Siete personas fueron imputadas por integrar una “organización criminal” dedicada al narcotráfico, robos violentos y tráfico de armas, tras una investigación del Ministerio Público Fiscal que incluyó 23 allanamientos realizados el 14 de abril en Mar del Plata, donde se secuestraron drogas, siete armas de fuego y cinco vehículos, y se dispuso la prisión preventiva de los acusados.

La causa es llevada adelante por la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, a cargo del fiscal federal Santiago Eyherabide, quien formalizó la imputación contra los siete detenidos -dos mujeres y cinco varones- por conformar una asociación ilícita en su modalidad de “organización criminal”.

Según la investigación, la banda no solo comercializaba estupefacientes, sino que también cometía robos violentos, usurpaciones, circulación ilegal de armas y otros hechos delictivos. A sus integrantes se les atribuyen delitos vinculados con la tenencia ilegal de armas de fuego y el comercio de drogas con fines de comercialización.

De acuerdo con la imputación, la organización era dirigida por al menos dos personas privadas de la libertad que operaban desde unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense en Batán: el hombre desde la Unidad Penal N°44 y la mujer desde la Unidad Penal N°50, mientras el resto cumplía distintos roles dentro de la estructura.

El fiscal Eyherabide explicó que durante la pesquisa se detectó “un despliegue criminal de diversos tipos penales, como robo, comercio de armas, numerosos actos de violencia y comercio de drogas, donde el eje centralizador era el territorio”.

Por estos hechos, los acusados también fueron imputados por asociación ilícita agravada en los términos del artículo 210 ter del Código Penal, incorporado por la Ley N° 27.786, conocida como Ley Antimafia, que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.

La audiencia de formalización se realizó el 17 de abril ante el juez federal de Garantías Santiago Inchausti, quien convalidó las detenciones y los secuestros realizados durante los procedimientos.

Además, los imputados fueron acusados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en infracción a la Ley 23.737. Cuatro de ellos enfrentan también cargos por tenencia ilegal de armas de guerra.

El magistrado fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación y ordenó la prisión preventiva de los acusados por ese mismo período, con excepción de una mujer y una persona menor de edad, para quienes dispuso la medida por 30 días.

A pedido del Ministerio Público Fiscal, también se estableció la prohibición del uso de teléfonos celulares u otros dispositivos de comunicación no autorizados dentro de las unidades penitenciarias, ya que habrían sido utilizados para coordinar las maniobras delictivas. En ese marco, al principal acusado se le secuestraron siete teléfonos en su celda.

La investigación se inició a fines de septiembre de 2025 a partir de información aportada por la División de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Según la fiscalía, la organización funcionaba como una estructura cerrada y escalonada, integrada principalmente por dos clanes familiares y allegados.

Las intervenciones telefónicas permitieron establecer vínculos entre sus miembros y detectar maniobras para evadir controles policiales, así como delitos contra la propiedad, compraventa ilegal de armas y movimientos financieros destinados a sostener el circuito de comercialización de drogas.

Los allanamientos, coordinados por el auxiliar fiscal Hércules Giffi, permitieron secuestrar cocaína y marihuana, cuatro motocicletas, un automóvil, armas largas semiautomáticas con cargadores de alta capacidad, vehículos con pedido de secuestro activo, autopartes y armas con numeración limada.

Fuente: con información de Fiscales.gob.ar

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento de 42 personas acusadas de lavado de activos provenientes del narcotráfico y ordenó que la causa sea elevada a juicio oral ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, al hacer lugar al planteo del fiscal general subrogante Carlos Fioriti.

La resolución dejó sin efecto lo dispuesto en mayo de 2025 por el ex magistrado Martín Poderti, quien había considerado prescripta la acción penal al interpretar las maniobras como hechos independientes y aplicar una figura atenuada del delito.

El fallo de Casación, firmado por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, sostuvo en cambio que los hechos deben analizarse de manera integral, en tanto los imputados habrían actuado como parte de una organización criminal dedicada a operaciones continuadas de lavado.

La investigación tiene su origen en causas por narcotráfico en las que fueron condenados Juan Manuel Mariscal, a 7 años de prisión por transportar 165 kilos de cocaína, y Hugo “Coco” Esteban, quien recibió una pena de 13 años por intentar trasladar casi 3 toneladas de marihuana desde Misiones a Mar del Plata.

A partir de esos expedientes, se abrió una investigación paralela sobre el financiamiento de las operaciones. Un allanamiento permitió detectar un galpón con unos 30 vehículos -varios sin documentación- y vínculos entre los poseedores de esos bienes y los condenados por narcotráfico, lo que derivó en la hipótesis de lavado de activos.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, los imputados habrían conformado una estructura integrada por familiares y allegados que, entre 2011 y 2019, adquirió bienes con dinero de origen ilícito para luego introducirlos en el mercado mediante operaciones de compraventa, muchas veces utilizando documentación falsa o domicilios inexistentes.

El planteo fiscal sostiene que las maniobras deben ser consideradas en conjunto, ya que la reiteración de operaciones permitiría superar el umbral de 150 salarios mínimos previsto en el artículo 303 del Código Penal para configurar el delito de lavado con pena de prisión.

En esa línea, Fioriti afirmó que “las maniobras descriptas como lavado de activos no pueden ser valoradas de manera autónoma”, mientras que el fiscal general Raúl Omar Pleé advirtió que el fraccionamiento de los hechos llevó a una “irrazonable conclusión” sobre el monto total de las operaciones.

Además, la fiscalía argumentó que el lavado de activos constituye un delito permanente, cuya consumación se extiende en el tiempo hasta el cese de la actividad ilícita, por lo que la acción penal no se encontraría prescripta.

Al analizar el caso, Carbajo señaló que existió “un plan delictivo global, continuado y organizado”, y cuestionó que el fallo anterior se apartara de la base fáctica y de la letra de la ley. En tanto, Hornos destacó que el lavado es un delito que afecta no solo a individuos sino al orden socioeconómico y la confianza pública.

Finalmente, el tribunal concluyó que la resolución apelada no constituía un acto jurisdiccional válido, por lo que dispuso remitir el expediente para la realización del juicio oral, instancia en la que se debatirán las pruebas y la responsabilidad de los imputados.

Fuente: con información de Fiscales.gob.ar

Un hombre fue procesado en Mar del Plata por el juez de Garantías Santiago Inchausti, acusado de trata de personas y narcotráfico, al considerar que captó a dos jóvenes mediante engaños, los trasladó a la ciudad y los obligó a vender cocaína bajo condiciones de servidumbre.

La investigación, a cargo del fiscal Santiago Eyherabide, de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación de Delitos Complejos, determinó que las víctimas habrían sido contactadas con una promesa de trabajo y vivienda. Sin embargo, al llegar, fueron obligadas a permanecer las 24 horas en una vivienda dedicada a la venta de estupefacientes.

Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el acusado planificó su traslado para utilizarlos como cara visible de un punto de venta. Durante los allanamientos, ambos jóvenes fueron encontrados con una balanza y 15 gramos de cocaína, mientras que los organizadores les proveían semanalmente la droga para su comercialización.

Desde la fiscalía, a cargo de Daniel Adler, remarcaron que existía “un control absoluto” sobre las víctimas, quienes estaban sometidas a un “contexto amenazante”, con apropiación total de su tiempo, ausencia de retribución real y severas restricciones a su libertad.

El procesamiento fue ampliado el 13 de enero de 2025, cuando el juez consideró acreditado el delito de trata de personas en sus modalidades de captación, traslado y acogimiento, agravado por la explotación, el engaño, las amenazas y el abuso de vulnerabilidad. Además, dispuso un embargo por 100 millones de pesos.

La causa se originó a fines de marzo de 2025, tras una serie de allanamientos que desarticularon la organización narcocriminal. En ese momento, la pareja de jóvenes había sido inicialmente considerada parte de la logística, pero nuevas pruebas permitieron advertir indicios de trata de personas.

A partir de ello, se abrió un legajo específico con intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la Coordinación Nacional de Rescate, que entrevistó a las víctimas. Ante la sospecha de explotación, se dispuso su liberación en abril de 2025.

La pesquisa estableció que el acusado y su entorno decidieron reemplazar a quienes operaban en un punto de venta “marcado” por la policía. Para ello, contactaron a una familiar de una menor vinculada al caso y ofrecieron a la pareja trasladarse a Mar del Plata, aprovechando su situación económica vulnerable.

De acuerdo con la investigación, la propuesta incluyó el pago de pasajes, alojamiento y manutención. Incluso, se les prometió que la joven sería madrina del hijo del imputado, lo que nunca se concretó. La pareja llegó a la ciudad a comienzos de marzo de 2025.

Para la fiscalía y el juez, quedó acreditada la captación mediante engaño, así como el acogimiento, ya que las víctimas residieron en una vivienda facilitada por el acusado, donde permanecieron bajo estricto control y dedicadas a la venta de droga.

“En ese contexto, las víctimas asumieron sin alternativa los riesgos de ser descubiertas durante el despliegue de la actividad ilegal, mientras que los victimarios se valieron justamente de su explotación para eludir aquel mismo riesgo a título personal, sin renunciar por ello a las ganancias reportadas por el delito. El derrotero incluyó una jornada interminable de disponibilidad pasiva absoluta para la venta 24 horas, cuasi nula retribución, retención e impago de ingresos, control absoluto de las víctimas con vulneración plena de su intimidad, restricciones a su libertad y amenazas”, sostuvo la fiscalía.

El fiscal Eyherabide explicó que “el empleo de las víctimas en actividades delictivas -incluido el tráfico de drogas- como finalidad trascendente de explotación para la configuración típica que se propone, encuentra recepción en el supuesto previsto por el inciso ‘b’ del artículo 2 de la Ley 26.842”.

Además, citó la definición de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo forzoso: “Todo trabajo o servicio exigido a un individuo a) bajo la amenaza de una pena cualquiera y b) para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”.

El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que visibilizar estas conductas permite comprender la dimensión de las organizaciones criminales y diferenciar claramente entre víctimas y victimarios dentro de las estructuras del narcotráfico.

Fuente: con información de Fiscales.gob.ar

Los trabajadores estatales enrolados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) realizarán un paro total de actividades el próximo lunes, sin presencialidad y sin teletrabajo, en los 20 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires.

La medida fue definida luego del rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial y en sintonía con la fecha de protesta adoptada también por el sector docente. El gremio reclama “una propuesta salarial superadora” que permita “equiparar los salarios a la inflación de 2026 y recuperar la pérdida registrada durante 2025”.

En un comunicado, la AJB informó que “en base a los mandatos definidos por las asambleas departamentales realizadas el lunes 23 de febrero, la Comisión Directiva Provincial resolvió convocar a un paro total de actividades el lunes 2 de marzo sin presencialidad y sin teletrabajo”.

Desde el sindicato señalaron que el sector atraviesa “un momento de extrema complejidad” debido a la crisis económica. “Los judiciales bonaerenses estamos atravesando una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios”, indicaron, al fundamentar la medida de fuerza.

La oferta del Gobierno provincial consistió en un incremento del 3% para febrero, calculado sobre los salarios de enero de 2026, propuesta que fue considerada insuficiente por el gremio.

Además del reclamo salarial, la AJB incluyó en su agenda integral de demandas vinculadas a subcategorías E para cargos de menor antigüedad, subcategorías para jubilados y pensionados, la conformación de una Mesa Técnica de Carrera Judicial, una ley de paritarias para el sector, la defensa del Instituto de Previsión Social (IPS) y mejoras en el servicio del IOMA.

Por otro lado, los judiciales se sumaron al reclamo de otros gremios estatales al Gobierno nacional por la restitución inmediata de los fondos retenidos a la provincia de Buenos Aires. Según expresaron, “esta retención ilegal daña principalmente al pueblo bonaerense y afecta el normal funcionamiento de múltiples áreas del Estado provincial, entre ellas el Instituto de Previsión Social”, con impacto directo en los derechos jubilatorios de los trabajadores.

Fuente: con información de DIB

En los tribunales de Mar del Plata avanza el juicio oral contra Luis “El pelado más buscado” Roldán y Santiago Sosa, señalados por la fiscalía como responsables de un intento de homicidio contra el jefe de la barra del Tiburón, Luis “Indio” Coman, ocurrido el 5 de noviembre de 2022 en una plaza del barrio Cerrito Sur. 

Ese día, según la acusación, una facción de la barra brava de Aldosivi habría efectuado varios disparos en medio de una actividad de murga: Coman resultó ileso, pero un niño de 11 años y tres personas más sufrieron heridas de bala.

La acusación contempla los delitos de homicidio en grado de tentativa, abuso de arma y lesiones leves. El caso es seguido por el Tribunal Oral en lo Criminal N°4, integrado por los jueces Alexis Simaz, Roberto Falcone y Ricardo Perdichizzi.

No obstante, fuentes judiciales consultadas por El Marplatense  aseguran que la investigación presenta serias debilidades: “El juicio se está cayendo a pedazos". El foco de la discusión se encuentra en definir al autor de los hechos.

Por otro lado, aseguran que los testigos principales se contradicen y “hay indicios claros de que la policía manipuló declaraciones”. Incluso destacan que la victima dio “tres versiones distintas de lo ocurrido” sin poder justificar sus inconsistencias. 

Desde los pasillos de tribunales se rumorea que todo apunta a una falsa denuncia, motivada por enemistades personales, con "la policía involucrada para culpar a Roldán”.

Según expresaron, en el caso del coimputado la fiscalía podría desistir de la acusación, ya que existirían pruebas que lo ubican trabajando al momento del ataque. En cuanto a Roldán, destacan que "no hay elementos objetivos que lo comprometan directamente y que los testimonios que lo señalaban quedaron completamente debilitados”.

El juicio continuará este miércoles con la ronda de testigos de la defensa, mientras que el viernes se espera la instancia de alegatos finales, paso previo al veredicto.

Continúa la investigación por el crimen de Matheo Bonifacio Sánchez, el albañil de 63 años asesinado de dos balazos en el tórax en un intento de robo en su casa del barrio Juramento. Su hijo, Lucas, continúa internado en el Hospital Interzonal de Agudos. 

En este contexto, se llevó a cabo un allanamiento en la casa de uno de los implicados donde se encontraron prendas de vestir utilizadas durante el hecho, una escopeta recortada y vainas calibre 22 y 9 mm.

Al respecto, la fiscal María Constanza Mandagarán, a cargo de la causa, dijo en diálogo con El Marplatense que “nosotros ya tenemos individualizados a los autores que son dos masculinos mayores de edad”. 

En detalle, contó que “ayer hicimos un allanamiento en la vivienda de uno de ellos, porque el otro se encuentra en situación de calle, y pudimos secuestrar algunas prendas utilizadas en el momento del hecho”. 

“Ellos no estaban en el lugar, así que se va a disponer la captura, ya está librada la orden de detención, los estamos buscando”, concluyó. 

El Gobierno de Axel Kicillof recibirá mañana a representantes de los gremios docentes, estatales y judiciales para intentar llegar a un acuerdo salarial que se verá reflejado con el cobro de los haberes en junio.

Tras una primera reunión sin oferta y en medio de la aceleración de la inflación, los funcionarios se reunirán en La Plata primero con docentes y al mediodía con los trabajadores comprendidos en el régimen de la Ley 10.430.

Luego de una primera cumbre a mediados de mes donde no hubo una oferta concreta, los gremios esperan llevarse un número para discutir con las bases. Sobre todo, teniendo en cuenta que el último acuerdo alcanzado fue en febrero con una suba del 7% al salario básico que se percibió en marzo y un ajuste del 2% cobrado en abril.

Más allá de recuperar los puntos perdidos a raíz del 3,7% de inflación de marzo y una cifra similar que se espera para abril, los docentes piden continuar con el trabajo sobre el Acuerdo Paritario de Resguardo y Reparación y su efectiva aplicación. Además, demandaron que se profundice el trabajo en relación al decreto 900, que se atienda la problemática de la sobrecarga de tareas y que se avance en el análisis del borrador del Convenio Colectivo de Trabajo presentado para su futura concreción.  

Luego será el turno de los estatales, representados por ATY y UPCN, cuyos principales planteos se centran en la dificultad que enfrentan los trabajadores para llegar a fin de mes debido a la inflación, especialmente en alimentos, y el ajuste nacional de Javier Milei. Del mismo modo reclaman la restitución del 3% de antigüedad.

También la Provincia convocó mañana en la sede del Ministerio de Trabajo a los judiciales, quienes estarán representados por la Asociación Judicial Bonaerense.

Fuente: DIB

El bloque de Unión por la Patria buscará dictaminar hoy en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA) el paquete de 206 pliegos judiciales que remitió el gobernador Axel Kicillof al Senado bonaerense, en un paso formal que dará sin acompañamiento de la oposición y con complicaciones en las negociaciones.

Recién la semana pasada la bancada oficialista logró cerrar filas con la entrevista a Walter Luis Kunzmann, postulante a juez de Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial La Matanza, que fue resistido por el intendente de ese distrito, Fernando Espinoza, y la vicegobernadora Verónica Magario, quienes volvieron a chocar con La Cámpora y con parte del bloque.

Ahora, el oficialismo buscará avanzar con el dictamen de la comisión de ACA, en principio sin firmas de opositores, para que el paquete de pliegos judiciales tome estado parlamentario en la sesión del Senado bonaerense que está convocada para este viernes.

Las internas del peronismo también dinamitaron las negociaciones con la oposición. El acuerdo que prometieron las espadas de UxP y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, voló por los aires cuando en Gobernación metieron “la chuchara” en expedientes de La Plata, Pergamino, San Nicolás, San Isidro y Quilmes y enviaron nombramientos para el Tribunal de Casación Penal que tampoco fueron consensuados.

En la oposición describen que el último cara a cara con el titular de la cartera de Justicia fue hace un mes y después sobrevinieron contactos informales que no fueron conducentes. Fuentes consultadas señalan que en Gobernación no estarían dispuestos a ceder ninguno de los casilleros en disputa.

Pese al viento en contra, algunos sectores de Unión por la Patria tercian para llegar a un nuevo acuerdo con la oposición, aunque en verdad no se muestran muy optimistas. Todo indica que el paquete de pliegos judiciales de Kicillof obtendrá dictamen de la comisión de ACA del Senado bonaerense con la mayoría automática del oficialismo.

Fuente: Diputadosbsas.com.ar

La Unión de Empleados y Empleadas de la Justicia de la Nación (UEJN) realizará este jueves a partir de las 10.30 la “Mesa de la Dignidad” en las puertas de los juzgados civiles federales, sito en Av. Independencia casi Moreno.

A través de esta propuesta, los trabajadores judiciales buscarán visibilizar la situación que atraviesa el sector, que no escapa a la realidad nacional. 

Se simulará una mesa de entradas de la Justicia y se pondrán sobre tablas diversos reclamos, vinculados a la pérdida salarial, el rechazo al impuesto a las ganancias, pero también la defensa de la independencia de la Justicia, de jubilaciones dignas, de la educación pública y la salud de calidad para todos los ciudadanos.

“Desde diciembre del año pasado, perdimos más de 22% de nuestros salarios, y a esto se suma el estancamiento en la actualización del presupuesto para el funcionamiento de la Justicia. No sólo es un ataque a los trabajadores/as, sino a la independencia del Poder Judicial”, expresó Rubén Elizondo, secretario general de la Regional 4 de la UEJN.

Un problema de larga data que continúa generando grave preocupación es el del estado del Edificio del Departamento Judicial de Mar del Plata que funciona en calle Brown al 2241. 

La problemática comenzó hace más de un año atrás y recibió como solución la compra de inmuebles declarados como patrimonio cultural de la ciudad, uno de ellos en en Villa Devoto y Villa de Bary y otro en la zona de Buenos Aires y Brown, ambos valuados por aproximadamente “USD 2 millones”, sin embargo, sus empleados afirmaron que "padecen de funcionalidad".

Algunas de las falencias que tiene el edificio del Juzgado en lo Civil y Comercial Nro. 15 y de la Asesoría Pericial de nuestro Departamento Judicial, ubicado en la calle Alte. Brown Nro. 1762 son la carencia de gas para calefaccionarse, inundaciones ante abundantes lluvias y el nulo funcionamiento de asesores y ante esto, trabajadores de la AJB piden “una solución integral”.

En ese sentido, El Marplatense dialogó con Mariano Fernández, titular de la Asociación Judicial Bonaerense y expresó: "Es una realidad la situación crítica edilicia que tiene el departamento judicial de Mar del Plata que no escapa a la realidad Provincial pero acá particularmente se manifiesta de diferente forma en los distintos fueros. Algunos son con los ascensores, los cuales descienden en caída libre o en donde quedan compañeros atrapados. La provisión de gas también es una problemática porque carecemos de calefacción en épocas de bajas temperaturas, el hacinamiento, la falta de espacio. Durante la pandemia, Mar del Plata fue no de los departamentos judiciales donde fue casi imposible cumplir con el distanciamiento social y obligatorio. Esos son signos de emergencia edilicia". 

"No vemos que haya un abordaje integral y serio de la Suprema Corte de justicia ni de gobierno Provincial. Si ante esta situación crítica, una de las soluciones es comprar dos casas fastuosas que conforman el patrimonio arquitectónico de la ciudad, según dicen por más de USD 2 millones para no resolver nada o simplemente tratar de dar una pequeña muestra de que se está haciendo algún trabajo, es hasta una tomada de pelo", indicó. 

"Hablo de una aparente suma porque le pedimos al anterior presidente, al doctor Torres de la Corte y al recién entrante, al doctor Soria que nos digan oficialmente cuánto se gastó en la compra de esos dos inmuebles pero no brindaron respuestas; pese a que hablamos de fondos públicos y por lo tanto, su uso debería ser transparente. Ese es el grado de improvisación que a nosotros nos alarma, frente a una crisis general", sumó.

"Yo trabajo en el Poder Judicial hace 28 años y no veo una obra estructural, una infraestructura seria para dar una solución integral o un principio de ello, en estas casi tres décadas. Lo que si hubo fueron parches que consisten en el alquiler de edificios que fueron diseñados para ser hoteles y esa falta de funcionalidad que tienen éstos, después se trasladan en condiciones inseguras e insalubres de labor. No solamente nos afectan a nosotros porque estamos todo el día allí, sino también a toda la población marplatense y sus abogados patrocinantes que tienen que transitar por más de 30 edificios para encontrar su expediente", mencionó Fernández. 

Y a modo de conclusión: "Hasta ahora, no tuvimos ningún tipo de respuesta a este reclamo público. Tiene que haber un abordaje integral del tema porque la crisis es generalizada, no podemos seguir trabajando en esas condiciones. Hay situaciones puntuales que si se podrían solucionar sin una mega obra, por ejemplo en el Juzgado de Paz de Mar Chiquita. No hay iniciativas".

Nicolás Fernández, el imputado por el crimen de Daniel Marcel ocurrido el 30 de junio del año pasado, será llevado a juicio oral el año próximo, según manifestó el abogado Juan Cruz Martínez, patrocinante de la familia de la víctima, luego de la audiencia preliminar realizada esta mañana.

Durante la audiencia preliminar las partes ofrecieron cuáles son las pruebas que deberán celebrarse en el debate. “Se pudo establecer que el juicio va a durar cuatro o cinco días, que la fecha depende de la agenda del Tribunal Oral Criminal N°2, pero seguramente va a ser durante el curso del 2025”, confirmó el letrado en diálogo con Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata.

Sobre Fernández, el abogado aseguró que “hay una vasta prueba que lo determina como el autor del atroz homicidio a Daniel Marcel”. Y si bien consideró que “la verdad será objeto del debate, y somos respetuosos de la presunción de inocencia, la verdad que hay testigos que lo identificaron, está la pericia balística que concuerda con el arma secuestrada y el proyectil alojado en el cuerpo de Daniel”.

Además, entre las pruebas, Martínez señaló que se secuestraron prendas que vestía el imputado “al momento de cometer el hecho”, además de una prueba que se está por introducir que tiene que ver con una mancha de sangre en la manga de una camisa blanca que estaba en el cordón de la vereda de la casa de Fernández al momento que lo detienen. A esto se suma material fílmico, de cámaras privadas y municipales”.

“La prueba es contundente y, a razón de la verdad, debo reconocer el excelente trabajo de la doctora Romina Díaz en representación del Ministerio Público Fiscal -reconoció el letrado y agregó- Ha sido eficiente en el trámite del sumario”.

Por otra parte, informó que Fernández se encuentra detenido en la Unidad Penal N°15 de Batán “y más allá de una instrucción suplementaria o pericia psicológica que pidió la defensa, está a la espera del juicio oral”.

EL CASO

El homicidio se registró el 30 de junio del año pasado en la puerta de la vivienda de la familia en el barrio Las Lilas, cuando Daniel Marcel de 78 años salió a defender a su hijo, el periodista Marcelo Marcel, que estaba siendo atacado por una persona con un arma (le llegó a disparar, pero el tiro no salió del arma) en un intento de robo.

El delincuente ya detenido, que estaba acompañado de otro que robó pertenencias del auto de Marcel y huyó (se mantiene prófugo) le disparó a Daniel Marcel. La bala impactó en el tórax del hombre e, inmediatamente, y le provocó la muerte. 

El desenlace tuvo a la fiscalía a cargo de Romina Díaz a cargo de la investigación, junto al gabinete de Homicidios de la DDI, y se logró hacer efectiva la detención de Nicolás Fernández, quien horas después del crimen había sido demorado a pocas cuadras del hecho, en la puerta de la casa de su madre en donde estaba arrojando disparos al aire.

En el marco de una causa que investiga una asociación ilícita por venta apócrifa de teléfonos de alta gama, la operación de juegos de azar online sin debida autorización y la puesta en circulación en el mercado formal de bienes provenientes de aquellos delitos, la Justicia y fuerzas de seguridad buscan a dos prófugos.

Se recuerda que tras una investigación dirigida por el Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, con intervención de la Fiscalía Federal N°1, representada por Laura Mazzaferri, por la que la semana pasada se ordenaron 22 allanamientos ya se detuvieron a cinco personas, mientras que otras cuatro acusadas de integrar la asociación fueron llamadas a declaración indagatoria.

La causa se inició en septiembre de 2023 a partir de una denuncia anónima realizada ante la Policía Federal Argentina por medio de un correo electrónico. Allí se brindaron algunos nombres y domicilios, además del relato de actividades ilícitas vinculadas a un posible contrabando de aparatos telefónicos y la operación de un casino de juego ilegal, con posible complicidad de funcionarios de la Aduana.

Tras el impulso de la Fiscalía Federal N°1, se lograron identificar a las personas físicas y jurídicas, así como los lugares denunciados, y se dispuso la intervención de algunos números telefónicos, entre otras medidas de prueba. Muchas de esas medidas estuvieron destinadas a desentramar la arista patrimonial de los sucesos. Con el avance de la pesquisa y por impulso fiscal, se ordenaron múltiples medidas cautelares, con el objetivo de preservar los activos en poder o relacionados con las personas físicas y jurídicas investigadas.

En base a toda la información recolectada, el 6 de mayo pasado se llevaron adelante 22 allanamientos en viviendas, comercios y oficinas en Mar del Plata, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Además, se libró una orden de presentación para la sede de la AFIP-DGA local. Durante los procedimientos se secuestró documentación de interés, dinero en efectivo, equipos informáticos, aparatos telefónicos y accesorios, así como también insumos y aparatos vinculados con la minería de criptoactivos.

De las cinco personas detenidas, dos fueron apresadas durante los procedimientos mientras que el resto de las detenciones fueron dispuestas luego, una de ella concretada tras el regreso al país luego de un viaje al exterior. Otra se presentó esta semana ante el Juzgado.

Entre los detenidos se encuentra además un funcionario de Aduana con asiento en Mar del Plata, quien había salido del país el día previo a los allanamientos junto con otras dos personas implicadas en la investigación.

Patrimonio y maniobras

El juez Inchausti estableció, a través de la investigación, la vinculación de los investigados con personas jurídicas o terceros. Surgió de la pesquisa que los acusados tendrían una distribución de roles y llevarían adelante diversas conductas en forma conjunta y/o alternada, para lo cual también se habrían valido de la creación de múltiples sociedades, algunas de ellas sin aparente actividad real, o bien, con un giro distinto del declarado con el objeto de facilitar las conductas delictivas de la organización. De esta manera, se avanzó con la imputación por posible lavado de activos.

Al menos cuatro de los investigados están imputados por haber administrado y/o gestionado una página web de juegos de azar online sin la debida autorización, como así también los perfiles de redes sociales que la promocionaban.

Otros miembros se encuentran señalados por la comercialización de productos de tecnología (como teléfonos celulares y/o accesorios) que se sospecha que podrían provenir del contrabando.

Además, hay integrantes de la organización que están acusados de haber desplegado maniobras tendientes a poner en circulación las ganancias ilícitas obtenidas y así justificar el incremento patrimonial a través de múltiples operaciones con criptoactivos que representan movimientos por sumas millonarias, al menos desde 2021. Asimismo, en la mayoría de los casos, se habría puesto en evidencia un caudal económico y el usufructo de bienes que no encontraría justificación en actividades registradas.

Entre estas maniobras, se destacan múltiples depósitos y transferencias recíprocas entre sí, dificultando la trazabilidad y confundiendo los patrimonios, como así también, la realización -con otras cuentas- de operaciones por grandes sumas de dinero sin justificación. En una de las cuentas investigadas, se registraron ingresos en criptoactivos por el equivalente a más de 7 millones de dólares.

De acuerdo a la hipótesis del caso, los bienes puestos en circulación por los imputados habrían sido adquiridos total o parcialmente con fondos de origen ilícito, producto de actividades delictivas, como la comercialización de productos provenientes de contrabando y la explotación de juegos de azar online sin la debida autorización, como así también de la vinculación con otras actividades presuntamente delictivas, tales como la emisión de facturación apócrifa, la evasión fiscal y operaciones cambiarias que se llevarían a cabo por fuera del sistema financiero, más precisamente, a través de la compra-venta marginal de dólares estadounidenses.

En tanto, el funcionario público de DGA AFIP Mar del Plata está acusado de formar parte de la asociación ilícita, en el marco de la cual coadyuvaría y/o facilitaría la comisión de las maniobras en infracción a la ley 22.415 (Código Aduanero), habiendo intervenido en su función de Verificador de Aduana en distintas operaciones realizadas por miembros de la organización, con quienes mantenía estrechos vínculos.

Fuente: Fiscales.gob.ar

Los futbolistas Braian Cufré, de Vélez, y Fabricio Alvarenga, del Chornomorets Odessa de Ucrania, pero con pasado en el “Fortín”, serán citados a indagatoria tras una nueva denuncia por abuso sexual. La información fue confirmada por fuentes judiciales.

El principal implicado es Cufré, quien está con prisión domiciliaria por otra denuncia de abuso sexual realizada por una periodista en Tucumán, pero que ahora también es investigado por una acusación de su ex novia. En el testimonio la joven también involucra a Alvarenga, quien al momento de los hechos que denuncia (en 2017) jugaba en Vélez.

La denunciante declaró y ratificó que Cufré, su novio en esa época, le había propuesto hacer un trío sexual, a lo que ella se negó, y a pesar de eso habría sido sometida en un departamento del barrio porteño de Liniers que pertenecía a quien entonces era su pareja. La fiscal Paula Asaro fue quien solicita la indagatoria.

Cufré, Abiel Osorio y José Florentín se encuentran con arresto domiciliario en un country de Tucumán. Los tres jugadores de Vélez están acusados de abuso sexual por un hecho que habría sido cometido en dicha provincia a principios de marzo, cuando estaban concentrados en un reconocido hotel tras disputar un partido frente a Atlético por la Copa de la Liga.

Según esta denuncia, una joven de 24 años fue contactada por el arquero Sebastián Sosa y, cuando concurrió a la habitación del hotel en el que estaban concentrados los futbolistas, fue abusada sexualmente.

Fuente: TN

El Gobierno de la provincia convocó para este lunes a los distintos gremios de trabajadores estatales, en el marco de las negociaciones paritarias abiertas. Luego de que el viernes se conociera el índice de inflación correspondiente al mes de marzo (11%), mañana la Provincia se reunirá con los representantes de estatales a las 10; a las 14 será el turno de los docentes; y a las 16 la reunión será con los judiciales.

Los gremios de estatales (10.430), docentes y judiciales habían realizado la semana pasada pedidos de reaperturas de paritarias al ministro de Trabajo, Walter Correa. Por el lado de los estatales, enviaron notas a la cartera laboral tanto ATE como UPCN. El primero de los sindicatos lo hizo el martes y advirtió sobre la “imperiosa necesidad de continuar haciendo los mayores esfuerzos para sostener el salario de los y las trabajadores del estado provincial, en un contexto de ajuste brutal impuesto por el gobierno Nacional de Javier Milei”.

Asimismo, también habían elevado una solicitud de convocatoria el Frente de Unidad Docente Bonaerense (que integran Suteba, FEB, Udocba, Sadop y AMET). Los maestros señalaron que “la reapertura se hace necesaria de manera urgente dada la situación de ajuste brutal” por parte del gobierno de Javier Milei y pidieron fijar pautas salariales “que impidan la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de nuestros compañeros y compañeras”.

El viernes sumaron su pedido los trabajadores judiciales de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB). “Ante la creciente inflación y la escalada de precios que deterioran los ingresos, necesitamos una urgente recomposición de salarios de las y los trabajadores judiciales”, indicaron desde este sindicato.

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) realizó una conferencia de prensa este lunes, en la cual brindó detalles de una denuncia que realizó contra el integrante de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata Elio Riccitelli por violencia laboral y de género.

“Gorda”, “rata inmunda”, “andá a trabajar a la Villa de Paso”, son algunas de las agresiones que sufrían, especialmente, las trabajadoras mujeres de la Cámara por parte del magistrado, precisaron.

La denuncia fue impulsada por el gremio a través de la secretaria gremial a cargo de Oscar Yenni, y se presentó ante la Suprema Corte de Justicia con el requerimiento de que se ponga en marcha una “amplia y profunda investigación” sobre las condiciones de trabajo que el magistrado puso en vigencia en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata.

Asimismo, se requirió la adopción de medidas protectoras urgentes con la finalidad de preservar la integridad de todas las personas que prestan tareas en la Cámara.

Los dirigentes gremiales remarcaron que las agresiones del juez les generaron problemas de salud física y psíquica a los trabajadores que tenía a cargo.

A partir de esta denuncia tomó intervención la subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. “El juez hoy está con licencia, pero se pidió a la Corte que se lo separe mientras se lleva adelante la investigación. Es imposible la convivencia funcional entre juez y los compañeros que allí trabajan”, señaló Yenny

Más allá de que los trabajadores ya no comparten espacio con Riccitelli, los dirigentes de la AJB indicaron que insistirán para que el magistrado sea sometido a un juicio político y destituido del cargo.

El viernes próximo se realizará en esta ciudad una trascendente reunión de autoridades para analizar las vacantes en el poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y retomar el proyecto de la Ciudad Judicial, informaron en un comunicado.

El encuentro se concretará el próximo 29 a las 11, en la sede del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Mar del Plata, donde se darán cita representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Legisladores Provinciales, Intendentes de la zona, Representantes de las Cámaras de Apelaciones con asiento en el Departamento Judicial, representantes de la Defensoría General y de la Fiscalía General, autoridades del Concejo Deliberante Local, representantes de los Colegios de Abogados y de Magistrados y Funcionarios e integrantes de la Asociación Judicial Bonaerense departamental.

Por parte de los legisladores Provinciales, ya comprometieron su presencia Diputados y Senadores que representan a la quinta sección electoral, y en especial, al Departamento Judicial Mar del Plata, que abarca los Partidos de General Pueyrredón, Mar Chiquita, General Alvarado y Balcarce.

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) aceptó este lunes la última oferta salarial realizada por el Gobierno provincial que incluye un incremento del 40% en tres tramos y un aumento de una bonificación de 2,7%.

Según informó el Ministerio de Trabajo provincial, la oferta contempla un incremento del 16% en marzo, 10% en julio y 14% en septiembre, una cláusula de seguimiento y otra de reapertura luego del tercer aumento, a fin de lograr y mantener una recomposición real de los salarios a través del monitoreo de la evolución de los indicadores económicos, para retomar el diálogo, de ser necesario, antes de reabrir la negociación.

Además, la bonificación especial y la compensación funcional se incrementan un 2,7% en dos tramos (marzo 2% y septiembre 0.7%).

En la última propuesta, el Gobierno mantuvo las cláusulas seguimiento y reapertura. Además, según detalló la AJB en un comunicado, incluyó “el aumento de un 50% de los topes para la percepción de Asignaciones Familiares llevando los mismos a $316.731 bruto por grupo familiar y $158.366 bruto de ingreso individual”.

En tanto, la Suprema Corte (que también estuvo representada en los encuentros) se comprometió a acodar pases a planta y continuar con las recategorizaciones.

La propuesta salarial fue presentada el jueves pasado, durante la reunión presencial encabezada por la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, y de la que participaron también por la provincia los subsecretarios de Coordinación Económica y Estadística del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Nicolás Todesca; de Empleo Público y Gestión de Bienes de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Daniel Lorea, y de Legal, Técnico y Administrativo de la cartera de Justicia, Santiago Avila. Además, estuvieron la directora de Negociación Colectiva del Ministerio de Trabajo, Natalia Villalba Lastra, y la directora General de Administración del IPS, Carmen Sarra.

Por la Suprema Corte de Justicia asistieron los secretarios de Administración, Germán Gurrera, y de Personal, Daniel González, mientras que por la AJB lo hicieron las nuevas autoridades encabezadas por el secretario general, Hugo Russo.

La justicia de San Isidro dictó la prisión preventiva para el hijo del fallecido músico de rock Norberto "Pappo" Napolitano quien hace un mes está detenido en el marco de una causa por violencia de género en la que su pareja lo acusó de haberla atacado a golpes y dejado encerrada en una casa de la localidad bonaerense de Benavídez, informaron fuentes judiciales.

La prisión preventiva contra el también músico Luciano Emilio Juan Napolitano (46), fue dictada por el juez de Garantías 5 de San Isidro, Diego Martínez, a pedido del fiscal a cargo de la causa, Diego Callegari, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Violencia de Género de Tigre.

En la sala del Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata comenzó este lunes el juicio oral y público en el que se juzgará a cinco hombres y a una mujer a quienes se acusa por comercializar cocaína de manera organizada en el sur de la ciudad al menos desde agosto de 2017.

En la primera jornada, el fiscal general Juan Manuel Pettigiani, con la asistencia del auxiliar fiscal Carlos Fioriti, dio lectura a la acusación. El tribunal está integrado por los jueces Roberto Atilio Falcone, quien estuvo presente en la audiencia, y Héctor Sagretti y Fernando Machado Pelloni, quienes participaron de manera remota. Tras la lectura del requerimiento de elevación a juicio, declararon tres testigos. El juicio retomará el 22 de febrero.

De acuerdo a la investigación, Joel Guillermo Mega, Carla Soledad Darguibel, Jorge Rubiani, Pedro Oscar López, Damián Armando Roldán y Federico Castiglioni están acusados de conformar una organización, junto a otras personas no identificadas, que se habría aprovisionado de estupefacientes con el objeto de comercializarlos en Mar del Plata a otros vendedores y a consumidores. A Roldán se le atribuye también haber amenazado a un tercero con el objeto de recuperar un dinero de la organización de la cual formaba parte.

En el marco de la instrucción de la causa, al momento de los allanamientos realizados en septiembre de 2018, se habían secuestrado 1027 gramos de cocaína, plantas de marihuana, aceite cannabis, dinero en efectivo en pesos y dólares, celulares, aparatos electrónicos y cuatro vehículos pertenecientes a la organización, que fueron embargados con fines de decomiso.

Las penas en expectativa, por el delito que se les acusa, prevén una escala de entre cuatro y veinte años de prisión.

El titular de la Asociación de Judiciales Bonaerenses (AJB), Alberto Agote, se refirió a la medida de fuerza que realizaron los trabajadores este miércoles, tras el fracaso de la reunión partiaria con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

"Se realizó una nueva reunión por la negociación salarial y el Gobierno propuso una recomposición del 4%, que significaría un 31% de aumento para el 2020. Teniendo en cuenta que la inflación rondará un 35% o 36%, se rechazó y ante la imposibilidad del Gobierno de recomponer la oferta y fijar una nueva fecha para el diálogo, se decidió una medida de fuerza", expresó Agote en diálogo con El Marplatense.

En este sentido, destacó que insitirán con que se retome el diálogo y "es un objetivo del sindicato este año, que es no volver a perder poder adquisitivo con respecto a la inflación".

"El Gobierno reconoce que el salario de los judiciales y estatales en general está rezagado. Pero las ofertas siguen siendo por debajo de lo que corresponderían", concluyó.