El Consejo de la Magistratura de la Nación suspendió y envió a jury al juez federal de Mar del Plata Martín Poderti, acusado por mal desempeño de sus funciones al haber robado 144 monedas de oro de una causa judicial cuando era secretario en la justicia federal de San Martín. La apertura del procedimiento de remoción se aprobó por unanimidad de todos los consejeros, con la excusación del juez Alberto Lugones.

“No sé como dirían en Roma, pero en Córdoba decimos está complicado… Que se defienda como pueda”, dijo el senador Luis Juez, presidente de la Comisión de Acusación tras hacer un repaso del caso.

“El doctor Poderti argumentó que si había alguna inconducta tipificada en un hecho delictivo, lo había hecho como secretario. Con todo respeto, en 40 años de profesión, he participado de muchas defensas penales pero la de Poderti me pareció horrible. No podía creer que se defendiera de la prueba de manera tan poco racional”, insistió Juez, antes de la votación.

El juez no solo tiene este expediente en el Consejo de la Magistratura, sino que también está procesado en una causa penal por el delito de malversación de caudales públicos y con un embargo de 190 millones de pesos. El caso ya fue elevado a juicio oral.

“Este Consejo asume la trascendencia y gravedad institucional de la decisión que habrá de tomar, cual es la apertura del procedimiento de remoción, suspensión y acusación ante el jurado de magistrados del doctor Martín Luciano Poderti, señalando que dicho temperamento se adopta en resguardo de la administración de justicia”, sostuvieron los consejeros en su dictamen, que fue aprobado hoy en el Plenario.

Hace 20 días, y por unanimidad, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación había decidido impulsar el dictamen para enjuiciar a Poderti. Fue con los votos de los consejeros Álvaro González (diputado del PRO), César Grau (abogado), Luis Juez (senador del PRO), Alberto Maques (abogado) y Rodolfo Tailhade (diputado de UxP). Además, propusieron al plenario que disponga su inmediata suspensión, dada la gravedad de los hechos imputados, suspensión que fue aprobada hoy.

La Comisión de Acusación acreditó que, entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023, el juez, quien a ese tiempo era secretario del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, ingresó en 19 oportunidades a la caja de seguridad Nº 8-44 de la sucursal San Isidro del Banco de la Nación Argentina y sustrajo 144 monedas de oro secuestradas en una investigación judicial.

El funcionario tenía el deber de resguardo sobre esas monedas, pero actuó por fuera de sus obligaciones e incluso encontrándose de licencia en alguna oportunidad, sin que esos accesos estuvieran justificados en el expediente donde se incautaron las monedas.

También se dispuso el embargo sobre sus bienes por 190 millones de pesos. Ese caso ya se encuentra en etapa de juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín.

En tanto, los consejeros rechazaron las múltiples y disimiles explicaciones que el juez Poderti ensayó para desligarse de la imputación dirigida, al igual que la defensa formal que hizo cuando argumentó que el hecho que se le atribuye lo habría cometido cuando era secretario y no juez, por lo cual se lo debería haber, a todo evento, sancionado administrativamente como secretario.

Allí, la Comisión de Acusación recordó su jurisprudencia y la del jurado de enjuiciamiento, en cuanto a que debía determinarse si los hechos imputados habían sido evaluados por el Senado al momento de asignarle acuerdo para ser juez.

Si esos hechos hubiesen sido evaluados, ni el Consejo ni el jurado podrían avanzar, puesto que ello importaría un avance sobre otro Poder del Estado. En caso contrario, como en caso presente, sí se puede avanzar con el juicio político y la destitución.

Fuente: La Nación

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, a cargo del juez Gustavo Hornos, rechazó el pedido de apartamiento de la investigación del escándalo de los seguros del juez federal Julián Ercolini que presentó la defensa del ex presidente Alberto Fernández, y dispuso que continúe a cargo del caso. Se trata de la causa madre de la cual surgió la acusación de violencia de género que presentó ayer la ex primera dama Fabiola Yañez.

Según se informó, Fernández había promovido la recusación del nombrado juez instructor alegando temor de parcialidad, al describir que había mantenido una relación personal con el juez a partir de su desempeño común en el ámbito académico de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, expresó que, en ejercicio de la primera magistratura había ordenado que fuera denunciado por un viaje realizado con ejecutivos de una empresa a la Patagonia. Esas dos circunstancias -de tener amistad a enemistad- para Fernández era un argumento suficiente para sacar al juez.

Ercolini quedó como blanco del ex mandatario desde que fue asignado a investigar el denominado “escándalo de los seguros” -que se refiere a supuestos actos de corrupción con pólizas y comisiones que eran decididas por el Estado-, avanzó con rapidez y tomó decisiones clave que permitió ir descubriendo una posible matriz de negocios ilegales. En esas averiguaciones y medidas ordenadas por el juez, se secuestraron teléfonos celulares de los que surgieron los chats que mostraron cómo se manejaba en la cúspide del poder las relaciones entre contratos, funcionarios y empresarios amigos del poder.

Entre esos mensajes de texto por WhatsApp, aparecieron miles de intercambios entre el ex presidente, su secretaria histórica, María Cantero, y el esposo de ella y empresario del seguro Héctor Martínez Sosa, en los que se intercambiaban comunicaciones, fotos, audios y videos. De entre todo ese material secuestrado de los celulares por la causa seguros es que se encontró una comunicación entre la colaboradora de Fernández y Fabiola Yañez, donde le pidió ayuda debido a supuestas agresiones físicas que habrían sido de su ex pareja en la Quinta de Olivos. Después de tomar estado público esta situación, la ex primera dama decidió denunciarlo: “Estoy viviendo terrorismo psicológico”, le contó a Ercolini.

La recusación al magistrado, de todos modos, se había presentado previamente a que se conociera esos hechos de enorme impacto político y social. El ex presidente quiso desplazar al juez desde el primer día, bajo el mismo argumento: enemistad manifiesta. Lo hizo en primera instancia, lo hizo ante la Cámara Criminal y lo planteó ante Casación, algo que quedó descartado esta tarde.

Al momento de rechazar el apartamiento de Ercolini de la causa, el juez Gustavo M. Hornos entendió que el reclamo no se encontraba fundado en situación o actitud alguna del magistrado para con el recusante que pudiera revelar temor de parcialidad, se indicó en los tribunales.

Y respecto a la supuesta relación personal mencionada por Alberto Fernández, a la que describió como “de amistad primero y de enemistad después”, recordó que tal circunstancia fue negada por el magistrado, quien dijo “no poseer ningún prejuicio de ese tipo, a lo que agregó que la parte no había aportado elementos objetivos suficientes que desvirtúen ese rechazo”.

Además, en la decisión se señaló que la denuncia a la que hacía referencia el ex presidente en su presentación se produjo “como consecuencia del ejercicio de la más alta responsabilidad funcional ejecutiva que desempeñaba Alberto Fernández por aquel entonces, y muy especialmente por la percepción que tuvo, en términos políticos, acerca de la oportunidad y conveniencia de hacerlo”.

Y también se entendió que la reproducción de la cadena nacional donde se anunció que sería acusado por el viaje a “Lago Escondido”, incluso permitía “advertir carencia de adjetivación personal alguna respecto del juez Ercolini, más allá de su expresa mención, y que la presunta maniobra delictiva que se le atribuyó al magistrado no fue orientada al ex presidente”.

El juez Hornos sostuvo en su decisión que hacer lugar a las pretensiones de la parte “importaría llevar al resultado inaceptable de permitir que el mero señalamiento o mención genérica de algún magistrado en el marco de cualquier actividad pública bastaría para evitar su futura intervención en eventuales investigaciones judiciales”.

Finalmente, afirmó que permitir el planteo recusatorio en este caso “tergiversaría y minimizaría el verdadero sentido de la norma, que impone la invocación de causales serias de recusación y no simples alegaciones hipotéticas y abstractas, lo que tendría resultados negativos para el correcto servicio de administración de justicia, propio del sistema republicano que expresamente adopta nuestra Constitución Nacional, como el permitir la conformación de tribunales a gusto del pretendiente”.

Las monedas de oro estaban guardadas en una caja de seguridad del Banco Nación, a donde solo se puede acceder firmando una planilla y atravesando todos los controles. Según los registros que constan en la causa, eran 177 monedas en total secuestradas en el marco de un expediente narco que llegó a juicio. El dueño de las monedas terminó absuelto y se ordenó el reintegro de su dinero. Lo que nadie se esperaba fue que las monedas hayan desaparecido. La increíble historia terminó ayer con una batería de allanamientos. El apuntado es Martín Poderti, actual miembro del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata y ex secretario del juzgado federal 2 de San Isidro. Otro juez federal, Emiliano Canicoba Corral, allanó ayer varios domicilios y hasta su propio despacho.

Poderti inició su carrera judicial en 1993, como auxiliar administrativo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Luego fue jefe de despacho del Juzgado Federal 2 de San Isidro donde estuvo más de diez años como secretario. De hecho, estuvo a cargo de la causa por la Fiesta de Olivos, donde el ex presidente Alberto Fernández todavía no pudo ser sobreseído.

Justamente, el ex mandatario lo nombró a fines del año pasado como integrante del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. El decreto se publicó en el Boletín Oficial el 28 de noviembre, trece días antes de finalizar el gobierno.

Poderti aterrizó en Mar del Plata junto a Roberto Minguillón para completar dos vacantes originadas en 2018 y 2020 por las renuncias de Néstor Parra y Mario Portela. Pero el escándalo que ahora lo tiene como protagonista había comenzado antes, cuando era secretario del juzgado federal 2 de San Isidro.

“Las monedas habían sido secuestradas a un imputado de la ‘causa Sancho’ que terminó absuelto”, explicó a Infobae una fuente judicial. Gustavo Sancho es un empresario que fue condenado en 2023 por liderar una banda narco que entraba cocaína a la Argentina en avionetas. Fue su primer condena judicial, pero ya había estado envuelto en otro casos resonantes. En 2011, fue mencionado por el papá de Candela Sol Rodríguez como una de las personas que podía estar detrás del secuestro de la nena. Y en 2018, un hombre cercano de Sancho fue acusado de amenazar a la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Las 177 monedas habían sido guardadas en una caja de seguridad del Banco Nación. Cuando fueron a buscarlas, el 9 de abril pasado, habían desaparecido, aunque todavía quedaban varios lingotes de oro y relojes de alta gama. El actual secretario del juzgado federal 2 de San Isidro, sucesor de Poderti, ordenó en ese momento labrar un acta y se disparó una causa a cargo del juez Canicoba Corral y del fiscal Paul Starc. “Intervino el juez federal de San Martín porque la Justicia de San Isidro se excusó ya que Poderti había sido secretario de juzgado 2”, explicaron en Tribunales.

Durante la investigación se comprobó que Poderti -un ex jugador de rugby en Hindú Club que fue suspendido 5 años por la UAR por pisarle la cara a un rival que tuvo que recibir 40 puntos de sutura- ingresó 17 veces a la sucursal San Isidro del Banco Nación. “Firmaba el libro de visitas y colocaba su número de DNI. Muchos de los ingresos son de fechas en las que estaba de licencia”, apuntó un investigador. Con todas las pruebas reunidas, el juez ordenó ayer una batería de allanamientos en cuatro domicilios particulares y hasta en el propio despacho del juez, en los tribunales federales de Mar del Plata.

Los domicilios allanados están ubicados en Hipólito Irigoyen al 1100 (Vicente López), Cosmer Becar al 100 (San Isidro), Ituzaingó al 2700 (Tigre), y en el piso 19 del complejo “Torres del Golf”, en Mar del Plata, donde el juez vivía cuando estaba en esa ciudad.

Durante los procedimientos, a cargo de la Policía Bonaerense, se logró secuestrar el teléfono de Poderti y varias computadoras que ahora serán peritadas. El juez también habilitó el registro de los autos encontrados en esos domicilios. Pero las monedas no aparecieron por ningún lado.

Canicoba Corral también ordenó el bloqueo de las cajas de seguridad a nombre de Poderti y de sus dos hijos, el embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de $190 millones, y la inhibición general para que no pueda vender el resto de sus propiedades. Eso incluye una caja de ahorro en el Banco Río, dos cajas de ahorro en dólares, y una cuenta corriente en el Banco Nación. 

Fuente: Infobae.