiscal de La Matanza Matías Folino, apunta a un intento de homicidio seguido de suicidio. No obstante, entre otras medidas, el funcionario dispuso el secuestro del arma de fuego de la oficial, de los celulares de ambos y pericias planimétricas en la casa para cotejar si la versión de Iriarte coincide con la dirección de los proyectiles.

Los resultados de las pruebas del dermotest que se le hicieron tanto al joven como a su madre también podrían ser determinantes para el avance de la causa. Por último, Folino pidió que el caso sea abordado con los protocolos de violencia de género vigentes en la provincia de Buenos Aires.

Fuente: TN

Un bebé de apenas dos meses fue asesinado de la forma más cruel: fue víctima de una brutal golpiza. Su papá es el principal acusado y está preso desde el inicio de la investigación. El hombre de 30 años mintió en el hospital al decir que su hijo se había atragantado con la mamadera, pero la autopsia reveló una historia oscura detrás. En las últimas horas, la Justicia le dictó la prisión preventiva y está camino al juicio oral.

El 1° de junio, Lucas Javier Jesús Mardone llevó en brazos a su hijo Mateo al hospital Gutiérrez, muy cerca de su casa de El Mercadito, un barrio humilde de la localidad de Tolosa. Hasta ese lugar llegó gracias a la ayuda de un vecino, a quien le pidió que lo alcanzara en su auto.

Los médicos vieron que el chiquito estaba inconsciente y lo internaron de urgencia en la sala de terapia intensiva. Casi no respiraba y tenía hematomas que se veían a simple vista. Cuando pudieron estabilizarlo, lo trasladaron hasta el Hospital de Niños Sor María Ludovica, a unos 5 kilómetros de distancia.

“Le estaba dando la mamadera y lo acosté, pero cuando lo quise levantar estaba blandito y pálido”, le dijo a una de las enfermeras que lo entrevistó durante el triage. Después, declaró que se lo dio a su abuelo paterno. El jubilado le hizo respiración boca a boca y masajes abdominales en un intento por reanimarlo. Pero no hubo caso, el bebé ya estaba al borde de la muerte.

Durante toda la madrugada, Mateo estuvo bajo observación médica con pocas chances de sobrevivir. El niño no aguantó y murió al día siguiente. Cuando los enfermeros fueron a darle la triste noticia a su papá, él ya se había ido.

De la autopsia surgieron una serie de datos aterradores: múltiples golpes, fracturas en el cráneo y costillas, así como numerosos hematomas. Estas lesiones no solo evidenciaban un severo maltrato, sino que también había sido víctima de violencia desde su nacimiento. “Los golpes eran de vieja data, pero él tenía apenas dos meses, lo que nos hace sospechar que fue maltratado desde recién nacido”, señaló una fuente judicial.

Tras tener los resultados del informe preliminar de autopsia, la fiscalía a cargo de Juan Menucci (UFI 6) ordenó la detención de Mardone. Ese mismo día, la policía llevó a cabo un operativo en la casa de El Mercadito, donde no solo arrestaron al papá de Mateo, sino también al abuelo y el tío.

Los dos últimos fueron liberados horas después, mientras que la madre del bebé, de 17 años, fue identificada pero no detenida, y quedó bajo la supervisión de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de menores.

La investigación también reveló que el bebé y su familia vivían en un entorno de extrema vulnerabilidad. Además, surgieron sospechas de que la madre del chiquito también era víctima de violencia de género por parte de Mardone.

El hombre, que se dedicaba a pintar casas de forma particular, a la albañilería y manejo de maquinarias, tiene otro hijo de 6 años. Estaba desocupado antes de ser detenido y estaba buscando trabajo “de lo que sea” en las redes sociales.

“Por favor, tengo dos hijos que mantener”, escribió reiteradamente el acusado en Facebook, en donde dejó además su Curriculum Vitae. En su perfil, se presentaba como “fiel, celoso y protector”.

Con la prisión preventiva dictada, el fiscal trabaja en el requerimiento de juicio para que el caso se resuelva en un debate oral y público, ya sea ante un tribunal colegiado o un jurado popular si la defensa del acusado así lo solicita.

Fuente: TN

Investigan la muerte de una oficial de policía que fue encontrada ahorcada esta mañana en su vivienda del barrio Parque Peña. Se trata de Quimey Carrizo, una mujer de 26 años, quien se encontraba con licencia médica por trastornos en el estado de ánimo.

En horas de la mañana, por llamado al 911, los efectivos de la Comisaría Decimoquinta fueron convocados al barrio Parque Peña por una mujer que fue hallada muerta. Al arribar a la vivienda, los uniformados entrevistaron a un hombre de 45 años, padre de la causante, quien la encontró ahorcada.

La mujer era oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires, con último trabajo en la Comisaría Decimocuarta, y se encontraba con licencia médica por trastornos en el estado de ánimo, según indicaron las autoridades.

Una ambulancia constató que la ex policía se habría suicidado, aunque deberán esperar a la correspondiente autopsia. En el hecho intervino la UFI N° 4 en turno, a cargo del fiscal Fernando Berlingeri.

Como resultado de la investigación iniciada a raíz de las denuncias por abusos sexuales en el Escuadrón de Caballería de Exploración Blindado 2 de Gualeguaychú, el juez federal Hernán Viri procesó a dos sargentos por haber agredido a dos soldados voluntarias. Asimismo, dictó la falta de mérito para el jefe del regimiento sobre la acusación de haber realizado modificado la fecha de un expediente administrativo.

Durante la jornada del jueves, el magistrado ratificó los procesamientos de dos soldados pertenecientes al pelotón entrerriano. En el caso del primero, éste fue procesado por el delito de “abuso sexual simple en dos oportunidades” en concurso real con el delito de “amenazas” y en concurso real con el delito de “lesiones psicológicas agravadas en calidad de autor por haber sido con violencia de género”.

El segundo soldado será enjuiciado por los cargos de “abuso sexual gravemente ultrajante” en concurso real con el delito de “abuso de autoridad” en calidad de autor y en concurso real con el delito de “lesiones psicológicas agravadas en calidad de autor por haber sido con violencia de género”. Ambas imputaciones fueron formuladas por el fiscal federal subrogante Pedro Rebollo, perteneciente a la Fiscalía Federal de Gualeguaychú.

De acuerdo a la información publicada, en la causa también fue procesado el jefe del Escuadrón por ser el autor penalmente responsable de haber cometido el delito de “encubrimiento agravado por ser el hecho precedente un delito especialmente grave y por su condición de funcionario público” cometido en concurso real por su participación necesaria en la comisión del delito de “lesiones psicológicas agravadas por haberse llevado adelante con violencia de género”.

Por los delitos de “encubrimiento agravado”, “incumplimiento de deberes de funcionario público” y “falso testimonio” fue encausado otro de los miembros del regimiento, mientras que un ex jefe del pelotón y encargado de unidad fue procesado por encubrir un abuso sexual en contra de una soldado voluntaria.

La investigación fue motivada por una denuncia realizada en el Ministerio Público Fiscal (MPF) el pasado 8 de noviembre de 2022. En esa oportunidad, una de las madres de las víctimas declaró que su hija había sido internada en una clínica de rehabilitación de salud mental a causa del daño psicológico que los abusos le generaron.

A raíz de esto, el fiscal citó a la víctima para ratificar la denuncia y sumó los testimonios de otras dos mujeres soldados que cumplían funciones en calidad de voluntarias que también habían sido agredidas. De esta manera, estableció que el primer hecho ocurrió el 24 de mayo de 2021, cuando uno de los jefes de semana besó a la fuerza a una de las mujeres luego de que ésta le pidiera ayuda para reparar una puerta rota del alojamiento femenino.

A partir de este incidente, la joven contó que el superior le envió en varias oportunidades mensajes para que fuera a dormir la siesta con él. Asimismo, la amenazó con castigarla a ella y a sus compañeros con demorar la salida de la guardia, si se negaba a cumplir sus pedidos.

El segundo caso involucró al encargado del Depósito de Alistamiento del Escuadrón y transcurrió entre enero y junio de 2022. La víctima se trató de la primera denunciante, quien acusó al hombre de haberla golpeado en unas diez oportunidades. Según narró, el acusado le decía que era su “papá” y que eso lo habilitaba a poder pegarle. Incluso, señaló que en varias oportunidades solía hacer comentarios inapropiados y enseñar fotos de su cuerpo.

La tercera denuncia corresponde a hechos ocurridos entre octubre de 2022 y marzo de 2023 e involucró situaciones de acoso, hostigamiento y amenazas. Bajo la perspectiva del juez, esta serie de situaciones provocaron que la autoestima de la segunda soldado fuera disminuyendo hasta el punto que decidió abandonar el servicio.

“Creaba un entorno laboral intimidante, adverso y humillante”, calificó el magistrado al remarcar que los malos tratos eran continuos en el tiempo y que el imputado se aprovechaba de su rango jerárquico en el servicio. Con respecto a los tres acusados, Viri reafirmó que eran responsables de ocasionar lesiones psicológicas en las víctimas al intervenir en el bienestar emocional por medio de sus acciones. 

Fuente: Infobae.