La Cámara Federal de Casación Penal anuló el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa por presuntas irregularidades en la contratación de seguros del Estado, y ordenó revisar el fallo dictado previamente por la Cámara Federal.

La decisión fue adoptada por la Sala IV del tribunal, con los votos de Mariano Borinsky y Javier Carbajo, mientras que Gustavo Hornos votó en disidencia y se pronunció a favor de mantener el procesamiento.

Casación hizo lugar al recurso presentado por la defensa del ex mandatario y dispuso que la instancia anterior dicte un nuevo pronunciamiento sobre su situación procesal.

El fallo se apoyó, entre otros puntos, en la postura del fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, quien había sostenido que no existían elementos suficientes para avanzar con el procesamiento.

En ese sentido, los jueces remarcaron que “no hay juez sin acusador” y consideraron que la Cámara Federal había confirmado el procesamiento “sin una base acusatoria suficiente”, lo que implicó una vulneración del principio acusatorio. Carbajo, en su voto, sostuvo que la resolución anterior fue dictada “en exceso de la pretensión oportunamente expuesta por la acusación”.

Por su parte, Hornos argumentó en disidencia que el fallo no era definitivo y que debía mantenerse vigente para permitir el avance de la investigación, al considerar que existían elementos que justificaban profundizar la pesquisa por presuntos hechos de corrupción.

La causa investiga si, a partir del Decreto 823/2021, se centralizó la contratación de seguros estatales en Nación Seguros S.A., habilitando la participación de intermediarios y coaseguradoras privadas con comisiones superiores a las de mercado y un eventual perjuicio económico para el Estado.

En ese expediente, Fernández había sido procesado por “negociaciones incompatibles con la función pública”, con un embargo de $14.634.220.283,68 y prohibición de salida del país. También están involucrados otros imputados, entre ellos Diego Nicolás Rosendi, Agustín Beraldi y la firma Bri Brokers S.A.

Pese a la resolución de Casación, la investigación continúa y la Cámara Federal deberá analizar nuevamente la situación del ex mandatario, así como el impacto de esta decisión sobre el resto de los involucrados.

Fuente: con información de TN

La puesta en marcha de la Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei se da en un contexto de definiciones judiciales aún abiertas según explicó el abogado especialista en legislación laboral, Humberto Noel, quien detalló el recorrido legal que derivó en la actual aplicación de la norma.

El especialista señaló, en diálogo con el programa Nunca se sabe por Radio Mitre Mar del Plata, que en una primera instancia “se dictó una medida cautelar, que es circunstancial y provisoria”, mediante la cual se suspendía la aplicación de la ley por un período limitado hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo, es decir, su constitucionalidad.

Sin embargo, el escenario cambió a partir de la intervención de la Cámara Nacional del Trabajo. Noel explicó que el Gobierno apeló esa cautelar, aunque “no discute la cuestión de fondo, sino si la ley debe suspenderse o aplicarse mientras tanto”. Esa discusión recayó en la Sala VII, que finalmente adoptó una postura contraria a la del juez de primera instancia.

En ese sentido, precisó que la Cámara resolvió que “la ley debe aplicarse hasta tanto salga la sentencia definitiva”, lo que implica que la nueva normativa -aprobada por el Congreso- vuelve a regir pese a que su validez constitucional aún no fue definida. “El juez Raúl Ojeda había suspendido su aplicación mediante la cautelar, pero la Cámara dice lo contrario”, remarcó.

A partir de esta decisión, el proceso continúa en paralelo en distintas instancias. Por un lado, “debería aplicarse la nueva Ley de Reforma Laboral y el expediente volver al juzgado del doctor Ojeda”, quien tendrá que dictar una sentencia definitiva. Pero, al mismo tiempo, el Gobierno avanzó con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que se expida directamente sobre la cuestión de fondo.

“En este interín, el Gobierno va directamente a la Corte Suprema de la Nación para que defina si la nueva ley es aplicable o no”, explicó Noel, subrayando que esta doble vía mantiene abierta la incertidumbre jurídica.

Mientras tanto, la aplicación efectiva de la reforma ya impacta en aspectos centrales de las relaciones laborales. Tal como se desprende del contexto actual, vuelven a regir cambios en indemnizaciones, esquemas de vacaciones y modalidades de jornada laboral, ejes clave del nuevo régimen que habían quedado en suspenso durante la vigencia de la cautelar.

Noel advirtió que, en este escenario, pueden coexistir fallos contradictorios en distintos puntos del país. “Distintos tribunales pueden tener decisiones diferentes sobre la constitucionalidad”, indicó, y agregó que la situación solo se ordenará cuando exista un pronunciamiento definitivo del máximo tribunal: “Hasta que no haya una sentencia de la Corte en doctrina legal, que sea obligatoria para todos, la cuestión de fondo sigue pendiente”.

En cuanto a los tiempos, el panorama es incierto. El abogado fue claro al respecto: “No hay un plazo”. Y explicó que, a diferencia de los tribunales inferiores, “la Corte Suprema no tiene tiempos establecidos para resolver”, por lo que la definición final podría demorar sin una fecha precisa.

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó ejecutar los bienes de la ex presidente Cristina Fernández, sus hijos y otros condenados en la causa Vialidad, con el objetivo de cubrir un monto actualizado de $684.990.350.139,86, según el fallo firmado hoy.

La decisión fue adoptada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes avanzaron con el decomiso de los bienes tras constatar que los condenados no cumplieron con la intimación de pago.

El monto original, fijado en $84.835.227.378,04, fue actualizado tras la intervención de peritos oficiales, fiscales y el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La medida incluye inmuebles de empresas como Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL, además de propiedades que fueron cedidas a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. También se prevé avanzar sobre bienes de otros condenados si los activos iniciales resultan insuficientes.

Entre los inmuebles alcanzados figura una propiedad ubicada en el Departamento III Lago Argentino, sobre avenida 17 de Octubre al 800, adquirida en 2007, con una superficie de 6.001,64 metros cuadrados.

El listado incluye además diez unidades sobre la calle Mitre al 500, en Río Gallegos, adquiridas en 2007, así como un inmueble en 25 de Mayo al 200, incorporado en 2010, y otra propiedad en Presidente Néstor Kirchner al 400, sumada en 2006.

También se contemplan terrenos en el Departamento III Lago Argentino, en las inmediaciones de El Calafate, entre ellos el predio donde se desarrolló el complejo hotelero Los Sauces, junto a parcelas adyacentes adquiridas en distintos años.

En ese mismo departamento, el inventario incorpora dos propiedades de gran extensión: una de 44.106 metros cuadrados y otra de 87.046 metros cuadrados, ambas adquiridas en 2007.

Asimismo, se incluye el hotel La Aldea del Chaltén, dentro del conjunto de activos alcanzados por la medida judicial.

La resolución también contempla la eventual ejecución de bienes de otros condenados, entre ellos Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich, en caso de no alcanzarse la suma fijada.

Fuente: con información de Infobae

Un ciudadano argentino de 67 años fue detenido en Río de Janeiro tras insultar a una joven en un supermercado del barrio de Copacabana, en un episodio ocurrido el lunes que derivó en la intervención policial y en el dictado de prisión preventiva por parte de la Justicia local.

El acusado, identificado como José Luis Haile, protagonizó el incidente en una sucursal del comercio Mundial, donde, según la denuncia, se quejó por demoras en la apertura de cajas y mantuvo una discusión con una trabajadora del lugar, a quien habría insultado con expresiones discriminatorias.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, Samara Rodrigues de Lima, de 23 años, el hombre comenzó a increparla mientras ella se encontraba en la fila. Tras el cruce, otro argentino presente dio aviso a la Policía, que procedió a su detención y traslado a una comisaría de la zona.

Luego de la audiencia de control, la Justicia brasileña resolvió dictar la prisión preventiva para Haile, quien permanece alojado en una unidad penitenciaria en el sector norte de la ciudad, mientras continúa el proceso judicial.

Según trascendió, el acusado reside en el exterior desde hace dos años y en redes sociales manifestaba afinidad por la ciudad brasileña.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

La Justicia inició el plazo legal para definir el pedido de detención del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una investigación judicial impulsada por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón.

La solicitud, presentada formalmente por el fiscal, plantea la detención inmediata de ambos dirigentes, en una causa que pone en el centro de la escena a la conducción del fútbol argentino.

Según trascendió, el juez Guillermo Díaz cuenta ahora con el tiempo reglamentario para evaluar si existen elementos de prueba suficientes que justifiquen la privación de la libertad de los acusados.

El pedido se sustenta en un dictamen de 181 páginas elaborado por el fiscal Simón, en el que se describe una presunta red de maniobras irregulares vinculadas a empresas asociadas a Toviggino, a través de las cuales se habrían concretado negocios ilícitos con la AFA.

De acuerdo a la acusación, la entidad habría sido utilizada como plataforma para acuerdos que beneficiaron económicamente a sus principales autoridades, en perjuicio de la transparencia institucional.

En ese marco, la fiscalía imputa a Tapia y Toviggino como presuntos responsables de los delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos, señalando la existencia de una estructura organizada destinada a desviar fondos y ocultar su origen.

La investigación también abarca el seguimiento de bienes y activos dentro y fuera de Santiago del Estero, con el objetivo de reconstruir el flujo de dinero presuntamente involucrado en las maniobras.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

En el marco de una acción de amparo, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº2 de Mar del Plata hizo lugar a una medida cautelar innovativa y ordenó a la empresa Molas y Asociados Fiduciaria S.A. cesar toda intervención en el predio de avenida Jorge Newbery 5035, donde se proyecta el emprendimiento Plaza Rumencó, hasta tanto se obtenga la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

La decisión judicial se inscribe en una presentación impulsada por el abogado Maximiliano Orsini, fundamentada en que el proyecto no cuenta con la DIA, requisito legal indispensable previo a cualquier obra, que además se encuentra en trámite legislativo sin ordenanza aprobada y que presenta intervenciones materiales en curso, como tareas de deforestación, con potencial de generar un daño ambiental irreparable.

En ese sentido, Orsini remarcó en diálogo con Nunca se sabe por Radio Mitre Mar del Plata que “no había dictamen de impacto ambiental que habilitara la obra, que ya se había iniciado, con una tala de aproximadamente 300 árboles y un impacto ambiental de magnitud significativa”.

Al analizar el caso, el juez Marcelo Daniel Fernández consideró acreditados los requisitos necesarios para dictar la medida cautelar. En cuanto a la verosimilitud del derecho, se constató la inexistencia de la DIA, lo que implica un incumplimiento sustancial de la normativa ambiental vigente, en particular de la Ley 11.723. Para Orsini, el proyecto “se inició en forma ilegítima, sin autorización municipal”, y advirtió que “arrancaron a vender, a construir, a talar árboles como si se tratara del fondo de una casa particular”.

Respecto del peligro en la demora, el juez advirtió que las tareas en curso podrían provocar daños ambientales de difícil o imposible recomposición, lo que justifica la urgencia de la medida. En línea con ese criterio, Orsini sostuvo que “estamos ante un acto con consecuencias irreversibles: la tala de árboles es de imposible recomposición”, lo que refuerza el carácter colectivo del amparo.

En relación con el interés público, el fallo señala que la cautelar no lo afecta negativamente, sino que contribuye a la protección del ambiente y al cumplimiento de la normativa vigente. El abogado también apuntó a la falta de controles: “Claramente fue un proyecto que no fue fiscalizado. Si se hubiese cumplido el rol que corresponde, esto no habría llegado hasta donde llegó”.

En consecuencia, la Justicia resolvió hacer lugar a la medida cautelar, ordenar a la empresa la suspensión de toda actividad en el predio hasta obtener la correspondiente DIA, disponer que la Municipalidad garantice el cumplimiento de la medida y exigir como contracautela una caución juratoria por parte del actor. Tras la resolución, Orsini anticipó los próximos pasos: “Se les va a notificar la medida cautelar y tendrán que regularizar la situación. Deberían empezar como corresponde, como cualquier ciudadano: cumpliendo la ley”.

Por Humberto O. Noel

La semana pasada la noticia del desafuero de un Juez que fuera integrante del Tribunal de Trabajo N°4 de Mar del Plata por actitudes imposibles de imaginar por parte de un magistrado en el ejercicio de sus funciones, según sentencia dictada por el Jurado de Enjuiciamiento en el expediente  SJ 680/23 - “Riva Mariano s/ Jurado de Enjuiciamiento’’, trascendió el ámbito judicial causando indignación no sólo en los vecinos de esta ciudad, sino también en distintos lugares provinciales y hasta nacionales.

Pero este hecho tapó a otro no menos escandaloso, que fue la orden de desalojo del edificio sito en Garay 1768 donde funcionan los Tribunales del Trabajo 1, 2 y 3, por falta de pago de los alquileres a cargo de la locataria, que no es otra que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. La correspondiente sentencia fue dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial N°11 de la ciudad de La Plata en los autos ‘Maquez Adriana c/ Provincia de Buenos Aires s/ Desalojo. El próximo paso judicial es el lanzamiento, por lo que no debería asombrarlos que cualquier día de estos al circular por la arteria nombrada nos encontremos que está ocupada por el mobiliario de dicho órgano judicial que ha sido allí arrojado.

Comenzando por el primer acontecimiento, debo decir que durante varios años, la Asociación Judicial Bonaerense denunció en distintas ocasiones al Juez finalmente destituido por maltrato del personal, al que le hizo vivir situaciones aberrantes.

Fue necesario además de la insistencia del sindicato nombrado durante todo ese tiempo, denuncias de abogados y presentaciones de justiciables ante el supremo órgano judicial de este estado, que aunque huelgue agregar, tiene una Secretaría llamada Control Judicial que cuenta con un cuerpo de inspectores, mediante el cual debería impedir que avancen situaciones como esta.

Llegado a un punto insostenible se inició el enjuiciamiento de quien para acceder al cargo que ocupó, debió someterse a un examen físico y psíquico realizado por el departamento correspondiente del poder judicial bonaerense, que esta demás decirlo, depende y debe ser contralado por la SCJBA. Y la primera pregunta que se formulan quienes conocieron a esta persona o quienes siguieron las alternativas del Jury es cómo se lo consideró capacitado psicológicamente.

Retomo ahora el desahucio citado, y con él, el caos edilicio en el que funciona la administración de justicia en nuestra ciudad.

Para ello, y dado que no se exhiben datos para su conocimiento público, se estima que se alquilan entre seis y nueve inmuebles en Mar del Plata a un costo anual que puede calcularse entre $240.000.000 y $530.000.000 habiéndose dejado de lado el anhelado y viejo proyecto de construcción de una ciudad judicial, para el que el Estado nacional donó al provincial el predio situado en la avenida Juan B. Justo entre Pehuajó y Funes mediante ley 26.673/2011, formalizándose posteriormente el acto de escrituración.

En esos lugares en los que el deterioro ha llegado a una situación calamitosa, trabajan hacinados estimativamente 1200 empleados, transitan los abogados y no tienen donde sentarse los justiciables o testigos que deben concurrir. En los depósitos de los expedientes en papel que están desapareciendo por el avance tecnológico o porque fueron comidos por la ratas, una trabajadora precisamente se contagió de leptospirosis.

Pero no es menos cierto que se compraron dos fastuosos chalets, patrimonio arquitectónico de Mar del Plata, uno en la intersección de las calles Falucho y Corrientes (Villa Devoto) donde imparte justicia la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial y otro recientemente en la esquina de las calles Buenos Aires y Brown (Villa Bary) sede actual de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, imponentes ambos a la vista y orgullo de un pasado, pero que resultan ser inapropiados y carentes de funcionalidad para la finalidad, por los que se pagaron estimativamente $3.000.000.000, no habiéndose publicado detalles al respecto.

¿Cómo se ha llegado a este estado? Tal vez esta pregunta la responda lo dicho por un empleado judicial pronto a jubilarse, al puntualizar que en bastante más de 35 años de desempeño nunca presenció la visita de un ministro de la Corte, agregando que comprendía que podría resultarles engorroso por más que no lo hagan diariamente, sumarles al traslado desde sus domicilios sitos a no menos de 60 kilómetros de la ciudad de La Plata donde cuentan con adecuados despachos, venir a Mar del Plata o a cualquier ciudad cabecera de otro departamento judicial, en los autos con chofer que se les proporciona.

El Tribunal en lo Criminal N°2 de Dolores condenó a tres personas por abuso sexual y corrupción de menores en Villa Gesell, con penas de hasta 15 años de prisión, tras comprobarse hechos reiterados contra dos niños de entre 6 y 8 años, en una causa considerada de extrema gravedad por la Justicia.

Según el fallo, los hechos acreditados revelaron que las víctimas eran sometidas no solo a abusos físicos, sino también a “prácticas ultrajantes”, en un contexto de vulnerabilidad sostenida. La sentencia puso especial énfasis en la situación de la niña, a quien calificó como víctima de “vulnerabilidad interseccional” por su doble condición de mujer y menor de edad.

Los jueces señalaron además que los imputados ejercían el rol de “guardadores de hecho”, es decir, asumían el cuidado de los niños, lo que fue utilizado para vulnerar su integridad de manera sistemática. En ese marco, recordaron la obligación del Estado de actuar con “diligencia reforzada” en la protección de la niñez, en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño y las 100 Reglas de Brasilia.

Para establecer las penas por encima de los mínimos legales, el tribunal consideró como agravantes la corta edad de las víctimas, la reiteración de los abusos y el daño psicológico acreditado por peritos. Como atenuante, se contempló la ausencia de antecedentes penales de los acusados.

El fallo fue dictado por los magistrados Juan Paulo Gardinetti, Christian Ariel Rabaia y Marcos Milano, quienes desestimaron los argumentos de las defensas y avanzaron con una sentencia condenatoria.

Fuente: con información de DIB

La Provincia inauguró el nuevo edificio del Complejo Judicial de Olavarría, construido por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, con el objetivo de centralizar dependencias, modernizar el servicio y mejorar el acceso a la justicia en la región.

La estructura cuenta con una superficie de 8890 m² distribuidos en cuatro pisos. En la planta baja funcionan el patio de acceso principal, dependencias de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA), órganos jurisdiccionales, los fueros de Familia, Civil y Comercial, además de una biblioteca y un auditorio.

En el primer piso se ubican los fueros de Familia y Laboral, mientras que en el segundo se disponen los órganos interjurisdiccionales del Fuero Penal y en el tercero el Fuero Penal, con juzgados correccionales y de garantías.

El edificio también cuenta con una terraza destinada a sala de máquinas y depósitos, y un subsuelo con acceso vehicular, alcaidías para menores y adultos, dependencias de la SCBA, depósitos y talleres.

La obra fue ejecutada por la Dirección Provincial de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas, e incluyó instalaciones eléctricas, sanitarias y termomecánicas, además de trabajos de carpintería, herrería y la instalación de ascensores.

El complejo funcionará como sede del Departamento Judicial de Azul, que abarca los distritos de Azul, Benito Juárez, Bolívar, General Alvear, General Lamadrid, Laprida, Las Flores, Olavarría, Rauch, Tandil y Tapalqué, fortaleciendo la organización del sistema judicial en la región.

La nueva infraestructura permitirá centralizar y modernizar las dependencias judiciales en un único espacio, optimizar la coordinación entre fueros y mejorar la eficiencia administrativa, al tiempo que garantiza condiciones adecuadas de atención y resguardo de derechos, especialmente en materias sensibles como familia y penal.

La Justicia realizó hoy una serie de allanamientos en tres inmobiliarias que intervinieron en la compra de un departamento del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida fue ordenada tras la declaración de la escribana Adriana Nechevenko de Schuster ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca identificar a los intermediarios de la operación y establecer los valores reales de la transacción.

La investigación se centra en la adquisición de un inmueble ubicado en la calle Miró al 500, cuyo financiamiento habría sido realizado mediante préstamos privados otorgados por cuatro mujeres. Según se analiza en la causa, los ingresos declarados por esas personas -jubiladas y empleadas públicas- no se corresponderían con los montos prestados.

En su declaración, Nechevenko negó tener vínculo con el origen de los fondos y sostuvo que las operaciones fueron “normales” desde el punto de vista profesional, motivo por el cual avaló las escrituras.

Además, la Justicia dispuso el levantamiento del secreto bancario para profundizar la investigación sobre otros gastos del funcionario, entre ellos vuelos privados al exterior, como los realizados a Nueva York y Punta del Este.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

Oscar Echenique, uno de los ex policías condenados por el femicidio de Natalia Melmann, solicitó la ampliación de sus salidas transitorias, luego de que la Justicia rechazara su pedido de libertad condicional en septiembre de 2025.

El ex uniformado, que cumple prisión perpetua y se encuentra alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán, tendrá una audiencia el próximo viernes 17 en la que se analizará su solicitud. Así lo confirmó Gustavo Melmann.

En paralelo, ese mismo día a las 09:30, en la Asesoría Pericial de La Plata, se realizará la apertura de sobres con los resultados de extracciones de sangre realizadas a seis policías, en el marco de la investigación que busca identificar a un quinto implicado en el crimen.

Las muestras corresponden al ex comisario Carlos Alberto Grillo; el comisario mayor Carlos Oroz Mierez; los sargentos Hugo Ricardo Morra y Enrique Diez; y los oficiales Ángel Sánchez Custodio, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo.

En tanto, la Cámara de Casación bonaerense exceptuó de estos cotejos a otros dos efectivos, Oviedo y Torrente. No obstante, la familia de la adolescente anticipó que insistirá en que también sean sometidos a análisis en caso de que los resultados actuales den negativos.

El abogado de la familia, Yamil Castro Bianchi, había presentado en diciembre un recurso extraordinario contra los beneficios otorgados a Echenique, en el marco de la causa que sigue generando reclamos de justicia a más de dos décadas del hecho.

Natalia Melmann, de 15 años, fue secuestrada el 4 de febrero de 2001 en Miramar y luego hallada sin vida en el vivero Florentino Ameghino. La autopsia determinó que fue torturada, abusada sexualmente y asesinada.

Por el crimen fueron condenados a prisión perpetua Echenique, Ricardo Anselmini, Ricardo Suárez y, posteriormente, Ricardo Panadero, quien fue hallado culpable en 2023 tras la anulación de su sobreseimiento.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declaración testimonial a la escribana Adriana Mónica Nechevenko en el marco de una investigación sobre las adquisiciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras el Gobierno confirmó que el funcionario no brindará una conferencia de prensa este miércoles.

La medida judicial apunta a esclarecer la ingeniería financiera detrás de la compra de un departamento en el barrio de Caballito, realizada por Adorni el año pasado, operación en la que Nechevenko actuó como escribana.

La profesional no sólo intervino en esa transacción, sino también, exactamente un año antes, en la adquisición de una propiedad en el country Indio Cua a nombre de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.

El foco de la investigación está puesto en las características del financiamiento de la compra en Caballito. Según registros públicos, el inmueble fue adquirido por 230.000 dólares, pero 200.000 dólares del total habrían sido aportados mediante un préstamo personal otorgado por las propias vendedoras.

Las vendedoras, dos mujeres de 64 y 72 años sin relación previa conocida con el funcionario, financiaron el 87% de la operación a cambio de la constitución de una hipoteca sobre el mismo departamento, una modalidad que los investigadores consideran inusual y que motivó la intervención judicial.

En paralelo, el oficialismo resolvió suspender la conferencia de prensa que el ministro coordinador tenía prevista para este miércoles. La decisión se da tras la polémica generada la semana pasada, cuando el funcionario protagonizó cruces con periodistas al ser consultado por el caso y no brindó mayores precisiones.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

El hecho se remonta a febrero de 2025, cuando la joven —ex participante del reality Love is Blind— acusó a Martínez de haberla agredido físicamente en reiteradas ocasiones, en un episodio que, según su testimonio, incluyó un intento de estrangulamiento.

Durante el juicio, que se desarrolló en los Tribunales de Morón, Ceco declaró por más de cuatro horas y reconstruyó la violencia sufrida, en un relato que fue considerado clave para el avance de la causa.

Martínez llegó al proceso detenido y enfrentó cargos por violencia de género y tentativa de femicidio. La pena aplicada se encuentra dentro de las previstas para este tipo de delitos, que pueden alcanzar hasta 15 años de prisión según el Código Penal.

El caso tuvo un fuerte impacto mediático no solo por la gravedad de los hechos, sino también por la exposición pública de ambos, quienes se habían conocido en un reality, lo que volvió aún más visible la denuncia y el proceso judicial.

El Juzgado resolvió a favor de la seccional local del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y ordenó a la empresa GAAD Group S.A. cumplir con la dotación mínima de 10 tripulantes en el buque “Marlene del Carmen”.

La decisión judicial responde a una demanda impulsada por el gremio, encabezado por su secretario general Damián Basaill, junto a los abogados Martín Bernat y Fernanda Chávez.

En su fallo, el tribunal estableció que el Convenio Colectivo de Trabajo N° 708/2015 es obligatorio y no puede ser modificado de manera unilateral por la empresa. En ese sentido, determinó que GAAD Group S.A. no logró demostrar condiciones que justifiquen una reducción en la tripulación ni cumplió con la participación gremial exigida por la normativa.

De esta forma, la Justicia no solo avaló el reclamo del sindicato, sino que además fijó un precedente relevante para el sector marítimo, al reafirmar que las condiciones laborales pactadas deben ser respetadas.

El fallo también pone el foco en la importancia de garantizar la seguridad a bordo, la salud de los trabajadores y condiciones laborales dignas.

Desde el SOMU celebraron la resolución y destacaron el proceso que llevó al resultado. “Fueron meses de insistir, de no bajar los brazos y de confiar en lo que sabíamos que era justo. Hoy la Justicia nos dio la razón”, expresó Basaill.

Con esta decisión, se consolida un nuevo antecedente en defensa del trabajo marítimo y del cumplimiento de los convenios colectivos en la actividad.

La jueza de Cámara Karina Perilli advirtió sobre la persistencia de desigualdades de género dentro del sistema judicial argentino, especialmente en los cargos de mayor poder y decisión. Durante una entrevista, la magistrada señaló que, si bien las mujeres representan una parte significativa del personal en la Justicia, su presencia disminuye notablemente en los niveles más altos de la estructura institucional.  

Según datos del “Mapa de Género de la Justicia Argentina 2025”, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, las mujeres constituyen alrededor del 57% del total del personal judicial. Sin embargo, solo cerca del 31% logra acceder a los puestos jerárquicos más importantes.  

Perilli explicó que uno de los factores que influye en esta diferencia es la complejidad y la duración de los procesos de selección para los cargos superiores, lo que muchas veces desalienta a las mujeres a presentarse a esos concursos o a sostener carreras judiciales orientadas a la cúpula del sistema.  

En ese contexto, la magistrada remarcó la necesidad de seguir trabajando para reducir estas desigualdades y garantizar mayores oportunidades de acceso a los puestos de conducción dentro del Poder Judicial. El debate se da además en el marco de las discusiones sobre igualdad de género y participación femenina en espacios de decisión institucional.  

Mañana a las 12:00, Juan Bautista Mahiques prestará juramento oficial como nuevo ministro de Justicia de la Nación en la Casa Rosada (Balcarce 50), en un acto encabezado por el presidente Javier Milei que contará con la presencia de destacados magistrados y fiscales del Poder Judicial.

La jornada marcará también la asunción de Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza y hombre de extrema confianza de Karina Milei, quien se desempeñará como viceministro en reemplazo de Sebastián Amerio. El recambio en la cartera se produce en un clima de hermetismo, tras la salida de Mariano Cúneo Libarona, quien manifestó sobre su alejamiento que “el Presidente entendió mis razones y la reunión fue cordial”.

Respecto al origen del nombramiento, fuentes cercanas al entorno de Mahiques señalan que el nexo principal con la administración libertaria fue Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, quien habría facilitado el vínculo con la secretaria general de la Presidencia. Al respecto, colaboradores cercanos precisaron que “Martín lo presenta con Karina. Y Karina con Javier Milei”, aunque otras versiones dentro del espacio oficialista atribuyen la gestión de este acercamiento al propio Santiago Viola.

En el ámbito político, el sector referenciado en Karina Milei desestima las versiones de un enfrentamiento interno con el asesor Santiago Caputo por el control del área judicial. Desde el oficialismo sostienen que los análisis sobre las disputas de poder tras este cambio de gabinete “son a libre interpretación de cada uno”, subrayando que el foco actual de la gestión se mantiene en consolidar las victorias legislativas obtenidas recientemente en el Congreso.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

El Juzgado Correccional N°5 de Mar del Plata le impuso la pena de un año de prisión de ejecución condicional y cinco de inhabilitación especial para el ejercicio de la medicina a un médico del Sanatorio Belgrano, que en julio de 2020 intervino quirúrgicamente a un hombre que tenía una lesión en su rodilla y falleció a los pocos días, debido a la mala atención en el postoperatorio según determinó la sentencia.

Además, por orden del juez Leonardo Celsi, se exigió que durante el plazo de dos años el profesional de la salud debe fijar residencia en el territorio de la provincia de Buenos Aires a la vez que se tiene que someter al control del Patronato de Liberados.

El 10 de julio de 2022 Walter Gómez sufrió un accidente doméstico que le terminó provocando un traumatismo con fractura de la rótula derecha. Por ese motivo se dirigió al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde le colocaron un yeso y le dieron el alta, no sin antes anticoagularlo y prescribirle antiinflamatorios.

Gómez siguió con el tratamiento en el Sanatorio Belgrano, donde fue atendido por el médico Hugo Guillermo Quinteros, quien le dio turno de operación para el 23 de julio. Ese día le hicieron la fijación de rótula y le extrajeron restos óseos. Al día siguiente le dieron el alta, sólo con la indicación médica de tomar antiinflamatorios, pero no le mencionaron la necesidad de tomar anticoagulantes.

En la denuncia presentada por el abogado Maximiliano Orsini, se constatan los testimonio de la viuda de Gómez, quien aseguró que Quinteros no brindó la atención necesaria en el postoperatorio y derivó todo en su secretaria. El día que su esposo se descompensó, los médicos que lo asistieron de forma ambulatoria vieron que tenía la espalda morada e indicaron que sufría de un coágulo en los pulmones.

Precisamente, según el informe de la autopsia que fue requerido por la Justicia, Gómez murió por un “tromboembolismo pulmonar presuntamente de la pierna operada que mantiene un diámetro aumentado respecto a la pierna izquierda”. Precisamente uno de esos trombos se desprendió y viajó por las venas hasta quedar atascado “produciendo hipertensión pulmonar y paro cardiorespiratorio”.

Si bien desde la defensa del facultativo señalaron que no había correspondencia entre los coágulos de la pierna y los que terminaron generando la muerte de Gómez, la sentencia reconoció que se trata de un profesional “con varias décadas que ha desarrollado su tarea sin reproches conocidos”, pero también se indicó que en este caso mantuvo “una conducta desatenta en el momento del alta desplegado”.

El caso del cuadro robado por el régimen nazi que apareció en una vivienda de Mar del Plata dio un giro decisivo luego de que una pericia de la Academia Nacional de Bellas Artes confirmara la autoría y el origen de la obra, expoliada al galerista judío Jacques Goudstikker durante la Segunda Guerra Mundial.

El informe, elaborado por dos especialistas de la Academia, determinó que se trata de Retrato de una dama, una pintura del Siglo XVIII realizada por el artista italiano Giacomo Antonio Melchiorre Cerutti, conocido como Il Pitocchetto. La obra figura en los archivos fotográficos originales de la colección Goudstikker.

La confirmación refuerza el reclamo de Marei von Saher, nuera de Goudstikker y su única heredera, quien reside en el estado de Connecticut, Estados Unidos. Desde allí, exige que la Justicia argentina ordene la restitución del cuadro.

El caso resulta inédito en el país, ya que es la primera vez que la Justicia debe resolver el destino de una pieza de arte vinculada directamente al expolio nazi.

De acuerdo con el informe pericial y publicaciones periodísticas, la pintura integraba la colección que Jacques Goudstikker había reunido en los Países Bajos antes de huir del avance del nazismo. En mayo de 1940, el marchante escapó de Ámsterdam junto a su esposa y su hijo, pero murió durante la travesía.

Tras su fallecimiento, la galería -que albergaba más de mil obras- quedó en manos del régimen nazi. Gran parte del acervo fue apropiado por Hermann Göring, uno de los jerarcas del Tercer Reich y reconocido coleccionista de arte, mientras que otras piezas fueron vendidas, subastadas o dispersadas luego de la guerra.

Durante años, la obra fue atribuida a distintos pintores. Al iniciarse la causa, en agosto del año pasado, se la consideró una pintura de Vittore Ghislandi (Fra Galgario), aunque la pericia definitiva confirmó la autoría de Cerutti.

Su valor de mercado ronda actualmente los 250.000 euros, aunque los especialistas coinciden en que su relevancia histórica y simbólica excede ampliamente cualquier estimación económica.

La investigación se inició cuando el cuadro apareció en una publicación inmobiliaria, colgado en el living de un chalet marplatense que estaba a la venta. La vivienda pertenecía a Patricia Kadgien y Juan Carlos Cortegoso. Kadgien es hija de Friedrich Gustav Kadgien, un financista alemán vinculado al nazismo.

Tras un allanamiento, la obra fue secuestrada y entregada a la Justicia federal. La pareja presentó un supuesto recibo de compra emitido por un museo de Colonia y sostuvo que el cuadro había permanecido durante décadas en el ámbito familiar.

Ambos se encuentran imputados por encubrimiento en una causa impulsada por el fiscal federal Carlos Martínez, con intervención de la PROCELAC.

“Estamos siendo observados por la comunidad internacional”, advirtieron los querellantes, al subrayar la trascendencia del expediente. Desde la familia Goudstikker aseguraron que avanzarán “hasta las últimas consecuencias” para recuperar una obra que consideran parte de un patrimonio robado durante el Holocausto.

La decisión final sobre el destino del cuadro quedará ahora en manos de la Justicia federal con sede en Mar del Plata.

Fuente: con información de DIB

Oscar Ernesto Barraza dejó su tenebrosa huella en Córdoba por una serie de ataques sexuales que cometió entre 1999 y 2004 contra al menos 15 mujeres que vivían solas en distintos barrios de la ciudad, como San Martín, Providencia y Crisol.

El hombre, que actualmente tiene 70 años, fue detenido en diciembre de 2006 después de una investigación que lo señaló como el “violador serial de ancianas”. La clave para atraparlo fue una botella de gaseosa, donde había dejado su perfil genético.

En 2008, la Cámara 6ª del Crimen lo condenó a 25 años de prisión por 15 abusos sexuales con acceso carnal, cuatro tentativas de abuso sexual, un hecho gravemente ultrajante y varios robos calificados.

Desde entonces, la defensa del condenado hizo varias presentaciones judiciales para acceder a la prisión domiciliaria. Por ahora, todos los pedidos han sido denegados.

Los jueces reconstruyeron un patrón de ataques: Barraza entraba de noche a las casas, maniataba a las víctimas, les tapaba la cara y, después de abusar de ellas, les robaba dinero y objetos de valor. En muchos casos, también cortaba el cable del teléfono para dejarlas incomunicadas.

Las víctimas de Barraza tenían entre 52 y 84 años. El agresor elegía a mujeres mayores porque, según los peritajes, representaban un “objeto menos ansiógeno” y le permitían desplegar una “fantasía de reivindicación”.

Barraza podrá solicitar la libertad asistida recién el 29 de junio de 2031. (Foto: gentileza La Voz).

Los especialistas detectaron en él una personalidad con rasgos psicopáticos y componentes sádicos, además de una agresividad inconsciente vinculada a su madre, con quien durmió hasta la pubertad.

Los informes psicológicos y psiquiátricos fueron contundentes: “El acusado tiene un coeficiente intelectual dentro de los límites de la normalidad; desde este punto de vista es un individuo normal que goza de la capacidad de comprensión y dirección de sus actos”. Sin embargo, también advirtieron una “tendencia compulsiva a repetir” actos antisociales para canalizar tensiones internas.

Durante el juicio, dos víctimas declararon que Barraza no era su agresor, pero el tribunal le dio más peso a los estudios genéticos. “En la balanza probatoria, cuenta con mayor contundencia convictiva el examen objetivo de ADN que los dichos de una víctima que, en razón de su edad y del shock vivido, no pudo reconocer su propia casa cuando se le presentó en fotografías”, argumentaron los jueces.

Barraza cumple su condena en la Cárcel de Villa Dolores, bajo la supervisión de la jueza de Ejecución Penal Soledad Juncos. En los últimos años, el condenado presentó varios pedidos para acceder a la prisión domiciliaria, argumentando su edad y buena conducta en el penal, donde trabaja en la panadería.

Sin embargo, la jueza fue tajante: “La jurisprudencia de Córdoba establece que no es automático; no alcanza con cumplir 70 años, tiene que existir un plus que lo justifique, y no era el caso”.

Aunque los informes penitenciarios destacan su “conducta ejemplar”, la buena conducta no garantiza beneficios como salidas transitorias o libertad condicional.

El principal obstáculo es su condición de reincidente. Antes de la condena por los abusos, Barraza ya tenía antecedentes por complicidad en un homicidio (1973) y tentativa de robo calificado (1995). Además, los informes psicológicos siguen siendo un factor clave para negar cualquier morigeración de la pena.

“El consejo del Servicio Penitenciario de Córdoba no considera que esté en condiciones para el período de prueba, por lo cual tampoco hay salidas transitorias por el momento”, explicó la magistrada.

Sin acceso a la libertad condicional y con todos los beneficios denegados, Barraza seguirá detenido en Villa Dolores casi hasta el final de su condena. Recién el 29 de junio de 2031, seis meses antes de cumplir la pena completa, podrá solicitar la libertad asistida.

Ese beneficio requiere una evaluación exhaustiva para determinar que no represente un riesgo para la sociedad ni para las víctimas.

“En la libertad asistida, lo que se evalúa es que no sea un riesgo para la sociedad, para la víctima o para sí mismo. Pero para eso, faltan muchos años”, remarcó la jueza Juncos.

Fuente: TN

La Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) informó que durante 2025 se registraron solo 15 secuestros extorsivos en todo el país, la cifra más baja de la última década. El dato surge del último informe estadístico del organismo, dirigido por el fiscal federal Santiago Marquevich.

Según el relevamiento, los casos se distribuyeron de manera desigual a lo largo del año: uno en enero, febrero, marzo y abril; tres en mayo; ninguno en junio; uno en julio; tres en agosto; dos en septiembre; ninguno en octubre y noviembre; y dos en diciembre. Estas cifras arrojan un promedio mensual de 1,25 secuestros extorsivos durante 2025.

En términos históricos, la evolución del delito muestra una tendencia claramente descendente. En 2015 se registraron 294 secuestros extorsivos; en 2016, 227; en 2017, 185; en 2018, 111; en 2019, 44; en 2020, 48; en 2021, 30; en 2022, 27; en 2023, 16; en 2024, 22; y en 2025, 15 casos.

Esa baja sostenida también se refleja en los promedios mensuales: 24,5 hechos por mes en 2015; 18,92 en 2016; 15,42 en 2017; 9,25 en 2018; 3,67 en 2019; 4 en 2020; 2,5 en 2021; 2,25 en 2022; 1,33 en 2023; 1,83 en 2024; y 1,25 en 2025.

Desde la UFECO señalaron que esta tendencia decreciente se vincula con el trabajo sostenido desde la creación de la ex Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), mediante la Resolución PGN 1583/2016, y su posterior transformación en la actual Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada, establecida por la Resolución PGN 79/2023. A partir de la disminución de este delito, la unidad amplió sus atribuciones para asistir a otras fiscalías en investigaciones vinculadas al crimen organizado.

El organismo destacó además que el proceso de recopilación y publicación de los datos estadísticos cuenta, desde 2020, con la certificación de la Norma IRAM-ISO 9001:2015, lo que garantiza un estricto control de calidad en el tratamiento y producción de la información.

Fuente: con información de Fiscales.gob.ar