En la ciudad de la Plata, un grupo de padres presentó una denuncia penal contra un ex juez y varias profesionales de la salud mental, a quienes acusan de haber intervenido en causas judiciales con informes presuntamente falsos que derivaron en la ruptura del vínculo con sus hijos.

Según la presentación, impulsada por varios hombres que atravesaron procesos judiciales por denuncias de abuso que luego fueron desestimadas o archivadas, existiría un patrón en la elaboración de pericias psicológicas. Los denunciantes sostienen que esos documentos habrían sido utilizados para respaldar acusaciones que no prosperaron en la Justicia, pero que igualmente generaron consecuencias duraderas en el contacto familiar.  

De acuerdo con el planteo, las intervenciones de las profesionales presentarían similitudes entre sí, tanto en la metodología como en los contenidos, incluso en expedientes distintos. Esto despertó sospechas sobre la posible existencia de un accionar coordinado vinculado a una organización liderada por un ex magistrado.  

La denuncia incluye delitos como asociación ilícita, falso testimonio agravado y otras figuras vinculadas a la presunta manipulación de pruebas en causas sensibles. Además, se cuestiona el impacto de estas prácticas en los menores involucrados, ya que, según los denunciantes, habrían sido sometidos a tratamientos psicológicos que reforzaban hipótesis de abuso inexistentes.  

Uno de los puntos más críticos señalados es la utilización de técnicas de evaluación que, según los abogados, podrían inducir respuestas en los niños. También remarcan que, pese a que varias causas fueron cerradas sin pruebas, en muchos casos no se restituyó el vínculo entre padres e hijos, lo que prolongó el conflicto familiar.  

La gravedad de las acusaciones motivó la intervención de organismos judiciales, que comenzaron a relevar información para determinar si se trata de hechos aislados o de una práctica sistemática. Mientras tanto, el caso abre un fuerte debate sobre el rol de las pericias psicológicas en la Justicia y su impacto en procesos vinculados a la niñez.

Luego de que le negaran la libertad condicional a dos de los policías que torturaron, violaron y asesinaron a Natalia Melmann en Miramar, su padre Gustavo habló con Radio Mitre Mar del Plata, donde se mostró indignado por el pedido de los condenados y volvió a reclamar por los agentes que  "siguen dilatando y dilatando la extracción de sangre” que podría identificar al quinto implicado en el caso.

En primer lugar, explicó que Oscar Echenique y Ricardo Anselmini “piden la libertad condicional, que es lo máximo a lo que pueden acceder” y que,  “según el Código Procesal, les corresponde pedirla las veces que quieran”. Más allá de esa posibilidad,  aseguró que “fueron negadas porque no están en condiciones mentales ni cumplieron con las salidas transitorias que tuvieron en otras oportunidades”.

Pero además, el padre de la víctima remarcó que el juez Ricardo Perdichizzi rechazó el pedido porque “es un hecho aberrante el que cometieron con Natalia siendo funcionarios de la Policía Bonaerense”, y lleno de rabia y tristeza, relató: “La torturaron, la violaron y la asesinaron con el cordón de su zapatilla. Lo más lamentable es que hace 25 años que venimos soportando asedios y difamaciones de los familiares y la abogada que los representa”. 

Por otro lado, en cuanto al pedido de justicia, recordó que para ello “falta identificar un quinto ADN que se encontró en el cuerpo de Natalia”, pese a que “en el 2002 el tribunal que hizo el juicio y condenó a estos policías había pedido que se se hiciera”.

No obstante, Melmann comentó que debieron ir a la Suprema Corte de la Provincia,  que “hace cinco años se expidió, pero siguen dilatando y dilatando la extracción de sangre”, la cual fue realizada a solo cuatro policías y hay otros tres que se rehusan. “Están tomando todo tipo de dilaciones. Primero pidieron un plazo, después apelaron y ahora recusaron a la fiscal. Toman todo lo que pueden para dilatar la extracción y el juez, lamentablemente, se los concede”, reclamó.

Además, expresó que “en la policía no cambió nada” y que “nunca hubo un pedido de disculpas de su parte”, al mismo tiempo que “se siguen cometiendo crímenes contra un montón de jóvenes”. Y por último, remató: “Hemos tenido jueces que nos han ayudado, pero era lo que corresponde. El Estado debe resolver el crimen de mi hija porque fue el que la mató”.

Con el rechazo por parte de la Corte Suprema a los recursos de queja interpuestos en la causa Vialidad, todo regresa a Comodoro Py donde el presidente del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que realizó el juicio, se convierte en el juez de ejecución de la pena. Jorge Gorini decidió que Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López y el resto de los condenados se presenten en Comodoro Py en un lapso inferior a los cinco próximos días hábiles, es decir antes del jueves 19 de junio.

Esta medida tiene "el objetivo de hacer efectivas sus detenciones" y busca dar un plazo prudencial en atención a que "algunos de los convocados se domicilian en distintas provincias argentinas".

Cuando Cristina aún se desempeñaba como presidenta del Senado de la Nación, escuchó la lectura de la sentencia el 6 de diciembre de 2022. Por unanimidad los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu la encontraron responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El daño ocasionado a las arcas públicas fue calculado en 85.000 millones de pesos.

El criterio adoptado por el máximo tribunal dejó firme la sentencia condenatoria que había validado la Cámara de Casación, contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibañez y Juan Carlos Villafañe.

En cambio, Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, obtuvo la absolución junto al ex funcionario provincial, Héctor Garro.

Ahora, tras la confirmación de la Corte, el expediente regresa a Comodoro Py. Allí se conformará el Legajo de Ejecución de la Pena a cargo de Gorini, quien citó a los condenados para que se presenten la semana próxima en Comodoro Py.

Contrario a ese criterio, los fiscales de juicio, Diego Luciano y Sergio Mola, presentaron un dictamen exigiendo la inmediata detención de los condenados.

En el escrito, los representantes del Ministerio Público Fiscal, sostuvieron: “Para asegurar el ejercicio del derecho de defensa, toleramos -dentro de ese margen- reproches infundados a nuestra labor. Esto se debe a que entendemos la capital relevancia del ejercicio de la defensa técnica y material, ya que la aplicación de una pena es, sin duda, una de las consecuencias jurídicas que más afectan los derechos fundamentales de las personas ante el incumplimiento de una norma de conducta”.

Incluso, a pesar de que ha adquirido firmeza la condena, “seguimos sosteniendo que la pena cuya ejecución solicitamos (seis años) luce insuficiente y desproporcionada frente al grave daño ocasionado”, indicaron. Fueron quienes solicitaron una condena a doce años.

Ante la gravedad de los hechos, “tenemos la obligación de dejar en claro que, de acuerdo a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación -órgano de mayor jerarquía con jurisdicción dentro del territorio argentino-, en este proceso se han respetado íntegramente las garantías del debido proceso”.

Por ende, la ejecución de las penas que se “solicita es la consecuencia de la aplicación de la ley penal frente a conductas delictivas plenamente acreditadas y ahora confirmadas por nuestro máximo tribunal”.

Finalmente los fiscales argumentaron: “La falta de reacción sancionatoria inmediata -es decir, la no ejecución de una pena que también estigmatice como incorrecto el comportamiento de las personas que han sido condenadas- podría llevar a percibir que las disposiciones de derecho interno y del sistema internacional enderezadas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción no rigen como pauta de conducta para los funcionarios públicos, o al menos, para algunos de ellos”.

Además, en un oficio el juez a cargo de la ejecución de la pena solicitó al Ministerio de seguridad de la Nación la “asignación de una dependencia de las fuerzas federales -indistintamente, de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Servicio Penitenciario Federal o Policía de Seguridad Aeroportuaria-, que cumpla con las condiciones adecuadas para el alojamiento de las personas condenadas”, en el caso Vialidad.

La finalidad del pedido busca “determinar el lugar de detención que se deberá tender y darse una consideración específica a las características particulares individuales de cada una de ellas”.

Fuente: Clarín

La Liga Profesional de Fútbol oficializó al árbitro que este sábado desde las 16 dirigirá el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Y el nombre dará que hablar. Es que el designado no es otro que Nicolás Ramírez, el árbitro que en la última fecha quedó en el ojo de la tormenta tras anularle un gol a Luciano Lollo que impidió la victoria de Estudiantes frente a Platense.

Su actuación provocó la crítica de Juan Sebastián Verón que explotó contra la AFA: "En vez de convocar a DT's y capitanes, mejor revisen cómo dirigen y usan la tecnología, porque resulta muy obvio ya...", escribió en una historia, junto al video de la jugada polémica que rápidamente anuló Ramírez".

En medio de la polémica, la liga ratifica a Ramírez y lo premia con el partido más importante del fútbol argentino.

Será el primer Superclásico para Ramírez que ya había sonado en los últimos dos cruces entre Boca y River, pero no pudo saltar al campo por distintos motivos. En febrero, cuando River recibió a Boca en el Monumental, era el elegido. Sin embargo un desgarro lo dejó fuera de juego.

Para este sábado se espera un partido cargado de tensión. Tras quedar afuera de la Copa Sudamericana y con la última derrota en Avellaneda frente a Racing, Boca llega con un DT en la cuerda floja, y una derrota dejaría a Diego Martínez con un pie afuera de la Ribera.

En cuanto a la pregunta de siempre, "cómo les fue a River y a Boca con Ramírez", la respuesta es que el local sale mejor parado.

El magistrado dirigió al Xeneize en 7 partidos, ganó 5 y perdió 2. Con el Millonario fueron 7 encuentros también, aunque a los ahora dirigidos por Marcelo Gallardo el saldo les da negativo: ganaron 2, empataron 1 y perdieron 4.

Fuente: Clarín

El juez federal Emiliano Canicoba Corral citó a indagatoria a su colega, Martín Poderti, acusado de robar más de 140 monedas de oro que estaban guardada en una caja de seguridad del Banco Nación. Además, trascendió que el acusado, nombrado a fin del año pasado en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, había ingresado a esa caja cuando ya no trabajaba en el juzgado federal 2 de San Isidro.

Poderti deberá presentarse a declarar el 14 de agosto, luego de la feria judicial, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

Las monedas habían sido secuestradas en 2017 en el marco de la causa ‘Sancho’.Gustavo Sancho es un empresario que fue condenado a mediados de 2023 por liderar una banda narco que entraba cocaína a la Argentina en avionetas. El dueño de la monedas, en cambio, terminó absuelto por falta de acusación fiscal, y el tribunal oral ordenó que le devuelvan las monedas.

Pasó casi un año. Recién el 9 de abril de este año, el actual secretario del juzgado federal 2 de San Isidro, que reemplazó en el cargo a Poderti, fue a la caja del banco y descubrió que las monedas ya no estaban.

Según la investigación, el robo “hormiga” se concretó entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023. En ese período, Poderti ingresó un total de 19 veces a la caja 8-44 de la sucursal San Isidro del Banco Nación, con la llave y con su DNI.

Lo más insólito es que desde diciembre de 2022, ya estaba en conversaciones con distintos actores judiciales para dejar el juzgado de San Isidro por un problema personal. “En diciembre de 2022 comenzó los trámites para salir de ese juzgado y pasar al Tribunal Oral 1 de San Martín con sede en Olivos. En febrero de 2023 comenzó a trabajar desde su casa y en marzo le salió el traslado formal”, reveló una fuente de Tribunales.

Los investigadores se sorprendieron con toda la maniobra pero especialmente con esos últimos ingresos al banco, cuando ya estaba con un pie afuera del juzgado 2 de San Isidro. También pusieron la mira en otros ingresos que se dieron durante períodos de licencia.

Según el expediente judicial, desaparecieron (59) piezas de oro, representando moneda “KRUGERRAND”; veintiocho (28) piezas de oro “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, representando 50 pesos mexicanos; cincuenta y cuatro (54) piezas de oro, representando moneda libra (soberano); dos (2) piezas de oro, representando moneda CIEN SOLES – PERÚ; y una (1) pieza de oro, representando moneda (100 Yuanes).

En total, el botín tendría un costo aproximado de USD 200 mil.

La causa, que está a cargo del juez Canicoba Corral y del fiscal Paul Starc, trascendió recién este miércoles cuando se ordenó una batería de allanamientos, incluso en su despacho.

Los domicilios allanados están ubicados en Hipólito Irigoyen al 1100 (Vicente López), Cosmer Becar al 100 (San Isidro), Ituzaingó al 2700 (Tigre), y en el piso 19 del complejo “Torres del Golf”, en Mar del Plata, donde el juez vivía cuando estaba en esa ciudad.

Durante los procedimientos, a cargo de la Policía Bonaerense, se logró secuestrar el teléfono de Poderti y varias computadoras que ahora serán peritadas. El juez también habilitó el registro de los autos encontrados en esos domicilios. Pero las monedas no aparecieron por ningún lado.

Mientras estaba adscripto al Tribunal Oral de San Martín, Poderti ganó un concurso y actualmente forma parte del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. El decreto de su nombramiento se publicó en el Boletín Oficial el 28 de noviembre, trece días antes de finalizar el gobierno de Alberto Fernández.

Su situación ahora deberá ser analizada en el Consejo de la Magistratura, durante siempre tuvo el apoyo de la Lista Celeste.

El Senado de la Provincia de Buenos Aires sesionó con el foco puesto en la aprobación de pliegos para cubrir cargos judiciales, que desde un tiempo se encontraban vacantes por los desacuerdos entre oficialismo y oposición.

Al cabo, se aprobaron 46 pliegos judiciales de defensores oficiales, agentes fiscales y jueces que los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado bonaerense examinó y realizó los cuestionarios de rigor a los aspirantes a llenar las vacantes en diferentes ámbitos de la justicia de la provincia de Buenos Aires.

Para Mar del Plata, la aprobación incluye la designación de quien desarrolla labores en el Ministerio Público como fiscal Gastón De Marco quien ahora pasará a ser Juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías. 

Previamente, el Senado bonaerense oficializó la renuncia de la senadora Daniela Reich a la vicepresidencia de la Cámara alta, y en su lugar asumió su par del PRO, Christian Gribaudo, delfín de Mauricio Macri.

La legisladora y aún presidenta del PRO bonaerense dio un paso al costado, luego de la feroz interna que se abrió entre macristas y bullrichistas, tras el acuerdo de este último espacio con el gobierno nacional.

LA VOTACION DE LOS PLIEGOS Y EL PAPELON DE BERNI  

Sobre el final de la tercera sesión ordinaria del año del Senado bonaerense, después de la extensa enumeración de las carátulas los 46 pliegos judiciales que formuló el secretario legislativo del cuerpo, Rolando Lata, Berni pidió la palabra para señalar que en el Orden del Día figuraba la frase “acuérdese aprobada por unanimidad”, algo que desmintió.

“Dejo a su consideración como seguirá la formalidad de los pliegos”, le dijo el exministro a la presidenta del cuerpo, Verónica Magario, a sabiendas de que dichos expedientes para ser tratados durante la jornada de hoy, requerían llegar con “unanimidad” y su firma, como se contó anteriormente, no estaba estampada en los 46 dictámenes.

Así, la intervención de Berni, provocó un parate en la sesión del Senado bonaerense y fue la propia titular de su bloque, la peronista Teresa García, la que salió a frenarlo: “En esta casa es de uso y costumbre que la unanimidad sea entendida por la totalidad de los bloques que conforman la comisión. Entiendo la duda que tiene, pero es lo que se ha venido haciendo desde la gestión anterior”.

A continuación, el senador bonaerense de Unión por la Patria, Gustavo Soos, solicitó la interpretación de los artículos 193 y 38, inciso d, del reglamento interno a realizarse por el mismo cuerpo, la que se saldó por unanimidad de los bloques legislativos y por la votación de más de dos tercios del recinto, según solicitó que quede registrado en actas el oriundo de Merlo.

Con esa enmienda, el Senado bonaerense evita que se puedan objetar los nombramientos. Con ese fin, la jefa de bloque oficialista, Teresa García, añadió vastos antecedentes en los que la comisión de ACA despachó pliegos sin la totalidad de las firmas de sus integrantes, en 2018 y 2019, y esos expedientes terminaron siendo votados los dos tercios del cuerpo. La legisladora dejó asentado que por unanimidad se entiende “la ausencia de despacho de minoría y la concordancia de todos los bloques en la firma de los expedientes”.

La senadora García también exhibió antecedentes de la facultad que tiene la Cámara alta de interpretar su propio reglamento, siempre y cuando logre el acompañamiento de más de dos tercios de los presentes en el recinto. “Hace mucho tiempo que la Cámara de Senadores es observada por los medios y por periodistas de la región, contando que no tratan las vacancias de la Justicia y que esto genera serios problemas. Se ha hecho mucho trabajo entre todos los bloques para lograr consenso y lograr cumplir para lo que fuimos elegidos”, destacó García. Si Beni hubiese ganado la pulseada por el tecnicismo, los 46 pliegos judiciales recién podrían tratarse en la próxima sesión.

En este contexto, pese al pataleo del exministro de Seguridad, después de dos años y medio de parálisis, en apenas cinco meses de gestión, el ministro de Justicia, Martín Mena, logró que el Senado bonaerense sancione 46 pliegos judiciales, 26 expedientes menos de los magros 72 que despachó la Cámara alta durante todo el primer mandato de Axel Kicillof.

El tema era verdaderamente acuciante, pues un tercio de los cargos de la justicia bonaerense están vacantes y los tribunales de la provincia de Buenos Aires se encuentran al borde del colapso. Según la fuente consultada, la segunda estructura judicial más grande de América Latina, después del Estado de San Pablo (Brasil), acumula entre 700 y 800 casilleros vacíos.

Sin embargo, Berni quiso entorpecer la votación de los pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales. En el medio, quedaron los cientos de miles de bonaerenses que son víctimas de un servicio de justicia que, hasta el momento, no hallaba respuestas de la política.

Con los dos tercios, se resolvió votar el pliego en cuestión que fue aprobado por los legisladores provinciales.  

Listado completo de los aspirantes a cargos en la justicia bonaerense:

Dr. Ogni Gustavo Alberto Defensor/a oficial (para actuar ante el fuero de la responsabilidad penal juvenil) - Departamento Judicial Avellaneda – Lanús;

Dra. Donato Romina Noemí Defensor/a oficial (para actuar ante el fuero criminal y correccional) - Departamento Judicial Avellaneda – Lanús;

Dra. Cebalo Mariana Inés Agente Fiscal - Departamento Judicial Avellaneda – Lanús;

Dra. María Josefina Esteban Juez/a de Juzgado de Familia-Departamento Judicial Lomas de Zamora;

Dr. Esteban Pablo Baccini Juez/a de Cámara de Apelación de garantías en lo penal- Departamento Judicial Lomas de Zamora;

Dr. Néstor Rodrigo Martínez Wakun Agente Fiscal Departamento Judicial Lomas de Zamora;

Dr. Eusebio Daniel Vaqueiro Agente Fiscal Departamento Judicial Lomas de Zamora;

Dra. María Claudia Sánchez Agente Fiscal Departamento Judicial Lomas de Zamora.

Dr. Leonardo Luis Enrique Minuto Juez/a del Tribunal del Trabajo- Departamento Judicial Zárate - Campana con asiento en Escobar;

Dra. Yamila Valcarce Juez/a del Tribunal del Trabajo Departamento Judicial Zárate - Campana con asiento en Escobar;

Dra. Noemi Alicia Gimenez Juez/a del tribunal del trabajo departamento judicial Zárate - Campana con asiento Escobar;

Dr. Gonzalez Eduardo Martin Defensor/a Oficial (para actuar ante el fuero civil, comercial y de familia) Departamento Judicial Avellaneda-Lanús;

Dra. Martínez María Julieta Juez/a Juzgado de Paz Letrado del Partido de Puan Departamento Judicial Bahía Blanca;

Dr. Loubet Angel Oscar Juzgado de Paz Letrado del partido de General Guido Departamento Judicial Dolores.

 Dr. Villegas Leonardo Javier Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Departamento Judicial La Plata;

Dr. Rondina Hugo Adrián Juez/a Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamento Judicial La Plata;

Dra. Salvioli Alejandra Juez/a del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Departamento Judicial La Plata;

Dr. Borda Luciano Danilo Agente Fiscal para sede cabecera o descentralizada Departamento Judicial La Matanza.

Dra. Di Santo Melina Verónica Defensor/a Oficial para actuar ante el Fuero civil, comercial y de familia Departamento Judicial La Matanza;

Dr. Esteban Pablo Baccini juez/a de Cámara de Apelación de Garantías en lo Penal- Departamento Judicial Lomas de Zamora;

Dr. Cardoso Marcelo Darío Juez/a Juzgado de Familia Departamento Judicial La Matanza;

Dr. Sánchez Eduardo Gabriel Juez/a Tribunal en lo criminal departamento judicial La Matanza.

Dra. Godino Claudia Fabiana Juez/a Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamento Judicial La Matanza;

Dr. Martínez José Ignacio. Juez/a juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Departamento Judicial Lomas de Zamora.

Dr. Miño Sotero Arnold Roberto Carlos Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Departamento Judicial Lomas de Zamora;

Dr. De Marco Gastón Alexis Aníbal Juez/a Cámara de Apelación y Garantías en lo penal Departamento Judicial Mar del Plata;

Dr. Diez Bernardo Marcos Juez/a Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Departamento Judicial Mar del Plata;

Dr. Ryan Daniel Patricio Defensor/a oficial para actuar ante el fuero criminal y correccional Departamento Judicial Pergamino;

Dr. De Rosa Diego Juez/a de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Departamento Judicial Quilmes.

Dr. Pagliuca Federico José Agente Fiscal Departamento Judicial Quilmes.;

Dr. Melian Guillermo Rubén Defensor Oficial para actuar ante el fuero Civil, Comercial y de Familia Departamento Judicial Quilmes;

Dr. Garbus Gastón Defensor General Departamental Departamento Judicial San Isidro;

Dr. Díaz Silvestre Juez/a del Tribunal en lo Criminal Departamento Judicial San Isidro.

Dra. Padrones Maria Cecilia Juez/a Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Departamento Judicial San Isidro;

Dr. Petrucci Julio César. Juez/a Agente Fiscal Departamento Judicial San Isidro;

Dr. Conti Daniel Eduardo Juez/a Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamento Judicial San Martín

Dr. Eribe Federico Gregorio Gabriel Juez/a del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Departamento Judicial de San Martín;

Dr. Ponce Augusto Carlos Defensor/a oficial suplente para actuar ante los fueros criminal y correccional y de la responsabilidad penal juvenil región 4: Departamentos Judiciales Junín, Trenque Lauquen y Mercedes.

Dra. Taybo Mariana Daniela Defensor/a suplente para actuar ante los fueros civil, comercial y de familia Departamento Judiciales Junín, Trenque Lauquen y Mercedes;

Dr. Bouchoux Manuel Alberto juez/a del Tribunal de Casación Penal;

Dr. Amatriain Agustín Juez/a cuerpo de magistrados suplentes para actuar ante los fueros penal, de menores y penal juvenil región 1: Departamentos Judiciales La Plata, Lomas de Zamora, Quilmes, Moreno-General Rodríguez y Avellaneda-Lanús;

Dr. Eslaiman Mohamed Adrián Agente Fiscal para actuar ante el fuero de la responsabilidad penal juvenil Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

Dr. Castellano Jasón Leonel Juez/a cuerpo de magistrados suplente para actuar ante los fueros penales y de responsabilidad juvenil región 2: Departamento Judicial Merlo, Morón, San Martín, La Matanza, San Isidro.

Dra. Maldonado Laura Carina Juez/a Juzgado de Paz letrado del partido de coronel rosales Departamento Judicial Bahía Blanca;

Dr. Miceli Carlos Alberto Juez/a Juzgado de Paz Letrado del Partido de Ituzaingó Departamento Judicial Morón; Dra. Tatangelo Claudia Lorena. Juez/a Juzgado de Paz Letrado del Partido de Escobar Departamento Judicial Zárate- Campana.

La disputa familiar de madre e hija por la publicación de fotos de los nietos ha acabado siendo dirimida ante el juez, que ha ordenado a la abuela de los niños que retire las fotos que publicó de ellos en redes sociales.

Ha ocurrido en Países Bajos. La abuela de los niños compartió a través de Facebook y Pinterest varias fotografías de estos sin consultar con los padres ni pedirles permiso para ello.

La madre de los menores -hija de la denunciada- le pidió en varias ocasiones que retirase las imágenes. Sin embargo, la abuela hizo caso omiso de la petición de su hija y mantuvo las instantáneas online. Al final, y ante la negativa a borrarlas, acudió a los tribunales para lograrlo, como así ha sucedido.

La abuela pidió al juez que al menos le dejase mantener una de las fotos de uno de los niños con el argumento de que había convivido con ella una temporada. Pero el magistrado le denegó tal petición ordenándole la retirada de todas y cada una de las imágenes. En su argumentación de la sentencia establece que la mujer ha violado las leyes referentes a la privacidad en base al Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea.

Según un experto, esta sentencia se mantiene dentro de la “posición que el Tribunal Europeo ha tomado durante muchos años” en este sentido añadiendo que en el caso de Facebook, “no se puede descartar que las fotos colocadas se puedan distribuir y terminar en manos de terceros”.

Con la sentencia del tribunal emitida, a esta abuela no le queda más remedio que ceder en su empeño por mantener en línea las fotos de sus nietos y borrarlas. De lo contrario, deberá pagar una multa de 50 euros por día que no lo haga hasta un máximo de 1.000 euros. Y en el caso de reincida y vuelva a publicar fotos sin el consentimiento de los padres la sanción será también de 50 euros por día.

Neil Brown, abogado de tecnología de Decoded Legal, cree que este “fallo sorprenderá a muchas personas que probablemente no piensen demasiado antes de twittear o publicar fotos”. Quizás, ahora que lo conocen, esas mismas personas se lo piensen dos veces antes de subir fotos sin consentimiento.

Hace unos meses, se conoció un estudio realizado por AVG según el cual el 81% de los niños menores de dos años tiene “algún tipo de perfil digital”. En España, el 71%. Unos datos que recogía como contexto para señalar una nueva realidad, la de los padres que, en pleno proceso de divorcio, usan la publicación de sus hijos en redes sociales por el otro progenitor como arma ante el tribunal.

Un expero en materia jurídica explicaba que a la hora de la publicación de fotos de menores de 14 años por parte de los padres ambos progenitores deben estar de acuerdo o, al menos, que no haya oposición de una de las partes. Si uno de los dos dice ‘no’, siempre ha de prevalecer su negativa.

Pocas veces ha sucedido: un juez pidiendo disculpas. Muchas veces ha sucedido: una causa archivada, estancada durante años y sin resolución. Ambas cuestiones están relacionadas y en Necochea, el caso particular del Juez Mario Juliano.

El hecho fue expresado por Juliano en su cuenta de twitter. “Estoy a cargo del Juzgado Correccional. El secretario me avisa que tengo un debate por un homicidio culposo en un accidente de tránsito. Me dicen que los familiares de la víctima quieren una pena de efectivo cumplimiento, que están muy enojados, que no quieren ningún acuerdo”, comienza.

Luego afirma que al entrar a la sala de audiencia ve al imputado muy conmocionado, quien se larga a llorar. Invitó a los abogados a su despacho para analizar la posibilidad que imputado y familiares tomen contacto personal, cuya respuesta es afirmativa.

“Habla el imputado y entre sollozos que hacían dificultoso comprender lo que decía les pide perdón a los familiares. Los hijos de la víctima lo miran. Toma la palabra uno de ellos y cuenta cómo era la mamá. Luego de hablar un poco dice que acepta las disculpas, como su hermano”, continúa el propio Juez en su cuenta en la red social.

Momentos después, por el cuarto intermedio solicitado, uno de los familiares de la víctima se acercó al imputado, que seguía llorando y lo abrazó para consolarlo. “Aprovecho para mirar el expediente: 4 años y 8 meses de trámite”, resalta Mario Juliano.

Las partes, finalmente llegaron a un acuerdo de juicio abreviado: una pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación para conducir por idéntico período. Todos expresan comprender y estar de acuerdo.

Por último, el Juez Juliano tomó la palabra para cerrar. “Pido disculpas en nombre del Poder Judicial por el inexplicable tiempo que demandó tramitar una causa sencilla. Anticipo que voy a hacer lugar al acuerdo y agradezco las enseñanzas que nos dejaron, que nos hacen mejores personas y mejor sociedad”, figura en su tweet.

Tomo la palabra para cerrar. Pido disculpas en nombre del Poder Judicial por el inexplicable tiempo que demandó tramitar una causa sencilla. Anticipo que voy a hacer lugar al acuerdo y agradezco las enseñanzas que nos dejaron, que nos hacen mejores personas y mejor sociedad

— Mario Juliano (@MarioJuliano) September 30, 2019

El juez del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Tassara murió luego de haber sido internado producto de una operación de triple by-pass. Tassara era uno de los magistrados que iba a juzgar a la ex presidente Cristina Kirchner en los juicios por las presuntas irregularidades por la obra pública y por la firma del memorándum de entendimiento con Irán.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Tassara falleció mientras estaba de licencia por una operación de corazón a la que fue sometido el 19 de febrero. Luego de la intervención, debió ser internado nuevamente.

Tassara integraba el Tribunal Oral Federal 2 desde la década del 90. Lo hacía junto con Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uribiru. Juntos iban a comenzar el 21 de mayo próximo el juicio oral a Cristina Kirchner y otros acusados por la obra pública concedida a Lázaro Báez para Santa Cruz.

Su Tribunal había recibido a medidos de febrero el certificado de calidad del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). Tassara también iba a ser uno de los jueces que iba a juzgar a la ex mandataria por la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Para ese caso integraba el Tribunal Oral Federal 8 en un caso que todavía no tiene fecha de inicio.

De bajo perfil, respetado y querido entre sus colegas, Tassara había condenado a Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi en el primer juicio oral por la tragedia de Once; también a la ex ministra de Economía Felisa Miceli por el dinero hallado en el baño de su despacho; y juzgó varios casos de delitos de lesa humanidad.

Para el juicio de la obra pública ya había designado un cuarto juez –Andrés Basso– que ahora será titular y se deberá designar a su reemplazante. En el caso del memorándum de entendimiento con Irán se deberá sortear al reemplazar de Tassara.

Todavía con el "sabor amargo" que dejó la realización de las pericias al casco del Repunte, las familias de las víctimas del pesquero marplatense que naufragó en aguas patagónicas en junio de 2017 no bajan los brazos y buscan tener un nuevo contacto con el juez Gustavo Lleral, que lleva adelante la investigación, a partir de la finalización del período de feria judicial.

Gabriela Sánchez, la hermana de Gustavo, el capitán del barco, le confió a El Marplatense que en estos días mantendrán una reunión con Lorena Arias, hija de uno de los tripulantes y abogada, para tratar de formalizar el pedido de un nuevo contacto con el magistrado que está en la causa.

"Queremos una reunión con el juez. Habíamos pensado en una videoconferencia para que puedan estar la mayoría de las familias presentes y hablar sobre el tema de las pericias que es algo fundamental para este caso", señaló la referente de la multisectorial Ningún Hundimiento Más.

Las pericias no arrojaron el resultado que se esperaba porque la cámara hiperbárica que debía disponer la Armada Argentina nunca se puso en funciones para la compleja tarea, lo que limitó en un grado importante la labor de los buzos subacuáticos. "Por la forma en que se hizo quedó todo a la mitad", graficó.

"Tenemos en claro que no van a entrar el casco porque ya nos dijeron que es imposible que eso pase, pero sí necesitamos que se filme en qué condiciones está el Repunte", aseveró, y agregó: "Estamos muy decepcionados porque hicimos mucho trabajo para hacer estas pericias. Si tenemos la mitad de las pericias sabemos que nos vamos a avanzar".

Sánchez dijo que prefiere no tener una "mirada conspirativa" sobre las falencias que se acusan en el procedimiento pericial pero reconoció que le parece "muy significativo que no hayan llevado al lugar la cámara hiperbárcia". "Ellos saben que a tantos metros ya no hay posibilitad que bajen los buzos sin tener la cámara. Entonces, ahí paso algo raro. La armada le echa la culpa al juez y al juez todavía no los escuchamos, por eso lo queremos escuchar", explicó.

En este marco, la hermana de Gustavo Sánchez garantizó que las familias de los tripulantes "lucharán" para que las pericias se puedan "hacer bien y como corresponde". "Esto no sólo va a ayudar para hacer justicia por los 10 muertos del Repunte sino para que haya mayor prevención". aclaró, y apuntó: "Ahora nadie le pone el cascabel a la cola del gato y se hace lo que se quiere: en este caso el gato son los empresarios y todos los corruptos que hay en el Puerto".

Los tripulantes que iban a bordo del navío que naufragó en junio de 2017, a 36 millas náuticas del norte de Rawson, son: Horacio Airala (Jefe de Máquinas), Gustavo Sánchez (Capitán), Silvano Coppola (1° oficial de máquina), Claudio Islas (Marinero), Néstor Paganini (Marinero), Jorge Luís Gaddi (Engrasador), Fabián Samite (Engrasador, oriundo de Miramar), Isaac Cabanchik (Engrasador) y José Omar Arias (1° oficial de pesca, de Puerto Madryn).

El titular del Juzgado de Garantías N°4, Juan Tapia, sumó cuestionamientos al proyecto que el oficialismo busca revitalizar en el Congreso para bajar la edad de imputabilidad y sostuvo que las "respuestas penales a los problemas sociales" solo otorgan un mayor complejidad al escenario delictual.

En medio de la polémica por el proyecto, el magistrado advirtió que "los discursos que proponen un aumento de la penalidad y el castigo como salida" son los que hoy parecen contar con un "aval de gran parte de la población".

Tapia atribuyó este respaldo por el "miedo al delito" que se instala en parte de la sociedad pero, ante ello, también insistió en que se "construyen realidades que no se ajustan a las estadísticas", después de hacer mención de la baja incidencia que tienen los menores en el total de los delitos cometidos. "El porcentaje es insignificante en términos estadísticos", ratificó.

El titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Mar del Plata, Néstor Salas, se había expresado en la misma sintonía con Radio Mitre Mar del Plata y afirmado que esa cifra sólo ascendía al 7 por ciento. “No creo que la baja de la edad tenga un efecto en cuanto a la disminución de la delincuencia juvenil", coincidió.

Por su parte, Tapia insistió en que "el discurso punitivo y de segregación y exclusión hacia el otro" se puede traducir en importantes riesgos vinculados con la violación de distintos derechos humanos que están contemplados en la Constitución y tratados internacionales.

El juez de Garantías reconoció que debe modificarse la Ley Penal Juvenil porque la normativa tiene su origen en la dictadura pero cuestionó que la discusión se "empantane" en la baja de la edad de la imputabilidad. "Un joven de 15 o 14 años que está cometiendo un delito en vez de estar con la familia, lo que pone de manifiesto en realidad son las falencias sociales del Estado y de otra serie de derechos", analizó, y sentenció: "Cuando a un problema social se propone una respuesta penal, evidentemente lo que se hace es agravar la problemática".

Además, el magistrado señaló que la situación que atraviesa a los institutos de menores "no dista de las falencias" que se advierten hace tiempo en las cárceles para mayores. "Hay altas tasas de suicidio y de violencia", remarcó, y concluyó: "Pensar en aumentar la cantidad de jóvenes que ingresan a la unidad penal sin buscar alternativas previas seguramente aumentará el estigma y consolidará la trayectoria criminal de ese joven hacia la comisión de delitos", concluyó.