Pese a que Juan Carlos Belmonte, el cabecilla de la banda que se dedicaba a emitir licencias de conducir apócrifas en el Partido de General Pueyrredon, fue condenado, en julio de 2018, a 14 años de prisión efectiva -que cumple bajo arresto domiciliario-, el abogado Julio Razona denunció este miércoles que parte de la organización delictiva sigue operando en la ciudad bajo una nueva modalidad.

"Nos encontramos con la tercera etapa de esta vergüenza, que es el otorgamiento de licencias truchas a personas que no están capacitas para conducir. Fue una nueva modalidad mucho más sofisticada que las anteriores, pero con los mismo resultados: personas que no pueden manejar están haciéndolo en la ciudad, con el peligro social que ocasiona que una persona está inhabilitada para conducir, pueda tener un carnet", aseguró en el programa Hoy es Mejor, por Radio Mitre Mar del Plata.

El letrado sostuvo que estos supuestos hechos delictivos, que ya denunció ante la Justicia, se habrían cometido en los primeros meses del año, "desde enero hasta la fecha". "Después de las condenas a Belmonete y el resto de los acusados, la segunda etapa -que denuncie yo- fueron los carnet apócrifos que entregaron en Mar Chiquita, que eran parte de la misma banda; y la tercera etapa que, después de un tiempo de inactividad, volvieron a entregar carnet de conductor apócrifos con el enorme prejuicio que eso ocasiona a la población. Estamos hablando de personas que no podían manejar y están habilitadas por el Municipio", enumeró.

"Hay dos tipos de falsedades: la falsedad material que es cambiar la foto o la fecha, y la falsedad ideológica, que es cambiar el contenido. El carnet en sí, materialmente, es válido. Lo que falla es el contenido", explicó el precandidato a intendente por Consenso 19.

"Estarían involucrados funcionarios, no sé hasta qué grado y altura, pero están. Hemos advertido en la denuncia que hay un jefe del Departamento de Licencias de Conducir que, en realidad, es un técnico 4 y nunca fue designado como jefe. Utiliza un sello cuando es un empleado administrativo común de la municipalidad", manifestó Razona.

Por otro lado, el abogado también denunció que "circulan, en Mar del Plata, más de 30 mil licencias que en vez de tener el escudo nacional, tiene el escudo de la provincia del Chaco, lo que hace que, materialmente, sean falsas, por más que hayan sido tramitadas de buena fe". "Si la policía lo detiene, corre peligro de que le secuestren el auto por falsificar un documento público. Recomiendo a todo el mundo que se fije si tiene el escudo del Chaco, que es muy similar al nacional", detalló.

"Esto sería un dato de color frente a lo grave que es que, en Mar del Plata, se están otorgando licencias de conducir a personas que están inhabilitadas a conducir por sentencias judiciales: personas condenadas por homicidio culposo y parte de la condena es la inhabilitación para conducir. He llevado la denuncia con datos concretos, de personas que están inhabilitadas para conducir hasta el año 2025 y que, desde el Municipio de General Pueyrredon, se le ha otorgado la licencia de conductor recientemente", continúo.

Según aseveró Razona, pudo acceder a las pruebas que le permitieron "reconstruir esta maniobra delictiva" -y que acompañó en su presentación ante la Justicia penal-, "gracias a la colaboración de los mismo empleados municipales, que no pueden ser identificados".

De acuerdo a la investigación del abogado, las licencias se habrían podido emitir, pese a la inhabilitación que pesaba sobre aquellas personas que la habrían obtenido de una manera ilegal, ya que "han anulado un certificado de legalidad". "Para ver si una persona puede conducir o no, con su DNI, se entra al sistema y, cuando hay una pena de inhabilitación, este certificado de legalidad pone en alerta a quien pide la información. Pero, desde enero 2019, se anuló el certificado de legalidad", precisó.

"Este cruzamiento de datos es para personas condenadas por homicidio culposo en accidentes de tránsito. Al no existir el certificado de legalidad, se ha modificado con una resolución administrativa una judicial. Hay otras maniobras que se han perfeccionado dentro del Municipio, como, por ejemplo, las personas que dan un examen teórico de conducir, si lo dan mal tienen, que esperar un mes para volver a darlo. En este caso, no se anota que lo dio mal y se vuelve a dar la semana entrante. La reglamentación dice que si lo da tres veces mal, tiene que esperar un año, pero lo siguen dando hasta que consiguen el carnet", añadió.

El Código Penal prevé una pena de prisión para quien falsifica un carnet y también, para quien lo utiliza. "Esto está en Delitos Económicos. Gracias a los aportes de los mismos empleados municipales, hemos identificado los hechos más graves y la investigación va a ser rápida", indicó.

Juan Carlos Belmonte, el ex funcionario pultista que la Justicia condenó a 14 años de prisión en julio pasado por ser el jefe de la asociación ilícita que comercializaba licencias de conducir apócrifas en Mar del Plata desde 2014, salió del Penal de Batán este martes y cumplirá su pena bajo el beneficio de arresto domiciliario.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 le había concedido a fines de noviembre, de manera transitoria, la prisión domiciliaria por razones de salud, ya que Belmonte padece hipertensión arterial, pólipos vesicales y dislipidemia, cuadro que se agravó por las condiciones de encierro "intramuros" y por el que debió ser atendido en reiteradas oportunidades, en los últimos meses, por personal médico del Servicio Penitenciario y del Hospital Interzonal General de Agudos.

El beneficio fue efectivizado recién este martes porque no había disponibilidad de tobilleras electrónicas, cuyo uso obligatorio es un requisito ineludible para que el beneficio de la prisión domiciliaria sea otorgado por la Justicia.

Según aseguró su abogado defensor, Sergio Sosa Ortega, a El Marplatense, luego de los informes médicos que dictaminaron los peritos médicos, tanto los representantes del Ministerio Fiscal como los del Municipio, los jueces Alexis Simaz, Néstor Conti y Roberto Falcone dieron por acreditado el complicado contexto de salud del ex jefe del Distrito Descentralizado de El Gaucho, por lo que no se opusieron al beneficio solicitado por su defendido.

Sosa Ortega agregó que el cuadro médico que sufre Belmonte requiere atención médica diaria, así como también un régimen alimentario especial y el consumo de agua baja en sodio, entre otros condiciones necesarias para que su salud no siga deteriorándose.

Por otro lado, Belmonte apeló ante la Cámara de Casación, en agosto pasado, la condena al entender que hubieron “nulidades de la investigación, nulidades del debate y de la acusación por falta de inscripción de las conductas”. “La fiscalía hizo una remisión a la requisitoria de la elevación a juicio y entendemos que eso no es posible”, aclaró su defensor en aquel entonces, y agregó: “Pedimos que se eleve toda la investigación por las irregularidades que observamos”.