La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, encabezada por Sergio Torres, presentó un proyecto de ley para fortalecer el Poder Judicial que incluye el pedido de autarquía financiera y el reclamo al Ejecutivo de Axel Kicillof y a la Legislatura para avanzar en la cobertura de vacantes.

Durante un acto institucional, Torres, junto a los ministros Hilda Kogan y Daniel Soria, y el procurador general Julio Conte Grand, planteó la necesidad de resolver dos problemas centrales: el presupuesto judicial y la falta de designaciones.

“Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, afirmó Torres al señalar que actualmente funcionan con tres de los siete integrantes previstos. En ese sentido, advirtió que “la cobertura de las vacantes en la Corte no es una cuestión administrativa: es una condición institucional básica” para garantizar el funcionamiento pleno del Poder Judicial.

El magistrado repasó además que pasaron 2292 días desde la primera vacante y cerca de 800 desde la salida del ex juez Luis Genoud, lo que genera dificultades operativas, especialmente en votaciones clave.

En paralelo, se avanza en negociaciones políticas para completar los cuatro cargos vacantes antes de la feria judicial de julio. El esquema en discusión contempla que tres postulaciones correspondan al oficialismo -repartidas entre distintos sectores internos- y una a la oposición, con pliegos que deberán ser aprobados por el Senado.

Torres subrayó que el problema de vacantes se extiende a todo el sistema judicial. Si bien destacó que en 2025 se concretaron 412 designaciones, remarcó la necesidad de continuar en 2026 para cubrir más de 200 cargos pendientes.

En cuanto al aspecto presupuestario, el titular de la Corte insistió en la necesidad de contar con independencia financiera. “No hay independencia judicial posible sin autarquía financiera. Un poder judicial que depende de otro poder para definir su presupuesto está inevitablemente condicionado”, sostuvo. También recordó que el 90% del presupuesto se destina a salarios.

El proyecto, denominado Fortalecimiento del Poder Judicial, fue firmado junto a entidades del sector como el Colegio de Magistrados, el Colegio de Abogados y la Asociación Judicial Bonaerense, y enviado a la Legislatura como una señal política en medio del debate sobre la calidad institucional.

Fuente: con información de DIB

“Faltan jueces, juezas y funcionarios. Las plantas no están completas y eso recarga aún más el sistema”, alertó el dirigente sindical en diálogo con El Marplatense. Según indicó, el informe de la Comisión Interna de Funcionamiento (CIF) que elaboró la AJB refleja una sobrecarga crítica en fueros como el laboral, penal, civil y de familia, especialmente en ciudades como Mar del Plata donde, además, “la crisis edilicia es muy grave”.

Villarreal explicó que el deterioro social y económico agrava la situación judicial, ya que los cierres de comercios y fuentes laborales disparan reclamos en el fuero laboral, mientras que la caída en la calidad de vida impacta directamente en la Justicia de Familia. “La crisis inducida por políticas de ajuste genera más violencia intrafamiliar, desalojos, consumo problemático y frustración, lo que sobrecarga aún más el sistema judicial”, señaló.

Además, denunció que el fuero penal muestra un incremento de delitos “improvisados” o de “desesperación”, como el robo de garrafas, celulares o neumáticos. “Son hechos cometidos por personas al borde de la desesperación”, sostuvo el presidente de la AJB, quien se desempeña hace años en la Defensoría Penal Pública.

En ese contexto, también criticó la precarización laboral dentro del mismo Poder Judicial. “Tenemos trabajadores y trabajadoras con hasta diez años de antigüedad que están bajo la línea de pobreza. Algunos vienen al sindicato a pedir ayuda para pagar un remedio o un depósito para alquilar”, denunció. Y agregó: “No puede haber justicia si los propios trabajadores judiciales no tienen condiciones de vida dignas”.

Finalmente, reclamó una reforma estructural de la carrera judicial para jerarquizar las categorías más bajas y permitir mejores condiciones salariales desde el ingreso. “El primer escalón hoy está bajo tierra. Es imposible así pensar en un ascenso real que permita una vida digna”, concluyó.

A partir del próximo 25 de Junio, la Suprema Corte de Justicia resolvió implementar un régimen inicio de juicios por medios electrónicos en las causas de los fueros Civil y Comercial, Familia, Laboral, Contencioso Administrativo y en los Juzgados de Paz.

De manera excepcional y por razones de urgencia impostergables, los juicios se podrán iniciar ante los Juzgados de Familia en turno, en las condiciones y por los medios establecidos en el artículo 3º de la Resolución SPL Nº 12/20. En estos casos, se arbitrarán los mecanismos para que los referidos organismos, exclusivamente de manera electrónica, las remitan a las receptorías, a los efectos de su debida registración y radicación definitiva.

En cuanto a los órganos cuyos servicios no hubiesen sido plenamente habilitados, una vez radicada la causa según los mecanismos establecidos en la presente resolución, la continuidad de su trámite se regirá por las pautas establecidas en la Resolución SC Nº 480/20. A pedido de parte, el órgano judicial, según su prudente valoración de las circunstancias y bajo la observancia de las restricciones impuestas por la emergencia, podrá disponer las medidas factibles que estimare conducentes para el impulso del proceso

A su vez se estableció que dicho régimen estará sujeto al monitoreo y evaluación de las secretarías de Planificación y Servicios Jurisdiccionales, la subsecretaría de Tecnología Informática y la dirección de la Justicia de Paz, dependencias que deberán elevar un informe conjunto a la presidencia de la Corte, propiciando correcciones y ajustes necesarias para su mejora y consolidación

Desde el 25 de junio y bajo la misma modalidad, también quedará comprendido el inicio de procesos de amparo, según decidió el máximo tribunal bonaerense con la Resolución Nº 593/20, la cual se encuadra en la continuidad de las acciones tendientes a avanzar hacia la mayor normalización del servicio de justicia.

Finalmente, se establece que al mismo tiempo de propiciar la apertura de nuevas actividades en la Justicia Bonaerense y durante el presente régimen excepcional para el inicio de los juicios, se adoptaran medidas de prevención sanitarias y de cuidado de la salud, a los fines de minimizar los riesgos.