La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento de 42 personas acusadas de lavado de activos provenientes del narcotráfico y ordenó que la causa sea elevada a juicio oral ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, al hacer lugar al planteo del fiscal general subrogante Carlos Fioriti.

La resolución dejó sin efecto lo dispuesto en mayo de 2025 por el ex magistrado Martín Poderti, quien había considerado prescripta la acción penal al interpretar las maniobras como hechos independientes y aplicar una figura atenuada del delito.

El fallo de Casación, firmado por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, sostuvo en cambio que los hechos deben analizarse de manera integral, en tanto los imputados habrían actuado como parte de una organización criminal dedicada a operaciones continuadas de lavado.

La investigación tiene su origen en causas por narcotráfico en las que fueron condenados Juan Manuel Mariscal, a 7 años de prisión por transportar 165 kilos de cocaína, y Hugo “Coco” Esteban, quien recibió una pena de 13 años por intentar trasladar casi 3 toneladas de marihuana desde Misiones a Mar del Plata.

A partir de esos expedientes, se abrió una investigación paralela sobre el financiamiento de las operaciones. Un allanamiento permitió detectar un galpón con unos 30 vehículos -varios sin documentación- y vínculos entre los poseedores de esos bienes y los condenados por narcotráfico, lo que derivó en la hipótesis de lavado de activos.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, los imputados habrían conformado una estructura integrada por familiares y allegados que, entre 2011 y 2019, adquirió bienes con dinero de origen ilícito para luego introducirlos en el mercado mediante operaciones de compraventa, muchas veces utilizando documentación falsa o domicilios inexistentes.

El planteo fiscal sostiene que las maniobras deben ser consideradas en conjunto, ya que la reiteración de operaciones permitiría superar el umbral de 150 salarios mínimos previsto en el artículo 303 del Código Penal para configurar el delito de lavado con pena de prisión.

En esa línea, Fioriti afirmó que “las maniobras descriptas como lavado de activos no pueden ser valoradas de manera autónoma”, mientras que el fiscal general Raúl Omar Pleé advirtió que el fraccionamiento de los hechos llevó a una “irrazonable conclusión” sobre el monto total de las operaciones.

Además, la fiscalía argumentó que el lavado de activos constituye un delito permanente, cuya consumación se extiende en el tiempo hasta el cese de la actividad ilícita, por lo que la acción penal no se encontraría prescripta.

Al analizar el caso, Carbajo señaló que existió “un plan delictivo global, continuado y organizado”, y cuestionó que el fallo anterior se apartara de la base fáctica y de la letra de la ley. En tanto, Hornos destacó que el lavado es un delito que afecta no solo a individuos sino al orden socioeconómico y la confianza pública.

Finalmente, el tribunal concluyó que la resolución apelada no constituía un acto jurisdiccional válido, por lo que dispuso remitir el expediente para la realización del juicio oral, instancia en la que se debatirán las pruebas y la responsabilidad de los imputados.

Fuente: con información de Fiscales.gob.ar

El jury a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por su actuación en la causa por la muerte de Nora Dalmasso avanzó en su tercera audiencia en Buenos Aires, donde la querella cuestionó la falta de explicaciones por no haber solicitado una prueba de ADN clave hace 18 años.

Durante la jornada declaró Miguel Rohrer, conocido como “Michel” y apodado “el francés”, quien había sido mencionado por Marcelo Macarrón como una figura de interés por su vínculo con la víctima, aunque el empresario negó cualquier participación en el crimen.

En tanto, la defensa propuso como testigos al ex fiscal general Gustavo Vidal Lascano, quien declarará este lunes junto a Darío Vezzaro y Pablo Jávega, este último a cargo de la causa en su etapa final.

También prestarán testimonio Julio Rivero, fiscal de Cámara que absolvió a Marcelo Macarrón y solicitó que Nora Dalmasso sea considerada víctima de violencia de género, y la fiscal de Cámara de Río Cuarto, Rosario Fernández López.

Por su parte, la abogada Mariángeles Mussolini, defensora de Macarrón y actual querellante, sostuvo: “Veo como que siguen sin responder. Durante el inicio de la primera audiencia pregunté por qué no tomaron el positivo”.

En ese sentido, cuestionó que cuando se investigó al parquetista Roberto Bárzola no se haya realizado la prueba de ADN que, años después y con la causa prescripta, permitió vincularlo con el crimen. “Tomaron actitudes evasivas, discutieron y removieron cosas que no tienen nada que ver con este proceso”, afirmó.

Y agregó que “ninguno de los tres lo habrá respondido porque no lo solicitaron en tiempo y forma que es lo que hace que estemos luchando por la no prescripción de la causa”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

El juicio por el crimen de Martín Mora Negretti avanza en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2, donde este viernes se desarrollaron los alegatos. En esta instancia, el fiscal Leandro Arévalo y el particular damnificado, el abogado Martín Sarubbi, solicitaron la pena de prisión perpetua para Julio César Bibbó, a quien se acusa del asesinato.

El veredicto fue fijado para el próximo 13 de abril y, en ese contexto, el padre de la víctima, Luis Mora Negretti, expresó en declaraciones a El Marplatense su expectativa de que el Tribunal haga lugar a la pena solicitada: “Creemos que van a acceder a la cadena perpetua”.

“Las audiencias han sido muy fuertes, porque implican compartir y revivir un montón de cosas conmigo y con mi hijo, ver situaciones que me recuerdan el pasado. Pero sigo fuerte, sigo luchando”, agregó.

El tribunal encargado de dictar sentencia está integrado por los jueces Roberto Falcone, Alexis Simaz y Federico Wacker Schroder, quienes deberán resolver la responsabilidad penal del imputado en los próximos días. Se recuerda que la pareja de Bibbó, Marilyn Brisa Vera González, optó por ser juzgada bajo la modalidad de juicio por jurados, proceso que se llevará a cabo el mes próximo en una instancia separada.

El hecho ocurrió el 19 de junio de 2022 y tuvo como víctima a Mora Negretti, un joven marplatense de 30 años que residía en la Ciudad de Buenos Aires. Había regresado a Mar del Plata para celebrar su cumpleaños -que había sido el 18 de junio- y el Día del Padre junto a su familia.

Sin embargo, la madrugada del ataque, cerca de las 02:00, la celebración derivó en tragedia. La víctima se encontraba junto a su novia y una pareja amiga cuando se produjo una discusión con un grupo de jóvenes que arrojaban bolsas con hielo desde el balcón de un edificio.

El enfrentamiento verbal escaló rápidamente: Bibbó, Vera González y dos menores descendieron desde el departamento hasta la vía pública y se abalanzaron sobre el grupo con armas blancas. En ese contexto, Mora Negretti recibió al menos seis puñaladas.

Gravemente herido, fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos, donde finalmente falleció a causa de las lesiones. En tanto, uno de sus acompañantes sufrió heridas leves y fue dado de alta pocas horas después.

El juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona podría ser anulado este martes, en medio de una fuerte controversia judicial. El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro evaluará si suspende el proceso tras la aparición de un polémico documental que involucra a la jueza Julieta Makintach, quien presidía el tribunal y ya fue apartada.

La audiencia está prevista para las 10:30 y deberán presentarse los siete imputados por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro del fútbol: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico Pedro Di Spagna, la coordinadora médica Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y su jefe, Mariano Perroni.

El escándalo estalló luego de que se difundieran imágenes de Makintach participando en un documental producido por la cadena británica BBC y la productora Pegsa. En las grabaciones, la magistrada aparece caminando por los pasillos de Tribunales y discutiendo con abogados del caso, incluso dos días antes de que comience el juicio. También fue acusada de permitir el ingreso de personas no autorizadas a la sala, según el testimonio de una policía que prestaba servicio de custodia.

Tras las denuncias, Makintach fue removida de su cargo a pedido de la defensa de Luque. Ella misma se ofreció a apartarse si fuera necesario, aunque defendió su accionar: “Para denunciar a un juez, se necesitan motivos fundados”.

En caso de anularse el proceso, el juicio por la muerte del ídolo argentino recién podría reanudarse en 2026, según estimó el abogado Rodolfo Baqué, defensor de una de las auxiliares de enfermería.

La posible suspensión del juicio vuelve a poner en pausa la búsqueda de justicia por la muerte del exfutbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, y deja en vilo a familiares, fanáticos y a los propios acusados.

Fuente: Noticias Argentinas

A través de la Resolución General 5628, la ARCA -ex AFIP- decidió prorrogar hasta el 31 de julio el inicio de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares, pero solo para determinadas entidades sin fines lucro y no se renovó para el resto de MiPymes.

En ese sentido, para amortiguar el impacto de esta medida en las PYMES, la ARCA dictó también la Resolución General 5629 estableciendo un plan de pago, que "es mejor que caer en una ejecución fiscal”, según le dijo el contador público nacional, Marcelo Corbalán, a Los datos del día de Radio Mitre (FM 103.7). 

“Me puse hurguetear un poco más con la suspensión de ejecuciones fiscales, lo que quiere decir que la ARCA va a empezar a ejecutar la deuda que tiene. En 2023 no se hizo, en 2024 tampoco ni en la pandemia. Ahora arrancó, pero no había visto que publicaron un cronograma de ejecuciones. Por deuda de más de $20 millones empiezan a ejecutarse el 17 de febrero, por más de $7 millones el 17 de marzo y el resto, el 14 de abril”, explicó.

Entonces, añadió que “lo que uno debe tener en cuenta para no caer en una ejecución es lo que trae aparejada, porque no es que hacen el juicio para cobrarte, sino que trae un aumento de la tasa de interés, que la normal es del 7,26% y la de intereses punitorios -cuando empieza el juicio- se eleva al 8,38%”.

En este punto, Corbalán explicó que ello significa un “sobrecosto altísimo” y agregó: “La otra cuestión es que ese juicio tiene un costo del paquete total de un 20% de honorarios por el abogado del fisco. Y a su vez, se toman medidas precautorias, como embargar las cuentas. En una empresa que está en marcha, es un trastorno. Desde el punto de vista operativo para una PYME, una ejecución fiscal es una molestia importante, más allá del costo”.

De acuerdo al contador público nacional, para ello se debe “buscar algún plan de pago disponible”, donde en este caso existe uno “amplio” para deudas vencidas al 31 de diciembre del 2024. “Si tenés una deuda ahí, podés adherirte a este plan que tiene hasta 48 cuotas. No te perdonan nada, pero no tendrás embargos ni las medidas cautelares o los honorarios del abogado. Es un buen momento para usar ese plan de pago y evitar estos problemas”, subrayó.

Sobre la misma línea, aclaró que la ARCA tiene un menú con planes de pagos más cortos, por lo que recomendó que “cuando uno tiene un vencimiento debe ver cómo lo puede pagar porque si hay una forma de hacerlo con una financiación, es mejor que caer en una ejecución fiscal”.

“A veces uno no puede pagar, pero en la medida que se pueda evitar, que en la gran mayoría sí se puede, hay que hacerlo. Y por eso hay que planificar fiscalmente”, sentenció.

Continúa esta semana en San Nicolás el juicio que tiene en el banquillo de los acusados a Pablo Damián Grottini, sospechado de haber asesinado a su hija, a su madre, a su hermano y hasta a una perra en Ramallo. El debate comenzó la semana pasada y se realizaron ya cinco audiencias. Estas continuarán este martes, con testimonios propuestos por la defensa; hasta ahora solo se presentaron testigos de la acusación.

Damián Grottini está detenido desde el 26 de abril de 2022 en la Unidad Penal Nº 3 y está siendo juzgado en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 por las muertes de su hermano Germán, ocurrida en 2019; de su hija Luz Ailén, en 2021, y de su madre Teresita Di Martino, en 2022. Las sospechas giran en torno de que pudo haberles administrado algún fármaco para inducir a un estado confusional de descompensación para lograr que los internaran y luego, a través de la manipulación de sus sueros, insuflarles aire para matarlos, de acuerdo con el diario El Norte.

En la casa del acusado fueron secuestrados elementos que se incorporaron a la causa: una tablet y un teléfono celular que mostrarían historiales de búsqueda acerca de cómo matar con suero o el tiempo que demora una persona en morir bajo determinadas circunstancias, entre otras consultas para encontrar diferentes maneras de provocar la muerte. Es por ello que Grottini fue imputado por triple homicidio agravado por el vínculo.

En la primera semana de debate declararon unos cuarenta testigos. La mayoría de las personas citadas pertenecen al personal de salud del Hospital San Felipe, donde murieron Teresita y Luz Ailén, y de la Clínica San Nicolás, donde falleció Germán. Según recuerda El Norte, de las dos últimas muertes no hay pruebas físicas debido a que el cuerpo de Germán fue cremado y el estado de los restos de Luz Ailén, por el paso del tiempo, no permitieron establecerlas.

Grottini: los primeros testimonios

Todos los testimonios coincidieron en las circunstancias extrañas en las que se produjeron las muertes, remarcaron que nada hacía prever el desenlace fatal en los tres casos, las extrañas actitudes de Grottini durante las internaciones y la particular coloración azulada de los cuerpos desde el tórax hacia arriba que suele ser particular de las muertes por asfixia no mecánica y que se conoce como “síndrome del buzo”. Los profesionales dijeron haber propuesto la realización de autopsias, a las que Grottini o su madre no accedieron.

Los temas principales giraron alrededor del posible móvil económico tras las extrañas muertes. La codicia es la principal hipótesis fiscal, y sobre ese punto versaron muchos de los cuestionamientos: un seguro de vida, una casa, dos autos, una lancha, entre otras pertenencias, podrían ser el motivo del presunto triple crimen.

De los testimonios de la primera semana, surgió que Grottini es una persona muy católica, monaguillo de la iglesia del pueblo, buena persona y con una particular atracción por la muerte. De buen empleo como administrador de una estación de servicios, sin embargo, quería ser funebrero. De hecho, lo ratifican los relatos, pidió trabajo reiteradamente en la empresa fúnebre, incluso ofreciéndose a desempeñarse sin sueldo hasta que probaran sus capacidades. En el allanamiento en su casa, dentro del ropero los investigadores encontraron una suerte de altar con imágenes religiosas.

Fuente: DIB

Se adjuntó un nuevo informe médico en las últimas horas al nutrido expediente que investiga la muerte de Diego Maradona, que tiene fecha de juicio para el próximo 4 de junio en los tribunales de San Isidro. Se trata de una pericia realizada a pedido de la defensa de uno de los principales imputados, Leopoldo Luque, y que pone en duda la causa de muerte del astro consensuada por una junta médica y que llevó a los 8 acusados al banquillo. Los fiscales del caso cuestionaron la idoneidad del trabajo con dureza.

El nuevo documento que se incorporó al expediente señala que el ex capitán de la Selección murió por un “paro cardiorrespiratorio secundario a edema agudo de pulmón producido por insuficiencia ventricular izquierda agusane, un cuadro agónico de corta duración, siendo estimado en minutos o a lo sumo en pocas horas”.

“La versión del perito severamente cuestionado por la Fiscalía, como ya había adelantado en este proceso, y en otros, como el de Alejandro Cohn, en el que el mismo perito dijo que no había mala praxis de ninguno de los médicos; viene a contradecir la labor de 21 expertos que durante tres meses examinaron todas las constancias de la causa al realizar la junta médica interdisciplinaria”, se quejaron los instructores de la causa Maradona, Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra, en un texto al que accedió Infobae.

El informe fue pedido por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro que va a realizar el juicio, a solicitud de la defensa de Luque y en el marco de lo que se conoce como instrucción penal secundaria. Es decir, las últimas pruebas antes del juicio.

Muchos de los abogados defensores, tomaron este documento como una buena señal porque, según interpretaron, los beneficia porque “les saca responsabilidad”, ya que la muerte no se produjo, según este informe, por una “descuido” o por “falta de atención”.

Sin embargo, desde la parte acusadora cuestionaron el documento porque está confeccionado por “un médico cuya especialidad no es la cardiología”. Se trata de Pablo Ferrari, experto oficial de la Suprema Corte Bonaerense en la asesoría pericial de San Isidro. Lo escrito allí se contrapone con lo expuesto por la junta médica, que analizo la causa durante cuatro meses hasta llegar a las conclusiones finales. Este informe se elaboró en poco más de 72 horas.

En sus conclusiones, Ferrari asegura que en cuanto a las causas del paro respiratorio agudo, no puede descartarse “la presencia de un tóxico ajeno a las drogas indicadas terapéuticamente”.

En contrapartida, la Fiscalía sacó un comunicado donde se queja de la entidad del nuevo informe: “Desde el Ministerio Público Fiscal señalan que no existe ningún giro en la causa, ni nada que se parezca”. Y agregaron que, además de que “inexplicablemente lo hizo un perito en soledad en 72 horas -en un día hábil y durante un fin de semana-... su informe aparece absolutamente carente de fundamentos lógicos y basado en análisis de sólo un mínimo segmento de pruebas que ofreció la defensa de Luque, y no de toda la prueba reunida en la causa en casi cuatro años; y a espaldas de las evidencias y cuestionamientos señalados por la Fiscalía”.

Para continuar: “Además de extralimitarse el perito, ya que sólo debía decir si los puntos que pidió Luque estaban respondidos en la pericia anterior; no hace otra cosa que arrojar dudas sobre elementos no controvertidos bajo un formato de potencialidad de asuntos sin sustento”.

Y cierran, concluyendo: “La versión de este perito, cuya especialidad no es la cardiología, va a ser cuestionada por los fiscales en el propio juicio y con las acciones legales que entiendan pertinentes contra aquel supuesto experto”.

La junta médica, entre peritos oficiales y de parte, más especialistas designados por las defensas, deliberó durante dos meses por Zoom cada lunes y jueves, conectados entre sí en un grupo de WhatsApp. Aseguraron que, efectivamente, los remedios eran correctos, pero que sus combinaciones podían traer efectos adversos directamente relacionados con el corazón de Diego. Encontraron que esas interacciones entre pastillas y alcohol podrían haber dañado gravemente a Maradona e incluso costarle la vida.

Sus conclusiones: “A pesar de que por separado los psicofármacos indicados pudieran no tener una interacción directa y marcada con bebidas alcohólicas, la acción conjunta de los mismos, en un paciente complejo con una triple afección (cardíaca-hepática-renal), puede producir estados de sedación intensos, confusión, posibles descontroles conductuales severos, disminución de la capacidad motora, alteraciones en el ritmo cardíaco y la presión arterial. Teniendo en cuenta la farmacodinamia y farmacocinética de los fármacos y el etanol, el suministro conjunto (no necesariamente en el mismo momento, sino durante el mismo día) está contraindicado”.

Los ocho profesionales de la salud imputados por la muerte de Maradona están acusados por el delito de homicidio con dolo eventual, que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Se trata del neurocirujano Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, Nancy Edith Forlini, los enfermeros Gisella Dahiana Madrid y Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.

Los fiscales consideran que los ocho acusados que se sentarán en el banquillo tuvieron algún grado de participación en la supuesta “internación domiciliaria” de Maradona en la casa de Tigre, donde falleció el 25 de noviembre de 2020.

Entre las pruebas, hay cerca de 130 mil audios que involucran a muchos de los imputados y que refieren desde la etapa en la que Maradona estaba con vida hasta que murió por causas que, según la Justicia, se podrían haber evitado.

Maradona falleció a los 60 años: la autopsia realizada en la morgue de San Fernando determinó que su deceso se produjo como consecuencia de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”. Y también se descubrió que tenía una “miocardiopatía dilatada”.

Los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar continuarán en esta semana con la culminación del alegato de la Fiscalía en el juicio "La Cueva III", en el cual está acusado Salvador Ullúa, junto a otros represores.

Ullúa también es juzgado como partícipe necesario en su rol de civil de inteligencia en la causa "CNU" (Concentración Nacional Universitaria), organización a la que se le atribuyen crímenes y delitos cometidos antes del golpe de Estado de 1976.

Este lunes proseguirá, también en Mar del Plata, el segundo juicio por delitos cometidos en la denominada Subzona 15, que abarcó las localidades de General Pueyrredón, General Lavalle, General Madariaga, Mar Chiquita, Balcarce, General Alvarado, Lobería, Necochea y San Cayetano, donde funcionaron cuatro centros clandestinos: "Cueva 2", "Base 5" y "Subzona" y "Base Naval".

Además, seguirá el proceso a cinco militares retirados por los denominados "vuelos de la muerte", realizados en aviones que trasladaron desde Campo de Mayo a militantes que luego fueron arrojados desde el aire a las aguas del Río de la Plata.

Continuará también el juicio por violación, abusos sexuales y psicológicos padecidos por tres mujeres que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención ilegal que funcionó en la ESMA, durante los años del terrorismo de Estado.

El martes, en tanto, continuarán las declaraciones testimoniales en el juicio por los delitos cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, que incluye a 442 víctimas, entre ellas 18 embarazadas y muchos de sus compañeros, y siete niños/as nacidos/as en cautiverio.

También el martes, continuarán las indagatorias en el juicio contra Raúl Antonio Guglielminetti, agente Civil de Inteligencia del Ejército, y Juan Alfredo Etchebarne, ex presidente de la Comisión Nacional de Valores-CNV, por la privación ilegítima de la libertad de 28 empresarios industriales vinculados a los grupos económicos Chavanne (Banco de Hurlingham) y Grassi (Industria Siderúrgica Grassi).

El miércoles continuará en Neuquén el juicio "Escuelita VII", que juzga a 14 policías y militares retirados y al ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 20 personas, entre abril y junio de 1976.

Y en los tribunales de San Martín, seguirá el debate de la megacausa de Campo de Mayo, en la que se investigan crímenes perpetrados entre 1976 y 1978 en perjuicio de 323 víctimas que fueron secuestradas en el área represiva denominada como Zona de Defensa IV.

En los quince años que pasaron desde la Tragedia de Cromañón, la responsabilidad del Estado estuvo presente en los cuatro juicios que se llevaron adelante. En tres de ellos fueron condenados desde funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta bomberos e inspectores. Los ejes centrales fueron las coimas y la omisión de los deberes de funcionario público.

El 30 de diciembre de 2004, cerca de las 22:50, Callejeros comenzó a tocar su primer tema. Minutos antes, el gerenciador del lugar Omar Chabán les había pedido a las personas que estaban allí que no tiraran bengalas, algo que para ese momento era más que habitual en los recitales de rock.

Durante esa primera canción, una “candela” impactó contra la media sombra que recubría el techo del local y se incendió rápidamente. La banda dejó de tocar y la luz se cortó automáticamente. Un humo denso y oscuro invadió todo el lugar y generó que las más de 4500 personas que estaba allí adentro quisieran salir. El pánico y la desesperación para lograrlo, sumado a que el lugar ni siquiera contaba con una salida de emergencia habilitada, llevó a que las y los jóvenes se amontonaran en las cercanías de la única puerta de acceso.

194 personas murieron como consecuencia de lo ocurrido esa noche y más de 1400 sufrieron heridas que las dañaron de manera física y psíquica.

“Al estar el establecimiento colmado de gente, en cantidad excesivamente superior a la permitida, y con sus salidas en parte obstruidas y en algún caso ‘clausurada’, y tomando en consideración que al instante de iniciarse el incendio se cortó la luz de la parte interior del local, denotan el peligro al que se vieron expuestas las personas”, estableció en uno de sus fallos el Tribunal Oral en lo Criminal N°24.

El juicio “Bomberos”

El 27 de diciembre de 2007, los jueces Marcelo Alvero, María Cecilia Maiza y Raúl Horacio Llanos condenaron a tres integrantes de la Superintendencia de Bomberos por recibir coimas por parte de dos empresarios. La causa fue un desprendimiento del expediente principal que investigaba la tragedia. En una declaración indagatoria, la subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fizsbin (que luego terminaría condenada también) aseguró que los bomberos cobraban coimas para habilitar boliches.

De acuerdo a un informe citado en el fallo condenatorio, para junio de 2003 alrededor de un 70% de los locales de baile de la Ciudad no poseía instalaciones contra incendios y un 20% nunca había actualizado el certificado que otorgaba la Superintendencia de Bomberos.

En la condena se indicó que los empresarios Rubén Fuertes y Luis Alberto Perucca le otorgaban ciertas sumas de dinero a Alberto Corbellini (jefe de la división de Prevención de Incendios de Bomberos de la Policía Federal), a Marcelo Nodar y a Marcelo Fabián Esmok. A cambio se aseguraban la obtención del certificado de la Superintendencia Federal de Bomberos, además de la tramitación “más ágil y cómoda para sus intereses, evitando el cumplimiento de las formalidades que eran regla de acuerdo al instructivo de la División Prevención”.

Corbellini y Nodar fueron condenados a cuatro años de prisión por cohecho pasivo mientras que a Esmok le dieron una pena de dos años y seis meses de prisión. A los tres le fijaron una inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos. Tanto Nodar como Corbellini ya cumplieron con su pena.

Funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

En diciembre de 2004, Fabiana Fiszbin estaba a cargo de la Subsecretaría de Control Comunal mientras que Gustavo Juan Torres ocupaba la Dirección General de Fiscalización y Control. La Dirección General Adjunta estaba a cargo de Ana María Fernández. Los tres, junto con el por entonces subcomisario Carlos Rubén Díaz, fueron juzgados en el debate donde estaban como imputados también Omar Chabán y los músicos de Callejeros.

El Tribunal consideró en ese fallo que Fiszbin “debía ejercer, controlar y coordinar el poder de policía en materia de salubridad, seguridad e higiene en el ejido de la Ciudad de Buenos Aires”. Fernández, por su parte, tenía como responsabilidad ejercer el poder de policía en materia de habilitaciones y permisos. “Ambas imputadas tenían un deber de control y lo incumplieron notablemente”, marcaron los jueces. Torres fue absuelto en ese juicio. Cuando la causa llegó a Casación, los magistrados Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Mariano Borinsky lo incluyeron como responsable.

“Resulta indiscutible que Fiszbin, Torres y Fernández eran, desde la órbita de la administración pública, los responsables de evitar que, a raíz de las extensas irregularidades e incumplimientos en materia de seguridad, se desencadenara un hecho como el que aquí ocurrió. Y no lo hicieron, ya que en ningún momento se ocuparon de inspeccionar el local ‘Cromañón’, lo que por supuesto podían y debían realizar de oficio ya que sus funciones así lo indicaban, pero ni siquiera se ocuparon de hacerlo luego de la denuncia efectuada por el Defensor del Pueblo Adjunto, Atilio Alimena, que motivó la formación de la actuación nro. 631 en el área de la Secretaría”, sostuvo Casación. Así, le fijaron a Fiszbin una condena de 4 años, a Torres 3 años y 9 meses y a Fernández, 3 años y 6 meses.

Cuando la sala de Casación integrada por Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Pedro David revisaron el fallo de sus colegas, le fijaron finalmente una pena de 2 años y 10 meses a Fernández.

Con respecto al subcomisario Díaz, la pena que tuvo que cumplir por su responsabilidad en el incendio fue de ocho años de prisión. “Bastaba una sola orden del Subcomisario Díaz para que se activen los mecanismos institucionales para proceder a la clausura de “República Cromañon”. Sin embargo, guiado por el cobro de sobornos omitió denunciar el local y permitió que siguiera funcionando durante varios meses”, marcaron en el Máximo Tribunal penal.

Tanto en el juicio a los bomberos como en el principal, el Ministerio Público Fiscal estuvo representando por el fiscal Jorge López Lecube. Por la complejidad del caso donde se juzgaban a los músicos, a Chabán y a los funcionarios, el por entonces procurador general de la Nación, Esteban Righi, designó en carácter de coadyuvantes a los fiscales Alejandra Perroud y Fabián Céliz.

El inspector

“Falsedad ideológica en documento público en concurso ideal con cohecho” fue el delito por el que condenaron al inspector del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Roberto Calderini, en el que fue el último de los juicios relacionados con la Tragedia de Cromañón.

En 1997, Calderini aprobó la habilitación del local donde luego funcionaría el boliche “Cromañon”, a pesar de que tres meses antes había destacado varias irregularidades que no fueron corregidas en el inmueble. En ese momento, cuando se inspeccionó el local, la superficie era mucho mayor que la declarada, faltaban salidas de emergencias y había puertas que se conectaban con otros inmuebles, pese a que esto estaba prohibido para los locales de baile “clase c”. Tanto el fiscal de juicio Fabián Céliz como el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 marcaron en abril de 2016 que las deficiencias en los controles en 1997 se ven volcadas en el 2004, aunque aclararon que no podían endilgarle una responsabilidad directa en lo ocurrido.

La situación de Aníbal Ibarra

La jueza María Angélica Crotto sobreseyó al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por considerar, en agosto de 2006, que los hechos que se le imputaban no eran delictivos. En esa resolución, había marcado que dentro de las funciones que Ibarra tenía no estaba la de controlar de forma personal el funcionamiento de los locales bailables. Un mes después, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional coincidió con esa argumentación.

En septiembre de 2007, la Cámara de Casación compartió ese criterio. Luego, se investigó su posible responsabilidad en un accionar negligente en el rescate y atención a las víctimas. Tres años después, esa posibilidad se diluyó: “los funcionarios actuaron en la medida de las posibilidades que las características de la tragedia les permitió” sostuvo Casación.

Al término de la feria judicial de enero se encuentra previsto el inicio y la reanudación de múltiples juicios, en diversas jurisdicciones del país, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Asimismo, se espera también que distintos debates concluyan o entren en su etapa final el próximo año: es decir, que recaiga sentencia o se desarrollen los alegatos de las partes.

El cronograma completo y de permanente actualización, elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, se encuentra disponible. Un repaso de los juicios en desarrollo y con fecha de inicio fijada de los casos en Mar del Plata.

Subzona 15

Intervienen el fiscal Juan Pablo Curi y la auxiliar fiscal Eugenia Montero. El 6 de febrero del 2020 comenzará a alegar el MPF. Es la fase final de un juicio que se va a extender por casi o más de dos años, ya que empezó en abril de 2018. Se juzga a 43 miembros de las tres Fuerzas Armadas, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, por hechos cometidos en centros clandestinos de detención en la Subzona 15, en perjuicio de 272 víctimas.

CNU 2

Los integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) Eduardo Salvador Ullúa y Oscar Héctor Corres están acusados de integrar la asociación ilícita junto a los otros siete miembros condenados en diciembre de 2016 con el objetivo de cometer una serie de ilícitos en la previa del Golpe cívico militar de 1976; están siendo juzgados desde septiembre de 2019. A Corres se le imputa también ocho homicidios. Se los señala por la persecución hacia militantes de organizaciones políticas que mantenían diferencias con la agrupación de derecha a la que pertenecían. Interviene el fiscal Pablo Ouviña. Se retomarán las testimoniales el 10 y 19 de febrero, en lo que será el tramo final del juicio.

Debates orales con fecha de inicio fijada

Cueva 3

Intervienen en representación del Ministerio Público Fiscal el fiscal general Daniel Adler junto a los auxiliares fiscales Eugenia Montero y Julio Darmandrail. Es el tercer tramo en el cual se juzgan los delitos perpetrados en Cueva, el CCD de detención que funcionó en la antigua Base Aérea de Mar del Plata. Estará acusado allí también Ullúa, entre otros represores, que está siendo juzgado ahora en CNU, por ser partícipe necesario en su rol - no institucionalizado- de civil de inteligencia.

El juez del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Tassara murió luego de haber sido internado producto de una operación de triple by-pass. Tassara era uno de los magistrados que iba a juzgar a la ex presidente Cristina Kirchner en los juicios por las presuntas irregularidades por la obra pública y por la firma del memorándum de entendimiento con Irán.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Tassara falleció mientras estaba de licencia por una operación de corazón a la que fue sometido el 19 de febrero. Luego de la intervención, debió ser internado nuevamente.

Tassara integraba el Tribunal Oral Federal 2 desde la década del 90. Lo hacía junto con Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uribiru. Juntos iban a comenzar el 21 de mayo próximo el juicio oral a Cristina Kirchner y otros acusados por la obra pública concedida a Lázaro Báez para Santa Cruz.

Su Tribunal había recibido a medidos de febrero el certificado de calidad del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). Tassara también iba a ser uno de los jueces que iba a juzgar a la ex mandataria por la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Para ese caso integraba el Tribunal Oral Federal 8 en un caso que todavía no tiene fecha de inicio.

De bajo perfil, respetado y querido entre sus colegas, Tassara había condenado a Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi en el primer juicio oral por la tragedia de Once; también a la ex ministra de Economía Felisa Miceli por el dinero hallado en el baño de su despacho; y juzgó varios casos de delitos de lesa humanidad.

Para el juicio de la obra pública ya había designado un cuarto juez –Andrés Basso– que ahora será titular y se deberá designar a su reemplazante. En el caso del memorándum de entendimiento con Irán se deberá sortear al reemplazar de Tassara.

Tal como ocurrió en el 2018, el nuevo año que ya comienza a vivir Mar del Plata promete concederle un amplio protagonismo a los juicios que se desenvolverán en los próximos meses en los tribunales ubicados en Brown y Tucumán.

Con polémica o no, lo cierto es que los veredictos que se desprenderán de debates como el que deberá afrontar Federico Sasso, el joven que atropelló y mató en la costa a Lucía Bernaola, o Daniel Viglione, el analista económico acusado de múltiples estafas, tendrán fuerte impacto y repercusión en la sociedad marplatense.

En este informe, El Marplatense hace un repaso de los juicios más trascendentes y con fecha de inicio confirmada por las autoridades para el transcurso de este 2019.

CASO LUCÍA BERNAOLA: 11 DE MARZO

El 3 de mayo pasado, la Justicia marplatense acordó la fecha de la primera jornada del juicio que centrará todas las miradas en Federico Sasso, quien en la madrugada del 4 de junio conducía en Alberti y la Costa el vehículo que terminó con la vida de Lucía y que también provocó heridas a otras ocho personas.

Las autoridades pactaron el puntapié inicial del debate tras corroborar la disponibilidad de las distintas partes involucradas en el juicio. En principio, se prevé que haya audiencias durante siete jornadas, en las que el Tribunal que intervendrá deberá analizar la prueba correspondiente que se presente para dictaminar la sentencia.

Sasso llega a esta instancia imputado por el delito de “homicidio culposo agravado y lesiones”. En el transcurso de la investigación, se impulsó otra pesquisa paralela, a partir de las denuncias de la madre de la menor, Verónica Borelli, por preguntas irregularidades en la comisaría de Balcarce, donde se alojaba el acusado. En noviembre, la mamá aseguró que Sasso hacía salidas “esporádicas”, bajo la autorización de las autoridades policiales que estaban a cargo de esa dependencia.

CASO VIGLIONE: 20 DE MAYO

El Juzgado Correcional N°2 de Mar del Plata informó el 6 de septiembre pasado la fecha en la que será enjuiciado el asesor económico junto con María Larsen, quien, según la investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos, era su presunta socia.

En este caso, se espera un debate oral "muy extenso". Las audiencias se extenderían, en principio, hasta fines del mes de junio, debido a la gran cantidad de personas que serían citadas a declarar, según habían explicado fuentes consultadas por este medio.

En la causa por la que llegan a juicio oral Viglione y Larsen se contempla un total de 87 hechos denunciados por las personas que resultaron víctimas de las maniobras fraudulentas, quienes habían solicitado asesoramiento para invertir en mercados extranjeros.

El presunto analista en mercados internacionales cayó detenido a principios de noviembre de 2016 cuando se hospedaba en un hotel de Mendoza, después de haber permanecido durante varios días como prófugo de la Justicia.

CASO SCHWARTZ

El 1 de marzo, el Tribunal de Casación Penal N°1 revocó la sentencia que había absuelto a la ex docente Analía Schwartz, involucrada en múltiples casos de abuso sexual infantil y corrupción de menores. La resolución, sin embargo, fue más allá: ordenó volver al punto cero para que la maestra del jardín de infantes “Maminas” y el Instituto San Antonio María Gianelli se someta nuevamente a un debate oral.

Si bien esta medida fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, la abogada Patricia Perelló hizo una apelación a la Corte nacional y resta conocerse en los próximos meses si se mantiene firme el dictamen del máximo tribunal de Justicia bonaerense. De confirmarse, también resta conocerse la decisión de las autoridades para que definan la realización del debate oral en transcurso de este año.

Para ello, la Justicia debe designar nuevos jueces, y las distintas partes se retrotraerán a las instancias anteriores, con el ofrecimiento de prueba correspondiente, y los testimonios de las personas involucradas en los supuestos casos de abuso y del entorno de los establecimientos educativos.

El 16 de mayo de 2017, el Tribunal Oral N°1 decidió absolver por “unanimidad” a la docente de música al encontrarla inocente. Los abogados que defienden a las familias de las presuntas víctimas habían señalado que este veredicto caía en el “absurdo y la arbitrariedad”.

En el debate, el fiscal Fernando Castro había elevado a los jueces una solicitud de pena de 24 años, mientras que las dos querellas, representadas por César Sivo y Romina Merino y los abogados Eduardo Toscano, Martín Bernat y Cristian Prada, coincidieron en requerir una condena de 28 años.

Los hechos denunciados habrían sucedido entre marzo y diciembre de 2012 en jardín de infantes “Maminas” y entre marzo y septiembre de 2013 en el Instituto San Antonio María Gianelli, hechos calificados como corrupción de menores, agravado por ser cometidos por persona encargada de la educación; y abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser cometido por persona encargada de la educación en concurso real”.

CASO PULTI

En el cierre de año, la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones emitió un fallo de alto impacto para Mar del Plata: ratificó que el ex Intendente Gustavo Pulti junto a su secretario de Hacienda, Daniel Pérez, deben ir a juicio oral por la causa en la que se lo investigó por el delito de "malversación de caudales públicos".

De esta manera, se dio lugar a la resolución del Juzgado de Garantías N°2, a cargo del juez Saúl Roberto Errandonea, y se desestima el recurso de apelación por parte de la defensa del ex jefe comunal. A su vez, se descartó la calificación de “incumplimientos de deberes de funcionario público”, como también las presuntas irregularidades en tres ediciones de las Expo Industria, según lo que pudo confirmar El Marplatense.

Los magistrados entendieron que el accionar “indebido” de los funcionarios fue el desvío de 35 millones de pesos correspondiente de “aportes de terceros”. Es decir, que se administraron fondos que no les correspondía utilizar al Ejecutivo, como aportes provenientes a prepagas, uno de los principales ejemplos, que precipitó cortes transitorios en la prestación de muchos empleados, en 2015.

Con el respaldo de la Cámara de Apelaciones ya confirmado, lo que resta definirse en los primeros meses de 2019 es la fecha de realización del juicio, en el que se definirá la culpabilidad o no del principal referente de Acción Marplatense.