La Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuración General de la Nación (UNISA) realizó una reunión de trabajo con unos 250 integrantes de fuerzas de seguridad en Mar del Plata, cabecera del próximo distrito donde en algo más de dos meses entrará en vigencia el Código Procesal Penal Federal (CPPF).

Por la UNISA participó el funcionario Gustavo Plat y la actividad se desarrolló en el Centro de Arte Mar del Plata. La capacitación estuvo dirigida a las fuerzas de seguridad federales y provinciales con asiento en la ciudad y sus alrededores, y referida a su desempeño en el marco del proceso acusatorio federal y a su relación con el Ministerio Público Fiscal.

Con antelación, y también durante la actividad, se promovió la distribución entre los participantes de las versiones digitales de los formularios de consulta inicial, y de las actas aprobadas en la Resolución PGN 40/2019 (en formato Word y PDF), junto a otros materiales de interés.

La actividad se enmarca en los objetivos generales de la UNISA y en el programa de capacitación para la implementación del sistema acusatorio federal aprobado por Resolución PGN 14/2024 que, en el Distrito Mar del Plata, tendrá lugar a partir del 7 de abril, conforme lo dispuesto en el artículo 1 de la Resolución N°377/2024 del Ministerio de Justicia de la Nación.

Del evento participaron 250 integrantes de fuerzas de seguridad federales y de la policía bonaerense. Además, estuvieron presentes el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones, Daniel Adler; la titular de la Fiscalía Federal N°1, Laura Mazzaferri; el fiscal subrogante a cargo de la Fiscalía Federal N°2, Santiago Eyherabide; el titular de la Fiscalía Federal de Dolores, Juan Pablo Curi; y la fiscal subrogante interinamente a cargo de la Fiscalía Federal de Azul, María José Buglione.

Entre los funcionarios del MPF del distrito también estuvieron la secretaria Ana Vázquez Vismara y el secretario Felipe Erdociain y los auxiliares fiscales Carlos Adrián Martínez, Hércules Giffi y Diana María Arias.

El director de Fiscalización de Operaciones y Despliegue del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gustavo Jara, tuvo a su cargo la organización de la actividad y participó de la presentación. También estuvo presente la diputada provincial Sofia Pomponio.

Fuente: Fiscales.gob.ar

Los bancos denunciaron a Mercado Libre por abuso de posición dominante ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Fue a través de la billetera virtual Modo, que representa a las principales entidades.

“Las conductas abusivas de Mercado Libre, detalladas en la denuncia, generan efectos negativos para el mercado maximizando desproporcionadamente sus ganancias a costa de contraer la oferta de valor para los usuarios por la falta de competencia”, explicó Santiago Eraso Lomáquiz, director de legales de Modo.

Asimismo, apuntó: “Decidimos dar un paso adelante no solo porque nos vemos afectados como competidores, sino porque entendemos que no corresponde avalar por omisión aquellas conductas que infringen la ley y limitan la libertad de elección de los usuarios”.

En este contexto, Modo solicitó a la CNDC que dicte una medida cautelar para avanzar en la interoperabilidad de los códigos QR para tarjetas de crédito y la apertura de la billetera de Mercado Pago, a fin de habilitar a sus usuarios a “iniciar pagos con tarjeta de crédito” en otros medios de pago o QR de sus competidores.

De acuerdo al escrito, Modo denunció el comportamiento anticompetitivo de Mercado Libre, encuadrados en las figuras de “abuso de posición dominante de tipo exclusorio”.

Uno de los puntos más fuertes de la presentación tiene que ver con la falta de la interoperabilidad del código QR en los pagos con tarjetas de crédito y la obligatoriedad de abrir cuentas en Mercado Pago para operar con Mercado Libre.

A su vez, la denuncia plantea que el marketplace de Mercado Libre, por donde ocurre el 80% del comercio electrónico del país según sus estimaciones, “impide el uso de billeteras digitales competidoras de Mercado Pago” y niega el acceso a “aquellas que solicitan ser iniciadoras de pagos en la plataforma”.

“Modo confía en que se abra una investigación por una o varias prácticas anticompetitivas. Esto requerirá un análisis profundo del ecosistema de pagos y las billeteras digitales, el cual se ha complejizado mucho en los últimos años”, cerró el escrito.

Fuente: TN

Esta semana se hizo viral la historia de Erika de Souza Vieira Nunes y su tío Paulo. La mujer fue con el cadáver del hombre en una silla de ruedas a un banco para pedir un préstamo de 3200 dólares y el video dio la vuelta al mundo.

A pocos días de conocerse la noticia, salió a la venta un Funko Pop con las figuras de Paulo Roberto Braga y su sobrina con un papel y lapicera en las manos. Tras viralizarse las imágenes del impactante momento, la policía detuvo a la mujer por tentativa de robo con estafa y profanación de cadáver.

“Tío, ¿estás escuchando? Necesitas firmar. Si no lo firmas, no hay manera”, le había dicho la mujer al cadáver del hombre de 68 años. En ese momento, la cabeza se le fue para atrás y tenía la boca abierta. Ella lo tomó por la nuca y le sujetó las manos, haciendo la mímica como si pudiera escribir.

“Firma para no darme más dolores de cabeza, no puedo más”, insistió e incluso acercó el brazo del anciano hasta la mesa para firmar el documento. “No puedo firmar por ti, qué puedo hacer, lo haré”, dijo e intentó hacerlo.

“Si no estás bien, te voy a llevar al hospital”, agregó, ante la sospecha de los empleados del banco, que grabaron la escena con sus celulares y alertaron a las autoridades.

El comisario Fábio Luiz afirmó que Paulo ya estaba sin vida cuando Erika lo llevó a la agencia. “La gente del banco pensó que estaba enfermo y que no se sentía bien y llamaron al SAME. Cuando el médico del SAME llegó al lugar, constató que estaba muerto. Y al parecer, hace unas horas. O sea, llegó muerto al banco”, destacó.

De Souza Vieira Nunes aseguró que era la sobrina y cuidadora del hombre y su abogada sostuvo que el hombre llegó con vida al banco.

“Los hechos no sucedieron como fueron narrados. El señor Paulo llegó vivo a la sucursal bancaria. Hay testigos que también serán escuchados en el momento oportuno. Empezó a sentirse mal y luego le hicieron todos estos procedimientos. Todo esto se aclarará y creemos en la inocencia de la señora Erika”, declaró la abogada Ana Carla de Souza Correa.

El cuerpo del anciano será sometido a una autopsia en el Instituto Médico Legal (IML), a fin de determinar las circunstancias de su muerte.

Fuente: TN

Galpones con ropa podrida, del piso hasta el techo. Cajas de zapatillas por doquier, discos compactos y bolsas de mercadería con todo tipo de elementos. La humedad y el encierro generan un vaho espeso. Llevan años acumuladas, apiladas, en desuso y echándose a perder. Al aire libre, también hay una obscena cantidad de automotores que cumplen el mismo destino: convertirse en chatarra. Se trata de más de 20.000 vehículos incautados por la justicia federal y la Aduana, con la orden que sean las Fuerzas Federales las responsables de custodiarla. No se puede disponer de esos bienes, sólo hay que resguardarlos.

Todo este sistema de protección para bienes allanados en diversas causas judiciales demanda una erogación anual de más de $ 1.000 millones en bienes cuyo valor se deprecia día a día. Pero hay más en este insólito sistema. Para resguardar los bienes se destinan más de 6.000 efectivos -en todo el país- y se gastan más de $ 18 millones sólo en el alquiler de lugares para protegerlos de la intemperie.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich no oculta su enojo. Las fuerzas federales que dependen de ella ya no quieren que la Justicia federal les asigne la custodia de bienes incautados en causas de corrupción, lavado de dinero, contrabando y narcotráfico, entre otras. No pueden hacer uso de ellos, demanda gastos, utilización de personal que podría estar “afectado a la seguridad de la ciudadanía y se dedican a proteger chatarra”, remarca.

La discusión prevalece en torno a la necesidad de contar con una Ley de Extinción de dominio. Recientemente el presidente Mauricio Macri firmó un Decreto autorizando al remate de bienes que se encuentren decomisados. Pero el Ministerio no dispone de los bienes, le son otorgados bajo la figura de “guarda judicial” con la prohibición de cambiar su naturaleza y en la mayoría de los casos, es sólo depositario, es decir, no debe hacer más que cuidar esos bienes incautados.

Así, se destinan fondos y recursos de los más variados para el cumplimiento de la orden judicial. “No podemos desobedecerla, sería un desacato ante una decisión de un Juez, pero no nos sirven de nada los bienes, lo mejor sería rematarlos y contar con ese dinero y dirigirlo a organismos de las Fuerzas”, dijo Bullrich a Clarín.

El Ministerio realizó una auditoría que reflejó números alarmantes. En todo el país hay 537 espacios afectados para el resguardo de dichos bienes. El valor de los rodados, ropa, maquinaria pesada, embarcaciones, y otros objetos secuestrados por la justicia tienen un valor de $ 938.660.082.

Esta cifra de dinero equivale según los cálculos del Ministerio a 470 patrulleros “que podrían adquirir las Fuerzas Federales para asistir a los ciudadanos que necesitan”. Y es inferior al gasto total anual que destinan para protegerla.

Los bienes que por orden de la justicia federal y de la Aduana deben ser custodiados por las Fuerzas, se componen de vehículos automotores que en su gran mayoría por el tiempo transcurrido, ya se encuentran en desuso, pero también la mercadería va desde textil, calzado, objetos de electrónica y discos compactos.

Entre 2016 y 2019 se colocaron en guarda judicial 20.000 automotores. Entre autos y camionetas hay 6.990 y sin poder utilizarse 5.424. Algo similar ocurre con las embarcaciones, son 56 de las cuales 38 están inutilizables.

Respecto a la maquinaria agrícola, incautadas hay un total de 701 y sólo 204 están en condiciones de ser utilizadas. Incluso, se buscó compactar vehículos incautados hace más de tres décadas, pero al no contar con la autorización judicial “no pudimos hacerlo y eso no sólo ocupa espacio, sino que es un riesgo de contaminación”, explicaron desde el Ministerio.

La auditoría realizada arrojó que 1.534 efectivos de las fuerzas son afectados diariamente en todo el país, para custodiar estos bienes que extraoficialmente, los denominan como “chatarra” que día a día van perdiendo su valor.

La afectación del personal a la custodia de los bienes, es aún mayor, se trata de 6.136 efectivos por mes debido a la rotación y a los turnos que deben cumplir. “Esta cantidad de efectivos podrían ser destinados a diferentes operativos del país, custodiar las fronteras, aeropuertos y los recursos marítimos”, sostiene el mismo documento oficial.

Hay una cifra aún superior: custodiar todos estos bienes le cuesta al Estado por año $ 1.056 millones, que indicó la ministra Patricia Bullrich, no se puede destinar a la compra de equipamiento para las Fuerzas “de todo el país, desde chalecos antibalas, uniformes, calzado, patrulleros, entre otros”.

El gasto que demanda el resguardo de los bienes sobre los cuales la Justicia aún no ha tomado decisiones que superen la incautación, ocupa una superficie de 5.000 metros cuadrados que exige una erogación de unos $ 18 millones en alquileres.

La superficie ocupada en galpones y diferentes espacios esto equivale a 4.500 contenedores llenos de mercadería. "Si se colocan uno al lado del otro ocuparían 34 kilómetros, lo que correspondería a la distancia que hay desde el Obelisco hasta la localidad de Tigre”, indica el informe.

Fuente: Clarín