El Juzgado Federal Nº 1 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, procesó sin prisión preventiva a 29 personas por asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, en el marco de una causa que investiga el funcionamiento de una red de “cuevas financieras” vinculada a los grupos Jonestur y Transcambio. 

Según la resolución judicial, estos imputados habrían proporcionado la infraestructura societaria, operativa y financiera necesaria para canalizar fondos ilícitos hacia el sistema financiero nacional e internacional, usando estructuras offshore, cuentas en el exterior y operaciones no declaradas. 

Para la fiscal federal Laura Mazzaferri, impulsora de la causa junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), los grupos actuaban como “bancas de hecho”, realizando operaciones cambiarias, apertura de cuentas, préstamos, inversiones y traslados de fondos sin fiscalización. 

La investigación detectó que operaban de manera encubierta dentro de casas de cambio autorizadas, así como también mediante operadores en la vía pública -conocidos como "arbolitos”- en el corredor de la avenida Luro, con la colaboración de algunos efectivos policiales que evitaban controles y allanamientos. 

Entre los casos emblemáticos vinculados al entramado investigado, se mencionan las maniobras de lavado en torno al fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y el grupo Salvatore, vinculado al tráfico de cocaína hacia Europa en la causa conocida como “Carbón Blanco”. 

El fallo dispuso además embargos por sumas que van desde 10 mil millones hasta 50 mil millones de pesos sobre los bienes de los imputados, así como inhibiciones generales de bienes incluso a nivel internacional para los activos que se detectaron en el exterior. 

La causa tiene antecedentes que datan de 2014, cuando se recibió un reporte del Banco Central a PROCELAC sobre operaciones cambiarias no autorizadas. A lo largo de la investigación se realizaron peritajes forenses, informes de entidades públicas y privadas, y cooperación internacional con Andorra y Panamá. 

El magistrado consideró que algunos miembros de Jonestur y Transcambio actuaron como jefes de la asociación ilícita, mientras que otros cumplían funciones de operadores y directivos, y decretó la falta de mérito para imputados con menor participación.

La acusación sostiene que estas estructuras no solo movían fondos ilícitos, sino que también ofrecían un andamiaje financiero para blanquearlos, los cuales eran volcados a inversiones inmobiliarias, fondos fiduciarios o administrados en cuentas en el exterior. 

La resolución fue dictada el 25 de septiembre, tras el pedido de procesamiento presentado en diciembre pasado por Mazzaferri y el procurador de PROCELAC, Diego Velasco, luego del análisis de un voluminoso caudal de documentación y pruebas recabadas.

Fuente: Fiscales

El caso de Natalia Foresio, la contadora detenida en La Plata la semana pasada acusada de ser la líder de una asociación ilícita, golpeó de manera colateral al fútbol argentino. A días de su arresto, se conoció que la mujer considerada partícipe necesaria de la intermediación financiera no autorizada y coautora de lavado de activos, es la madre de Juan Cortazzo, futbolista de Gimnasia y Esgrima La Plata. Su padre, Luis Cortazzo, también fue procesado por el mismo caso.

El jugador es el mayor de los hijos de la pareja. Tiene 19 años y debutó en la Primera División del equipo platense en julio del año pasado. Su contrato es hasta 2027 y, aunque no la Justicia no constató ninguna relación directa con él en el marco de esta causa, la noticia de la detención de su madre le provocó un impacto inevitable.

La mujer fue arrestada días atrás luego de que la consideraran jefa de una asociación ilícita. El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, que interviene en el caso, también ordenó un embargo sobre los bienes de la contadora por $50.000 millones.

El caso tiene a otros tres involucrados procesados, entre ellos el esposo de Foresio y padre del jugador, Luis Cortazzo, aunque sin prisión preventiva.

Fuentes del caso indicaron que la estructura comenzó a ser investigada en mayo de 2024, tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El ente había detectado “un esquema de facturación apócrifa para el aprovechamiento potencial de usuarios que artificialmente disminuirían las bases imponibles tanto del impuesto a las ganancias como del impuesto al valor agregado (IVA)”. De acuerdo a las fuentes, la maniobra habría comenzado en 2020.

Según la presentación, las empresas involucradas “no tendrían la capacidad económica y financiera necesaria acorde con la facturación emitida y recibida”.

La investigación de Gendarmería desembocó, un año más tarde, en 17 allanamientos en la CABA, en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba. Los agentes secuestraron $199.492.700, US$357.153, 1.090.180 pesos uruguayos, 13.070 euros, 5171 reales y 3100 libras esterlinas, dos vehículos, 16 teléfonos celulares, 15 notebooks, un servidor, dos tablets, 12 dispositivos de almacenamiento, tres armas de fuego y 34 municiones de diferentes calibres. El procedimiento contó con la colaboración de personal de ARCA.

Foresio fue procesada “ser miembro de una asociación ilícita destinada a cometer delitos indeterminados, en calidad de jefa y organizadora, que habría funcionado de manera permanente, al menos desde el 2020 a la fecha” y se le “endilgó su participación en la organización y gestión de un esquema de contribuyentes que funcionan como usinas de facturación apócrifa, con la cual se llevaron adelante los siguientes ilícitos: evasión fiscal agravada, la intermediación financiera no autorizada por más de $40.000.000.000, y lavado de activos”, indicó La Nación.

La mujer, de 48 años, habría emitido comprobantes apócrifos “con el fin de generar créditos fiscales en cabeza de los contribuyentes que gestiona para respaldar la emisión de facturas electrónicas con el fin de no generar saldos a pagar en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el Impuesto a las Ganancias y, a la par, emitió notas de crédito apócrifas y así burló los mecanismos de detección automática de ARCA, con el propósito de ampliar el rango de crédito fiscal tomado por cada usina a los fines de cubrir las posteriores facturas que esa usina iba a proveer a terceros usuarios”.

Por otro lado, la investigación comprobó que los imputados utilizaron el dinero obtenido de las maniobras ilícitas en el mercado formal con apariencia de licitud y también adquirido bienes a título personal.

Fuente: Infobae

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento de dos hombres y de su madre por el delito de lavado de activos, que –de acuerdo al material probatorio reunido- provinieron de la administración fraudulenta de un consorcio de propiedades y que se utilizaron para la adquisición de un inmueble en el macrocentro marplatense, que fue demolido y en su lugar se construyó un edificio de 18 unidades que administraron las personas imputadas.

El tribunal de alzada mantuvo los embargos dictados en primera instancia, que ascienden en total a 315 millones de pesos, y la libertad bajo caución personal de 20 millones de pesos en cada caso.

En primera instancia, el titular del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, había marcado que, de acuerdo con los elementos de prueba, el emprendimiento inmobiliario fue solventado en gran parte con fondos ilícitos, provenientes de la administración fraudulenta que el grupo familiar había realizado en el consorcio del edificio Semar XI, situado en la calle Arenales, y presuntamente con un patrimonio conformado en virtud de remates y de las subastas de inmuebles realizadas de manera espuria.

El juez marcó que la prueba patrimonial y fiscal reunida desecha la posibilidad de que los acusados tuvieran la solvencia financiera para encarar la obra, es decir, la compra de una propiedad, su posterior demolición y la consecuente construcción. Añadió que el edificio no se encontraba registrado, lo que ubicó a la maniobra fuera del alcance de los controles municipales y administrativos.

Uno de los puntos controvertidos por la defensa fue si ambas situaciones, la administración fraudulenta del consorcio y la construcción del edificio, tienen relación.

“La confusión de patrimonios caracterizó a la maniobra investigada”, sostuvo el fiscal Adler al evaluar que, de la prueba existente, surge la colocación de ganancias espurias en el emprendimiento inmobiliario.

Al analizar el caso en su dictamen, el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Daniel Adler, expresó que de las actuaciones de trámite ante la justicia ordinaria –en las que resultaron condenados los imputados en esta causa por los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta y estafa procesal- surgieron elementos que permiten tener por probado que el dinero obtenido producto de esa administración fraudulenta del consorcio del Edificio Semar XI habría sido –al menos en parte- colocado en la compra de un inmueble en la calle Alvarado al 2100 para su transformación en una propiedad horizontal, a fin de darle apariencia lícita a los fondos.

El fiscal detalló el peritaje realizado sobre la documentación que se secuestró en el marco de la causa que concluyó en septiembre de 2023 con la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en la que se determinó la existencia de liquidaciones sin respaldo, pólizas de seguro que no correspondían con importes que cobró el productor, multas, aprobación de expensas extraordinarias sin determinar el monto, entre otras. También citó el informe elaborado por el administrador judicial del consorcio, quien dio cuenta de las irregularidades advertidas en la administración, entre las que destacó la existencia de deudas que mantenía ocultas, con déficit de caja y la existencia de fondos de reserva percibidos por la administración infiel, sin rendición ni rastro alguno, por una suma cercana a los 6 millones de pesos.

El representante del Ministerio Público Fiscal añadió que, de la prueba existente, surge la colocación de ganancias espurias en el emprendimiento inmobiliario y que “la confusión de patrimonios caracterizó a la maniobra investigada”.

Los jueces de la Cámara Federa coincidieron con el fiscal. En la resolución, dictada el pasado 2 de octubre, señalaron que “las conductas delictivas por las cuales los sindicados en esta causa fueron condenados en la justicia provincial (delito precedente) produjeron una ganancia de dinero ilícito, la cual en parte fue colocada en la construcción del edificio de calle Alvarado”.

“En definitiva, conforme advierte el fiscal general, en las actuaciones de trámite en sede provincial se acreditó que existía una evidente correlación entre la liquidez que le ingresaba al patrimonio a los encausados y los fondos provenientes de la administración fraudulenta del Consorcio del edificio Semar XI que ellos mismos administraban”, indicó Jiménez en su voto.

Por su parte, Tazza remarcó lo indicado por el juez de instrucción: “No deja de ser sugestivo la cantidad de propiedades que los nombrados dicen ostentar, que vendieron y compraron a lo largo del tiempo (…) y que robustece, de hecho, la circunstancia por la cual una de las fuentes de financiamiento ilegal por las que se habrían valido para realizar tal emprendimiento obedecía a hacerse de unidades funcionales ante la interposición de demandas ejecutivas que terminaban con el remate y la subasta de inmuebles, conforme se acreditó en el proceso judicial por el cual obtuvieron sentencia condenatoria”. Agregó que en el fuero provincial se acreditó que parte de los inmuebles que fueron ejecutados por subasta fueron obtenidos por la esposa de uno de los condenados.

El fiscal marcó que en la causa del fuero provincial surgieron elementos que permiten probar que el dinero obtenido de la administración fraudulenta de un consorcio fue utilizado para la compra de un inmueble, luego transformado en una propiedad horizontal.

Los jueces de Cámara también coincidieron con el fiscal en la necesidad de profundizar la investigación, en particular con la eventual realización de un peritaje que dé cuenta del costo total y preciso de la propiedad adquirida, demolida y luego edificada por los imputados.

En el fallo se analizó también la modificación de la normativa en materia de lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal, a partir de la sanción de la ley 27.739 de marzo de 2024.

En efecto, uno de los cambios más relevantes tiene que ver con la ampliación del monto que establece la configuración de la maniobra: mientras la norma anterior lo había fijado en 300 mil pesos para ser punible, la actual redacción no tiene una especificación concreta sino que contempla la suma de 150 salarios mínimos vitales y móviles a la época de los hechos.

Es así que, para la época de los hechos, julio de 2016, ese monto ascendía a $1.021.500. “Para una u otra norma se encuentra superada ampliamente la condición objetiva de punibilidad, debiendo estarse a la aplicación de la ley vigente al momento de los hechos”, marcó el juez de instrucción y confirmó la Cámara.

Al redactar su voto, Jiménez –quien destacó la importancia de investigar esta clase de delitos en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por el país- reparó en que “las maniobras de ‘lavado’ se habrían llevado a cabo con cierta habitualidad y de manera organizada –al menos desde el año 2007- poniendo en circulación en el mercado los bienes objeto del presente, logrando así que adquieran apariencia de un origen lícito, determinándose que la dinámica propia de las operaciones aparejan situaciones difíciles de explicar por parte de los encausados”.

El presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, Roberto Falcone, condenó a cuatro hermanos a la pena de multa de $10.823.981,25 cada uno como coautores del delito de lavado de activos provenientes de delitos de lesa humanidad. Las personas condenadas son hijas e hijo de un miembro de la denominada “banda de Aníbal Gordon”, que actuó desde el centro clandestino de detención y torturas Automotores Orletti y en su modus operandi incluía el robo de dinero y bienes de sus víctimas.

Para el magistrado -que integró de forma unipersonal el tribunal de juicio- se probó durante el debate que María Eugenia, María Natalia, Marcelo Leonardo y Ana María Save buscaron darle apariencia lícita a los fondos provenientes de ilícitos a partir de maniobras irregulares para adquirir, transferir y administrar dos terrenos de 36 hectáreas en total en la ciudad de Chascomús. En línea con el pedido del MPF, el predio fue decomisado y destinado a la creación de un sitio de memoria, verdad y justicia, lo cual constituye una decisión innovadora.

Durante la lectura del veredicto, estuvieron presentes las personas acusadas junto a sus defensores; y la fiscala Laura Mazzaferri, la auxiliar fiscal María Eugenia Montero y el auxiliar fiscal Julio Darmandrail -integrantes de la Oficina de Coordinación de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en Mar del Plata-, quienes coadyuvaron con el fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, conectado a la audiencia de manera remota. También estuvieron las representantes de la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, mientras que por vía remota se conectaron al cierre del debate los representantes de las querellas del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH) y de la Unidad de Información Financiera (UIF).

“El lavado de activos, mediante la acción típica de administración, integra la categoría de los llamados delitos permanentes, cuya consumación no cesa al momento de la realización típica, sino que se perpetúa en el tiempo, mientras se mantenga el estado antijurídico del autor", sostuvo el juez Falcone.

El juez Falcone tuvo por probada la hipótesis llevada a juicio por el Ministerio Público Fiscal: la operatoria realizada por las personas acusadas buscó dar apariencia de licitud al origen espurio del dinero del que se valieron para adquirirlo en el año 1976 los miembros de la denominada "banda de Aníbal Gordon", entre quienes se encontraba su padre, Leonardo Miguel Save.

Antes de la lectura del veredicto, el juez brindó una breve explicación de la valoración de la prueba volcada durante el debate y explicó que el obrar de los hermanos fue doloso porque “la indiferencia o desconsideración no pueden interpretarse como una recompensa que los exima de responsabilidad”.

Para Falcone se tuvo por probado que los hermanos adquirieron y administraron las dos parcelas de campo valiéndose para la escrituración de esos bienes -rubricada en año 2008- de una sucesión de actos irregulares cuyo origen data de octubre de 1976. Según explicó, allí comenzó el proceso de lavado de dinero, iniciado entre otros por el progenitor de los imputados, y concluyó con la sentencia de este miércoles.

De acuerdo siempre a la reconstrucción del juez, Leonardo Miguel Save -padre de las cuatro personas ahora condenadas- fue parte del grupo de tareas que actuó en la época del terrorismo de Estado desde el centro clandestino de detención y torturas denominado Automotores Orletti, que fue un enclave de la coordinación represiva del Plan Cóndor. En ese marco, los integrantes de la banda se hicieron de dinero y de bienes de sus víctimas. Entre otros hechos, en septiembre de 1976 sustrajeron de la vivienda del militante uruguayo Alberto Mechoso Méndez, de acuerdo a la sentencia del TOF N°1 de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo fallo se encuentra firme.

Luego de los robos, sus miembros –entre los que se encontraba Save- insertaron sumas millonarias de dinero en el mercado legal, a través de operaciones de compra venta de dos lotes destinados a instalar un emprendimiento comercial inmobiliario.

Entre otras prueba citadas, Falcone explicó que en fechas concomitantes al secuestro de Mechoso Méndez -el 19 y 30 de octubre de 1976- se firmaron los boletos de compra venta con las familias titulares de las parcelas 1164G y 1164X, y que allí “las verdaderas identidades de los adquirentes quedaron enmascaradas detrás de personas inexistentes, con datos filiatorios apócrifos”, según se pudo comprobar en el juicio.

El juez explicó que, con posterioridad, los integrantes de la banda que compraron los terrenos llevaron personal para que trabaje en su desarrollo inmobiliario. Esas personas fueron secuestradas por integrantes de las fuerzas armadas cuando se encontraban realizando labores sobre los predios, que quedaron en aparente abandono durante más de veinte años. Y, a partir de 1999, el hijo y las hijas de Save llevaron adelante una serie de maniobras para lograr la transferencia y la incorporación de los terrenos a su patrimonio.

La decisión receptó favorablemente el requerimiento por el Ministerio Público Fiscal dirigido a que, en un concepto amplio de reparación integral, se incluyeran medidas satisfactivas y vinculadas a la garantía de no repetición de crímenes de lesa humanidad.

En línea con la acusación fiscal, el juez Falcone encuadró los sucesos objeto de juzgamiento en el delito de lavado de activos de origen ilícito, reprimido en el artículo 303 del Código Penal.

“El lavado de activos, mediante la acción típica de administración, integra la categoría de los llamados delitos permanentes, cuya consumación no cesa al momento de la realización típica, sino que se perpetúa en el tiempo, mientras se mantenga el estado antijurídico del autor, el que va a cesar con el dictado de esta sentencia”, sostuvo el juez.

El juez dispuso también que las parcelas en cuestión, ubicadas en el barrio Parque Girado, a la vera de la laguna de Chascomús, deben ser decomisadas y entregadas -tal como lo propuso el MPF con la adhesión de la querella- al Estado provincial, con destino específico en la Subsecretaría de Derechos Humanos, parte querellante de este proceso, para “emplazar allí un sitio de memoria, verdad y Justicia, asociado a la reparación integral en materia de crímenes que han afectado a la humanidad en su conjunto”, consignó el veredicto. La solución del caso es el primer precedente en ese sentido que se registra en nuestro país.

“Ello –sumó Falcone- en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de Derechos Humanos y en la prevención y sanción del delito de lavado de dinero y recupero de bienes ilegítimamente adquiridos”.

La decisión receptó favorablemente el requerimiento por el Ministerio Público Fiscal dirigido a que, en un concepto amplio de reparación integral, se incluyeran medidas satisfactivas y vinculadas a la garantía de no repetición, teniendo en cuenta que los delitos precedentes eran crímenes de lesa humanidad, que han socavado la base misma del Estado democrático de derecho, afectando a toda la comunidad.

La fiscalía contó durante el proceso de investigación y de juzgamiento con la colaboración de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), a cargo de María Fernanda Bergalli, de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), a cargo de María del Carmen Chena, y con la asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos. 

Apenas unos días antes de que se cumpliera este domingo un año del comienzo de una de las investigaciones judiciales más grandes de corrupción de la Argentina, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó los procesamientos de cinco marplatenses a los que calificó en su fallo como "figuras emblemáticas" del esquema de lavado de activos para blanquear el dinero proveniente del pago sistemático de coimas a cambio de obra pública develado en "la causa de los cuadernos".

Los empresarios Sergio Todisco, Elizabeth Ortiz Municoy, Elba Municoy, Marcelo Danza y Osvaldo Fabián Parolari están procesados, aunque sin prisión preventiva, por el delito de lavado de dinero agravado por haber sido cometido en el marco de un organización delictiva. Esta causa es una derivación de la de los cuadernos, en la que los dos primeros fueron admitidos por el juez Claudio Bonadio como imputados colaboradores.

"Las figuras emblemáticas de este esquema, con epicentro en Estados Unidos, fue el matrimonio conformado -hasta el año 2015- por Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy. En un comienzo, auxiliado por quienes les aportaron su conocimiento y colaboración -Osvaldo Parolari y Marcelo Danza-, Todisco y Ortiz Municoy lograron edificar una fortuna en torno a varios inmuebles radicados en Miami -incluso con participación de Elba Municoy, madre de la nombrada-, con alguna prolongación también en la ciudad de Nueva York", detallaron los jueces Pablo Daniel Bertuzzi y Leopoldo Oscar Briglia, en la resolución a la que accedió El Marplatense.

En tanto, el agente inmobiliario Parolari y el abogado Danza "habrían intervenido en la creación de las sociedades "Gold Black Limited" y ‘Old Wolf’ (controlantes del resto de las sociedades) radicadas en las Islas Vírgenes Británicas y, junto a Todisco, a través de dicha estructura societaria, habrían participado en la compra" de cinco propiedades en Estados Unidos por un total de casi 16 millones de dólares.

De acuerdo a la resolución de la Cámara, el 15 de abril de 2010 los marplatenses adquirieron, a través de la firma Succesfull Ideas Inc., la "unidad 403 900 Byscayne Blvd por U$S328.000"; el 9 de julio del mismo año, la "unidad 229, 10275 Collins Av., Habour HouseCondo por U$S290.000"; y, el 3 de agosto siguiente, la "unidad 2805, 485 Brickel Av., IconBrickelCondo por U$S215.000".

Al año siguiente, y por medio de la empresa Free Experience Inc., los supuestos testaferros de Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, compraron dos unidades en el emblemático y exclusivo Plaza Hotel de Nueva York, operatoria que los llevó a estar en la mira del FBI. Los departamentos allí adquiridos fueron el 607 y 1608, por los que desembolsaron la friolera de U$S1.850.000 el 22 de septiembre de 2010 y U$S13.050.000 el 2 de diciembre del año siguiente.

Además, de la declaración que brindó Ortiz Municoy como "imputada colaboradora", surge que tanto Parolari como su ex esposo Todisco "concurrían juntos al domicilio de Muñoz - en la calle Alberto Williams 5631 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- a fin de retirar el dinero ilícito con el objeto de concretar las operaciones inmobiliarias y remitirlo al exterior a través de diferentes agencias de modo ilegal".

La Cámara aseguró que los marplatenses procesados fueron utilizados "como intermediarios, asesores, representantes y prestanombres a los demás imputados, según sus roles y capacidades, en el marco de una estructura organizada a fin de aparentar un origen lícito para los activos invertidos" mediante "distintas operaciones de inversión que fueron efectuadas con dinero que proporcionaba Muñoz, reservándose la propiedad de esos bienes para él y Pochetti".

"Con la colaboración inicial de Danza, quien supo ser el primigenio director en la avanzada societaria de Muñoz, en aquel entonces se formalizó una de las primeras compañías. Gold Black Limited se instituía, junto a la ya referida Old Wolf Limited, en una de las dos controlantes de todo el elenco de corporaciones que a partir de allí sirvieron para recepcionar los fondos girados por Muñoz", agregaron los jueces.

Una vez montado ese entramado, “Successful Ideas Inc”, “Free Experience Inc” (2010); “Harbor Golden Inc”, “South Golden Inc”, “Lizer Investments Llc” (2011); “Mother Queen Inc”, “North Golden Inc” (2012); “West Golden Inc”, “First All Inclusive Inc” (2013) y “Dream Golden Enterprises Inc” (2014), "emprendieron entonces una carrera inmobiliaria en las ciudades de Miami y Nueva York".

"Cabe destacar que Danza, abogado conocido de Todisco, poseía los suficientes conocimientos legales para reconocer o al menos, sospechar seriamente, de la legalidad de una operación donde “prestaba” su nombre a la constitución de una sociedad en otro país, a cambio de una considerable remuneración. Justamente, una de las sociedades emblema del señorío societario de Muñoz, controlante de todas las demás, que se instituyeron en las dueñas de los aproximadamente U$S70.00.000 invertidos en departamentos en Estados Unidos", señalaron los jueces en otro tramo de la resolución.

En igual sentido, los magistrados sostuvieron que Elba Municoy, madre de Ortiz Municoy y suegra de Todisco, pese a su menor conocimiento de las operatorias, "no por ello ha quedado distanciada del hecho". "Fue ella la titular de una de esas propiedades y la accionista, junto con su empleada doméstica, de una de las tantas sociedades constituidas en el exterior", destacaron.

Los camaristas reconstruyeron en su resolución los inicios de la relación que unió a los cinco marplatenses procesados con Daniel Muñoz, hace 12 años atrás. Según las declaraciones judiciales de los propios protagonistas, el destino hizo que hacia el año 2006 o 2007 el ex secretario de los Kirchner ingresara a la inmobiliaria que Ortiz Municoy  y Todisco, su entonces marido, tenían en Mar del Plata.

"Interesándose primero por la adquisición de algunas propiedades en la zona, la visión de Muñoz se habría inclinado luego hacia la ciudad de Miami. Fue así que, con la participación de Danza y de un bróker conocedor del rubro, Osvaldo Parolari, comenzó a incursionar en las inversiones inmobiliarias en el país del norte", detallaron.

Las tres primeras operaciones inmobiliarias en Miami (por un total de U$S833.000) fueron desarrolladas en Estados Unidos por Parolari, "quien contaba allí con varios años de experiencia en el rubro inmobiliario y que, al igual que su conocido Danza, intervino como director de una de las sociedades".

"No obstante, tras la ejecución de aquellas operaciones, y conocido su particular funcionamiento, el negocio de las inversiones fue asumido directamente por el matrimonio Ortiz Municoy-Todisco y a él se constriñó, al punto de incluir como titular de algunas de las sociedades y de las propiedades a la madre de la antes nombrada, Elba Diamantina Municoy. Es a partir de este momento, entonces, que los aludidos asumieron un rol central en este segmento de los acontecimientos pesquisados", agregaron.

A los tres departamentos citados les siguieron otros 11 en Miami y 2 más en Nueva York, pero ninguno fue adquirido por valores semejantes a los que inauguraron esta serie de operaciones. Lejos de los U$S300.000 que promediaron aquellos negocios iniciales, en estos casos los valores oscilaron entre los cuatro y los trece millones, "todo lo cual culminó arrojando una cifra cercana a U$S 70.000.000 invertidos en propiedades en Estados Unidos, en cabeza de sociedades radicadas en ese país".

En cuanto a como recibían de Muñoz el dinero para concretar las operaciones inmobiliarias, en su declaración como arrepentido, Todisco refirió: "Concurríamos a Pedro Rivera, inmueble al que ingresábamos por el garaje, y allí presentábamos proyectos inmobiliarios y propiedades. Al inmueble de Pedro Rivera siempre fui con mi ex mujer. Mi ex mujer y yo retirábamos el dinero de Pedro Rivera, de a 500.000 dólares aproximadamente, contenidos en bolsos. La mayor cantidad de dinero que transporte fueron 2 millones de dólares. Ciertas veces el dinero se encontraba acondicionado en paquetes termo sellados, en otras ocasiones los billetes estaban húmedos y atados con gomitas pegoteadas".

Los dichos de Todisco son coincidentes con lo declarado por Ortiz Municoy, quien agregó que, su entonces cónyuge, "luego enviaba este dinero a través de las casas de cambio a Estados Unidos". Por estas transacciones, los empresarios marplatenses señalaron ante el juez federal Claudio Bonadio a Jonestur y La Moneta como dos de cinco financieras que utilizaban para transferir la plata, que provenía del presunto pago de coimas, a cuentas en el extranjero.

"El esquema que gobernó estos años fue siempre el mismo, definido por la tríada Muñoz-Todisco-Ortiz Municoy. Los aportes dinerarios del primero, la dirección societaria del segundo y las operaciones inmobiliarias de la tercera signaron el desarrollo de las transacciones", afirmaron los jueces con contundencia.

Sin embargo, a comienzos de 2015 esta matriz registraría su quiebre, a raíz de la separación de los cónyuges Todisco y Ortiz Municoy, lo que supuso un cambio en la modalidad operativa seguida hasta el momento. A partir de allí, Ortiz Municoy habría sido la escogida para continuar acompañando en los hechos los negocios de Muñoz, pero no habría ocurrido lo mismo con su cónyuge, a quien se habría apartado íntegramente del manejo de las sociedades.

Se registra en ese momento el traspaso de la dirección de las compañías, ingresando en escena un nuevo matrimonio: Carlos Gellert y Perla Puente Resendez. La elección de los nuevos consortes no fue casual, Gellert está unido a Carolina Pochetti (esposa de Muñoz) por lazos de parentesco. Hacia febrero de 2015, con excepción de “West Golden Inc.”, el plexo societario del cual Todisco era director, sólo o en compañía de su esposa, pasó a estar en cabeza de Puente Resendez.

Sin embargo, el nuevo estatus no duró mucho tiempo. En abril de 2016 la filtración de datos del estudio jurídico Mossack Fonseca de Panamá -suceso conocido mundialmente como “Panamá Papers”-, así como la muerte de Muñoz poco tiempo después, generaron un nuevo conflicto en la estructura montada a efectos de encausar dinero proveniente del circuito ilegal de recaudación revelado por los “cuadernos”.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) abrió una pesquisa preliminar destinada a confiscar activos en el territorio de los Estados Unidos derivados de la corrupción registrada en la Argentina durante los últimos años y tiene en su mira los inmuebles que compraron los empresarios marplatenses Elizabeth Ortiz Municoy y Sergio Todisco en Miami y Nueva York.

Según consigna La Nación, la investigación del FBI registra como disparador al fallecido ex secretario privado y presunto testaferro de la familia Kirchner Daniel Muñoz, quien invirtió decenas de millones de dólares, como mínimo, en Estados Unidos. Lo hizo mediante una operatoria de lavado que incluyó sociedades offshore en paraísos fiscales a nombre de Todisco, Ortiz Municoy y otros testaferros.

Los empresarios marplatenses, "arrepentidos" en la causa de los cuadernos, figuran como titulares de las sociedades offshore que se utilizaron para sacar unos US$70 millones de la Argentina e invertirlos en inmuebles en Miami y Nueva York. Esas inversiones en la isla de Manhattan -una de ellas en el conocido Hotel Plaza, frente a Central Park- son las que dispararon la preocupación estadounidense, ya que no saltaron las alarmas antilavado previstas.

Los funcionarios del Departamento de Justicia y agentes del FBI que integran la llamada Sección de Lavado de Dinero y Recupero de Activos (Mlars, por sus siglas en inglés) empujan un "proyecto" de nombre singular: la llamada Iniciativa de Recupero de Activos de la Cleptocracia. Según la definición de la Real Academia Española (RAE), la cleptocracia es un "sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos".

El agente del FBI Jared Randall viajó a la Argentina en marzo pasado para obtener datos y reunirse con funcionarios de los ministerios nacionales de Seguridad y Justicia, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), a los que preguntó sobre Muñoz y el entramado de personas y sociedades que comenzó a salir a la luz con la difusión de los Panama Papers, en abril de 2016.

Randall también requirió información precisa sobre otras derivaciones de los "cuadernos de la corrupción", sobre las empresas involucradas y los empresarios, exfuncionarios y financistas que se acogieron al régimen de "imputados colaboradores", es decir, como "arrepentidos".

Involucrado en investigaciones sobre el crimen organizado en Colombia, la mafia rusa y el escándalo conocido como "FIFAgate" -investigación de alcance global que él lideró-, Randall preguntó, entre otros, por la marplatense Ortiz Municoy, la primera mujer que se convirtió en arrepentida en la causa.