El juez Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del decreto presidencial que había dispuesto el nombramiento en comisión como jueces de la Corte Suprema de Manuel García-Mansilla y de Ariel Lijo.

De esta manera, el magistrado a cargo del Juzgado Federal N°2 de La Plata, dictó sentencia definitiva en el amparo iniciado por distintas organizaciones que solicitaban declarar la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto N°137/2025. Pese a que García-Mansilla renunció tras estar 40 días en el cargo y Lijo nunca asumió, el fallo busca sentar un precedente para evitar otras maniobras similares del Ejecutivo en un futuro.

“La Corte Suprema sostuvo que puede funcionar adecuadamente con tres miembros e indicó el mecanismo específico para su integración con conjueces en los casos excepcionales donde no se lograra el acuerdo necesario para tomar una decisión”, argumentó Ramos Padilla. Y sostuvo que “el nombramiento en comisión del García-Mansilla resulta más perjudicial para el sistema de administración de justicia, la división de poderes y la independencia judicial que acudir a la designación de conjueces”.

La decisión de Milei, acompañado por sus ministros, de impulsar mediante un decreto la designación de jueces en comisión “es violatoria de la forma republicana de gobierno, de la división de poderes, de la independencia del Poder Judicial y de la garantía del juez imparcial”, remarcó el juez federal en el fallo.

En ese sentido, defendió el procedimiento vigente al señalar que, tanto la necesidad de contar con un “adecuado sistema de nombramiento de jueces que garantice la independencia judicial” como la aprobación de los pliegos a través “de una mayoría agravada en el Senado”, acompaña la jurisprudencia de la Corte Suprema “dictada con posterioridad a la reforma constitucional de 1994 y con distintos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

A fines de febrero, Milei decidió avanzar con la firma de un decreto para nombrar en comisión a Lijo y García-Mansilla, pese a no contar con el apoyo del Senado. Entre los fundamentos esgrimidos, indicó que la Constitución faculta al mandatario nacional a “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

El decreto finalmente llegó al Senado el 3 de abril. En una sesión especial, los nombramientos propuestos no lograron alcanzar las dos terceras partes de los votos necesarios y fueron rechazados. Días después, García-Mansilla presentó su renuncia, y ahora, tras dos semanas, el juez le dio un nuevo revés al Ejecutivo.

Fuente: DIB

Finalmente, tal como había trascendido, el presidente Javier Milei firmó los decretos para designar en comisión a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema.

“El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel Garcia-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo periodo legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros. Durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos. El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”, anunció en un comunicado Presidencia.

En ese sentido, el Gobierno resaltó que “en ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores. De hecho, es la politización de la Justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva sus problemas. La Constitución claramente establece que es el Presidente, y nadie más, quien tiene la facultad de seleccionar los candidatos para cubrir las vacantes en el Máximo Tribunal, limitándose el Senado a prestar su conformidad o rechazarlos en función de un análisis objetivo de la idoneidad técnica de los candidatos".

De hecho, en el comunicado recordaron que “cuando una notable mayoría del arco político respaldó tanto a Néstor Kirchner como a Mauricio Macri en la designación temprana de jueces para la Corte Suprema en sus mandatos, durante meses han evadido respetar la decisión de este Gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República”.

A solo cuatro días de asumir la Presidencia, el 14 de diciembre del 2015, Mauricio Macri designó en comisión a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatt, 72 horas después de que se hiciera efectiva la renuncia de Carlos Fayt al máximo tribunal, que sumada a la de Raúl Zaffaroni de un año antes, había dejado a la Corte con Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco como sus únicos miembros.

De todos modos, tras críticas de la oposición, Rosenkrantz y Rosatti esperaron para tener el aval del Senado y recién ahí jurar en la Corte.

En el caso actual, el proceso de nominación se inició el 20 de marzo de 2024, cuando el Ejecutivo envió al Senado los pliegos de los candidatos para su correspondiente acuerdo. Posteriormente, el 15 de abril, se publicaron en el Boletín Oficial los antecedentes de ambos juristas y se activaron los procedimientos de consulta y participación ciudadana. Luego de cumplirse todas las instancias requeridas, la administración remitió los mensajes al Senado el 27 de mayo de 2024 para solicitar su aprobación.

El 21 y 28 de agosto se llevaron a cabo las audiencias de Lijo y García-Mansilla, respectivamente. Tras estas instancias, ambos candidatos quedaron en condiciones de obtener dictamen y ser sometidos a votación en la Cámara Alta. Sin embargo, sus pliegos no fueron tratados durante el período ordinario de sesiones, y ante esta situación, el presidente optó por incluir la cuestión en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, aunque el Senado tampoco dio curso al proceso.

Debido a “la inacción del Senado y al prolongado estancamiento del proceso”, el Ejecutivo decidió avanzar con la designación en comisión de los jueces, amparado en el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, que faculta al presidente a realizar nombramientos transitorios en caso de vacantes durante el receso legislativo. La medida estará vigente hasta la finalización del próximo período legislativo.

Fuente: Infobae

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió hoy que el Gobierno analiza la posibilidad de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia.

Al ser consultado con respecto a si el presidente Milei analiza la posibilidad de designarlos por decreto, respondió que "son alternativas que están en análisis".

"El Ejecutivo ha presentado -como establece la Constitución- candidatos a ministros de la Corte que no ha sido tratada aún por el Senado y estamos con una Corte que va a quedar con 3 miembros en los próximos días, con lo cual hay una preocupación del Gobierno en que la Corte esté integrada", expresó.

La referencia es a Juan Carlos Maqueda, quien cumple en diciembre 75 años, edad límite establecida para ocupar su cargo, por lo que el Máximo Tribunal perderá a uno de sus cuatros miembros y hasta el momento los pliegos no han avanzado en el Parlamento.

El miércoles, el jefe de Estado reveló que no descartaba nombrar a Lijo y García Mansilla a través de un decreto. "Nosotros hemos cumplido con todos los procedimientos, hemos enviado los pliegos al Senado, que tiene que dictaminar. Yo no voy a estar dando posiciones antes de que el Senado no avance con el tema", manifestó el mandatario durante una entrevista.

Cuando específicamente le consultaron si desmentía el rumor de nombramiento de jueces vía decreto por comisión, como hizo Mauricio Macri en diciembre de 2015 -aunque después se retractó-, Milei evadió la respuesta: "Necesitamos que operen los mecanismos institucionales. Nosotros hemos presentado los pliegos y estamos cumpliendo con todos los pasos. Esa es la situación real. Yo estoy esperando que actúe el Senado. Cuando tenga respuesta, veré cómo tengo que funcionar. Necesitamos que se expida el Senado".

Sin embargo, el ministro Francos reconoció que al oficialismo le cuesta "un esfuerzo enorme" avanzar en el trámite parlamentario, debido a que cuenta con minoría en ambas cámaras.

Los dos postulantes presentados por el Gobierno defendieron sus pliegos ante las preguntas de los senadores en agosto, pero hace un mes y medio la negociación por las candidaturas se empantanó. La comisión de Acuerdos del Senado no emitió despachos sobre las postulaciones.

El Gobierno, además, anunció el envío al Senado de pliegos para vacantes en la Justicia. Son 146 jueces federales, 37 fiscales y 45 defensores públicos, según confirmó en conferencia de prensa el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, que responde a Santiago Caputo. Ahora la Casa Rosada espera una señal del kirchnerismo para los pliegos de los dos jueces para la Corte Suprema, lo que podría avanzar en sesiones extraordinarias en diciembre.

Finalmente, el jefe de ministros señaló que La Libertad Avanza contará con más legisladores en el futuro para poder tener una posición sólida en el Congreso y permitirles una negociación "más fluida".

Fuente:  Clarín

En una maratónica audiencia pública que duró más de ocho horas, el juez federal y candidato a la Corte Suprema, Ariel Lijo, argumentó sin fisuras su postulación al máximo tribunal de Justicia del país y dependerá ahora de la anuencia de los integrantes de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta para que su pliego primero obtenga dictamen -quedó habilitado para ser firmado- y llegue al recinto, donde precisará los dos tercios de votos de los presentes para que su designación, realizada por el Gobierno libertario de Javier Milei, quede activa.

Lijo no sólo blindó con argumentos jurídicos sus actuación en distintos fallos en los que estuvo involucrado y de notoriedad pública, sino que además respondió sobre la cuestión de género en la justicia, tratados internacionales con rango constitucional, federalismo y coparticipación, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la ampliación de la Corte, mejora en la tramitación de procesos para evitar dilaciones, los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), dolarización y la potencial baja de edad de imputabilidad de menores, entre otras cuestiones.

El magistrado federal contestó la mayoría de los requerimientos realizados, salvo aquellos en los que se dispensó ante una eventual intervención futura en caso de ser designado, con los votos del Senado, como miembro de la Corte Suprema, ante varios legisladores que quedaron enfrascados en discusiones contra el juez más inclinadas hacia lo mediático que lo jurídico. Casi nadie llevó preguntas específicas sobre derecho penal, una prueba trascendental para medir la idoneidad del candidato.

Los pocos cruces que se dieron entre los senadores y Lijo fueron manejados con sobrado oficio por la legisladora del PRO y presidenta de la comisión de Acuerdos, la porteña Guadalupe Tagliaferri. Un trabajo exhaustivo previo junto a su equipo de trabajo permitió el desarrollo de una audiencia pública sin estridencias y acorde a la importancia de lo que está en juego a nivel institucional.

En cuanto a los principales puntos que tocó Lijo, sobre los objetivos para mejorar la Justicia, dijo que la Corte puede reasignar recursos, así como simplificar “el recurso extraordinario, bajando nivel de litigiosidad”. En segundo término, apuntó a segmentar las posibilidades de respuesta ante distintas categorías de conflicto, ya que “no puede ser que respondamos con las mismas personas, métodos y estructura una catástrofe ambiental que el arrebato de un celular, o fijación de cuota alimentaria”. Luego, direccionó la mira a los “procesos sumarios y orales”.

Y sobre su ampliación, aseguró que “no tengo una posición tomada de cuántos miembros tiene que tener la Corte. La Argentina ha funcionado con distinta cantidad de miembros y en todos los sistemas, la Corte funcionó. Los problemas no son derivados de la cantidad de miembros, que son cuestiones que debe evaluar el Parlamento respecto de la conveniencia de su composición”.

En otro orden de temas, se expresó sobre la dolarización dejando en claro que se “debe respetar los estándares mínimos de legislación” y que, “de alguna manera, debe ser preservada la moneda”. Y agregó: “Expedirme en términos absolutos sobre si es constitucional algo que no existe no es lo correcto. Sea lo que sea, debe preservar la moneda”.

También hizo mención a temas de género. “¿Si tiene que estar integrada la Corte por una mujer? Sí”, aseveró Lijo y también resaltó que fue “formado por mujeres” y que la “cuestión de género no es sólo enunciativa ni de buenos modos o políticas, es mucho más concreta”. Habló de “poder remover obstáculos también en la toma de decisiones”.

Consultado sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el candidato detalló que existe “una jurisprudencia extensa en la Corte”, en cuanto a “que deben ser controladas las condiciones de necesidad y urgencia en cada caso, objetivas”. Seguido a ello, deslizó que el tema “merece un debate público”.

También hizo referencia a las acusaciones en su contra al señalar que “no voy a detenerme en detallar el origen de las denuncias: en 20 años no recibí una sola sanción del Consejo de la Magistratura. Nunca, ni una sanción”, destacó el juez federal. Más temprano, explicó: “Fui investigado por UIF y AFIP. Nunca encontraron nada. Es más, es mentira que me haya defendido el doctor -y actual ministro de Justicia- Mariano Cúneo Libarona, nunca puse abogado”.

También hubo un apartado para las retenciones, al señalar que “creo que los derechos de exportación autorizados constitucionalmente, en la medida que sean razonables y no afecten al sector, puede ser regulados. Todos pueden ser revisados judicialmente”.

Fuente: Infobae

El presidente Javier Milei defendió hoy la postulación a la Corte Suprema del juez federal Ariel Lijo. Según explicó, es un magistrado que conoce como ningún otro candidato cómo funciona el sistema de judicial y eso es fundamental para la reforma que pretende impulsar.

“Mi único interés es que la Corte falle acorde a los principios de la Constitución Nacional, no necesito una Corte adicta”, planteó en diálogo con los periodistas Luis Majul y Esteban Trebucq en El Observador radio.

Y desarrolló: “Yo tengo el culo limpio, no necesito que la Corte me salve, por eso puedo hacer las reformas que estoy haciendo”.

En ese contexto, dijo que es obvio que él no llegó a al Gobierno para “chorear” porque no está en su esencia. Y prometió: “Si alguno de mis funcionarios incurriera en un acto de corrupción, le pego una patada en el culo”.

Asimismo, el jefe de Estado aseguró que una vez cumplido su mandato volverá al llano: “No sigo en la política, mi intención es irme a vivir en el medio del campo, donde no me vea nadie, no quiero saber más nada de nada, me voy con mis perros y viviré de dar charlas”.

En medio de apoyos y críticas ante la elección de Lijo, tanto en el ámbito político como judicial, el Presidente aseguró que ve como algo positivo cuando le marcan un error y lo utiliza para corregirse.

“Un día en el pase que estabas haciendo con Pablo Rossi -le dijo a Majul-, él hizo una crítica fundada y me estaba sacudiendo, y al otro día lo estábamos corrigiendo. No tengo problemas con la crítica”, afirmó.

Incluso utilizó un ejemplo futbolero para graficarlo: “Boca va a una definición por penales, Battaglia erra, pero Boca gana. Un periodista se lo marca. Battaglia, con sabiduría, le dice ‘los erran los que patean’. El tipo que hace está expuesto a equivocarse, el error es parte de la vida. Si yo te digo que no nos vamos a equivocar, sería un pelotudo del tamaño del universo. El tema es qué hacés con el error. Hemos visto otros gobiernos que persistían en tapar el error. Nosotros, cuando nos equivocamos, lo corregimos. Metemos la gamba, lo corregimos”.

De todos modos, esa aceptación del error no lo va a hacer menos belicoso: “Vos me hacés una crítica fundamentada y a mí me sirve, me ayudás. Me voy a seguir peleando todos los días si vos mentís, me construís la falacia del hombre de paja o la crítica es intelectualmente deshonesta. A esos les paso con una aplanadora, tengo todo el derecho a defenderme”.

Fuente: Infobae