La Justicia de Estados Unidos resolvió suspender todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, mediante una decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York adoptada hoy, en Nueva York, a partir de un planteo presentado por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

La resolución establece que ningún tribunal podrá avanzar con medidas relacionadas al caso hasta que se defina la cuestión de fondo en el proceso de apelación impulsado por el Estado argentino, lo que representa un beneficio inmediato para la posición del país.

El pedido había sido formulado por Amerio en sus primeras horas al frente de la Procuración del Tesoro, con el objetivo de frenar investigaciones y procedimientos vinculados a la ejecución de la sentencia dictada en 2023 contra la Argentina.

En ese marco, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York -tribunal con potestad para confirmar, modificar o revocar el fallo original- aceptó el planteo y dispuso la suspensión de todo avance procesal hasta pronunciarse sobre el fondo del litigio.

La decisión implica que, por el momento, no podrán ejecutarse reclamos ni avanzar nuevas instancias de investigación, lo que otorga margen al Estado argentino mientras se aguarda una definición definitiva.

“Esta decisión podría indicar que el fallo de la cuestión de fondo podría conocerse dentro de poco tiempo, aunque la cámara no tiene plazo para hacerlo. La audiencia de apelación por el fallo madre había sido en octubre del año pasado, y desde entonces están esperando”, dijo Sebastián Maril, analista de LATAM Advisors.

“Entonces, esto puede ser una señal de que los mismos jueces de la Cámara van a resolver el tema, y van a laudar sobre la cuestión de fondo. Como la van a decidir pronto, dicen, ‘no tiene sentido seguir con toda una serie de audiencias que estaban previstas en el contexto del discovery’”, agregó.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en respaldo del pedido de Argentina para suspender el proceso de discovery posterior a la sentencia en el juicio por la estatización de YPF.

La solicitud argentina busca frenar la etapa de producción de documentos impulsada por los demandantes, encabezados por el fondo británico Burford Capital, que intenta identificar bienes del Estado argentino que podrían ser embargados para cobrar el fallo por aproximadamente 16.000 millones de dólares.

En su presentación, el gobierno estadounidense argumentó que el discovery en curso resulta “excesivamente intrusivo” y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad entre Estados soberanos.

Según el documento citado por la Procuración del Tesoro de la Nación, este tipo de requerimientos judiciales dirigidos contra países podría generar tensiones diplomáticas y abrir la posibilidad de que tribunales extranjeros adopten medidas similares contra los propios Estados Unidos.

Además, el Departamento de Justicia sostuvo que, al analizar una solicitud de suspensión, los tribunales deben considerar los posibles efectos sobre las relaciones exteriores y otorgar especial deferencia a la posición del Poder Ejecutivo en materia de política exterior.

Por ese motivo, el memorándum solicita que la Cámara de Apelaciones tenga en cuenta los principios de reciprocidad internacional y las implicancias diplomáticas al resolver el pedido argentino de suspender el discovery mientras se tramita la apelación del fallo principal.

El proceso de discovery es una instancia judicial destinada a recopilar documentación e información relevante para una causa. En este caso, los demandantes buscan acceder a comunicaciones y documentos que permitan demostrar que activos de YPF o bienes en el exterior vinculados al Estado argentino podrían ser utilizados para ejecutar la sentencia.

Desde el Gobierno argentino sostienen que el país ya cumplió con las órdenes judiciales emitidas en el proceso, al entregar más de 115.000 páginas de documentación y facilitar cerca de 37 horas de testimonios de siete funcionarios de alto rango.

Asimismo, en cumplimiento de una orden de la jueza Loretta Preska, se aportaron más de 800 páginas adicionales y 86 notas de voz provenientes de dispositivos personales.

Pese a ello, los demandantes solicitaron que la República Argentina sea declarada en desacato y que se le impongan sanciones, un planteo que el Gobierno considera improcedente y desproporcionado.

No es la primera vez que la administración del presidente Donald Trump interviene en el proceso. El pasado 26 de febrero, el Departamento de Justicia también había presentado un escrito respaldando la postura argentina frente al discovery.

Además, el organismo solicitó participar de manera oral en la audiencia prevista para el 16 de abril, vinculada a la apelación de la orden que exige la entrega del 51% de las acciones de YPF para cumplir con la sentencia del caso.

Fuente: con información de Clarín

El Ministerio Público Fiscal de la Nación presentó un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal contra una resolución que limita la participación de fiscales en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan, donde se investigan responsabilidades de cuatro exoficiales de la Armada Argentina.

El planteo judicial busca revertir la decisión del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, que dispuso que solo dos de los cuatro fiscales designados por el procurador general interino participen del debate oral.

La resolución cuestionada fue dictada el pasado 27 de febrero, cuando el tribunal declaró inadmisible un recurso de casación presentado por el MPF contra otra decisión previa del 23 de diciembre. En ese fallo, los jueces habían establecido que en el juicio debían intervenir únicamente los fiscales federales Gastón Franco Pruzan, a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Río Gallegos, y Lucas Colla, titular de la Sede Fiscal Descentralizada Caleta Olivia.

El MPF solicitó que se revoque esa decisión y que se permita también la participación de los fiscales Julio Zárate, titular de la Unidad Fiscal Río Gallegos, y María Andrea Garmendia Orueta, integrante de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

Además, los fiscales cuestionaron otra disposición del tribunal que establece que los representantes del Ministerio Público que no participen de una audiencia no podrán presentar alegatos finales. Según señalaron, esa medida implica un “avasallamiento” a la autonomía funcional del organismo y viola el artículo 120 de la Constitución Nacional Argentina.

El tribunal había argumentado que su decisión se basaba en el principio de igualdad de las partes y de “igualdad de armas”. Sin embargo, los fiscales respondieron que ese principio no implica una equivalencia numérica entre fiscales y defensores, sino igualdad de oportunidades para ejercer el derecho de defensa.

En la presentación ante Casación, los representantes del MPF sostuvieron además que la resolución judicial interfiere en la autonomía del organismo y en las facultades del procurador general para organizar el equipo fiscal. En ese sentido, afirmaron que la decisión “afecta críticamente la autonomía funcional e independencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación”.

Los fiscales también cuestionaron el argumento del tribunal según el cual la resolución no constituía una sentencia definitiva ni generaba un perjuicio irreparable. A su entender, la medida impacta directamente en el ejercicio de sus funciones y en la representación institucional del organismo en el proceso judicial.

El equipo fiscal que interviene en el juicio había sido designado el 11 de noviembre por el procurador general interino Eduardo Casal.

La controversia se originó durante la audiencia preliminar realizada el 4 de diciembre pasado. En el acta de esa audiencia quedó asentado que solo dos fiscales podrían intervenir en el debate oral. El MPF solicitó posteriormente que se corrigiera ese documento, al considerar que no reflejaba de manera fiel lo ocurrido en la audiencia.

El 23 de diciembre el tribunal ratificó la decisión de limitar la participación a dos fiscales y estableció que solo quienes asistan a todas las audiencias podrán alegar al final del juicio. Frente a esa resolución, el MPF presentó un recurso de casación que fue declarado inadmisible, lo que derivó en la actual presentación de un recurso de queja ante Casación.

Fuente: con información de Fiscales.gob.ar

El abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan, expresó duras críticas al juicio que se lleva adelante por el hundimiento del submarino. En diálogo con El Marplatense, aseguró que no tiene “ninguna expectativa” y calificó el proceso como “una farsa”, al considerar que aún no se determinó con claridad cuál fue el motivo del naufragio.

El juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan comenzará este martes  3 de marzo en la ciudad de Río Gallegos, según confirmó el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. El proceso buscará establecer responsabilidades penales por la tragedia ocurrida en 2017,  e incluirá testimonios, documentación técnica y material audiovisual.

Tagliapietra afirmó que, junto a otros familiares, realizaron múltiples planteos para que se profundicen las pericias técnicas que permitan establecer qué ocurrió, pero sostuvo que la Justicia “se negó sistemáticamente” a realizar estudios que considera básicos. En ese sentido, advirtió que sin certezas sobre la causa del hundimiento será difícil sostener una condena por la muerte de los 44 tripulantes, ya que no podría probarse el nexo entre las presuntas responsabilidades y el resultado fatal.

También cuestionó que el juicio se desarrolle en Río Gallegos y no en Mar del Plata, donde tenía asiento natural el submarino y donde —según indicó— los imputados habrían tomado decisiones desde la Base Naval local. Para el abogado, esta discusión sobre la competencia podría derivar en nulidades futuras por violación al principio del juez natural.

Por último, sostuvo que el objetivo principal de los familiares es conocer la verdad sobre lo sucedido y remarcó que este proceso, tal como está planteado, no garantiza ese resultado. “Vamos a participar activamente e intentar que los testigos expongan todo, pero no tengo expectativas positivas”, concluyó, al tiempo que manifestó su esperanza de que en el futuro pueda desarrollarse un nuevo juicio que permita esclarecer plenamente las responsabilidades.

El juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan comenzará el 3 de marzo en la ciudad de Río Gallegos, según confirmó el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. El proceso buscará establecer responsabilidades penales por la tragedia ocurrida en 2017, en la que murieron sus 44 tripulantes, e incluirá testimonios, documentación técnica y material audiovisual.

El submarino había zarpado desde Ushuaia con destino a Mar del Plata cuando emitió su último contacto el 15 de noviembre de 2017 en medio de un temporal. Tras una extensa búsqueda internacional, fue hallado el 17 de noviembre de 2018 a casi 1000 metros de profundidad, a unos 597 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia y fuera de la Zona Económica Exclusiva Argentina.

Entre los imputados se encuentran altos mandos de la Armada Argentina que estaban en funciones al momento del hecho: el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo y los capitanes Claudio Villamide, Héctor Alonso y Hugo Miguel Correa. Las acusaciones están vinculadas a presuntas responsabilidades dentro de la cadena de mando.

El Ministerio Público Fiscal estará encabezado por el fiscal Gastón Franco Pruzan y su equipo. Durante el juicio se incorporará material audiovisual del hallazgo registrado por la empresa Ocean Infinity, además de informes técnicos confidenciales de la Armada y la validación del peritaje de la firma Thyssen-Krupp. Declararán más de 20 testigos, entre ellos sonaristas, oficiales y altos jefes navales.

El inicio del debate oral representa un paso decisivo para esclarecer las causas del hundimiento y determinar eventuales responsabilidades penales. Las familias de los 44 tripulantes esperan que, tras casi nueve años de espera, el proceso judicial aporte respuestas concretas y contribuya a cerrar una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente argentina.

Fuente: con información de ADNSur

El juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña iba a comenzar el 7 de octubre en Corrientes, pero el Ministerio Público Fiscal y la querella solicitaron adelantar la fecha, por lo que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes reconsiderará el inicio del proceso.

Durante esta mañana se realizó la primera audiencia preliminar del debate oral y público que investiga la desaparición del niño de 5 años.

La audiencia se desarrolló de manera mixta: los particulares damnificados y los fiscales estuvieron presentes en la sala, mientras que varios acusados participaron por Zoom desde las cárceles donde se encuentran alojados. La imputada Mónica del Carmen Millapi lo hizo desde Neuquén, donde cumple arresto domiciliario. Algunos defensores, como Rodolfo Baqué y Pablo Jurado, asistieron de forma presencial.

Los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco informaron que el juicio estaba previsto para comenzar el 7 de octubre, con audiencias los miércoles y jueves hasta diciembre.

Sin embargo, los abogados querellantes Alejandro Vecchi y María Belén Russo Cornara, representantes legales de los padres del menor, solicitaron revocar esa decisión al considerar que “es casi imposible” lograr acuerdos probatorios con 17 imputados y más de 20 defensas que no residen en Corrientes.

“Es revictimizante para los padres y los hermanos. La familia es hostigada y no tiene protección”, denunciaron los letrados durante la audiencia.

El fiscal federal Carlos Schaeffer adhirió al planteo de los familiares. En tanto, Ernesto González, defensor de la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y del ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, se opuso a la incorporación por lectura de 588 testigos.

Tras casi una hora de cuarto intermedio, los magistrados indicaron que reconsiderarán la fecha de inicio del juicio y confirmaron que los imputados deberán asistir de manera presencial al debate, aunque evaluarán situaciones particulares por razones de distancia y económicas.

En diálogo con la prensa, el padre del niño, José Peña, expresó que la búsqueda continúa aunque “no se encuentra nada de nada”. Por su parte, la madre, María Noguera, reclamó la aparición con vida de su hijo y pidió a los acusados que “se quiebren y digan dónde está”.

Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la casa de su abuela Catalina, en la localidad correntina de 9 de Julio, adonde había concurrido con su padre para almorzar y luego dirigirse a un naranjal. Tras su desaparición se activó el Alerta Sofía, pero hasta el momento no existe información certera sobre su paradero.

Siete de los imputados están acusados por la sustracción y ocultamiento del niño: Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Walter Maciel, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez y Mónica del Carmen Millapi.

Por el supuesto entorpecimiento de la investigación están imputados Alan Cañete, Elizabeth Cuataia, Federico Rossi Colombo, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni, Leonardo Rubio y Nicolás Soria, alias “El Americano”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

El Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires celebró una nueva audiencia en la que la defensa de Claudio Contardi, exesposo de la modelo Julieta Prandi, volvió a solicitar que se anule el juicio que en 2025 terminó con su condena a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado durante su matrimonio. 

El nuevo planteo fue presentado por el abogado Fernando Sicilia en agosto pasado, poco después de que se conociera la sentencia. En más de 100 carillas, la defensa cuestiona la forma en que se llevó adelante el proceso en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Campana, al sostener entre otros puntos que Contardi no renunció válidamente al juicio por jurados y que no se le garantizó una defensa eficaz. 

Durante la audiencia de este jueves, Sicilia expuso ante los jueces los argumentos ya incluidos en el recurso, en el que también se ponen en duda pericias y la calificación legal de los hechos. Antes de esta instancia, la defensa había intentado que Contardi accediera a la prisión domiciliaria, pedido que fue rechazado el año pasado. 

La decisión de la Cámara de Casación sobre ambas peticiones, la nulidad de la condena y la domiciliaria, podría demorar meses, incluso hasta un año, según indicaron fuentes judiciales. El empresario se encuentra actualmente detenido en la Unidad Penal N°41 de Campana, cumpliendo la condena impuesta por los jueces en 2025. 

La causa se inició en 2021 tras la denuncia de Prandi por hechos que, según la investigación, ocurrieron entre 2015 y 2018. El fallo de condena y la posterior detención de Contardi marcaron un hito en una causa de alto impacto mediático en Argentina. 

La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) presentó un pedido ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para suspender el proceso de discovery y rechazar una moción de desacato impulsada por los demandantes en el litigio por la expropiación de YPF, que tramita bajo la órbita de la jueza Loretta Preska.

Según fuentes oficiales, el Estado argentino denunció un “hostigamiento sistemático contra un Estado soberano” mediante pedidos “intrusivos y desproporcionados” que afectan la soberanía y las relaciones internacionales. Desde la PTN recordaron que, a diferencia de gestiones anteriores, desde diciembre de 2023 la Argentina cumplió plenamente con el discovery, entregando información “razonablemente relevante” en un volumen sin precedentes.

Pedidos “jurídicamente inaceptables” y el oro del Banco Central

Pese a ese cumplimiento, la Procuración advirtió que los demandantes escalaron los reclamos hacia requerimientos “inaceptables, invasivos y ajenos al objeto del proceso”. En particular, apuntó contra el fondo litigante Burford, que solicitó información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina.

Sobre este punto, el Gobierno fue categórico: las reservas son propiedad del Banco Central y están protegidas por la inmunidad de ejecución, por lo que no son activos ejecutables y cualquier pedido de información al respecto resulta improcedente.

La PTN sostuvo además que el discovery “se desnaturalizó” y pasó a ser una herramienta de hostigamiento destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado, y denunció que los demandantes expresaron su intención de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica, una conducta calificada como “inaceptable jurídica y moralmente”.

Finalmente, el Estado ratificó que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para proteger su soberanía, defender el Estado de Derecho y frenar pedidos ilegítimos que vulneran las leyes, la Constitución y los principios del derecho internacional.

Fuente: TN

Un informe reciente de la UART (Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo) expuso una cifra que reaviva el debate sobre el sistema de juicios laborales en la Argentina: apenas el 55% del dinero que desembolsan las empresas cuando pierden un juicio llega efectivamente al trabajador damnificado. El 45% restante se destina a distintos costos de la intermediación judicial.

Según el desglose del estudio, la mayor porción de ese porcentaje  corresponde a la cuota litis, es decir, el porcentaje del juicio que perciben los abogados, que representa un 14% del gasto total. A eso se suman los honorarios del letrado del actor (11%), los peritos (7%) y el abogado de la compañía demandada (8%), además de los honorarios de segunda instancia (3%) y la tasa de justicia (2%).

El informe también alertó sobre una fuerte escalada de la litigiosidad durante 2025. El año cerró con 134.141 nuevas demandas, un 6,4% más que en 2024. En paralelo, el stock total de juicios en curso pasó de 287.802 en diciembre de 2024 a 317.848 en septiembre de 2025, una suba que vuelve a tensionar al sistema.

De acuerdo con la UART, el único antecedente comparable se remonta a diciembre de 2016, cuando la litigiosidad se encontraba desbordada ante la inminente sanción de una nueva ley. Como referencia, en los últimos cinco días hábiles de aquel año ingresaron solo en la Ciudad de Buenos Aires unos 4.500 juicios, según registros oficiales.

Las proyecciones del sector no son alentadoras: la UART anticipa que la litigiosidad seguirá en aumento en los próximos meses, aun cuando los indicadores de siniestralidad muestran una mejora sostenida. Mientras los fallecimientos laborales se redujeron un 80% y los accidentes un 55%, la cantidad de juicios continúa creciendo de manera exponencial.

Otros estudios refuerzan este contraste. Un informe del IERAL señaló que desde mediados de los años 90 los accidentes y enfermedades laborales dentro de las empresas se redujeron casi a la mitad. A su vez, datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo muestran que la tasa de muertes laborales cayó de 158 a 34 por millón de trabajadores, lo que implicó evitar unas 18.700 muertes en 26 años.

Sin embargo, los accidentes in itinere siguen una tendencia opuesta, alimentando un escenario en el que bajan los siniestros, pero crecen los juicios.

Fuente: Infobae

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata condenó hoy a 20 años de prisión a un hombre por haber explotado económicamente a dos exparejas que ejercían la prostitución y por el abuso sexual reiterado, desde que era niña, de una adolescente. Además, en un hecho inédito para la justicia federal de la jurisdicción, se dispuso no solo una reparación dineraria, sino la “restitución in natura” de una vivienda para dos de las víctimas y que el dinero incautado en la investigación sea destinado a la tercera. En el juicio intervino el fiscal general subrogante ante ese TOF, Carlos Fioriti.

El condenado fue Christian Gilberto Bustos, quien fue considerado autor del delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución en perjuicio de dos mujeres agravado por haber sido conviviente de ellas y por haberse aprovechado de situaciones de vulnerabilidad y haber mediado violencia y amenazas (contemplado en el artículo 127 del Código Penal), en concurso real con el de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años, aprovechando su situación de convivencia dado que era hija de una de sus exparejas, y el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado en cinco hechos (artículo 119 del C.P.), en perjuicio de la tercera víctima.

Los jueces Roberto Falcone, Fernando Minguillón y Nicolás Toselli -quien siguió el debate de manera remota- resolvieron también de manera unánime revocar en forma provisoria la prisión domiciliaria de la que goza Bustos y ordenar su inmediato alojamiento en la delegación local de la Policía Federal Argentina.

En este sentido, el tribunal resolvió que el hombre sea evaluado personalmente por un especialista en oftalmología del Cuerpo Médico Forense a fin de determinar la patología que padece, el grado de disminución visual que presenta y, en su caso, si su supuesta incapacidad le impide cumplir la pena de prisión impuesta en una unidad carcelaria federal.

El veredicto, cuyos fundamentos se darán a conocer el 2 de febrero, ordenó también la reparación de las víctimas N.C. y de S.P.G. a la suma de 20 millones de pesos, en virtud del daño material y moral ocasionado por resultar víctimas de explotación sexual. En tanto para XM, quien era adolescente al momento de los hechos, en virtud del daño moral ocasionado se resolvió una reparación por 30 millones de pesos.

Por otro lado, en una resolución sin precedentes en la Justicia Federal marplatense, se ordenó la restitución in natura del inmueble de Playa Serena, por ser instrumento resultante de la explotación. En este sentido, una vez que la sentencia quede firme, deberá librarse un oficio al Registro de la Propiedad Inmueble provincial para que inscriba la casa a nombre de N.C. y S.P.G.. En tanto, a X.M. se ordenó restituirle el dinero (en pesos, dólares y euros) secuestrado en el marco de la causa. De esta manera, se garantiza una reparación primaria y directa a las víctimas de estos delitos.

Por último, se dispuso el secuestro y decomiso de una camioneta Volkswagen Amarok, una furgoneta Nuevo Fiorino y una moto Honda XR 250, que quedarán a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Fioriti, de la Unidad Fiscal Mar del Plata, cuyo titular es el fiscal general Daniel Eduardo Adler, y por Inés Jaureguiberry, por la Defensoría Pública de Víctimas, quien actuó como querellante.

En el alegato del 4 de diciembre pasado, el fiscal había solicitado una pena de 25 años de prisión, ya que también había acusado a Bustos por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, bajo la modalidad de acogimiento.

El fiscal general subrogante Carlos Fioriti, el día de su alegato ante el TOF de Mar del Plata. Foto: B. Cano.

El caso

Al exponer la acusación, Fioriti indicó que en el caso de S.P.G., fue trasladada por el imputado de La Plata a Mar del Plata y fue sometida al ejercicio de la prostitución desde que tenía 18 años, en 2001. El cálculo que hizo la fiscalía, con el monto actualizado, es que Bustos se llevaba unos mil dólares diarios por la explotación sexual de su entonces pareja.

El segundo hecho tuvo como víctima a N.C., cuyo vínculo con Bustos se había iniciado en 2010, luego de que ella fuera con sus dos hijos a vivir a la casa de su madre en Mar del Plata, tras una relación trunca. Seis meses después, mientras la mujer cursaba un embarazo, el acusado dispuso en 2013 la mudanza a otra vivienda en esa ciudad. De acuerdo con la investigación, en ese entonces Bustos comenzó a insistir para que la víctima se prostituyera. Según reconstruyó la querella, la situación de explotación se repitió todas las noches, durante cinco años, sin importar el clima ni el estado de salud de la mujer.

El tercer caso es el de X.M., hija de N.C., quien tenía 9 años cuando comenzó a convivir con Bustos. De acuerdo con lo relato por la parte acusadora en el juicio, a sus 14 años X.M. era obligada a realizar las tareas de la casa y a cuidar de sus hermanos más chicos, mientras el acusado explotaba a su mamá. Según la acusación, las situaciones de abuso sexual comenzaron en 2011, cuando el acusado ejercía tocamientos en sus partes íntimas, y continuó poco tiempo después, con 11 años, con abuso sexual con acceso carnal, por primera vez. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, hubo al menos cinco situaciones de abuso.

Fuente: Fiscales.

El juicio contra supuesta la red de trata que captó a Johana Ramallo, la joven platense desaparecida en julio de 2017 y hallada asesinada un año después, entró en su séptimo mes sin avances concretos.

Ya casi termina el año y en todo este tiempo apenas se realizaron diez audiencias, varias de ellas virtuales, otras suspendidas sobre la hora y una última que duró apenas 18 minutos. La familia habla de dilaciones, de testigos que no aparecen y de jueces con problemas de agenda.

“Siguen manoseando la memoria de mi hija”, dijo Marta Ramallo, la madre de Johana, a la salida de los tribunales federales de La Plata. Desde abril, allí se juzga a ocho imputados acusados de integrar la red de trata que habría captado y explotado a la joven. Sin embargo, el proceso se hace a cuentagotas.

El debate oral comenzó a fines de mayo. Desde entonces, solo una decena de testigos llegó a declarar. Entre suspensiones por “motivos técnicos”, postergaciones por problemas de agenda del Tribunal Oral Federal Nº 2 y pedidos de virtualidad de los imputados, el expediente avanzó menos de lo previsto.

El juicio por la explotación sexual y venta de drogas en la "zona roja" de La Plata comenzó en mayo de este año. (Foto: Fiscales.gob.ar)

Según explicó Marta, las audiencias llegaron a suspenderse a último momento por razones absurdas como la falta de testigos, inconvenientes con el sistema de transmisión o la superposición con otros compromisos judiciales de las partes.

El presidente del tribunal, el juez Germán Castelli —quien además lleva adelante el juicio por la causa Cuadernos—, solo estuvo presente en las primeras dos audiencias de manera presencial. Recién en la última volvió a ocupar su asiento en 8 y 50.

“Nos ponen una audiencia virtual, otra presencial, después nos suspenden porque la agenda del juez se complicó. Ya sabemos que es diciembre y que el año se termina, pero los tiempos de la Justicia no son los mismos para todos”, expresó Marta.

Los jueces Andrés Basso y Nelson Jarazo justificaron la distancia entre audiencia y audiencia por falta de tiempos y por la necesidad de “ahorrar recursos”. Para la familia, esas explicaciones no alcanzan.

Los ocho acusados —Carlos Omar “El Cabezón” Rodríguez, Federico Hernán D’Uva Razzari, Carlos Alberto Espinoza Linares, Erika Paola Garraza, Celia Noemí Giménez, Celia Andreaza Benítez, Mirko Alejandro Galarza Senio y Hernán Rubén García— integraban, según la fiscalía y la UFEM, una organización que operaba en la zona roja platense entre 2016 y 2017.

“Los ocho cuarenta”, como eran conocidos los hombres de esa banda, habrían explotado sexualmente a mujeres en situación de consumo, haciéndolas dependientes, manipulándolas y entregándolas a clientes. Todas las ganancias quedaban para la red.

Para la Justicia, Rodríguez ofrecía los servicios sexuales de mujeres. (Foto: gentileza Infobae).

Mientras tanto, las mujeres de mayor edad dentro del grupo conocidas como “Las viejas”, recorrían el territorio y cobraban “peaje” a las víctimas. La fiscalía especializada pidió evaluar si ellas también estaban sometidas, pese a su rol violento en la calle.

Este juicio intenta develar cómo era la trama detrás de la supuesta red de trata y no se centra en el femicidio de Johana, ya que ese expediente tramita en paralelo con un número distinto. Pero más allá del funcionamiento de la organización, lo que hoy preocupa a la familia es la dinámica del juicio. Desde mayo, los imputados dejaron de asistir a las audiencias. Alegan ataques de pánico, problemas de salud, visitas familiares o simplemente piden conectarse por Zoom.

“No podemos permitir que vayan o no según su humor. Que se la banquen. Para la Justicia son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero para la sociedad que pide justicia por las pibas que son víctimas de un sistema prostituyente ya están condenados”, dijo Marta.

Marta Ramallo, la mamá de Johana, desde las puertas de los tribunales federales de La Plata, pide que se acelere el juicio. (Foto: Facultad de Periodismo La Plata)

La última jornada expuso las irregularidades del proceso. Estaban citados tres testigos, pero solo uno asistió: el playero de la estación de servicio de 1 y 63, donde una cámara captó la última imagen de Johana con vida. La audiencia duró 18 minutos.

El hombre aseguró no recordar nada. Y cuando la querella intentó refrescarle la memoria con su declaración original de aquel entonces, respondió que la firma del acta “no coincidía” con la suya. Los jueces no repreguntaron. Lo dejaron ir.

“Iba a ser una audiencia clave, porque se iban a mostrar los videos de mi hija, la última vez que se la vio con vida. Lo que pasó es un manoseo al expediente y una impunidad que se viene desarrollando hace tiempo”, sostuvo Marta.

Para colmo, según la mamá de Johana, varios testigos dejaron de contestar llamados o mensajes. Otros se niegan a asistir de manera presencial. “Hay motivos suficientes para que mi ira explote contra el tribunal y contra todo el Poder Judicial”, dijo.

En los últimos días, Marta pidió ser recibida por los jueces. Contó que tuvo una audiencia con el tribunal en la que expuso cada una de sus quejas. “Expresé mis inquietudes sobre la lentitud del juicio, los testigos que faltan a su palabra, la falta de sanciones por falso testimonio y la sensación de que todo se va quedando en el camino”.

“Nosotras, las madres, tenemos que tener la memoria aunque esté golpeada por el dolor. Recordamos cada detalle. Me estruja el alma cada vez que aparece la imagen de mi hija por última vez con vida. Estoy preparada para enfrentar eso, pero no quiero que me tengan lástima. Necesito que pasen el video. Es una prueba importante”, expresó.

Johana tenía 23 años y una hija de seis cuando desapareció. (Foto: Facebook).

Marta, que lleva años movilizando a organizaciones feministas y acompañando a otras madres de víctimas, habló del desgaste que produce un juicio interminable. “No tengo título de abogada, pero sí aprendí a defenderme dentro de mi ignorancia. El dolor que nos atraviesa nos obliga a estar en cada detalle. No podemos permitir que los imputados decidan cuándo presentarse y cuándo no. Esto es un desastre”, sostuvo.

Para la querella, la dispersión de las audiencias impactará de lleno en la etapa de alegatos: “Si se desestiman testigos, si faltan pruebas y si cada instancia queda a mitad de camino, llegás a los alegatos con muchísimo desperdiciado. Y lo que se desperdicia, no sirve para condenar”.

Mientras el calendario avanza, el juicio que debería develar qué pasó con Johana Ramallo tambalea. Entre audiencias dilatadas, testigos que no aportan, imputados ausentes y un tribunal con tiempos ajustados, la familia siente que la Justicia se mueve lejos de su dolor. “Para ellos es un expediente más. Para mí es la vida de mi hija”, resumió Marta.

Fuente: TN

Después de más de quince años de trámite y dos causas acumuladas, el Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata dictó este jueves una sentencia que cerró una red de prostíbulos, con estructuras que se aprovechaban de la vulnerabilidad de mujeres migrantes que necesitaban trabajar para mantener a sus hijos.

El juez Nelson Javier Jarazo homologó un juicio abreviado para ocho imputados que admitieron su responsabilidad en la explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, una figura previa a la Ley de Trata y aplicable porque los hechos son anteriores a la reforma de 2012. Todos recibieron tres años de prisión en suspenso.

La investigación reconstruyó el funcionamiento de tres locales: “Papucho”, en Ituzaingó; “El Sol”, también conocido como “Picoleto”, ubicado sobre la Ruta 7 en Chacabuco; y “Marilyn”, otro establecimiento de esa misma ciudad.

Entre testimonios, allanamientos e informes oficiales, los investigadores confirmaron que se trataba de prostíbulos donde las mujeres cobraban la mitad de cada servicio, mientras que el resto quedaba para quienes administraban los lugares.

El origen del expediente principal fue un oficio del Poder Judicial de Paraguay, que en 2010 buscaba verificar si mujeres paraguayas estaban siendo explotadas en locales nocturnos del Conurbano. Desde esa consulta se desataron varios operativos de Gendarmería en Ituzaingó y Capital Federal, en un procedimiento que después abrió nuevas líneas de investigación en Chacabuco.

En paralelo, la Delegación de Drogas Ilícitas de Junín recibió una denuncia anónima que apuntaba a una serie de prostíbulos en la zona. Una recorrida inicial confirmó que en al menos seis locales había mujeres que alternaban con clientes y ofrecían “pases”, que eran de 20 minutos, entre ellos el cabaret “Marilyn”. Esa causa avanzó por carriles separados, pero terminó unificada al comprobarse que la lógica de funcionamiento era exactamente la misma.

Dentro de ese esquema, cada imputado tenía un rol definido. Por un lado, María Agueda Acevedo Almada era la dueña y madama de “Papucho”. En su casa, los investigadores secuestraron habilitaciones, recibos y documentación que la vinculaban directamente al negocio.

Su hijo, Juan Pablo Patiño, actuaba como encargado. Era quien estaba detrás de la barra al momento del allanamiento, manejaba la caja diaria y organizaba el movimiento del local. Las mujeres lo identificaban como la persona que se quedaba con el 50% de cada servicio.

En Chacabuco, el cabaret “El Sol/Picoleto” era propiedad de Leticia Mariel Deantoni, quien durante la investigación intentó sostener que allí solo se vendían copas. Sin embargo, los allanamientos y los testimonios demostraron que había servicios sexuales, cuadernos con precios, habitaciones que solo se usaban para anotar los pases y una estructura administrativa en pleno funcionamiento.

Leticia Deantoni junto a otros dos imputados. (Foto: Facebook)

Junto a ella operaba José Alberto Pereyra, su pareja, a quien testigos señalaron como coadministrador. Estaba presente en el salón, manejaba dinero y supervisaba la actividad cotidiana. En la misma línea aparecía Cristina Beatriz Tucuri, identificada por las mujeres como la encargada que cobraba, daba órdenes y se ocupaba del control interno. Durante el operativo fue detenida en el lugar.

Mario Daniel Barrio cumplía tareas de administración y tenía acceso directo a la caja fuerte del establecimiento. Aunque intentó justificar su presencia alegando que cuidaba animales, la evidencia lo ubicó como parte central del manejo económico.

La causa paralela de “Marilyn” también estableció la responsabilidad de Jorge Ariel Galíndez, remisero de confianza del local, que además servía copas, cobraba pases, anotaba movimientos en planillas y actuaba como enlace permanente entre la dueña, su hija y las trabajadoras. Su condena terminó unificada con una pena anterior por “tenencia simple de estupefacientes”.

Un punto central del fallo es el cambio de calificación legal. Aunque los expedientes habían llegado a juicio como causas de trata, el fiscal general Rodolfo Molina evaluó que no se acreditaron restricciones a la libertad de las mujeres. La mayoría tenía celular, podían entrar y salir, y no existían indicios de captación violenta, encierro o amenazas.

Por eso, el fiscal propuso recalificar los hechos bajo el artículo 127 del Código Penal —en su versión anterior—, que castiga la explotación económica de la prostitución mediante abuso de poder. La figura es más leve, pero determinó que hubo un negocio “apoyado en la vulnerabilidad económica de mujeres migrantes, sin coerción física pero con una lógica de explotación clara”. Los imputados aceptaron la nueva calificación y la pena, y el juez homologó el acuerdo.

Esto se basó en las declaraciones de las víctimas, tomadas bajo resguardo, que fueron consistentes entre sí. Varias contaron que llegaron desde Paraguay o República Dominicana por “situaciones económicas apremiantes”. Algunas tenían hijos en sus países de origen.

Todas coincidieron en que no estaban encerradas, pero que la necesidad de trabajar todos los días, vivir dentro del predio y entregar la mitad de lo que ganaban generaba un “sometimiento ligado a la dependencia económica”. También mencionaron que, cuando no cumplían con los horarios o reglas establecidas, podían ser sancionadas con multas internas.

La Oficina de Rescate, que entrevistó a las mujeres bajo protocolo, concluyó que todas atravesaban una “marcada vulnerabilidad migratoria” y que el esquema dependía de un “abuso de poder transversal”, centrado en la “desigualdad económica y la ausencia de alternativas laborales”.

Finalmente, después de 15 años del inicio de la causa, los ocho imputados recibieron penas de tres años de prisión en suspenso. El juez valoró “el tiempo transcurrido, la falta de antecedentes computables y la aceptación de responsabilidad manifestada durante las audiencias personales”.

“Queda formalmente acreditado un modelo de explotación que funcionó durante años, con locales habilitados, recaudaciones sistemáticas y una lógica empresarial que se repetía en cada cabaret”, expresaron en el fallo. El caso también muestra cómo operaban los prostíbulos antes de la reforma de la ley de trata, que determina que sin secuestro o encierro físico, pero con una dependencia económica que resultó suficiente para configurar el delito.

Fuente: TN

El debate oral por los escritos de Oscar Centeno retomará este jueves a las 9 con la lectura de uno de los tramos más contundentes del requerimiento fiscal. 

Tras el fallido intento de recusación presentado por la defensa de Julio De Vido que insumió gran parte de la audiencia, el Tribunal Oral Federal Nº 7 se dispondrá a avanzar con las últimas 47 páginas del tercer requerimiento de elevación a juicio, donde la fiscalía expone la columna vertebral de su tesis acusatoria: la existencia de un sistema organizado, estable y jerarquizado de recaudación ilegal operado desde el Ministerio de Planificación entre 2003 y 2015.

La última parte del tercer requerimiento aborda la valoración probatoria de los dichos de los imputados colaboradores. Sobre este apartado, la fiscalía dio por acreditado la existencia de un mecanismo dual de recaudación: uno ejecutado por funcionarios que retiraban dinero directamente de las empresas y otro articulado por actores financieros que recolectaban fondos mediante retornos pactados en las mayores obras públicas del período.

La reconstrucción a exponerse este jueves en la séptima audiencia detalla no solo la operatoria, sino también el comportamiento sistémico de los empresarios señalados.

El análisis fiscal achaca a firmas como Panedile, Faraday, Secco y JCR haber participado de un esquema de pagos ilegales “inducidos por la expectativa cierta de beneficios” en contrataciones públicas, licitaciones, modificaciones de plazos, certificaciones, pagos atrasados y gestiones regulatorias. En cada episodio, el dictamen detalla el hecho probatorio que enlaza comunicaciones, movimientos, adjudicaciones y presencia de funcionarios involucrados.

Hasta ahora, la lectura se había concentrado en reconstruir hechos y describir actores; lo que sigue es la exposición de como el fiscal Carlos Stornelli ensambló toda esa información para sostener su afirmación más fuerte: que existió una estructura delictiva centralizada cuyos circuitos, según la acusación, terminaban en el departamento de la calle Uruguay o en la Quinta de Olivos, donde el ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, habría recibido los fondos en nombre de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.

Está previsto que también sea leído el tramo referido a Roberto Baratta, presentado por el Ministerio Público durante la instrucción como la “pieza operativa clave” del circuito de recaudación en decenas de hechos que se le atribuyen y su rol como nexo permanente entre empresarios, intermediarios y otros.

La reanudación del juicio llega tras una jornada atípica. El pasado martes 2 de diciembre, el tribunal debió frenar el debate durante casi cuatro horas para analizar el pedido de recusación de De Vido, que finalmente fue rechazado por inadmisible.

La demora en la deliberación solo dejo algunos minutos para retomar la lectura de descargos y avanzar levemente en la tercera parte de la acusación principal, sin entrar de lleno en el análisis probatorio.

Fuente: NA

Micaela Galle (11), su mamá Bárbara Santos (29), su abuela Susana de Barttole (63) y la amiga de la familia, Marisol Pereyra (35), fueron asesinadas a golpes y cuchilladas el 27 de noviembre del 2011 en un departamento de La Plata. Tres años después, la Justicia condenó a prisión perpetua a Javier Quiroga como único autor el cuádruple crimen.

Luego de 14 años, empezará este lunes el juicio contra dos testigos que señalaron falsamente al entonces novio de Santos, Osvaldo Martínez, hoy desvinculado de la causa. Ahora, en el banquillo estarán sentados el remisero Marcelo Tagliaferro y la exvecina Patricia Luján Godoy, acusados de mentir en la causa.

En las primeras horas de la investigación, el fiscal Álvaro Garganta y el juez Guillermo Atencio acusaron a Martínez. Su imputación estuvo basada principalmente en los relatos de Tagliaferro y Godoy.

Tagliaferro, que había llevado a Pereyra a la casa esa noche, declaró que vio a un hombre salir del PH con el torso desnudo y actitud sospechosa, y luego dijo que ese hombre era Martínez, aunque su versión tuvo contradicciones desde el inicio.

Godoy, por su parte, aseguró que vio al joven cerca de la 1.30 o 1.40 de la madrugada cuando llegó en un auto desconocido, también con el torso desnudo, con algo en la mano y un aspecto extraño. Con el correr de la investigación, las dos declaraciones quedaron desmentidas y la Justicia determinó que habían mentido.

Javier Quiroga, el único condenado por la masacre. (Foto: gentileza Infojus Noticias).

La posterior reconstrucción del caso demostró que Martínez no estuvo en la escena del crimen. Los vecinos de su barrio coincidieron en que llegó a su casa alrededor de las 21.30, no volvió a salir y su auto permaneció estacionado afuera toda la noche. Además, terminó de ver una película a la 1.30 y le contestó un mensaje de texto a Santos que quedó registrado por antena.

Las pericias concluyeron que no había ninguna huella, rastro o señal que lo vinculara al ataque y, en cambio, el ADN de Quiroga -albañil conocido de Barttole y quien había declarado como testigo- apareció en la escena. Quiroga fue detenido y condenado como único autor del hecho por el Tribunal Oral Nº3.

Belén Elizabeth Chapur, abogada de Martínez, señaló que el objetivo de este nuevo debate es que Tagliaferro y Godoy expliquen por qué incriminaron a un inocente. Aseguró que no existe un móvil confirmado sobre sus mentiras, aunque recordó que los jueces mencionaron que Tagliaferro podría haber estado interesado en cobrar la recompensa que ofrecía la Provincia por datos relevantes.

Osvaldo Martínez tras ser absuelto en la causa por el cuádruple crimen. (Foto: gentileza La Capital).

También señaló que las declaraciones de ambos presentaban similitudes llamativas y se fueron acomodando durante el debate original, lo que abre la duda sobre si hubo alguna intervención externa. “Estaba bastante guionado”, indicó. Según la abogada, ninguno de los dos mostró arrepentimiento en todos estos años: “Pidieron la perpetua para un inocente y nunca explicaron por qué lo hicieron”.

El juicio, que se desarrollará los días 1 y 2 de diciembre desde las 10 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4, contará con alrededor de 40 testigos ofrecidos por la fiscalía.

La querella pidió especialmente que Quiroga sea trasladado para declarar y ya fue notificado. Tagliaferro y Godoy, que llegan al debate en libertad, están acusados de falso testimonio agravado por ser cometido en una causa criminal. Podrían recibir una pena que va desde uno hasta los 10 años de cárcel.

Marcelo Tagliaferro durante una de las audiencias del juicio, donde finalmente se comprobó que mintió. (Foto: gentileza Belén Elizabeth Chapur).

La tarde del sábado 26 de noviembre de 2011, Quiroga se presentó en el PH ubicado en la calle 28 entre 41 y 42, donde vivían las cuatro víctimas. Los testigos indicaron que él había sido convocado para hacer tareas de albañilería y mantenimiento.

Durante las primeras horas de la madrugada del domingo 27, las cuatro fueron asesinadas a golpes y puñaladas en distintos ambientes del PH. En el living, encontraron a la mujer adulta desnuda -víctima de una emboscada mientras se duchaba-; las otras dos mujeres adultas, en la cocina; y la nena, en el dormitorio.

Las cuatro mujeres fueron asesinadas a golpes y puñaladas. (Foto: Facebook).

Un vecino advirtió huellas de sangre y pisadas en el pasillo común del edificio al día siguiente. La puerta del PH estaba entreabierta. Al entrar, la Policía encontró desorden, manchas de sangre, cuerpos con múltiples heridas de arma blanca y signos de lucha generalizada.

La reconstrucción judicial estableció que el ataque no fue improvisado. Las víctimas no fueron halladas en un único ambiente: el agresor actuó en varios espacios -cocina, baño, dormitorio- lo que evidenció despliegue de violencia y saña.

La nena tenía en una mano un celular desde donde intentó hacer al menos dos llamados para pedir ayuda, pero fueron en vano.

Algunos vecinos dijeron haber escuchado gritos, golpes y ruidos extraños esa noche. Pero durante los primeros minutos nadie intuía la magnitud de lo ocurrido: muchos creyeron que podía tratarse de ruidos comunes, algo cotidiano, hasta que al día siguiente se conoció la masacre.

Luego de la investigación y el juicio, la Justicia determinó que Quiroga actuó como único responsable del cuádruple asesinato. Su condena a prisión perpetua fue confirmada por todas las instancias judiciales.

Fuente: TN

El Tribunal Oral y Criminal 4 de La Plata dará a conocer este viernes el veredicto en el juicio por el crimen de Romina Videla, quien falleció en 2025 debido a las quemaduras que sufrió en el 80 por ciento de su cuerpo por un incendio en su casa de Melchor Romero.

Por el crimen, su ex pareja Héctor Carrizo enfrenta un proceso judicial que hoy mostrará el resultado final. Está previsto que la lectura de la decisión judicial se realice alrededor de las 13 horas en la sala principal del fuero penal de La Plata, ubicada en la calle 8 entre 56 y 57, en presencia de familiares de la víctima, del imputado, y los representantes de la Fiscalía, la defensa y organismos vinculados. 

Carrizo, de 65 años, enfrenta cargos por incendio, amenazas y homicidio agravado por mediar violencia de género. Durante el juicio, que comenzó el 28 de agosto, llegó al banquillo de los acusados detenido y bajo una acusación que lo señala como el responsable de prender fuego la vivienda donde se encontraba Videla.

El episodio ocurrió el 27 de marzo de 2020, en la calle 519 entre 184 y 185 de la periferia platense. En el expediente, figuraban denuncias previas presentadas por la víctima en donde hablaba de amenazas de muerte por parte de Carrizo. Este fue uno de los elementos utilizados por la Fiscalía para argumentar el pedido de condena.

El expediente, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 de La Plata y dirigido originalmente por la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, reconstruyó que la secuencia que derivó en el hecho comenzó con una discusión entre ambos adultos. En ese contexto, el acusado habría sacado a las hijas que tenía en común con Videla de la vivienda en donde ocurrió todo y, tras una serie de insultos e impedirle salir, habría iniciado el foco ígneo.

El resto de los hijos presentes pudieron escapar de las llamas, pero Videla resultó gravemente herida y fue trasladada primero al Hospital Alejandro Korn y luego al Instituto del Quemado, donde falleció a causa de quemaduras que afectaron el 80 por ciento de su cuerpo. La víctima era madre de seis hijos. Al momento de su muerte, los niños quedaron al resguardo de la primera pareja del acusado.

El fiscal Lucas Domski solicitó que el acusado sea condenado a prisión perpetua, al considerar acreditado que el incendio fue intencional. Durante la exposición de argumentos, acudió a la declaración de los testimonios, las pruebas documentales e informes periciales y acudió a la acusación por provocar el incendio. La familia de Videla y sus allegados reiteraron que existía un contexto de violencia y amenazas.

Por su parte, la defensa de Carrizo estuvo a cargo de los abogados Juan y Miguel Di Nardo, quienes reclamaron la absolución de su defendido. La estrategia de la defensa se basó en destacar la falta de pruebas directas que lo vincularan con un incendio intencional, aduciendo que las pericias realizadas no determinaron con precisión el origen ni aportaron testimonios que hayan presenciado alguna agresión directa en el momento del hecho.

Los familiares de Carrizo también se movilizaron y manifestaron públicamente, sosteniendo que “no hay pruebas claras de su autoría en el hecho” y que las acusaciones de la fiscalía resultan “ilógicas”.

El tribunal encargado de dictar el fallo está integrado por los jueces Carolina Crispiani, Andrés Vitali y Emir Alfredo Caputo Tártara, quienes escucharon los alegatos y permitieron que el propio Carrizo hiciera uso de su derecho a las últimas palabras antes de la decisión final. “Soy inocente”, fue la afirmación central del acusado delante de los magistrados y de las partes.

Fuente: Infobae

La fiscal Laura Mazzaferri, junto al fiscal general Marcelo Colombo –referente de PROTEX–, presentó un recurso de casación para revertir la absolución del pastor evangélico Roberto Tagliabué, responsable de la iglesia El Shaddai. El mes pasado, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata lo había dejado libre de culpa y cargo, pero los fiscales piden que se lo condene a 14 años de prisión, tal como habían solicitado durante el juicio, por trata de personas y otros delitos.

Tagliabué había llegado acusado de haber armado un sistema de explotación que involucraba a jóvenes y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Según la fiscalía, los reclutaba bajo la excusa de brindarles contención, tratamiento por consumos problemáticos y un lugar donde vivir, pero terminaba reduciéndolos a una situación de servidumbre. Además, señalan que explotaba a nueve víctimas —entre ellas un menor y una persona con discapacidad— y que incluso ejercía ilegalmente la medicina.

En el recurso, los fiscales sostienen que el fallo que lo absolvió es ilegal y debe ser revocado. Le pidieron a la Cámara de Casación que imponga la pena de 14 años, que inhabilite de por vida a Tagliabué para cualquier actividad vinculada a la salud, la asistencia terapéutica o la dirección de programas comunitarios, y que ordene la reparación integral de las víctimas. También reclamaron que se decomisen los bienes y propiedades que —afirman— fueron usados para cometer los delitos.

La investigación expuso que el pastor utilizaba la iglesia, un comedor comunitario, dos comercios de su propiedad y un supuesto programa cristiano de rehabilitación para explotar laboralmente a los jóvenes. Según la fiscalía, no solo se beneficiaba con el trabajo de las víctimas sino también con sus ingresos: pensiones por discapacidad, AUH y otros subsidios. Todo esto habría ocurrido durante más de dos décadas, tiempo en el que Tagliabué se consolidó como referente barrial y acumuló poder e influencia.

A pesar de la cantidad de pruebas presentadas, el juez federal Roberto Falcone entendió lo contrario y lo describió como un “benefactor social” que brindaba ayuda donde el Estado no llegaba. Con ese argumento, lo absolvió y ordenó su inmediata liberación. Solo lo condenó por comercialización de fauna silvestre y maltrato animal, una pena de seis meses ya cumplida con la prisión preventiva. La fiscalía sostiene que el magistrado desestimó pruebas claves, interpretó mal escuchas telefónicas y le dio un peso desproporcionado a los testimonios que defendían al pastor, dejando de lado los relatos de quienes lo denunciaban.

Para Mazzaferri y Colombo, la sentencia incurre en arbitrariedades graves y desconoce normas básicas de protección a las víctimas. Aseguran que el juez reveló identidades, no respetó los dispositivos especiales previstos para estos casos y aplicó una mirada “romántica” que ignora la dinámica real de la trata: aislamiento, manipulación emocional y religiosa, control de comunicaciones, amenazas y explotación económica. Según ellos, nada de lo ocurrido puede tomarse como “ayuda” o “contención recíproca”, sino como una relación de poder y sometimiento construida durante años.

Fuente: www.fiscales.gob.ar

La audiencia de cesura para conocer las penas a los acusados hallados culpables por el femicidio de Cecilia Stryzsowski en la provincia de Chaco, continúa este jueves. 

El Clan Sena pidió la nulidad del veredicto, a la vez que César solicitó que la mamá de la víctima sea investigada por falso testimonio.

Este jueves, desde las 09.00, se da inicio a la segunda audiencia de cesura en la sala de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, donde la fiscalía, querella y defensa seguirán con el dictamen de planteamientos ante la jueza Dolly Fernández.

Los defensores Celeste Segovia, Celeste Ojeda, Elena Puente y Ricardo Osuna pidieron ante la magistrada que se declare nulo el veredicto dictado por el jurado popular por falencias en el proceso.

Mientras que la Fiscalía y la querella, solicitaron ante el tribunal que las nulidades presentadas por las defensas no sean tomadas en cuenta.

Otro punto expuesto en la jornada del miércoles fue el requerimiento de la defensa de César Sena de que se investigue a Gloria Romero, mamá de la víctima, por falso testimonio.

Fuente: NA

La audiencia de cesura en la que se conocerán las penas contra Marcela Acuña, Emerenciano y César Sena por el femicidio de Cecilia Stryzsowski se realizará este miércoles en la ciudad de Resistencia.

Según informaron fuentes del caso, la citación es a partir de las 9 en la Cámara Segunda en lo Criminal, donde la jueza Dolly Fernández leerá las sentencias que recibirán el clan, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Fabiana González.

El sábado 15 de noviembre, César Sena fue hallado culpable por unanimidad del delito de homicidio doblemente agravado por violencia de género y el vínculo, en calidad de autor, mientras que el jurado popular declaró la responsabilidad penal de Emerenciano y Marcela Acuña como partícipes necesarios.

Por su parte, a Obregón, González y Melgarejo se los encontró responsables por encubrimiento agravado, al tiempo que la única absuelta fue Griselda Reinoso.

Se espera que el Clan Sena reciba la pena de prisión perpetua dada la gravedad del ilícito que es femicidio, de acuerdo al artículo 80 del Código Penal.

La joven fue vista por última vez el 2 de junio de 2023, cuando ingresó a una vivienda que la familia Sena tenía en las afueras de Resistencia, pero nunca salió, de acuerdo a las imágenes que aportaron las cámaras de seguridad ubicadas en el barrio.

Si bien el cuerpo nunca apareció, los fiscales reunieron pruebas suficientes para establecer que la mujer fue asesinada, descuartizada y luego carbonizada, mientras que sus restos fueron esparcidos en una zona aledaña a la propiedad de sus suegros.

Este caso fue considerado como el más importante y el más impactante en la historia de la provincia, que tuvo alcance a nivel nacional, y que también destapó el vínculo entre los condenados y algunos integrantes del poder político chaqueño.

Fuente: NA

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski entró en su etapa final, pero el jurado popular no logró alcanzar un veredicto tras más de cuatro horas de deliberación. La resolución, que se esperaba hoy, fue postergada para mañana.

Los 12 ciudadanos convocados para definir la culpabilidad o inocencia de los siete imputados solicitaron realizar una última pregunta antes de emitir su decisión, lo que motivó la convocatoria de fiscales y abogados defensores a una nueva audiencia. Los siete imputados son: César Sena, ex pareja de la víctima y presunto autor material; sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña; y los acusados Griselda Reynoso, Fabiana González, Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo.

La resolución del jurado estaba prevista para antes de las 20:00, pero el tribunal informó que no se logró un veredicto unánime. Debido a ello, se dispuso un cuarto intermedio hasta este sábado a las 08:00, cuando la deliberación será retomada.

Antes del inicio de este proceso, los imputados tuvieron la oportunidad de expresar sus últimas palabras ante el jurado. Algunos ejercieron ese derecho y otros optaron por abstenerse

Entre las declaraciones destacadas se encontró nuevamente la de Marcela Acuña, quien se extendió más de lo habitual y mantuvo un tono confrontativo. Imputada por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género, en calidad de partícipe primaria, reiteró su inocencia y sorprendió al solicitar la intervención del Poder Judicial del Chaco. Según afirmó, el caso habría sido “manipulado políticamente”.

“Así yo quede condenada, hago el compromiso público de seguir luchando por todas las compañeras y compañeros que no tienen trabajo, por todos los compañeros y compañeras que hoy no tienen un plato de comida en su casa. Y también para que el Poder Judicial de la provincia del Chaco sea intervenido por el desastre que hicieron con esta causa, que ojalá no siente una jurisprudencia”, sostuvo.

Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez el 1 de junio de 2023, cuando ingresó a la casa de sus suegros en Resistencia, Chaco. Una cámara registró su entrada, pero no su salida. Su cuerpo nunca fue encontrado.

La investigación sostiene que fue asesinada en la vivienda, y que sus restos fueron incinerados en una chanchería vinculada a la familia Sena. La perito Anahí Ginarte, del Equipo de Antropología Forense de Córdoba, declaró que los restos óseos hallados fueron expuestos a temperaturas superiores a los 800 grados durante varias horas, mostrando signos de calcinación.

Fuente: con información de TN e Infobae

Llegó el viernes y, con él, el veredicto de uno de los casos que estremeció a toda la provincia de Chaco y tuvo en vilo a gran parte del país en 2023: el femicidio de Cecilia Strzyzowski. La mujer de 28 años fue vista por última vez el 2 de junio de ese año, cuando salió de la casa de su abuela en Chaco, para reunirse con su esposo César Sena —hoy, principal imputado—, con el fin de emprender un viaje juntos. Pero eso nunca sucedió, y en su lugar, nunca más hubo noticias sobre su paradero. Por este motivo, desde finales de octubre, el clan Sena y cuatro allegados a la familia enfrentan un juicio por homicidio y encubrimiento. Hoy se espera que el jurado popular delibere para dar su veredicto.

En menos de un mes, los integrantes del tribunal popular escucharon todas las declaraciones. Este viernes, la jueza Dolly Fernández abrirá la jornada brindando al jurado las últimas indicaciones, presentando un resumen de los hechos y explicando las diferentes alternativas de veredicto correspondientes a cada acusado.

A continuación, el jurado pasará a deliberar por un lapso que, conforme a lo que exige la legislación, no podrá ser inferior a dos horas. Luego, se espera que se conozca el veredicto, que será transmitido por los canales oficiales de la Justicia de Chaco.

Durante la última audiencia, se escucharon los relatos de cuatro de los siete acusados, entre ellos Emerenciano Sena y Marcela Acuña (padres del principal sospechoso y considerados como partícipes primarios). Todos tuvieron la palabra el miércoles.

El fiscal mostró los chats en los que Cecilia hablaba de una relación conflictiva con Marcela Acuña

Mientras que en su testimonio, el padre de César se refirió al hecho como “aberrante” y pidió “que lleguen a hacer Justicia. ”En mi caso no hice nada y no porque yo lo digo, sino porque tampoco está en la investigación”, dijo. Mientras tanto, madre del joven no dudo en admitir lo ocurrido: “Soy una mamá que creo que hizo lo incorrecto, pero me manejé como mamá y me voy a seguir manejando como mamá”.

“Le pido disculpas a Gloria Romero, porque piensa de todo de mí, pero yo soy una mamá, y si fuese al revés yo pienso cómo hubiese actuado. Ella es mamá, y yo soy mamá. Ella parió como yo”, sostuvo en referencia a la madre de Cecilia.

Gloria Romero, mamá de la víctima (Edgardo Aguirre)

Tras esto, dieron paso a los alegatos. Así, el fiscal de Cámara Juan Martín Bogado pidió al jurado que declaren culpable a todos los acusados e hizo un repaso por todas las pruebas que expuso durante el debate. A su vez, subrayó el rol de Acuña y la relación conflictiva que tenía con Strzyzowski.

“Cecilia creía que iba a ser feliz con César Sena. Estaba enamorada. Lamentablemente, se cruzó con las personas equivocadas. Marcela Acuña y Emerenciano Sena nunca la aceptaron porque no quiso ser piquetera como ellos, ni quiso colocarse la remera del ‘Che’ Guevara“, sostuvo Bogado.

Posteriormente, expuso mensajes en los que Cecilia expresaba a un amigo su malestar por el pedido de divorcio de Sena a instancias de su madre: “Cesar Sena le dijo a Cecilia que la que imponía el divorcio era Marcela Acuña. La engañaron, la manipularon, le inventaron una falsa herencia, le dijeron que le ayudarían para un tratamiento para el embarazo. Todo para firmar el divorcio”. “Mi suegra me odia. César no sabe qué hacer y estoy cansada de estar en el medio”, le contó Cecilia.

La querella, representada por Gustavo Briend, se sumó al pedido de la Fiscalía: “Cecilia no puede desaparecer. Cecilia no fue borrada del mapa. Cecilia habló en este proceso, a todos nos indicó y nos pide justicia…”.

Cecilia ingresó al domicilio de la familia Sena con la esperanza de emprender un viaje junto a su esposo, César

De acuerdo a la información detallada por Diario Chaco, los abogados de Obregón, González, Melgarejo y Reinoso solicitaron que el jurado los declare no culpables y remarcaron que la Fiscalía carece de pruebas en su contra.

La defensa de Marcela Acuña volvió a insistir en que “actuó como una madre desesperada” y pidió que sea condenada como encubrimiento agravado. “Marcela no ideó ni participó del homicidio de Cecilia. Ella todavía tiene la esperanza de que hable quien tiene que hablar y no es ella”, argumentó, de acuerdo a lo indicado por el mismo portal.

En cuanto al marido de Cecilia —señalado como autor de homicidio doblemente agravado, y por haberse cometido en contexto de violencia de género—, la representante legal apuntó contra los testigos. “En un femicidio hay mucha violencia de género física, acá no la hay”, dijo Gabriela Tomljenovic.