La Cámara en lo Contencioso Administrativo ratificó la vigencia del denominado “protocolo antipiquetes”, al revocar una resolución previa que lo había suspendido, y avaló así la herramienta diseñada durante la gestión de Patricia Bullrich para ordenar la protesta social, aplicada desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

El fallo fue firmado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, integrantes de la Sala II, quienes dejaron sin efecto la decisión del juez Martín Cormick, que en diciembre había declarado la nulidad del protocolo al considerar que excedía las competencias del Ministerio de Seguridad.

En su resolución, los camaristas rechazaron ese planteo y sostuvieron: “Los suscriptos no advierten que el denominado ‘Protocolo de Seguridad’ constituya una reglamentación que colisione con derechos constitucionales y/o normas supranacionales, sino que resulta una limitación legítima en tanto no existen derechos absolutos”.

En la misma línea, remarcaron la importancia de garantizar la libre circulación al señalar que “la resolución recurrida tiende a proteger el derecho a transitar libremente por el territorio, sin que sus alcances restrinjan de manera ilegítima los demás derechos involucrados”.

El protocolo, establecido mediante la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, tiene como uno de sus ejes centrales evitar cortes de calles durante manifestaciones, lo que generó debates en torno al equilibrio entre el derecho a la protesta y la circulación.

Tras conocerse el fallo, la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, celebró la decisión: “Las fuerzas federales continuarán interviniendo cuando sea necesario para defender la libertad, garantizar el orden y hacer cumplir la ley”.

Desde su implementación, los cortes de calles disminuyeron de manera significativa, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, sectores de la oposición cuestionan la medida y la vinculan con una política restrictiva sobre la protesta social.

Fuente: con información de DIB

Finalmente, tal como había trascendido, el presidente Javier Milei firmó los decretos para designar en comisión a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema.

“El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel Garcia-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo periodo legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros. Durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos. El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”, anunció en un comunicado Presidencia.

En ese sentido, el Gobierno resaltó que “en ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores. De hecho, es la politización de la Justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva sus problemas. La Constitución claramente establece que es el Presidente, y nadie más, quien tiene la facultad de seleccionar los candidatos para cubrir las vacantes en el Máximo Tribunal, limitándose el Senado a prestar su conformidad o rechazarlos en función de un análisis objetivo de la idoneidad técnica de los candidatos".

De hecho, en el comunicado recordaron que “cuando una notable mayoría del arco político respaldó tanto a Néstor Kirchner como a Mauricio Macri en la designación temprana de jueces para la Corte Suprema en sus mandatos, durante meses han evadido respetar la decisión de este Gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República”.

A solo cuatro días de asumir la Presidencia, el 14 de diciembre del 2015, Mauricio Macri designó en comisión a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatt, 72 horas después de que se hiciera efectiva la renuncia de Carlos Fayt al máximo tribunal, que sumada a la de Raúl Zaffaroni de un año antes, había dejado a la Corte con Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco como sus únicos miembros.

De todos modos, tras críticas de la oposición, Rosenkrantz y Rosatti esperaron para tener el aval del Senado y recién ahí jurar en la Corte.

En el caso actual, el proceso de nominación se inició el 20 de marzo de 2024, cuando el Ejecutivo envió al Senado los pliegos de los candidatos para su correspondiente acuerdo. Posteriormente, el 15 de abril, se publicaron en el Boletín Oficial los antecedentes de ambos juristas y se activaron los procedimientos de consulta y participación ciudadana. Luego de cumplirse todas las instancias requeridas, la administración remitió los mensajes al Senado el 27 de mayo de 2024 para solicitar su aprobación.

El 21 y 28 de agosto se llevaron a cabo las audiencias de Lijo y García-Mansilla, respectivamente. Tras estas instancias, ambos candidatos quedaron en condiciones de obtener dictamen y ser sometidos a votación en la Cámara Alta. Sin embargo, sus pliegos no fueron tratados durante el período ordinario de sesiones, y ante esta situación, el presidente optó por incluir la cuestión en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, aunque el Senado tampoco dio curso al proceso.

Debido a “la inacción del Senado y al prolongado estancamiento del proceso”, el Ejecutivo decidió avanzar con la designación en comisión de los jueces, amparado en el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, que faculta al presidente a realizar nombramientos transitorios en caso de vacantes durante el receso legislativo. La medida estará vigente hasta la finalización del próximo período legislativo.

Fuente: Infobae

Después de conocer que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió absolver a los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, la madre de Lucías Pérez, Marta Montero, no escondió su indignación e indicó que es un “mensaje mafioso”. Además, resaltó que los “con este fallo hicieron lo mismo que los jueces en 2018”.

De este modo, ambos jueces volverán a cumplir funciones en el Tribunal Oral de Mar del Plata. Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso fueron quienes condenaron en noviembre de 2018 a Matías Farías y Juan Pablo Offidani por venta de droga, pero no por el crimen de la adolescente de 16 años, en una escandalosa sentencia que también cuestionó a la fiscal que condujo investigación.

Allí, Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de cárcel por la comercialización de estupefacientes, aunque no por abusar sexualmente y asesinar a Lucía Pérez. La Cámara de Casación anuló ese fallo y ordenó hacer un nuevo juicio, el cual se realizó en 2023 y otro tribunal condenó a Matías Farías a prisión perpetua y a Juan Pablo Offidani a 15 años.

La familia de Pérez y distintas organizaciones de mujeres impulsaron una denuncia contra los jueces Viñas, Gómez Urso y Carnevale, que fueron suspendidos de sus funciones y percibían el 40% de sus salarios. Carnevale renunció y se jubiló, pero los otros dos magistrados fueron llevados a jury.

Al ser consultada por este medio, Montero señaló que la decisión les generó “dolor e incertidumbre, todo eso y más”, y que no es más que un “mensaje mafioso”. Es que entiende que “de otra manera no se puede ver”, ya que “la mafia maneja el Poder Judicial y los legisladores avalan votando unánimemente que sean absueltos, sin ningún perjuicio”.

En redes sociales ya se había expresado al respecto, donde remarcó lo “vergonzoso” de “que cuatro legisladores de Unión por la Patria voten unánimemente para que estos jueces sigan en función”, y aclaró que “eso es vender a tu pueblo”.

“La corrupción y la oligarquía son ellos, los que la practican no tienen vergüenza. Fallos como este se darán mucho más, si no va pasar nada. Vergüenza me dan estos legisladores. Que sigan los narcos, los pedófilos y los asesinos. Porque si sos mujer y tenés sexo, no sos la víctima perfecta y te mereces la muerte, según estos legisladores”, agregó en ese fuerte comunicado. 

Luego, enumeró a los senadores y diputados que formaron parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, el órgano que decide sobre el desempeño en el ejercicio de la función de los denunciados. Los senadores Ariel Bordaisco, Gustavo Soos y Gabriela Demaría, junto a las diputadas Maite Alvado y Susana González, absolvieron a los jueces por unanimidad.

"Estos son del pueblo, traidores al pueblo. Justicia por las mujeres y las niñas. Con este fallo hicieron lo mismo que los jueces en 2018. Justicia por Lucía", fue el mensaje dirigido a los integrantes del jurado, comparándolo con la escandalosa condena de Viñas y Gómez Urso a Farías y Offidani.

En la sentencia consideraron que no hubo "mal desempeño en sus funciones", sino un fallo e interpretación de los hechos sin visión de género. "En este caso se constata que la cuestión se ha limitado a la sentencia emanada de los jueces acusados como interrogantes del Tribunal colegiado, sin que existan imputaciones, denuncias previas y menos aún acusación por otras causas. Tampoco se registran antecedentes disciplinarios", argumentaron respecto de la conducta de los jueces en el pasado.

Además, pidieron a la Corte Suprema que revise la capacitación en cuestiones de género a los magistrados y que "evalúen la posibilidad de instituir un régimen de responsabilidad de los magistrados" que permita sanciones intermedias o alternativas a la destitución.Por su lado, en una declaración a Clarín, Montero aseguró que "seguiremos luchando desde el lugar que sea", mientras espera que la Cámara de Casación resuelva -nuevamente- las apelaciones que presentaron Farías y Offidani a la espera de que la sentencia quede firme.

Mientras la presidente del bloque de Unión por la Patria, Teresa García, culpó a la oposición y dentro de ella “fundamentalmente a la UCR” por la demora en la cobertura de vacantes en el Poder Judicial y advirtió que el problema es más intenso en el interior bonaerense, se conformaron los 129 pliegos para designar jueces, fiscales y defensores que el Ejecutivo envió a la Legislatura. De esos, 14 corresponden al departamento judicial de Mar del Plata.

La lista de los pliegos relacionados con la ciudad está integrada por los fiscales María Constanza Mandagarán, Luis Alberto Ferreyra, Eduardo Layús, Germán Vera Tapia y Joaquín Morán; los jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Guillermo Francisco Drees, Patricio Gustavo Groppo, Martín Zambecchi y Nancy Micaela Bessone; los jueces de Tribunal Carlos María Cordero, José Alberto Mereb, María José Beldarrain; y los jueces de Tribunal en lo Criminal Federico Cecchi y Paula Soule.

Estos nombres figuran en la segunda tanda de nombramientos en la justicia en la era Kicillof -la primera fue durante su primer mandato-, cuando el Ejecutivo envió un borrador con los pliegos a la Legislatura para terminar de negociar con la oposición y con sectores del UxP como La Cámpora, las designaciones.

La semana pasada los pliegos con las ternas se oficializaron (luego de las entrevistas de rigor por parte del Consejo de la Magistratura) y ahora el trámite seguirá en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que deberá entrevistar también a los candidatos a ocupar los cargos, aunque aún no hay fecha para ese trámite.

García afirmó en ese marco que “en la Provincia la justicia viene con un atraso muy grande en materia de nombramiento de jueces desde la época de Vidal”. Y señaló que “durante nuestra gestión tuvimos una etapa de demoras por los obstáculos de la oposición”, fundamente de la UCR. En ese marco, advirtió que se trata de “un tema delicado porque tenemos una justicia desabastecida”.

La legisladora provincial indicó que “hay una justicia Laboral retrasada, al igual que la Civil”, salvo la Penal, que “es la que más sostenida estuvo”. En este punto, García dijo que las designaciones “tendrán un impacto positivo” debido a que “vamos va a atender el reclamo que tiene la sociedad bonaerense”, porque “es una vieja deuda que está siendo saldada”. Y enfatizó que los nombramientos “tienen un mayor impacto en el interior provincial” porque “cuando no están abiertos los juzgados es toda una peripecia”.

La legisladora de Unión por la Patria aclaró que la “postulación no depende del Senado”, al tiempo que mencionó que “hoy tenemos una Suprema Corte que tiene problemas de funcionamiento”. A su vez, volvió a cuestionar al Procurador General, Julio Conte Grand, quien “había sido funcionario de Vidal” y continuó en el cargo pese a que “ya tenía un alineamiento político”. Por tal motivo, consideró que “ese cargo debe ser lo más equidistante posible” y por esto es “oportuno que se discuta el funcionamiento de la justicia en general”.

Fuente: DIB

Los cuatro miembros de la Corte Suprema no asistirán al acto que realizará Javier Milei en Tucumán por el 9 de Julio, en el que el Gobierno impulsa la firma del demorado Pacto de Mayo. En tanto, Mauricio Macri volverá al país y será el único ex presidente presente.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti anunciaron su inasistencia a través del área de ceremonial del alto tribunal, que ya se lo informó a ceremonial de la Casa Rosada. No especificaron los motivos.

Pero la decisión de los jueces se da en medio del debate por la incorporación de dos nuevos integrantes a la Corte Suprema, con la polémica postulación de Ariel Lijo (empujado por Lorenzetti), y una eventual ampliación.

Los magistrados no serán los únicos ausentes en la celebración con la que la gestión libertaria buscar sellar un acuerdo con 10 puntos claves de cara al futuro. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ratificó en los últimos días su decisión de no asistir al encuentro. “Si es una foto de marketing del Gobierno para fingir un apoyo, no cuenten conmigo”, dijo.

También serán de la partida el riojano Ricardo Quintela, el pampeano Sergio Ziliotto, el fueguino Gustavo Melella y el formoseño Gildo Insfrán. Quién sí asistirá es Mauricio Macri.

Desde el Gobierno dejaron saber que finalmente -pese a lo que había comunicado el presidente- los gobernadores serán los únicos habilitados para firmar. Macri, el único de los ex presidentes que había confirmado su presencia para la frustrada convocatoria del 25 de Mayo, en los últimos días había generado algunas dudas luego de que se tensionara su relación con el Ejecutivo por la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad.

Sin embargo, desde su entorno confirmaron que Macri tomará hoy un avión de regreso a la Argentina desde Europa, donde ayer estuvo presente en el torneo de tenis de Wimbledon, para sumarse a la convocatoria del libertario en Tucumán. Luego tiene previsto regresar al Viejo Continente.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en tanto, no tienen planeado asistir a la convocatoria de Milei.

Ante a las primeras versiones de ampliación de la Corte, la Justicia se mostró cautelosa, debido a que no se trata del primer proyecto que se formuló en los últimos años en torno al tema, pero también porque creen que es una cuestión que primero se tiene que zanjar en los otros poderes, a nivel ejecutivo y legislativo.

Dos jueces de la Suprema Corte ya habían expresado su postura respecto a la posibilidad de ampliación. Ricardo Lorenzetti fue uno de los que declaró en 2022 que "no se puede hacer populismo judicial", en una crítica al intento del kirchnerismo de ampliar de 5 a 15 el número de integrantes.

Sobre esa misma reforma promovida por el gobierno de Alberto Fernández, el presidente de la Corte Horacio Rosatti había sido bien claro al declarar en una entrevista televisiva que "sería bueno que nos consulten".

Los 10 puntos del Pacto de Mayo

El Gobierno de Javier Milei difundió el miércoles los 10 puntos que incluirá el Pacto de Mayo, con dos cambios relevantes: se incorporó un tópico sobre educación y se eliminó la reforma política.

En el proyecto inicial del pacto, la administración de Milei había establecido una "reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados". Pero finalmente ese punto no estará en el compromiso al que llamó el presidente para respetar 10 políticas de Estado y al que describió como un nuevo acuerdo fundacional para la Argentina.

En marzo, cuando Milei anunció el Pacto de Mayo y convocó a los gobernadores, aclaró que esos lineamientos iban a estar sujetos a la aprobación previa de la Ley de Bases y del paquete fiscal, lo que finalmente sucedió tras varias idas y vueltas.

Los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas irán a juicio político por el caso Lucía Pérez. Junto con Aldo Carnevale, quien ya inició su proceso jubilatorio y en principio no será alcanzado por la medida, fueron quienes absolvieron a los tres acusados por la muerte de Lucía Pérez.

La Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses resolvió por unanimidad la acusación por negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta de los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal N°1.

Los jueces dictaron la sentencia absolutoria de Matías Farías y Alberto Macial, que fue anulada en agosto del año pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación, que estableció la realización de un nuevo juicio.

La diputada nacional, Graciela Camaño, criticó este miércoles la creación de una comisión bicameral para investigar a los jueces, impulsada por el Presidente Alberto Fernández.

"Estoy espantada por todo lo que está pasando, por el nivel de desubicación en el espacio y en el tiempo que estamos teniendo. Pueden crear una comisión para decir que van a perseguir jueces pero no lo van a poder hacer porque jamás podrá exorbitarse a la Constitución", aseveró Camaño en diálogo con Radio La Red.

En esa misma línea, indicó que "la Constitución establece claramente un alejamiento de cualquier tipo de control al poder legislativo con respecto al poder judicial, le deja una parte muy chiquita vinculada a la representación parlamentaria en el consejo de la magistratura y deja establecido que el control  de la conducta de los jueces está en la órbita del propio poder judicial en una figura llamada Consejo de la Magistratura".

"El Congreso podrá hacer todas las comisiones que quiera, porque las ha hecho a lo largo de su historia y de todo tipo, pero eso no quiere decir que se vaya a controlar a los jueces. No pueden hacerlo", aseveró la legisladora.

"Lo que a mí me espanta que estemos discutiendo esto en un país donde hay una miseria espantosa porque el nivel de pobreza es increíble. La gente está mal, los precios suben todos los días, y nos dedicamos a discutir públicamente cosas que no tienen sustento. Me llamó mucho la atención el discurso de sesión inaugural del presidente con una carencia total de algo que me de la esperanza de que haya un proyecto. Lo único que se dijo en ese sentido es que vamos a seguir siendo un país extractivo y petrolero. En este sentido, el discurso fue nefasto para toda una política que en el mundo habla de una recuperación del ambiente distinta", aseveró.

En otro marco, apuntó que "el kirchnerismo es una facción del peronismo de izquierda que lograron una coalición electoral"." Tenemos un problema serio en la Argentina porque se logra que varias personas de diferentes partidos se pongan de acuerdo para ganar la elección, eso no le sirve a los argentinos. Los acuerdos para ganar elecciones nos han dado gobiernos desastrosos", agregó.

La Suprema Corte de Justicia dispuso crear el Sistema de Aporte Solidario e impulsar un programa de medidas de austeridad en todo el ámbito de la Administración de Justicia provincial, a fin de solventar la adquisición de insumos necesarios para atender la emergencia pública en materia sanitaria por la pandemia de coronavirus (COVID-19).

En cuanto al Sistema de Aporte Solidario, se establece que estará constituido con aportes voluntarios que pueden alcanzar un 20% del Sueldo básico de los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia; jueces del Tribunal de Casación; Cámaras de Apelación y de primera instancia; como así también de funcionarios de alto rango del servicio de justicia.

Dichos fondos, según surge de la Resolución Nº 014/20, serán destinados al Ministerio de Salud de la Provincia y a instituciones de bien público provincial dedicadas a la atención sanitaria por la pandemia de coronavirus (COVID-19).

Entre los fundamentos de la decisión firmada por el presidente Eduardo de Lázzari con acuerdo de todos los ministros de la Suprema Corte y adhesión de la Procuración General, el Tribunal expresa que es consciente del esfuerzo que la generalidad de los magistrados ponen cotidianamente al servicio de la función judicial incluso durante esta grave emergencia; como también lo es del rezago que tienen sus remuneraciones comparadas con otras jurisdicciones del país. Sin embargo -añade el Tribunal- ante el duro trance que enfrenta la sociedad argentina elevadas razones de interés público tornan aconsejable instar el mecanismo solidario.

Medidas de austeridad

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia decidió instrumentar un programa de medidas de austeridad del gasto, tendientes a generar el ahorro de partidas que pudieran complementar dicho Fondo Solidario, entre ellas:

I. Congelar la cobertura de cargos existentes al 31 de marzo del corriente año, con excepción de aquellas situaciones valoradas por Tribunal como necesarias a la prestación del servicio de justicia.

II. Suspender las puestas en funcionamiento de órganos jurisdiccionales y dependencias, con excepción de aquellos que cuentan con inmuebles propios y/o inmuebles ya locados.

III. Suspender la adquisición de inmuebles, automotores y bienes de capital, con excepción estos últimos de aquellos indispensables para la puesta en funcionamiento de órganos jurisdiccionales que cuenten con fecha de inicio de actividades aprobada por este Tribunal.

IV. Suspender la compra de material destinado a las bibliotecas del Poder Judicial, con excepción de aquellas suscripciones ya contratadas; correspondiendo a la Secretaría de Administración informar el saldo de la cuenta especial y poner a consideración del Tribunal su reasignación para el Fondo Solidario.

V. Suspender el pago en concepto de viáticos y movilidad para las comisiones de servicios que no sean expresamente indispensables autorizadas por el Tribunal.

VI. Suspender el pago de horas cátedras que se abonan en el marco de las actividades del Instituto de Estudios Judiciales, con excepción de aquellas en concepto de cursos dictados mediante modalidad virtual, y de las ya programadas en el marco de la implementación de la Ley "Micaela" de capacitación obligatoria en género.

VII. Establecer que los Magistrados y funcionarios de Tribunal con cargo asimilable, que dispongan de equipo de telefonía celular asignado, deberán reintegrar el importe de las facturas, durante el período que dure la situación de emergencia sanitaria. No están comprendidos en este punto los equipos dispuestos para los organismos judiciales de turno o en guardias.

Finalmente, el Tribunal estableció que quedan exceptuadas de las medidas de austeridad y de prioridad del gasto, las contrataciones para adquirir bienes y servicios en el marco de la emergencia sanitaria, a partir de las acciones implementadas por el Tribunal o su Presidencia para el resguardo de la salud de los trabajadores.

La resolución completa de la Suprema Corte:

Fuente: Suprema Corte de Justicia - Poder Judicial de la Pcia. de Buenos Aires

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, expone que, a pesar de las disposiciones y medidas adoptadas hasta la fecha por la Comisión para el Seguimiento y Control de la Situación Epidemiológica, de la que forma parte, la situación del fuero de Familia en toda la provincia es grave y acuciante, por lo que deben adoptarse medidas especiales.

La mayoría de los expedientes que allí tramitan, entre los cuales están los de protección contra la violencia, las internaciones y los abrigos, resultan de tramitación urgente. En algunos departamentos judiciales de nuestra provincia solamente existe un juzgado; en otras, se centralizó toda la actividad también en uno solo: los jueces a cargo debieron despachar aproximadamente 400 expedientes urgentes en el día de ayer.

Los horarios se extendieron de 7:30 a 17:00hs., con atención a gran cantidad de público. El contacto entre las personas amontonadas resulta altamente peligroso y contrario a las recomendaciones oficiales y sanitarias. A esto debe añadirse que no hay provisión de alcohol en gel u otra variante análoga y no se cuenta con personal de limpieza que satisfaga la demanda de higiene necesaria.

Paralelamente, se expresan voces que amenazan con denuncias contra magistrados y funcionarios que promuevan la presencia de empleados en las oficinas.

Las presentaciones electrónicas son excesivas. Ello genera un caudal enorme que impide separar lo urgente, lo importante y lo aplazable. Como corolario, se atenta contra la posibilidad de atención de los asuntos de urgente despacho.

Los funcionarios y los magistrados se ven absolutamente sobrepasados por esta combinación de circunstancias y se exponen en mayor medida al peligro de contagio y, por lo tanto, de convertirse en potenciales fuentes de transmisión del virus a las personas que atienden.

Muchos de los magistrados se encuentran en la situación de las excepciones reglamentariamente dispuestas, lo que sobrecarga la tarea –enorme, loable, pero claramente insostenible en el tiempo- de aquellos que concurren a desempeñar las funciones.

Es necesario considerar esta situación mediante un anexo o protocolo especial para dicho fuero. Habilitar medios tecnológicos (celulares, uso de Internet, firma digital, atención telefónica desde los domicilios), restricción o prohibición de presentaciones electrónicas postergables.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, hace esta exposición y este exhorto para que esta situación sea atendida y resuelta con la debida prioridad y urgencia.

Los principales representantes de la justicia participaron este jueves en Mar del Plata de la Audiencia Pública Periódica de Información del Consejo de la Magistratura en la Facultad de Derecho. Contó también con un panel académico integrado por reconocidos especialistas de nuestro país y del exterior.

"Para nosotros es un orgullo, por varios motivos. Hemos sido seleccionados para ser sede de esta audiencia pública por primera vez en la ciudad. Nos permite abrir una vez más las puertas de la facultad para que el pueblo de Mar del Plata pueda asistir a hacer preguntas y recibir respuestas", dijo María del Carmen Ortega, la decana de la Facultad de Derecho, a El Marplatense.

El encuentro contiene una amplia agenda de actividades. Los integrantes del cuerpo presentaron el Informe Anual de Gestión y analizaron las preguntas sugeridas por los inscriptos.

"Esto implica que el ciudadano pueda ejercer sus derechos. Dentro de ello está el derecho a la información. Por qué alguien resulta nombrado y alguien no. La transparencia siempre es favorable a la república", consideró Ortega.

El Consejo de la Magistratura, entre otras cuestiones, "tiene en sus manos la cuestión relativa al nombramiento de los jueces", así como "la posibilidad que esos jueces puedan ser retirados de sus cargos".

La apertura de la Audiencia Pública estuvo a cargo de Ricardo Recondo, presidente del Consejo de la Magistratura, y su cierre de la vicepresidente del Cuerpo, Marina Sánchez Herrero.

Presentaron sus informes los presidentes de Comisión: Juan Manuel Culotta –Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial–, Miguel Angel Pichetto –Comisión de Disciplina y Acusación–, Juan Pablo Mas Velez –Comisión de Administración y Financiera–, y Inés Brizuela y Doria –Comisión de Reglamentación.