El jury a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por su actuación en la causa por la muerte de Nora Dalmasso avanzó en su tercera audiencia en Buenos Aires, donde la querella cuestionó la falta de explicaciones por no haber solicitado una prueba de ADN clave hace 18 años.

Durante la jornada declaró Miguel Rohrer, conocido como “Michel” y apodado “el francés”, quien había sido mencionado por Marcelo Macarrón como una figura de interés por su vínculo con la víctima, aunque el empresario negó cualquier participación en el crimen.

En tanto, la defensa propuso como testigos al ex fiscal general Gustavo Vidal Lascano, quien declarará este lunes junto a Darío Vezzaro y Pablo Jávega, este último a cargo de la causa en su etapa final.

También prestarán testimonio Julio Rivero, fiscal de Cámara que absolvió a Marcelo Macarrón y solicitó que Nora Dalmasso sea considerada víctima de violencia de género, y la fiscal de Cámara de Río Cuarto, Rosario Fernández López.

Por su parte, la abogada Mariángeles Mussolini, defensora de Macarrón y actual querellante, sostuvo: “Veo como que siguen sin responder. Durante el inicio de la primera audiencia pregunté por qué no tomaron el positivo”.

En ese sentido, cuestionó que cuando se investigó al parquetista Roberto Bárzola no se haya realizado la prueba de ADN que, años después y con la causa prescripta, permitió vincularlo con el crimen. “Tomaron actitudes evasivas, discutieron y removieron cosas que no tienen nada que ver con este proceso”, afirmó.

Y agregó que “ninguno de los tres lo habrá respondido porque no lo solicitaron en tiempo y forma que es lo que hace que estemos luchando por la no prescripción de la causa”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

La segunda audiencia del jury contra la jueza Julieta Makintach, acusada de participar en un documental que derivó en la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, fue suspendida debido a un corte de luz en el Tribunal de San Isidro. Según trascendió, el desperfecto se originó por una filtración de agua proveniente del sistema de aire acondicionado.

La jornada se reanudará el próximo lunes a las 09:00, con las declaraciones de los magistrados Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino, quienes integraban junto a Makintach el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.

Antes de la interrupción, prestaron testimonio los fiscales Carolina Asprella y José Amallo, quienes investigan a la jueza en la causa penal que se tramita en la UFI N°1 de San Isidro. Makintach está imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios, con relación al proyecto audiovisual que motivó el escándalo.

El caso tomó notoriedad pública a fines de mayo, cuando se difundieron imágenes de la jueza en los pasillos del tribunal de Ituzaingó 340, brindando una entrevista en su despacho y participando de una audiencia del debate oral por el presunto homicidio simple con dolo eventual del exfutbolista. Ese proceso fue declarado nulo y se reanudará el 17 de marzo de 2026.

Makintach presentó su renuncia al gobernador Axel Kicillof, quien aún no se expidió al respecto. Por lo tanto, será el jury el que determine si corresponde su destitución. En paralelo, la Universidad Austral resolvió suspenderla de manera inmediata de la cátedra que dictaba en la Facultad de Derecho.

Fuente: con información de DIB

En la primera audiencia del jury que la investiga por presuntas irregularidades en el juicio por la muerte de Diego Maradona, la jueza Julieta Makintach solicitó prestar declaración voluntaria: “Nunca me imaginé que iba a generar tanto daño a la Justicia”, manifestó.

En el proceso que se desarrolla en el ámbito judicial de San Isidro y podría culminar con su destitución del cargo, la magistrada tomó la palabra luego de que declararan los dos primeros testigos de la jornada: “Lo primero que quiero es agradecer la oportunidad de prestar declaración”, comentó.

Visiblemente afectada, expresó: “Quiero que me conozcan, que me tengan paciencia. Hubo un escarnio mediático. Puse la renuncia a disposición del gobernador. Nunca me imaginé que iba a generar tanto daño a la Justicia. Era todo lo contrario a lo que yo buscaba”.

Makintach pidió enfrentar en un careo al fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, quien había declarado previamente sobre el momento en que la jueza cambió de lugar en el tribunal y asumió el rol de directora del debate. Sin embargo, su testimonio se produjo recién después de la declaración de la segunda testigo, una agente policial encargada de su custodia durante el juicio por Maradona.

Durante su exposición, la jueza se refirió al documental Justicia Divina, grabado durante el proceso judicial, y aseguró que fue una propuesta de una amiga. “No quiero fama, no quiero ser actriz”, afirmó. También negó haber dimensionado el impacto de su participación en el film: “Yo todavía hoy no logro entender cómo estaba afectada mi imparcialidad. Sí, me acusaron todos. Sí, comprendo que los videos dieron la peor de las imágenes. Sin dudas. Fue antes del juicio. Era un proyecto que no era mío. No conocía a la productora”.

En otro tramo de su declaración, se refirió a la decisión de no suspender el juicio por Maradona: “El doctor Ferrari habla de que fui la única que decidió no suspender el juicio, pero no había ninguna cuestión de prueba pendiente. Esta decisión estaba firme, estaba zanjada. Todas las partes pidieron suspender sin alegar ninguna razón que lo justificara. Yo fui la única que dijo que la Justicia tardía no es Justicia”.

Makintach también respondió a las críticas por su llegada tardía al juicio político. “Agarro la prensa hoy: ‘llegó tarde y sin dar explicaciones’. Desde ayer estoy viviendo en La Plata. Lo único que hice fue tratar de evitar la exposición. Me llamaban de los programas, no quiero fama”, reiteró.

Hacia el final de su descargo, insistió en que el uso de cámaras fue consultado con sus colegas. “Consulté sobre la cámara el primer día. Todos sabían que iba a haber una cámara con planos cortos hacia mí. Lo consulté y me dijeron que era una idea brillante”, remarcó.

Y concluyó: “Lamento profundamente esto. La Justicia, la demora. Ojalá hubiera podido volver el tiempo atrás. Lo juro por mis hijos que no conozco a la productora. Jamás me imaginé que mi imparcialidad como jueza iba a estar en juego”.

Fuente: con información de Infobae

La familia de Lucía Pérez espera un resultado positivo en el jury seguido contra los jueces Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por el fallo absolutorio de ambos magistrados en 2018.

Al respecto, Marta, madre de la joven asesinada en el 2016, declaró en diálogo con El Marplatense que “nosotros esperamos lo que corresponde que es destituir a estos dos jueces porque como siga esta Justicia, van a seguir ratificando las mismas sentencias que dedicaron a Lucía”. 

Por lo que “esto tiene que cortarse de una vez por todas, no puede ser que una familia sufra durante ocho años un proceso para tener, hace un año justicia por segunda vez, y tener pasar por un Jury por seis años”. 

“Esto es una demolición para una familia, un asesinato, como sociedad nuestros legisladores y ejecutivos lo tienen que ver”, agregó. 

Desde su mirada, “Jueces como estos seguirán dando esa sentencia y peores porque ya lo hicieron sin problemas. Por lo que pedimos que sean destituidos”, indicó. 

Durante estos años, “nosotros fuimos con el corazón abierto, nuestros testigos fueron con la verdad, sabemos que los legisladores y el jurado que escuchó deben decidir, pero espero lo mejor que es la destitución de esas personas del poder judicial”, resaltó. 

La principal razón por la que piden esta medida es porque “creo que volverían a hacer exactamente, sin correr una coma, lo que hicieron porque no hay ningún arrepentimiento. Para ellos hicieron las cosas como correspondía”, concluyó. 

El caso de Lucía

El caso de Lucía Pérez sacudió a la opinión pública en momentos en que se armaban las primeras movilizaciones en reclamo de “Ni Una Menos”. Su muerte derivó en la primera huelga de mujeres, el 19 de octubre de 2016. Fue la fiscal de la causa María Isabel Sánchez la que horrorizó a sociedad, ya conmovida por los femicidios, al contar el crimen: “jamás vi una conjunción de hechos tan aberrantes”. Aseguró que la joven había sido empalada “con un sufrimiento sobrehumano”, algo que los peritos forenses descartaron y derivó en que se ordenara una investigación sobre la funcionaria.

Lucia tenía 16 años e iba a la escuela Media 3 de Mar del Plata. Los acusados en la causa fueron Matías Gabriel Farías (26), Juan Pablo Offidani (45) y Alejandro Alberto Maciel (62), que murió el año pasado. Según la hipótesis de la causa, Lucía y Farías se habían conocido el 7 de octubre de 2016 cuando Farías fue a venderle a Lucía marihuana a la escuela y la adolescente le habría quedado debiendo 100 pesos. Quedaron en verse al día siguiente.

Lo que pasó ese 8 de octubre de 2016 es lo que se investiga. Matías Farías (que en ese momento tenía 23 años) y Juan Pablo Offidani (entonces de 41) fueron a buscarla. La llevaron hasta la casa de Farías en el barrio Alfar. En el camino compraron facturas y cigarrillos. Al llegar a la casa, Offidani se fue. La fiscalía sostuvo que allí la joven fue drogada y abusada hasta la muerte, y que el cuerpo fue llevado a un centro asistencial de Playa Serena, luego de haber sido lavado y acondicionado con la ayuda del tercer acusado.

Las defensas negaron esas acusaciones. Afirmaron que las relaciones sexuales con Farías fueron consentidas y que la chica sufrió una asfixia tóxica producto del consumo de drogas que derivó en su muerte. Admitieron la venta de estupefacientes pero pidieron la pena mínima. Y cuestionaron a la primera fiscal del caso por haber tratado como “animales” a los imputados, tras sostener que nadie en esta causa podía sacarse de la cabeza aquella imagen inicial hablando de un empalamiento.

El Tribunal Oral de Mar del Plata dio su veredicto en 2018. A dos de ellos los condenados a ocho años de prisión pero por “tenencia de estupefaciente con fines de comercialización”. Por unanimidad se absolvió a los tres imputados por el abuso sexual y femicidio de Lucía Pérez.

Tanto la fiscalía como la querella apelaron. Casación anuló la decisión y ordenó hacer un nuevo juicio. Es que, según se subrayó, “a las eventuales víctimas de abuso sexual no se las debe catalogar como vulnerables o no vulnerables ­como lo han entendido erróneamente los sentenciantes­ porque eso sería como tildarlas de abusables o no abusables. Son lisa y llanamente eventuales víctimas de abuso sexual; nada más”. Consideró que esa nueva victimización secundaria que sufrió la víctima “(aun después de muerta) atentó contra su intimidad y su dignidad, y la de su entorno; y se debe considerar como un claro signo de estigmatización”. La defensa apeló la sentencia de Casación que anuló las absoluciones y ordenó realizar un nuevo juicio oral. Fue eso lo que llegó a la Corte Suprema que desestimó el recurso.

La decisión de la Corte llegó cuando el segundo juicio oral ya se hizo y condenó a los implicados. Ahora, esa sentencia está siendo revisada ante la Cámara de Casación bonaerense. Si sigue el camino de las apelaciones, también llegará a la Corte Suprema.

Por Javier Novoa

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Mar del Plata decidió absolver el 26 de noviembre del 2018 a Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel por la muerte de Lucía Pérez, ocurrida en octubre de 2016 en Playa Serena. Actualmente el pedido de enjuiciamiento que realizaron diputados en representación de la familia, avanza a paso firme en el Consejo de la Magistratura y se trabaja en la conformación del jurado.

Por unanimidad, los magistrados sólo decidieron una condena a 8 años de prisión para con los dos imputados por el delito de “tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad”.

En mayo de este año, los padres de Lucía con el acompañamiento de organizaciones sociales y Diputados, solicitaron el jury para los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas. 

Aldo Carnevale solicitó y se le concedió su jubilación desde el 1 de junio del 2019, por lo que ya se encuentra fuera del sistema judicial. En tanto, Gómez Urso y Pablo Viñas ya han sido notificados del proceso judicial que se les ha formado. 

El Artículo 182 de la Constitución Provincial expresa: Los jueces de las Cámaras de Apelación y de Primera Instancia y los miembros del Ministerio Público pueden ser denunciados o acusados por cualquiera del pueblo, por delitos o faltas cometidas en el desempeño de sus funciones, ante un jurado de once miembros que podrá funcionar con número no inferior a seis, integrado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia que lo presidirá, cinco abogados inscriptos en la matrícula que reúnan las condiciones para ser miembro de dicho tribunal, y hasta cinco legisladores abogados. Los legisladores y abogados que deban integrar el jurado se designará por sorteo, en acto público, en cada caso; los legisladores por el presidente del Senado y los abogados por la Suprema Corte de Justicia, a cuyo cargo estará la confección de la lista de todos los abogados que reúnan las condiciones para ser conjueces. La ley determinará la forma de reemplazar a los abogados no legisladores en caso de vacante.

Por el momento, la denuncia efectuada por la Diputada Victoria Donda, De Ponti Lucila, Ferreyra Araceli , Cerruti Grabiela, Del Pla Romina y Moyano Facundo, no fue desestimada como suele suceder y se avanza con la conformación del jurado. La misma se realiza a través de un sorteo.

Por el momento, solo la Corte ha realizado este sorteo y se definió que Lisandro Benito, Carlos Valdez, Diana Fiorini, Guillermo Sagues y Ramiro Alonso Lopez, sean los abogados titulares del jurado. En tanto, María Dobalo, Sergio Avalle y Osvaldo Pisani, conformen a los abogados suplentes.

Para poder continuar con el proceso judicial que definirá como actuaron los jueces con el fallo Lucía Pérez y si deben ser despedidos del poder judicial, resta que se efectúe el sorteo de los legisladores.

En la lectura del fallo, los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas entendieron que Matías Farías y Juan Pablo Offidani, los dos principales acusados en la causa, no fueron responsables del abuso sexual seguido de muerte de la adolescente de 16 años y descartaron el pedido de cadena perpetua que había elevado el abogado Gustavo Marceillac, quien representa a la familia de la víctima.

Por unanimidad, los magistrados sólo decidieron una condena a 8 años de prisión para con los dos imputados por el delito de “tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad”.

Alejandro Maciel, a quien se le imputaba el “encubrimiento agravado” en el caso, quedó absuelto de todos los cargos, según el dictamen que decidió el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 pero que puede ser apelado en una próxima instancia, si el particular damnificado así lo considera.

La resolución de los jueces está en sintonía con el alegato que había esgrimido la abogada María Laura Solari, quien defendió a lo largo de la investigación a Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel. El fiscal Daniel Vicente, por su parte, había pedido una condena a cadena perpetua para Farías y a 8 años de prisión para Offidani.

Esta tarde en el Anexo del Congreso, Marta Montero y Guillermo Pérez, padres de Lucía, estuvieron junto la Diputada Victoria Donda y a legisladores de diferentes bloques, para anunciar el pedido de jury político a los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, que absolvieron a los femicidas de Lucía. 

En dicho encuentro, debatieron y exigieron la destitución por el mal desempeño de los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata y confirmaron que este viernes se dirigirán a hacer el pedido formal al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y al Consejo de la Magistratura.

Entre los presentes, además acompañaron María Inés Benítez, quien preside la Sociedad de Fomento del barrio Playa Serena y el padre de Natalia Melman. El foco de debate se puso explicando los motivos por los cuales se pedirá el jury, aludiendo a que fue necesario salir a buscar la justicia que Mar del Plata no ha otorgado.

Acompañada por diputados y diputadas de distintos bloques, dirigentes de @ampliarok y con la presencia de Nora Cortiñas y los padres de Lucía Pérez pedimos el Jury de Enjuiciamiento a los jueces que juzgaron el asesinato de Lucía. pic.twitter.com/dJhzUMKG0c

— ? Victoria Donda Perez ? (@vikidonda) 22 de mayo de 2019

Entre las voces presentes se destacaron los dichos de Marta, la madre de Lucía, que expresó "¿cuál es el odio? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que buscar que no nos pase más. Estos 3 jueces son responsables de este fallo que dieron. Tan misógino. Tan terrible. Volvieron a abusar de Lucía .No los abusadores. La propia justicia".

Por su parte Guillermo, el padre de Lucía aseguró que "la manera que nos trataron a nosotros fue una manera grosera. Si los jueces no quieren instruirse en perspectiva de género creo que a esta sociedad no le pertenece, no podemos ser juzgados por estas personas".

Nora Cortiñas, referente del movimiento de la lucha feminista nacional se expresó en la mesa y destacó que "este crimen nos conmueve y nos lleva a militar cada día más. Los jueces tienen la costumbre de culpar a la víctima y es lo que tenemos que combatir. De acá tenemos que salir convencidos que no va a haber impunidad. No vamos a dejar a ningún asesino en la impunidad. Tenemos que salir de acá con el compromiso de buscar la justicia".