La Justicia de Miami declaró culpable a Leonardo Venegas, medio hermano del futbolista Marcos Senesi, por abuso infantil e intento de secuestro de una niña de seis años, en un hecho ocurrido el 4 de julio de 2023 durante los festejos por el Día de la Independencia de Estados Unidos en el condado de Miami-Dade.

Según la investigación, Venegas, de 34 años y ex Youtuber conocido como Acido MC, merodeó la zona donde jugaba la menor y dos días después regresó en una camioneta Range Rover blanca. En ese momento, intentó sujetarla del brazo para llevársela cuando se encontraba sola.

La niña logró defenderse, lo mordió y escapó hacia su domicilio. De acuerdo con la fiscalía, antes de huir el acusado le propinó una cachetada. Las cámaras de seguridad del complejo captaron los movimientos del sospechoso, lo que permitió su identificación y posterior detención.

El fiscal Jared Lorenz sostuvo durante el juicio: “Leonardo Venegas secuestró a la nena pero, por desgracia para el acusado, eligió a la niña equivocada”. El jurado deliberó durante dos horas antes de declararlo culpable por ambos delitos.

Durante el proceso, Venegas negó los cargos y calificó a la víctima de “mentirosa”. Su defensa argumentó que se encontraba en el lugar por motivos laborales como agente inmobiliario, aunque esa versión fue desestimada.

La fiscal adjunta estatal Alejandra De Lafuente afirmó que el acusado eligió deliberadamente barrios vulnerables “donde hay niños pequeños sin supervisión para aprovecharse de ellos”. Además, remarcó que no solía frecuentar la zona donde ocurrió el hecho.

Ahora, el tribunal deberá definir la pena. Según fuentes judiciales, Venegas enfrenta una posible condena a prisión perpetua.

Con información de Infobae

El fiscal Gerardo Pollicita evalúa ampliar la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni, tras la presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, en un proceso que se desarrolla en la Justicia federal y que podría extender el período bajo análisis.

Según fuentes judiciales, la fiscalía ya cuenta con la declaración pública de bienes de Adorni y de su esposa Bettina Angeletti, aunque aún aguarda el acceso a los informes reservados. El objetivo es revisar en detalle los montos declarados, su origen y las fechas correspondientes para determinar si corresponde ampliar el objeto de la investigación.

Hasta el momento, el análisis se centró en los movimientos financieros y patrimoniales desde que el funcionario asumió en el cargo. Sin embargo, si las explicaciones brindadas remiten a períodos anteriores, el fiscal podría extender el alcance temporal de la causa y solicitar nuevas medidas de prueba.

Para el análisis de la documentación, la fiscalía cuenta con la colaboración de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), unidad especializada en investigaciones económicas y financieras del Ministerio Público.

En su declaración jurada correspondiente a 2025, Adorni informó un patrimonio cercano a los 945 millones de pesos. En una entrevista televisiva, sostuvo que su crecimiento patrimonial se vinculó a una inversión inicial de 200.000 dólares en criptomonedas, que habría alcanzado un valor de 500.000 dólares.

En cuanto a sus bienes, declaró deudas por más de 317.000 pesos y cerca de 188.000 dólares, además de propiedades como una vivienda en el country Indio Cuá y un departamento con cochera ubicado en Miró 500.

En paralelo, el fiscal Guillermo Marijuan solicitó la declaración jurada patrimonial del diputado bonaerense Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, para incorporarla a una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Según trascendió, el legislador presentó una nueva rectificación en la que informó cambios en la valuación de su vivienda en City Bell, la existencia de cinco cuentas bancarias por un total de 2.000.000 de pesos y la incorporación de una herencia.

Además de esta causa, el juez Ariel Lijo investiga a Manuel Adorni en otros expedientes. Uno de ellos analiza su vínculo con el periodista Marcelo Grandío, mientras que otro se centra en la relación entre la consultora de coaching ontológico de su esposa y empresas contratistas del Estado.

Con información de Infobae

“Muy contentos con el fallo. Gracias a Dios se hizo justicia”. Ricardo Latorraca, familiar de los hermanos Rosana y Oscar Coronel, celebró la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata que condenó hoy a prisión perpetua a Víctor Figueroa, por el doble homicidio cometido el 23 de diciembre de 2023.

Latorraca contó a El Marplatense que luego de que se dictara la sentencia, familiares y allegados a Rosana y Oscar se dirigieron hasta el cementerio, para recordar a las víctimas, ocasión en la que aprovecharon para dejar diversas ofrendas en los nichos donde descansan sus restos.

En un fallo dictado este mediodía por los jueces Jorge Rodríguez, Pablo Viñas y Roberto Falcone, el imputado fue hallado culpable de homicidio agravado por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por violencia de género en el caso de Rosana Coronel, y de homicidio agravado en perjuicio de Oscar Coronel.

La sentencia también incluyó condenas por amenazas agravadas y portación ilegal de arma de guerra, en línea con el pedido formulado por la fiscal Romina Díaz.

Según se expuso durante el debate oral, el hecho se desencadenó a partir de una discusión por música a alto volumen. En ese contexto, Marcelo Coronel intervino para defender a su hermana, momento en el que el acusado extrajo un arma de fuego y efectuó múltiples disparos.

Como consecuencia del ataque, Rosana Coronel recibió un disparo en el cuello y su hermano un impacto en la cabeza. Ambos fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos, donde fallecieron minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Tras el hecho, Figueroa intentó darse a la fuga en un vehículo, pero fue interceptado por personal policial en la zona de calle Magallanes al 11.400. En el automóvil se secuestró un revólver calibre.38, que había sido utilizado en el ataque.

El presidente Javier Milei celebró la aprobación de 74 pliegos de jueces, destacando la decisión como “el inicio de la reconstrucción de la Justicia”, en un proceso impulsado por el Gobierno nacional junto al Ministerio de Justicia, pese a la inclusión del pliego de María Verónica Michelli.

A través de su cuenta en X, el mandatario replicó un mensaje del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en el que valoró el avance institucional y el respaldo político para concretar las designaciones. “EL INICIO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos”, expresó Milei.

Por su parte, Mahiques sostuvo que se trata de “un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione” y subrayó que muchos de los postulantes llevaban más de ocho años esperando su designación tras haber superado los procesos de selección.

El funcionario también agradeció a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por su “apoyo constante”, y reconoció el trabajo de los senadores nacionales, en especial de la Comisión de Acuerdos, por la celeridad en el tratamiento legislativo.

Asimismo, extendió el reconocimiento al secretario de Justicia, Santiago Viola, por su participación en el proceso que permitió avanzar con las designaciones.

Desde el oficialismo señalaron que la aprobación de los pliegos marca el fin de un período de “parálisis” en el sistema judicial y representa un paso hacia la normalización institucional. “Se terminaron los años en los que el Poder Judicial sufría un abandono que afectaba a todos los argentinos”, concluyó Mahiques.

Con información de Noticias Argentinas

El Senado de la Nación Argentina aprobó el proyecto de ley que propone ampliar la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata mediante la creación de una nueva Sala con jueces y estructura propia, con el objetivo de mejorar el servicio de justicia en una jurisdicción que abarca cerca del 40% del territorio bonaerense. La iniciativa obtuvo media sanción y será girada a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.

La propuesta busca dar respuesta al crecimiento sostenido de causas que tramitan en el tribunal, donde actualmente alrededor del 75% de los expedientes están vinculados a temas previsionales y de salud.

Durante el debate en comisiones, el presidente de la Cámara, Alejandro Tazza, advirtió sobre la situación crítica que atraviesa el organismo: “Vivimos una cruda realidad. Estamos a un paso del colapso”, sostuvo al exponer sobre el incremento de casos y la complejidad de las materias abordadas.

En la actualidad, la Cámara Federal de Mar del Plata recibe apelaciones de ocho juzgados federales. Mientras que en sus primeros años tramitaba alrededor de 700 expedientes anuales, en 2025 alcanzó los 8900 casos, lo que representa un crecimiento superior al 1100%. Además, durante los últimos 18 años funcionó con apenas dos magistrados.

El escenario se complejiza por la amplitud territorial de la jurisdicción y la diversidad de materias que atiende, que incluyen cuestiones penales, civiles y comerciales, laborales, previsionales y de salud, además de la gestión administrativa interna.

La necesidad de ampliar la estructura del tribunal fue reconocida en distintas instancias por autoridades nacionales, provinciales y municipales, ante el aumento de la judicialización en el ámbito de la Justicia Federal.

Un hombre de 34 años fue detenido por personal de la Subcomisaría Camet, en el marco de un operativo realizado en cumplimiento de una orden judicial vigente emitida por la Justicia de Tandil, en una causa por hurto.

El procedimiento se llevó a cabo tras la identificación del imputado, sobre quien pesaba un pedido de captura dispuesto por el Juzgado Correccional N°1 de Tandil. La medida fue emitida por su titular, Hugo Fernando Falivene, y ejecutada por efectivos policiales en la jurisdicción local.

Tras concretarse la detención, se dispuso la notificación de formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires oficializó el calendario de la feria judicial de invierno 2026, que se desarrollará entre el 20 y el 31 de julio. Durante ese período se suspenderá la actividad ordinaria en los tribunales bonaerenses, aunque continuarán funcionando guardias para atender casos urgentes.

La medida fue establecida mediante el Acuerdo 4229 y alcanza a todos los organismos que integran el Poder Judicial de la provincia. El receso coincidirá con las vacaciones escolares definidas por la Dirección General de Cultura y Educación.

Desde la Corte explicaron que la definición anticipada de las fechas permitirá reorganizar audiencias, licencias y reemplazos dentro de cada dependencia judicial, además de facilitar la planificación de las actividades previstas para el segundo semestre.

Pese a la feria, el servicio de justicia no quedará paralizado. Seguirán operativas las guardias y organismos de turno para intervenir en causas urgentes, como casos de violencia de género, cuestiones de familia, salud, medidas cautelares, privaciones de libertad y otros expedientes que requieran resolución inmediata.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló la elección nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), dispuso el desplazamiento de su secretario general Abel Furlán, ordenó la intervención del gremio por 180 días y convocó a nuevos comicios, en una resolución dictada por la Sala VIII del tribunal laboral.

El fallo también declaró nulas las elecciones realizadas en la seccional Campana, origen de la causa impulsada por la Lista Naranja, que denunció irregularidades en el proceso electoral llevado a cabo entre el 2 y el 4 de marzo. La Cámara consideró que esos comicios y la elección nacional del 18 de marzo eran “inescindibles”.

“Si una es nula, también la otra lo es”, sostuvo el juez de Cámara Víctor Arturo Pesino en su voto, al que adhirió la magistrada María Dora González.

El tribunal ordenó el “cese inmediato” de Furlán y del resto de las autoridades electas, y dejó sin efecto todas las designaciones realizadas desde su asunción. Además, declaró la acefalía del sindicato y designó como interventor judicial al abogado Alberto Biglieri, quien deberá convocar a nuevas elecciones en un plazo de 180 días.

Entre las irregularidades señaladas, la sentencia destacó la custodia de las urnas durante tres jornadas consecutivas sin escrutinios provisorios diarios ni garantías suficientes sobre la inviolabilidad del voto. “La ausencia de salvaguarda de la voluntad de los electores, en una elección que se prorrogó durante tres días, destruyó la objetividad de todo el proceso”, indicó el fallo.

Los jueces también cuestionaron que las urnas permanecieran bajo control de la conducción oficialista en la sede sindical de Campana y calificaron como “inaceptable e irrazonable” exigir a la oposición “pernoctar” en el lugar para garantizar el control del proceso. Asimismo, remarcaron el “silencio” de las juntas electorales frente a las denuncias de la Lista Naranja.

En otro tramo, el tribunal señaló que la UOM desoyó la medida cautelar dictada el 17 de marzo que suspendía la elección nacional. “La UOM prefirió desoír a esta Sala y seguir adelante”, afirmaron los magistrados.

Finalmente, la Cámara sostuvo que la intervención judicial resulta necesaria para “restaurar” la legalidad institucional del sindicato. “La intervención judicial (…) no es un acto discrecional que busca limitar la autonomía sindical, sino una respuesta judicial que se alza como el único remedio posible para restaurarla”, concluyó el fallo.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

La Justicia bonaerense resolvió unificar los reclamos presentados por la Municipalidad de General Pueyrredon en torno al conflicto por el control del Complejo Punta Mogotes y otorgó un plazo de cinco días hábiles al gobierno de la Provincia de Buenos Aires y a la administración del predio para que presenten informes detallados sobre obras y licitaciones, antes de resolver una medida cautelar solicitada por la comuna.

La decisión, adoptada en el fuero Contencioso Administrativo, determinó la radicación del nuevo planteo por razones de “conexidad” y “economía procesal”, incorporándolo al expediente N°32.496, caratulado “Municipalidad de General Pueyrredon c/ Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos”.

El eje del conflicto gira en torno a la medida cautelar anticipada impulsada por el Ejecutivo local, que busca frenar de manera preventiva cualquier avance sobre el complejo costero mientras se sustancia la demanda de fondo. No obstante, el magistrado optó por postergar una definición y requerir mayores elementos antes de pronunciarse.

Para resolver el pedido, el tribunal deberá evaluar la verosimilitud del derecho invocado por el Municipio, el riesgo de un perjuicio irreparable y el impacto de la decisión sobre el interés público.

En ese marco, la Justicia intimó tanto a la Provincia como a la administración de Punta Mogotes a presentar, en formato digital, toda la documentación vinculada a llamados a licitación, adjudicaciones y ejecución de obras en el complejo, incluyendo detalles técnicos y anexos.

Con esta resolución, el proceso entra en una etapa clave: el contenido de los informes que deberán entregarse en los próximos días será determinante para definir si se dicta una medida que podría frenar los proyectos en una de las zonas más estratégicas del frente costero marplatense.

El juez federal Julián Ercolini procesó hoy a la ex fiscal Viviana Fein por el delito de “encubrimiento agravado” en la causa que investiga las irregularidades en el inicio de la instrucción por la muerte de Alberto Nisman, al considerar que no preservó la escena ni recolectó pruebas clave en el departamento de Puerto Madero.

La resolución judicial incluye un embargo preventivo de 15 millones de pesos sobre los bienes de la ex funcionaria y sostiene que hubo omisiones en los protocolos básicos de actuación durante las primeras horas tras el hallazgo del cuerpo en enero de 2015, en el complejo Le Parc.

En los fundamentos del fallo, Ercolini afirmó que la escena del crimen fue “alterada” y que Fein “no preservó debidamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios”, lo que derivó en la pérdida o modificación de evidencias relevantes para la investigación.

Según el magistrado, estas deficiencias generaron “un grave perjuicio para el curso de la investigación del homicidio”, ya que impidieron resguardar elementos clave en un momento determinante.

La decisión se enmarca en la investigación por la muerte de Nisman, quien fue hallado con un disparo en la cabeza el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015, días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.

El procesamiento se alinea con el pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien había solicitado avanzar contra Fein tras su declaración indagatoria.

Para la Justicia federal, el accionar de la ex fiscal no constituyó un error involuntario, sino una cadena de omisiones que afectaron el desarrollo y el resultado de la investigación desde su origen.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habría gastado alrededor de $14 millones en la renovación de los muebles de un departamento que posee en el barrio porteño de Caballito, según se desprende de la declaración realizada por el contratista Matías Tabar, quien refaccionó la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

La información se conoció hoy, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante la Justicia federal. En ese contexto, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, para profundizar la pesquisa.

Además, el fiscal Gerardo Pollicita avanzó con la indagatoria de Leandro Miano, hijo de una de las jubiladas prestamistas vinculadas a la compra y venta del departamento en Capital Federal. Según se informó, Miano también es socio de Pablo Feijoo, hijo de la otra jubilada relacionada con el caso y señalado como gestor de la operación inmobiliaria.

Por otra parte, la Justicia solicitó el peritaje del teléfono celular de Tabar con el objetivo de obtener información sobre las comunicaciones mantenidas con Adorni y Angeletti. A su vez, Lijo ordenó revisar llamadas y mensajes del periodista y productor Marcelo Grandio, identificado como amigo del jefe de Gabinete.

En las últimas semanas, a partir de testimonios y documentación aportada por distintos testigos, trascendió que los gastos en viajes al exterior y las compras de inmuebles se habrían realizado desde que Adorni asumió funciones en el Gobierno nacional.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

El fiscal Gerardo Pollicita rechazó hoy el pedido de la diputada Marcela Pagano para detener “de manera inmediata” al jefe de Gabinete Manuel Adorni, al considerar que no existen riesgos procesales que justifiquen una medida de arresto, en el marco de una investigación judicial en curso por enriquecimiento ilícito.

Según el dictamen, la fiscalía concluyó que no se verifican los “extremos necesarios” para ordenar una detención, como peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. No obstante, dejó abierta la posibilidad de aplicar medidas alternativas, entre ellas la prohibición de contacto con determinados testigos.

En paralelo, la Justicia dispuso el peritaje del teléfono celular del contratista Matías Tabar, quien declaró ayer, con el objetivo de verificar los presuntos mensajes e intercambios que habría mantenido con Adorni y con su esposa, Bettina Angeletti.

El pedido de detención había sido presentado por Pagano en base a la denominada “doctrina Irurzun”, un criterio jurisprudencial que contempla la prisión preventiva para funcionarios o ex funcionarios ante la posibilidad de influir en una causa a partir de vínculos residuales con el Estado.

En ese sentido, la legisladora argumentó que Adorni tendría “capacidad estructural” para obstaculizar la investigación, especialmente tras la declaración de Tabar, quien aseguró haber recibido presiones antes de testificar.

Por otra parte, en el marco de las próximas diligencias, está prevista mañana la declaración de Leandro Miano, vinculado a una de las personas que intervino en la operación de compra-venta de un departamento del funcionario en el barrio porteño de Caballito.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

La Cámara Federal de Casación Penal anuló el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa por presuntas irregularidades en la contratación de seguros del Estado, y ordenó revisar el fallo dictado previamente por la Cámara Federal.

La decisión fue adoptada por la Sala IV del tribunal, con los votos de Mariano Borinsky y Javier Carbajo, mientras que Gustavo Hornos votó en disidencia y se pronunció a favor de mantener el procesamiento.

Casación hizo lugar al recurso presentado por la defensa del ex mandatario y dispuso que la instancia anterior dicte un nuevo pronunciamiento sobre su situación procesal.

El fallo se apoyó, entre otros puntos, en la postura del fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, quien había sostenido que no existían elementos suficientes para avanzar con el procesamiento.

En ese sentido, los jueces remarcaron que “no hay juez sin acusador” y consideraron que la Cámara Federal había confirmado el procesamiento “sin una base acusatoria suficiente”, lo que implicó una vulneración del principio acusatorio. Carbajo, en su voto, sostuvo que la resolución anterior fue dictada “en exceso de la pretensión oportunamente expuesta por la acusación”.

Por su parte, Hornos argumentó en disidencia que el fallo no era definitivo y que debía mantenerse vigente para permitir el avance de la investigación, al considerar que existían elementos que justificaban profundizar la pesquisa por presuntos hechos de corrupción.

La causa investiga si, a partir del Decreto 823/2021, se centralizó la contratación de seguros estatales en Nación Seguros S.A., habilitando la participación de intermediarios y coaseguradoras privadas con comisiones superiores a las de mercado y un eventual perjuicio económico para el Estado.

En ese expediente, Fernández había sido procesado por “negociaciones incompatibles con la función pública”, con un embargo de $14.634.220.283,68 y prohibición de salida del país. También están involucrados otros imputados, entre ellos Diego Nicolás Rosendi, Agustín Beraldi y la firma Bri Brokers S.A.

Pese a la resolución de Casación, la investigación continúa y la Cámara Federal deberá analizar nuevamente la situación del ex mandatario, así como el impacto de esta decisión sobre el resto de los involucrados.

Fuente: con información de TN

La puesta en marcha de la Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei se da en un contexto de definiciones judiciales aún abiertas según explicó el abogado especialista en legislación laboral, Humberto Noel, quien detalló el recorrido legal que derivó en la actual aplicación de la norma.

El especialista señaló, en diálogo con el programa Nunca se sabe por Radio Mitre Mar del Plata, que en una primera instancia “se dictó una medida cautelar, que es circunstancial y provisoria”, mediante la cual se suspendía la aplicación de la ley por un período limitado hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo, es decir, su constitucionalidad.

Sin embargo, el escenario cambió a partir de la intervención de la Cámara Nacional del Trabajo. Noel explicó que el Gobierno apeló esa cautelar, aunque “no discute la cuestión de fondo, sino si la ley debe suspenderse o aplicarse mientras tanto”. Esa discusión recayó en la Sala VII, que finalmente adoptó una postura contraria a la del juez de primera instancia.

En ese sentido, precisó que la Cámara resolvió que “la ley debe aplicarse hasta tanto salga la sentencia definitiva”, lo que implica que la nueva normativa -aprobada por el Congreso- vuelve a regir pese a que su validez constitucional aún no fue definida. “El juez Raúl Ojeda había suspendido su aplicación mediante la cautelar, pero la Cámara dice lo contrario”, remarcó.

A partir de esta decisión, el proceso continúa en paralelo en distintas instancias. Por un lado, “debería aplicarse la nueva Ley de Reforma Laboral y el expediente volver al juzgado del doctor Ojeda”, quien tendrá que dictar una sentencia definitiva. Pero, al mismo tiempo, el Gobierno avanzó con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que se expida directamente sobre la cuestión de fondo.

“En este interín, el Gobierno va directamente a la Corte Suprema de la Nación para que defina si la nueva ley es aplicable o no”, explicó Noel, subrayando que esta doble vía mantiene abierta la incertidumbre jurídica.

Mientras tanto, la aplicación efectiva de la reforma ya impacta en aspectos centrales de las relaciones laborales. Tal como se desprende del contexto actual, vuelven a regir cambios en indemnizaciones, esquemas de vacaciones y modalidades de jornada laboral, ejes clave del nuevo régimen que habían quedado en suspenso durante la vigencia de la cautelar.

Noel advirtió que, en este escenario, pueden coexistir fallos contradictorios en distintos puntos del país. “Distintos tribunales pueden tener decisiones diferentes sobre la constitucionalidad”, indicó, y agregó que la situación solo se ordenará cuando exista un pronunciamiento definitivo del máximo tribunal: “Hasta que no haya una sentencia de la Corte en doctrina legal, que sea obligatoria para todos, la cuestión de fondo sigue pendiente”.

En cuanto a los tiempos, el panorama es incierto. El abogado fue claro al respecto: “No hay un plazo”. Y explicó que, a diferencia de los tribunales inferiores, “la Corte Suprema no tiene tiempos establecidos para resolver”, por lo que la definición final podría demorar sin una fecha precisa.

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó ejecutar los bienes de la ex presidente Cristina Fernández, sus hijos y otros condenados en la causa Vialidad, con el objetivo de cubrir un monto actualizado de $684.990.350.139,86, según el fallo firmado hoy.

La decisión fue adoptada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes avanzaron con el decomiso de los bienes tras constatar que los condenados no cumplieron con la intimación de pago.

El monto original, fijado en $84.835.227.378,04, fue actualizado tras la intervención de peritos oficiales, fiscales y el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La medida incluye inmuebles de empresas como Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL, además de propiedades que fueron cedidas a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. También se prevé avanzar sobre bienes de otros condenados si los activos iniciales resultan insuficientes.

Entre los inmuebles alcanzados figura una propiedad ubicada en el Departamento III Lago Argentino, sobre avenida 17 de Octubre al 800, adquirida en 2007, con una superficie de 6.001,64 metros cuadrados.

El listado incluye además diez unidades sobre la calle Mitre al 500, en Río Gallegos, adquiridas en 2007, así como un inmueble en 25 de Mayo al 200, incorporado en 2010, y otra propiedad en Presidente Néstor Kirchner al 400, sumada en 2006.

También se contemplan terrenos en el Departamento III Lago Argentino, en las inmediaciones de El Calafate, entre ellos el predio donde se desarrolló el complejo hotelero Los Sauces, junto a parcelas adyacentes adquiridas en distintos años.

En ese mismo departamento, el inventario incorpora dos propiedades de gran extensión: una de 44.106 metros cuadrados y otra de 87.046 metros cuadrados, ambas adquiridas en 2007.

Asimismo, se incluye el hotel La Aldea del Chaltén, dentro del conjunto de activos alcanzados por la medida judicial.

La resolución también contempla la eventual ejecución de bienes de otros condenados, entre ellos Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich, en caso de no alcanzarse la suma fijada.

Fuente: con información de Infobae

Un ciudadano argentino de 67 años fue detenido en Río de Janeiro tras insultar a una joven en un supermercado del barrio de Copacabana, en un episodio ocurrido el lunes que derivó en la intervención policial y en el dictado de prisión preventiva por parte de la Justicia local.

El acusado, identificado como José Luis Haile, protagonizó el incidente en una sucursal del comercio Mundial, donde, según la denuncia, se quejó por demoras en la apertura de cajas y mantuvo una discusión con una trabajadora del lugar, a quien habría insultado con expresiones discriminatorias.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, Samara Rodrigues de Lima, de 23 años, el hombre comenzó a increparla mientras ella se encontraba en la fila. Tras el cruce, otro argentino presente dio aviso a la Policía, que procedió a su detención y traslado a una comisaría de la zona.

Luego de la audiencia de control, la Justicia brasileña resolvió dictar la prisión preventiva para Haile, quien permanece alojado en una unidad penitenciaria en el sector norte de la ciudad, mientras continúa el proceso judicial.

Según trascendió, el acusado reside en el exterior desde hace dos años y en redes sociales manifestaba afinidad por la ciudad brasileña.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

La Justicia inició el plazo legal para definir el pedido de detención del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una investigación judicial impulsada por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón.

La solicitud, presentada formalmente por el fiscal, plantea la detención inmediata de ambos dirigentes, en una causa que pone en el centro de la escena a la conducción del fútbol argentino.

Según trascendió, el juez Guillermo Díaz cuenta ahora con el tiempo reglamentario para evaluar si existen elementos de prueba suficientes que justifiquen la privación de la libertad de los acusados.

El pedido se sustenta en un dictamen de 181 páginas elaborado por el fiscal Simón, en el que se describe una presunta red de maniobras irregulares vinculadas a empresas asociadas a Toviggino, a través de las cuales se habrían concretado negocios ilícitos con la AFA.

De acuerdo a la acusación, la entidad habría sido utilizada como plataforma para acuerdos que beneficiaron económicamente a sus principales autoridades, en perjuicio de la transparencia institucional.

En ese marco, la fiscalía imputa a Tapia y Toviggino como presuntos responsables de los delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos, señalando la existencia de una estructura organizada destinada a desviar fondos y ocultar su origen.

La investigación también abarca el seguimiento de bienes y activos dentro y fuera de Santiago del Estero, con el objetivo de reconstruir el flujo de dinero presuntamente involucrado en las maniobras.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

En el marco de una acción de amparo, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº2 de Mar del Plata hizo lugar a una medida cautelar innovativa y ordenó a la empresa Molas y Asociados Fiduciaria S.A. cesar toda intervención en el predio de avenida Jorge Newbery 5035, donde se proyecta el emprendimiento Plaza Rumencó, hasta tanto se obtenga la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

La decisión judicial se inscribe en una presentación impulsada por el abogado Maximiliano Orsini, fundamentada en que el proyecto no cuenta con la DIA, requisito legal indispensable previo a cualquier obra, que además se encuentra en trámite legislativo sin ordenanza aprobada y que presenta intervenciones materiales en curso, como tareas de deforestación, con potencial de generar un daño ambiental irreparable.

En ese sentido, Orsini remarcó en diálogo con Nunca se sabe por Radio Mitre Mar del Plata que “no había dictamen de impacto ambiental que habilitara la obra, que ya se había iniciado, con una tala de aproximadamente 300 árboles y un impacto ambiental de magnitud significativa”.

Al analizar el caso, el juez Marcelo Daniel Fernández consideró acreditados los requisitos necesarios para dictar la medida cautelar. En cuanto a la verosimilitud del derecho, se constató la inexistencia de la DIA, lo que implica un incumplimiento sustancial de la normativa ambiental vigente, en particular de la Ley 11.723. Para Orsini, el proyecto “se inició en forma ilegítima, sin autorización municipal”, y advirtió que “arrancaron a vender, a construir, a talar árboles como si se tratara del fondo de una casa particular”.

Respecto del peligro en la demora, el juez advirtió que las tareas en curso podrían provocar daños ambientales de difícil o imposible recomposición, lo que justifica la urgencia de la medida. En línea con ese criterio, Orsini sostuvo que “estamos ante un acto con consecuencias irreversibles: la tala de árboles es de imposible recomposición”, lo que refuerza el carácter colectivo del amparo.

En relación con el interés público, el fallo señala que la cautelar no lo afecta negativamente, sino que contribuye a la protección del ambiente y al cumplimiento de la normativa vigente. El abogado también apuntó a la falta de controles: “Claramente fue un proyecto que no fue fiscalizado. Si se hubiese cumplido el rol que corresponde, esto no habría llegado hasta donde llegó”.

En consecuencia, la Justicia resolvió hacer lugar a la medida cautelar, ordenar a la empresa la suspensión de toda actividad en el predio hasta obtener la correspondiente DIA, disponer que la Municipalidad garantice el cumplimiento de la medida y exigir como contracautela una caución juratoria por parte del actor. Tras la resolución, Orsini anticipó los próximos pasos: “Se les va a notificar la medida cautelar y tendrán que regularizar la situación. Deberían empezar como corresponde, como cualquier ciudadano: cumpliendo la ley”.

Por Humberto O. Noel

La semana pasada la noticia del desafuero de un Juez que fuera integrante del Tribunal de Trabajo N°4 de Mar del Plata por actitudes imposibles de imaginar por parte de un magistrado en el ejercicio de sus funciones, según sentencia dictada por el Jurado de Enjuiciamiento en el expediente  SJ 680/23 - “Riva Mariano s/ Jurado de Enjuiciamiento’’, trascendió el ámbito judicial causando indignación no sólo en los vecinos de esta ciudad, sino también en distintos lugares provinciales y hasta nacionales.

Pero este hecho tapó a otro no menos escandaloso, que fue la orden de desalojo del edificio sito en Garay 1768 donde funcionan los Tribunales del Trabajo 1, 2 y 3, por falta de pago de los alquileres a cargo de la locataria, que no es otra que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. La correspondiente sentencia fue dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial N°11 de la ciudad de La Plata en los autos ‘Maquez Adriana c/ Provincia de Buenos Aires s/ Desalojo. El próximo paso judicial es el lanzamiento, por lo que no debería asombrarlos que cualquier día de estos al circular por la arteria nombrada nos encontremos que está ocupada por el mobiliario de dicho órgano judicial que ha sido allí arrojado.

Comenzando por el primer acontecimiento, debo decir que durante varios años, la Asociación Judicial Bonaerense denunció en distintas ocasiones al Juez finalmente destituido por maltrato del personal, al que le hizo vivir situaciones aberrantes.

Fue necesario además de la insistencia del sindicato nombrado durante todo ese tiempo, denuncias de abogados y presentaciones de justiciables ante el supremo órgano judicial de este estado, que aunque huelgue agregar, tiene una Secretaría llamada Control Judicial que cuenta con un cuerpo de inspectores, mediante el cual debería impedir que avancen situaciones como esta.

Llegado a un punto insostenible se inició el enjuiciamiento de quien para acceder al cargo que ocupó, debió someterse a un examen físico y psíquico realizado por el departamento correspondiente del poder judicial bonaerense, que esta demás decirlo, depende y debe ser contralado por la SCJBA. Y la primera pregunta que se formulan quienes conocieron a esta persona o quienes siguieron las alternativas del Jury es cómo se lo consideró capacitado psicológicamente.

Retomo ahora el desahucio citado, y con él, el caos edilicio en el que funciona la administración de justicia en nuestra ciudad.

Para ello, y dado que no se exhiben datos para su conocimiento público, se estima que se alquilan entre seis y nueve inmuebles en Mar del Plata a un costo anual que puede calcularse entre $240.000.000 y $530.000.000 habiéndose dejado de lado el anhelado y viejo proyecto de construcción de una ciudad judicial, para el que el Estado nacional donó al provincial el predio situado en la avenida Juan B. Justo entre Pehuajó y Funes mediante ley 26.673/2011, formalizándose posteriormente el acto de escrituración.

En esos lugares en los que el deterioro ha llegado a una situación calamitosa, trabajan hacinados estimativamente 1200 empleados, transitan los abogados y no tienen donde sentarse los justiciables o testigos que deben concurrir. En los depósitos de los expedientes en papel que están desapareciendo por el avance tecnológico o porque fueron comidos por la ratas, una trabajadora precisamente se contagió de leptospirosis.

Pero no es menos cierto que se compraron dos fastuosos chalets, patrimonio arquitectónico de Mar del Plata, uno en la intersección de las calles Falucho y Corrientes (Villa Devoto) donde imparte justicia la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial y otro recientemente en la esquina de las calles Buenos Aires y Brown (Villa Bary) sede actual de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, imponentes ambos a la vista y orgullo de un pasado, pero que resultan ser inapropiados y carentes de funcionalidad para la finalidad, por los que se pagaron estimativamente $3.000.000.000, no habiéndose publicado detalles al respecto.

¿Cómo se ha llegado a este estado? Tal vez esta pregunta la responda lo dicho por un empleado judicial pronto a jubilarse, al puntualizar que en bastante más de 35 años de desempeño nunca presenció la visita de un ministro de la Corte, agregando que comprendía que podría resultarles engorroso por más que no lo hagan diariamente, sumarles al traslado desde sus domicilios sitos a no menos de 60 kilómetros de la ciudad de La Plata donde cuentan con adecuados despachos, venir a Mar del Plata o a cualquier ciudad cabecera de otro departamento judicial, en los autos con chofer que se les proporciona.

El Tribunal en lo Criminal N°2 de Dolores condenó a tres personas por abuso sexual y corrupción de menores en Villa Gesell, con penas de hasta 15 años de prisión, tras comprobarse hechos reiterados contra dos niños de entre 6 y 8 años, en una causa considerada de extrema gravedad por la Justicia.

Según el fallo, los hechos acreditados revelaron que las víctimas eran sometidas no solo a abusos físicos, sino también a “prácticas ultrajantes”, en un contexto de vulnerabilidad sostenida. La sentencia puso especial énfasis en la situación de la niña, a quien calificó como víctima de “vulnerabilidad interseccional” por su doble condición de mujer y menor de edad.

Los jueces señalaron además que los imputados ejercían el rol de “guardadores de hecho”, es decir, asumían el cuidado de los niños, lo que fue utilizado para vulnerar su integridad de manera sistemática. En ese marco, recordaron la obligación del Estado de actuar con “diligencia reforzada” en la protección de la niñez, en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño y las 100 Reglas de Brasilia.

Para establecer las penas por encima de los mínimos legales, el tribunal consideró como agravantes la corta edad de las víctimas, la reiteración de los abusos y el daño psicológico acreditado por peritos. Como atenuante, se contempló la ausencia de antecedentes penales de los acusados.

El fallo fue dictado por los magistrados Juan Paulo Gardinetti, Christian Ariel Rabaia y Marcos Milano, quienes desestimaron los argumentos de las defensas y avanzaron con una sentencia condenatoria.

Fuente: con información de DIB