El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de General Pueyrredon promovió una demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad con el objetivo de que se declare la nulidad de los decretos que dispusieron el nombramiento de la Sra. Valeria Méndez en cargos de planta permanente y jerárquicos dentro del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).

Según la presentación judicial, el mismo día en que se aceptó la renuncia de la funcionaria a su cargo político, fue designada primero como personal de carrera y, horas más tarde, como Directora —máximo cargo jerárquico de planta permanente— sin la realización de concurso ni procedimiento de selección. Para el gremio, esta modalidad vulneraría lo establecido en la Ley 14.656 de Empleo Público Municipal, así como los principios constitucionales de igualdad, legalidad y acceso por mérito.

Desde el STM sostienen que este mecanismo implicaría, en los hechos, la transformación de un cargo político en un puesto permanente, eludiendo los concursos públicos obligatorios y afectando el derecho a la carrera administrativa de los trabajadores municipales.

Defensa de la carrera administrativa

El sindicato remarcó que la normativa vigente establece que el ingreso a la planta permanente y los ascensos deben realizarse mediante concursos públicos y desde las categorías iniciales, garantizando igualdad de oportunidades para todos los trabajadores.

En ese sentido, advierten que permitir designaciones directas en cargos jerárquicos vulnera la estabilidad del empleo público, perjudica a empleados que aguardan ascensos por antigüedad y mérito, y altera las reglas del sistema de carrera administrativa municipal.

Objetivo de la demanda

La acción judicial busca que la Justicia declare la nulidad de los decretos cuestionados y restablezca el respeto al sistema legal de acceso y promoción en el empleo público municipal.

“No se trata de una persona en particular, sino de defender reglas claras, igualdad de oportunidades y el derecho de todos los trabajadores a progresar mediante concurso y mérito”, señalaron desde la conducción sindical.

Finalmente, el STM informó que continuará utilizando todas las vías legales necesarias para garantizar la transparencia en las designaciones y proteger la carrera administrativa municipal.

El bloque de concejales del Frente Renovador presentó un pedido de informes con el objetivo de que el Departamento Ejecutivo local informe sobre varios puntos con relación a una serie de irregularidades en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).

En el proyecto, al cual El Marplatense tuvo acceso, se pide detalles sobre:

En ese sentido, la bancada massista manifestó su preocupación por “los reclamos de los vecinos de Mar del Plata y turistas frente a la actual incapacidad de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de brindar respuestas efectivas a las denuncias y consultas”.

Según datos de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, las denuncias vinculadas al comercio electrónico y servicios financieros encabezan el ranking de reclamos en Argentina. Entre 2023 y 2024, las estafas digitales y fraudes online crecieron más del 200% en el país, afectando especialmente a compras por internet, billeteras virtuales y servicios financieros digitales.

Desde el Frente Renovador indicaron que “la expansión del comercio digital exige un rol cada vez más activo del Estado en la protección de los consumidores, especialmente en contextos de vulnerabilidad social y económica", y que "las personas mayores y jubilados constituyen uno de los sectores más vulnerables frente a estafas digitales y fraudes de consumo, dado que muchas veces deben utilizar medios electrónicos para el cobro de haberes, pago de servicios o gestión de trámites, lo que los expone a maniobras fraudulentas tales como phishing, estafas telefónicas y engaños en plataformas de compra online”.

Y remarcaron que el área de Defensa del Consumidor “constituye una herramienta central del Municipio de General Pueyrredon para garantizar los derechos de consumidores y usuarios frente a prácticas abusivas", por lo que "el Estado municipal, como nivel de gobierno más próximo a la ciudadanía, debe asegurar instancias de defensa rápida y eficaz, contribuyendo a la confianza en las instituciones”.

A su vez, consideraron que “el funcionamiento pleno de la OMIC resulta indispensable para resguardar los intereses de los vecinos y turistas que realizan reclamos de bienes y servicios, y la falta de pago del servicio de correo impide hoy la tramitación de reclamos y notificaciones, paralizando de hecho la gestión de la dependencia".

Además, puntualizaron que “en el Partido de General Pueyrredon no se actualizan estadísticas oficiales sobre consumo y reclamos de la OMIC desde el año 2015, lo que impide dimensionar con precisión el crecimiento de los conflictos de consumo en la última década y limita la formulación de políticas públicas basadas en evidencia”.

“Esta situación genera un perjuicio concreto a los usuarios, al no poder acceder a mecanismos de resolución de conflictos previstos por la ley. Además, limita la capacidad del Municipio de intervenir en reclamos de otras jurisdicciones, obstaculizando la articulación con organismos nacionales y provinciales”, alertaron desde la oposición.

“Garantizar el correcto funcionamiento de la OMIC no sólo fortalece la defensa de los consumidores, sino que también proyecta una imagen institucional de compromiso con la transparencia y la legalidad”, sentenciaron.

UTHGRA Mar del Plata inició una medida gremial contra la empresa de TopCake , ante las irregularidades laborales y de seguridad social que padecen los trabajadores junto con varias actitudes de maltrato. 

Con banderas, chalecos azules, bombos y panfletos, los sindicalistas se acercaron al local de Jujuy y Falucho para pedir respuestas. 

Cristian Gayo, secretario gremial de UTHGRA, señaló que “hemos encontrado varias irregularidades en esta firma, empleados no registrados, sueldos por debajo de la escala, hay una maniobra de evasión de parte de la firma con los aportes de la obra social de los empleados y cambiaron a otra firma, lo que generó nuevas deudas”.

Ante esta situación, “vamos a hacer una volanteada afuera del local, estaremos un rato informándole a los empleados de qué se trata todo esto, las cosas que ocurren detrás de ellos en una empresa que juega con su salud, abren más locales y hacen maniobras muy extrañas”.  

Respecto a los afectados, denunció que “son por lo menos 60 personas porque es el general de los empleados. Incluso hay algunos que tienen otras obras sociales o prepagas que les están cortado el servicio por falta de pago”.

 Sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con la empresa, “intentamos varias veces comunicarnos, pero no quieren escucharnos y estamos hace un año tratando de regularizar esto”, concluyó. 

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Mar del Plata, Antonio José Gilardi, emitió un comunicado este miércoles por la tarde en el cual denuncia la situación irregular en la cual "están regresando a cumplir funciones presencialmente aquellos considerados en los grupos de riesgo".

En el mismo, expuso que "la enfermedad de coronavirus es considera de carácter profesional, y se dará debida cobertura a las y los trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal y con el fin de realizar actividades declaradas esenciales". Por ende, en concordancia, explicaron que "la cobertura de las ART por enfermedad profesional COVID-19 se reconocerá a los trabajadores previstos".

"Estas medidas son para velar por el cuidado de los grupos más vulnerables y de la sociedad en su conjunto; resulta inquietante que haya funcionarios y jefes convocando irresponsablemente a los trabajadores considerados de riesgo a regresar a sus puestos de trabajo, motivados por presiones sobre su situación laboral actual y posibles recortes salariales", denunció Gilardi.

"Todo ello con el agravante de que la Dirección de Personal es quien finalmente autoriza la reincorporación sólo si los trabajadores firman que regresan "bajo su responsabilidad", lo que de forma implícita los expone ilegalmente a trabajar sin cobertura de la ART", explicó desde el Sindicato de Trabajadores Municipales.

Por último, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales remarcó que "esta grave situación no solo vulnera sus derechos, sino que incumple todas las normativas vigentes dictadas por las autoridades pertinentes al respecto, que indican que aún deben permanecer en sus domicilios con goce íntegro de sus remuneraciones".

Y concluyó refiriéndose al intendente de Mar del Plata: "Solicito que lleve adelante las gestiones pertinentes para regularizar esta situación, garantizando los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de las normativas que usted mismo ha dispuesto en concordancia con el Estado Nacional y Provincial".

Los informes preliminares realizados por peritos expertos indican que el derrumbamiento de los balcones del edificio ubicado en Punta Mogotes, que terminó con la vida de Agustina Ferro, de 35 años, y su hija India Luzardi, de 3, provendría de una irregularidad en la construcción.

Fue el abogado Martín Bernat, quien defiende a Jorge Bianchi, el administrador del consorcio de la edificación que es el único imputado en la causa, el que aseguró que "las pruebas documentales acreditan que el tema del derrumbamiento viene dado de una irregularidad estructural en la construcción". "No proviene de falta de mantención, ni de humedad, sino de cuando se hizo el edificio hace 40 años", sostuvo.

En los próximos días, su defendido tiene previsto presentarse de manera "espontánea" en la Justicia para exponer informes y otros aspectos legales, en el marco de la causa que está caratulada por el delito de "homicidio culposo", según lo resuelto hasta la fecha por el fiscal de Delitos Culposos, Pablo Cistoldi.