El Juzgado de Garantías N°4, a cargo del juez Juan Tapia, dio lugar a un hábeas corpus presentado por la Comisión por la Memoria (CPM) y ordenó al Ejecutivo local limitar los operativos de la Patrulla Municipal sobre personas en situación de calle, tras las repercusiones por la muerte de Gustavo Héctor Cabello esta martes a la madrugada.

Además, la decisión judicial prohíbe prácticas que “impliquen violencia física, verbal” o la “sustracción de documentos y objetos personales”. La medida busca garantizar los derechos a la vida, la integridad física y psíquica, la libertad y “la dignidad de este colectivo vulnerable”.

El fallo destaca la acumulación de testimonios que refieren un trato violento por parte de algunos agentes municipales hacia personas en situación de calle, un grupo caracterizado por su exclusión social y cuya principal espacio de socialización y subsistencia es la vía pública. 

El juez Tapia subrayó además que estas prácticas, documentadas en el hábeas corpus, evidencian conductas arbitrarias e ilegales, incluyendo violencia física y psicológica. Además, señaló que los operativos suelen realizarse de noche, focalizándose en personas sin domicilio fijo, lo que dificulta su localización posterior y la presentación de denuncias. 

También se refirió al uso de prendas oscuras y al ocultamiento de rostros por parte de los agentes, lo que impide su identificación, y a la planificación previa de estos despliegues contra personas desarmadas. La resolución no cuestiona las facultades del municipio para controlar el espacio urbano, pero exige que los procedimientos respeten los derechos fundamentales. 

Por otro lado, el magistrado destacó que la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Vilma Baragiola, adopta un enfoque diferente, promoviendo albergues, paradores e interacciones con otros organismos para atender las necesidades de este colectivo. En este contexto, enfatizó que el reconocimiento de la condición humana de estas personas es un “mínimo ético” en tiempos de creciente distanciamiento social, que afecta la confianza y la solidaridad.

Un hombre de 40 años que se negó a devolver una moto porque su dueño no se la quiso vender fue demorado por agentes policiales en su casa del barrio Félix U. Camet y se le inició una causa por “apropiación indebida”.

El hecho fue denunciado por el propietario del rodado Motomel XMM 250, un hombre de 38 años, que en la Comisaría Decimoquinta contó que le había prestado la moto a un amigo que murió en mayo pasado.

Tiempo después, recibió un llamado de un sujeto, manifestando que tenía en su poder el vehículo y que lo quería comprar. Pero ante la negativa del propietario, se negó a devolvérsela.

Por este motivo es que se inició una causa en la que tomó intervención el fiscal David Bruna, que dio con la identidad y el domicilio del denunciado. Con la orden de allanamiento firmada por el juez de Delitos Económicos, Juan Tapia, finalmente se ordenó el allanamiento, que culminó con el secuestro del rodado.

El Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires ordenó otorgar el beneficio de prisión domiciliaria a aquellas personas "en riesgo de contagio por coronavirus" que están cumpliendo condena en las cárceles de su territorio. La medida que alcanzaría a alrededor de 700 presos, se extenderá hasta que termine la pandemia.

De esta manera, se trasladará de inmediato a sus domicilios a las mujeres embarazadas, madres que viven con sus hijos tras las rejas, los reclusos mayores de 65 años y todos aquellos con enfermedades pulmonares graves.

"Es importante destacar que una prisión domiciliaria no es una libertad, es tan solo un cambio en el lugar o espacio físico donde se cumple el encierro, ya que la persona no puede egresar del domicilio", manifestó Juan Tapia, Juez de Garantías en declaraciones a El Marplatense.

"Las personas que pueden ser objeto de una medida de esta naturaleza, tienen que ver con la franja etárea de aquellos que están comprendidos por su edad en grupos de riesgo para una eventual afectación con el virus del Covid-19. Por otro lugar también las personas que tienen una patología previa, como un problema cardíaco, respiratorio, la cual los coloca en una situación particular, que les impide estar en un espacio carcelario", detalló.

"Al solicitar la prisión domiciliaria, si la medida es admisible y si la fiscalía está de acuerdo con esa situación, se concede el arresto domiciliario y se busca un sistema de tobillera electrónica o de control periódico por organismos estatales, para asegurarse de que esa persona permanezca durante la duración de la pandemia en el domicilio particular", remarcó Tapia.

Sobre el proceso de solicitud, el Juez de Garantías sostuvo que "esto no es algo automático, primero se realiza el pedido, luego viene la evaluación de la fiscalía, la de un especialista o medico que revise la historia clínica, como así también la salud actual del detenido, si es admisible y todo esta dentro de los parámetros legales se otorga esa situación, que no es una libertad, sino solo un cambio de lugar físico en donde se cumple el encierro, para evitar que el encierro carcelario deteriore la salud de la persona que cumple la pena".

Finalmente el Juez Juan Tapia destacó que "se trata de casos excepcionales o extraordinarios, esto no significa que vaya a haber un delincuente por cada manzana en cada barrio, para los cuales se buscaran las medidas necesarias de control a través de sistemas de rastreo electrónico, los cuales ponen en evidencia si una persona incumple la obligación de permanecer dentro de su domicilio particular".