El  fiscal general subrogante del área de transición penal de la Unidad Fiscal Mar del Plata, Carlos Fioriti, se refirió a la megacausa por lavado de activos que deberá ser juzgada en la ciudad y destacó la dimensión del expediente, que involucra a 42 imputados.

En diálogo con El Marplatense, explicó que la investigación se remonta a 2013 y que está vinculada a dos grupos familiares relacionados con causas de narcotráfico: el entorno de Juan Manuel Mariscal y el de Hugo “Coco” Esteban, ambos ya condenados en expedientes previos.

“Es una causa de gran envergadura para la jurisdicción, con muchos imputados y numerosos secuestros de vehículos”, señaló el fiscal. En ese sentido, recordó que uno de los hechos clave fue el hallazgo de más de 30 autos de alta gama sin documentación en un galpón vinculado a Esteban, lo que dio impulso a una investigación más amplia en la que se llegaron a secuestrar más de 300 vehículos.

Respecto al proceso judicial, Fioriti indicó que el Tribunal Oral Federal ya se encuentra integrado y confirmó que el juez Nicolás Toseli estará a cargo del caso. Además, señaló que en los próximos días podría haber novedades sobre la fecha de inicio del juicio oral.

El fiscal también explicó que el delito de lavado de activos consiste en introducir en el mercado bienes de origen ilícito para darles apariencia de legalidad. En este caso, remarcó que se trata de una figura agravada por la participación de múltiples integrantes en una organización, lo que prevé penas de hasta 15 años de prisión, además de multas económicas.

Por último, subrayó que uno de los puntos centrales de la causa fue el criterio de análisis de las maniobras investigadas. Según indicó, el Ministerio Público sostuvo que deben considerarse de manera integral y no como hechos aislados, postura que fue respaldada por la Cámara de Casación al ordenar que el caso avance a juicio.

El Juzgado Federal Nº 1 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, procesó sin prisión preventiva a 29 personas por asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, en el marco de una causa que investiga el funcionamiento de una red de “cuevas financieras” vinculada a los grupos Jonestur y Transcambio. 

Según la resolución judicial, estos imputados habrían proporcionado la infraestructura societaria, operativa y financiera necesaria para canalizar fondos ilícitos hacia el sistema financiero nacional e internacional, usando estructuras offshore, cuentas en el exterior y operaciones no declaradas. 

Para la fiscal federal Laura Mazzaferri, impulsora de la causa junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), los grupos actuaban como “bancas de hecho”, realizando operaciones cambiarias, apertura de cuentas, préstamos, inversiones y traslados de fondos sin fiscalización. 

La investigación detectó que operaban de manera encubierta dentro de casas de cambio autorizadas, así como también mediante operadores en la vía pública -conocidos como "arbolitos”- en el corredor de la avenida Luro, con la colaboración de algunos efectivos policiales que evitaban controles y allanamientos. 

Entre los casos emblemáticos vinculados al entramado investigado, se mencionan las maniobras de lavado en torno al fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y el grupo Salvatore, vinculado al tráfico de cocaína hacia Europa en la causa conocida como “Carbón Blanco”. 

El fallo dispuso además embargos por sumas que van desde 10 mil millones hasta 50 mil millones de pesos sobre los bienes de los imputados, así como inhibiciones generales de bienes incluso a nivel internacional para los activos que se detectaron en el exterior. 

La causa tiene antecedentes que datan de 2014, cuando se recibió un reporte del Banco Central a PROCELAC sobre operaciones cambiarias no autorizadas. A lo largo de la investigación se realizaron peritajes forenses, informes de entidades públicas y privadas, y cooperación internacional con Andorra y Panamá. 

El magistrado consideró que algunos miembros de Jonestur y Transcambio actuaron como jefes de la asociación ilícita, mientras que otros cumplían funciones de operadores y directivos, y decretó la falta de mérito para imputados con menor participación.

La acusación sostiene que estas estructuras no solo movían fondos ilícitos, sino que también ofrecían un andamiaje financiero para blanquearlos, los cuales eran volcados a inversiones inmobiliarias, fondos fiduciarios o administrados en cuentas en el exterior. 

La resolución fue dictada el 25 de septiembre, tras el pedido de procesamiento presentado en diciembre pasado por Mazzaferri y el procurador de PROCELAC, Diego Velasco, luego del análisis de un voluminoso caudal de documentación y pruebas recabadas.

Fuente: Fiscales

El caso de Natalia Foresio, la contadora detenida en La Plata la semana pasada acusada de ser la líder de una asociación ilícita, golpeó de manera colateral al fútbol argentino. A días de su arresto, se conoció que la mujer considerada partícipe necesaria de la intermediación financiera no autorizada y coautora de lavado de activos, es la madre de Juan Cortazzo, futbolista de Gimnasia y Esgrima La Plata. Su padre, Luis Cortazzo, también fue procesado por el mismo caso.

El jugador es el mayor de los hijos de la pareja. Tiene 19 años y debutó en la Primera División del equipo platense en julio del año pasado. Su contrato es hasta 2027 y, aunque no la Justicia no constató ninguna relación directa con él en el marco de esta causa, la noticia de la detención de su madre le provocó un impacto inevitable.

La mujer fue arrestada días atrás luego de que la consideraran jefa de una asociación ilícita. El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, que interviene en el caso, también ordenó un embargo sobre los bienes de la contadora por $50.000 millones.

El caso tiene a otros tres involucrados procesados, entre ellos el esposo de Foresio y padre del jugador, Luis Cortazzo, aunque sin prisión preventiva.

Fuentes del caso indicaron que la estructura comenzó a ser investigada en mayo de 2024, tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El ente había detectado “un esquema de facturación apócrifa para el aprovechamiento potencial de usuarios que artificialmente disminuirían las bases imponibles tanto del impuesto a las ganancias como del impuesto al valor agregado (IVA)”. De acuerdo a las fuentes, la maniobra habría comenzado en 2020.

Según la presentación, las empresas involucradas “no tendrían la capacidad económica y financiera necesaria acorde con la facturación emitida y recibida”.

La investigación de Gendarmería desembocó, un año más tarde, en 17 allanamientos en la CABA, en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba. Los agentes secuestraron $199.492.700, US$357.153, 1.090.180 pesos uruguayos, 13.070 euros, 5171 reales y 3100 libras esterlinas, dos vehículos, 16 teléfonos celulares, 15 notebooks, un servidor, dos tablets, 12 dispositivos de almacenamiento, tres armas de fuego y 34 municiones de diferentes calibres. El procedimiento contó con la colaboración de personal de ARCA.

Foresio fue procesada “ser miembro de una asociación ilícita destinada a cometer delitos indeterminados, en calidad de jefa y organizadora, que habría funcionado de manera permanente, al menos desde el 2020 a la fecha” y se le “endilgó su participación en la organización y gestión de un esquema de contribuyentes que funcionan como usinas de facturación apócrifa, con la cual se llevaron adelante los siguientes ilícitos: evasión fiscal agravada, la intermediación financiera no autorizada por más de $40.000.000.000, y lavado de activos”, indicó La Nación.

La mujer, de 48 años, habría emitido comprobantes apócrifos “con el fin de generar créditos fiscales en cabeza de los contribuyentes que gestiona para respaldar la emisión de facturas electrónicas con el fin de no generar saldos a pagar en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el Impuesto a las Ganancias y, a la par, emitió notas de crédito apócrifas y así burló los mecanismos de detección automática de ARCA, con el propósito de ampliar el rango de crédito fiscal tomado por cada usina a los fines de cubrir las posteriores facturas que esa usina iba a proveer a terceros usuarios”.

Por otro lado, la investigación comprobó que los imputados utilizaron el dinero obtenido de las maniobras ilícitas en el mercado formal con apariencia de licitud y también adquirido bienes a título personal.

Fuente: Infobae

La Corte Suprema de Justicia ordenó que Cristina y Máximo Kirchner vayan a juicio oral en la causa Hotesur-Los Sauces por lavado de dinero y asociación ilícita. El entramado involucra a los hoteles, propiedad de la familia Kirchner: la Justicia cree que emitía facturas a Austral Construcciones, de Lázaro Báez, entre otros empresarios, para blanquear el dinero ilegal -retornos- por la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

En septiembre de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó un juicio oral y revocó los sobreseimientos -apelados por el fiscal Diego Velasco- que había dispuesto en noviembre de 2021 el Tribunal Oral Fededal Nº 5 sobre la treintena de acusados, entre ellos Cristina Kirchner, su hijo Máximo y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Sí confirmó el sobreseimiento de Florencia Kirchner.

El fiscal Velasco había pedido nuevas medidas de pruebas y sumar el entrecruzamiento de llamadas de Cristina Kirchner y el entorno presidencial con el empresario Lázaro Báez de la causa “La ruta del dinero K” y los chats del ex secretario de Obras Públicas, José López, en la causa Vialidad por la obra pública de Santa Cruz.

El TOF 5 había frenado el juicio oral con el siguiente argumento: “El Código Procesal Penal de la Nación establece claramente que los recursos pendientes en las Cámaras o en la propia Corte no impiden que las causas penales sean elevadas a juicio oral y público, pero que dichos recursos sí obstan a la fijación de la audiencia de debate”.

Así quedó en suspenso el requerimiento del fiscal Velasco “hasta tanto lo resuelto por la Sala I de Cámara Federal de Casación Penal con fecha 18 de septiembre de 2023, adquiera firmeza”. Hoy, la Corte habilitó el juicio oral.

El 18 de septiembre de 2023, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone de la Cámara Federal de Casación Penal no solo revocaron los sobreseimientos, sino que también apartaron a Daniel Obligado y Adrián Grünberg, los jueces que habían sobreseído a Cristina Kirchner.

“Los jueces (Obligado y Adrián Grünberg) que conformaron el voto mayoritario cometieron un grosero error, que torna arbitraria su conclusión de atipicidad, al pensar que el lavado se agota en Lázaro Báez cuando […] las maniobras imputadas en esta causa son las maniobras de lavado realizadas para que el dinero llegue con apariencia de licitud a los titulares de las empresas Los Sauces y Hotesur, mediante contratos simulados e innecesarios”, sostuvieron.

Los Sauces-Hotesur es una de las causas que la ex presidenta tiene elevadas a juicio oral. La otra es el Pacto con Irán. El jueves último, la Corte confirmó el sobreseimiento en “Dólar futuro”. En noviembre de 2025 comenzará el juicio por “Cuadernos de la coima” en el Tribunal Oral Federal 7 y la Corte debe resolver sobre la condena de 6 años que la Cristina recibió por Vialidad.

Fuente: TN

La modelo Sofía Clerici, ex pareja de Martín Insaurralde, logró que Justicia le devuelva los casi 600 mil dólares que fueron incautados en su casa, en el marco de la investigación por lavado de dinero que se desprendió del polémico viaje por Marbella en un yate de lujo que realizó con el ex intendente de Lomas de Zamora el año pasado. Según explicó, los usará para poder entrar en la Ley de blanqueo de capitales que vence este viernes.

Clerici elevó un pedido a la Justicia Federal de Lomas de Zamora hace ya algunos días para poder acogerse al blanqueo de capitales que impulsó la gestión de Javier Milei, que en las últimas semanas hizo crecer los depósitos en dólares en los bancos a US$ 20.000 millones, a un ritmo de US$ 150 millones al día, que espera acelerarse en esta recta final.

Esta no es la primera vez que la modelo solicita que le devuelvan los US$ 569.911 que la Justicia encontró en su hogar de zona norte durante un allanamiento. Ya lo había hecho en una oportunidad en la que había justificado el origen de esos fondos como parte de su trabajo de "acompañante de viajes", es decir escort vip. El juez Ernesto Kreplak, que lleva el expediente, se lo denegó en su momento pero ahora le dio la derecha y permitió que la modelo pueda depositar esos fondos en una cuenta de blanqueo.

Según el fallo, Kreplak habilitó el traslado de esos fondos secuestrados a una Cuenta Especial de Regularización de Activos en dólares en el Banco Galicia, que la modelo abrió para ingresar al blanqueo, y dispuso la inmovilización de esos fondos a través de una medida cautelar. Al mismo tiempo, le volvió a negar el sobreseimiento en la causa que investiga lavado de dinero.

"En este contexto de falta de mérito probatorio suficiente para sobreseer o bien atribuir responsabilidad a la encausada, me lleva a concluir que la labor investigativa y el tiempo que insume la investigación de maniobras complejas como las que aquí se denunciaron e investigan, no pueden violentar el principio de inocencia del que goza Sofia Clerici o cualquiera de los investigados, obligándola a la pérdida de un derecho que la normativa específica parece concedérsele cuando existen medidas menos gravosas, que permitirían, a la vez, cumplir con las medidas de aseguramiento del proceso, lo que suele denominarse, 'principio de proporcionalidad de las medidas cautelares'", explicó el juez en su fallo.

El magistrado sostuvo que en caso de que sea condenada, la Ley de Blanqueo de Capitales es clara y prevé "la perdida automática de todos los beneficios que otorga el régimen al cual Clérici pretende acogerse". Y detalló que la intención de la medida es que se le permita "a los sujetos obligados tener la posibilidad de regularizar sus obligaciones fiscales, incluso cuando ya estuvieran bajo un proceso de investigación penal, en tanto y en cuento no se encuentren procesados".

"Con la medida precautoria de prohibición de innovar respecto de la suma de dinero que se deposite en la Cuenta Especial de Regularización de Activos aportada por la defensa de la imputada, puede garantizarse que no se altere o modifique la situación de hecho preexistente; lo que permitiría, en simultáneo, no obstaculizar el ejercicio de un derecho acordado por la ley como así tampoco frustrar los objetivos de la medida cautelar dispuesta en autos por la Alzada", sentenció.

Sobre ese dinero, Clerici afirma que es producto del trabajo que ejerce, que no está regulado. Por esa razón, los fondos no están justificados. Si ingresa al blanqueo de capitales con esos fondos no se piden explicaciones, por eso busca volcarlos al sistema legal de esa manera.

La ex pareja de Martín Insaurralde que hizo explotar una bomba política cuando en la previa de las PASO subió a Instagram las fotos de su lujoso viaje con Insaurralde -uno de los dirigentes kirchneristas de peso en Provincia de Buenos Aires- ya sufrió dos reveses a su pedido de devolución de fondos: los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco pidieron que sea rechazado, pero el magistrado denegó ese pedido y permitió la mudanza de esos dólares a una cuenta que será bloqueada hasta que se resuelva la causa.

El 29 de mayo, Clerici pidió ser sobreseída en la investigación por lavado de dinero, en la que también están imputados Insaurralde y su ex esposa Jésica Cirio. A través de un escrito, esgrimió que trabaja como “acompañante de viajes” y manifestó que había sido "cosificada como mujer” al ser incluida en el expediente por pregunta corrupción.

“Por mi exposición y reconocimiento público de al menos 15 años, es altamente requerida mi compañía y acompañamiento profesional para diversos acontecimientos, entre ellos, para realizar viajes al exterior por periodos prolongados”, se defendió.

Ante la Justicia, la mujer de compañía del kirchnerista hasta se animó a citar un marco legal sobre la prostitución, que le atribuyó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En su defensa, aclaró que si bien sus actividades de acompañante de viajes "no guarden relación con la prostitución", comparten un vacío del encuadre impositivo para los pagos y regalos que admitió recibir.

"Percibo honorarios que en la mayoría de las veces se trata de importantes sumas de dinero, y en otras, regalos costosos, ya sean joyas, ropa o accesorios", aceptó Clerici, según detalló en su momento el periodista de TN, Rodrigo Alegre.

Fuente: Clarín

Madaho’s funcionó durante casi dos décadas en una acomodada zona de Mar del Plata, en la esquina de Alem y Vieytes. Bajo la fachada de un bar nocturno donde se ofrecían bebidas, comida y espectáculos de baile, una organización lucraba ilegalmente con la explotación sexual de mujeres.

Tres de los principales responsables fueron condenados por ese delito, y ahora el fiscal general Daniel Adler junto con los y las titulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Mario Villar y Laura Roteta; de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo;  y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, a cargo momentáneamente de Daniela Sodini, solicitaron que diez personas sean juzgadas por el delito de lavado de activos agravado, y en un trabajo que estuvo a cargo del área de Lavado de Activos de la PROCELAC, coordinada por Juan Argibay Molina, describieron las maniobras realizadas para dar apariencia lícita a sumas millonarias de dinero obtenidas de la explotación económica y sexual de mujeres.

Las conductas de lavado detectadas, que fueron contemporáneas y posteriores a la explotación ya juzgada y condenada, consistieron en haber puesto en circulación en el mercado las ganancias y bienes provenientes de la explotación sexual de mujeres que tenía lugar en Madaho’s de Mar del Plata. Las maniobras desplegadas fueron variadas y conllevaron un proceso de legitimación de activos por un monto que ascendió, como mínimo, a un total $16.620.040, según detalla el requerimiento de elevación a juicio que formuló el Ministerio Público Fiscal.

Para montar la fachada del local de bebidas y espectáculos, los responsables del establecimiento pergeñaron una ingeniería jurídica: “Utilizaron la estructura legal de ROLAFA SRL, dedicada en el plano formal al negocio de ‘bar nocturno’, a través de la cual se gestionó la habilitación comercial y demás aspectos necesarios para el funcionamiento del local. Este despliegue, como se observa, permitió encubrir la verdadera actividad ilícita generadora de los ingresos de Madaho’s”, advirtieron los y las fiscales.

A los tres hombres condenados por explotación sexual, se suma el hermano de uno de ellos que intervino en la contabilidad de la empresa, y un abogado encargado del asesoramiento jurídico, quien además actuó como fiduciario del inmueble donde funcionaba el lugar de explotación. La sociedad creada fue empleada a su vez como vehículo para canalizar, al menos en parte, los réditos económicos del accionar ilícito.

Además de la fachada, la investigación, que estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N°2 a cargo de los fiscales Pablo Larriera y Nicolás Czizik y el fiscal general Daniel Adler, sucesivamente, marca como de vital importancia “el armado de una contabilidad que reflejara una realidad económica aparente donde, mediante la declaración de supuestas ventas, se encubrieran los ingresos de origen ilícito que percibía ROLAFA SRL, principalmente por pagos con tarjetas de crédito efectuados por los prostituyentes/clientes” quienes concurrían al local de Alem 4285, que funcionó al menos desde el año 2001 y hasta los allanamientos del 19 de septiembre de 2014.

Para el Ministerio Público Fiscal, también tuvieron una participación relevante en este despliegue las parejas de cuatro de los principales acusados, ya sea como integrantes de tales figuras asociativas y/o como prestanombres en operaciones realizadas a título propio; y otro hombre, que fue socio y gerente de una de las sociedades creadas y vinculada a los imputados de la causa y que fue empleada como andamiaje legal para la explotación del emprendimiento Madaho’s en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La explotación de la prostitución ajena como delito precedente

Los hechos de explotación fueron investigados también por la Fiscalía Federal N°2, secretaría de Hércules Giffi, que posibilitó el cierre definitivo del lugar en septiembre de 2014. A pesar de que la Cámara Federal de Casación Penal zanjó la cuestión de la competencia al resolver la intervención del fuero federal por entender que existía la hipótesis de trata de personas y la fiscalía –conjuntamente con los titulares de PROTEX designados coadyuvantes en esas actuaciones- había requerido la elevación a juicio por el delito de trata, en instancia oral se realizó un acuerdo de juicio abreviado, que llevó a la condena de Daniel Alberto Fay, Mario Alberto Sasiain y Mario Alejandro Lafalce, entre otros, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por ser coautores del delito de explotación de la prostitución ajena.

Según quedó demostrado en la sentencia judicial -que no tuvo oralidad ni público-, las mujeres víctimas, luego de ser entrevistadas y admitidas, eran explotadas sexualmente mediante el sistema de “pases” y “copas”, bajo el control y dirección de los responsables del establecimiento. Los “encuentros” o “pases” entre los varones prostituyentes y las víctimas eran pactados en el interior del bar por un monto que en 2014 oscilaba entre los 800 y 1500 pesos, al que se sumaba como requisito el pago de una “copa”, valuada en 200 pesos, por cada hora de “servicio”. Si las mujeres no regresaban dentro del tiempo estipulado, debían hacerse cargo del valor de una “copa” por cada hora excedente, a modo de sanción o multa. Además, en este contexto, se consolidaron ingresos en concepto de “entrada” y “derecho a espectáculo”, mediante los cuales también se buscó disimular el origen de los fondos percibidos.

La presentación fiscal reparó en que el precio de las copas era particularmente excesivo para la época en comparación con cualquier otro bar de la ciudad. “Esto permitió vislumbrar cómo, detrás del montaje que significaban las consumiciones y la entrada al lugar, se camuflaban las ganancias ilícitas, que tenían como único cauce la explotación sexual de las víctimas”, expresa el escrito.

Algunos hechos y 105 elementos de prueba

Entre los 28 hechos que forman parte de la acusación por lavado de activos –que involucran a distintos imputados e imputadas y están sustentados en 105 elementos de prueba- se detalla, por ejemplo, el haber administrado y/o puesto en circulación en el mercado sumas que superan los nueve millones de pesos, que se corresponden a 10 acreditaciones bancarias en la cuenta de la firma ROLAFA SRL., que derivaron de la explotación ilícita de Madaho’s, entre 2012 y 2015.

Las acusaciones también refieren a haber puesto en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, a través de la adquisición de vehículos -la mayoría de alta gama- y entre ellos una moto de agua; y de varios inmuebles, incluido un departamento en Florida, Estados Unidos, valuado en 365 mil dólares, y lotes en un barrio privado de Mar del Plata que sumaron más de 133 mil dólares.

Por el recupero de activos

El Ministerio Público Fiscal sostuvo que resulta fundamental en estos casos de criminalidad económica el desarrollo de medidas para un efectivo proceso de recuperación de activos, que complemente la atribución de responsabilidad penal. En ese sentido, se avanzó en la investigación patrimonial, dirigida a identificar y localizar los bienes pasibles de decomiso -instrumentos, objeto, producto y provecho del delito-, así como los activos suficientes para garantizar la eventual imposición de una pena pecuniaria y las costas del proceso.

Desde la Fiscalía Federal N°2, en conjunto con las procuradurías y la dirección especializada, solicitaron respecto de los activos de cada imputado/imputada y de las firmas creadas en la mecánica de lavado, el embargo con fines de decomiso de diez vehículos, ocho inmuebles y acciones y/o cuotas partes que los acusados registran en distintas sociedades, utilizadas para concretar las maniobras delictivas. Además, entre los bienes cautelados para asegurar las multas y costas del proceso, hay cinco inmuebles y un vehículo; se pidió la intervención judicial con fines de recaudación de los alquileres de tres inmuebles, para asegurar el producto indirecto o provecho del delito; y se ordenó el congelamiento de cajas de ahorro y cuentas corrientes de los acusados que podrían estar siendo usadas para canalizar los fondos de origen espurio, con el objeto de asegurar el decomiso del producto indirecto del delito.

Al respecto, la representación del MPF reparó en que las medidas cautelares adoptadas en la etapa introductoria alcanzaron bienes provenientes del delito, aún cuando los mismos se encontraran en poder de terceros no imputados, dado que el artículo 23 del Código Penal contempla esta posibilidad expresamente con el objetivo de impedir que el provecho del delito pueda ponerse al amparo de un “testaferro” para evitar su recuperación o con el fin de que el delito rinda sus frutos.

La reparación de las víctimas como meta

En los casos de lavado de activos provenientes de la explotación sexual de mujeres, el decomiso -explicó el Ministerio Público Fiscal- “tendrá una especial función reparatoria de los daños ocasionados por el delito frente a la víctima y frente a la sociedad”.

“Su reparación excede el interés privado de las partes y es una cuestión que atañe a toda la sociedad y al Estado, que se ha comprometido internacionalmente a generar las condiciones para hacerla efectiva”, subraya la acusación.

Para el Ministerio Público Fiscal las pruebas reunidas demuestran “cómo las ganancias ilícitas provenientes de la explotación económica sexual se escondían inmediatamente a través de la fachada de las consumiciones y de la entrada al lugar, a los fines de disimular que, en realidad, ese dinero encontraba como único cauce aquella actividad ilícita”. “En otras palabras –sostuvieron los y las fiscales-, Madaho’s fue una fachada para cometer el delito de explotación de la prostitución ajena”.

Fuente: Fiscales.gob

Luego de una audiencia oral y pública donde contrapusieron posiciones la Fiscalía General y las defensas, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó los procesamientos de seis personas acusadas de ser parte de una asociación ilícita dedicada a maniobras de tráfico y comercialización de cocaína y del delito de lavado de activos, mientras que dos personas llegan a esta instancia como supuestos testaferros de la banda, acusados sólo por lavado agravado.

La investigación se inició en 2012 ante la posible vinculación de Sala con distintas organizaciones dedicadas al comercio y distribución de estupefacientes en Mar del Plata, distintos puntos del país e incluso en el exterior, donde enviaría “mulas” e incluso correos con sustancias estupefacientes. La causa que se centró en la Justicia Federal de Mar del Plata acumuló expedientes que tramitaban ante otras dependencias, por razones de conexidad y para un mejor ordenamiento de la pesquisa. El gran caudal de dinero que estaría en juego llevó a que la investigación dirigida por el juez federal Santiago Inchausti, con la intervención de la fiscala federal Laura Mazzaferri (con colaboración la Procuraduría de Narcocriminalidad) no se centrara únicamente en detectar el camino de la droga, sino también en investigar de qué manera las ganancias ilícitas eran volcadas al mercado legal, lo que llevó a formar una causa en 2017 para investigar posibles maniobras de lavado de activos provenientes del narcotráfico, que luego se unificó al legajo principal.

La investigación no se centró sólo en detectar el camino de la droga, sino también en investigar de qué manera las ganancias ilícitas eran volcadas al mercado legal. A la vez, la Delegación Departamental de Investigación puso en conocimiento del MPF que Sala desarrollaría maniobras de narcocriminalidad en infracción a la ley 23.737. Esto llevó a la realización de tareas de investigación de campo y se interceptaron comunicaciones telefónicas para dar con los movimientos que desarrollaba la organización. Incluso, se incorporaron al legajo informes provenientes de la U.I.F., como así también del Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción de la Fiscalía General de Cámaras de Mar del Plata, en los cuales se analiza el modo en el que operaría la estructura criminal.

Analizado el escenario, se dispusieron en marzo del corriente año una multiplicidad de órdenes de allanamiento, secuestro, requisa y detenciones que permitieran acreditar la posible conformación de una asociación criminal compuesta por una multiplicidad de personas que mediante la distribución de roles habrían desarrollado, al menos desde el 27 de abril de 2008 en esta ciudad, maniobras vinculadas con el tráfico ilegal nacional y trasnacional de estupefacientes, y lavado de activos.

Las pruebas recolectadas durante la instrucción de la causa, y luego de recibir la declaración indagatoria de los acusados y acusadas, el juez Inchausti dispuso los procesamientos, que fueron objetados por las defensas. De este modo, se realizó a fines de agosto una audiencia oral y pública para oír los planteos de los abogados defensores y también al fiscal ante este instancia, Daniel Adler, quien pidió sostener las acusaciones y puso de relieve la organización criminal investigada: “Estamos frente, quizás, a una de las causas más emblemáticas de esta jurisdicción”, había dicho.

De esta manera, quedaron las actuaciones para resolver por parte de los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel, quienes realizaron en primer término consideraciones generales del derecho penal sobre la asociación ilícita y el lavado de activos, para luego dar cuenta de la vinculación de la organización y sus miembros con el delito de narcotráfico. A partir del análisis de la causa entendieron que el magistrado de primera instancia “ha formulado una estimación congruente, acorde y plausible que permite tener por acreditada mediante semiplena prueba la vinculación de Sergio Víctor Sala, y de otros componentes de la organización, con distintos sujetos que han sido condenados o vinculados en causas penales referidas al delito de narcotráfico”. A lo largo de la resolución de Inchausti, entendieron, se logró “consolidar el rol de distribuidor o proveedor de material estupefaciente del nombrado en la ciudad de Mar del Plata, como en zonas aledañas, a la vez que mencionó distintos hechos que lo enlazan con envíos de narcóticos al Reino de España”.

Los roles de la organización

Sala está acusado por considerarlo “prima facie” jefe y organizador de la asociación ilícita, en concurso real con el delito de organizador de actividades de narcotráfico y contrabando de estupefacientes, en concurso real –a su vez- con el delito de lavado de activos provenientes de un ilícito, agravado por ser realizado con habitualidad y en el marco de una organización.

También llegan acusadas dos hermanas, María Lorena Sala y Bettina Lorena Sala, ambas por integrar la asociación ilícita y el delito de lavado. Si bien sus defensas intentaron deslindar de responsabilidad penal a las imputadas diciendo que sólo son hermanas del hombre acusado como jefe de la banda, para los magistrados la información que consta en la causa las involucra, entre otras cuestiones, por el nivel de vida que llevan y los bienes a su nombre, que dista notoriamente de la realidad económica que declaran ante los organismos de control.

Incluso aparecen en alguna de las sociedades creadas por la organización mediante las cuales se intentaría convertir la utilidad monetaria de una actividad ilícita, pretendiendo “lavar” su origen espurio y convertirlo en activos con los cuales pueda aprovecharse financieramente el producto de esos delitos. Los jueces repararon en cuatro entidades creadas, entre ellas la concecionaria Mundo Car, que sería la principal pantalla para volcar al mercado financiero el dinero mal habido.

A su vez, están procesadas dos ex parejas de Sala y la hermana de una de ellas: Cintia Delia Taberna, Johanna Taberna y Brenda Maldonado. Se las acusa de ser parte de la asociación ilícita y por el delito de lavado de dinero. Entre la prueba colectada, los magistrados destacaron que en la casa de Cintia Taberna, al momento del allanamiento se secuestraron vehículos y motos que podrían estar vinculados a la operatoria comercial que se realizaba en “Mundo Car”, más de 700 mil pesos y 17 mil dólares, y documentaciones varias que no tendrían relación con las actividades declaradas por la mujer, como talonarios de pago que darían cuenta de ventas de dúplex y diversos rodados, más de veinte cheques y dos pagares.

Sobre Maldonado se planteó que más allá de la relación amorosa habida, se verifica la participación de la nombrada en la estructura delictiva, y también se reparó en la calidad de vida que llevaba, que no era acorde con la realidad declarada ante los órganos de control.

Por último, se analizó la responsabilidad de Tania Sofia Di Norcia y Walter Esteban Josserme, quienes actuarían como testaferros de la organización y están procesados por el delito de lavado de activos agravado, de acuerdo a la documentación que consta en el expediente como la compra de una camioneta a Sala, valuada en más de un millón y medio de pesos, sin ingresos que lo respalden en el caso de la mujer, o una realidad patrimonial no acorde a las ganancias que el hombre obtenía de su actividad.

Al momento de dictar los procesamientos, el juez Inchausti había dispuesto el secuestro preventivo con fines de decomiso respecto de 48 vehículos, sumas aproximadas de 1.150.000 pesos, casi 31 mil dólares, 50 euros, y se cautelaron con idéntico fin 15 inmuebles. El embargo sobre bienes y dinero del líder de la organización, procesado en los términos del artículo 7 de la ley 23.737, fue fijado en los 100 millones de pesos.

Agentes federales de la División Unidades Operativas de Investigación Criminal de Mar del Plata desarticularon una organización que se dedicaba al otorgamiento de micro préstamos de dinero en efectivo en la modalidad “gota a gota”, con fines de usura y lavado de activos, en las ciudades de Olavarría y Mar del Plata.

Los denominados préstamos "por goteo", o "gota a gota", son una modalidad de usura que pone en riesgo el patrimonio de los eventuales damnificados en caso de incumplimiento. Este perverso mecanismo especula con las necesidades urgentes de los clientes, los cuales reciben a sola firma el préstamo en efectivo, sin necesidad de presentar aval o garantía alguna.

Debido a que la organización se halla al margen de los lineamientos legales, no posee la capacidad de cursar una demanda en caso de falta de pago. Por lo tanto, acude a acciones violentas hacia los clientes, quienes pueden llegar a sufrir extorsiones, amenazas físicas, daños a bienes y amenazas de muerte a familiares, para exigir y recuperar la inversión realizada.

Las presentes detenciones están relacionadas a una investigación realizada en noviembre del año pasado, en el cual se detuvo a siete personas de, en su mayoría, origen colombiana. Con relación a dicho procedimiento y luego de posteriores tareas investigativas llevadas a cabo por el personal policial, se logró localizar a otras tres personas en la ciudad de Mar del Plata que realizaban el mismo delito y quienes se presume que destinaban la ganancia hacia otros sujetos en la República de Colombia.

A raíz de ello, el Juzgado Federal Nº 1 de Mar del Plata, a cargo del Dr. Santiago Inchausti, Secretaría del Dr. Pedro Hooft, ordenó el allanamiento de tres domicilios en simultáneo, dos ubicados en Mar del Plata en las calles Wilde al 1900 y Daglio al 3300 y el restante en Olavarría, en la calle Tierra del Fuego al 1600; logrando la localización de las tres personas y el secuestro de 173.545 pesos en efectivo, 12 plantas de marihuana, 4 teléfonos celulares, 5 notebooks y demás documentación con anotaciones contables de interés para la causa.

Los acusados, un hombre argentino y dos mujeres, una colombiana y otra argentina, junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa por la “Ley de Lavado de Activos”.

El juez Claudio Bonadio decidió enviar a juicio oral a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a una gran cantidad de presuntos asociados, bajo acusación de haber formado una asociación ilícita que se habría dedicado a la recaudación de fondos ilegales.

En ese marco se encuentran involucrados cinco empresarios marplatenses, quienes habrían sido parte activa de la complicada estructura de lavado de dinero en el exterior. Se trata de Sergio Todisco, Elizabeth Ortiz Municoy, Osvaldo Parolari, Marcelo Danza y Elba Municoy. 

Siempre según lo establecido en el expediente, de dichas maniobras también habrían participado Carolina Pochetti -viuda de Muñoz-, Carlos Cortez, Peral Puente Resendez, Carlos Gellert, Víctor Manzanares, Sergio Dorf, Juan Manuel Campillo y su sobrino Gastón Campillo, Antonio Gugino, Rubén y Leonardo Llaneza y Mauro Profético.

A todos ellos se los acusa de haber “realizado diferentes transacciones comerciales, entre las que se destacan la constitución de empresas y la compra de inmuebles a nombre de éstas, operaciones que no se condicen con la capacidad económica” de los imputados, según detalló Clarín.

Entre 2010 y 2015, Muñoz habría constituido en el exterior “quince empresas a nombre de terceras personas de su círculo”. Doce de estas firmas fueron dirigidas por Todisco y Ortiz Municoy, que entonces estaban casados. Las empresas son: Succesfull, Harbor Golden Inc, South Golden Inc, Lizer Investments LLC, Mother Queen Inc, North Golden Inc, First All Inclusive Ocean Silver Of South Florida Inc, Dream Golden Enterprises Inc y Municoy International Properties Inc.

Después de 2015 -cuando la empresaria inmobiliaria y el productor textil se separaron- en nueve de estas sociedades asumió Puente Resendez, cónyuge de Gellert, detenido recientemente e hijo de Blanca Blanco, la ex diputada nacional y ex esposa de Daniel Peralta, entonces gobernador de Santa Cruz. Blanco, a su vez, es tía de Pochetti.

La Justicia determinó que todas estas personas buscaron “ocultar el origen ilícito del dinero” a través de las sociedades creadas y, para ello, “habrían comprado un total de 16 inmuebles a nombre de dichas empresas”. Catorce de las propiedades se encuentran en Miami y las dos restantes en Nueva York. Según el dictamen al que accedió Clarín, todas estas operaciones demandaron un desembolso de más de 53 millones de dólares.

Parte del dinero investigado se movió, indicaron los fiscales, a través de Parolari – cuya familia fue la fundadora de la reconocida confitería marplatense El Cóndor- y el abogado Danza, mediante las firmas Golden Black Limited y Old Wolf, radicadas en Islas Vírgenes Británicas. Junto a Todisco, compraron propiedades por 15,5 millones de dólares.

La acusación relata que Parolari y Todisco “concurrían juntos al domicilio de Muñoz en Capital Federal, a fin de retirar el dinero ilícito con el objeto de concretar las operaciones inmobiliarias y remitirlo al exterior a través de diferentes agencias de modo ilegal”.

Según explicaron los representantes del Ministerio Público Fiscal, la reconducción de los fondos se hizo a través de la adquisición de otros inmuebles, operaciones de las que participó Elba Municoy, interviniendo “en los fondos ilícitos adquiridos por Elizabeth Ortiz Municoy”.

Por ejemplo, la empresa Iñaki Saizarbitoria Esq PA, recibió una transferencia de 2 millones de dólares proveniente de una cuenta a nombre de Todisco radicada en la Banca Privada de Andorra. Según Clarín, la operación estaría vinculada a la adquisición de un inmueble en Miami. Tiempo después, esa empresa transfirió 400 mil dólares a Todisco.

Esta operatoria se repitió con otras personas del entorno de Muñoz: Héctor Llaneza y Cortez serían directivos de New Dreams LLC constituida en Florida, que libró tres cheques a favor de Todisco para el pago del alquiler de un inmueble en Estados Unidos. Todos ellos usaron diferentes cuentas radicadas en el exterior para la triangulación de fondos.

Luego de ser detenidos, Ortiz Municoy y Todisco declararon como “arrepentidos” y fueron liberados; mientras que Parolari fue apresado en septiembre del año pasado cuando regresó al país proveniente de los Estados Unidos.

La Cámara Federal confirmó este lunes el procesamiento de los cinco marplatenses que están acusados de lavar dinero a través de un complejo entramado de empresas off shore mediante el que compraban propiedades en los Estados Unidos para blaquear coimas a cambio de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Los empresarios Sergio Todisco, Elizabeth Ortiz Municoy, Elba Municoy, Marcelo Danza y Osvaldo Fabián Parolari están procesados, aunque sin prisión preventiva, por el delito de lavado de dinero agravado por haber sido cometido en el marco de un organización delictiva. Esta causa es una derivación de la de los cuadernos, en la que los dos primeros fueron admitidos por el juez Claudio Bonadio como imputados colaboradores.

"Las figuras emblemáticas de este esquema, con epicentro en EE.UU., fue el matrimonio conformado -hasta el año 2015- por Sergio Todisco y Elisabeth Ortiz Municoy. En un comienzo, auxiliado por quienes les aportaron su conocimiento y colaboración -Osvaldo Parolari y Marcelo Danza-, Todisco y Ortiz Municoy lograron edificar una fortuna en torno a varios inmuebles radicados en Miami -incluso con participación de Elba Municoy, madre de la nombrada-, con alguna prolongación también en la ciudad de Nueva York", detallaron los jueces.

El procedimiento incluye a empresarios, agentes inmobiliarios, inversores y abogados que formaron parte de un entramado de testaferros armado para sacar dinero del país en bolsos, comprar propiedades en Estados Unidos y luego venderlas, tras el estallido del escándalo de los Panamá Papers.  Este suceso salpicó al luego fallecido Daniel Muñoz, ex secretario de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner y señalado como un "valijero" del matrimonio.

"En tal sentido, esos movimientos se enmarcarían dentro de los aproximadamente U$S70.000.000 volcados en el mercado inmobiliario estadounidense a partir de los fondos proporcionados por Muñoz, provenientes del espurio mecanismo de recaudación investigado en la causa 9608/18 (cuadernos)", agrega la resolución.

El fallo ratificó, además, los embargos trabados a Todisco y Ortiz Municoy en 3 mil millones de pesos a cada uno, ya que la Cámara tomó como base para establecer el monto "la significación económica que habría tenido la maniobra pesquisada, que ascendería a un monto no menor a U$S70.000.000, los cuales equivalen a la suma en pesos fijada".

"No puede soslayarse, al respecto, la prioridad en procurar el recupero de los activos que aún no fueron hallados, para lo cual se tiene como parámetro esa cifra", agregaron los jueces.

En tanto, los magistrados decidieron reducir los embargos trabados a Elba Municoy a 432 millones de pesos y a Danza y Parolari, a 200 millones de pesos, dado que "se les atribuyen conductas de menor relevancia y cuya duración no abarca todo el período investigado", aunque destacaron "el carácter solidario de la obligación de reparar el daño entre todos los responsables del delito".

Mediante la misma resolución, los jueces también confirmaron los procesamientos de Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, de Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner, y de Juan Manuel Campillo, ex jefe de la ONCAA y viudo del diseñador de alta costura marplatense Carlos Di Domenico. 

La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento de Ricardo Echegaray por el supuesto encubrimiento a Austral Construcciones, la empresa insignia de Lázaro Báez.

El procesamiento lo había dictaminado en primera instancia el juez Sebastián Casanello en el marco de la causa por lavado de dinero, en la que el empresario se encuentra detenido hace dos años. Al ex titular de la AFIP se le trabó un embargo de 70.412.000 pesos. También fue procesado el ex directivo del ente recaudador Ángel Toninelli, con el mismo monto de embargo.

El expediente se inició a comienzos de 2015 por la denuncia de la entonces diputada por el GEN Margarita Stolbizer. Fue quien expuso que desde octubre del 2014 se desprendía la sospecha de que Austral Construcciones “habría montado, junto con al menos tres grupos de empresas de Bahía Blanca, una maniobra defraudatoria contra el Estado, siendo el modus operandi la utilización de facturas apócrifas por varios millones de pesos”. Esto le habría permitido a la firma de Báez “reducir considerablemente el monto de impuestos pagados en los últimos años a la AFIP”.

La principal acusación contra Echegaray confirmada por los jueces de la Cámara Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi es que, como titular del ente fiscal, “únicamente investigó a las empresas de facturas falsas y evitó de esa forma cualquier tipo de control sobre Austral Construcciones, lo que le permitió justificar y respaldar documentalmente costos inexistentes (lo que, en paralelo, le habría servido para resguardar o encubrir sobreprecios de obra pública que luego tendrían como destino las operaciones de lavado de dinero)”.

Por tal motivo, se investigaron a funcionarios de la AFIP “por haber incumplido la normativa vigente beneficiando de ese modo al empresario Lázaro Báez”. En su denuncia, Stolbizer sostuvo que la AFIP “tenía conocimiento, por lo menos desde hacía dos años, de la estafa millonaria que Lázaro Báez le había provocado al Estado Nacional utilizando facturación apócrifa”.

Como resultado de la exposición de la maniobra, la oficina de la AFIP en Bahía Blanca “se vio afectada al punto tal, que mientras los inspectores de la Dirección Regional de aquella ciudad avanzaban con la investigación, Ricardo Echegaray, como máxima autoridad, disolvió la Regional”.

En 2013 se determinó que las maniobras de lavado de dinero que habría llevado a cabo el empresario permitían forjar la “sospecha de la existencia de una compleja defraudación tributaria, perpetrada por Austral Construcciones, con la intervención de una serie de sociedades que fingieron contraprestaciones y generaron facturas apócrifas como un ardid para inflar costos en el marco de las obras públicas que le fueron adjudicadas por el Estado”, explicó Casanello.

Por ello, se determinó que las principales autoridades del fisco “habrían obstruido el avance de las fiscalizaciones iniciadas en dicho organismo, las cuales denotaban la existencia del fraude tributario en cuestión, sindicando como beneficiario del mismo, en forma directa o indirecta, dependiendo el caso, a la empresa Austral Construcciones”.

El resultado final de ese accionar, según el juez de la causa, “habría sido que las fiscalizaciones en curso, finalmente, se centraran únicamente respecto de Constructora Patagónica S.A., Grupo Penta S.A. y Calvento S.A, y no trascendieran al beneficiario final de la maniobra, Austral Construcciones S.A”.

Según consigna Clarín, la firma insignia de Báez subcontrató, por lo menos, a cuatro empresas: Constructora Patagónica Argentina S.A., Grupo Penta y Cia.S.A., Calvento S.A. y Terrafari SA mientras recibía contratos del Estado.

El juez determinó que hubo “notables irregularidades detectadas en esas firmas y los vínculos con Austral que venían aflorando con el devenir de las fiscalizaciones mencionadas derivaron en la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca”. Esto derivó en reubicaciones de cargos y hasta el desplazamiento de supervisores e inspectores de la dependencia.

“Con tal proceder, las fiscalizaciones pasaron a la nueva División Fiscalización nro. 5, dependiente de la Dirección Regional Mar del Plata, lo que provocó que perdieran el curso y el grado de avance que venían alcanzando en torno a la afirmación de la existencia de facturas apócrifas por supuestos servicios prestados en favor de ACSA, de parte de Constructora Patagónica S.A., Grupo Penta S.A. y Calvento S.A”, explica la resolución.

La modelo Gisela Berger fue citada a declarar como testigo en la causa en la que se investiga a su ex pareja y diputado nacional de Unidad Ciudadana Daniel Scioli por presunto fraude y lavado de dinero.

El fiscal Álvaro Garganta determinó este jueves la audiencia, para que la modelo brinde su testimonio el próximo viernes 15 de febrero en La Plata. La diputada nacional Elisa Carrió había presentado la semana pasada un pedido ante la Justicia para que citaran a Berger, quien denunció amenazas de su entorno y hasta habló de violencia verbal.

En su resolución, Garganta advierte que el hecho de que Berger podría “ser víctima de un presunto ilícito” habilita su llamado a declarar, pese a la oposición que había mostrado el abogado de Scioli, Alfredo Gascón.

La intención de Carrió al realizar el pedido es que la modelo y madre de Francesa -la hija de un año que tuvo junto a Scioli- revele todo lo que sabe y todo lo que vio en el marco de la causa de lavado y administración fraudulenta que enfrenta el ex gobernador.

En la presentación ante la fiscalía, según informa Clarín, se destaca como antecedente el tuit en la que Berger acusa de mentiroso a Scioli, y declaraciones posteriores en las que la modelo denuncia amenazas del ex gobernador y de su entorno. "No puedo contar qué tipo de amenazas. Yo he sufrido un montón con él. No quiero pasarla más mal. Hasta acá llegué", había dicho Berger entonces.

Una parte de la causa de lavado contra Scioli va camino al juicio oral. En octubre pasado, el fiscal Garganta le pidió a la jueza Marcela Garmendia que lo mande a juicio por haber recibido dádivas de Ricardo Miller, empresario y amigo de Scioli.

El fiscal lo acusa de haber adjudicado de manera irregular nueve obras públicas por $ 117 millones al empresario Miller, que luego le compró un terreno en Villa La Ñata, donde vive Scioli, por US$ 3.850.000. Cree que ese dinero sería una devolución por los negocios que le dio. Además, el empresario le prestaba helicópteros para que se moviera cuando era gobernador.