La discusión por la implementación de una Boleta Única de Papel (BUP) que se da en el Senado de la Nación, donde el proyecto se encamina a ser aprobado y regresar con cambios a Diputados, preparó el terreno político para que en la provincia de Buenos Aires distintos bloque de la oposición empujen una iniciativa de similares características.

Así es que este miércoles ingresó a la Cámara baja provincial el proyecto para cargos electivos. La iniciativa es un acuerdo en común entre los bloques del PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, que ahora empezarán a buscar el respaldo del resto de las fuerzas no peronistas para darle más volumen frente al posicionamiento de Unión por la Patria que muestra cierta reticencia.

La iniciativa lleva las firmas de los presidentes de bloque Agustín Forchieri (PRO), Diego Garciarena (UCR-Cambio Federal) y Maricel Etchecoin Moro (Coalición Cívica) y propone la implementación de la BUP en territorio bonaerense con cuatro objetivos centrales: aportará mayor eficiencia y ahorro; una modernización como ocurre en Mendoza y Córdoba; equidad para que todas las fuerzas tengan presencia en el cuarto oscuro y transparencia. Hablan de que el sistema elimina “prácticas fraudulentas como la manipulación y el robo de boletas”.

Agustín Forchieri, Diego Garciarena y Maricel Etchecoin Moro

Para los legisladores “este proyecto abre la oportunidad de un debate necesario y urgente para modernizar la votación en la Provincia, invitando a todas las fuerzas políticas a sumarse y contribuir con esta transformación”.

Tras la presentación en la Cámara baja, el proyecto rápidamente encontró eco de otros bloques opositores en el Senado bonaerense, donde también hay algunas iniciativas. La senadora Daniela Reich del bloque PRO Libertad -el sector que se alejó de la conducción orgánica del PRO y responde a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich- planteó este miércoles que “la provincia de Buenos Aires tiene que tener Boleta única. Esperamos que se vote a nivel Nacional y que la provincia adhiera para que se vote de manera más clara, transparente y con menos costos para los ciudadanos”. En rigor, lo que suceda a nivel nacional será contexto propicio para una discusión real de un proyecto de estas características. Es, al menos, a lo que apuestan los autores de la iniciativa.

En la provincia de Buenos Aires tiene su propia ley electoral. El proyecto que empuja la oposición modifica varios artículos de la misma. Desde que el cuarto oscuro deje de estar oscuro a las distintas competencias que debe afrontar la Junta Electoral.

Además, detalla que la Boleta Única de Sufragio estará dividida en espacios, franjas o filas horizontales que delimitarán a cada una de las categorías de cargos electivos y que a su vez la boleta estará dividida en espacios franjas o columnas verticales de igual dimensión para cada partido.

El modelo de Boleta Única en Papel que proponen para la provincia de Buenos Aires. Está inspirado en el sistema mendocino

Lo que proponen los diputados de la oposición es un modelo espejado al que rige en la provincia de Mendoza. “Si me remito a las experiencia de Santa Fe, Mendoza y Córdoba, no hay críticas de la ciudadanía y sí hubo malestar en quienes se dedicaban a manipular electores. Gana la ciudadanía, ganamos todos los bonaerenses”, planteó el presidente de la bancada de la UCR, Diego Garciarena.

En tanto, su par del PRO consideró que “esta iniciativa no solo moderniza y agiliza el sistema de votación, sino que también garantiza un proceso más eficiente y transparente, permitiéndonos ahorrar recursos que podrían ser destinados a áreas clave como salud y educación”. En ese orden, Forchieri agregó que “este es un paso necesario para mejorar la calidad institucional y asegurar una votación más equitativa para todos los bonaerenses”.

Por su parte, Etchecoin Moro planteó que “este proyecto es clave porque les permite tener a los ciudadanos todas las opciones políticas y no sufrir el robo de boletas”, aseguró y agregó que “tenemos que garantizar un proceso electoral eficiente y se puede lograr con la boleta única”.

En la Legislatura bonaerense miran con atención lo que ocurra en el Senado de la Nación donde hay un proyecto que se encamina a ser aprobado y regresar con cambios a Diputados para su sanción definitiva. Pese a ello -de aprobarse o no- en Buenos Aires insistirán con el tema a sabiendas, claro, que con la sanción en el orden nacional la lupa se pondrá sobre lo que defina el Ejecutivo bonaerense para las próximas elecciones.

Si el Senado de la Nación le da el visto bueno a la Boleta Única en Papel, la oposición presionará sobre la situación de Buenos Aires (AP)

La oposición habla de un ahorro de 11 mil millones de pesos para la Provincia de Buenos Aires con un sistema de Boleta Única si es que Nación decide trasladar la logística electoral a la esfera provincial. Hasta el momento el gobierno nacional se ocupó de la mayor parte de los gastos de esta índole. Pero el contexto cambió y en su plan de superávit la administración central ha ejecutado un fuerte ajuste en distintas áreas.

El recorrido legislativo es otra arista a considerar en la discusión de la BUP bonaerense. En la Cámara de Diputados de la Provincia Unión por la Patria cuenta con 37 bancas sobre un total de 92. En principio, los bloques que presentaron el proyecto reúnen un total de 23 votos. Sin embargo, se descuenta un entendimiento con libertarios ya que fue el Gobierno nacional quien volvió a impulsar la discusión de la modificación electoral en el orden nacional.

En el peronismo han mostrado cierta distancia del proyecto, esgrimiendo que el actual sistema es el más transparente ya que, por ejemplo, se ven los nombres de todos los candidatos a votar. La intención de la oposición es tratar el proyecto en comisiones en lo que resta del 2024 y antes de fin de año llevar el texto al recinto para aprobarse, apostando a un posicionamiento espejado en el Senado que preside la vicegobernadora, Verónica Magario, donde los números son menos favorables para el oficialismo.

Fuente: Infobae.

Luego de la presentación del proyecto realizada en la sede del Sindicato de Guardavidas, con el objetivo de sumar a los trabajadores de esa actividad en la Ley de Incompatibilidades que los habilite a tomar horas en cargos municipales, provinciales o nacionales, desde el gremio pidieron que el Concejo Deliberante local acompañe esa modificación a la legislación con una declaración de interés.

Sobre esta posibilidad, el secretario gremial del Sindicato de Guardavidas, Nahuel Nardone, indicó que “permite, al nosotros ser trabajadores temporarios, poder optar durante el invierno o durante todo el año, sin tener incompatibilidad de horario, para tener otro trabajo mediante el círculo del Estado”.

En diálogo con El Marplatense, el sindicalista señaló que “esta presentación la vamos a hacer en conjunto con el sindicato y acompañada por todos los guardavidas de la provincia”. En ese sentido, pidió “el acompañamiento de todos los diputados y todas las cámaras” y destacó el anuncio realizado junto al diputado Diego Garciarena, promotor del proyecto.

Sobre el pedido que están realizando, Nardone explicó que “por ejemplo los maestros, los docentes, los doctores o todo el que tenga que ver con el arte de curar está dentro de esta ley”. Ante esto, aseguró que “no tendría problemas de sumar a los guardavidas con cualquiera de estas actividades. Lo que planteamos junto con Garciarena es incluir a los guardavidas a estas tres particularidades”.

Por lo tanto, para el gremialista, el pedido no tiene nada de raro: “Nuestra actividad es solamente de cinco meses, es temporaria, somos trabajadores especiales. Bajo este régimen lo que se nos hace es optar por un camino u otro. La situación que estamos pasando es compleja, entonces pedimos el acompañamiento de todos los diputados y los compañeros que hacen a la actividad para que esto pueda salir este año”.

Ya no hay discusión: la ley 26.639 de protección de glaciares de la Argentina es constitucional. La Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad los planteos de Barrick Gold, Minera Argentina Gold y de la provincia de San Juan que tenían, en suspenso, la aplicación de esa norma.

La decisión del máximo tribunal ahora abre el debate sobre, al menos, 40 proyectos mineros en el país. Los artículos 2 y 6 de la norma eran los más discutidos. El primero de ellos se refiere a la superficie de protección de los cuerpos de hielo y de roca, es decir, dónde empieza y dónde termina la superficie glaciar. El sexto, a las actividades prohibidas en esa superficie. El acuerdo de los ministros de la Corte no hace referencia en particular a este detalle.

Los fundamentos que firmaron los ministros Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda para rechazar los planteos se centraron en la argumentación del proceso de sanción de la ley, con el debate en ambas cámaras del Congreso; en la garantía constitucional del artículo 41 por un ambiente sano, así como también en el cumplimiento del Acuerdo de París, en términos de lucha contra el cambio climático.

Los actores demandantes planteaban que el Congreso había avanzado sobre la jurisdicción de las provincias en lo que se refiere a los recursos naturales. En este sentido los jueces fueron contundentes: "Antes de buscar confrontación, los artículos 41 y 124 de la Constitución, deben ser interpretados buscando adaptar la gestión de recursos naturales a las directivas de la cláusula ambiental", expresaron, al tiempo que sostuvieron que "no hay inconstitucionalidad derivada del procedimiento de la ley cuestionada".

Y consideraron que "Barrick Gold y Minera Argentina Gold no habían demostrado que el sistema de preservación de los glaciares establecido por el Congreso Nacional les generase algún tipo de daño en su derecho de explotación minera".

Los ministros agregaron que "la provincia de San Juan, que había adherido al planteo de las empresas para obtener la inconstitucionalidad de la ley, tampoco había podido explicar en qué medida la existencia de la ley de glaciares le generaba agravio".

Así, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti advirtieron que "la protección de los glaciares en un estado federal como el argentino implica una densa y compleja tarea política que deben cumplir conjuntamente el Estado Nacional y las provincias para coordinar eficazmente sus diversos intereses. Ninguna interpretación -concluyeron- es constitucionalmente admisible si vacía de contenido el modelo federal del Estado o el proyecto ambiental de la Constitución".

También hicieron mención al derecho al agua y, en ese sentido, destacaron la importancia de la norma en cuanto protege a "los glaciares y al ambiente periglacial, como reserva estratégica de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas".

Los jueces dejaron sentada en su argumentación las consecuencias que la crisis climática ya provocó en los cuerpos de hielo de nuestro país e hicieron referencia a la advertencia del Instituto Nacional de Glaciología (Ianigla) respecto de la retracción de glaciares por el calentamiento global. "Esta lectura se inscribe en el consenso internacional que aprobó el Acuerdo de París en 2015, ratificado por la República Argentina en 2016", indicaron.

En el texto se tiene presente que "para dar una respuesta progresiva y eficaz a la amenaza apremiante del cambio climático, debía reconocerse la importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos y los fenómenos de evolución lenta, y la contribución del desarrollo sostenible a la reducción del riesgo de pérdidas y daños".

En suma, los ministros concluyeron que "el régimen de protección de glaciares debe ser analizado en el contexto de ponderación de las reglas del federalismo con aquellas que ordenan la protección del ambiente".

El presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, y Elena Highton de Nolasco también rechazaron los pedidos de los demandantes y centraron sus votos en la falta de prueba respecto de la afectación que alegaban. "Las concesionarias no han probado actividad administrativa alguna de parte de las autoridades nacionales que afecte de un modo suficientemente directo un interés legítimo suyo. Por el contrario, nada parece perturbar, de acuerdo al relato de las actoras, el normal funcionamiento de su actividad minera. Tampoco han demostrado que la mera vigencia de la ley de glaciares genere una situación de incertidumbre que afecte al ejercicio de sus derechos. Idénticas conclusiones, aunque por razones parcialmente diversas, cabe arribar en lo que concierne a la configuración de un caso controversia entre el Estado Nacional y la provincia de San Juan", indicó Rosenkrantz.

El rechazo de Highton se fundó en un argumento similar: "No se encuentran cumplidos los recaudos que permiten, con fundamento en los criterios antes expuestos, tener por acreditada la existencia de un caso controversia en la medida en que nada parece perturbar -de acuerdo sus propias manifestaciones- el normal funcionamiento de su actividad minera. Las concesionarias Barrick Exploraciones Argentinas S.A. Exploraciones Mineras Argentinas S.A. la provincia de San Juan han formulado sus planteos de manera genérica y no han logrado invocar la existencia de un caso controversia judicial que habilite este Tribunal pronunciarse sobre el fondo de la cuestión".

Aunque las mineras se mostraban ayer inquietas por la decisión, la cámara que las agrupa emitió un comunicado: "La Cámara Argentina de Empresarios Mineros considera que proteger los glaciares es fundamental, y resguardarlos es una obligación ineludible de la sociedad en general. Hemos asumido el compromiso realizar nuestro trabajo en forma respetuosa con el ambiente. Y entendemos que toda actividad productiva sólo debe realizarse en aquellas zonas donde pueda garantizarse el cuidado de las fuentes hídricas. Trabajando en forma responsable y transparente, demostramos que la industria minera puede impulsar un sano desarrollo sustentable".

La Argentina tiene 16.968 glaciares, ocupa el segundo lugar de América Latina en términos de recursos disponibles de agua dulce y se encuentra entre los primeros 15 estados del planeta. Según un documento hallado por la justicia en la Secretaría de Ambiente de la Nación, hay 44 proyectos mineros activos o en planificación en zonas glaciares o periglaciares. Sólo en San Juan hay 28.

La empresa Barrick, que explota Veladero en esa provincia y que inició el recurso legal, asegura que la mina no ocupa superficie protegida por la normativa. Esa aseveración es, en parte, lo que convirtió en abstracto el planteo. Sin embargo, el inventario de glaciares podría determinar otros límites. Según los trascendidos, el nuevo argumento legal será la irretroactividad de la ley.

Infobae

El Concejo Deliberante mostró su apoyo total a los trabajadores de la Cooperativa Nuevo Amanecer, respaldando el pedido de prórroga de la ley provincial 14.663, que autoriza a los trabajadores continuar con su trabajo con total normalidad.

Fabio Pandiani, representante de Nuevo Amanecer dialogó con El Marplatense y expresó que buscan "demostrar que es muy importante para nosotros seguir sosteniendo a la cooperativa".

Además agregó que "después de cuatro años, la cooperativa se encuentra en su mejor momento, no defraudamos a nadie".