La iniciativa surge luego de las negociaciones que se dieron a fines del año pasado por el Presupuesto 2026, donde los cargos en ese organismo fueron parte de acuerdos entre oficialismo y oposición. De los diez lugares disponibles, varios quedaron en manos de dirigentes políticos además de representantes sindicales.

Frente a ese escenario, Ontiveros propone modificar la ley vigente para exigir mayores condiciones de idoneidad a quienes aspiren a ocupar esos puestos. Entre los requisitos, plantea que los candidatos tengan formación universitaria vinculada al área, experiencia en el sistema educativo o en gestión pública y una trayectoria comprobable en el sector.

Además, el proyecto incorpora una instancia de audiencia pública previa a la designación. Allí, los postulantes deberían exponer su trayectoria y propuestas ante legisladores, con el objetivo de transparentar el proceso.

Según el legislador, la intención es reducir la discrecionalidad en los nombramientos y garantizar que quienes tomen decisiones sobre políticas educativas cuenten con el perfil adecuado.

La propuesta también incluye criterios específicos para los representantes docentes, como años mínimos de antigüedad, calificaciones positivas y ausencia de sanciones graves.

En síntesis, el proyecto apunta a poner más foco en la preparación y experiencia de los integrantes del Consejo, en un organismo clave para definir contenidos, programas y lineamientos del sistema educativo provincial.

Fuente: Diputados bonaerense

En la Legislatura bonaerense se propuso crear un marco regulatorio integral para la actividad de los cuidadores domiciliarios, con el objetivo de formalizar el sector y fijar criterios mínimos de calidad en las prestaciones.

La iniciativa, impulsada por el diputado Martín Rozas (Unión, Renovación y Fe), plantea ordenar una actividad extendida dentro del sistema de salud que, hasta el momento, carece de una normativa específica en la provincia de Buenos Aires.

El texto define a los cuidadores domiciliarios como trabajadores que brindan asistencia socio-sanitaria de baja complejidad a personas en situación de dependencia, entre ellas adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas o personas con discapacidad. En ese sentido, el proyecto subraya la necesidad de diferenciar esta tarea de otros regímenes laborales, como el de casas particulares, debido a la especificidad de sus funciones.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación de un Registro Provincial Único, de carácter público y obligatorio, que concentre la información de los trabajadores habilitados. La inscripción otorgaría una matrícula personal e intransferible y permitiría actualizar datos de manera periódica.

Para incorporarse al registro, se establecen requisitos como ser mayor de edad, no contar con antecedentes penales, acreditar formación específica y presentar aptitudes psicofísicas certificadas. Además, el proyecto fija la obligación de registrar a los cuidadores tanto para los trabajadores como para quienes contraten el servicio, con el fin de reducir la informalidad.

En cuanto a las funciones, la iniciativa delimita tareas vinculadas a la asistencia cotidiana: higiene personal, alimentación, administración de medicación bajo indicación profesional y acompañamiento en actividades recreativas. También establece la responsabilidad de informar a las familias sobre cambios en el estado de salud de las personas asistidas.

El proyecto incorpora, además, una serie de derechos para los trabajadores, entre ellos la posibilidad de rechazar tareas que excedan su rol y el acceso a condiciones laborales adecuadas desde el punto de vista físico, psíquico y emocional. Asimismo, contempla honorarios acordes a la actividad, en línea con los valores de referencia de obras sociales y empresas de medicina prepaga.

En relación con el sistema de salud, la propuesta prevé que organismos como el IOMA y las prepagas contraten exclusivamente a cuidadores inscriptos en el registro, con el objetivo de garantizar estándares homogéneos y avanzar en la formalización del sector.

El proyecto también alcanza a cooperativas de trabajo y reconoce formas autogestionadas de organización laboral. Según sus fundamentos, busca “jerarquizar la actividad y establecer un piso de derechos” para quienes la ejercen.

La iniciativa retoma antecedentes legislativos en la provincia, entre ellos un proyecto similar que obtuvo media sanción en 2019, orientado también a crear un registro único y relevar la situación de los trabajadores del sector.

Fuente: Diputados bonaerenses

La Cámara de Diputados bonaerense reconoció este miércoles a los marplatenses Agustín Bertolotto y Ángelo Fregonese, integrantes del Seleccionado Argentino de Básquet para atletas con síndrome de Down, en un acto encabezado por autoridades legislativas provinciales.

El homenaje fue encabezado por el presidente de la Cámara baja, Alejandro Dichiara; el vicepresidente Alexis Guerrera; y el titular del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena. Durante la visita, los deportistas recorrieron el recinto y recibieron medallas en reconocimiento a su trayectoria, esfuerzo y constancia.

Bertolotto y Fregonese integraron en junio de 2025 el plantel argentino que se consagró subcampeón mundial en Italia, en un torneo en el que la Selección logró imponerse ante potencias como Estados Unidos, Finlandia y Turquía.

Además, ambos volvieron a ser convocados por la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down para disputar el Mundial 2026, que se jugará entre el 14 y el 20 de junio en la ciudad húngara de Körmend.

Los dos deportistas desarrollan su carrera en Mar del Plata: Fregonese tiene vínculo con Peñarol, mientras que Bertolotto se formó en Quilmes. En el acto, ambos agradecieron el reconocimiento y expresaron su ilusión de conseguir el título en la próxima cita internacional. “Vamos a traer la copa a la Argentina”, señalaron.

Durante la actividad también participaron legisladores de distintos espacios políticos, entre ellos Silvina Vaccarezza, Romina Braga, Marcela Basualdo, Martín Rozas y la senadora Nerina Neumann.

En ese marco, Garciarena también destacó dos iniciativas legislativas recientes vinculadas al síndrome de Down. Una propone la adhesión a la Ley Nacional 27.716, orientada a garantizar contención y acompañamiento integral ante diagnósticos prenatales o neonatales, y la otra apunta a promover la inclusión plena de las personas con síndrome de Down en todos los ámbitos de la vida social.

El legislador sostuvo que la provincia de Buenos Aires aún no cuenta con una ley específica sobre la materia y remarcó que ambas propuestas buscan avanzar en políticas públicas con enfoque de derechos.

Fuente: Diputados bonaerenses

La comisión, según el proyecto ingresado el 14 de marzo, estaría integrada por 6 senadores y 6 diputados en proporción a la representación política de cada cámara. Tendría competencia sobre las concesionarias de energía eléctrica, agua potable, gas, transporte público y telecomunicaciones, y la obligación de elevar al menos dos informes anuales al cuerpo legislativo.

Entre las facultades previstas, el proyecto le otorga al cuerpo poder para requerir documentación técnica, contable y contractual; convocar a audiencias a funcionarios y directivos de las empresas; y coordinar acciones con organismos de control provinciales y municipales.

Leguizamón fundamentó la propuesta en lo que describió como "una crisis estructural" en la prestación de servicios, con cortes recurrentes e infraestructura obsoleta. En febrero había presentado un pedido de interpelación para el titular del Organismo de Control de la Energía Eléctrica (OCEBA), Diego Leandro Rozengardt, por los cortes en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El proyecto no cuenta aún con fecha de tratamiento en comisión.

Fuente: Diputados bonaerenses

El proyecto establece una edad mínima de 13 años para la creación y mantenimiento de cuentas en redes sociales y aclara que no se admitirán excepciones por consentimiento parental. 

Según el texto, el diseño algorítmico de estas plataformas está orientado a maximizar el tiempo de permanencia y no distingue entre audiencias adultas y menores, lo que expone a los chicos a riesgos en etapas clave de su desarrollo emocional.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que la responsabilidad recaiga en las empresas dueñas de las plataformas y no en las familias ni en los propios menores. En ese sentido, el proyecto señala que “en ningún caso podrá penalizarse a los menores o a sus padres”, mientras que las compañías deberán implementar mecanismos efectivos de verificación de edad para impedir el acceso de usuarios menores de 13 años.

En los fundamentos, Cuervo advierte sobre los riesgos del uso temprano de redes sociales, como la exposición a contenidos inapropiados, el aumento de la ansiedad, los problemas de autoestima, las dificultades de concentración y rendimiento escolar, además de situaciones de grooming y violencia digital.

Para respaldar la propuesta, el legislador cita datos del estudio Kids Online Argentina, elaborado por UNICEF y UNESCO, que revela que el 95% de chicos y chicas de entre 9 y 17 años tiene acceso a un celular con internet y que el primer contacto con un dispositivo inteligente se produce, en promedio, antes de los 10 años.

El diputado bonaerense de La Libertad Avanza Luis Ontiveros presentó un pedido de informes en la Legislatura para que el gobierno de Axel Kicillof detalle la ejecución del programa Escuelas Abiertas en Verano, la iniciativa provincial que funciona durante enero como colonia de vacaciones para niños y adolescentes en edad escolar.

El programa, coordinado por la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, ofrece actividades recreativas, deportivas y culturales, además de alimentación diaria para los participantes.

Ontiveros solicitó información precisa sobre los fondos transferidos a cada Consejo Escolar, los criterios de asignación y la distribución del dinero entre las escuelas que actúan como sedes. También pidió conocer los cupos del Servicio Alimentario Escolar, la asistencia diaria registrada, los cupos autorizados por establecimiento y los procedimientos para la devolución de alimentos no utilizados cuando la asistencia resulta menor a la prevista.

“El objetivo es esclarecer el destino de los alimentos y mercadería no consumidos y verificar si existieron mecanismos formales de control para evitar usos indebidos”, sostuvo el legislador libertario.

El pedido de informes incluye además un relevamiento del personal docente y no docente asignado al programa, los inscriptos en el Espacio de Administración de Vacantes y si las escuelas contaron con planteles adecuados durante todo el período de funcionamiento.

Desde la Secretaría de Asuntos Docentes recordaron que para cubrir cargos en Escuelas Abiertas en Verano se requieren títulos específicos, como guardavidas o docente de Educación Física, inscripción en listas de emergencia y antecedentes laborales, entre otros requisitos.

El pasado 12 de enero, Kicillof encabezó el lanzamiento oficial del programa 2026 en General Alvarado, donde destacó que la iniciativa alcanza a más de 223 mil chicos y jóvenes y cuenta con 1.724 sedes en los 135 municipios bonaerenses.

“Es una política pública gratuita que permite a las familias acceder a una colonia de verano mientras continúan con sus actividades laborales, producto de una inversión importante del Estado provincial”, remarcó el gobernador.

Fuente: Diputados bonaerenses

 El jefe de la bancada de diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, afirmó que Uruguay es “una provincia nuestra” y sugirió que, en el futuro, podría ser anexada por la Argentina como parte de un supuesto “imperio”. Las declaraciones, realizadas a través de redes sociales, generaron una inmediata polémica por su tono provocador y su impacto en la política regional.

El episodio se desató a partir de un cruce con Emiliano Brancciari, líder de la banda No Te Va Gustar, quien había publicado una imagen de un tatuaje del pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo acompañado por un mensaje contra el negacionismo. Romo, al suponer que el músico era uruguayo, respondió con una frase que encendió la controversia.

“Lo bueno es que se reconocen una provincia nuestra, tema a solucionar en el futuro, con el avance del Glorioso Imperio Argentino”, escribió el legislador libertario en su cuenta de X, en un mensaje que rápidamente se viralizó y fue cuestionado tanto por dirigentes opositores como por usuarios en redes sociales.

Más tarde, al ser corregido sobre el origen de Brancciari, nacido en Argentina y luego nacionalizado uruguayo, Romo no dio marcha atrás y redobló la apuesta: “Bueno, la banda es de la provincia de Uruguay”, insistió, reforzando el tono irónico y confrontativo de sus declaraciones.

Las expresiones del diputado se inscriben en un discurso recurrente dentro de sectores libertarios en redes sociales, que apelan a la idea de la Argentina como un “imperio” y encuentran eco en la política expansionista que impulsa el presidente estadounidense Donald Trump. Romo es, además, un seguidor declarado de esa línea internacional y del alineamiento sin matices del presidente argentino Javier Milei con Washington.

Fuente: Dib

La causa judicial que sacude a la Legislatura bonaerense sumó en las últimas horas un nuevo y grave capítulo. La fiscal Ana Claudia Roche resolvió ampliar las imputaciones contra Nicolás Rodríguez y su pareja, Daniela Silva Muñoz, ambos empleados del Senado bonaerense, quienes permanecen detenidos y son acusados de liderar una estructura de características sectarias dentro del ámbito legislativo.

La decisión se tomó luego de que dos nuevas víctimas prestaran declaración, aportando testimonios que describen abusos sexuales reiterados y prácticas de sometimiento físico y psicológico. Según trascendió, los nuevos elementos probatorios indican que los hechos no solo habrían ocurrido en ámbitos privados, sino también en despachos de la Cámara Alta, en pleno centro de La Plata.

De acuerdo con fuentes judiciales, la fiscalía analiza ahora si existió una red de encubrimiento que involucró a funcionarios de mayor jerarquía, a partir de los lugares donde se habrían cometido algunos de los abusos y del acceso institucional de los imputados.

El dictamen judicial sostiene que las víctimas eran captadas mediante un ardid de tipo “guía espiritual” o “mesiánico”, para luego ser sometidas a vejaciones físicas y abusos sexuales. En ese marco, resultaron claves las pruebas obtenidas de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, que permitieron avanzar en la ampliación de la acusación.

Respecto del rol de Silva Muñoz, la imputación señala que lejos de proteger a las integrantes del grupo, cumplía una función activa en la captación y el sometimiento psicológico de las jóvenes. La Justicia remarcó que su participación fue necesaria para sostener el entramado de abusos.

Actualmente, el expediente reconoce cuatro víctimas formalmente identificadas —dos en una causa iniciada en 2019 y otras dos incorporadas en 2025—, aunque los investigadores estiman que el número real de mujeres atacadas podría ser mayor. Los hechos fueron encuadrados como abuso sexual con acceso carnal agravado por el daño en la salud mental, privación ilegal de la libertad y violación de domicilio.

Los testimonios coinciden en la existencia de rituales de castigo físico, como laceraciones y caminatas sobre fuego, que tenían como objetivo anular la voluntad de las víctimas. En esa línea, la investigación profundiza ahora sobre la posible responsabilidad de otros niveles del Senado bonaerense.

Según consta en la causa, los primeros episodios denunciados se remontan a 2015, cuando una joven de 18 años fue contactada por Rodríguez en ámbitos académicos y políticos bajo la promesa de una pasantía. A partir de 2016 y 2017, los abusos se habrían vuelto sistemáticos, con la consolidación de una presunta organización denominada “Orden de la Luz”.

Dentro de esa estructura, Rodríguez era presentado como una figura con rasgos sobrenaturales, bajo el nombre de “KIEI”, mientras que Silva Muñoz actuaba como guía espiritual o “sensei”. Las víctimas relataron controles permanentes, amenazas y comunicaciones con lenguaje codificado, lo que, para la Justicia, refuerza la hipótesis de una organización planificada y no de hechos aislados.

La causa continúa en plena etapa investigativa y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avancen las pericias y se incorporen más testimonios.

Fuente: DIB

En el marco del cierre del año legislativo y la reciente aprobación del Presupuesto 2026, el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires enfrenta un fuerte cuestionamiento por la situación de su personal. La gestión de Axel Kicillof es señalada por mantener bajo condiciones de informalidad a miles de profesionales que fueron la primera línea de defensa durante la crisis sanitaria del coronavirus y que hoy exigen estabilidad laboral.

La exdiputada Laura Cano, del Frente de Izquierda, presentó un pedido de informes exigiendo que el Ministerio de Salud, dirigido por Nicolás Kreplak, detalle la situación de los becarios. La iniciativa busca transparentar cuántos trabajadores ingresaron desde 2020, qué funciones cumplen y por qué miles de ellos aún no han sido efectivizados en la planta permanente de los hospitales públicos bonaerenses.

La denuncia principal sostiene que existen más de 20.000 becarios que perciben salarios cercanos a los $550.000, sin realizar aportes jubilatorios ni percibir aguinaldo. Cano advirtió que muchos de estos profesionales superan los 50 años y, al no ser traspasados a la planta estatal, se les niega sistemáticamente el derecho a una futura jubilación pese a su dedicación en el sector público.

El cuerpo del proyecto resalta que estos trabajadores cumplen las mismas tareas y responsabilidades que el personal de planta, pero bajo una relación laboral "inaceptable". Según los fundamentos presentados en la Legislatura, esta precarización afecta la calidad del servicio sanitario y genera un malestar creciente en hospitales emblemáticos, como el Cestino de Ensenada, donde la propia Cano ejerce como médica.

Durante el debate presupuestario, la dirigente de Izquierda calificó la proyección económica de Kicillof para 2026 como un "plan de ajuste". Aseguró que las partidas destinadas a salud, educación y vivienda no compensan la inflación acumulada, lo que profundiza la crisis de los acompañantes terapéuticos y otros sectores que quedan fuera del acompañamiento profesional del Estado.

Por su parte, el personal hospitalario precarizado emitió un comunicado denunciando que llevan cinco años padeciendo inestabilidad laboral. Los trabajadores reclaman que, tras haber sostenido el sistema en los momentos más críticos de la pandemia, el Gobierno provincial debe dar una respuesta urgente para garantizar condiciones dignas de contratación y el respeto a sus derechos básicos.

Fuente: Dib

Durante la segunda sesión extraordinaria del año, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto que regula el uso de celulares en las escuelas secundarias. La iniciativa, presentada por el legislador Martín Rozas, del bloque Unión y Libertad, obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratada por el Senado.

La propuesta establece que los estudiantes solo podrán utilizar dispositivos móviles cuando formen parte de un proyecto pedagógico específico, debidamente fundamentado y autorizado por las autoridades escolares. El objetivo central es evitar el uso indiscriminado de pantallas durante la jornada educativa.

Al defender la iniciativa en el recinto, Rozas sostuvo que “hoy muchos alumnos están inmersos en la pantalla incluso en los recreos” y remarcó la necesidad de “impulsar la resocialización y fortalecer el proceso de enseñanza dentro del aula”, reduciendo elementos distractivos que afectan la concentración y el aprendizaje.

El proyecto también contempla que el Gobierno bonaerense elabore protocolos, recomendaciones e instructivos para la comunidad educativa, además de realizar un seguimiento de la implementación de la norma para evaluar posibles mejoras o ajustes en su aplicación.

En los fundamentos, el diputado recordó que países como Francia, Alemania, Noruega, Estados Unidos y China ya avanzaron con regulaciones similares, con resultados positivos en términos educativos. Además, advirtió sobre el impacto del uso excesivo de celulares en la interacción cara a cara y el desarrollo de habilidades sociales.

La iniciativa se suma a otros antecedentes en la Legislatura bonaerense: en septiembre ya se había sancionado una ley que limita el uso de celulares en la primera infancia y en las escuelas primarias. Con este nuevo avance, el debate sobre el rol de la tecnología en las aulas vuelve a instalarse con fuerza en el ámbito educativo provincial.

Fuente: Diputados bonaerenses

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires realizó esta semana su primera sesión con la nueva composición que se extenderá hasta diciembre de 2027, en una jornada que, lejos de limitarse a la jura de los nuevos legisladores, estuvo marcada por fuertes discursos políticos y cruces en torno a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

El inicio estuvo signado por el regreso del peronista Alejandro Dichiara a la presidencia del cuerpo, tras un acuerdo entre La Cámpora y el Frente Renovador. La sesión sufrió un breve cuarto intermedio por desprolijidades en el tratamiento sobre tablas, antes de avanzar con proyectos de bajo impacto y abrir el debate político.

Desde el Frente de Izquierda, Mónica Schlotthauer y Christian “Chipi” Castillo encabezaron las críticas más duras contra la reforma laboral, a la que calificaron como un retroceso para los derechos de los trabajadores. Ambos marcaron el perfil que tendrá el FIT en la Legislatura: oposición tanto al Ejecutivo nacional como al provincial, con discursos confrontativos.

Por La Libertad Avanza, los diputados Francisco Adorni y Nahuel Sotelo defendieron la gestión de Javier Milei. Sotelo sostuvo que la reforma “genera empleo formal y digno”, mientras que Adorni reclamó que “el servicio público esté al servicio del privado”, anticipando un rol activo del bloque libertario en el recinto.

En el oficialismo, Soledad Alonso y Mayra Mendoza salieron al cruce de los libertarios y respaldaron el modelo kirchnerista, con Mendoza debutando como diputada con un discurso en defensa de Cristina Kirchner. En tanto, Lucía Iañez se centró en la modificación de la Ley de Adopción, una de las iniciativas que logró amplio consenso.

El PRO, la UCR y los espacios dialoguistas también hicieron oír su voz. Alejandro Rabinovich cuestionó al kirchnerismo y respaldó con matices la gestión nacional, mientras que los bloques radicales acompañaron cambios en la Ley de Adopción. Así, la primera sesión dejó expuesto el mapa político de la Cámara: un escenario atravesado por la disputa nacional y con el 2027 ya en el horizonte.

Fuente: Diputados bonaerenses

La vicegobernadora bonaerense Verónica Magario confirmó que no asumirá la banca de diputada provincial obtenida en las elecciones de septiembre y continuará al frente del Senado, una decisión que, además de ratificar su rol institucional, bloquea momentáneamente un cargo estratégico que La Cámpora busca ocupar en la línea de sucesión del gobernador Axel Kicillof.

Aunque la candidatura de Magario siempre fue leída como testimonial, la vicegobernadora estiró la decisión hasta último momento, en medio de presiones internas para convocar a una sesión que permitiera definir la vicepresidencia primera del Senado, un puesto clave en el esquema de poder provincial.

Ese cargo, actualmente vacante, es el tercero en la línea sucesoria de la Provincia y el reemplazo natural de Magario ante una eventual ausencia. La Cámpora sostiene que le corresponde por los acuerdos internos y propone al exintendente de José C. Paz, Mario Ishii, o alternativamente a Sergio Berni. Desde el kicillofismo, en cambio, impulsan a la senadora bahiense Aylén Durán.

En ese contexto, Magario decidió no habilitar la sesión y, al mismo tiempo, confirmó que no bajará a la Cámara de Diputados. En su lugar asumirá Silvia Nardini, concejal de Ensenada alineada con Mario Secco, uno de los referentes del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que respalda al gobernador.

Hasta último momento se evaluó una maniobra alternativa: que Magario pidiera licencia en el Senado, asumiera brevemente como diputada para luego solicitar licencia allí y regresar a la Cámara alta. Esa opción quedó descartada, ya que implicaba que, durante ese lapso, el libertario disidente Carlos Kikuchi quedara a cargo del Senado.

Si bien la decisión trajo algo de alivio al oficialismo provincial, la interna sigue abierta. La disputa por los cargos del Senado deberá resolverse por votación del pleno y todo indica que la tensión entre el sector alineado con Cristina Kirchner y el espacio que responde a Kicillof volverá a escalar cuando se convoque a una nueva sesión.

Fuente: Dib

La diputada provincial María Alejandra Lordén (UCR + Cambio Federal) presentó un pedido de informes dirigido al Ejecutivo de Axel Kicillof para conocer con precisión el estado hídrico del interior bonaerense, donde las inundaciones ya afectan cerca de 6 millones de hectáreas.

Lordén advirtió que la provincia atraviesa “una situación de extrema gravedad”, con zonas rurales anegadas que complican la producción, la circulación y el funcionamiento económico de los municipios. La alarma se sostiene en los datos de CARBAP, que desde hace meses viene alertando por más de 5 millones de hectáreas bajo agua, de las cuales 900.000 permanecen completamente inundadas. Las últimas lluvias agravaron el cuadro.

La legisladora reclamó información oficial y actualizada para dimensionar el impacto real sobre productores, pymes rurales y contratistas, así como sobre la infraestructura vial afectada. En su presentación, solicitó al Ministerio de Desarrollo Agrario:

Lordén sostuvo que esa información es clave para evaluar la eficacia de la respuesta estatal y determinar si es necesario reforzar o ampliar medidas frente a la emergencia.ç

El avance del agua redujo la superficie ganadera y frenó la siembra de soja y maíz en amplias zonas del centro y oeste provincial. Muchos productores debieron suspender trabajos por la imposibilidad de ingresar a los campos o mover maquinaria.

Las precipitaciones más intensas golpearon el oeste bonaerense y el este de La Pampa, donde ya se observaban espejos de agua al borde de las rutas. Según CARBAP, parte de ese caudal se desplaza “cuenca abajo” hacia Nueve de Julio y Carlos Casares, dos distritos que hoy atraviesan una situación crítica.

Fuente: Diputados bonaerenses

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó en la madrugada del jueves la Ley de Financiamiento que autoriza al gobernador Axel Kicillof a tomar deuda por USD 3.685 millones para afrontar vencimientos, obras y gastos corrientes.

La norma, sancionada tras una sesión que se extendió durante más de 14 horas, habilita al Ejecutivo bonaerense a refinanciar pasivos por USD 1.990 millones, realizar operaciones por USD 1.045 millones en el sector público y otorgar fondos a empresas estatales, como AUBASA y Buenos Aires Energía.

La ley obtuvo media sanción en Diputados a la 1:30 de esta madrugada, 4 de diciembre de 2025, con 62 votos afirmativos, apenas uno más del mínimo requerido, y fue convertida en ley minutos después en el Senado con 31 votos a favor, luego de intensas negociaciones entre el oficialismo y bloques opositores.

El consenso legislativo se alcanzó tras la inclusión de un fondo de emergencia de $350.000 millones para los 135 municipios bonaerenses, a distribuir en cinco cuotas, así como el reparto de cargos en el Bapro y organismos clave.

También se designaron nuevos consejeros generales de educación y se cubrieron vacantes en el Tribunal Fiscal de Apelación, con lugares para sectores del peronismo, el radicalismo, el massismo, el PRO y La Libertad Avanza.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) respaldó el endeudamiento luego de compromisos del Ejecutivo para avanzar en negociaciones paritarias, mientras que el PRO votó dividido: acompañó el rollover pero rechazó el endeudamiento general.

Durante la sesión se registraron momentos de tensión, como el intento del intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, de reincorporarse a su banca para votar en contra del proyecto, lo que derivó en un prolongado cuarto intermedio.

La ley forma parte del paquete económico 2026, junto al Presupuesto de $41,5 billones y la Ley Impositiva ya sancionados, y es considerada clave por el gobernador para evitar un default provincial sin afectar partidas de salud ni educación.

Kicillof necesitará ahora el aval del gobierno nacional para emitir deuda en mercados internacionales, en un contexto de restricciones fiscales y a pocos días del recambio legislativo del 10 de diciembre, que modificará el equilibrio de fuerzas en la Legislatura.

Fuente: NA

Asumieron los diputados electos el pasado 7 de septiembre y de esta manera se renovaron la mitad de las bancas del cuerpo. Tras la jura, y con votación nominal, Alejandro Dichiara fue nombrado presidente de la Cámara y Alexis Guerrera, pasó a ocupar la vicepresidencia primera. Además, fueron elegidas las nuevas autoridades del cuerpo.

Los flamantes legisladores provienen de cinco listas. El peronismo, que obtuvo 21 bancas, conserva la primera minoría. Por La Libertad Avanza juraron 18 diputados, mientras que hicieron lo propio tres por Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social; dos por Somos Buenos Aires y otro tanto por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT).

La Sesión Preparatoria fue precedida por la Ceremonia de Diplomación a diputados y senadores electos. El acto estuvo encabezado por la presidente de la Junta Electoral, Hilda Kogan, quien señaló que “el buen funcionamiento del sistema electoral es fundamental porque le otorga legitimidad a los electos y afianza el derecho de participación de la ciudadanía en la vida de la República”.

A continuación, se llevó a cabo la Sesión Preparatoria, en la que el presidente del cuerpo, Alexis Guerrera, cedió su lugar a Rubén Eslaiman como presidente provisional, de acuerdo a lo establecido en el reglamento. De esta manera, el legislador oriundo de San Martín fue quien tomó juramento a los 46 diputados electos ante un recinto con sus palcos colmados por familiares y militantes.

Por Fuerza Patria renovaron sus bancas Maite Alvado, Ariel Archanco, Enrique Dichiara, Lucía Iañez, Juan Martín Malpeli, Carlos Puglelli, Ayelén Rasquetti y Facundo Tignanelli. Además, juraron Esteban Acervo, Romina Barreiro, Mariano Cascallares, Evelyn Flores Yanz, José Renaldo Galván, María Eva Limone, Mayra Mendoza, Diego Nanni, Cintia Romero, Sofía Vanelli, Roberto Vázquez y Luis Vivona. En tanto la vicegobernadora Verónica Magario -electa por la Tercera Sección electoral- estuvo ausente.

Por La Libertad Avanza renovaron sus bancas Julieta Quintero Chasman, María Florencia Retamoso y Nahuel Sotelo Larcher; mientras que Francisco Adorni, Natalia Blanco, Maximiliano Bondarenko, Leticia Bontempo, Gustavo Coria, Analía Corvino, Héctor Gay, Oscar Liberman, Pablo Morillo, Alberto Ontiveros, Juan Osaba, Carla Panelli, Alejandro Rabinovich, María Ángel Sotolano, y Mariela Vitale asumen por primera vez.

Por la alianza Espacio Abierto, referenciados en el radicalismo, renovó María Paula Bustos e Ignacio Mateucci, mientras que el electo Manuel Passaglia estuvo ausente. Por Somos Buenos Aires hicieron lo propio José De Leo y Priscila Minnaard. En tanto que por el FIT juraron Christian Castillo y Mónica Schlotthauer.

A la hora de la elección de autoridades, el diputado Facundo Tignanelli pidió la palabra para proponer “a una persona que llevó los destinos de esta Cámara en tiempos difíciles y trabajó para encontrar todos los consensos que fueran necesarios para poder sesionar", en referencia a Alejandro Dichiara.

Por su parte, Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal recordó que bajo su anterior presidencia “pudimos funcionar de manera democrática, todos escuchados, con una presidencia abierta” y quiso “también reconocer al presidente que se va, Alexis guerrera, que en un año difícil y complejo ha generado los ámbitos para alcanzar acuerdos”, destacó.

Dichiara, una vez asumido, envió un mensaje: “Quédese tranquilo señor gobernador -pidió- vamos a tratar de buscar todos los consensos posibles para lograr que en el día de mañana, esa Ley de Financiamiento que necesita el gobernador, pero fundamentalmente necesitan todos los habitantes de la Provincia, sea sancionada junto al Senado”.

Finalmente, con acuerdo de los distintos bloques, se designaron las restantes autoridades de Diputados. Así, asumieron en las vicepresidencias Agustín Forchieri, Juan Osaba y Mariano Cascallares. Como secretario legislativo continuará Gervasio Bozzano, al igual que Miguel de Lisi a cargo de la Secretaría Administrativa y Martín Alaniz en la de Desarrollo Institucional.

Mientras que en la Secretaría de Participación Ciudadana asumió Sergio Errecalde. En tanto que en la Prosecretaría Legislativa asumió Diego Di Salvo, en la Prosecretaría Administrativa David Alcalá; en la Prosecretaría de Participación Ciudadana continuará Lucas Jacob y la Prosecretaría de Desarrollo Institucional la ocupará Lucas Fidel Marino Aguirre.

El pedido de endeudamiento del gobernador Axel Kicillof sumó un nuevo obstáculo: el PRO de la provincia de Buenos Aires decidió no votar a favor del proyecto en la Legislatura, en un contexto de fuerte presión del Ejecutivo para conseguir los avales antes del 10 de diciembre, cuando cambiará la composición de ambas cámaras. 

La definición se conoció tras una reunión entre el ministro del Interior, Diego Santilli, principal referente del partido en territorio bonaerense, y Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la Provincia.

El plan que impulsa el oficialismo prevé tomar deuda por hasta USD 3.685 millones, a través de la emisión de Letras del Tesoro y cuatro líneas de financiamiento: una para la administración central, otra para el Ejecutivo, un tramo específico para la empresa concesionaria de autopistas AUBASA y otro para Buenos Aires Energía, que opera centrales eléctricas distribuidas en distintos distritos, entre ellos General Madariaga, Mar del Plata, Necochea y Mar de Ajó. Para aprobarlo, el gobierno necesita reunir los dos tercios de los votos en la Legislatura, algo que por ahora no consigue.

La semana pasada fracasó un primer intento de sesión por falta de quórum. Más que el esquema general de endeudamiento, el punto que trabó la negociación fue el fondo destinado a los municipios: la oposición reclama un monto fijo, de libre disponibilidad para las intendencias y con desembolsos rápidos y garantizados. En respuesta a esas quejas, Kicillof se reunió el lunes con jefes comunales y prometió un piso de $250 mil millones a repartir entre los 135 municipios bonaerenses.

El reloj legislativo también juega su propio partido. El oficialismo buscaba que la ley quedara sancionada antes del 10 de diciembre, pero la negativa del PRO deja más incierto ese objetivo. A partir de esa fecha, La Libertad Avanza pasará a ser segunda minoría en Diputados y primera en el Senado provincial, lo que reconfigurará las correlaciones de fuerza y podría encarecer aún más los acuerdos políticos necesarios para habilitar nueva deuda.

En paralelo, Kicillof viene insistiendo públicamente en la necesidad de aprobar el endeudamiento y lo presenta como una condición para sostener la gestión en un contexto que define como “emergencia social y productiva”. Según el diagnóstico que expone el Gobernador, en el país ya desaparecieron 28.000 empresas, de las cuales 5.000 son bonaerenses, se perdieron 171.000 puestos de trabajo y quedaron paralizadas cerca de mil obras públicas. A eso le suma el aumento de la morosidad y el endeudamiento de las familias para cubrir gastos básicos.

Para el mandatario, la recesión se profundiza en la Provincia por el “ahogo financiero” y la caída de transferencias desde la Nación. Por eso volvió a reclamar que la Legislatura apruebe el proyecto y sostuvo que Buenos Aires “necesita herramientas claras para transitar este tiempo sin desproteger al pueblo”. Del otro lado, el PRO y buena parte de la oposición mantienen sus reparos y, por ahora, dejan al oficialismo sin los votos clave para endeudarse.

Fuente: Infobae

En la previa de la doble sesión convocada para tratar el endeudamiento solicitado por el gobernador Axel Kicillof, la Cámara de Diputados bonaerense realizará este martes la sesión preparatoria para que los 46 legisladores electos en los comicios del 7 de septiembre reciban sus diplomas y presten juramento. El acto comenzará a las 12 y continuará a las 15 con la oficialización de las nuevas autoridades del cuerpo.

Pese a la ceremonia, los flamantes diputados no podrán votar hasta el 10 de diciembre, cuando se produzca formalmente el recambio legislativo. Por eso, la sesión del miércoles que debatirá el pedido de financiamiento se realizará con la composición actual, la misma que sancionó el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva la semana pasada.

El endeudamiento, por más de USD 3.000 millones, aún no tiene asegurados los votos necesarios. A diferencia de los otros proyectos ya aprobados, el oficialismo continúa negociando con la oposición distintos puntos del paquete fiscal para garantizar el acompañamiento. En ese marco, Kicillof apuró una conferencia de prensa en las últimas horas para reclamar la sanción de la Ley de Financiamiento.

Mientras tanto, la Junta Electoral definió también que el próximo viernes se realizarán las sesiones preparatorias en los Concejos Deliberantes y Consejos Escolares de los 135 municipios bonaerenses, donde se tomarán juramento los nuevos representantes locales.

Las elecciones del 7 de septiembre dejaron un nuevo equilibrio político en la Legislatura. Fuerza Patria amplió su representación: contará con 39 diputados y 24 senadores, lo que le permitirá sostener el control de ambas Cámaras. En tanto, la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO quedó posicionada como segunda fuerza y principal bloque opositor.

Con ese mapa político y negociaciones contrarreloj, el oficialismo encara la semana más intensa del año legislativo, con un endeudamiento clave aún pendiente de consensos.

Fuente: Diputados bonaerenses

La legisladora de la provincia de Buenos Aires, Lucía Klug, propuso crear una Tasa Ambiental sobre el Metano (TAMBA), que gravaría a los establecimientos ganaderos en función de la cantidad de gas metano emitido por sus animales. El cálculo del impuesto se basaría en los kilogramos de CO₂ equivalente generados por la digestión bovina, lo que implicaría un nuevo costo por cabeza de ganado.

La iniciativa fue justificada por sus promotores como una herramienta para mitigar el impacto ambiental del sector ganadero, responsable de una parte importante de las emisiones de gases de efecto invernadero. Argumentan que reformular incentivos fiscales podría contribuir a una ganadería más sostenible.

Sin embargo, la propuesta despertó un rechazo casi unánime del sector rural. Productores y organizaciones agropecuarias sostienen que "cobrar por respirar a las vacas" no reducirá emisiones, sino que afectará negativamente la producción, la competitividad y los puestos de trabajo. Señalan además que no existe un método preciso, práctico ni económico para medir individualmente las emisiones de metano de cada animal, lo que haría al proyecto inviable.

Para críticos de la medida, la carga impositiva recae sobre quienes ya enfrentan costos crecientes, y advierten que podría incentivar el abandono de la actividad. Temen un impacto directo en el mercado interno y externo de carne, con pérdidas en rentabilidad y empleo.

La propuesta ya divide aguas: mientras sus impulsores la presentan como una iniciativa de defensa del medioambiente, el campo la ve como un ataque a la producción y al sector ganadero.

Un proyecto de ley ingresado en la Legislatura bonaerense desató un fuerte revuelo político y un rechazo inmediato del sector agropecuario. La diputada Lucía Lorena Klug, de Unión por la Patria y cercana a Juan Grabois, propuso crear una “Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA)” destinada a productores ganaderos por las emisiones contaminantes atribuibles al ganado bovino.

De acuerdo con la autora, la iniciativa apunta a enfrentar los efectos del cambio climático, basándose en inventarios nacionales que indican que la Provincia de Buenos Aires concentra un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Según su argumentación, el 27% corresponde a metano, y la ganadería representa el 19% de ese total. 

La propuesta generó una respuesta fulminante de CARBAP, entidad que nuclea a productores de Buenos Aires y La Pampa. Su presidente, Ignacio Kovarsky, cuestionó el texto con dureza y afirmó: “Cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción”. En un comunicado, la organización calificó la iniciativa como “improvisación legislativa” y advirtió que una nueva carga impositiva profundizaría la caída de competitividad del sector.

La oposición también se sumó al rechazo. El diputado Luciano Bugallo (Coalición Cívica) definió la iniciativa como “un impuesto a los pedos de las vacas” y aseguró que es técnicamente inviable. Sostuvo que no existe tecnología práctica ni costo razonable para medir de manera individual las emisiones de metano de cada animal, lo que volvería inaplicable cualquier esquema de tasación.

En los pasillos legislativos, la propuesta tampoco encontró respaldo. Dirigentes de distintos bloques reconocieron que el proyecto tiene “viabilidad nula” y señalaron que podría tratarse de una iniciativa de despedida de Klug, cuyo mandato concluye en los próximos días. Sin consenso político ni herramientas técnicas para implementarlo, su avance parlamentario aparece prácticamente descartado.

Mientras tanto, la polémica continúa alimentando un debate de fondo: cómo equilibrar las demandas ambientales con la realidad productiva de la provincia. El proyecto expuso una nueva grieta entre el campo y la política, y se convirtió en uno de los episodios más comentados de la agenda legislativa bonaerense.

Fuente: Dib

El diputado bonaerense Pablo Domenichini presentó un proyecto para que el personal sanitario de la provincia acceda al Boleto Especial Gratuito, un beneficio que hoy rige para estudiantes de todos los niveles. La propuesta, que modifica la Ley 14.735, apunta a reconocer el rol esencial de la salud y reducir el costo de movilidad de quienes sostienen el sistema provincial.

Domenichini argumentó que la medida amplía una política de equidad ya vigente y consolida un esquema que articula educación y salud como pilares del desarrollo social. Según explicó, la gratuidad alcanzaría los traslados entre el domicilio y los establecimientos donde los trabajadores presten servicios o cursen estudios, además de capacitaciones, guardias y actividades oficiales.

El legislador subrayó que el proyecto busca responder al déficit de profesionales en especialidades críticas. Sostuvo que facilitar la movilidad de médicos, residentes y personal técnico es una forma de fortalecer la formación de posgrado y mejorar la distribución territorial de la atención, especialmente en áreas con menor cobertura.

Para el diputado de Somos Buenos Aires, el boleto gratuito constituye una inversión en capital humano, no un gasto. Señaló que garantizar transporte accesible para estos sectores esenciales contribuye a reducir desigualdades y refuerza la presencia estatal en toda la provincia.

La iniciativa se suma a otros proyectos que la Legislatura analiza este año, como propuestas de boleto gratuito para docentes o para adultos mayores de 65 años. Con este nuevo texto, la discusión sobre la ampliación de beneficios en el transporte público vuelve al centro del debate bonaerense.

Fuente: Dib