Cuatro personas detenidas y el secuestro de drogas, armas, vehículos y dinero en efectivo fue la conclusión de una serie de allanamientos realizados hoy en Mar del Plata por Prefectura Naval Argentina, en el marco de la investigación de una banda dedicada a la venta de estupefacientes.

Los procedimientos se realizaron en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737, relacionada con el narcotráfico. Los operativos “fueron el resultado de meses de investigación”, según informaron desde la mencionada fuerza.

Uno de los allanamientos tuvo lugar en un domicilio del centro, mientras que los otros tres se realizaron en un barrio periférico del sector sur. 

Durante los procedimientos, se incautaron más de 150 gramos de clorhidrato de cocaína, tres kilogramos de sustancias ilícitas, 240 semillas de cannabis, elementos de corte y fraccionamiento, armas de fuego, numerosas municiones de distintos calibres, casi un kilo y medio de pólvora granulada, más de medio millón de pesos en efectivo, dólares, dos vehículos y dispositivos electrónicos. El valor total de lo secuestrado superó los 44 millones de pesos.

En total, cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, todas mayores de edad, fueron detenidas y puestas a disposición de la Justicia Federal por su presunta vinculación con la red de narcotráfico.

Los operativos fueron ordenados por el Juzgado Federal N°1 a cargo de Santiago Inchausti y la Secretaría Penal N°2 de Silvana Sánchez, bajo la instrucción de la Fiscalía Federal N°2, encabezada por Santiago Eyherabide y el auxiliar fiscal Hércules Giffi.

Iván Tobar, líder de la barrabrava de Estudiantes de La Plata y referente sindical de la UOCRA, fue detenido en 36 y 122, en la localidad de Ensenada, tras una serie de allanamientos.

La Justicia Federal había ordenado la captura del dirigente de la UOCRA, por lo que se realizaron más de 20 operativos simultáneos en La Plata, Berisso y Ensenada.

Una fuente abocada al caso contó que “el Juzgado Federal de Ernesto Kreplak activó un expediente penal del 2022 y se emitió una orden de arresto contra Tobar”.

Junto a Tobar, también hay órdenes de arresto para seis personas más. La causa contra Tobar no es por los incidentes en el Hospital de Gonnet del martes pasado, sino por antecedentes de amenazas coactivas a funcionarios. 

Fuentes policiales indicaron que entre los lugares en los que se realizaron allanamientos está el galpón de la UOCRA ubicado en 526 entre 23 y 24 en Tolosa.

El Juzgado Federal N°1 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, procesó sin prisión preventiva al presidente, la vicepresidenta y dos encargados de recursos humanos de una firma dedicada a la producción de frutos rojos por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. En la resolución se tuvo por acreditado que se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de al menos 150 personas que trabajaban en distintos predios hortícolas durante jornadas de hasta 16 horas percibiendo salarios inferiores a los estipulados por las normas laborales vigentes, entre otras circunstancias.

Se dio en el marco de una investigación de la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, a cargo de Laura Mazzaferri, y en la que colaboró la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) -que encabezan Marcelo Colombo y Alejandra Mángano-.

La investigación se inició ante la Fiscalía Federal N°1 a raíz de una publicación de un medio de comunicación local en abril de 2016, en la que citaba los dichos que una docente había registrado en su blog personal sobre la situación de explotación y trabajo infantil que sufriría una alumna en la zona de Sierras de los Padres, más precisamente en el cultivo “El Frutillar”.

En virtud de ello, se realizaron diversas medidas de investigación que permitieron acreditar que 150 trabajadores de los predios hortícolas de la firma, ubicados en Sierra de los Padres, Tandil y la localidad correntina de Bella Vista, vivían en campamentos aledaños. Además, se trataba de personas en su mayoría oriundas del norte argentino o del Estado Plurinacional de Bolivia, en algunos casos, con situación migratoria irregular.

Oportunamente, sobre las pruebas y testimonios recolectados, la fiscalía solicitó la indagatoria de los directivos de la firma, los responsables de recursos humanos y tres capataces, y les imputó haberse aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, quienes tenían hijos y familia a cargo y una gran necesidad económica y falta de instrucción, para someterlos a extensas jornadas laborales -de entre 15 y 16 horas sin descansos semanales-, falta de registración de algunos trabajadores, percepción de remuneraciones inferiores a las estipuladas por las normas vigentes, imposición de multas y/o sanciones, descuentos de la jornada laboral -incluso en casos de enfermedad y sujeción de la voluntad de los trabajadores a los designios de la empresa, ya sea por la dependencia en cuanto a su retorno al lugar de origen (en el caso de aquellos migrantes que habían sido trasladados a esta ciudad bajo la promesa de poder volver a su entorno, solo si completaban las tareas encomendadas, caso contrario debían costearlo ellos mismos), por dependencia económica y/o por dependencia habitacional-, siendo el colectivo de personas sobre el que han recaído estas conductas trabajadores migrantes.

Procesamientos y falta de mérito

Al analizar la cuestión, el juez federal Santiago Inchausti -interinamente a cargo del Juzgado Federal N°1 de Mar del Plata- consideró probada la hipótesis fiscal de trata de personas con fines de explotación laboral. En tal sentido, sostuvo que para demostrar la existencia del delito imputado se evaluó “la situación de abuso salarial que había en los predios que manejaban los imputados”, para lo cual se siguieron las pautas de trabajo elaboradas por la PROTEX junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su manual “La trata de personas con fines de explotación laboral. Estrategias para la detección e investigación del delito”.

El magistrado sostuvo que “la Fiscal ha logrado demostrar su imputación en cuanto a lo que ocurría en los predios pertenecientes a la familia M., por una lado la política de empresa de explotación a un sector de la población vulnerable por su condición de migrante y por ello ante la presunta comisión del delito de trata con fines de explotación laboral, pues se ha corroborado en autos la existencia de extensas jornadas laborales, falta de registración de algunos trabajadores, salarios –en algunos casos-por debajo de los mínimos legales, descuento de la jornada laboral incluso en casos de enfermedad, sujeción de la voluntad de los trabajadores a los designios de la empresa ya sea por la dependencia en cuanto a su retorno al lugar de origen (en caso de aquellos migrantes que habían sido trasladados a Mar del Plata bajo promesa de poder volver a su entorno, solo si completaban las tareas encomendadas), por dependencia económica y/o por dependencia habitacional- siendo el colectivo de personas sobre las que han recaído las conductas, trabajadores migrantes (internos-de provincias del norte del país-y extranjeros-en su mayoría del Estado Plurinacional de Bolivia-) provenientes de zonas donde los recursos económicos son muy escasos; con grados de instrucción en general muy bajos, y en su mayoría con niños y niñas a cargo situación de extrema vulnerabilidad aprovechada por los explotadores para lograr que los/as trabajadores/as permanecieran bajo la órbita de la empresa C. trabajando bajo las condiciones mencionadas, sin efectuar reclamo alguno y al menor costo posible de la empresa.”

También consideró que no se habían registrado casos de explotación infantil o de mujeres embarazadas, y que la firma proveía a los empleados “de los elementos de seguridad y protección personal acordes para la tarea que realizaron tales como guantes, cofia, botas de goma, etc., determinándose los mismos en orden a trabajar en la industria o en la cosecha”.

En virtud de todo ello, el juez dispuso el procesamiento sin prisión preventiva del presidente y la vicepresidente de la firma, como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en al menos en 150 casos que percibieron salarios por debajo de lo estipulado en la leyes laborales vigentes, agravado por la cantidad de víctimas y sujetos activos, por el abuso de situación de vulnerabilidad. Igual temperamento adoptó respecto de los dos jefes de recursos humanos, pero en calidad de participes secundarios, “ya que los mismos no podían desconocer en orden a la actividad que desarrollaban para la empresa las maniobras en cuanto a los pago de las remuneraciones por debajo de lo estipulado en las leyes laborales”.

También, en relación a los tres imputados que se desempeñaban como capataces, el magistrado señaló que “se desempeñaban en una relación de dependencia laboral respecto de los responsables de la explotación de los predios allanados y que su actividad laboral en los mismos estaban limitadas a la organización, control y distribución de tareas”, por lo cual dispuso la falta de mérito para procesarlos o sobreseerlos, al tiempo que trabó embargo respecto de los bienes de los cuatro procesados hasta cubrir la suma de $50.000.000, a fin de asegurar la reparación económica a las víctimas.

El caso sospechoso de coronavirus en la Justicia Federal de Mar del Plata fue descartado. De esta manera, la secretaría penal y el sector administrativo de habilitación, así como el Juzgado Federal N°2, volverán a abrir sus puertas.

Según informaron fuentes del caso a El Marplatense, el testeo dio negativo y la actividad en ambasdependencias se reanudará este viernes.

Por prevención, ambos sectores de la Cámara Federal permanecerán cerrados durante la jornada de este miércoles para desinfectar el lugar. Además, también de forma preventiva, el Juzgado Federal Número 2, ubicado en Independencia al 2000, no abrirá este jueves para ser desinfectado, ya que el trabajador también habría estado en contacto con expedientes de esa dependencia.

La delegación Mar del Plata de la Federación de Taxis denunció este miércoles la presencia de taxistas de Capital Federal que aguardan para tomar viajes en el retén de la ruta 2, a pesar de las ordenanzas que prohíben el ingreso de taxis y remises radicados en otros partidos que no sea el de General Pueyrredon.

Miguel González, referente del Sindicato Unico de Peones de Taxi (SUPETAX) manifestó con bronca que "hay una parada al lado del retén de la ruta 2 y no los controlan". "Así, vamos camino a desaparecer. Estamos haciendo tres o cuatro viajes cada taxi en Mar del Plata y lo poco que hay de trabajo se lo llevan los taxis de CABA2", denunció.

El Secretario de Seguridad de General Pueyrredon, Darío Oroquieta, señaló en declaraciones a CNN Radio Mar del Plata que, a pesar de no ser una competencia directa de su secretaría, dio "instrucciones precisas a la patrulla municipal y a tránsito", además de "hablar con la policía de la Provincia para que esto no suceda de esta manera".

"Primero, para potenciar el trabajo marplatense, y después, para evitar el riesgo epidemiológico que esto genera", agregó.

Además, indicó que harán "las denuncias pertinentes en la Fiscalía Federal para que no tengamos mayores riesgos y que no pase más". "Nos hemos reunido con la Federación para tratar el tema y este caso puntual no debe suceder más", manifestó Oroquieta.

"Si se pone en riesgo epidemiológicamente a cualquier persona, nosotros damos aviso y tiene que actuar la Justicia para definir por qué, cómo y qué es lo que está sucediendo. No vamos a permitir que se queden ahí, es una decisión", subrayó.

Asimismo, Oroquieta contó que se reunió con Guillermo Iglesias, el Director General de Transporte, "para trabajar en todas las aristas de cómo resolver este problema", precisó y reiteró que "los retenes y el control de los ingresos a la ciudad fueron parte del trabajo en conjunto con el Intendente para potenciar el trabajo marplatense".

Por último, el Secretario de Seguridad de General Pueyrredon explicó que "municipalmente no tiene potestad para secuestrar los vehículos". "Del lado de donde están hace que sea más complejo pero entendemos que se va a solucionar rápidamente", concluyó.

La Justicia Federal advirtió sobre casos de robo de información personal o financiera, a partir de los nuevos beneficios sociales otorgadas por la ANSES con motivo del COVID-19. Ante esto, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia y la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social alertó y brindó consejos para evitar estos hechos.

Entre ellos, se informó que "ANSES no realiza llamados telefónicos para solicitar datos personales, financieros, ni de tarjetas de débito o crédito. También se pide no aceptar ser guiado telefónicamente o por terceros desconocidos, en el uso de un cajero automático".

Otra de las medidas claves para no caer en manos de delincuentes es "no brindar información personal en plataformas o formularios web cuyas direcciones no sean provistas por canales oficiales".

Estas son las recomendaciones que brinda el Ministerio Público Fiscal de la Nación:

La Justicia Federal del interior del país tiene la competencia asignada por la Ley Electoral, la cual establece la posibilidad de que los electores que se ven por algún motivo impedidos de emitir el sufragio, planteen un amparo electoral.

El Juez Federal Santiago Martín, en diálogo con El Marplatense, manifestó que "tuvimos una jornada con bastante movimiento, con muchas consultas derivadas en general de errores en los padrones, o bien errores derivados de los presidentes de mesa que no permitían votar a gente que legítimamente tenía el derecho y estaba en condiciones de emitir el sufragio".

Con respecto a la cantidad de reclamos "si bien no tenemos un número preciso, podemos decir que fueron muchos, como también podemos dar un numero con respecto a casos de amparo al elector, teniendo en cuenta que tuvimos 15 casos a lo largo de toda la jornada electoral, lo que ha sido claramente superior a las últimas dos elecciones", afirmó el juez.

"Con el DNI azul hubo problemas porque establece la tarjeta que es un documento no valido para votar, pero la autoridad electoral había habilitado este documento para emitir el sufragio. Eso generó algunos inconvenientes pero la mayoría de los casos tuvieron que ver con el tipo de DNI, si era posterior al que figuraba en el padrón con el que iba a votar el elector", dijo.

"Nuestra competencia a los fines electorales termino el día de la votación. Aquellos que no pudieron votar o que tienen que hacer algún reclamo o comunicación, lo tienen que hacer con la justicia electoral de la ciudad de La Plata" afirmó el Juez Federal Santiago Martín.

A un día de las próximas elecciones primarias en nuestro país, son varias las cuestiones a tener en cuenta con respecto a como debemos ejercer nuestro derecho al voto y como actuar en caso de no poder emitir el sufragio.

"Como Justicia Federal del interior del país tenemos una competencia que es especifica y asignada por la Ley Electoral, la cual establece la posibilidad de que los electores que se vean por algún motivo impedidos de emitir el sufragio, planteen un amparo electoral", manifestó Santiago Martín, Juez Federal, en diálogo con El Marplatense.

"Esto consiste básicamente en un procedimiento muy breve, que no necesita asistencia letrada donde el elector se acerca al juzgado plantea que por algún motivo no le permitieron emitir el sufragio en la mesa donde se encuentra empadronado, y en función de los motivos y lo que dispone la ley, nosotros resolvemos si las razones por las cuales no pudo emitir su voto, son válidas o no", señaló.

"En caso de que no sean validas se emite una sentencia muy breve donde se ordena al presidente de mesa que se le permita emitir el sufragio como la ley dispone" destacó Martín.

En el caso de supuestas irregularidades en la mesa o durante el escrutinio "cada provincia tiene un Juzgado Electoral, que en nuestro caso está en la ciudad de La Plata y ante ese juzgado debe hacerse la presentación correspondiente en un caso de esas características, ya que en nuestro caso solo nos compete al amparo del elector" indicó el Juez Federal.

"El amparo del elector es un tramite muy rápido y sencillo, en primer lugar es "in voce", es decir se acerca el elector, nos plantea cual es el problema de manera verbal, nosotros labramos un acta y a partir de la misma, lo resolvemos en el momento. Es un tramite que puede llevar como mucho una hora", aseguró.

Finalmente el Juez Federal, Santiago Martín, también remarcó que "Esto también se relaciona directamente con la capacitación y preparación de los presidentes de mesa, ya que en general los problemas que se plantean tienen que ver generalmente con la falta de capacitación del presidente de mesa".

El juez federal de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, hizo lugar al recurso de amparo presentado por un turista y declaró que las fotomultas por exceso de velocidad que se realizan en las rutas nacionales de Misiones son inconstitucionales.

La presentación judicial fue realizada por el abogado entrerriano Diego Beber Brunner, quien cuestionó la legalidad del sistema. El demandante había sido intimado por carta a raíz de un supuesto exceso de velocidad en el kilómetro 1.430 de la ruta nacional 12, el pasado 9 de enero.

En un extenso fallo, el juez Alonso cuestionó a la Policía de Misiones porque no aplicó la metodología establecida en el artículo 70 del Reglamento Nacional de Tránsito, sino que sólo se limitó a aplicar un sistema automático “que no puede actuar como mecanismo preventivo de siniestralidad vial”, según lo que consignó Clarín.

Si bien reconoce que los radares estaban homologados, el magistrado sostuvo que la Policía debió haber aplicado la norma mencionada, que establece reglas “destinadas a garantizar la seriedad del procedimiento, tales como identificarse el preventor ante el presunto infractor indicándole la dependencia inmediata a la que pertenece; utilizar el formulario de acta reglamentario, entregando copia al contraventor, salvo que no se identificare, se diere a la fuga, circunstancia que se hará constar en ella”, detalló.

En su descargo por nota, la Provincia de Misiones sostuvo que la notificación de la infracción a Beber Brunner se ajustaba a lo establecido en las leyes XVIII N° 37 y XVIII N° 38, pero el magistrado apuntó que “el legislador provincial no puede por vía de reglamentación desnaturalizar la norma reglamentada, en nuestro caso el Reglamento Nacional de Tránsito”.

Al responder un oficio del Juzgado Federal de Paraná, la Policía provincial detalló que según las leyes provinciales “no es necesaria la notificación personal en el lugar de comisión de la presunta infracción cuando sea detectada por un sistema de control inteligente, como tampoco aplicar la medida cautelar de retención de la licencia... máxime cuando se trata de zonas de camino altamente transitados”.

Además, sostiene la nota firmada por Elías Antonio Ramos, que el acta se confeccionó durante una “fiscalización” y no un “control de tránsito”. Y que se dio de baja la infracción cometida por el automovilista que promovió el recurso de amparo. “Acción no requerida por el oficio, que se limita a requerir el informe circunstanciado”, aclaró el juez en su fallo.

Para Alonso, “basta con ubicar un control en un radio de no más de 10 kilómetros del lugar de comprobación para detener su marcha en forma segura y cumplir acabadamente con las exigencias del artículo 70 del Reglamento Nacional de Tránsito y, lo que es más relevante aún, lograr la finalidad de la Ley que no es otra que la prevención de la siniestralidad vial”.

Y se preguntó: “¿Cuál sería la actividad preventiva cuando se permite que el presunto infractor continúe circulando supuestamente en infracción?”.

Para el juez, “más que el interés en la seguridad y la finalidad de obtener la introyección en los automovilistas de pautas de conducta de respeto a los derechos de los demás, el móvil meramente recaudatorio o fiscalista es el perseguido”.

En su fallo indicó que el propietario del vehículo no es necesariamente quien comete la falta. “Imputar responsabilidad al titular registral de un vehículo, sin haber realizado el mínimo esfuerzo para individualizar al conductor presuntamente infractor, es como responsabilizar al titular dominial de un inmueble donde se cometió un ilícito por su sola condición de tal”.

Con su sentencia, el juez no sólo le prohíbe a la Provincia de Misiones cobrar la multa, sino que le impuso el pago de las costas del proceso judicial y los honorarios del demandante, que ascienden a 41.514 pesos.

Desde Misiones cuestionaron con dureza el fallo del juez Alonso. El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, se quejó porque “se cuestiona cómo se labró el acta, no la infracción, si ocurrió o no”. Y dijo que la Provincia nunca fue notificada del proceso judicial en Paraná. Sin embargo, consta en el expediente una nota de la Policía de Misiones al momento de recibir un oficio del juez Alonso.

Pérez pidió “respetar las jurisdicciones. Nosotros además tenemos leyes provinciales, nadie tiene por qué decirle a la Policía de Chubut o Río Negro cómo tiene que hacer las cosas”.

Juan Porco -un productor frutihortícola de la ciudad que era juzgado desde 2014 por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre de cinco personas, una de ellas menor de edad- fue absuelto este martes por la Justicia Federal marplatense mediante una sentencia que, según el sector, "es un documento muy importante para el futuro", ya que, entienden, sienta un precedente.

Ricardo Velimirovich, titular de la asociación que nuclea a los productores en General Pueyrredon, aseguró a El Marplatense que, en este fallo, "queda plasmado por el propio fiscal la falta de una legislación para la registración de los frutihortícolas, y los funcionarios lo admiten".

"Hoy el sector frutihortícola tiene un problema de desamparo a nivel de registración porque el sistema de mediería no tiene un sistema de contrato y desde la asociación se ha pedido constantemente que esto salga. Quedó plasmado en una causa y va a ser importante para el futuro", agregó.

En octubre pasado, los productores del sector frutihortícola de Mar del Plata denunciaron ante el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, una persecución de la justicia federal en casos por trata de personas para explotación laboral que, entienden, no fueron justificados.

Este proceso judicial que terminó con la absolución empezó en 2014 con el allanamiento al campo de Porco. "Pasó a juicio oral y pudimos -como asociación- dar nuestra declaración, para que se conozca realmente cómo es el sistema frutihortícola. Nosotros tratamos de masificarlo porque el problema va a ser para otros también. El fiscal retiró la acusación en virtud de las declaraciones y porque no había las pruebas suficientes como para seguir acusando a Porco", destacó Velimirovich.

Los trabajadores frutihortícolas trabajan mediante el sistema de mediería, que establece el pago a porcentaje y no mediante sueldos de montos fijos. "El mediero es aquella persona que trabaja al 30%. Es normal, es histórico, es nacional y funciona así desde que nació la producción frutihortícola. Los trabajadores no quieren cambiar esa metodología, eso también quedó en la causa. No quieren estar en relación de dependencia, quieren seguir trabajando a porcentaje", sostuvo el productor.

Según el productor, desde el sector han presentado varios proyectos para legalizar el contrato de mediería, pero aún no han recibido una respuesta favorable del Estado. "No hay una forma de registrarlos, entonces quedamos expuestos. El contrato de mediería es la principal herramienta del sistema. Ya hemos presentado seis modelos de contratos que hemos ido cambiando en base a lo que los funcionarios veían bien o mal. Siempre nos pusimos a la mano de ellos, pero, hasta el día de hoy, nadie lo ha firmado y por eso estamos en el estado que estamos", detalló.

"No hay conflictos entre los trabajadores y los productores. La realidad es que hoy la vulnerabilidad es en general del sector, donde, claramente, una cadena de comercialización muy distorsionada hace que el productor gane muy poco. El precio, incluso, no lo pone el productor. Hay un desconocimiento total de algunos funcionarios que piensan que los precios los pone el productor y no es así", manifestó.

"Esto nos permitió plasmar un montón de detalles y los productores no son ni hacen lo que están acusados. Ahora tendremos que remontar un montón de otras causas. Los demás, que están viendo lo que está pasando, también están preocupados. Es grave la situación y el Estado lo admitió en esta causa", concluyó Velimirovich.

Porco fue representado en esta causa por las abogadas defensoras Carolina Ramasco y  Marcela González. "Asumimos la defensa de Juan y de todos los productores bolivianos del sector frutihortícola que están siendo sujetos pasivos de una persecución, de allanamientos, en el medio de un injusto porque lo único que hacen es trabajar", dijo Ramasco.

"Es una comunidad que vive con miedo. No les dan un marco legal, no pueden registrar a los trabajadores de forma correcta, no se pueden ajustar a derecho y viven años de angustia y de miedo", manifestó y su colega agregó: "Hay un Estado ausente en regular y asistir. Pretenden solucionar con una cuestión penal, algo que debe solucionar el Poder Legislativo".