La investigación está a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, conducida por la fiscal Laura Mazzaferri, y se inició tras un reporte del FBI que alertó sobre conversaciones detectadas en una red social.

Según la información oficial, en esos intercambios se mencionaba la posibilidad de realizar una “masacre” y un tiroteo en una escuela “llena de niños”, sin precisar el lugar, además de referencias a la adquisición de armas y prácticas de tiro. También se registraron mensajes de odio y expresiones discriminatorias contra distintos grupos sociales, raciales y religiosos.

Los adolescentes involucrados no habían cumplido los 16 años al momento de los hechos. Uno reside en la ciudad bonaerense de Miramar y el otro en La Quiaca, Jujuy. A partir del análisis de direcciones IP y zonas de conexión, se determinó además la posible participación de al menos una persona más, mayor de edad, e incluso de otro interlocutor que operaría desde un país de Sudamérica, situación que fue comunicada a las autoridades de ese Estado.

Los allanamientos fueron realizados por el Policía Federal Argentina, a través de su Departamento de Investigación Antiterrorista, y permitieron el secuestro de dispositivos electrónicos como celulares, computadoras y otros soportes digitales que ahora son analizados.

Antes de los procedimientos, el 28 de enero, la fiscal Mazzaferri solicitó autorización judicial y requirió la intervención inmediata de la Asesoría de Menores, con el objetivo de garantizar la protección integral de los derechos de los adolescentes. El juez federal Santiago Inchausti hizo lugar al pedido y dispuso mantener las medidas bajo reserva.

En diálogo con El Marplatense, la fiscal Laura Mazzaferri explicó que una de las principales hipótesis de la investigación es que los adolescentes podrían haber sido captados por personas mayores de edad a través de procesos de radicalización progresiva.

“Es muy común que se involucre a chicos de estas edades en procesos de radicalización para la propagación de mensajes de odio o para la preparación de distintos tipos de atentados”, señaló la fiscal.

En ese sentido, remarcó que la tarea del Ministerio Público no se limita únicamente a investigar los hechos, sino también a prevenir situaciones de extrema gravedad y determinar si existe una red que esté utilizando a los jóvenes.

Mazzaferri indicó además que, en esta etapa inicial, la investigación analiza posibles delitos contra el orden público y actos discriminatorios, sin descartar otras líneas vinculadas a un eventual financiamiento de este tipo de actividades. “También es necesario profundizar si hay algún tipo de apoyo o financiamiento que permita sostener estas conductas”, explicó.

La fiscal subrayó que el objetivo central es evitar cualquier hecho violento y garantizar la protección integral de los derechos de los adolescentes involucrados. “Se trata de chicos que están por debajo de la edad de imputabilidad, por lo que la intervención apunta a interrumpir cualquier proceso de radicalización y a restituir derechos en caso de que se encuentren en una situación de vulnerabilidad”, concluyó.

La fiscal federal Laura Mazzaferri confirmó que se retomó, tras la feria judicial, el debate oral en el caso del pastor Roberto Tagliabué. “Efectivamente, el lunes se retomó post feria la audiencia del debate en el caso de Tagliabué. Se tomaron distintos testimonios que estaban programados”, señaló.

Durante la jornada, la fiscalía presentó un pedido clave: “Reavivamos agenda y, teniendo en cuenta los alegatos de apertura de la defensa y nuestra teoría del caso, presentamos el pedido de desistimiento de varios testigos que no iban a referirse a los puntos controvertidos”.

A su vez, la medida motivó la reacción de la defensa, que solicitó un cuarto intermedio para analizar la propuesta. “Era la prueba que había ofrecido la fiscalía, pero la defensa había adherido”, explicó Mazzaferri en declaraciones a El Marplatense.

Finalmente, la parte acusada presentó un escrito en el que se opuso a algunos desistimientos y aceptó otros. “En base a eso, luego va a resolver el Tribunal Oral, que aún no resolvió, pero seguramente lo hará durante la audiencia del próximo lunes y, a partir de ello, se reprogramará la agenda de los testimonios”, agregó.

Respecto de la próxima audiencia, la fiscal adelantó que “tenemos previsto para el próximo lunes siete declaraciones testimoniales, si no tenemos en cuenta una que desistimos para esa fecha. Entre ellas habrá personal de salud tanto de la provincia de Buenos Aires como del Municipio”.

En paralelo, confirmó que intervendrá una profesional del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, cuya participación se adelantó respecto del plan inicial. “Va a declarar una profesional del programa de rescate, ya que se alteró la agenda porque estaba previsto para después, pero se adelantó”, puntualizó.

Este juicio tiene como único acusado al pastor evangélico y responsable de un supuesto centro de rehabilitación de adicciones, Roberto Tagliabué, quien se encuentra imputado por los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral agravada, privación ilegal de la libertad, ejercicio ilegal de la medicina, comercialización de fauna silvestre y maltrato animal.

En concreto, Tagliabué está acusado de haber captado y acogido, valiéndose de su calidad de pastor de la iglesia El Shaddai, ubicada en el barrio Pueyrredon, a unos seis kilómetros del centro de Mar del Plata, y utilizando engaños y violencias a una multiplicidad de personas -nueve son las víctimas de este caso elevado a juicio- en situación de “suma vulnerabilidad”.

Según la acusación fiscal, los hechos se encuadran entre 2001 y agosto de 2022, cuando se realizó el último allanamiento por orden de la Justicia Federal. En su mayoría, las víctimas son varones jóvenes, en un caso un menor de edad y otro con una situación de discapacidad, que atravesaban serios problemas de adicciones, habitacionales y/o económicos, y en algunos casos también tenían conflicto con la ley penal.

Muchos fueron derivados incluso por la Justicia provincial para cumplir con normas de conducta que les permitieran acceder a la suspensión de sus procesos o tener un régimen morigerado de prisión, situación que era aprovechada por el imputado, a fin de captar a las víctimas o mantenerlas en situación de explotación.

La finalidad de las maniobras investigadas, según estableció la fiscalía, era la explotación laboral, que se daba a través de la venta ambulante, la atención de dos negocios que tenía el pastor en la zona o bien con tareas de mantenimiento en la iglesia.