La Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires revocó el sobreseimiento de un adolescente de 14 años acusado de  tentativa de robo y apartó del expediente a la jueza Laura Beatriz De Marinis.

La resolución hizo lugar a la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal contra el fallo del 21 de septiembre, cuando De Marinis había declarado inconstitucional para ese caso la aplicación del artículo 1° de la Ley 27.801, que establece en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal juvenil. 

El tribunal, integrado por los camaristas Ignacio Mahiques, Jorge Atilio Franza y Patricia Ana Larocca, ordenó además realizar un nuevo sorteo para determinar qué juez continuará con la investigación. De esta manera, el proceso contra el adolescente identificado como M.I.A. podrá continuar bajo las disposiciones del nuevo Régimen Penal Juvenil. 

El caso comenzó el 10 de septiembre en el barrio porteño de Palermo y según la investigación, un grupo de adolescentes habría intentado robarle sus pertenencias a un hombre de 47 años. La intervención policial evitó que el hecho se concretara y varios jóvenes fueron detenidos. Entre ellos se encontraba M.I.A. de 14 años, quien quedó imputado por tentativa de robo, la Fiscalía también planteó que debía analizarse una posible agravante por la presunta participación de varias personas en el hecho. 

El 21 de septiembre, De Marinis había considerado que la reducción de la edad de punibilidad establecida por la nueva ley resultaba inconstitucional en ese caso concreto. Para fundamentar su decisión tuvo en cuenta la situación de vulnerabilidad social y familiar del adolescente, que el robo había quedado en grado de tentativa y que la víctima no había sufrido lesiones. La magistrada también había dispuesto la intervención del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad para evaluar la situación familiar, educativa y social del joven. 

La Cámara consideró que los argumentos utilizados no eran suficientes para dejar sin efecto una norma sancionada por el Congreso. En su resolución, sostuvo que los jueces pueden ejercer el control de constitucionalidad, pero que para declarar inválida una ley deben demostrar una contradicción concreta con la Constitución o con normas de jerarquía superior. Los camaristas también analizaron las referencias realizadas en el fallo a las recomendaciones internacionales sobre la edad mínima de responsabilidad penal. Según la Cámara, esas recomendaciones tienen relevancia para interpretar los derechos de niños y adolescentes, pero no impiden por sí mismas que el Congreso establezca los 14 años como edad mínima. 

Otro punto analizado fue el apartamiento de De Marinis, la Cámara entendió que la jueza había realizado valoraciones anticipadas sobre aspectos del hecho investigado y sobre su relevancia penal. Por ese motivo, consideró que correspondía que otro magistrado continuara con el expediente. La decisión se conoce mientras la jueza también enfrenta una denuncia ante el Consejo de la Magistratura porteño. El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, había presentado una denuncia para que se investigara su actuación y se evaluara si correspondía avanzar ante un Jurado de Enjuiciamiento. 

Con el fallo de la Cámara, el sobreseimiento quedó sin efecto y la investigación podrá continuar bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil. Esto no implica una declaración de culpabilidad sobre el adolescente, sino que el proceso deberá seguir las distintas etapas judiciales y determinar, de acuerdo con las pruebas y las garantías correspondientes, cómo continúa el expediente.

Patricia Bullrich volvió a marcar una diferencia con sectores del oficialismo al rechazar la posibilidad de impulsar un juicio político contra las juezas que cuestionaron la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil. La senadora y jefa del bloque de la Libertad Avanza  sostuvo que los magistrados no deben ser removidos por el contenido de sus sentencias y que las decisiones judiciales deben ser revisadas mediante las instancias superiores.

La postura fue expresada durante un Congreso Anticorrupción realizado en el Automóvil Club Argentino, Bullrich afirmó que está en desacuerdo con las resoluciones de las juezas Marta Elba Pascual y Laura Beatriz De Marinis, pero sostuvo que no corresponde promover un jury por esas decisiones. Según explicó, el mecanismo adecuado para cuestionar una sentencia es la apelación.

La posición de la senadora se diferencia de la adoptada por otros dirigentes oficialistas y por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quienes impulsaron acciones contra las magistradas, Macri anunció que solicitará el juicio político contra De Marinis ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El conflicto comenzó a partir de distintas decisiones judiciales relacionadas con la Ley 27.801, que estableció un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil y redujo de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal. La norma contempla a adolescentes de entre 14 y 18 años y establece distintas condiciones para su aplicación.

En la provincia de Buenos Aires, la jueza Marta Pascual había dispuesto una suspensión provisoria de 60 días para la aplicación del régimen. La medida surgió a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado en favor de adolescentes privados de su libertad, Pascual fundamentó su decisión en la necesidad de determinar si existían las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para aplicar la nueva normativa. Posteriormente, la Cámara revocó esa decisión y Bullrich tomó ese antecedente como argumento para sostener que una sentencia cuestionada debe ser revisada en una instancia superior y no convertirse automáticamente en motivo de destitución de un juez. 

El segundo caso ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires y tuvo como protagonista a la jueza Laura Beatriz De Marinis. La magistrada declaró inconstitucional la reducción de la edad de punibilidad en un expediente concreto que involucraba a un adolescente de 14 años acusado de una tentativa de robo. De Marinis consideró que la aplicación de la nueva normativa en ese caso entraba en conflicto con tratados internacionales de derechos de niños y adolescentes. Su resolución benefició al menor involucrado, pero no suspendió de manera general la vigencia de la ley en la Ciudad.

A raíz de esa decisión, Jorge Macri anunció que promoverá un pedido de juicio político contra la magistrada. El jefe de Gobierno porteño cuestionó públicamente el fallo y sostuvo que los jueces que toman decisiones de ese tipo deben quedar sujetos a mecanismos de control político. Bullrich, en cambio, planteó que el Poder Judicial cuenta con mecanismos propios para revisar las sentencias. Aunque manifestó su desacuerdo con las decisiones de Pascual y De Marinis, sostuvo que no corresponde utilizar el jury como respuesta a una interpretación judicial.

La discusión se produce mientras continúa el debate político y judicial sobre la implementación del nuevo régimen penal juvenil. Mientras distintos sectores del oficialismo defienden la aplicación de la ley aprobada por el Congreso, las decisiones judiciales generaron cuestionamientos vinculados con su alcance, constitucionalidad y con las condiciones necesarias para ponerla en práctica.