El hundimiento del submarino ARA San Juan vuelve a tener un capítulo clave en el plano judicial. El abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes y representante de familiares de 14 víctimas, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el juicio oral se realice en Mar del Plata.

La presentación cuestiona la decisión de la Cámara de Casación que mantuvo la competencia en Río Gallegos, bajo el argumento de “economía procesal”. Según el planteo, esa medida resulta arbitraria y afecta el derecho de las familias a participar del proceso, amparado por la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Víctimas.

El recurso advierte que fijar el juicio en Santa Cruz implicaría que muchos familiares no puedan asistir por la distancia, lo que limitaría su acceso a la justicia. Además, señala que el submarino tenía como puerto de partida a Mar del Plata, donde se emitieron las órdenes operativas, y que el hecho ocurrió fuera de la zona económica exclusiva argentina.

La causa judicial se encuentra en etapa de definición sobre el lugar en que se desarrollará el debate oral. Con el recurso presentado, será la Corte Suprema la que determine si el juicio se mantiene en Río Gallegos o se traslada a Mar del Plata.

El hundimiento del ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017, dejó un saldo de 44 víctimas y generó una de las mayores tragedias de la historia reciente de las Fuerzas Armadas argentinas. Desde entonces, las familias de los tripulantes impulsan distintas acciones judiciales para esclarecer las responsabilidades políticas y militares.

En Mar del Plata, donde residían la mayoría de los marinos y donde el submarino tenía su base, el reclamo por justicia se mantiene vivo a través de actos, homenajes y presentaciones judiciales. El posible traslado del juicio es considerado como una condición indispensable para poder participar activamente en el proceso y sostener su lucha en el lugar que simboliza el vínculo más directo con los tripulantes.

La Fiscalía de Mar del Plata, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), solicitó la elevación a juicio oral y público de una causa en la que se investiga al ex magistrado Jorge Ferro, acusado de beneficiar con su actuación a un estudio jurídico vinculado con un imputado por trata de personas. 

Según la acusación, Ferro habría incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario público en al menos diez casos, entre los años 2002 y su renuncia el 1° de mayo de 2018. 

Se le atribuye haber favorecido, por acción u omisión, al estudio encabezado por Alejandro Ferrarello, y también a los abogados María de las Mercedes Hernández Morhain y Federico Ariel Gil de Muro.

Los otros tres profesionales enfrentan cargos por tráfico de influencias agravado: Ferrarello como autor, y Hernández Morhain y Gil de Muro como coautores. 

Según la fiscalía, Ferrarello habría ejercido sus influencias para que Ferro dictara, demorara u omitiera fallos en asuntos bajo su competencia, con el fin de obtener beneficios económicos.  

La causa comenzó el 1 de septiembre de 2016 tras una denuncia vinculada al expediente del prostíbulo VIP “Madahos”, una investigación bajo la órbita de delitos de trata de personas y lavado de activos. 

En el marco de esa causa, secuestraron dispositivos electrónicos en las oficinas del estudio jurídico, cuyos peritajes permitieron trazar comunicaciones entre Ferrarello y Ferro. Los fiscales sostienen que el vínculo entre ellos era “estrecho”, de amistad, laboral y económica, y que, pese a ello, el ex magistrado intervino como camarista en casos donde Ferrarello tenía interés, con la intención de favorecerlo. 

Además de los cargos principales, la fiscalía y PROCELAC pidieron continuar la investigación por enriquecimiento ilícito contra Ferro, donde se busca determinar si las ganancias derivadas de las conductas investigadas modificaron su patrimonio de manera ilícita. 

Para ello, ordenaron medidas de prueba enfocadas en rastrear activos y movimientos económicos de los implicados, con el objetivo de verificar la existencia de bienes o ingresos incompatibles con sus declaraciones o ingresos legítimos.

El médico personal de Diego Maradona, Leopoldo Luque, fue agredido en los Tribunales de San Isidro, en la previa del comienzo del juico por la muerte del ídolo argentino.

Un grupo de personas que estaban en el ingreso de los tribunales, interceptó al neurocirujano y lo golpeó en la cabeza con una bandera. Además fue rodeado y lo empezaron a insultar. Luque se defendió y empujó a quienes lo estaban agrediendo.

“Asesino”, fue una de las palabras que más se escuchó mientras Luque caminaba por el hall del ingreso de los tribunales, en donde se encontraban algunos fanáticos de Maradona.

El neurocirujano fue agredido por un manifestante al llegar a los tribunales (Foto: Agustina Ribó/TN).

El juicio por la muerte de Diego Maradona tendrá este martes un día muy importante para decidir su continuidad, después del escándalo ocurrido en torno a una de las juezas del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro.

Los siete imputados en la causa y todas las parte representadas asistirán al juzgado para una audiencia en la que la jueza Julieta Makintach podría ser apartada.

La magistrada quedó desacreditada luego de que trascendiera que estaba grabando en secreto un documental en pleno desarrollo del debate oral.

Lo sucedido con Makintach podría derivar en la nulidad de todo lo actuado, lo que haría retroceder el juicio a foja cero.

Fuente: TN

Finalizó el juicio contra Rubén Omar Rivas, el enfermero acusado de violar a una paciente en coma y maltratar a otros dos cuando ejercía funciones en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS) de Mar del Plata. 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, integrado por los jueces Roberto Falcone, Martín Poderti y Fernando Minguillón dictaminó que Rivas sea condenado a 11 años de prisión.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima enviada por una enfermera de la institución, quien decidió dar aviso a la fiscalía a través de un correo electrónico. El expediente tramitó en el fuero federal por tratarse de un instituto de carácter nacional.

Rivas se encontraba con arresto domiciliario, pero el año pasado el fiscal Pitigiani pidió su revocación y el tribunal lo aceptó, por lo que pasó los últimos meses detenido en la cárcel de Marcos Paz.

Durante el debate oral, los testimonios de las víctimas y de otros trabajadores del INAREPS fueron clave para acreditar los hechos. La fiscalía sostuvo que Rivas abusó sexualmente de una paciente que se encontraba en estado de coma, y que también ejerció vejaciones y malos tratos hacia otras dos personas internadas en la institución. Los relatos fueron calificados por el fiscal general subrogante, Carlos Fiori, como “horrorosos” y “elocuentes”.

La sentencia incluyó, además de la pena de prisión, la inhabilitación especial perpetua para ejercer como enfermero, al considerar que se valió de su rol y de la situación de vulnerabilidad de las víctimas para cometer los delitos. El tribunal calificó los hechos como abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser el encargado de la guarda, en concurso real con vejaciones, según los artículos pertinentes del Código Penal.

Fiori había solicitado una condena de 14 años de prisión, pero valoró como “elevada y razonable” la decisión del tribunal de darle 11 años. También confirmó que no apelará el fallo, ya que la legislación vigente no lo permite en este tipo de sentencias, aunque destacó que “se logró demostrar la responsabilidad penal del acusado” y que “se protegió la integridad de las víctimas”.

Rivas siguió el proceso de manera virtual desde el penal de Marcos Paz, aunque se presentó de forma presencial en la audiencia de su última palabra. El tribunal dispuso que la entrega formal de la sentencia completa sea el próximo 30 de mayo. A partir de ese momento, comenzará la etapa de ejecución de la pena.

El próximo lunes a las 9 comenzará el juicio oral por la muerte de Ricardo Hugo Sierra en el Juzgado Correccional N° 2 de Mar del Plata. La imputada es Melody Mercolli, acusada del delito de homicidio culposo tras haber atropellado al arquitecto el 1 de agosto de 2023.

El hecho ocurrió cuando la víctima cruzaba la calle por la senda peatonal con el semáforo a su favor y fue embestida por un vehículo Ford Ecosport. A raíz del impacto, Sierra sufrió severas lesiones neurológicas que lo mantuvieron en estado de mínima conciencia durante casi un año, hasta su fallecimiento el 9 de julio de 2024.

Está previsto que el debate se extienda durante tres jornadas consecutivas, en las que se tomarán testimonios a testigos y peritos, y se presentarán los alegatos de las partes: la fiscalía, la querella y la defensa.

El caso, de alta sensibilidad social, será seguido de cerca por familiares, amigos y organizaciones que promueven la seguridad vial. En ese marco, se ha impulsado un proyecto legislativo denominado “Ley Ricardo”, que propone la inhabilitación preventiva de conductores involucrados en siniestros viales con víctimas fatales, hasta tanto se resuelva su situación judicial.

En este marco, Fernando Maldonado, cuñado de la víctima, expresó: “Según los médicos especialistas, Ricardo Sierra muere como consecuencia directa del accidente. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Queremos marcar un precedente en los casos con desenlaces extremos. No vamos a parar hasta que la justicia sea justicia”.

La Corte Suprema de Justicia ordenó que Cristina y Máximo Kirchner vayan a juicio oral en la causa Hotesur-Los Sauces por lavado de dinero y asociación ilícita. El entramado involucra a los hoteles, propiedad de la familia Kirchner: la Justicia cree que emitía facturas a Austral Construcciones, de Lázaro Báez, entre otros empresarios, para blanquear el dinero ilegal -retornos- por la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

En septiembre de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó un juicio oral y revocó los sobreseimientos -apelados por el fiscal Diego Velasco- que había dispuesto en noviembre de 2021 el Tribunal Oral Fededal Nº 5 sobre la treintena de acusados, entre ellos Cristina Kirchner, su hijo Máximo y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Sí confirmó el sobreseimiento de Florencia Kirchner.

El fiscal Velasco había pedido nuevas medidas de pruebas y sumar el entrecruzamiento de llamadas de Cristina Kirchner y el entorno presidencial con el empresario Lázaro Báez de la causa “La ruta del dinero K” y los chats del ex secretario de Obras Públicas, José López, en la causa Vialidad por la obra pública de Santa Cruz.

El TOF 5 había frenado el juicio oral con el siguiente argumento: “El Código Procesal Penal de la Nación establece claramente que los recursos pendientes en las Cámaras o en la propia Corte no impiden que las causas penales sean elevadas a juicio oral y público, pero que dichos recursos sí obstan a la fijación de la audiencia de debate”.

Así quedó en suspenso el requerimiento del fiscal Velasco “hasta tanto lo resuelto por la Sala I de Cámara Federal de Casación Penal con fecha 18 de septiembre de 2023, adquiera firmeza”. Hoy, la Corte habilitó el juicio oral.

El 18 de septiembre de 2023, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone de la Cámara Federal de Casación Penal no solo revocaron los sobreseimientos, sino que también apartaron a Daniel Obligado y Adrián Grünberg, los jueces que habían sobreseído a Cristina Kirchner.

“Los jueces (Obligado y Adrián Grünberg) que conformaron el voto mayoritario cometieron un grosero error, que torna arbitraria su conclusión de atipicidad, al pensar que el lavado se agota en Lázaro Báez cuando […] las maniobras imputadas en esta causa son las maniobras de lavado realizadas para que el dinero llegue con apariencia de licitud a los titulares de las empresas Los Sauces y Hotesur, mediante contratos simulados e innecesarios”, sostuvieron.

Los Sauces-Hotesur es una de las causas que la ex presidenta tiene elevadas a juicio oral. La otra es el Pacto con Irán. El jueves último, la Corte confirmó el sobreseimiento en “Dólar futuro”. En noviembre de 2025 comenzará el juicio por “Cuadernos de la coima” en el Tribunal Oral Federal 7 y la Corte debe resolver sobre la condena de 6 años que la Cristina recibió por Vialidad.

Fuente: TN

Un Tribunal integrado por ciudadanos declaró culpable en juicio oral por jurados a un hombre por abusar de su hija -por más de diez años- y de su nieto. Ambos eran menor al momento de los abusos y se prevé una condena de 30 años de prisión. 

En el primer hecho la víctima fue su hija, quien fue abusada desde los 4 hasta los 15 años. Allí fue condenado como autor de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido por ascendiente y por resultar el mismo un daño grave a la salud mental de la víctima".

Y en el segundo hecho la víctima fue su nieto, quien fue abusado a los 11 años, y se lo condenó con la misma calificación, aunque sin el agravante de daño grave para su salud mental.

El sujeto fue juzgado ante el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, a cargo de Alexis Imaz, en un juicio por jurados que se desarrolló en tres jornadas. A su vez, el fiscal de la causa fue Alejandro Pellegrinelli, mientras que Julio Razona el abogado representante de las víctimas.

En el juicio se probó que el hombre abusó de su hija desde pequeña, lo que le ocasionó gravísimas secuelas psíquicas, a tal punto que la joven debió ser internada en cinco ocasiones por intento de suicidio. Además, no pudo continuar con su escolarización en forma normal y se encuentra en tratamiento por las secuelas de los reiterados abusos de su padre.

En este sentido, el personal médico que trató a la víctima declaró como testigo, informando la gravedad de las lesiones psíquicas que padece y del tratamiento farmacológico que recibe.

Y por lado del agresor, que gozaba de arresto domiciliario, fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

El viernes 27de septiembre se llevará a cabo una nueva audiencia, denominada juicio de cesura, donde Imaz determinará la pena del condenado, que puede oscilar entre los 8 y los 30 años de prisión.  Por su parte, el letrado Razona manifestó que solicitará como pena el máximo previsto por el Código Penal.

Vecinos de toda la ciudad se reunieron hoy en Tribunales para reclamar por fumigaciones ilegales a menos de diez cuadras de viviendas y escuelas en el barrio Félix U. Camet, lo que los llevó a iniciar una causa penal que se tramita en el Juzgado Correccional N°4 de Mar del Plata. En General Pueyrredon rige la medida cautelar que prohíbe fumigaciones a menos de mil metros de núcleos poblacionales.

Por su lado, una de la protestantes, Gisel, le comentó a este medio que “hay graves afectados en su salud" y que presentaron “pruebas suficientes”, pero que “resta hacer cumplir reglamentaciones donde se prohíban esas prácticas”, que "no sólo son ilegales, sino envenenan a toda la población”.

En tanto, otra de las manifestantes, Vanina, explicó: “Hay que comprender que el campo trabaja hace como 20 años o más, y que en ese momento el barrio no estaba tan poblado como ahora. Había dos o tres casas y se podía trabajar tranquilamente, pero ahora está superpoblado y no pueden convivir”.

A su vez, aclaró que “los herbicidas afectan tanto a la gente que vive enfrente como a la que vive a veinte cuadras sobre la costa”, lo que sostuvo que comprobaron mediante análisis de agua, suelo y aire. Y denunció: “La Policía Ecológica tendría que acercarse al campo y ver qué es lo que están tirando para detenerlos, pero los responsables a cargo no lo hacen cumplir, ni siquiera las ordenanzas”.

Por otra parte, en un comunicado le brindaron su apoyo a quienes viven en el barrio Félix U. Camet, “en virtud de los serios problemas de salud que atraviesan desde 2017 y por los que se encuentran en pleno proceso judicial contra la Estancia La Trinidad de la familia Bengolea”, de acuerdo al texto.

Además, allí señalaron que “uno de los casos más relevantes tuvo como protagonista a un adolescente de 15 años, quien estuvo internado en terapia intensiva y se le detectó glifosato y AMPA en orina, ambos agrotoxicos cancerígenos”.

“El principal imputado, Marcelo Alejandro López, y demás responsables de los ilícitos, Estancia La Trinidad y South East SRL -Alejandro Simboli como arrendatario y la familia Bengolea como propietarios- realizaron un irrisorio ofrecimiento económico y pidieron la anulación del juicio, lo cual fue rechazado por los vecinos, que piden que se lleve a cabo un juicio oral y público”, detallaron.

Asimismo, grupos de investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Instituto Nacional del Cáncer fueron los que confirmaron la presencia de los agrotóxicos y aseguraron que “son los causantes directos de muchas enfermedades y afecciones asociadas, como el cáncer”.

Y en última instancia, resaltaron que se trata de “una oportunidad histórica para empezar a hacer las cosas bien y que la Justicia funcione para la población que sufre las actividades industriales sin control”. La realización del juicio oral o, en caso contrario, que se anule, depende del juez Pedro Hoof.

El juicio a José Alperovich llegó a su fin. El exgobernador de Tucumán, uno de los políticos más poderosos de la provincia, fue encontrado culpable de los nueve hechos de abuso sexual por los que estaba siendo juzgado desde principios de febrero. Tras cuatro meses de debate, la Justicia lo condenó a 16 años de cárcel, lo que significa que podría estar encerrado hasta el 2040.

Los delitos por los que el exsenador fue sentenciado son graves. “Lo considero autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple reiterado en tres oportunidades, más dos hechos en grado de tentativa y otros seis hechos con acceso carnal, mediando intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad”, expresó el juez Juan Ramos Padilla durante el veredicto.

La palabra “culpable” retumbó en una sala de audiencias repleta de periodistas y fotógrafos que se amontonaban para tomar la foto. A medida que el magistrado iba leyendo la sentencia, detallando punto por punto los hechos y sus calificaciones, la cara de Alperovich se iba transformando. Con los ojos cerrados, apretaba su amuleto fuertemente con sus manos. Sus hijas, a su lado, lloraban por lo bajo.

Había mucha expectativa y la atención estaba puesta en cuál iba a ser la decisión del presidente del Tribunal Oral en lo Criminal N°29 de la Ciudad de Buenos Aires, quien durante estos cuatro meses escuchó atentamente a los casi setenta testigos que pasaron por la pequeña sala de audiencias. No solo oyó, sino que también preguntó cuando tuvo la necesidad.

Para el magistrado, conocido históricamente por tener afinidad con el kirchnerismo, Alperovich cometió los nueve hechos que denunció su sobrina y “mano derecha” allá por el 2019. Los fundamentos se conocerán recién el 16 de agosto, mientras tanto, la defensa podría apelar el fallo. Una fuente cercana al exgobernador adelantó que lo harán, pero primero piensan en su salud. “Pasó la noche en un hospital penitenciario porque está delicado, para que le puedan hacer estudios”, aseguró esa fuente.

Se espera que Alperovich quede detenido con prisión preventiva en la cárcel federal de Ezeiza. Del tribunal salió esposado y custodiado por una comitiva del Servicio Penitenciario Federal. La defensa intentará pedir una morigeración, no solo por su estado físico, sino también porque el acusado está próximo a cumplir los 69 años.

Durante todo el juicio, Alperovich no se cansó de mencionar que se trató de una “causa armada” para arruinar su carrera política. “Estoy muerto en vida”, dijo ante Ramos Padilla cuando le tocó declarar. En ese contexto, el juez no tuvo reparo y determinó para el exsenador una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Milagro Mariona, la vocera de la denunciante, habló tras la condena y manifestó que la mujer que llevó a José Alperovich ante la Justicia “está satisfecha”. “Que el juez haya encontrado la verdad en sus palabras fue suficiente”, sostuvo.

“Es un fallo muy importante para el movimiento feminista. Creíamos que el juez iba a ser más blando por ser una persona con semejante poder, pero es un mensaje en contra de la impunidad”, añadió ante los micrófonos de TN, mientras de fondo se escuchaba el aplauso de los vecinos que habían salido de sus casas ante el tumulto de gente que estaba apostada en las puertas del tribunal desde muy temprano.

Como sucede en la mayoría de los casos de abuso sexual, el juez Juan Ramos Padilla tomó como elemento probatorio fundamental el relato de la víctima, ya que se trató de hechos que sucedieron en la intimidad y que no contaron con testigos oculares, es decir, con personas que los hayan presenciado.

El propio fiscal había insistido en que el testimonio que dio la denunciante fue “consistente y persistente a lo largo del tiempo”, lo que “fortaleció su credibilidad”. Este aspecto, según Abraldes, fue clave para “contrarrestar los argumentos de la defensa”, que intentó desestimar la denuncia y dijo que se trataba de un “relato armado”.Pero este testimonio, a pesar del intento del abogado Augusto Garrido por desacreditar su veracidad de los hechos denunciados, fue constatado por las pericias psicológicas, psiquiátricas y ginecológicas que distintos profesionales de la salud le practicaron a la joven.

Por ejemplo, la psicóloga Mónica Herrán sostuvo que la denunciante presentaba un “daño psíquico” y un “trauma cristalizado” compatible con una víctima de violencia sexual. Además, dio detalles del mecanismo de disociación que advirtió en las entrevistas, ya que la chica denunció los hechos meses después.

También se tuvo en cuenta el testimonio de la ginecóloga que confirmó que la víctima tenía una lesión en sus genitales, compatible con una herida producida durante una actividad sexual violenta. Esta consulta médica se realizó dos días después del hecho más grave que fue denunciado en esta causa, que sucedió en la casa de Alperovich en El Corte, una localidad de Yerba Buena.Ramos Padilla también escuchó durante el juicio a familiares y amigos de la denunciante, quienes aseguraron el abrupto deterioro físico y mental de la sobrina de Alperovich. Muchos declararon que la vieron más delgada, ya que había bajado unos 10 kilos, que tenía caída de cabello, ataques de pánico, decaimiento, insomnio, entre otros cambios que fueron significativos.

A su vez, extrabajadores de la campaña de Alperovich señalaron durante la ronda de testigos que advirtieron “actitudes machistas” por parte del acusado, como “chistes de mal gusto” o comentarios violentos y “subidos de tono” que le había hecho el exsenador a su sobrina, quien en ese momento trabajaba como su secretaria y era la persona encargada de armarle la agenda.

En este sentido, el fiscal describió la actitud de Alperovich como “patriarcal y mandona”, subrayando la asimetría de poder que existía entre el acusado y la denunciante, y cómo esta desigualdad fue utilizada para cometer los abusos.

Por último, pero no menos importante, se tomaron en cuenta las señales de las antenas de los celulares de la joven y el exsenador, que corroboraron que estuvieron en el lugar de los hechos, en los horarios que la denunciante dijo que sucedieron. Esto fue en un departamento ubicado en un complejo de cuatro edificios en Puerto Madero, en dos casas que Alperovich tiene en Tucumán, y en autos particulares del acusado.

El 14 de diciembre del 2017, Alperovich invitó a su sobrina a subirse a un avión privado. Recién en Buenos Aires, la joven se enteró de que iba a pasar la noche en su departamento de Puerto Madero. Aunque Alperovich tenía dos propiedades con entradas independientes, decidió que la joven durmiera con él y mandó a otro asesor al segundo departamento.

Según la denuncia, luego de cenar, el acusado comenzó a manosearla y a besarla. La joven logró soltarse y se encerró en un dormitorio. Al día siguiente, el entonces senador actuó como si no hubiera pasado nada y hasta la mandó a comprarse un vestido a un shopping.

Apenas doce días después, el 27 de diciembre, la escena se repitió en el mismo lugar, aunque en ese caso la joven viajó a Buenos Aires en un vuelo de línea. Cuando estaba abusando de ella, siempre según la denuncia, Alperovich se jactaba de ser como “un violinista famoso (André Rieu)” por su “habilidad para mover sus dedos”.

El tercer y cuarto hecho ocurrieron a bordo de uno de los vehículos de Alperovich, un Volkswagen Passat azul patentado como AB 472 RT.

Otro de los hechos, ocurrido el 9 de febrero del 2018, cuando volvían solos de un acto en la localidad San Pedro de Colalao. Al día siguiente, la escena se repitió a bordo del mismo vehículo. “Sos muy rígida, tenés que entregarte y aprender a disfrutar”, insistió Alperovich ante la negativa de la joven a ser manoseada.

El sexto y séptimo hecho sucedieron el 9 y 12 de marzo del mismo año. Fueron dos ocasiones muy similares entre sí, ocurridas en la casa llamada “La Martín Fierro”, donde se desarrollaban las actividades de la campaña. En una de ellas, la joven aseguró, hubo acceso carnal.

Según relató la víctima, Alperovich se le acercó y se sentó en el mismo sillón en el que se encontraba y procedió a manosearla y a decirle cosas hasta someterla sexualmente. En ese lugar fue donde le dijo “mirá como me ponés”. Luego, la llevó a la fuerza al cuarto y abuso de ella, mientras intentaba sacárselo de encima, diciéndole que no lo hiciera, que se detuviera, que no quería.

Los últimos dos casos ocurrieron en otra casa, alquilada por Alperovich en la zona de El Corte. La joven aseguró que, a diferencia de los otros abusos, Alperovich la lastimó físicamente, a pesar de que ella gritaba para que se detuviera.

El último fue el episodio más violento. Ocurrió el 26 de marzo, cuando declaró que Alperovich abusó sexualmente de ella en uno de los cuartos y terminó haciéndole daño. A partir de ese momento, hubo varios intentos de abuso y reiterados maltratos verbales, incluso delante de los choferes y custodios.

Fuente: TN

Comenzará este miércoles a las 9 el juicio oral por la comisión del delito de “Homicidio Culposo” del que fue víctima la joven de 22 años, Natalia Engler, a quien operaron de la columna vertebral en la Clínica de Fracturas y Ortopedia en agosto de 2018 y murió diez días más tarde en la Clínica Colón, después de que los médicos la hayan enviado a su casa sin medicación frente a un coágulo que se le había formado en la pierna.

Engler murió en la Clínica Colón, la más cercana a la Clínica de Fracturas y Ortopedia, ya que cuando fue ingresada de urgencia -desvanecida- no la atendieron por “falta de médicos”. El perito determinó que su muerte fue ocasionada por “un paro cardíaco, con mecanismo de muerte por arritmia un Tromboembolismo pulmonar”.

CRONOLOGÍA DEL CASO

Natalia Engler, una conocida y talentosa bailarina y gimnasta marplatense, había sufrido una lesión en su columna vertebral durante un entrenamiento en Buenos Aires en agosto de 2018. Por ese motivo, fue trasladada a Mar del Plata e intervenida exitosamente en la Clínica de Fracturas y Ortopedia.

Dada de alta hace pocos días y en su domicilio, la víctima presentaba una evidente y dolorosa inflamación en una de sus piernas, la que había cambiado de color, motivo por el cual concurrió junto a su madre al nosocomio para ser tratada por el coágulo que se había formado como consecuencia de la intervención quirúrgica.

Pero los acusados de omitir “un tratamiento urgente ante un cuadro postoperatorio derivado de la cirugía de columna que presentaba la paciente”, los cirujanos Pablo Sebastián Beltrán Moreno y Juan Fernando Suárez, decidieron que al haberse desinflamado la pierna y no sentir dolor, debía volver a su hogar sin tratamiento específico alguno.

La acusación llevada a cabo por el representante de la familia, Julio Razona, se basa en que ambos médicos debieron haber ordenado medidas precautorias, ante la evidencia irrefutable de que el coágulo que obstruyó la normal circulación de sangre había migrado y que en consecuencia podía afectarla nuevamente, desencadenando un trombosis.

En este sentido, Razona explicó: “No obstante a la evidencia empírica, como es la inflamación del miembro, la ausencia repentina de dolor y una leve mejoría, que refiere que ese coágulo podría estar migrando por su organismo y causar una trombosis, se le indicó que debía volver a su domicilio, sin los medicamentos que se recomiendan para esas circunstancias, sin estudios de sangre para descartar un trombo, sin la toma de anticoagulantes ni la indicación de una compresión neumática intermitente (CNI)”.

Entonces, especificó que a los pocos días de haber regresado a su casa, la joven se desvaneció durante la madrugada y fue trasladada a la misma clínica por su madre y un vecino, acompañada por un móvil policial, ante la demora de la ambulancia.

Pero aunque la víctima se encotraba desvanecida, le informaron a su madre que nola podían atender por “falta de médicos”, y fue trasladada a la Clínica Colón, donde ingresó ya “en gravísimo estado y murió a los pocos minutos, a pesar de las maniobras de resucitación practicadas en la guardia de esa clínica", según Razona.

En tanto, el perito Mariano Meglioli dictaminó que la causa de la muerte fue “un paro cardíaco, con mecanismo de muerte por arritmia un tromboembolismo pulmonar”, de acuerdo al abogado defensor de la familia.

Dos policías de la Delegación departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas están siendo juzgados en el Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata, acusados de liberar zonas que coincidían con calles donde mujeres travestis/trans en situación de prostitución eran dispuestas para la venta de estupefacientes al menudeo.

El accionar de esa banda fue comprobado en el juicio abreviado parcial que condenó a seis personas y al que los efectivos se negaron.

En el marco de la pandemia, el juicio atraviesa distintas instancias de la virtualidad: en la sala de audiencias se encuentra el fiscal general Juan Manuel Pettigiani, en representación del Ministerio Público Fiscal, la defensa de los acusados, y uno de los jueces, Roberto Falcone, mientras que los magistrados Héctor Sagretti y Omar Gutiérrez siguen el debate de manera remota desde San Martín; lo mismo sucede con los acusados, Jonatan Moisés Arce y Carlos María Scaltritti, detenidos en el penal de Marcos Paz.

Luego de escucharse la semana pasada testimonios aportados por el MPF, este jueves se presentarán testigos propuestos por la defensa. Para el viernes está previsto el inicio del alegato de la fiscalía.

La acusación

Arce y Scaltritti están acusados por el delito de comercio de estupefacientes agravado por la calidad de funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos previstos en la ley. “La presencia policial dando protección a un lugar donde se ejerce una actividad ilegal, es un hecho gravísimo y la participación en el mismo no puede ser considerada secundaria”, leyó Pettigiani en el inicio del debate en alusión a un fallo de la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, en la causa caratulada “Quintana, Andrés Javier s/recurso de casación”. La pena prevista para este delito oscila entre los seis y 20 años de prisión.

Probado el accionar de la organización criminal que integraron Mara Ángela Cambareri, Carlos Ariel Kubics, Araceli -por su nombre autopercibido- Hurtado Baca, Eduardo Alfredo Pérez, Ricardo Michael Herrera Alfaro Moreno y William Alexander Vázquez, al menos desde febrero de 2014 hasta el 13 de mayo de 2017, la hipótesis delictiva de este debate oral y público -que complementa el acuerdo de juicio abreviado alcanzado en septiembre de 2019- señala que la banda contaba con la participación, connivencia y protección policial.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, para que los condenados y condenadas operaran en la denominada “zona roja” necesariamente debían contar con el apoyo y la discrecionalidad de control por parte de las fuerzas de seguridad, concretamente de agentes pertenecientes a la seccional policial con jurisdicción en esa zona -Comisaría 4ta-, y la fuerza provincial especializada en prevenir y reprimir la comercialización de drogas, la Superintendencia del Tráfico de Drogas Ilícitas local.

La hipótesis se fue consolidando a partir del resultado que arrojaban las intervenciones telefónicas dispuestas en la investigación: demostraron cómo era el funcionamiento real de la organización que se valía de mujeres trans en situación de vulnerabilidad y necesidad, que encontraban el sometimiento como única opción valedera para alejarse de la situación de pobreza y discriminación en la que se encontraban, al ejercer la prostitución y vender estupefacientes para beneficio de sus explotadores. Esto permitió ver la existencia de otra estructura conformada presuntamente, al menos de momento, por los oficiales Arce y Scaltritti.

Según la pesquisa, los agentes policiales tenían a su cargo liberar la zona para que Cambareri y Esquivel pudieran ubicar a sus víctimas en las “paradas”/esquinas previamente designadas para que allí ejercieran la prostitución y vendieran estupefacientes, lo que les permitiría hacerse y repartirse el dinero obtenido.

Conversaciones telefónicas y por WhatsApp que constan en el expediente permitieron visualizar que los funcionarios policiales sindicaban a Cambareri como quien, cuanto menos, manejaba la zona. Pero no sólo las intervenciones en los celulares dan sustento a la participación de la policía en los hechos. La palabra de los vecinos y vecinas, quienes declararon ante la Unidad Fiscal de Estupefacientes, dan cuenta de que la fuerza “se lava las manos”, que los que “venden” están “entongados con el comisario de la comisaría de la zona” y que venden estupefaciente delante de la policía.

De la causa surge también lo dicho por algunas de las víctimas: debían pagarle a Cambareri la suma de tres mil pesos para ser autorizadas a estar en esa zona, que nucleaba parte de la avenida Luro, la avenida Champagnat y calles transversales y paralelas. “Parte de ese ‘canon’ exigido no tenía otro fin más que ser entregado a los efectivos policiales con jurisdicción en la zona para que omitieran controlar y prevenir el delito en su jurisdicción, como ha quedado acreditado con mayor fuerza aún, mediante la comunicación que mantuvo uno de los acusados con otra persona, en la que acordaban ‘liberar la zona’, favoreciendo entonces la realización de las conductas atribuidas a los imputados”, leyó la fiscalía en el inicio del juicio.

Más allá de la cobertura en la zona para la venta de cocaína, los policías están acusados de comercializar marihuana a modo de emprendimiento ilegal: de la causa surgen numerosas conversaciones de WhatsApp en las que Scaltritti ofrece “frascos” “a dos”, en cuyas imágenes se observan sustancias estupefacientes.

Este lunes será una jornada sumamente importante judicialmente ya que se conocerán las sentencias sobre los acusados en el caso de la Masacre en El Martillo y la trata de personas del falso pastor Isaías Hurtado.

La sentencia del juicio contra el “pastor” Isaías Hurtado y su expareja, Patricia Padilla Coronado, acusados de ser autor y partícipe respectivamente de los delitos de trata de personas, abuso sexual con acceso carnal y amenazas que sufrieron más de 20 personas que participaban de las actividades en su secta, será este lunes.

Cabe recordar que en los alegatos, el fiscal Federal Juan Manuel Pettigiani había solicitado una condena de 35 años para el “pastor”. Y por otro lado, pidió la pena de 10 años para la expareja, por considerarla partícipe necesaria del delito de trata de personas.

Para el fiscal federal, durante el debate quedó demostrado que la secta que dirigían captaba “fieles” a través de mensajes religiosos para que se congreguen en su Ministerio y luego explotarlos laboralmente.

En tanto, en el caso que tuvo lugar en mayo de 2017 y terminó con el asesinato, decapitación e incendio de Nelson Alderete en el barrio El Martillo, también hoy se conocerá la sentencia de los cinco imputados.

La fiscalía solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Mar del Plata que se condene a cadena perpetua a los cinco imputados: María Belén Palavecino, Mariano Lescano, Javier Falcato, Angel Chávez y Alexis Juárez, que están acusados como coautores del delito de "homicidio doblemente agravado por ensañamiento y por el concurso de dos o más personas".

La sentencia del juicio por estafas al falso analista de mercado a futuro Daniel Viglione se dictará este viernes, desde las 9. El monto defraudado por el que se lo acusa asciende a casi cinco millónes de dólares.

La defensa de Viglione pidió su absolución, por no ser típica la figura de la estafa o, subsidiariamente, que se lo condene por estafas reiteradas en concurso ideal. La defensa de María Larsen, apuntada como socia, también solicitó una absolución.

En tanto, la fiscalía solicitó una pena de nueve años y cuatro meses de prisión por estafas millonarias, comprobadas en 74 casos. Asimismo, para la presunta socia, María Larsen, pidieron cuatro años y ocho meses.

La causa contempló un total de 87 hechos denunciados por las personas que resultaron víctimas de las maniobras fraudulentas, quienes habían solicitado asesoramiento para invertir en mercados extranjeros.

El falso asesor económico Daniel Viglione cayó detenido a principios de noviembre de 2016 cuando se hospedaba en un hotel de Mendoza, después de haber permanecido durante varios días como prófugo de la Justicia.

El defensor oficial Ricardo Mendoza lleva a cabo los alegatos en defensa de Daniel Viglione, adelantó que solicitará la absolución de su cliente por no ser típica la figura de la Estafa o subsidiariamente se lo condene por Estafas reiteradas en concurso ideal.

Se ha referido a la acusación con una fuerte crítica a la labor del Fiscal Bruna, por no haber, a su criterio demostrado que la conducta de su defendido ha sido la que reprime el Código Penal, así como que lo ha acusado por un concurso real, es decir que se deben sumar las penas por cada delito, cuando en los hechos se ha acusado por un concurso ideal , con una pena en expectativa muy baja, nunca superior a los seis años de prisión.

Hizo referencia a que no ha habido víctimas, sino “inversores”, quienes siempre según su criterio incumplieron con el deber de autoprotección.

Llamativamente sostuvo que el “Esquema de Ponzi” podría haber dado resultado y que Viglione, cuando desapareció de Mar del Plata y fue detenido en Mendoza, se debió a que había viajado con el fin de buscar dinero para devolver a los inversores.

Calificó la conducta de las víctimas de imprudente y que su debacle económica se debió a que el “blanqueo de capitales” colapsó sus inversiones. Admitió que los documentos entregados a los denunciantes carecen de valor, omitiendo referirse a los interdepósitos que por más de 1 millón de dólares percibió junto a María Larsen en sus cuentas bancarias en el Uruguay.

En la jornada de viernes los defensores de Larsen deberán alegar sobre las pruebas colectadas contra su cliente.

El juicio al falso asesor económico Daniel Viglione tuvo una importante jornada este lunes, en la cual la fiscalía pidió nueve años y cuatro meses de prisión por estafas. Asimismo, pidió cuatro años y ocho meses para María Larsen, quien fuera su socia.

El pedido del fiscal David Bruna consideró esta pena por estafas millonarias, comprobadas en 74 casos. El economista continuará detenido por este delito, mientras que Larsen llegará al dictamen de la condena en libertad, pero con la precaución de que no pueda salir del país.

No obstante, Julio Razona fue contundente en el pedido de 50 años para cada uno de los imputados al solicitar cinco años de condena por cada una de las víctimas que defendió. El alegato, entre los que se destacan el método de engaño, se basó en la crueldad al aprovecharse de gente mayor, inexperta en cuestiones financieras. De hecho, cuanto menor era el conocimiento de la víctima, mayor era el porcentaje de “intereses en dólares”.

Basándose en el artículo 55 del Código Penal (suma aritmética de las penas, que no puede exceder los 50 años), Razona solicitó que se condene a los acusados, Daniel Viglione, como autor material de 44 hechos y, A María Larsen como autora material de un hecho y partícipe necesaria de 33 estafas. Asimismo, por esta última pidió la detención inmediata.

La causa contempló un total de 87 hechos denunciados por las personas que resultaron víctimas de las maniobras fraudulentas, quienes habían solicitado asesoramiento para invertir en mercados extranjeros.

El asesor económico Daniel Viglione cayó detenido a principios de noviembre de 2016 cuando se hospedaba en un hotel de Mendoza, después de haber permanecido durante varios días como prófugo de la Justicia.

En la jornada de este martes declararon los últimos cuatro damnificados, para luego prestar declaración la acusada María Larsen, conforme lo había solicitado. Su principal argumento de defensa fue afirmar que no era socia de Daniel Viglione, sino una simple empleada con un sueldo de 2 mil dólares mensuales, más comisiones, y que comenzó a trabajar con el falso economista cuando éste tenía un programa de radio.

Además, indicó que Viglione trabajó con Titarelli, que ambos son dueños de la marca Economy Geeks y que el trabajo del publicista consistió en cambiar la imagen de la empresa. Contó que tanto ella como sus hijos invirtieron en Forex y nunca pudieron recuperar las sumas invertidas, para luego aseverar que “todos fuimos víctimas de Daniel Viglione, también su familia y sus colaboradores”.

Asimismo, reconoció que manejaba una planilla Excel que le facilitó el programador Emiliano Vera, quien acompañaba al acusado, para asentar las supuestas ganancias de los inversores, indicándole el porcentaje que debían aumentar en el saldo de cada cuenta. Sostuvo que “Luces de la Paloma” (propiedad en el Uruguay investigada por haberse construido con fondos de los inversores) se subdividió y se vendieron todas las unidades, manifestando que fue su inversión, confesión que contradijo por sus mismos testigos, que habían dicho que Larsen era sólo la administradora del complejo hotelero.

También negó haber promovido la venta de unidades habitacionales en las oficinas que compartía con Viglione, así como certificó que jamás hizo publicidad de las misas con inversores. Y testificó que “me echó por Facebook a través de mi hija”, para luego volver a trabajar con él.

En su extenso relato tuvo varios actos fallidos, uno de ellos cuando afirmó “los clientes que nosotros teníamos”, corrigiendo de inmediato esa frase. Lo mismo ocurrió cuando quiso manifestar que el dinero era envuelto para mandar al Banco Piano, manifestando “para mandar a Montevideo”.

Con relación a Uruguay dijo que el dinero depositado por clientes en cuentas de ambos era posteriormente traído a Mar del Plata. Expresó que había varias personas que trabajaban a comisión, tales como Patricia Ibarra, Minucci e Schiano, quienes cobraban un 10 % de las inversiones que conseguía y que a ella Daniel Viglione le pagaba entre un 1 y 3 %. Aseveró que la mayor parte de quienes se presentaron como víctimas en realidad recuperaron todo el dinero invertido. Aseveró que “los marplatenses tienen dinero bajo el colchón, por eso invirtieron en Jonestur o La Moneta”

A preguntas que realizó el Doctor Julio Razona, abogado de gran cantidad de víctimas, Larsen aseveró que no firmaba recibos cuando recibía dinero por estricta orden de Viglione, que nunca averiguó si operaba realmente en Forex, que jamás tuvo conocimiento de la existencia de una cuenta bancaria en Estados Unidos de ningún tipo, que cuando viajó a España ocupó su lugar Mariano Román y su esposa Lourdes Dukart. Así como reconoció que envió a su hijo Diego Miranda a Rosario para retirar 10 mil dólares de un inversor. También aceptó haber acompañado a una damnificada de 89 años de edad, al Banco Nación de Mar del Plata, a fin de extraer sus ahorros, luego invertidos en Forex.

Previo a esto habían declarado más damnificados que detallaron el accionar de Viglione y las sumas de dinero por las que fueron estafados, involucrando también a María Larsen.

El jueves próximo a las 9 comenzará la audiencia con los alegatos a cargo del doctor Julio Razona, en representación de los Actores Civiles, el Fiscal Bruna, para posteriormente volver a tomar la palabra Razona como representante de 68 particulares damnificados.

Continúa el juicio oral contra Daniel Viglione y entre los testigos de este viernes, la defensa presentó al hijo de María Larsen, tratando de quitarla como “socia” del falso analista de mercado a futuro.

El primer testigo contó que conoció al acusado, a través de una persona que identificó como su intermediaria, Patricia Ibarra, quien en realidad se llama Patricia Barreta, siendo Ibarra el apellido de su ex marido. Esta persona oriunda de Pilar entregó a la víctima recibos similares de Daniel Viglione, contando con unos en blanco que llevaban la firma de este. Además, entregó la suma de 80 mil dólares habiendo podido retirar 16 mil, que en su oportunidad le entregó la “intermediaria”.

El siguiente testigo, al igual que el anterior se vio seducido por Viglione y confiado ya que lo pudo escuchar en conferencias acompañado por Cachanosky. A este damnificado en la suma de 40 mil dólares, los acusados Viglione y Larsen le ofrecieron en reiteradas oportunidades invertir en un condominio en el Uruguay, “Luces de la Paloma”, debiendo depositar una suma en las cuentas de ambos en el vecino país. Propuesta que no aceptó.

Luego compareció el hijo de María Larsen. A preguntas de la defensora de su madre narró que la misma nunca había sido socia del acusado, que era una empleada y que la inversión en el Uruguay se inició con fondos propios anteriores a su relación con Viglione. Aseveró que tanto su madre como sus hermanos, fueron damnificados por Viglione, ya que no pudieron retirar montos invertidos en Forex. A preguntas del Doctor Julio Razona, representante de 68 damnificados, reconoció que viajó a Rosario a percibir la suma de 10 mil dólatres que le fue entregado por un inversor de esa ciudad, entregando un recibo, pero que dicho trámite lo hizo sólo para colaborar con su madre y su novia. Ante el cuestionamiento si “Luces de la Paloma”, el emprendimiento turístico, que dijo ser administrado solamente por su madre, quedaba ubicado en la localidad de “La Paloma”, admitió que está ubicado en “La Aguada”, un lugar de menor calidad turística.  Luego el abogado le preguntó si Marta Queipo, quien entregó a Larsen 120 mil dólares para adquirir el predio en el que se construyó el emprendimiento turístico le cedió sus acciones a él, admitió este hecho.

Mas tarde declaró una persona que trabaja en YPF de Puerto Madero, hasta su lugar de trabajo se dirigió María Larsen, a quien entregó en mano la suma de 4 mil dólares. Contó que ese monto provenía de sus ahorros y que iba a ser invertido en la compra de un automóvil adaptado para discapacitados, atento sufrir una grave discapacidad motora, con posterioridad a esta primera inversión, viajó a Mar del Plata se encontró con Viglione y Larsen en un café de la calle Güemes, allí les hizo entrega de 2 mil dólares como nueva inversión y que ambos se retiraron del mismo sin extender recibo alguno. Hizo saber que Viglione ganó su confianza, ya que mantenía con el “fluidos diálogos” por las redes sociales y en forma privada, aseverando que “su cuenta es muy importante para mí”. Admitió que verse estafada fue un “shock”, al tomar conocimiento que no se le devolvería nada de su inversión y que tal como ocurre frecuentemente no leyó la letra chica del recibo entregado por Larsen, “como es costumbre con entidades bancarias o contratos laborales”.

Por último, declaró una vecina de Balcarce que hizo dos interdepósitos desde su cuenta bancaria en el Uruguay a las cuentas de Viglione y Larsen en ese país, por 50 mil dólares, documentación que fue reconocida ante el Juzgado. Contó que los acusados ganaron su confianza de tanto escuchar al primero en radios de todo el país y concurrir al Hotel Primacy de Mar del Plata a las conferencias que daba junto a Roberto Cachanosky. La inversora perdió todo en manos de los acusados.

En una nueva jornada en el juicio oral contra Daniel Viglione, los damnificados continuaron en la sintonía que fueron estafados, aunque también la defensa de María Larsen presentó dos testigos de nacionalidad francesa.

En primer término, declaró un denunciante de Rosario, quien conoció al acusado por sus programas radiales que se emitían en esa ciudad y por haber concurrido a sus conferencias que brindaba en el Hotel Ros Tower, junto a Roberto Cachanosky y en la Universidad Católica de Rosario junto al Señor Palumbo. Invirtió la suma de 10 mil pesos, el mínimo permitido por Viglione, entregando el dinero conforme lo pactó vía mail con María Larsen, los que fueron reconocidos en la audiencia y que oportunamente habían sido agregados por su abogado, Julio Razona. Lo llamativo de este hecho es que el dinero fue recibió por Diego Miranda, hijo de María Larsen, quien viajó hasta Rosario con un talonario de recibos y le extendió uno, con la promesa posterior que se le noticiaría el número de cuenta bancaria en Nueva York. Al no recibir información se comunicó con Forex y “me di cuenta que nunca habían depositado nada”. No pudo recuperar un centavo.

Los dos testimonios siguientes fueron ofrecidos por la defensa de la acusada. En primer lugar declaró un hombre de nacionalidad francesa, quien reconoció ser muy amigo de Daniel Viglione y que invirtió dinero con él, pero que no recordaba si había recuperado el dinero entregado. Sostuvo que María Larsen no era socia de Viglione. A preguntas del Doctor Razona informó que su inversión se llevó a cabo exclusivamente por la confianza que tenía en su amigo y que no tomó ningún otro recaudo antes de invertir su dinero. Su esposa, también de nacionalidad francesa, informó que estaba muy satisfecha con el acusado y María Larsen, pese que no podía aseverar que recuperó toda su inversión. Contó que tanto su nuera como sus amigos franceses perdieron todo su dinero al invertir con los acusados. Al igual que su marido informó que entregó la suma de 10 mil dólares basada exclusivamente en la confianza.

El último testigo/victima en declarar comentó que invirtió 40 mil dólares confiado en que entraba a una “comunidad” de Forex, seducido por los informes en los medios y las conferencias en el Hotel Primacy que brindaba rodeado de conocidos economistas. En enero de 2016 pretendió retirar 7 mil dólares de las supuestas ganancias, concurriendo hasta cuatro veces por semana para reclamar ese monto, pudo recuperar de a poco, solo 2.700 dólares de su inversión, recibiendo la última vez la suma de 200.  Contó que días antes de huir el acusado, cuando se juntaban decenas de acreedores en su oficina, anunció “voy a buscar la bolsa, espérenme, todos nos quedamos aguardando, pero jamás volvió, nos tomó el pelo”.

Una nueva jornada del juicio oral contra Daniel Viglione se llevó a cabo este martes en el que se profundizaron los conocimientos sobre los montos de las estafas y cómo operaba el acusado. Uno de los casos enfatizó sobre la participación activa de su esposa, Claudia Fernández.

Precisamente, el esposo de la Directora de Educación Inicial en el Colegio Newton de Mar del Plata y amiga de la esposa (Directora de Primaria del mismo establecimiento educativo) de Daniel Viglione a través de compartir el ámbito laboral, fue el primero en declarar. A partir de esa relación surgió la inversión de 170 mil dólares que nunca pudo recuperar. El damnificado contó que, desde diciembre de 2015, meses antes de comenzar la debacle y los pedidos masivos de retiros de dinero de las víctimas, quiso recuperar algo de la inversión, lo que no logró y recibió distintas excusas por parte del acusado tales como “el Banco del Caribe no manda el dinero”, “un político me facilitará el dinero”, o que “el dinero está puesto a trabajar en una financiera” en clara alusión a Jonestur. No dudó en afirmar que María Larsen era presentada como su socia por Daniel Viglione.

A continuación, declaró la esposa del testigo anterior, quien narró cómo fue convencida por Claudia Fernández para invertir en su empresa, ya que ésta insistía que podían ganar mucho dinero, ya que su esposo operaba en Estados Unidos. “Le creímos”, dijo cuando se le preguntó por qué confiaron sus ahorros a Viglione y que confió en la amistad de años que la relacionaba con su esposa desde el 2010. Aseguró que “muchos papás de la escuela fueron estafados”.

El siguiente testigo, al igual que casi todas las víctimas, confió en Daniel Viglione por haberlo escuchado en radios de Mar del Plata, en conferencias que daba en el Hotel Primacy y al verlo rodeado de conocidos economistas. Contó que tanto Mariano Román como su esposa Lourdes Dukkart tenían contacto con él, siendo ésta última la encargada de enviarle por mail los resúmenes de sus supuestas cuentas bancarias en el exterior, informando sus ganancias. Aseveró que compró a Daniel Viglione un curso para operar en Forex, depositando el importe del curso en la cuenta bancaria de Claudia Fernández. Posteriormente se enteró que ese mismo curso podía bajarse en forma gratuita por la web.

El siguiente damnificado, oriundo de la ciudad de Rosario fue seducido, luego de escucharlo en dos conferencias que dio en el Hotel Ros Tower de esa ciudad, junto al economista Roberto Cachanosky. Nunca pudo recuperar los 10 mil dólares que entregó a María Larsen. Narró una serie de excusas manifestadas por el acusado para no reintegrar el dinero invertido: “estoy internados”, me siento “muy estresado”, “tuve inconveniente con la operatoria New York”, así como mencionó que hasta la dieron los datos de una persona que lo representaba en Estados Unidos, lo que certificó eran absolutamente falsos, como la promesa de Larsen que recibiría del Bank of América el recibo y la confirmación de una cuenta a su nombre en esa sede bancaria.

Por último, declaró una señora que vivió durante 25 años en Paris y en los EEUU, por ello contaba con cuentas bancarias en ambos países. Relató que confió en que la inversión era segura, ya que observó el logo de la AFIP en las oficinas de Viglione, lo que le dio confianza en que estaba ante una empresa seria.  Su inversión, a diferencia del resto de la victimas fue hecha en su totalidad mediante transferencias bancarias a cuentas indicadas por María Larsen y por Mariano Román. Así transfirió desde su cuenta en Francia a una cuenta en España, cuya titular es Lucia Natalia Miranda, hija de María Larsen, la suma de 4 mil euros, conforme había acordado. Su inversión continuó con una transferencia desde su cuenta en el Bank of América a la cuenta de María Larsen en el Uruguay por la suma de 15 mil dólares. Todas las constancias de estas transferencias fueron oportunamente acompañadas a la investigación por su abogado, Julio Razona. Además, aseguró que pudo recuperar 3.500 dólares y que al recibir estos billetes le llamó mucho la atención el olor a humedad de los mismos, como si hubiesen estado enterrados.

Actitud paternalista, micros radiales, figura pública, entre otras cuestiones fueron los artilugios de Daniel Viglione para llevar a cabo sus estafas. En la jornada de este jueves, hubo tres damnificados más que prestaron declaración en el juicio oral.

El primer damnificado en declarar, es quizás el último inversor en entregar dinero a Viglione, ya que a los pocos días éste huyó de Mar del Plata. La victima detalló que fue, en al menos cuatro oportunidades, a escuchar sus conferencias en el Hotel Primacy, así como también estaba al tanto de la participación del economista Cachanosky y al titular de Economy Weeks en presentaciones, tanto en esta ciudad como en Rosario.  Agregó que el acusado tenía “una actitud paternalista” con sus inversores. Nunca pudo recuperar los 50 mil dólares que le entregó.

El siguiente damnificado, quien junto a un amigo lograron depositar 10 mil dólares, el monto mínimo exigido para llevar a cabo una apertura de cuenta en el Bank of América de Nueva York. Este depósito fue recibido por Viglione, quien extrañamente lo firmó, ya que habitualmente conversaba con sus clientes, los confundía y no firmaba recibo formal alguno.  El testigo contó que quiso aprender algo de Forex, pero que era muy difícil, por eso mismo confió a alguien con experiencia en el tema. Pudo averiguar que Economy Weeks era una marca registrada, pero todo lo relacionado con el mercado financiero internacional “era un idioma que desconocía, chino básico”.  A preguntas del Dr. Julio Razona, manifestó que confió “porque era una figura pública, eso me daba confianza, ya que uno actúa de buena fe”.

Por último, declaró el socio del anterior, quien manifestó que Viglione, a quien conocía de escuchar sus micros de informes de mercado, en la radio KLA, le aseguraba que “sin prisa y sin pausa obtendría grandes ganancias”. Este docente de la ciudad de Balcarce había invertido en una oportunidad, habiendo podido retirar el capital, lo que le dio confianza para hacer una nueva inversión, sobre la que no pudo recuperar nada. Contó que advirtió que había sido estafado cuando quiso consultar la página web de Viglione para consultar el saldo de su cuenta, supuestamente en Estados Unidos y había desaparecido.