El Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Mar del Plata condenó a prisión perpetua a Ezequiel Sebastián Orbes por el asesinato de su vecino Luis Arturo Aravena Ramos, conocido como “El Chileno”. El crimen ocurrió en septiembre de 2024, cuando el acusado ingresó a la vivienda de la víctima, lo atacó con casi 50 puñaladas y le robó distintos elementos.

El tribunal, integrado por los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Paula Soulé, resolvió por unanimidad encuadrar el hecho como homicidio criminis causa, una figura que contempla los asesinatos cometidos para facilitar otro delito o procurar la impunidad de su autor.

De esta manera, los magistrados coincidieron con la acusación sostenida durante el juicio por la fiscal María Florencia Salas.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, después de atacar a Aravena Ramos, Orbes sustrajo un televisor, una garrafa y el juego de llaves de la propiedad. Luego se dirigió a descansar a la casa de su madre, ubicada en las inmediaciones del lugar del crimen.

Las tareas investigativas realizadas por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata permitieron identificarlo y concretar su aprehensión. En ese proceso fueron relevantes los testimonios de vecinos que lo habían visto trasladar los elementos robados.

Entre las pruebas reunidas también se establecieron coincidencias entre el calzado del acusado y las pisadas con sangre encontradas en la escena. Además, se detectó sangre de la víctima en las prendas de vestir de Orbes. Con esos elementos, el tribunal consideró acreditada la responsabilidad penal del acusado y dictó la pena de prisión perpetua.

Un jurado popular declaró culpable hoy al acusado por el femicidio de Talía Abigail Aragón, ocurrido en mayo de 2024 en la zona de Los Acantilados. El veredicto se conoció tras las deliberaciones finales del juicio oral realizado en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº2.

El hombre condenado por el jurado era ex pareja de Aragón, de 27 años. El cuerpo de la joven había sido encontrado sin vida en la playa, con heridas de arma blanca en el hemitórax derecho y en uno de sus brazos.

El debate fue encabezado por el juez Federico Cecchi. La acusación estuvo a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán, mientras que la defensa del imputado fue ejercida por los abogados Javier De la Torre y Héctor Luccoti.

La pena definitiva se determinará en la audiencia de cesura, prevista para la semana próxima. En esa instancia se fijará la sanción correspondiente luego del veredicto de culpabilidad.

La fiscalía de Francia pidió 27 y 20 años de prisión para los principales acusados, Loïk Le Priol y Romain Bouvier, del asesinato al ex rugbier de Los Pumas Federico Martín Aramburú. Fue en la audiencia llevada a cabo hoy en el marco del juicio que se desarrolla en la ciudad de París por el crimen ocurrido en 2022.

La pena más alta (27 años) fue solicitada para Loïk Le Priol, que está señalado como el autor de los disparos que le causaron la muerte a Aramburú. En tanto que su cómplice, Romain Bouvier, podría recibir una condena menor (20 años) ya que está acusado de homicidio en grado de tentativa.

Aramburu tenía 42 años cuando recibió varios disparos a la salida de un bar el 19 de marzo de 2022 en la ciudad de Biarritz. 

En una de las últimas jornadas del juicio, fue el turno de los alegatos y allí el fiscal Courroye, de 67 años, abrió su exposición final con la promesa de defender la ley “con imparcialidad y honestidad intelectual”. En la reconstrucción que realizó el diario francés L’Equipe , el magistrado comenzó por describir a los acusados como jóvenes con recursos intelectuales y económicos, pero marcados por una inmadurez que, afirmó, no puede ignorarse.

Para la fiscalía, la salida de Bouvier y Le Priol del establecimiento no fue una retirada, sino el inicio de una cacería dirigida contra Aramburu. 

La acusación cuestionó la versión de Bouvier, quien afirmó que solo quería asustar a la víctima y que disparó al suelo. 

Lo cierto es que son horas decisivas en el juicio que busca esclarecer el crimen del ex Puma Aramburu. Este viernes, será el tiempo de conocer el veredicto final de los acusados. 

Un vecino del músico Cristian “Pity” Álvarez declaró sobre el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29, relatando detalladamente durante una audiencia reservada cómo se desencadenó el violento asesinato.

El testigo, identificado legalmente como “CS”, explicó que la madrugada del 12 de julio de 2018, en el barrio Samoré, presenció un tenso cruce verbal entre ambos. Tras intentar separarlos en dos oportunidades, observó que Díaz amagó con dar un cabezazo, instante en el que el artista extrajo un arma y accionó el gatillo.

El testimonio dejó una afirmación que se convirtió en el punto más estremecedor de la jornada: “Le dio un disparo certero al ojo y cayó como una madera”. Según esta reconstrucción, luego del primer impacto, el acusado efectuó otros tres tiros dirigidos a la cabeza de la víctima.

Posteriormente, el homicida descartó el arma en una alcantarilla, abandonó su automóvil y escapó junto a su novia hacia el local bailable Pinar de Rocha. Al día siguiente se entregó en la Comisaría Nº52 y confesó: “Yo fui el que disparé. Lo maté”, aunque más tarde argumentó haber actuado en legítima defensa.

Al finalizar la audiencia, el abogado querellante Fernando Burlando destacó ante la prensa que el declarante se expresó “con mucha memoria”. Sobre el desarrollo del debate, a cargo de los magistrados Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, el letrado analizó: “El juicio está transitando por un carril donde no hay mucha oposición de la defensa de Álvarez”.

Respecto al imputado, observó: “Yo lo veo tranquilo. Hoy hasta les hizo una pregunta a sus abogados”.

En el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, concluyó hoy la tercera audiencia del juicio oral contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano, donde el músico declaró estar “tranquilo” al salir del edificio y pronunció la frase: “La persona que va a dar el veredicto de lo que sucedió es la que sabemos que todo lo ve”.

La jornada se centró en la declaración testimonial de Carlos Ulises Stiempcich, amigo de la víctima y testigo presencial de la pelea que culminó con los cuatro disparos fatales contra Díaz, sumado al testimonio convocado de los vecinos Iliana Díaz, Fanny Johana Valdivia Quea, Laura Bellizzi, Carla Mariela Collazo, Pablo Sebastián Robles y Pablo Roberto Musumano para reconstruir el contexto del hecho.

Durante las audiencias previas ya habían declarado la ex pareja del músico, Agustina Ibernoz, la madre de la segunda hija de la víctima, Verónica Román, y el taxista Alejandro Marcelo Pedroso, en un proceso donde los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro le solicitaron al acusado quitarse un guante y anteojos de sol, tras haber asistido al episodio en el que se quedó dormido en plena sesión.

El debate judicial continuará la próxima semana con el análisis de nuevas declaraciones testimoniales promovidas tanto por la defensa como por la querella, la cual se encuentra formalmente representada por el abogado Fernando Burlando y su equipo de trabajo.

El juicio oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata contra el sargento primero Héctor Lorenzo Andersen continúa su curso tras la apertura de las audiencias concretada a inicios de esta semana.

El suboficial del Ejército Argentino se encuentra imputado por el delito de abuso sexual simple cometido de manera reiterada en perjuicio de tres soldadas voluntarias que prestaban servicios bajo su mando directo en el cuartel militar de la localidad de Azul durante el transcurso del año 2022.

El debate judicial cuenta con la acusación impulsada por el fiscal general subrogante Carlos Fioriti junto al auxiliar fiscal Alejandro Borawski Chanes, en tanto que la defensora pública de víctimas, Inés Jaureguiberry, ejerce la representación legal de dos de las denunciantes ante los jueces Fernando Minguillón, Nicolás Toselli y Matías Mancini.

Conforme a la hipótesis desarrollada por el Ministerio Público Fiscal, el imputado habría instrumentado su jerarquía dentro del organigrama de la fuerza castrense para ejecutar maniobras continuadas de acoso, violencia psicológica y tocamientos no consentidos, condicionando la permanencia de las víctimas mediante presiones operativas y amenazas de baja.

Los testimonios ventilados en el proceso dan cuenta de un patrón sistemático de hostigamiento verbal y físico desplegado tanto en oficinas como en el Casino de Oficiales del predio militar, sumado a persecuciones mediante aplicaciones de mensajería.

La primera de las víctimas denunció agresiones entre agosto y diciembre de 2022, la segunda relató episodios similares registrados entre octubre y noviembre de ese mismo año bajo coacción para evitar denuncias, mientras que la tercera víctima detalló al menos doce ataques ocurridos entre enero y abril de 2022.

Finalizada la etapa inicial de alegatos y declaraciones testimoniales, el tribunal dispuso un cuarto de intermedio y fijó la reanudación del debate para el lunes 24 de agosto.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 ratificó que el juicio oral y público contra el músico Cristian “Pity” Alvarez comenzará de manera impostergable este lunes 10, luego de rechazar el pedido de suspensión presentado por la defensa y coincidir con la postura del fiscal Sandro Abraldes.

El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados llegará al banquillo de los acusados por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. Además, afronta cargos por amenazas y privación ilegítima de la libertad en una causa paralela iniciada en 2016.

La defensa técnica de Alvarez había solicitado suspender el debate al argumentar razones vinculadas con su estado de salud y la existencia de recursos pendientes, amparándose en disposiciones del Código Procesal Penal.

Sin embargo, el fiscal Abraldes se opuso al planteo y sostuvo que “la realización del debate es el ámbito institucional natural para el resguardo de todas las garantías del imputado”. De esta manera, consideró que el proceso oral constituye la instancia adecuada para que se ejerzan plenamente los derechos de la defensa.

La fiscalía también hizo referencia a las recientes apariciones públicas del músico, quien durante los últimos meses ofreció recitales y participó de entrevistas radiales. Según el Ministerio Público, estas actividades descartan “la alegada imposibilidad de afrontar el juicio” y permiten sostener que la realización del proceso no representa un compromiso para su integridad física o psíquica.

El juicio contra Alvarez permaneció suspendido durante varios años a partir de distintos dictámenes del Cuerpo Médico Forense, que habían señalado la existencia de una incapacidad psiquiátrica para afrontar el proceso.

Posteriormente, nuevas evaluaciones interdisciplinarias determinaron que el músico cuenta con la reserva cognitiva necesaria para participar de las audiencias, lo que permitió avanzar hacia la realización del debate oral.

Nicolás Fernández fue condenado a 15 años de prisión por el delito de homicidio en ocasión de robo a Daniel Marcel -padre del periodista Marcelo Marcel-, tras la homologación de un juicio abreviado por parte del Tribunal en lo Criminal Nº2 de Mar del Plata, a cargo del juez Alexis Simaz.

El acuerdo contó con la conformidad de la fiscalía y de la querella, representada por el abogado Juan Cruz Martínez, e implicó el reconocimiento formal de la responsabilidad penal por la muerte de Daniel Marcel (78), ocurrida el 30 de junio de 2023 en el barrio Las Lilas.

El hecho se produjo en la puerta del domicilio familiar, cuando la víctima intervino para asistir a su hijo, quien estaba siendo abordado por un delincuente armado en un intento de robo. En medio del forcejeo, Daniel Marcel recibió un disparo que le provocó la muerte.

La investigación fue llevada adelante por la fiscal Romina Díaz junto al gabinete de Homicidios de la DDI, lo que permitió la detención de Fernández a pocas cuadras del lugar horas después del crimen.

La causa incorporó peritajes balísticos, estudios de dermotest y el análisis de registros de cámaras de seguridad públicas y privadas, elementos que consolidaron la acusación y derivaron en la resolución judicial mediante el procedimiento abreviado.

Mientras, se recuerda que un segundo delincuente que participó del hecho permanece prófugo y no hay mayores avances respecto de su paradero.

La querella solicitó la pena máxima para los cuatro acusados en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan, durante la audiencia de alegatos realizada hoy en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en Río Gallegos, donde las abogadas sostuvieron que la tragedia fue consecuencia de una cadena de decisiones y omisiones dentro de la estructura de mando naval.

Las representantes de los familiares, Lorena Arias y Valeria Carreras, afirmaron que el submarino fue enviado a cumplir una misión sin estar debidamente alistado y cuestionaron la interpretación sobre su operatividad. “Este juicio trata sobre una estructura de mando que continuó operando un buque degradado. Trata de quienes debían evitar ese riesgo y no lo hicieron”, sostuvo Arias al iniciar su exposición.

Durante más de tres horas, ambas letradas desarrollaron una reconstrucción de los hechos que derivaron en el hundimiento ocurrido el 15 de noviembre de 2017, en el que murieron 44 tripulantes. Según plantearon, no se trató de un evento aislado sino de un proceso progresivo de deterioro, con fallas acumuladas y controles insuficientes.

En ese marco, solicitaron para los imputados cinco años de prisión efectiva, diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de costas, al considerar que los hechos encuadran en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de personas.

La querella también puso en foco la cadena de mando y rechazó que la responsabilidad recaiga exclusivamente en el comandante del submarino. “La responsabilidad de quien tiene la posición de garante no se transfiere por la existencia de otro garante”, argumentaron, al sostener que los superiores conocían el estado del buque.

Otro de los ejes centrales fue el cuestionamiento a las condiciones en las que se desarrolló la misión. Según indicaron, el submarino podía navegar, pero no estaba en condiciones de realizar el patrullaje asignado en las circunstancias previstas. “El submarino no estaba operativo, no estaba en condiciones, no estaba alistado”, remarcaron.

Las abogadas también hicieron hincapié en la cultura institucional de obediencia dentro de la Armada, al señalar que no existía margen real para que la tripulación o el comandante rechazaran la misión, pese a las advertencias técnicas registradas en meses previos.

Finalmente, sostuvieron que los acusados conocían el riesgo y no adoptaron medidas para evitarlo. “No fue el mar el que los hundió, fue la distancia entre lo que los reglamentos exigían y lo que efectivamente se hizo”, concluyeron.

Con información de Infobae

El abogado querellante de familiares del submarino ARA San Juan, Luis Tagliapietra, confirmó que el próximo lunes se retomarán las audiencias del juicio y remarcó que el proceso judicial “ya entra en la etapa final”, luego de una semana marcada por la inspección ocular realizada en los restos del submarino ARA Santa Cruz en el astillero Tandanor.

“La semana pasada fue muy intensa, que terminó en la inspección ocular que hicimos en los restos del ARA Santa Cruz”, señaló el letrado, quien explicó que la recorrida permitió tomar dimensión real de las características técnicas del submarino y de los sistemas que eran objeto de análisis en la causa.

“Digo restos porque en realidad están ahí en Tandanor, abandonados, porque estaba para hacerle la media vida y se suspendió”, expresó Tagliapietra sobre el estado en el que se encuentra la embarcación utilizada para la inspección.

Durante la recorrida, las partes pudieron observar distintos sectores y elementos clave vinculados al funcionamiento del submarino. “La inspección ocular sirvió para, de alguna manera, graficar y tomar contacto de las dimensiones de lo que era el ARA San Juan, de sus equipos, de sus elementos, dónde estaba y cómo era la famosa válvula ECO-19, dónde estaban los detectores de gases y los tanques de batería”, detalló.

El abogado también explicó que pudieron ingresar a distintas áreas internas de la nave. “Pudimos ingresar a los tanques de batería, pudimos recorrer absolutamente todo”, indicó.

Según precisó, la actividad estuvo acompañada por autoridades navales que brindaron explicaciones técnicas durante toda la jornada. “El actual comandante del Salta y de la Fuerza nos dio no solamente la recorrida, sino que nos instruyó bastante sobre detalles del submarino”, afirmó.

En ese sentido, consideró que la experiencia fue especialmente importante para los magistrados que intervienen en el proceso. “Los jueces particularmente, que tal vez no tenían dimensión de lo que era, estuvieron ahí muy atentos”, sostuvo.

De cara a las próximas audiencias, Tagliapietra adelantó que comenzará una etapa considerada central dentro del juicio. “Empiezan a declarar los que estuvieron en la Comisión Investigadora del Ministerio de Defensa”, anticipó.

Finalmente, el abogado remarcó que el debate oral transita sus últimas instancias. “Ya entramos en la etapa final del juicio”, concluyó.

La Justicia de Estados Unidos resolvió suspender todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, mediante una decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York adoptada hoy, en Nueva York, a partir de un planteo presentado por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

La resolución establece que ningún tribunal podrá avanzar con medidas relacionadas al caso hasta que se defina la cuestión de fondo en el proceso de apelación impulsado por el Estado argentino, lo que representa un beneficio inmediato para la posición del país.

El pedido había sido formulado por Amerio en sus primeras horas al frente de la Procuración del Tesoro, con el objetivo de frenar investigaciones y procedimientos vinculados a la ejecución de la sentencia dictada en 2023 contra la Argentina.

En ese marco, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York -tribunal con potestad para confirmar, modificar o revocar el fallo original- aceptó el planteo y dispuso la suspensión de todo avance procesal hasta pronunciarse sobre el fondo del litigio.

La decisión implica que, por el momento, no podrán ejecutarse reclamos ni avanzar nuevas instancias de investigación, lo que otorga margen al Estado argentino mientras se aguarda una definición definitiva.

“Esta decisión podría indicar que el fallo de la cuestión de fondo podría conocerse dentro de poco tiempo, aunque la cámara no tiene plazo para hacerlo. La audiencia de apelación por el fallo madre había sido en octubre del año pasado, y desde entonces están esperando”, dijo Sebastián Maril, analista de LATAM Advisors.

“Entonces, esto puede ser una señal de que los mismos jueces de la Cámara van a resolver el tema, y van a laudar sobre la cuestión de fondo. Como la van a decidir pronto, dicen, ‘no tiene sentido seguir con toda una serie de audiencias que estaban previstas en el contexto del discovery’”, agregó.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en respaldo del pedido de Argentina para suspender el proceso de discovery posterior a la sentencia en el juicio por la estatización de YPF.

La solicitud argentina busca frenar la etapa de producción de documentos impulsada por los demandantes, encabezados por el fondo británico Burford Capital, que intenta identificar bienes del Estado argentino que podrían ser embargados para cobrar el fallo por aproximadamente 16.000 millones de dólares.

En su presentación, el gobierno estadounidense argumentó que el discovery en curso resulta “excesivamente intrusivo” y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad entre Estados soberanos.

Según el documento citado por la Procuración del Tesoro de la Nación, este tipo de requerimientos judiciales dirigidos contra países podría generar tensiones diplomáticas y abrir la posibilidad de que tribunales extranjeros adopten medidas similares contra los propios Estados Unidos.

Además, el Departamento de Justicia sostuvo que, al analizar una solicitud de suspensión, los tribunales deben considerar los posibles efectos sobre las relaciones exteriores y otorgar especial deferencia a la posición del Poder Ejecutivo en materia de política exterior.

Por ese motivo, el memorándum solicita que la Cámara de Apelaciones tenga en cuenta los principios de reciprocidad internacional y las implicancias diplomáticas al resolver el pedido argentino de suspender el discovery mientras se tramita la apelación del fallo principal.

El proceso de discovery es una instancia judicial destinada a recopilar documentación e información relevante para una causa. En este caso, los demandantes buscan acceder a comunicaciones y documentos que permitan demostrar que activos de YPF o bienes en el exterior vinculados al Estado argentino podrían ser utilizados para ejecutar la sentencia.

Desde el Gobierno argentino sostienen que el país ya cumplió con las órdenes judiciales emitidas en el proceso, al entregar más de 115.000 páginas de documentación y facilitar cerca de 37 horas de testimonios de siete funcionarios de alto rango.

Asimismo, en cumplimiento de una orden de la jueza Loretta Preska, se aportaron más de 800 páginas adicionales y 86 notas de voz provenientes de dispositivos personales.

Pese a ello, los demandantes solicitaron que la República Argentina sea declarada en desacato y que se le impongan sanciones, un planteo que el Gobierno considera improcedente y desproporcionado.

No es la primera vez que la administración del presidente Donald Trump interviene en el proceso. El pasado 26 de febrero, el Departamento de Justicia también había presentado un escrito respaldando la postura argentina frente al discovery.

Además, el organismo solicitó participar de manera oral en la audiencia prevista para el 16 de abril, vinculada a la apelación de la orden que exige la entrega del 51% de las acciones de YPF para cumplir con la sentencia del caso.

Fuente: con información de Clarín

El Ministerio Público Fiscal de la Nación presentó un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal contra una resolución que limita la participación de fiscales en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan, donde se investigan responsabilidades de cuatro exoficiales de la Armada Argentina.

El planteo judicial busca revertir la decisión del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, que dispuso que solo dos de los cuatro fiscales designados por el procurador general interino participen del debate oral.

La resolución cuestionada fue dictada el pasado 27 de febrero, cuando el tribunal declaró inadmisible un recurso de casación presentado por el MPF contra otra decisión previa del 23 de diciembre. En ese fallo, los jueces habían establecido que en el juicio debían intervenir únicamente los fiscales federales Gastón Franco Pruzan, a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Río Gallegos, y Lucas Colla, titular de la Sede Fiscal Descentralizada Caleta Olivia.

El MPF solicitó que se revoque esa decisión y que se permita también la participación de los fiscales Julio Zárate, titular de la Unidad Fiscal Río Gallegos, y María Andrea Garmendia Orueta, integrante de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

Además, los fiscales cuestionaron otra disposición del tribunal que establece que los representantes del Ministerio Público que no participen de una audiencia no podrán presentar alegatos finales. Según señalaron, esa medida implica un “avasallamiento” a la autonomía funcional del organismo y viola el artículo 120 de la Constitución Nacional Argentina.

El tribunal había argumentado que su decisión se basaba en el principio de igualdad de las partes y de “igualdad de armas”. Sin embargo, los fiscales respondieron que ese principio no implica una equivalencia numérica entre fiscales y defensores, sino igualdad de oportunidades para ejercer el derecho de defensa.

En la presentación ante Casación, los representantes del MPF sostuvieron además que la resolución judicial interfiere en la autonomía del organismo y en las facultades del procurador general para organizar el equipo fiscal. En ese sentido, afirmaron que la decisión “afecta críticamente la autonomía funcional e independencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación”.

Los fiscales también cuestionaron el argumento del tribunal según el cual la resolución no constituía una sentencia definitiva ni generaba un perjuicio irreparable. A su entender, la medida impacta directamente en el ejercicio de sus funciones y en la representación institucional del organismo en el proceso judicial.

El equipo fiscal que interviene en el juicio había sido designado el 11 de noviembre por el procurador general interino Eduardo Casal.

La controversia se originó durante la audiencia preliminar realizada el 4 de diciembre pasado. En el acta de esa audiencia quedó asentado que solo dos fiscales podrían intervenir en el debate oral. El MPF solicitó posteriormente que se corrigiera ese documento, al considerar que no reflejaba de manera fiel lo ocurrido en la audiencia.

El 23 de diciembre el tribunal ratificó la decisión de limitar la participación a dos fiscales y estableció que solo quienes asistan a todas las audiencias podrán alegar al final del juicio. Frente a esa resolución, el MPF presentó un recurso de casación que fue declarado inadmisible, lo que derivó en la actual presentación de un recurso de queja ante Casación.

Fuente: con información de Fiscales.gob.ar

El abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan, expresó duras críticas al juicio que se lleva adelante por el hundimiento del submarino. En diálogo con El Marplatense, aseguró que no tiene “ninguna expectativa” y calificó el proceso como “una farsa”, al considerar que aún no se determinó con claridad cuál fue el motivo del naufragio.

El juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan comenzará este martes  3 de marzo en la ciudad de Río Gallegos, según confirmó el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. El proceso buscará establecer responsabilidades penales por la tragedia ocurrida en 2017,  e incluirá testimonios, documentación técnica y material audiovisual.

Tagliapietra afirmó que, junto a otros familiares, realizaron múltiples planteos para que se profundicen las pericias técnicas que permitan establecer qué ocurrió, pero sostuvo que la Justicia “se negó sistemáticamente” a realizar estudios que considera básicos. En ese sentido, advirtió que sin certezas sobre la causa del hundimiento será difícil sostener una condena por la muerte de los 44 tripulantes, ya que no podría probarse el nexo entre las presuntas responsabilidades y el resultado fatal.

También cuestionó que el juicio se desarrolle en Río Gallegos y no en Mar del Plata, donde tenía asiento natural el submarino y donde —según indicó— los imputados habrían tomado decisiones desde la Base Naval local. Para el abogado, esta discusión sobre la competencia podría derivar en nulidades futuras por violación al principio del juez natural.

Por último, sostuvo que el objetivo principal de los familiares es conocer la verdad sobre lo sucedido y remarcó que este proceso, tal como está planteado, no garantiza ese resultado. “Vamos a participar activamente e intentar que los testigos expongan todo, pero no tengo expectativas positivas”, concluyó, al tiempo que manifestó su esperanza de que en el futuro pueda desarrollarse un nuevo juicio que permita esclarecer plenamente las responsabilidades.

El juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan comenzará el 3 de marzo en la ciudad de Río Gallegos, según confirmó el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. El proceso buscará establecer responsabilidades penales por la tragedia ocurrida en 2017, en la que murieron sus 44 tripulantes, e incluirá testimonios, documentación técnica y material audiovisual.

El submarino había zarpado desde Ushuaia con destino a Mar del Plata cuando emitió su último contacto el 15 de noviembre de 2017 en medio de un temporal. Tras una extensa búsqueda internacional, fue hallado el 17 de noviembre de 2018 a casi 1000 metros de profundidad, a unos 597 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia y fuera de la Zona Económica Exclusiva Argentina.

Entre los imputados se encuentran altos mandos de la Armada Argentina que estaban en funciones al momento del hecho: el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo y los capitanes Claudio Villamide, Héctor Alonso y Hugo Miguel Correa. Las acusaciones están vinculadas a presuntas responsabilidades dentro de la cadena de mando.

El Ministerio Público Fiscal estará encabezado por el fiscal Gastón Franco Pruzan y su equipo. Durante el juicio se incorporará material audiovisual del hallazgo registrado por la empresa Ocean Infinity, además de informes técnicos confidenciales de la Armada y la validación del peritaje de la firma Thyssen-Krupp. Declararán más de 20 testigos, entre ellos sonaristas, oficiales y altos jefes navales.

El inicio del debate oral representa un paso decisivo para esclarecer las causas del hundimiento y determinar eventuales responsabilidades penales. Las familias de los 44 tripulantes esperan que, tras casi nueve años de espera, el proceso judicial aporte respuestas concretas y contribuya a cerrar una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente argentina.

Fuente: con información de ADNSur

El juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña iba a comenzar el 7 de octubre en Corrientes, pero el Ministerio Público Fiscal y la querella solicitaron adelantar la fecha, por lo que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes reconsiderará el inicio del proceso.

Durante esta mañana se realizó la primera audiencia preliminar del debate oral y público que investiga la desaparición del niño de 5 años.

La audiencia se desarrolló de manera mixta: los particulares damnificados y los fiscales estuvieron presentes en la sala, mientras que varios acusados participaron por Zoom desde las cárceles donde se encuentran alojados. La imputada Mónica del Carmen Millapi lo hizo desde Neuquén, donde cumple arresto domiciliario. Algunos defensores, como Rodolfo Baqué y Pablo Jurado, asistieron de forma presencial.

Los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco informaron que el juicio estaba previsto para comenzar el 7 de octubre, con audiencias los miércoles y jueves hasta diciembre.

Sin embargo, los abogados querellantes Alejandro Vecchi y María Belén Russo Cornara, representantes legales de los padres del menor, solicitaron revocar esa decisión al considerar que “es casi imposible” lograr acuerdos probatorios con 17 imputados y más de 20 defensas que no residen en Corrientes.

“Es revictimizante para los padres y los hermanos. La familia es hostigada y no tiene protección”, denunciaron los letrados durante la audiencia.

El fiscal federal Carlos Schaeffer adhirió al planteo de los familiares. En tanto, Ernesto González, defensor de la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y del ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, se opuso a la incorporación por lectura de 588 testigos.

Tras casi una hora de cuarto intermedio, los magistrados indicaron que reconsiderarán la fecha de inicio del juicio y confirmaron que los imputados deberán asistir de manera presencial al debate, aunque evaluarán situaciones particulares por razones de distancia y económicas.

En diálogo con la prensa, el padre del niño, José Peña, expresó que la búsqueda continúa aunque “no se encuentra nada de nada”. Por su parte, la madre, María Noguera, reclamó la aparición con vida de su hijo y pidió a los acusados que “se quiebren y digan dónde está”.

Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la casa de su abuela Catalina, en la localidad correntina de 9 de Julio, adonde había concurrido con su padre para almorzar y luego dirigirse a un naranjal. Tras su desaparición se activó el Alerta Sofía, pero hasta el momento no existe información certera sobre su paradero.

Siete de los imputados están acusados por la sustracción y ocultamiento del niño: Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Walter Maciel, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez y Mónica del Carmen Millapi.

Por el supuesto entorpecimiento de la investigación están imputados Alan Cañete, Elizabeth Cuataia, Federico Rossi Colombo, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni, Leonardo Rubio y Nicolás Soria, alias “El Americano”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

El Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires celebró una nueva audiencia en la que la defensa de Claudio Contardi, exesposo de la modelo Julieta Prandi, volvió a solicitar que se anule el juicio que en 2025 terminó con su condena a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado durante su matrimonio. 

El nuevo planteo fue presentado por el abogado Fernando Sicilia en agosto pasado, poco después de que se conociera la sentencia. En más de 100 carillas, la defensa cuestiona la forma en que se llevó adelante el proceso en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Campana, al sostener entre otros puntos que Contardi no renunció válidamente al juicio por jurados y que no se le garantizó una defensa eficaz. 

Durante la audiencia de este jueves, Sicilia expuso ante los jueces los argumentos ya incluidos en el recurso, en el que también se ponen en duda pericias y la calificación legal de los hechos. Antes de esta instancia, la defensa había intentado que Contardi accediera a la prisión domiciliaria, pedido que fue rechazado el año pasado. 

La decisión de la Cámara de Casación sobre ambas peticiones, la nulidad de la condena y la domiciliaria, podría demorar meses, incluso hasta un año, según indicaron fuentes judiciales. El empresario se encuentra actualmente detenido en la Unidad Penal N°41 de Campana, cumpliendo la condena impuesta por los jueces en 2025. 

La causa se inició en 2021 tras la denuncia de Prandi por hechos que, según la investigación, ocurrieron entre 2015 y 2018. El fallo de condena y la posterior detención de Contardi marcaron un hito en una causa de alto impacto mediático en Argentina. 

La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) presentó un pedido ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para suspender el proceso de discovery y rechazar una moción de desacato impulsada por los demandantes en el litigio por la expropiación de YPF, que tramita bajo la órbita de la jueza Loretta Preska.

Según fuentes oficiales, el Estado argentino denunció un “hostigamiento sistemático contra un Estado soberano” mediante pedidos “intrusivos y desproporcionados” que afectan la soberanía y las relaciones internacionales. Desde la PTN recordaron que, a diferencia de gestiones anteriores, desde diciembre de 2023 la Argentina cumplió plenamente con el discovery, entregando información “razonablemente relevante” en un volumen sin precedentes.

Pedidos “jurídicamente inaceptables” y el oro del Banco Central

Pese a ese cumplimiento, la Procuración advirtió que los demandantes escalaron los reclamos hacia requerimientos “inaceptables, invasivos y ajenos al objeto del proceso”. En particular, apuntó contra el fondo litigante Burford, que solicitó información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina.

Sobre este punto, el Gobierno fue categórico: las reservas son propiedad del Banco Central y están protegidas por la inmunidad de ejecución, por lo que no son activos ejecutables y cualquier pedido de información al respecto resulta improcedente.

La PTN sostuvo además que el discovery “se desnaturalizó” y pasó a ser una herramienta de hostigamiento destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado, y denunció que los demandantes expresaron su intención de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica, una conducta calificada como “inaceptable jurídica y moralmente”.

Finalmente, el Estado ratificó que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para proteger su soberanía, defender el Estado de Derecho y frenar pedidos ilegítimos que vulneran las leyes, la Constitución y los principios del derecho internacional.

Fuente: TN

Un informe reciente de la UART (Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo) expuso una cifra que reaviva el debate sobre el sistema de juicios laborales en la Argentina: apenas el 55% del dinero que desembolsan las empresas cuando pierden un juicio llega efectivamente al trabajador damnificado. El 45% restante se destina a distintos costos de la intermediación judicial.

Según el desglose del estudio, la mayor porción de ese porcentaje  corresponde a la cuota litis, es decir, el porcentaje del juicio que perciben los abogados, que representa un 14% del gasto total. A eso se suman los honorarios del letrado del actor (11%), los peritos (7%) y el abogado de la compañía demandada (8%), además de los honorarios de segunda instancia (3%) y la tasa de justicia (2%).

El informe también alertó sobre una fuerte escalada de la litigiosidad durante 2025. El año cerró con 134.141 nuevas demandas, un 6,4% más que en 2024. En paralelo, el stock total de juicios en curso pasó de 287.802 en diciembre de 2024 a 317.848 en septiembre de 2025, una suba que vuelve a tensionar al sistema.

De acuerdo con la UART, el único antecedente comparable se remonta a diciembre de 2016, cuando la litigiosidad se encontraba desbordada ante la inminente sanción de una nueva ley. Como referencia, en los últimos cinco días hábiles de aquel año ingresaron solo en la Ciudad de Buenos Aires unos 4.500 juicios, según registros oficiales.

Las proyecciones del sector no son alentadoras: la UART anticipa que la litigiosidad seguirá en aumento en los próximos meses, aun cuando los indicadores de siniestralidad muestran una mejora sostenida. Mientras los fallecimientos laborales se redujeron un 80% y los accidentes un 55%, la cantidad de juicios continúa creciendo de manera exponencial.

Otros estudios refuerzan este contraste. Un informe del IERAL señaló que desde mediados de los años 90 los accidentes y enfermedades laborales dentro de las empresas se redujeron casi a la mitad. A su vez, datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo muestran que la tasa de muertes laborales cayó de 158 a 34 por millón de trabajadores, lo que implicó evitar unas 18.700 muertes en 26 años.

Sin embargo, los accidentes in itinere siguen una tendencia opuesta, alimentando un escenario en el que bajan los siniestros, pero crecen los juicios.

Fuente: Infobae

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata condenó hoy a 20 años de prisión a un hombre por haber explotado económicamente a dos exparejas que ejercían la prostitución y por el abuso sexual reiterado, desde que era niña, de una adolescente. Además, en un hecho inédito para la justicia federal de la jurisdicción, se dispuso no solo una reparación dineraria, sino la “restitución in natura” de una vivienda para dos de las víctimas y que el dinero incautado en la investigación sea destinado a la tercera. En el juicio intervino el fiscal general subrogante ante ese TOF, Carlos Fioriti.

El condenado fue Christian Gilberto Bustos, quien fue considerado autor del delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución en perjuicio de dos mujeres agravado por haber sido conviviente de ellas y por haberse aprovechado de situaciones de vulnerabilidad y haber mediado violencia y amenazas (contemplado en el artículo 127 del Código Penal), en concurso real con el de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años, aprovechando su situación de convivencia dado que era hija de una de sus exparejas, y el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado en cinco hechos (artículo 119 del C.P.), en perjuicio de la tercera víctima.

Los jueces Roberto Falcone, Fernando Minguillón y Nicolás Toselli -quien siguió el debate de manera remota- resolvieron también de manera unánime revocar en forma provisoria la prisión domiciliaria de la que goza Bustos y ordenar su inmediato alojamiento en la delegación local de la Policía Federal Argentina.

En este sentido, el tribunal resolvió que el hombre sea evaluado personalmente por un especialista en oftalmología del Cuerpo Médico Forense a fin de determinar la patología que padece, el grado de disminución visual que presenta y, en su caso, si su supuesta incapacidad le impide cumplir la pena de prisión impuesta en una unidad carcelaria federal.

El veredicto, cuyos fundamentos se darán a conocer el 2 de febrero, ordenó también la reparación de las víctimas N.C. y de S.P.G. a la suma de 20 millones de pesos, en virtud del daño material y moral ocasionado por resultar víctimas de explotación sexual. En tanto para XM, quien era adolescente al momento de los hechos, en virtud del daño moral ocasionado se resolvió una reparación por 30 millones de pesos.

Por otro lado, en una resolución sin precedentes en la Justicia Federal marplatense, se ordenó la restitución in natura del inmueble de Playa Serena, por ser instrumento resultante de la explotación. En este sentido, una vez que la sentencia quede firme, deberá librarse un oficio al Registro de la Propiedad Inmueble provincial para que inscriba la casa a nombre de N.C. y S.P.G.. En tanto, a X.M. se ordenó restituirle el dinero (en pesos, dólares y euros) secuestrado en el marco de la causa. De esta manera, se garantiza una reparación primaria y directa a las víctimas de estos delitos.

Por último, se dispuso el secuestro y decomiso de una camioneta Volkswagen Amarok, una furgoneta Nuevo Fiorino y una moto Honda XR 250, que quedarán a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Fioriti, de la Unidad Fiscal Mar del Plata, cuyo titular es el fiscal general Daniel Eduardo Adler, y por Inés Jaureguiberry, por la Defensoría Pública de Víctimas, quien actuó como querellante.

En el alegato del 4 de diciembre pasado, el fiscal había solicitado una pena de 25 años de prisión, ya que también había acusado a Bustos por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, bajo la modalidad de acogimiento.

El fiscal general subrogante Carlos Fioriti, el día de su alegato ante el TOF de Mar del Plata. Foto: B. Cano.

El caso

Al exponer la acusación, Fioriti indicó que en el caso de S.P.G., fue trasladada por el imputado de La Plata a Mar del Plata y fue sometida al ejercicio de la prostitución desde que tenía 18 años, en 2001. El cálculo que hizo la fiscalía, con el monto actualizado, es que Bustos se llevaba unos mil dólares diarios por la explotación sexual de su entonces pareja.

El segundo hecho tuvo como víctima a N.C., cuyo vínculo con Bustos se había iniciado en 2010, luego de que ella fuera con sus dos hijos a vivir a la casa de su madre en Mar del Plata, tras una relación trunca. Seis meses después, mientras la mujer cursaba un embarazo, el acusado dispuso en 2013 la mudanza a otra vivienda en esa ciudad. De acuerdo con la investigación, en ese entonces Bustos comenzó a insistir para que la víctima se prostituyera. Según reconstruyó la querella, la situación de explotación se repitió todas las noches, durante cinco años, sin importar el clima ni el estado de salud de la mujer.

El tercer caso es el de X.M., hija de N.C., quien tenía 9 años cuando comenzó a convivir con Bustos. De acuerdo con lo relato por la parte acusadora en el juicio, a sus 14 años X.M. era obligada a realizar las tareas de la casa y a cuidar de sus hermanos más chicos, mientras el acusado explotaba a su mamá. Según la acusación, las situaciones de abuso sexual comenzaron en 2011, cuando el acusado ejercía tocamientos en sus partes íntimas, y continuó poco tiempo después, con 11 años, con abuso sexual con acceso carnal, por primera vez. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, hubo al menos cinco situaciones de abuso.

Fuente: Fiscales.