El Gobierno nacional trabaja en una reforma laboral que tenga el consenso de los gobernadores y genera cierto ruido entre los sindicatos. Y aunque la letra chica tiene algunos puntos polémicos, la administración libertaria negó que se vaya a extender la jornada diaria de trabajo, como aseguraban los rumores.

“Hace diez años que la Argentina no crea empleo formal y la mitad de nuestra fuerza de trabajo es informal. Este es un debate que hay que abordar: la reforma laboral está orientada a mejorar la situación del trabajo y formalizar el empleo”, manifestó hoy el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Además, rechazó que la reforma piense en quitar derechos o avanzar sobre la jornada laboral, y remarcó que el objetivo es impulsar la formalización y el desarrollo del empleo registrado.

Luego de destacar que las medidas tendrán como principal objetivo formalizar el 50% del empleo que se calcula que opera bajo la informalidad, el funcionario buscó llevar tranquilidad sobre uno de los puntos más polémicos que se conoció tras que trascendieran las primeras líneas del proyecto.

“Eso de que la reforma laboral pasa la jornada de ocho a trece horas no tiene nada que ver, no tiene ningún asidero y es un disparate. Nunca se discutió eso en la propuesta del Gobierno”, señaló en diálogo con Radio Mitre. Y rechazó versiones sobre recortes de vacaciones y llamó a “no dar importancia a rumores ni campañas de miedo”, instando a esperar la presentación oficial del proyecto.

Sin embargo, el proyecto de ley que presentó la diputada libertaria Romina Diez propone lo siguiente: incorporar cambios al artículo 197 bis de la Ley N° 20.744, sumando el siguiente texto: “Las convenciones colectivas de trabajo, respetando los mínimos indisponibles de 12 horas de descanso entre jornada y jornada por razones de salud y seguridad en el trabajo, así como los límites legales conforme la naturaleza de cada actividad, podrán establecer regímenes que se adecuen a los cambios en las modalidades de producción, las condiciones propias de cada actividad, contemplando especialmente el beneficio e interés de los trabajadores. A tal efecto, se podrá disponer colectivamente del régimen de horas extras, banco de horas, francos compensatorios, entre otros institutos relativos a la jornada laboral”. 

El ministro, además, propuso reformular la negociación salarial colectiva. Detalló que en la Argentina los convenios por sector aplican igual en todas las regiones y empresas, lo que según sus estimaciones eleva sustancialmente los costos en zonas menos productivas y limita la generación de empleo formal. “Si pudiéramos quebrar esa unicidad salarial, el empleo en el noroeste argentino aumentaría un 16%”, explicó.

También Sturzenegger se refirió al rol de los gremios y las cámaras empresariales, de quienes dijo que “muerden” del salario para cobrar la representación que les dan a los empleados. “A la relación laboral le muerden, más o menos, un millón de pesos por año. Cuando dos personas contratan, arrancan 100 mil pesos abajo porque hay que pagar estos peajes. Eso no trae ningún beneficio directo para el trabajador”, sostuvo, al definir como central reducir estos sobrecostos estructurales. “Si sacáramos ese peaje, le devolveríamos al trabajador 100 luquitas ($100.000) por mes”, cerró.

Fuente: DIB

La concejal de la UCR, Marianela Romero, presentó un proyecto para que se convoque a una jornada de trabajo en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante con el objeto de analizar la problemática de las usurpaciones y ocupaciones ilegales de inmuebles en General Pueyrredon.

En ese sentido, la edil radical manifestó su preocupación por “la problemática de las usurpaciones y ocupaciones ilegales de inmuebles, que constituye un fenómeno creciente con impactos jurídicos, sociales, ambientales, de seguridad y de ordenamiento territorial”.

A su vez, remarcó que “estas situaciones generan una profunda afectación del derecho de propiedad y exponen a los vecinos a hechos de angustia, violencia y conflicto, particularmente cuando se producen intentos de desalojo”.

“La experiencia demuestra que las modalidades de usurpación son diversas: ocupaciones violentas, asentamientos clandestinos, engaños mediante boletos apócrifos o falsos poderes de disposición, y maniobras de estafa que terminan perjudicando a familias de buena fe”, añadió Romero, quien también sostuvo que “en muchos casos, la falta de control oportuno y de requisitos más estrictos para trámites vinculados a la acreditación de la titularidad, cambios de dominio o solicitudes de servicios básicos, contribuye involuntariamente a la consolidación de ocupaciones irregulares”.

Además, la concejal indicó que “las consecuencias no se limitan al derecho individual de los propietarios, sino que impactan en el entorno urbano, generando degradación ambiental, pérdida de tierras fiscales que podrían destinarse a fines comunitarios, y mayor inseguridad para la población”.

“Las usurpaciones y ocupaciones irregulares producen efectos sobre el ordenamiento territorial, al consolidar procesos de urbanización no planificada que dificultan la provisión de servicios, la infraestructura adecuada y el desarrollo de políticas de hábitat integrales, afectando tanto a los vecinos involucrados como al conjunto de la comunidad”, expresó Romero.

En último lugar, la edil explicó que “la realización de una nueva jornada de trabajo en el Honorable Concejo Deliberante constituye una herramienta institucional adecuada para debatir diagnósticos, sistematizar experiencias y elaborar propuestas que contribuyan a dar respuestas sostenibles a esta problemática”.

Ante la situación social planteada en torno al aumento de tarifas en el país, y como afectan a nivel local, teniendo en cuenta la difícil situación laboral, en el recinto del Honorable Concejo Deliberante, se llevó a cabo hoy otra jornada para tratar el tema, de la cual participaron referentes de distintos sectores de Mar del Plata y Batán.

Miguel Ángel Guglielmotti, secretario general de la Regional Mar del Plata de la CGT, fue uno de los referentes participantes, de esta jornada, quien manifestó en declaraciones a El Marplatense, que "las centrales de trabajadores venimos insistiendo desde el año 2016 esta problemática, con estas altísimas tarifas que conllevan un perjuicio tremendo en los domicilios, en las PyME y en la industria, que las obliga en muchos casos a cerrar sus puertas y esto se traduce, en pérdida de fuentes de trabajo".

"Conjuntamente con las cámaras empresariales, la Ucip, las tres centrales de trabajadores y la Defensoría del Pueblo, venimos a plantear las necesidades de los distintos sectores, para que el poder ejecutivo tome cartas en el asunto, se dirija a los ministerios correspondientes y también exigirle al poder legislativo de Mar del Plata y Batán que declaren la emergencia tarifaria" señaló Guglielmotti.

"Después de una facturación que ha venido con un incremento del 100% sumado al aumento del 4,37%, que se va a generar este mes, hace que todo se transforme en una situación extremadamente compleja, con tarifas que se tornan impagables, con las consecuencias que ya hemos mencionado" indicó el referente de la CGT local.

Finalmente en referencia a una posible solución o paliativo a la situación, Guglielmotti indicó que "se deben redoblar los esfuerzos, ya que se viene la época mas dura en nuestra ciudad, que es el crudo invierno y necesitamos que el intendente siga insistiendo en la recategorización de Mar del Plata, que es un tema que quedó pendiente desde hace mucho tiempo, para que haya una baja en las tarifas, mas allá de las cuestiones técnicas, y que no sigan creciendo los indices de desempleo en una ciudad, que tiene mas 40000 trabajadores desocupados".

Por su parte el actual Defensor del Pueblo, Fernando Rizzi, también participe de esta jornada, destacó a este medio que "88 entidades estamos diciendo que hay que seguir adelante en la emergencia para las tarifas públicas. La gente no puede seguir adelante pagando las tarifas que están viniendo. Esto significa el ahogamiento de muchas PyME y Mar del Plata y Batán no se pueden permitir un desocupado más".

Finalmente el referente de la Defensoría señaló que "estamos esperando que nos reciba la secretaría de Energía de la Nación y haya un plan de contingencia. Un sistema de descuentos, de programa para PyME". "Nos entrevistamos con el Intendente, que emitió una nota en consonancia con lo que venimos pidiendo, pero debemos aunar esfuerzos, para el mismo objetivo".