La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán un 2,85% en febrero, de acuerdo con la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre publicado por el INDEC.

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos recibirán un bono extraordinario de 70 mil pesos. De este modo, el monto total a percibir será de 429.254,35 pesos, compuesto por 359.254,35 pesos correspondientes al haber mínimo con aumento y el refuerzo adicional.

Quienes perciban haberes superiores al mínimo cobrarán un bono proporcional hasta alcanzar el mismo monto total de 429.254,35 pesos.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber ascenderá a 357.403,48 pesos, integrado por 287.403,48 pesos con aumento y el bono de 70 mil pesos. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez pasarán a ser de 321.478,05 pesos, resultado de un haber actualizado de 251.478,05 pesos más el bono extraordinario.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se elevará a 129.096 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad alcanzará los 420.354 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo será de 64.554 pesos para el primer rango de ingresos.

Desde el organismo señalaron que todos los pagos se efectuarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual.

El presidente Javier Milei oficializó este lunes el veto total a tres leyes aprobadas por el Congreso que contemplaban un aumento en las jubilaciones y pensiones, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. 

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 534/2025, al cumplirse el plazo constitucional de diez días hábiles desde su sanción.

Las normativas rechazadas incluían un incremento real del 7,2% en todos los haberes, salvo regímenes especiales, una suba del bono previsional de $70 mil a $110 mil con actualización por inflación, y una nueva pensión no contributiva compatible con el empleo formal. Según el Gobierno, la implementación de estas medidas representaría un gasto adicional del 1,68% del PBI, con un fuerte impacto en el presupuesto 2025 y 2026.

Desde el oficialismo justificaron el veto señalando que las leyes no cuentan con fuentes de financiamiento claras y fueron aprobadas “en un contexto de creciente presión electoral”, a solo tres meses de las elecciones legislativas. El Presidente ya había anticipado esta decisión semanas atrás, en una exposición ante la Bolsa de Comercio, remarcando que la política del superávit fiscal es “permanente”.

La decisión fue refrendada por casi todo el gabinete: Francos, Sturzenegger, Pettovello, Bullrich, Caputo, entre otros. En paralelo, se intensifican las negociaciones con los gobernadores para asegurar el respaldo parlamentario necesario y evitar que los vetos sean rechazados en Diputados, donde se requeriría una mayoría de dos tercios.

En ese marco, el oficialismo se muestra confiado en tener los votos necesarios para sostener la decisión. Esperan superar los 80 diputados en contra de revertir los vetos, número similar al de otras votaciones anteriores. A su vez, este miércoles se espera una sesión clave en la Cámara baja, donde también se debatirán temas sensibles como el financiamiento universitario, el Hospital Garrahan y el futuro del sistema científico nacional.

Fuente: Infobae

El presidente Javier Milei firmó los vetos a las leyes de aumento jubilatorio y emergencia en discapacidad, sancionadas por el Senado a principios de julio. Las decisiones se oficializaron en las últimas horas y se publicarán en el Boletín Oficial este lunes. 

En este sentido, el Ejecutivo busca dilatar el tratamiento parlamentario de estas iniciativas mientras negocia con gobernadores y bloques aliados para sostener su rechazo en la Cámara de Diputados.

Para afianzar su posición, el Gobierno mantiene conversaciones con mandatarios provinciales, ofreciendo acuerdos relacionados con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y estrategias electorales de cara a los comicios nacionales del 26 de octubre. En este contexto, se oficializó esta semana la incorporación de cinco diputados radicales al bloque de La Libertad Avanza: Luis Picat, Pablo Cervi, Federico Tournier, Francisco Monti y Mariano Campero. Además, la Casa Rosada busca el respaldo del PRO y de bloques federales aliados.

Las negociaciones con la oposición dialoguista son lideradas por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. En las últimas semanas, mantuvieron reuniones con gobernadores como Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza). También se acordaron frentes electorales con algunos de ellos para competir en las elecciones.

El Gobierno sostiene que no modificará la recaudación del impuesto a los combustibles, salvo el porcentaje destinado al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), y apuesta por acuerdos individuales con gobernadores para cancelar deudas y enviar fondos discrecionales. Por otro lado, la Casa Rosada argumenta que la sesión del Senado que aprobó las leyes fue inválida y planea judicializar las iniciativas si el Congreso rechaza los vetos. Esta estrategia es encabezada por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, junto al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.

“Vamos a ir hasta la última instancia y no lo vamos a promulgar si no nos dan la razón. Los fondos no se van a gastar”, afirmaron desde Balcarce 50, subrayando su intención de evitar la erogación presupuestaria antes de las elecciones de octubre.

Fuente: con información de TN

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció este lunes un aumento del 84,21% en las jubilaciones mínimas provinciales, que pasarán de $380.000 a $700.000 mensuales.

La mejora se aplicará a partir de agosto y será financiada con los fondos que el Gobierno nacional comenzó a transferir luego de un acuerdo alcanzado ante la Corte Suprema por una deuda previsional.

"Cumpliendo con la palabra que les di, esos recursos van a ir en parte a mejorar los ingresos de los jubilados que menos ganan y más necesitan", expresó el mandatario a través de sus redes sociales. Además, se implementará un bono bimestral de $100.000 para quienes cobren hasta $1.300.000, que se mantendrá mientras continúen los giros nacionales.

Según explicaron desde el Gobierno provincial, la actualización tiene como objetivo recomponer el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables frente al impacto de la inflación.

Los fondos para este aumento provienen del acuerdo judicial con el Estado nacional, que reconoce la deuda acumulada con la Caja de Jubilaciones provincial por los años 2020 y 2021. El convenio fue alcanzado en una audiencia ante la Corte Suprema en mayo y se prevé una nueva instancia de revisión en diciembre.

La mejora de haberes se enmarca en una estrategia del gobierno cordobés para fortalecer el sistema previsional, en un contexto de tensión entre las provincias y la Nación por la distribución de recursos. "Estamos cumpliendo con lo que prometimos y lo hacemos con responsabilidad", aseguró Llaryora.

Fuente: Infobae

Guillermo Francos, ratificó que el presidente Javier Milei vetará la ley de movilidad jubilatoria sancionada por el Congreso, y explicó que el sistema de reparto “no alcanza a cubrir los aumentos”. 

“Si no se hubiera perdido tanto dinero público en bolsillos indebidos, también habría más recursos para los jubilados”, apuntó Francos. En el mismo tono, rechazó las críticas de Cristina Kirchner sobre la baja de retenciones al agro: “Cristina no entiende nada. Lo que ellos le hicieron al campo fue un daño enorme”.

Además, sostuvo que la medida “beneficia también a pequeños productores” y que estimular al campo “es agrandar la economía”. Sobre las tensiones internas tras el cierre de listas en la provincia, aseguró que “todos van a trabajar para sostener el proyecto que lidera Milei”.

Por último, se mostró confiado en las legislativas de 2025: “Vamos a ganar en la provincia. Sentimos un fuerte respaldo, sobre todo porque estamos combatiendo uno de los mayores males que dejó el kirchnerismo: la inflación”.

Fuente: Dib

Luego de la aprobación de varios proyectos por parte del Senado, entre ellos el aumento del 7,2% para las jubilaciones mínimas, el consultor económico y corporativo Pablo Das Neves advirtió sobre el impacto que estas medidas pueden tener sobre el equilibrio fiscal que sostiene el plan económico del Gobierno nacional.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, analizó que “lo votado afecta directamente al principal ancla del gobierno, que es el tema fiscal”.

En ese sentido, Das Neves recordó que el plan de Javier Milei se apoyaba originalmente en dos pilares: lo fiscal y el tipo de cambio. Sin embargo, explicó que en los últimos meses el Ejecutivo mostró mayor flexibilidad en cuanto al tipo de cambio, dejando claro que el superávit fiscal es la prioridad inamovible.

“La confianza que el mercado puede tener hoy en las medidas del Gobierno nacional se basa en el superávit fiscal. Este Gobierno, por un lado, es positivo porque demuestra un tipo de gestión, pero también le ata un poco las manos porque queda preso de tener permanentemente ese superávit”, advirtió.

Según el economista, lo sucedido en el Senado responde a una disputa de poder más que a una discusión técnica. “Todos sabemos que la política no es un liceo de señoritas. La oposición hizo un ejercicio de mostrar fuerza desde lo legislativo”, señaló. Por ello, destacó que fue la primera vez que los gobernadores actuaron de forma articulada y lograron avanzar con proyectos que comprometen el equilibrio fiscal del Ejecutivo.

A su vez, el consultor explicó que el aumento a los jubilados -si bien puede parecer menor en términos individuales- tiene un efecto significativo en las cuentas públicas. “Hay 5 millones de jubilados con la mínima, que hoy cobran $379.000 y pasarían a recibir $440.000. Son aumentos de entre 80 y 90 mil pesos. Pero a nivel presupuestario, el impacto es fuerte”, indicó.

De acuerdo a estimaciones que compartió en el programa, el Gobierno proyectaba cerrar el año con un superávit primario cercano al 1,3% del PBI. Sin embargo, solo con el aumento a las jubilaciones, el costo podría rondar el 1,2% del producto. “Y entre los otros proyectos que se presentaron, se van sumando y están entre el 2 y el 2,2% del PBI”, advirtió.

Para Das Neves, esto genera una paradoja política: “Estamos hablando de proyectos que, a priori, nadie podría estar en contra. Para un político, decir que está en contra de aumentar las jubilaciones resulta incómodo”.

En la sesión autoconvocada de este jueves, la oposición logró aplicarle un revés al Gobierno, debido a que por unanimidad, el Senado convirtió en ley el aumento del 7,2% de las jubilaciones.

En la votación general, fueron 52 votos a favor y 4 abstenciones, sin negativos. De esta manera, los legisladores de Unión por la Patria (UxP) sancionaron la recomposición de los haberes jubilatorios, que es resistida por el Gobierno. Sin embargo, se espera que el presidente Javier Milei vete el aumento.

El proyecto impulsado por bloques opositores dispone una recomposición aproximada de 62 mil pesos, de acuerdo a lo detallado en su exposición por el senador Martín Lousteau. En tanto, el oficialismo se ausentó de la votación y adelantó que impugnarán la sesión por irregularidades en la convocatoria.

Con el oficialismo ausente, la oposición avanzó con el temario aprobando con mayoría simple las iniciativas que llegaron con media sanción de la Cámara de Diputados. Así, luego de aprobar un aumento en las jubilaciones, los senadores presentes también convirtieron en ley la restitución de la moratoria previsional.

De esta manera, si la norma se restituye, trabajadores que no hayan completado sus aportes podrán acceder igualmente a una jubilación a través de facilidades y planes de pago.

En paralelo, el Ejecutivo nacional afirmó que medidas de este tipo son las que hicieron quebrar al sistema previsional. Distintas voces del gobierno y el oficialismo adelantaron que impugnarán y hasta judicializarán las leyes aprobadas esta jornada por los senadores de la oposición.

Fuente: Infobae

El Gobierno de la Nación confirmó que vetará la ley de aumento de haberes jubilatorios aprobada por la Cámara de Diputados. La decisión, anunciada hoy por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, responde al compromiso del Ejecutivo de mantener el equilibrio fiscal, según lo expresado por el presidente en su cuenta de X y por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En diálogo con Radio Mitre, Francos calificó la aprobación de la ley como “una irresponsabilidad política muy grande”, argumentando que pone en riesgo el objetivo de déficit cero. 

El proyecto aprobado incluye un incremento de emergencia para los jubilados y la extensión de una moratoria previsional. Según el jefe de Gabinete, estas medidas reflejan una “sensibilidad” hacia los jubilados, pero son inviables para el Estado. “Entendemos la situación compleja de los jubilados, que lleva años, pero el Estado no puede hacerse cargo de medidas que comprometan el equilibrio fiscal”, afirmó.

Francos detalló las cifras del sistema previsional: de un total de 5.774.000 jubilaciones, 1.800.000 corresponden a personas que realizaron aportes completos, mientras que 3.900.000 ingresaron mediante planes de moratoria. Además, señaló que de los beneficios totales (jubilaciones y pensiones), 3.384.000 provienen de aportes regulares y 4.102.000 de moratorias. “Estas iniciativas, impulsadas en gestiones anteriores, representan un desafío financiero que el Gobierno no permitirá agravar”, aseguró.

El presidente Milei, por su parte, había anticipado su postura anoche, al conocerse el resultado de la votación en Diputados. En su cuenta de X, expresó: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO”.

En la misma línea, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reforzó el mensaje: “El presidente vetará todos los proyectos que impliquen quebrantar el equilibrio fiscal. El populismo ya no es parte del camino”.

Fuente: con información DIB

En una sesión atravesada por la tensión y con un resultado que sorprendió incluso a sus impulsores, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles tres iniciativas de fuerte impacto social: un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones, un bono de $110.000 para quienes perciben el haber mínimo y la restitución de la moratoria previsional por dos años. También dio media sanción a la ley de emergencia en discapacidad, que busca reforzar derechos y financiamiento para personas con discapacidad y los prestadores del sistema.

Los proyectos ahora deberán pasar por el Senado, pero desde el Poder Ejecutivo ya anticiparon que el presidente Javier Milei los vetará si se convierten en ley. Desde La Libertad Avanza estiman que el costo fiscal combinado de estas medidas alcanzaría el 1,8% del PBI, algo que consideran incompatible con el objetivo de déficit cero.

Pese a las advertencias del oficialismo, los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda y diputados de provincias como Tucumán y Salta, que responden a mandatarios aliados al Gobierno, lograron imponerse con una mayoría inesperada.

“Se trata de crear una prestación proporcional, donde contemple que las personas que aportaron entre 10 y 29 años puedan tener una proporción de ese esfuerzo”, argumentó la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning, impulsora de la propuesta alternativa al régimen de moratoria. La iniciativa, consensuada con Nicolás Massot y Alejandra Torres, propone una fórmula específica: parte de la Prestación Básica Universal más un adicional del 1,5% por cada año de aporte.

El dictamen de mayoría aprobado eleva el bono previsional de $70.000 a $110.000, suma congelada desde marzo de 2024 y con una pérdida del 40% de su poder adquisitivo. Con el aumento y el bono, el haber mínimo podría escalar a $436.727, siempre que también se apruebe en el Senado.

Además, el proyecto plantea fuentes de financiamiento para amortiguar el impacto fiscal: eliminar exenciones al IVA y Ganancias para ciertos sectores empresariales, redireccionar partidas asignadas por DNU a la ex SIDE (por $33.000 millones) y nacionalizar fondos de registros automotor.

Desde el oficialismo, sin embargo, el rechazo fue contundente. “El presidente ya adelantó que va a vetar estas sanciones. Es una decisión del Poder Ejecutivo y lo prioritario es mantener el equilibrio fiscal”, sostuvo el diputado libertario Lisandro Almirón. Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, advirtió que el costo fiscal total superaría los 12.000 millones de dólares.

La Cámara también aprobó con 143 votos afirmativos la ley de emergencia en discapacidad, que regirá hasta fines de 2027. El proyecto, impulsado por Daniel Arroyo, propone una serie de medidas administrativas y presupuestarias: incremento de pensiones no contributivas por invalidez (equivalentes al 70% del haber mínimo), actualización automática de aranceles para prestadores del sistema, condonación de deudas fiscales y fortalecimiento del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esta iniciativa también fue duramente criticada por el oficialismo, que la consideró “demagógica” y sin respaldo presupuestario claro.

Ante la inminencia del veto, algunos sectores del radicalismo propusieron establecer un plazo de 30 días para que el Ejecutivo aplique el bono con gradualidad, utilizando el superávit fiscal y los gastos tributarios. “No queremos que los jubilados vuelvan a quedarse sin respuesta, como ya pasó con el veto anterior”, sostuvo el radical Lisandro Nieri.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue categórico: el Gobierno utilizará “todas las herramientas constitucionales” para evitar que se comprometa la estabilidad fiscal. Desde la oposición, en cambio, anticiparon que insistirán si el veto se concreta. “El Congreso no puede estar cerrado y al servicio del oficialismo. Tenemos la obligación de representar a los sectores que están esperando respuestas”, sostuvo el diputado socialista Esteban Paulón.

El antecedente más cercano ocurrió en septiembre de 2024, cuando Milei vetó una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Entonces, 87 diputados respaldaron la decisión del Ejecutivo. Ahora, el escenario podría cambiar. Los próximos movimientos en el Senado y la eventual reacción del presidente marcarán el tono del nuevo capítulo entre el Congreso y la Casa Rosada.

Fuente: TN

Las jubilaciones en junio subirán un 2,8%, según informó ANSES y de acuerdo al IPC de abril publicado por el INDEC. También se confirmó el bono que perciben todos los meses los que cobran la mínima, pero sin movilidad: seguirá siendo de $70.000.

Se recordó además que en junio se pagará el medio aguinaldo (que será de $152.361,97), por lo que quienes cobran la mínima más el bono percibirán en total $527.085,90. En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un bono proporcional hasta alcanzar los 527.085,90 pesos.

Por otra parte se indicó que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $435.668,71 ($243.779,14 de haber con aumento + $70.000 de bono + $121.889,57 de medio aguinaldo) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de $389.960,13 ($213.306,75 de haber con aumento + $70.000 pesos de bono + $106.653,38 de medio aguinaldo).

En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $109.498; la AUH por Hijo con Discapacidad, a $356.545, y la Asignación Familiar por Hijo, a $54.752 para el primer rango de ingresos.

Se indicó además que todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual.

ANSES confirmó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento en mayo del 3,73%, por la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor de marzo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Además, se volverá a pagar el bono, aunque sin novedades: será de $70.000.

De esta manera, la suma total que percibirán los jubilados será de $366.481,74 (296.481,74 pesos de haber mínimo con aumento + 70.000 pesos de bono). En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un bono proporcional hasta alcanzar los 366.481,74 pesos.

Por otra parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor será de 307.185,39 pesos (237.185,39 pesos de haber con aumento + 70.000 pesos de bono) y las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez, de 277.537,22 pesos (207.537,22 pesos de haber con aumento + 70.000 pesos de bono). 

En tanto, la Asignación Universal por Hijo ascenderá a 106.536 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 346.901 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 53.271 pesos para el primer rango de ingresos.

La Cámara Federal de Mar del Plata declaró la “inconstitucionalidad e inaplicabilidad” del artículo 1º de la ley 27.609, aprobada en diciembre de 2020 y resolvió que la movilidad jubilatoria debe calcularse en base al Índice de Precios al Consumidor que publica el INDEC, lo que arroja un haber sustancialmente mayor.

En la sentencia (“Giménez Mirta Noemí c/ ANSES s/ reajustes varios) -que se suma a las de otros jueces y Cámaras reforzando la jurisprudencia favorable a los jubilados- los jueces Eduardo P. Jiménez y Alejandro O. Tazza sostienen que “transcurridos ya más de cuatro años desde la entrada en vigencia de la ley y frente al proceso inflacionario que azotó a la economía de nuestro país en estos últimos años, es que cabe examinar nuevamente el planteo ya sí, en esta instancia del proceso”.

Así, la sentencia señala que “en el año 2021, los jubilados obtuvieron un incremento total por aplicación de la ley N° 27.609 del 52,67% contra una inflación del 50,79%, es decir, se apreciaron sus haberes en términos reales en un 0,82 %. A su vez, en el año 2022, el incremento alcanzado por la citada normativa fue del 72,45% contra un aumento del IPC del 94,75%, lo que implica una pérdida del 11,6% contra la inflación. 

Asimismo, en el año 2023, los haberes previsionales subieron un 110,95% contra una inflación del 211,4%, lo que provoca una pérdida del 33,5%. Por último, en el periodo comprendido entre diciembre del 2023 y marzo de 2024, el aumento fue del 27,18% y la inflación del 51,62 %, es decir, una depreciación del 16,1%. La pérdida total del poder adquisitivo de los haberes acumulada en el período de vigencia de la Ley 27.609 es del 50,3%”.

Los jueces sostienen que el actual Gobierno reconoció que la fórmula establecida en la ley 27.609 había “arrojado resultados desastrosos para los jubilados y pensionados del país, quienes han sufrido una notoria pérdida del poder adquisitivo”. Pero, agregan, “tal reconocimiento sólo ha considerado períodos futuros, sin que se elabore una fórmula compensando los resultados desastrosos obtenidos hasta entonces”.

Con relación a los bonos otorgados de refuerzo, la sentencia señala que los distintos decretos sancionados por el Poder Ejecutivo Nacional reconocieron la insuficiencia de la fórmula de movilidad y con ello eleva en definitiva los montos del haber mínimo, claro está que lo hace de manera solapada a través de los llamados “bonos” o “subsidios extraordinarios”, y sólo a un grupo de jubilados y pensionados, aclara la sentencia.

Luego de señalar “la notable pérdida del poder adquisitivo que ha sufrido el haber de la actora, el que no ha sido subsanado por ninguna clase de ‘subsidio extraordinario’ ello en razón del monto de la prestación que percibe, el cual supera los haberes que han sido considerados ‘bajos’ por parte del Poder Ejecutivo Nacional”, la sentencia declara la inconstitucionalidad del art. 1º de la ley 27.609 y en consecuencia disponer la inaplicabilidad de la fórmula allí establecida al caso de autos.

“En su lugar deberá estarse al Índice de Precios al Consumidor que publica el INDEC, no obstante la solución aquí dispuesta solo se aplicará si el cálculo supone una mejora en la prestación que percibió la Sra. Giménez, debiendo estar a las disposiciones de la ley 27.609 en aquel período que eventualmente ésta resulte más favorable al haber de la actora”.

El abogado Adrián Tróccolil destaca que el fallo “considera que los decretos de Alberto Fernández que otorgaron refuerzos extraordinarios afectaron el derecho al igual tratamiento ante la Ley (no fueron generales sino a los de haberes mínimos)”. Y cuestiona que “si bien el actual Gobierno (decreto 274/2024) reconoció los resultados desastrosos de la ley 27.609 no implementó ninguna reparación” ante la enorme pérdida de las jubilaciones y pensiones.

Fuente: Clarín 

Los gremios y la federación estudiantil de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) dieron a conocer cómo será la movilización que se llevará a cabo mañana en la ciudad, en defensa de la educación pública y el sistema previsional argentino, y en reclamo de salarios dignos.

En este sentido, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM), la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU) y la Federación Universitaria Marplatense (FUM) concentrarán desde las 16 frente al Rectorado, en Diagonal Alberdi y San Luis.

Desde allí, se movilizarán hasta Salta y avenida Luro, donde la columna universitaria confluirá con las centrales obreras para iniciar la marcha por el microcentro, encabezada por la multisectorial de jubilados.

“La Universidad enfrenta, como tantos otros sectores, un intento sistemático y cruel de vaciamiento y descomposición. Desde que asumió este Gobierno, no hay paritarias, la pérdida del poder adquisitivo es muy profunda, las jubilaciones son variable de ajuste, las becas estudiantiles están congeladas y los desfinanciamientos de la Universidad, el sistema científico y tecnológico, y las obras sociales son una constante.", indicaron en un comunicado los dirigentes docentes, no docentes y estudiantiles.

Y sentenciaron que “frente a esta crítica situación resulta imperioso y urgente movilizarnos y unirnos en defensa del derecho a la educación”.

A pocas horas del vencimiento de la moratoria previsional que da la posibilidad de jubilarse a los adultos mayores que no completaron los años de aportes, crece la preocupación entre los trabajadores ya que la mayoría de las nuevas jubilaciones se otorgaron por esta herramienta.

La fecha clave es el domingo 23 de marzo, cuando venza la moratoria que le permite acceder a la jubilación a las personas que ya alcanzaron la edad, pero no cumplen con el tiempo de aportes requerido. El texto de la ley, sancionada durante el Gobierno de Alberto Fernández, establecía una vigencia de dos años prorrogables por igual período, pero la gestión de Javier Milei no hará uso de esa potestad.

De los 7.278.830 beneficios de jubilaciones y pensiones otorgadas hasta 2024 por ANSES (esto no es lo mismo que el número total de jubilados, dado que una misma persona puede poseer más de un beneficio), el 59% se deben a la implementación de las moratorias. En tanto, de las 5.630.923 jubilaciones actuales, el 65,5% se explican por vía de moratoria.

Del total de beneficios que ingresaron a través de una moratoria, el 90% cobra la mínima (con bono incluido) o menos. En tanto, entre quienes ingresaron sin moratorias sólo el 36,7% cobra menos que la mínima.

Sin este régimen de compra de aportes, algunos estudios estiman que más de 240.000 personas no van a poder acceder a una jubilación. Por el contrario, tendrán que seguir trabajando bajo relación de dependencia o deberán acceder a una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), si es que cumplen con los requisitos.

La PUAM, que equivale al 80% de una jubilación mínima, fue incluida en la Ley de Reparación Histórica para jubilados y pensionados, aprobada durante el Gobierno de Mauricio Macri. Se trata de una cobertura previsional para personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión.

De esta manera, el fin de la moratoria implica una “reforma previsional de hecho” porque sube la edad jubilatoria para las mujeres. Mientras que a una jubilación se accede a partir de los 60 años, el beneficio de la PUAM se permite recién a partir de los 65 años, indistintamente de si son hombres o mujeres. También imposibilita el derecho a trabajar en relación de dependencia, que sí ofrece una jubilación. 

El Gobierno confirmó oficialmente que no analiza aumentos para las jubilaciones, a pesar de las sostenidas marchas realizadas los últimos miércoles. Tampoco se prevé una suba en el bono para los que cobran el haber mínimo, que en este momento es de $ 70.000, y los montos aumentarán solo un 2,4% en abril, según lo indica la movilidad jubilatoria.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la situación durante la conferencia de prensa que brindó este jueves. “No hay nada evaluado sobre un aumento. Eso debería fondearse con más trabajo y mejores salarios”, explicó.

El viernes pasado el Indec ubicó en 2,4% la inflación de febrero, por lo que ese mismo porcentaje se aplicará como suba en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

A partir de la actualización de la prestación, la jubilación mínima pasará a ser de $ 285.792,67, mientras que la jubilación máxima ahora será de $ 1.923.114,11.

Por el otro lado, para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) el haber pasaría de $ 223.297,37 a $ 228.209,91. Mientras que la Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad y por vejez ascendería a $ 199.879,06. Por su parte el PNC para madres de 7 hijos se actualizará de $ 279.121,71 a $ 285.262,39.

Fuente: DIB

“Hay una deuda pendiente con nuestros jubilados contributivos que han aportado 30 o 35 años y que merecen un reconocimiento a ese esfuerzo”, había manifestado a mediados de noviembre el titular de Anses, Mariano de los Heros, en declaraciones radiales. De esta manera, anticipaba una de las ideas que tiene el equipo económico de cara al proyecto de reforma previsional que están pergeñando y que enviarán al Congreso en algún momento del año.

En ese momento, el funcionario reconoció que estaba en estudio la posibilidad de que esos jubilados cumplidores y que no recurrieron a ninguna moratoria tengan algún beneficio, pero no anticipó cuál sería.

Finalmente, fuentes oficiales confirmaron que lo que se evalúa es otorgarles un premio atado al crecimiento del país, una especie de cupón PBI, aunque no se tratará estrictamente de un cupón porque no se trata de un bono. Es decir que los jubilados cobrarían su habitual haber y en función del PBI, cobrarían un adicional de acuerdo a una fórmula polinómica que todavía no está clara cómo se conformaría. En cuanto a la moratoria previsional, vence este marzo y el Gobierno no prevé prorrogarla.

“Estamos en la etapa de debate, pero creo que el 2025 va a ser el año en que vamos a sentarnos a pasar al papel las discusiones”, dijo una fuente del equipo económico. Y otro funcionario agregó que si en las elecciones legislativas le va bien al Gobierno, “seguramente el proyecto de reforma sea enviado al Congreso en la segunda mitad del año”.

En cuanto al beneficio para los jubilados aportantes, en el Gobierno afirmaron que se les daría una participación a ese universo de hombres y mujeres sobre el crecimiento del país. “La idea es darle a ese universo un virtual cupón PBI que vaya haciéndolos participar del crecimiento de la economía más allá del mantenimiento del poder adquisitivo. Ese diferencial se justifica por haber aportado durante 30 años”, sostuvo una de las fuentes consultadas.

“Queremos avanzar con dos cosas: por un lado, el premio al aportante; y por otra, en la medida en que nos lo permitan las cuentas fiscales, ir bajando las cargas sociales, las contribuciones patronales, para fomentar el crecimiento del empleo”, dijo otra fuente del equipo económico. Ello se hará en la medida en que otros impuestos puedan financiar el sistema.

De los 9 millones de jubilados y pensionados que hay en la Argentina, un tercio recibiría este premio que analizan en el Gobierno. Son 3,2 millones de jubilados los que aportaron durante toda su vida y no se jubilaron vía moratorias.

La fórmula de movilidad se mantendrá y las jubilaciones seguirán ajustándose automáticamente en base a la inflación para evitar que pierdan poder adquisitivo. Este año el Gobierno mantendrá el bono de $70.000 fijo, sin actualización, por lo que sumando este extra, el ingreso se licuará para los que cobran la mínima.

Otra de las ideas fuertes que se analizan en el marco de lo que será la reforma previsional es la de simplificar el sistema actual. Existen unos 200 regímenes jubilatorios especiales y el objetivo del Gobierno “es que haya un único sistema para todos los trabajadores”, agregó una fuente oficial. Algunos de los sectores que fueron consiguiendo condiciones de jubilación especiales son:

“Cada uno iba pidiendo sus regímenes y la idea es tratar de tener la menor cantidad posible. Pero hay que generar un convencimiento de que es el camino correcto. Entre los técnicos de todas las vertientes políticas hay unanimidad de criterio, pero hay diferencias de matices”, explicaron desde el Gobierno.

Otro de los cambios que buscará impulsar el Gobierno en la reforma es la edad jubilatoria. Inicialmente, que las mujeres se jubilen a los 65 años, al igual que los hombres. Y posiblemente, de forma gradual, que esa edad se extienda algunos años más, aunque sin llegar a los 70.

"Hoy en día no se justifica actuarialmente la diferencia en la edad jubilatoria entre el hombre y la mujer. Para empezar a conversar, 65 para ambos sería un buen punto de partida", dijeron las fuentes, al afirmar que “ya actuarialmente, las propias normas prevén la actualización de la edad jubilatoria en base a tablas de expectativas de vida”.

Fuente: Infobae

El gobierno de Axel Kicillof promulgó hoy los cambios en las jubilaciones de los empleados de la banca pública bonaerense, conocida como reforma del Bapro, que modifica la Ley N°15.008 sancionada en 2017 durante la gestión de María Eugenia Vidal, y restituye el cálculo de los haberes previsionales en el 82% móvil.

A través del decreto Nº3683/2024 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno promulgó la reforma sancionada por la Legislatura a fines de diciembre y que deroga la norma de 2017, lo que significa una nueva modificación en la edad jubilatoria y la restitución del cálculo de los haberes.

En concreto, devuelve la edad jubilatoria de las mujeres de 65 años, a la que la había llevado la reforma de Vidal, a los 60 años y crea una escala gradual para aplicar la edad mínima desde ahora.

También, plantea que las jubilaciones debían volver a calcularse al 82% del promedio actualizado de las remuneraciones percibidas durante los 120 meses anteriores al cese, cuando en la ley de Vidal se ordenaba hacerlo al 70%.

En tanto, con la sanción el aporte de los activos pasaría del 14 al 16%, el de los ingresantes aumentaría al 19% y las contribuciones obligatorias de la entidad financiera treparían al 21%, todo para solventar el incremento al 82% en una caja que actualmente ya genera un déficit del orden de los $100.000 millones.

El 14 de marzo de 2023, la Suprema Corte provincial había suspendido la ley de Vidal para evitar perjuicios “de difícil reparación ulterior” y remarcó que debía confeccionarse una nueva ley. Se realizaron encuentros para debatirla. El máximo tribunal provincial falló a favor de jubilados del banco que pidieron la inconstitucionalidad de la norma de Vidal, con reproches sobre la forma en que calculaba la movilidad del haber y el monto inicial.

Un artículo atacado por la Corte era el 41, que establecía que “los haberes de las prestaciones indicadas serán móviles y se actualizarán conforme la variación del índice de movilidad establecido en la Ley Nacional 26417”.

Fuente: DIB

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó que el bono de $70.000 para las jubilaciones mínimas se cobrará a partir del 9 de diciembre.

En tanto, quienes no superen el haber mínimo cobrarán en la semana del lunes 9 al lunes 16 según el último número del DNI, mientras que aquellos que superen el haber mínimo, lo percibirán desde el martes 17 al lunes 23 de diciembre.

La entidad, dependiente del Ministerio de Capital Humano, confirmó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento en diciembre del 2,69%, por la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Fechas de cobro de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

Fechas de cobro de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 381.518,51 pesos (207.679,01 pesos de haber con aumento, más 70 mil pesos de bono y 103.839,50 pesos de medio aguinaldo).

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez serán de 342.578,70 pesos (181.719,13 pesos de haber con aumento, más 70 mil pesos de bono).

La Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 93.281 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 303.743 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 46.642 pesos para el primer rango de ingresos. 

El Gobierno estableció hoy que los haberes mínimos y máximos para las jubilaciones de ANSES de diciembre tengan un aumento del 2,69% y así, se fijó el último aumento del año para los jubilados que también afecta a pensionados y otras prestaciones sociales.

De esta manera, en la Resolución 1122/2024 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que lleva la firma de Mariano de los Heros, se estableció que el haber mínimo garantizado vigente a partir de diciembre será de $259.598,76. En tanto, los haberes máximos llegarán a $1.746.853,91.

La oficialización de la jubilación mínima en $259.598,76 no incluye el bono de 70.000 pesos que el Gobierno otorga para compensar la pérdida en el poder adquisitivo de las prestaciones. Tal como ocurrió durante todo el año, este extra se seguirá cobrando para quienes perciben el haber mínimo y otras prestaciones como la PUAM y las PNC. Sumando este extra, el monto final que recibirán los jubilados de la mínima alcanzará los $329.598,76.

En línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, a partir del último mes del año las bases imponibles se fijan en un mínimo de $87.432,81 y un máximo de $2.841.525,42, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

En cuanto a las prestaciones previsionales, la Prestación Básica Universal (PBU) será de $118.754,58, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se establece en $207.679,01, a lo que se sumarán los $70.000 de refuerzo, totalizando $277.681,01. Para quienes reciben pensiones no contributivas, el haber será de $181.718,09, también con el refuerzo incluido, resultando en un total de $251.718,09.

La medida responde a la normativa vigente que establece ajustes en función de la inflación y busca garantizar ingresos mínimos y el poder adquisitivo de los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Estas actualizaciones incluyen además la habilitación para que la Dirección General de Normas y Procesos de ANSES implemente las disposiciones necesarias.

El director ejecutivo de la Anses, Mariano de los Heros, ratificó en la Cámara de Diputados la eliminación de la moratoria previsional en 2025. Se trata de la ley 27.705 sancionada en febrero de 2023, durante el mandato de Alberto Fernández y con vigencia hasta marzo próximo.

Además, anticipó que el Presupuesto 2025 contempla la continuidad del bono de $70.000 que cobran los jubilados para el año que viene pero congelado, es decir, sin ajuste por inflación.

El congelamiento de ese bono significa un fuerte deterioro en términos del poder adquisitivo de los haberes previsionales para el segmento de la población pasiva que lo percibe, que además es la de menores ingresos, en el marco de un esquema aún inflacionario.

En una exposición ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, De los Heros aseguró que el Poder Ejecutivo no tiene previsto extender ese programa, que permite acceder a la jubilación a aquellos que no tienen los 30 años de aportes.

Ante una consulta al respecto de la diputada de Unión por la Patria, Julia Strada, el funcionario respondió que “la moratoria finaliza el 23 de marzo del año próximo y no está prevista en el Presupuesto, ya que no está contemplado ni ese gasto ni ingreso, con lo cual estimamos que no es voluntad del Gobierno su prórroga”.

Agregó que la “la situación de la población vulnerable que no puede jubilarse queda cubierta por la PUAM”, es decir, la Pensión Universal para Adultos Mayores que no tienen jubilación.

En su momento, al tratarse la Ley de Bases y a pedido de algunos bloques dialoguistas se eliminó el artículo que derogaba la moratoria previsional y se establecía una renta proporcional de acuerdo con la cantidad de aportes que habían acumulado en su vida laboral.

En tanto, la ley de moratoria sancionada el 28 de febrero de 2023 permite cobrar aportes a hombres y mujeres que no alcanzaron los 30 años de trabajo registrado, que es el mínimo que se requiere para acceder al beneficio previsional.

La vigencia de la iniciativa concluye el 23 de marzo y se había previsto que pudieran jubilarse alrededor de 800.00 ciudadanos, que ya tengan la edad para acceder al beneficio, que le falten diez años para jubilarse y que tengan una cantidad de aportes verificables hasta el año 2008.

Así, se ofrece un plan de pagos para comenzar a cancelar sus deudas previsionales para llegar a la edad de retiro sin pasivos por atender. Se estima que 552.000 mujeres y 327.000 varones estaban en estado de acceder a ese plan cuando se sancionó la norma.

Este plan permite a las mujeres con 60 o más años, y 65 años en el caso de los hombres, acceder a la regularización en 120 cuotas para completar los aportes necesarios para llegar a ese mínimo de 30.

También establece que los trabajadores de 50 años que tengan menos de 20 años de aportes realicen pagos extra para llegar a la edad jubilatoria sin deudas previsionales.

Fuente: DIB