La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, por lo que continuará detenido en el penal de Ezeiza, donde cumple condena por la causa de la tragedia ferroviaria de Once.

La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos de los jueces Guillermo Yacobucci y Javier Carbajo, mientras que Mariano Borinsky se pronunció a favor de conceder el beneficio solicitado por el ex funcionario kirchnerista.

Los abogados defensores, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, habían fundamentado el pedido en que De Vido supera los 70 años, límite previsto por la ley para acceder a la prisión domiciliaria, y en la existencia de diversos problemas de salud.

En su presentación, los letrados señalaron que el ex ministro padece enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y afecciones cardíacas, y sostuvieron que en el establecimiento penitenciario no se le suministraban adecuadamente medicamentos esenciales, como la insulina, ni una dieta acorde a sus necesidades médicas.

Sin embargo, los jueces que conformaron la mayoría recordaron que el solo hecho de haber superado los 70 años no otorga de manera automática el derecho a la prisión domiciliaria y que, para concederla, debe acreditarse que la detención implica un riesgo concreto para la vida o la salud del condenado, extremo que consideraron no probado por la defensa.

De Vido permanece detenido desde el 13 de noviembre pasado, cuando se presentó en los tribunales de Comodoro Py para comenzar a cumplir la condena que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme por la tragedia de Once, ocurrida el 12 de febrero de 2012.

En aquel episodio, un tren de la línea Sarmiento no logró frenar al arribar a la estación cabecera y chocó contra el andén, provocando la muerte de 51 personas. El ex ministro cumplió 76 años mientras se encuentra alojado en la cárcel de Ezeiza y sostiene que su edad y su cuadro de salud justifican el otorgamiento del arresto domiciliario.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

El ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido se presentó este jueves pasadas las 8.15 en los tribunales de Comodoro Py para cumplir la pena a cuatro años de prisión por la Tragedia de Once que causó la muerte de 51 personas, después de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia del Tribunal Oral Federal 4 por esa causa.

En tanto, el TOF 4 rechazó además el pedido que había formulado la defensa de De Vido de prisión domiciliaria para que el ex funcionario no tuviera que presentarse mañana.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por “inadmisibles”, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la defensa de De Vido contra la sentencia que le impuso la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas.

En 2018, el Tribunal Oral Federal N° 4 había condenado al ex ministro al considerar que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA). Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado a las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos.

Según el fallo del TOF 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, el Ministerio de Planificación no controló el destino del dinero a pesar de los informes públicos que advertían sobre el mal funcionamiento del servicio ferroviario de la línea Sarmiento.

La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado la condena y la defensa recurrió ante la Corte Suprema. En 2024, el máximo tribunal confirmó la responsabilidad penal de De Vido por defraudación, aunque ordenó revisar el monto de la pena, que finalmente fue fijada en cuatro años de prisión.

Con el rechazo a los planteos de las partes, la Corte Suprema dejó firme la condena, desestimando el último intento de la defensa que buscaba la prescripción de la causa.

Fuente: NA

En el marco de la causa que investiga el financiamiento estatal de la novela Mamá Corazón, la fiscal Fabiana León solicitó una pena de 3 años y 6 meses de prisión para la actriz Andrea del Boca, a quien señaló como partícipe necesaria en una maniobra de administración fraudulenta. 

La funcionaria también reclamó 4 años y 6 meses de prisión para el exministro Julio De Vido, junto con penas que oscilan entre 4 y 4 años y 3 meses para el resto de los acusados. Como parte del pedido, la fiscalía incluyó el decomiso de bienes y la devolución conjunta de casi 25 millones de pesos al Estado. 

Según sostuvo León, se trató de un hecho de corrupción que dañó no solo las arcas públicas, sino también la confianza de la ciudadanía. El juicio oral, iniciado en marzo, continuará el próximo 28 de agosto con los alegatos de las defensas.

El ex funcionario kirchnerista Julio De Vido pidió  ser excarcelado ante distintos tribunales que procesan causas en su contra, tras la publicación en el Boletín Oficial este martes de la resolución que pone límites a las prisiones preventivas. Asegura que no existen riesgos procesales que impidan su libertad.

Esta mañana, la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal ordenó la entrada en vigencia los artículos del nuevo Código que limitan la aplicación de prisiones preventivas por parte de los jueces. Aunque cada magistrado analizará sus expedientes, sólo podrán detener a sus acusados cuando se hayan agotado otras nueve medidas previas.

Como explicó Clarín, esta decisión se implementará en todos los tribunales de la Justicia Nacional Penal, así como en las causas iniciadas en las jurisdicciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Ante estas modificaciones, el primero en utilizar dichos argumentos para exigir su excarcelación fue Julio De Vido, quien a través de su abogado, Maximiliano Rusconi, planteó en un extenso escrito se le debe conceder la libertad "por ausencia de riesgos procesales".

El ex ministro de Planificación Federal se encuentra detenido desde noviembre de 2017, en la causa por supuesta administración fraudulenta y malversación de 176 millones de pesos que debían dirigirse a la mina de carbón de Río Turbio.

Este expediente ya fue elevado a juicio oral y quedó radicado en el TOF 1, por eso uno de los pedidos de Rusconi fue presentado allí, justificado bajo "la nueva normativa procesal" que entrará en vigencia el viernes. En tanto, el TOF 7 que tiene la causa cuadernos también recibió un escrito de contenido similar. Sobre este requerimiento ya se expidió la fiscal Fabiana León, quien entendió que esa queja "es atendible", pudo saber Clarín de fuentes judiciales.

Según los nuevos límites, y al margen de que le concedan el pedido de excarcelación presentado este martes, De Vido podría solicitar antes de lo previsto su libertad condicional, si se confirma la condena en su contra por el siniestro por el que se lo acusó de administración fraudulenta.

El artículo 221 del decreto publicado y citado por el ex ministro indica qué se debe considerar a la hora de definir el "peligro de fuga". Entre otras razones, se considerarán el arraigo y las facilidades para abandonar el país; la naturaleza del hecho y la constatación de detenciones previas; el comportamiento del imputado, "en particular, si incurrió en rebeldía o si ocultó o proporcionó falsa información sobre su identidad o domicilio".

En tanto, el artículo 222 -crucial para los casos en cuestión- trata el "peligro de entorpecimiento" en la averiguación de la verdad.

El artículo señala que se deberá tener en cuenta la existencia de indicios que justifiquen la grave sospecha de que el imputado: "Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba; intentará asegurar el provecho del delito o la continuidad de su ejecución; hostigará o amenazará a la víctima o a testigos; influirá para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; inducirá o determinará a otros a realizar tales comportamientos, aunque no los realizaren".

Además, el artículo 210 enumera nueve medidas de coerción (desde la promesa del imputado de no obstaculizar la investigación hasta el arresto domiciliario y la vigilancia con dispositivos electrónicos) anteriores a que se pueda dictar la prisión preventiva.

El nuevo Código Procesal Penal fue aprobado por el Congreso a fines de 2018 y su aplicación, prevista en etapas, comenzó a regir en junio.