El juez federal Ariel Lijo citó a declaración indagatoria a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina, en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción, cartelización y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Además, ordenó la inhibición general de bienes de 36 imputados vinculados al expediente.

La resolución respondió al requerimiento de los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), quienes investigan un presunto esquema de direccionamiento de compras de medicamentos de alto costo dentro del organismo entre mayo de 2024 y agosto de 2025.

Según la hipótesis de la fiscalía, la droguería habría obtenido información privilegiada sobre las licitaciones, establecido montos discrecionales y coordinado con otras empresas un presunto reparto de cuotas de mercado. La investigación busca determinar las responsabilidades de los empresarios y de los funcionarios y operadores que habrían intervenido en las maniobras.

El cronograma de declaraciones comenzará el próximo jueves 29 con los interrogatorios a los hermanos Kovalivker y a Diego Viner, director de compras de Suizo Argentina.

La nómina de convocados incluye a directivos de distintas empresas proveedoras y contempla la ampliación de las declaraciones de ex funcionarios y operadores investigados en el expediente. Entre ellos se encuentran el extitular de ANDIS Diego Spagnuolo, Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete.

La ronda de indagatorias se extenderá hasta el 26 de noviembre, de acuerdo con el cronograma dispuesto por el magistrado.

Además de las citaciones, Lijo ordenó la inhibición general de bienes de 36 personas imputadas en la causa. La medida busca preservar el patrimonio ante la posibilidad de un eventual decomiso o de una reparación económica derivada del proceso judicial.

Para instrumentar las restricciones, el juez dispuso notificar las medidas cautelares a los registros de la Propiedad Inmueble, del Automotor, de Buques y de la Aviación Civil.

La investigación se centra en determinar si existió una estructura destinada a direccionar contrataciones públicas y favorecer a determinadas empresas proveedoras de medicamentos. Las responsabilidades penales deberán establecerse a partir de las pruebas reunidas y el avance del proceso judicial.

Familiares, amigos y vecinos despidieron este viernes a Aixa Dana Mili, la joven de 20 años que fue encontrada muerta en su casa de Dique Luján, en el partido de Tigre. La ceremonia estuvo acompañada por un pedido de justicia mientras continúa la investigación por el femicidio.

Aixa había denunciado previamente a su expareja por hechos de violencia y contaba con una medida de restricción. El hombre, identificado como Alejandro Daniel Sofía, quedó señalado como principal sospechoso del crimen y permaneció prófugo durante varios días.

Sofía finalmente fue localizado en la casa de su abuela, ubicada a unos 300 metros de la vivienda donde fue encontrada Aixa. De acuerdo con la fiscal Mariela Miozzo, ese domicilio ya había sido allanado durante la investigación, aunque en ese momento no habían encontrado al sospechoso. Los investigadores pudieron determinar posteriormente su ubicación mediante el análisis de sus telecomunicaciones.

La detención generó momentos de tensión en el lugar, ya que un grupo de vecinos se concentró frente a la vivienda donde fue encontrado el acusado e intentó impedir que la Policía lo trasladara. Los efectivos debieron intervenir para contener a los manifestantes y completar el operativo.

Durante la despedida, los familiares de Aixa volvieron a reclamar justicia y cuestionaron las circunstancias que rodearon la fuga del sospechoso. También pidieron que se investigue si otras personas pudieron haberlo ayudado a permanecer oculto. 

La familia había señalado anteriormente que Aixa había sufrido situaciones de violencia y persecución por parte de su expareja. Según sus allegados, la joven había realizado denuncias antes del crimen y tenía una medida de protección.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía especializada en género de Tigre, que busca reconstruir los movimientos del acusado antes y después del asesinato y determinar si existió colaboración de terceros. El caso había generado además una movilización de familiares, amigos y vecinos en Dique Luján para reclamar justicia por la muerte de Aixa. La marcha comenzó frente a la vivienda de la joven y llegó hasta el puente de la localidad.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a las plataformas Facebook e Instagram identificar a los titulares de cuentas anónimas que llevaron a cabo un escrache público virtual contra un estudiante universitario. El joven, militante social, había sido señalado en redes bajo acusaciones de ser un abusador y manipulador psicológico.

El fallo, que se extiende por más de 50 carillas, contó con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los magistrados analizaron la tensión entre la libertad de expresión, el derecho a la intimidad y el debido proceso, concluyendo que el denunciante no debe ser considerado una figura pública solo por su militancia.

La modalidad utilizada en el texto, combinada con la gravedad de las conductas que se denuncian, colocan al actor en una inaceptable situación de indefensión de sus derechos, señaló Horacio Rosatti.

El estudiante, perteneciente a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, había recurrido a la justicia tras sufrir exclusión social y destrato a raíz de las publicaciones realizadas por la cuenta Comisión de Género de la FaHCE. En primera instancia, el reclamo fue aceptado, pero luego la Sala III de la Cámara Federal de La Plata revocó la decisión al considerar que el discurso estaba amparado en la libertad de expresión.

Sin embargo, la Corte Suprema revirtió este criterio. Horacio Rosatti enfatizó que el anonimato en las redes sociales multiplica el daño potencial e impide al acusado defenderse. Por su parte, Carlos Rosenkrantz sostuvo que el interés público de un tema no justifica invadir la esfera de reserva y privacidad de una persona. Finalmente, Ricardo Lorenzetti subrayó que el uso de redes sociales no implica una renuncia a la protección de la intimidad.

Ante esta resolución, el máximo tribunal ordenó que se informe la identidad del titular de las cuentas individualizadas y se eliminen las publicaciones en cuestión.

El fiscal Carlos Russo solicitó hoy penas de 12 años de prisión para Guillermo Caldera y de 6 años para su ex pareja Andrea Farías, en el marco de la audiencia de cesura desarrollada ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Mar del Plata, luego de que un jurado popular los declarara culpables por el abandono del médico Jorge Caldera, hecho que derivó en su muerte.

Durante su alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la víctima fue sometida a un prolongado padecimiento en condiciones indignas dentro de la vivienda ubicada en Bolívar al 3700, donde fue hallado en agosto de 2023 con un grave deterioro físico que motivó su posterior traslado a la Clínica Colón, donde finalmente falleció.

En ese sentido, el fiscal remarcó el vínculo filial y la especial obligación de cuidado que recaía sobre el principal imputado.

En contraposición, las defensas oficiales plantearon distintos atenuantes. La abogada Gabriela Zapata solicitó el mínimo legal de 3 años de prisión para Farías al considerar su situación de vulnerabilidad económica, mientras que Gabriela Mónaco cuestionó la constitucionalidad del mínimo de la escala penal para Caldera, argumentando presuntas afecciones psiquiátricas que habrían condicionado su accionar.

El juez Gustavo Fissore anunció que la sentencia definitiva será dada a conocer el próximo martes 29 a las 12:00.

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a Héctor Lorenzo Andersen, ex sargento primero del Ejército Argentino, a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por abusar sexualmente de dos soldados voluntarias en 2022, en el cuartel de Azul, donde estaban bajo su mando.

El tribunal -integrado por los jueces Roberto Fernando Minguillón, Nicolás Toselli y Matías Mancini- consideró acreditada la autoría del delito de abuso sexual simple y valoró los planteos con perspectiva de género impulsados por el fiscal general subrogante Carlos Fioriti y la defensora pública de víctimas Inés Jaureguiberry.

Además de la pena, la sentencia dispuso que Andersen deberá abonar una reparación económica de cinco millones de pesos a cada una de las damnificadas. También le impuso la prohibición absoluta de contacto y de acercamiento a menos de 500 metros de las víctimas y sus familiares.

En el mismo fallo, se estableció la obligación de que el condenado participe del programa Dispositivo Masculinidades, implementado por el Patronato de Liberados y la Municipalidad de Azul. Asimismo, el tribunal exhortó al Ministerio de Defensa y al Ejército Argentino a implementar protocolos de acompañamiento interdisciplinario, confidencialidad y registro estadístico ante denuncias por delitos contra la integridad sexual en el ámbito castrense.

El administrador general de Punta Mogotes, Fernando Maraude, confirmó hoy la prórroga de las veinticuatro unidades balnearias para la temporada 2027, luego de que el Municipio de General Pueyrredon desistiera de la medida cautelar que trababa la administración del complejo.

La resolución permitió destrabar el conflicto judicial con la Provincia de Buenos Aires y garantizar el normal funcionamiento del predio de cara al próximo verano.

Consultado por el estado de las concesiones, el funcionario explicó a El Marplatense que tras “algunos meses de demora por la judicialización del conflicto entre Municipio y Provincia con el tema Mogotes”, la administración logró “otorgar la prórroga para la próxima temporada de verano, la 2027, a las 24 unidades balnearias”.

En relación con la previsibilidad para el sector, Maraude aseguró que “este verano está garantizado” y sostuvo que “mientras tanto vamos a continuar trabajando en la elaboración de los pliegos para un posterior llamado a licitación para la renovación de todo el complejo de balnearios”.

El levantamiento de la medida judicial resulta clave para la planificación anticipada del complejo, al permitir tareas de mantenimiento y acondicionamiento, además de resguardar más de 1000 puestos de trabajo directos vinculados a la actividad.

La Justicia de Garantías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Mar del Plata dispuso hoy la prisión preventiva por 15 días para el adolescente de 16 años acusado de efectuar el disparo que hirió gravemente en la cabeza a su novia de 14 años.

La víctima permanece internada en estado crítico en el Hospital Materno Infantil, luego de haber recibido un impacto de bala en la región temporal derecha que quedó alojado en el cerebro.

Durante la audiencia, la fiscal Mariana Baqueiro impulsó la recalificación de la causa, que pasó de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego a la figura de lesiones gravísimas.

Como parte de la medida cautelar, el imputado fue trasladado al Centro de Recepción de Batán, mientras la investigación avanza con pericias balísticas y testimoniales para reconstruir el hecho ocurrido el pasado sábado.

El Tribunal Oral Federal Nº5 resolvió desdoblar los procesos judiciales en las causas Hotesur y Los Sauces y fijó el cronograma de los juicios contra Cristina Fernández y Máximo Kirchner por presunto lavado de dinero.

Según la decisión de los magistrados, ambos expedientes, que inicialmente iban a ser tratados en un único debate oral y público, se desarrollarán de manera separada.

En ese marco, el juicio correspondiente a la causa Los Sauces comenzará el 23 de octubre de este año, mientras que el debate por la causa Hotesur fue programado para marzo de 2027.

La resolución del TOF 5 establece así un esquema desdoblado para el tratamiento de ambas investigaciones, en una causa de alto impacto político e institucional.

Una convocatoria bajo la consigna “Justicia por Iván Lentino” fue difundida para este martes 15 de septiembre a las 18 en la esquina de Talcahuano y Bouchard. El llamado busca reunir a vecinos y allegados para acompañar el reclamo y pedir que se esclarezcan las circunstancias de su muerte.

“Necesitamos que nos acompañen y que salga la verdad a la luz”, señala la convocatoria, en la que también se anticipa la presencia de medios de comunicación locales y nacionales.

Lentino tenía 39 años y murió el pasado 23 de agosto en la vía pública, en el barrio El Progreso, luego de una intervención de personal policial mientras atravesaba un episodio de crisis. La Justicia abrió una investigación que fue caratulada como averiguación de causales de muerte. 

Tras el hecho, la Asociación de Familiares de Personas con Psicosis y Esquizofrenia de Mar del Plata (AFPPEM) reclamó una reunión con autoridades policiales y planteó la necesidad de mejorar la capacitación de los efectivos para intervenir ante personas que atraviesan crisis de salud mental. La entidad también pidió preservar el Grupo de Apoyo a Salud en Internaciones (GASI), especializado en este tipo de procedimientos. 

La movilización de este martes constituye ahora una nueva instancia del reclamo por el esclarecimiento del caso, mientras la investigación judicial continúa para determinar qué ocurrió durante el procedimiento en el que murió Lentino.

El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte, recientemente designado en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, resolvió reactivar la investigación en la causa que involucra al ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, su ex esposa Jésica Cirio y Sofía Clerici, al disponer un total de 29 medidas de prueba orientadas a ampliar el análisis patrimonial, financiero y comunicacional del expediente.

En su resolución, el magistrado dejó sin efecto el recorte temporal previamente establecido por su antecesor, el juez Luis Armella, y dio lugar a los pedidos formulados por los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). En ese marco, ordenó requerir a organismos de Uruguay información completa sobre dos cuentas bancarias atribuidas a Insaurralde -en GMC Securities y ABN Amro Bank- desde su apertura hasta su cierre.

Asimismo, se dispuso un análisis integral de comunicaciones y geolocalización a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que abarcará más de 100 líneas telefónicas vinculadas a los principales involucrados y su entorno entre 2009 y la actualidad. El objetivo es reconstruir movimientos, ubicaciones, llamadas, mensajes y registros de dispositivos para contrastar posibles inconsistencias en eventos clave de la investigación.

La medida también incluye oficios a múltiples organismos nacionales, entre ellos el Renaper, la Anses, la Superintendencia de Seguros, Coelsa, la Unidad de Información Financiera (UIF) y entidades bancarias, además de relevamientos en hipódromos y registros vinculados a posibles activos, sociedades y movimientos financieros. A ello se suman informes migratorios, cruces de facturación y verificación de donaciones y certificaciones notariales.

En el plano de las hipótesis investigativas, el expediente se estructura en torno a presuntos mecanismos de lavado de activos, entre ellos el uso de sociedades interpuestas, financiamiento de viajes y consumos en el exterior, transferencias informales de patrimonio, tenencia de bienes de lujo no declarados y posibles vínculos con el sector del juego.

En otras decisiones, el juez rechazó planteos de nulidad vinculados a pericias audiovisuales ya incorporadas a la causa, levantó restricciones de salida del país y de circulación que pesaban sobre Sofía Clerici, y desestimó la solicitud de incorporación de Elías Piccirillo por no ser considerado parte del proceso.

El conflicto entre la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por la administración del complejo Punta Mogotes ingresó en una nueva etapa luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 diera por finalizada la instancia de conciliación sin acuerdo entre las partes. La decisión se adoptó tras el vencimiento del plazo adicional de 72 horas otorgado en la cuarta audiencia, realizada el 31 de agosto, en el marco de una serie de encuentros previos celebrados el 30 de junio y el 4 y 18 del mes anterior.

Con la falta de consenso, la resolución del caso quedó a cargo del juez Simón Isacch, quien deberá expedirse en las próximas semanas sobre la medida cautelar presentada por la administración del intendente Agustín Neme. Dicha presentación busca frenar el proceso de licitación pública y las obras anunciadas por el Ejecutivo provincial en el predio costero.

Además, el magistrado deberá resolver la demanda de fondo impulsada por el Municipio, que reclama la restitución del complejo tras ofrecer la cancelación de una deuda histórica mediante un depósito superior a los 14 millones de pesos.

Actualmente, la administración del ente Punta Mogotes se encuentra integrada en un 70% por la Provincia y en un 30% por el Municipio.

Desde el gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, se propuso avanzar con la transferencia de la jurisdicción una vez finalizadas las obras previstas y con la extensión de las concesiones vigentes hasta abril de 2027. Sin embargo, la gestión local rechazó la propuesta y pidió frenar cualquier modificación administrativa hasta que exista una sentencia firme.

El Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPFN) aprobó un resolución firmada por el procurador general interino Eduardo Casal, mediante la cual se establecen los Lineamientos institucionales para el uso e implementación de herramientas de Inteligencia Artificial. La normativa define un marco obligatorio para el diseño, adquisición, desarrollo y utilización de tecnologías de IA en todas las áreas del organismo judicial.

La medida se enmarca en el Programa de Inteligencia Artificial del MPF, creado por la Resolución PGN N°14/2025, y establece que estas herramientas deberán funcionar como apoyo complementario, sin reemplazar el criterio jurídico ni la toma de decisiones humanas.

De manera transitoria, la resolución dispone la prohibición estricta de cargar datos personales, información reservada o actuaciones vinculadas a causas en trámite en plataformas públicas de Inteligencia Artificial, hasta tanto se definan entornos de uso seguro y controlado.

Asimismo, se instruye a la Dirección General de Desarrollo Organizacional y Nuevas Tecnologías a avanzar en la creación de sistemas propios para la gestión documental bajo estándares de seguridad. En paralelo, la Dirección General de Capacitación y Escuela del MPF, junto con la Secretaría de Coordinación Institucional (SCI), deberá implementar un programa permanente de formación para el personal, orientado al uso responsable de estas herramientas, la validación de resultados y la mitigación de sesgos.

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata revocó la resolución emitida por el juez de Ejecución Nicolás Toselli, que ordenaba el traslado a un penal de dos hombres condenados por comercialización de estupefacientes, y dispuso mantener el arresto domiciliario acordado previamente entre las defensas y el Ministerio Público Fiscal, en una causa tramitada en la ciudad.

Los imputados se encontraban cumpliendo prisión preventiva domiciliaria por afecciones de salud al momento del acuerdo, cuya validez fue respaldada en la instancia de revisión. La representación fiscal ante la alzada estuvo a cargo de Carlos Fioriti, en coincidencia con el fiscal del caso, Santiago Eyherabide, quienes sostuvieron la continuidad del beneficio.

El expediente se originó tras un acuerdo pleno homologado el 12 de junio por el juez federal de Garantías Santiago Inchausti, mediante el cual se dictaron penas de hasta 4 años y 6 meses de prisión por la producción de pastillas de éxtasis y el cultivo de más de 800 plantas de marihuana. Pese a ese antecedente, Toselli consideró “inmotivada” la postura fiscal y dispuso el encierro carcelario, lo que derivó en la presentación de recursos de impugnación.

Durante la audiencia realizada el 19 de agosto, Fioriti argumentó la vulneración del principio acusatorio y la inexistencia de controversia entre las partes, en función de la normativa vigente en materia de ejecución penal y atención médica adecuada. Finalmente, los jueces de revisión Santiago Martín, Bernardo Bibel y Martín Bava hicieron lugar a los planteos, revocaron la decisión de primera instancia y ordenaron sostener la prisión domiciliaria bajo monitoreo de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

Asimismo, los magistrados recomendaron que este tipo de condiciones queden explicitadas en futuros acuerdos, al señalar: “Lo ideal sería que la modalidad de ejecución de la sentencia esté dispuesta en el acuerdo pleno”.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dictó hoy el procesamiento de la ex titular de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, y de la ex directora del INAME, Gabriela Mantecón Fumadó, en el marco de la investigación iniciada contra los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. por casi 100 muertes derivadas del fentanilo contaminado en Buenos Aires.

El magistrado consideró a las ex funcionarias partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales, disponiendo un embargo de 500 millones de pesos para cada una, la inhibición general de bienes y la prohibición para salir del país.

En la misma resolución judicial, el magistrado concluyó que no existen elementos para atribuir responsabilidad penal al ministro de Salud, Mario Lugones.

Kreplak advirtió sobre una discrepancia entre la decisión política emanada desde la cartera sanitaria, orientada al cierre de los establecimientos bajo investigación, y las actuaciones administrativas que se ejecutaron posteriormente en el seno de la ANMAT e INAME.

Con estas dos nuevas decisiones, la causa judicial suma un total de 14 procesados, entre los que se encuentran directivos y personal técnico de las firmas involucradas.

El juez federal Ariel Lijo concedió una prórroga de 15 días a Manuel Adorni para que presente documentación destinada a justificar los incrementos detectados en su patrimonio, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La extensión del plazo fue otorgada tras un pedido de la defensa, ya que vencía hoy el término inicialmente fijado por el fiscal Gerardo Pollicita, quien requirió explicaciones sobre una serie de inconsistencias vinculadas a la evolución de sus bienes.

Según la investigación, se analizan ingresos, gastos, préstamos familiares -incluidos los otorgados a Silvia Pais y Norma Zuccolo-, la adquisición de un vehículo y erogaciones destinadas a un inmueble ubicado en el barrio cerrado Indio Cuá. La causa también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti, y abarca el período comprendido entre diciembre de 2023 y junio de 2026.

De acuerdo con el dictamen fiscal, la pareja registró $229,7 millones en ingresos frente a $272,8 millones en gastos, lo que arrojaría un saldo sin justificar de $43.068.549. Asimismo, se detectaron operaciones por USD 402.578,12 sin correlato con los ingresos declarados.

En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal evalúa que, en caso de no resultar satisfactorias las explicaciones aportadas en este nuevo plazo, Adorni podría ser citado a prestar declaración indagatoria.

En el marco de una causa iniciada tras el luctuoso accidente ocurrido en el Skate Park, la Justicia dispuso el envío de oficios a organismos de contralor para que evalúen la realización de un relevamiento e inspección de las unidades del transporte público de pasajeros en el Partido de General Pueyrredon.

La medida alcanza a la Dirección de Contralor de Transporte de la Municipalidad de General Pueyrredon y al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la normativa vigente que regula el sistema de transporte y las facultades de fiscalización de ambos organismos.

El requerimiento judicial, firmado por el fiscal general Fabián Fernández Garello, solicita analizar la conveniencia de inspeccionar las unidades afectadas al servicio, con especial atención a aquellos colectivos que operan bajo regímenes de extensión de su vida útil, en el contexto de una investigación que involucra presuntas irregularidades y riesgos vinculados al estado de los vehículos.

Como respaldo, se incorporará documentación técnica que incluye una pericia mecánica realizada en la causa y reportes de Verificación Técnica Vehicular (VTV) emitidos por las firmas APPLUS e ITUBE Argentina S.A., elementos considerados relevantes para las tareas de fiscalización.

La resolución se apoya en lo establecido por la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 14.442), en sus artículos 1, 28 incisos 1 y 11, 48 y 67, vinculados a las funciones de prevención y protección del interés público.

La jueza de Garantías de Mercedes, Simy Beatriz Benasayag, condenó a tres años de prisión en suspenso y a tres años de inhabilitación profesional a una docente interina de la Escuela N°563 de Colonia Carlos Pellegrini, en la provincia de Corrientes, luego de acreditarse que les exigía sumas de dinero a sus alumnas para aprobarlas.

La resolución homologó un acuerdo de juicio abreviado pleno, en el cual la profesora fue declarada culpable de abuso de autoridad y concusión.

La causa analizó dos episodios ocurridos durante el ciclo lectivo 2025. En el primero, registrado entre junio y julio, la imputada le pidió $100.000 a una estudiante para eximirla de cursar, logrando cobrar $30.000 antes de presionarla mediante mensajes de WhatsApp para exigir el resto del dinero.

En el segundo hecho, ocurrido en abril de 2025, la docente le exigió $150.000 a otra alumna bajo amenaza de reprobarla, concretando el cobro mediante una transferencia por Mercado Pago.

La investigación reunió capturas de pantalla, audios, registros de transferencias bancarias, informes sociales e intervenciones del Ministerio de Educación provincial.

Además de la pena condicional y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la magistrada impuso una multa de $360.000 y fijó un resarcimiento económico de $480.000, dividido en dos partes iguales de $240.000 para cada denunciante. También ordenó una restricción de acercamiento de 100 metros hacia las víctimas.

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó declinar su competencia en la causa que investiga al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, por presuntas maniobras de desvío de fondos e inconsistencias en la facturación de la entidad deportiva.

En su resolución, Amarante calificó de “ficción judicial” la estrategia que pretendía trasladar el expediente a la Justicia Federal de Campana, a partir del argumento de que la Asociación del Fútbol Argentino había establecido formalmente su domicilio social en la localidad bonaerense de Pilar.

El magistrado sostuvo que era de público conocimiento que la actividad institucional, operativa y financiera central de la AFA continuaba desarrollándose en su histórica sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, al momento en que se produjeron los hechos que son objeto de investigación.

La disputa por la competencia territorial comenzó cuando el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, reclamó la atracción del expediente que tramita en la Justicia porteña, luego de detectar coincidencias con una causa paralela remitida desde Santiago del Estero.

Con la negativa de Amarante, el conflicto de competencia deberá ser resuelto por la Cámara en lo Penal Económico. En paralelo, la Cámara Federal de Casación programó una audiencia para el próximo miércoles 12, en el marco de la disputa judicial.

El juez Amarante ya había procesado a Tapia y Toviggino en una causa conexa por la presunta retención indebida de aportes correspondientes a la seguridad social, por un monto estimado en $19.000 millones.

Esa medida fue posteriormente confirmada en segunda instancia, junto con embargos por $350 millones y restricciones para que los dirigentes puedan salir del país.

El gerente de Comercialización y Marketing de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Leandro Petersen, no se presentó hoy ante la Corte Federal de Miami en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y fraude bancario en Estados Unidos, ya que su defensa negocia un eventual acuerdo de inmunidad con la fiscalía.

La ausencia del directivo se produjo en el contexto de tratativas entre sus representantes legales y los fiscales federales norteamericanos, quienes evalúan su rol como testigo clave dentro del expediente que también involucra al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.

La causa es instruida por el fiscal Michael Berger, de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, junto a Patrick Gushue, y se centra en el análisis de más de 300 millones de dólares provenientes de contratos de patrocinio, partidos amistosos de la Selección argentina y la cesión de derechos comerciales en el exterior.

En el marco de las órdenes de comparecencia, también fueron citados el empresario teatral Javier Faroni y Diego Lucero, socio de la firma Central Park Drink, aunque ambos quedaron eximidos de declarar en esta instancia.

Las actuaciones, desarrolladas ante un Gran Jurado, buscan determinar la existencia de maniobras de fraude bancario y lavado de activos en jurisdicción estadounidense. La principal hipótesis de los investigadores apunta a la firma TourProdEnter LLC, señalada como la estructura utilizada desde 2021 para canalizar y administrar los ingresos generados por la explotación comercial del seleccionado nacional en el extranjero.

La Unidad Fiscal Mar del Plata, bajo la dirección interina del fiscal general Horacio Azzolin, llevó a cabo la incineración de más de 75 kilogramos de marihuana y casi 1,5 kilogramos de clorhidrato de cocaína en un crematorio privado de Miramar, en el marco de una diligencia judicial vinculada a causas federales concluidas.

El procedimiento se convirtió en la tercera quema de estupefacientes realizada en la jurisdicción desde la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio el 7 de abril de 2025, consolidando el mecanismo de destrucción de evidencia en expedientes ya resueltos.

Los cargamentos eliminados correspondían a pruebas recolectadas en seis investigaciones finalizadas durante el primer semestre de 2026, tramitadas por la Oficina de Narcocriminalidad del Area de Investigación y Litigio de Casos Complejos y el Área de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal.

La destrucción fue ordenada por el juez federal de Garantías Santiago Inchausti en audiencias de homologación de acuerdos de juicio abreviado, que concluyeron con 13 condenas de hasta 4 años y 8 meses de prisión efectiva, además de la suspensión del juicio a prueba para otros tres imputados.

El operativo de traslado, custodia y supervisión sanitaria se desarrolló con la participación del Area de Atención Inicial, la Oficina de Evidencias y la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la Policía Federal Argentina, junto a las autoridades del crematorio que facilitaron el espacio para la diligencia.