El Tribunal Oral Federal N°4 ordenó decomisar más de 3 millones de dólares que el empresario Lázaro Báez tenía en una cuenta en Bahamas, sumado a un millón de dólares que estaban depositados en un banco de Suiza.

A su vez, la Justicia dispuso llevar a cabo el remate de 56 propiedades que tenía tanto Báez como su hijo Martín, también condenado en la causa por “la ruta del dinero K". Entre ellas hay departamentos, lotes, casas y cocheras, distribuidas en distintos partes del mundo, además de una decena de quintas en Argentina.

Esta decisión se dio en paralelo al embargo que ya le ordenó el tribunal que lo condenó, por una suma de 320 millones de pesos, una sanción económica que representa seis veces el dinero que habría recaudado mediante el lavado.

Según el fallo, el juez Néstor Guillermo Costabel repatrió un total de 2.981.646 de dólares del Banco CBH de Bahamas, a nombre de la sociedad Eastern Shoreline Limited; y 1.009.391 de dólares que se encontraban en el mismo banco, pero con otro número de cuenta.

El magistrado también pidió la transferencia inmediata por decomiso de lo depositado en una cuenta de la sociedad Tyndall Inc. Limitada, del Banco Lombard Odier de la Confederación Suiza, por un monto de U$S907.202, más las ganancias por intereses.

Además, dispuso inscribir a nombre de la Corte Suprema de Justicia unas 56 propiedades de Báez y su hijo Martín, la adjudicación de $2.570.077 por la subasta del avión Rockwell Commander, y $1.757.906 de la venta del avión Learjet matrícula LV-BPL.

Según informaron, la defensa de Lázaro Báez presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal N°4, en el que advirtieron un “serio error” en la resolución. “Se confundieron multa con decomiso. Además, se ordenó avanzar sobre bienes que no están a nombre del empresario”, señalaron.

“Venimos por medio del presente a advertir serios errores e incongruencias“, expresaron en el escrito, donde también manifestaron que los jueces se confundieron en la fecha de la emisión del fallo. ”El proveído fue fechado el 25 de agosto", advirtieron.

“Las cosas a decomisar tienen que haber formado parte del patrimonio del condenado antes o de manera concomitante al hecho, si fueron utilizadas para cometer el delito. O haber ingresado al patrimonio del condenado de manera concomitante o posterior, cuando fueron producto o provecho del delito”, detallaron.

La defensa adelantó que la resolución será recurrida “en tiempo y forma ante el superior”, ya que sostienen que “el tribunal ordenó de forma directa una transmisión de bienes inmuebles, en favor de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, a todas luces, resulta ilegítima y podría aparejar serias consecuencias patrimoniales".

“Por los motivos expuestos y la gravedad institucional de los hechos reseñados, solicitamos a este excelentísimo tribunal que deje sin efecto de manera urgente la resolución referida, por los errores señalados. Subsidiariamente, en virtud del recurso de Casación que será presentado, solicitamos se suspendan los efectos de la resolución en crisis hasta tanto adquiera firmeza”, cerraron.

Fuente: TN

El fiscal Abel Córdoba dictaminó hoy que el empresario Lázaro Báez debe regresar a prisión para cumplir su condena en la causa conocida como “Ruta del Dinero K”, tras la ratificación de la pena por parte de la Corte Suprema. 

La medida también alcanza al abogado Jorge Chueco y al contador Daniel Pérez Gadín, ambos condenados en la misma causa. La resolución fue emitida en el marco de un proceso llevado adelante por el juez Néstor Costabel, del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), quien ahora deberá determinar cómo se computarán las penas de los involucrados.

En su dictamen, el fiscal Córdoba solicitó la captura y el alojamiento de Báez, Chueco y Pérez Gadín en una unidad del Servicio Penitenciario Federal, tras considerar que la condena ha quedado firme. Sin embargo, aclaró que Martín Báez, hijo de Lázaro, no deberá retornar a prisión, dado que cuenta con libertad condicional tras haber obtenido la excarcelación anteriormente. La semana pasada, el TOF 4 también ordenó la detención de otros condenados en la causa, como Fabián Rossi, Julio Mendoza, Juan Alberto De Rasis, César Fernández, Carlos Molinari y Eduardo Castro.

La causa, iniciada en 2013 tras un informe periodístico del programa PPT de Jorge Lanata, reveló que Lázaro Báez, empresario cercano al ex presidente Néstor Kirchner y principal beneficiario de obra pública en Santa Cruz, habría lavado aproximadamente USD 55 millones entre 2010 y 2013 a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”. Las maniobras incluyeron la expatriación de fondos de origen ilícito a cuentas en Suiza, utilizando un entramado financiero que operaba en Argentina y el exterior, principalmente vinculado a la empresa Austral Construcciones.

En 2016, la difusión de un video en el que se veía al hijo de Báez contando billetes en las oficinas de SGI reactivó la investigación. Ese mismo año, el juez Sebastián Casanello ordenó la detención de Báez, Pérez Gadín y Chueco, este último tras intentar fugarse a Paraguay. La instrucción judicial determinó la existencia de una organización criminal que, entre diciembre de 2010 y abril de 2013, llevó a cabo operaciones de lavado de dinero por un total de USD 54.872.866,69.

Fuente: con información de TN

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó, mediante un fallo emitido hoy, las condenas contra el empresario Lázaro Báez y otras 21 personas involucradas en la causa conocida como “Ruta del Dinero K”, al declarar inadmisibles los recursos presentados por las defensas.

El fallo ratifica la condena a diez años de prisión impuesta a Báez por maniobras de lavado de más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013, ejecutadas a través de una compleja estructura financiera y societaria con operaciones nacionales e internacionales. 

La causa ganó notoriedad en 2016 tras la difusión del video de “La Rosadita”, donde se observa a Martín Báez, hijo del empresario, manipulando fajos de billetes en la financiera SGI. La sentencia, firmada por los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Mariano Lozano y Luis Ramón González, se basó en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, desestimando los planteos sin necesidad de fundamentación.

El ministro Carlos Rosenkrantz, en disidencia, consideró que correspondía la intervención de la Procuración General.

Además de Báez, el fallo confirma las penas de otros imputados, incluyendo a Martín Báez (seis años y medio), Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín (seis años cada uno), Julio Mendoza (cinco años) y Leonardo Fariña (tres años y medio), entre otros. Las hijas de Báez fueron absueltas por falta de pruebas.

El Tribunal Oral Federal 4, que llevó adelante el juicio entre 2018 y 2021, deberá ahora calcular las penas cumplidas y resolver sobre arrestos pendientes o penas en suspenso. También se ratificaron multas por hasta 328 millones de dólares y el decomiso de activos por 65 millones de dólares.

En relación con la ex presidenta Cristina Kirchner, la causa permanece en etapa de instrucción. Aunque el juez Sebastián Casanello había dictado su sobreseimiento, la Cámara Federal lo revocó tras aceptar a una ONG como querellante. La Corte también desestimó los recursos de su defensa por cuestiones formales.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, aceptó la competencia de la investigación que buscará determinar si Leonardo Fariña fue guionado por el Ministerio de Justicia y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Mauricio Macri para declarar en la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez.

En una resolución, Ramos Padilla decidió aceptar la competencia que le atribuyó la juez federal de Comodoro Py María Eugenia Capuchetti.

La denuncia había surgido luego de un informe periodístico que determinó que el ex marido de la vedette Karina Jelinek había sido guionado por la administración macrista para declarar en el marco de la causa conocida como "La Ruta de dinero K" contra Báez por lavado de dinero.

"Existe una total coincidencia objetiva entre los hechos a ser investigados en ambas causas penales, vinculados directa o indirectamente con el ´direccionamiento´ de las declaraciones judiciales de Jorge Leonardo Fariña con posible participación de funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)", afirmó Ramos Padilla.

El juez Ramos padilla tiene en su poder una denuncia ligada a este hecho surgida de la causa por espionaje y extorsión que tiene detenido el falso abogado Marcelo D Alessio, consigna la agencia Noticias Argentinas.

El tribunal que a la ex presidente y actual senadora Cristina Kirchner programó para el próximo 2 de diciembre su declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga las obras públicas en la provincia de Santa Cruz. La acusan de direccionarlas en favor del empresario Lázaro Báez.

Los jueces encargados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso mantendrán esa fecha en función de cómo transcurran las declaraciones de otros involucrados en la causa, previstas para el lunes 25. En esa audiencia el tribunal también deberá decidir si da lugar a un pedido para realizar nuevas pericias.

Durante el juicio se debate la comisión de supuestos delitos en el marco de la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz hacia la empresa de Lázaro Báez, Austral Construcciones. También se sospecha el pago de sobreprecios y ciertos incumplimientos en la construcción. 

Además de la próxima vicepresidente y del empresario, son juzgados los detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obra Pública José López. 

El detenido empresario Lázaro Báez sostuvo que el gobierno de Mauricio Macri lo presionó para que acusara a la ex presidenta Cristina Kirchner y que admitiera ser testaferro de sus bienes, con el fin de "atacar al modelo de país que imaginó Néstor", al prestar declaración indagatoria en el juicio en su contra por supuesto "lavado de activos".

El dueño de "Austral Construcciones" negó haber sido testaferro del fallecido ex presidente y aludió a una "encerrona" armada en su contra para que se convirtiera en arrepentido e involucrara a la familia Kirchner en los delitos de lavado de activos por los que ahora está preso y es juzgado.

El empresario procesado declaró que fue "utilizado" en "una campaña atroz" para "deshornar" a su familia, y "de un modo elíptico a la familia del ex presidente Néstor Kirchner".

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) "manipuló a todo el sistema" en un "esquema perverso", dirigido por "el propio presidente Mauricio Macri", dijo.

En ese contexto, aludió a presuntos ofrecimientos para convertirse en arrepentido a cambio de quedar libre, recuperar parte de sus bienes y dejar a sus cuatro hijos fuera de las acusaciones si se decía testaferro de los Kirchner, algo que no aceptó.

"Fui, soy y seré amigo de Néstor Kirchner, fue un vínculo con mucha anterioridad a que se convirtiera en un político trascendente. Esto no quiere decir bajo ningún concepto que yo fuera su testaferro, ni de él ni de su familia", afirmó el dueño de "Austral Construcciones", preso en esta causa desde hace casi cuatro años.

"Me permito en esta oportunidad negarlo enfática y categóricamente", agregó.

Báez prestaba declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 4 que lo juzga junto a sus cuatro hijos por el presunto lavado de unos 60 millones de dólares producto de sus negocios con la obra pública nacional en el kirchnerismo.

El empresario santacruceño Lázaro Báez podrá prestar declaración indagatoria miércoles en el juicio oral y público que se le sigue junto a sus hijos y otros imputados por la llamada ruta del dinero K, tal como él había solicitado, informaron fuentes judiciales.

Semanas atrás, el dueño de Austral Construcciones que se encuentra detenido hace casi dos años había pedido hablar por primera vez ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 por lo que se le fijó fecha para la audiencia de este miércoles, señalaron las fuentes.

Báez había dejado pasar la posibilidad de declarar en indagatoria en el comienzo del debate oral que lleva más de un año, por supuestas maniobras de lavado de dinero y había anunciado que podría pedir la palabra una vez promediado el debate.

Fuentes judiciales informaron a Télam que aunque la fecha de este miércoles era la prevista para la ampliación de indagatoria de Báez, no está confirmado que vaya a declarar porque su defensa dejó trascender que no había podido acceder a toda la documentación que pretendía evaluar antes de hacer uso de que el empresario fuera indagado.

Tras la ampliación de indagatoria del empresario, será el turno de su hijo Leandro Báez (que a diferencia de su padre, ya declaró en el juicio), del contador Daniel Pérez Gadin y del abogado Jorge Chueco cuyas audiencias podrían adelantarse.

El juicio oral por la llamada "ruta del dinero K" comenzó hace un año y ahora el Tribunal escuchará a los acusados que quieran ampliar su indagatoria antes de dar inicio a la etapa de alegatos.

El debate oral está encabezado por el TOF 4 que preside el juez Néstor Costabel y está integrado también por las magistradas Gabriela López Iñiguez y Adriana Pallioti.

El juicio oral por las presuntas irregularidades en la obra pública durante el gobierno kirchnerista tendrá hoy su tercera jornada de audiencias, en la que se procederá a continuar con la lectura de la acusación a los 13 imputados en el caso.

A diferencia de las dos primeras jornadas, Cristina Fernández de Kirchner no se presentó en la sala, ya que el juicio comenzó a las 9.30 de hoy y la candidata a la vicepresidencia tenía programada una reunión de bloques del Senado para la hora 10.30, según informó su defensa el viernes pasado para justificar su inasistencia, que fue autorizada por el Tribunal para esta etapa inicial del proceso.

Si bien es una etapa en la que los acusados no intervienen y sus abogados, en principio, tampoco, el Código Procesal Penal de la Nación establece que los imputados deben estar presentes cuando se lee la acusación.

Pero los jueces autorizaron a la ex mandataria a no asistir "siempre y cuando acredite debidamente la superposición de las funciones de la labor parlamentaria con la celebración de cada una de las audiencias de debate".

Hasta ahora, el juicio se desarrolló con la lectura de la acusación de la Fiscalía. En las primeras dos audiencias se leyeron 220 páginas de las 584 que tiene la imputación. Se prevé que, además de la audiencia de hoy, se requieran otras dos o tres más para finalizar la lectura, siempre dependiendo del tiempo que el tribunal decida darle a cada audiencia.

Luego se tienen que leer las acusaciones de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, dos organismos de gobierno que actúan como querellantes, así como también la elevación a juicio del caso que hizo el juez que investigó el caso.

Tras las lecturas, las defensas podrán hacer planteos previos y después llegarán las indagatorias de los acusados. En esa audiencia, todos los imputados deben estar presentes si quieren declarar y también si se van a negar. Concluida esa etapa llegará el momento más largo del proceso: la declaración de los 159 que fueron citados. Se prevé que el veredicto se conozca dentro de un año, como mínimo.

En el marco del juicio oral que se le sigue a Cristina Fernández de Kirchner, y otros ex funcionarios, Gregorio Badeni, abogado y Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires, dialogó con Radio Mitre Mar del Plata y explicó algunas cuestiones referidas a los fueros de la actual senadora y a cómo se puede desarrollar el litigio.

"Estamos entrando en la etapa del llamado plenario, donde se debate la validez de las pruebas para que el Tribunal pueda tomar una decisión mediante una sentencia. Eso lleva su tiempo. Puede llevar un año, medio año, dos años, porque hay que ser muy cuidadosos en el respeto del derecho de defensa en un proceso penal", comenzó explicando Gregorio Badeni.

A su vez, el Doctor en Derecho y Licenciado en Ciencias Políticas se refirió a las conjeturas que se hacen con respecto al juicio contra CFK, a pocos meses de la elecciones: "Estamos averiguando y tratando de determinar su culpabilidad o su inocencia, como la de las otras personas que están involucradas en esa causa. Hay que tratar de tomar el tema con la mayor naturalidad posible, sin encontrar, porque no creo que los haya, efectos de política electoral como consecuencia de este episodio".

Por otro lado, Badeni aseguró que "éstos casos fortalecen la institucionalidad, no la debilitan, a menos que este juicio se trasforme en una parodia. Un juicio falso, en donde lo blanco se dice que es negro y viceversa, y toda la gente se va a dar cuenta de que es una broma de mal gusto que no tiene nada que ver con la institucionalidad. Este juicio se tiene que desarrollar conforme a las reglas del debido proceso legal, tal como se hace en un Estado de Derecho. Ahora, si se hace una comedia del juicio, entonces sí, el daño institucional es muy grande".

Con respecto a los fueros con los que cuenta Cristina Fernández de Kirchner en su cargo como Senadora Nacional, el profesor titular de Derecho Constitucional en la UBA explicó: "En éste momento los fueros la amparan, lo cual significa que un juez puede solicitar su presencia ante él, puede solicitar su declaración, puede incluso dictarle sentencia absolutoria o condenatoria, lo que no puede hacer un juez mientras se disfruten los fueros es privar de su libertad ambulatoria a un senador como es en este caso. No se lo puede encarcelar, no se le puede impedir salir del país o entrar. Cuando ella concluya su mandato como senadora perderá todos los fueros y estará en la misma posición que cualquiera de nosotros".

Con la pre candidatura de CFK a la vicepresidencia de la Nación aparecen las dudas sobre qué ocurriría con una hipotética sentencia o condena en caso de ganar las elecciones. Sobre ésto también se explayó Gregorio Badeni: "Seamos pragmáticos, utilicemos un criterio empírico. En principio se puede entender que un vicepresidente no tiene fueros, lo cual no comparto porque lo equiparo a un Senador de la Nación, es el presidente del Senado. Entiendo que continuaría con los fueros, pero aunque no fuera así la maniobra es muy sencilla. El Presidente pide licencia por 30 días, asume la vicepresidente y ella misma puede disponer indulto de todas las personas que están próximas a ella, y el Presidente a su vez disponer el indulto de ella".

En un país en donde la justicia es mirada de reojo, Badeni cree que los responsables de llevar adelante el juicio contra CFK y otros 12 acusados van a actuar de forma correcta, aunque desliza un margen de duda: "Estoy seguro que los integrantes del Tribunal Oral 2 y en su momento los de la Cámara del Crimen y la Cámara Casación actuarán conforme a derecho, a menos que reciban presiones de una índole tal que los obligue a renunciar o a torcer su brazo", finalizó el Doctor en Derecho.

El Tribunal Oral Federal 4 prorrogó hoy por ocho meses la prisión preventiva del empresario Lázaro Báez, detenido en la cárcel federal de Ezeiza y que está siendo juzgado por lavado de dinero por la llamada "ruta del dinero K".

La medida fue dictada ante el cumplimiento de los tres años de detención de Báez, plazo que establece el Código Procesal penal para estar detenido sin condena.

Fuentes judiciales informaron al portal Infobae que los jueces Guillermo Costable, Gabriela López Iñiguez y Adriana Pallioti entendieron que los ochos meses de prórroga es un lapso prudencial que se estima para la finalización del debate oral y público que está siendo sustanciado".

La misma decisión tomó el tribunal sobre el contador Daniel Pérez Gadín. Báez y Gadín fueron detenido el 5 de abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello por considerar que en libertad existían riesgo de entorpecimiento de la causa.

Los acusados excederán los tres años de prisión preventiva que fija la ley. Pero no es el primer caso. Hubo acusados por delitos de lesa humanidad que también estuvieron en prisión preventiva más años.

El tribunal prorrogó en abril del año pasado sus detenciones por un año. Ese plazo venció hoy y los jueces la prorrogaron por ocho meses más.

"Es de especial trascendencia la concreción del debate oral y público con la presencia de todos los implicados en autos, resultando, de este modo, insoslayable tomar todas las medidas pertinentes para que el mismo no se vea afectado ya sea por una eventual sustracción del proceso o por la posibilidad de que se obstaculicen medidas probatorias que contribuirán a dilucidar la eventual responsabilidad de los procesados o bien, al recupero de activos presuntamente ilícitos", señalaron los magistrados en un fallo de 24 página al que accedió Infobae para prorrogar las prisiones preventivas.

Los camaristas explicaron que si bien la ley establece que el plazo máximo para una prisión preventiva sin condena son dos años, prorrogables por uno más, hay excepciones que permite su continuidad como la gravedad del delito. "En este sentido, no puede dejar de recordarse que estamos en presencia de un proceso de inusitada complejidad y magnitud, en el que la causa principal cuenta con doscientos tres (203) cuerpos de actuaciones principales, y más de trescientos (300) legajos e incidentes, como así también, una cuantiosa documentación", agregaron.

El tribunal también destacó la "pena en expectativa" a la que podría ser condenado Báez como un elemento de riesgo de fuga.

Baéz está siendo juzgado por el presunto lavado de dinero de 40 millones de dólares de la obra pública que recibió de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. También lo son Peréz Gadín, el contador Jorge Chueco, los cuatro hijos de Báez, el arrepentido Leonardo Fariña, el financista Federico Elaskar, entre ellos.

La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento de Ricardo Echegaray por el supuesto encubrimiento a Austral Construcciones, la empresa insignia de Lázaro Báez.

El procesamiento lo había dictaminado en primera instancia el juez Sebastián Casanello en el marco de la causa por lavado de dinero, en la que el empresario se encuentra detenido hace dos años. Al ex titular de la AFIP se le trabó un embargo de 70.412.000 pesos. También fue procesado el ex directivo del ente recaudador Ángel Toninelli, con el mismo monto de embargo.

El expediente se inició a comienzos de 2015 por la denuncia de la entonces diputada por el GEN Margarita Stolbizer. Fue quien expuso que desde octubre del 2014 se desprendía la sospecha de que Austral Construcciones “habría montado, junto con al menos tres grupos de empresas de Bahía Blanca, una maniobra defraudatoria contra el Estado, siendo el modus operandi la utilización de facturas apócrifas por varios millones de pesos”. Esto le habría permitido a la firma de Báez “reducir considerablemente el monto de impuestos pagados en los últimos años a la AFIP”.

La principal acusación contra Echegaray confirmada por los jueces de la Cámara Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi es que, como titular del ente fiscal, “únicamente investigó a las empresas de facturas falsas y evitó de esa forma cualquier tipo de control sobre Austral Construcciones, lo que le permitió justificar y respaldar documentalmente costos inexistentes (lo que, en paralelo, le habría servido para resguardar o encubrir sobreprecios de obra pública que luego tendrían como destino las operaciones de lavado de dinero)”.

Por tal motivo, se investigaron a funcionarios de la AFIP “por haber incumplido la normativa vigente beneficiando de ese modo al empresario Lázaro Báez”. En su denuncia, Stolbizer sostuvo que la AFIP “tenía conocimiento, por lo menos desde hacía dos años, de la estafa millonaria que Lázaro Báez le había provocado al Estado Nacional utilizando facturación apócrifa”.

Como resultado de la exposición de la maniobra, la oficina de la AFIP en Bahía Blanca “se vio afectada al punto tal, que mientras los inspectores de la Dirección Regional de aquella ciudad avanzaban con la investigación, Ricardo Echegaray, como máxima autoridad, disolvió la Regional”.

En 2013 se determinó que las maniobras de lavado de dinero que habría llevado a cabo el empresario permitían forjar la “sospecha de la existencia de una compleja defraudación tributaria, perpetrada por Austral Construcciones, con la intervención de una serie de sociedades que fingieron contraprestaciones y generaron facturas apócrifas como un ardid para inflar costos en el marco de las obras públicas que le fueron adjudicadas por el Estado”, explicó Casanello.

Por ello, se determinó que las principales autoridades del fisco “habrían obstruido el avance de las fiscalizaciones iniciadas en dicho organismo, las cuales denotaban la existencia del fraude tributario en cuestión, sindicando como beneficiario del mismo, en forma directa o indirecta, dependiendo el caso, a la empresa Austral Construcciones”.

El resultado final de ese accionar, según el juez de la causa, “habría sido que las fiscalizaciones en curso, finalmente, se centraran únicamente respecto de Constructora Patagónica S.A., Grupo Penta S.A. y Calvento S.A, y no trascendieran al beneficiario final de la maniobra, Austral Construcciones S.A”.

Según consigna Clarín, la firma insignia de Báez subcontrató, por lo menos, a cuatro empresas: Constructora Patagónica Argentina S.A., Grupo Penta y Cia.S.A., Calvento S.A. y Terrafari SA mientras recibía contratos del Estado.

El juez determinó que hubo “notables irregularidades detectadas en esas firmas y los vínculos con Austral que venían aflorando con el devenir de las fiscalizaciones mencionadas derivaron en la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca”. Esto derivó en reubicaciones de cargos y hasta el desplazamiento de supervisores e inspectores de la dependencia.

“Con tal proceder, las fiscalizaciones pasaron a la nueva División Fiscalización nro. 5, dependiente de la Dirección Regional Mar del Plata, lo que provocó que perdieran el curso y el grado de avance que venían alcanzando en torno a la afirmación de la existencia de facturas apócrifas por supuestos servicios prestados en favor de ACSA, de parte de Constructora Patagónica S.A., Grupo Penta S.A. y Calvento S.A”, explica la resolución.

El Tribunal Oral Federal 4 rechazó hoy liberar al empresario Lázaro Báez, a su hijo Martín y al contador Daniel Pérez Gadín en la causa de la "ruta del dinero k" por lavado de dinero.

Los integrantes del TOF 4 rechazaron los argumentos de los acusados, quienes denunciaron que eran espiados tras conocerse la transcripción de las escuchas a los ex funcionarios Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi, sobre quiénes no había orden de intervención.

Esas escuchas fueron presentadas por diputadas de la Coalición Cívica para denunciar que los ex funcionarios armaron la denuncia por extorsión a Carlos Stornelli, el fiscal de la causa de los cuadernos de la corrupción.

Los jueces Guillermo Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Paliotti señalaron que la situación de los tres detenidos no cambió y por lo tanto no hay razones para liberarlos. Sobre las escuchas explicaron que no presentaron elementos concretos sobre esa situación, por lo que tampoco se modifica su situación.

Lázaro Báez y Gadín están detenidos desde abril de 2016, mientras que Martín Báez fue apresado la semana pasada luego de que se descubrió que movió 5.5 millones de dólares de una cuenta bancaria en Bahamas, lo que para la justicia es una obstaculización a la causa, informó Infobae.

En el juicio se juzga el presunto lavado de cerca de 40 millones de dólares por parte de los Báez y sus empresas constructoras.