La Unión del Comercio, la industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP), en conjunto con las Cámaras Hotelera y Gastronómica de Mar del Plata, expresó su “preocupación” ante la media sanción que dio la Cámara de Diputados provinciales al proyecto de ley que modifica la fórmula para establecer las indemnizaciones laborales.

En un texto que lleva la adhesión de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y afines de la Costa de Mar del Plata, la Cámara de la Recreación, la Cámara Textil de Mar del Plata, la Cámara de Permisionarios del Nuevo Centro Comercial del Puerto de Mar del Plata y Centro de Constructores y Anexos piden que se revea la decisión legislativa y se invita a una Mesa de Diálogo para intentar resolver el conflicto.

De la misma manera que se habían expresado anteriormente desde la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios (CAMECO), las diversas instituciones señalan que la modificación realizada por los legisladores y fallos de la Suprema Corte de Justicia bonaerense hacen “impagables” las indemnizaciones a las que llegan los trabajadores y atenta contra el desarrollo de las pymes.

Se recuerda que se trata de una modificación de la forma en que se calculan los intereses en las sentencias por juicios laborales, a través de la modificación del artículo 48 de la ley 11.653 de Procedimiento Laboral. El proyecto establece que el monto indemnizatorio por el que se condene al empleador se deberá actualizar según el CER + 6% anual. El cálculo de tiempo se deberá computar desde la fecha de cese de la relación laboral hasta el efectivo pago de la indemnización correspondiente.

El sistema de actualización, que ya se ha utilizado en los juicios laborales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha conllevado a un resultado “manifiestamente desproporcionado que prescinde de la realidad económica de las empresas demandadas” señalaron desde UCIP.

El Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) implica una indexación basada en el índice de precios al consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y contiene en su fórmula de capitalización diaria, con lo cual contraría la legislación vigente en cuanto a la prohibición del Artículo 770 del Código Civil y también de los artículos 7 y 10 de la ley 23.928.

Desde UCIP advirtieron a través de un comunicado que la naturaleza del CER “fue como índice en lugar de tasa propiamente dicha, cuyo origen incluyó la conversión forzosa de depósitos bancarios en moneda extranjera a pesos. Es decir, que se interpreta erróneamente considerar que la simple regulación por parte del Banco Central convierte esta herramienta financiera en una ‘tasa’, y aún más, en una tasa adecuada para la actualización de créditos laborales”.

Para la cámara empresarial la aplicación de la tasa de actualización prevista en la reforma “no sólo es un fracaso en encontrar una solución a la problemática original y derivada (depreciación de los créditos laborales) sino que continúa generando un resultado desproporcionado y de significativo impacto para las empresas comprometiéndolas a su cierre y/o reducción”.

Ante esto, pidieron que “el parámetro de la tasa debe ser modificado concretamente por uno que se encuentre dentro del sistema bancario y sin una actualización extra, ya que la misma se encuentra incluida en la misma tasa”. Por eso, UCIP pidió a los senadores provinciales una mesa de diálogo “urgente” para evitar esta modificación legislativa que “traerá graves consecuencias para las PYME locales”.

Además, expresaron “muchísima preocupación” por el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia conocido como Barrios, cuyo criterio sienta un precedente de actualización de CER+6% al igual que lo que hoy se intenta legislar. “Por lo que solicitamos a los miembros de la Suprema Corte de Justicia revean este criterio tan perjudicial a las pymes y a la creación de empleo y que beneficia a la expansión de la industria del juicio”.

A través de un documento emitido desde la Comisión Directiva, la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios (CAMECO) expresó su preocupación por el incremento de entre 5 y 7 veces, de un día para el otro, de los montos de las sentencias libradas por los Tribunales de instancia única de la ciudad de Mar del Plata para los juicios laborales. Al respecto, señalan que "se trata de sentencias impagables para empresas de todo tamaño y volumen.

CAMECO explicó que "esto sucedió a partir de que los Tribunales han comenzado a aplicar nuevos criterios para la actualización de los créditos laborales, ya sea el RIPTE + 6% anual o el IPC".

"El resultado de esta decisión ha generado sentencias no sólo impagables, incluso para grandes empresas, sino un cambio de reglas en medio de procesos que se encontraban tramitando, donde los valores de los juicios se han multiplicado entre cinco y siete veces, literalmente de un día para otro", resaltaron desde la Comisión Directiva de la entidad marplatense.

¿Qué es lo que origina esta situación? El pasado 18 de abril del 2024, en el ya ampliamente conocido expediente “Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios" la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires declaró la inconstitucionalidad sobrevenida del artículo 7 de la Ley 23.928 (texto según Ley 25.561), en cuanto prohíbe la actualización monetaria o la indexación de créditos para las obligaciones dinerarias. Asimismo, sentó los criterios para la determinación de las deudas de valor, como así también dispuso una serie de directrices para delimitar el alcance de la indexación.

"A fines de otorgar una justo dimensión a la gravedad de la situación, debemos destacar que en las últimas horas han sido dictadas sentencias superiores a los 200 millones de pesos de capital y casi 70 millones de honorarios de abogados", resaltaron y remarcaron que "Quien considere que una PYME pueda siquiera acercarse a estos montos, vive en una realidad inexistente".

Este nuevo escenario viene a dar otro golpe al motor productivo marplatense, tal y como son las PYMES, quienes ya de por sí deben luchar con la crisis económica y la recesión que se encuentra atravesando nuestro país.

Finalmente consideraron que "el único resultado de estos decisorios no sólo serán sentencias impagables, innumerable cantidad de concursos preventivos, quiebras y cierres de pymes locales, sino aún una mayor crisis económica, menor oferta de empleo y reducción de los puestos de trabajo de nuestra ciudad, por lo que consideramos urgente que se revean estas decisiones, las cuales sin lugar a dudas representan una sentencia de muerte para las PYMES locales".