La Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó una modificación de la Ley de Tránsito que busca aclarar las reglas de prioridad de paso en las esquinas y reducir las diferencias de interpretación que generaron conflictos judiciales por accidentes viales. La iniciativa fue impulsada por la diputada Silvina Vaccarezza, del bloque UCR + Cambio Federal, y recibió la aprobación definitiva del Senado bonaerense.

La nueva normativa ratifica que, como principio general, tiene prioridad el vehículo que se aproxima desde la derecha. Sin embargo, también establece las situaciones en las que esa preferencia deja de regir, entre ellas la circulación por vías de mayor jerarquía, como avenidas, rutas y autopistas, y el ingreso a rotondas.

El proyecto busca resolver las dudas que surgieron a partir de la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional de Tránsito en 2007, que según los fundamentos de la iniciativa, generó dificultades para interpretar la normativa bonaerense. Esa situación derivó en distintas interpretaciones sobre la prioridad de paso en los cruces y en controversias judiciales relacionadas con siniestros viales.

Entre las excepciones contempladas por la legislación se encuentran los casos en los que existe señalización específica o semáforos que establecen un orden diferente de circulación. También tienen prioridad los vehículos de emergencia, como las ambulancias, cuando se encuentran cumpliendo su función. 

Otra de las situaciones previstas es la circulación por vías de mayor jerarquía. En estos casos, quienes transitan por avenidas, rutas, autopistas o semiautopistas tienen preferencia frente a los vehículos que llegan desde calles transversales.

La norma también contempla los cruces en los que un vehículo pasa de una calle de tierra a una pavimentada, así como los casos en los que el automóvil que se aproxima desde la derecha detuvo su marcha. En las bocacalles congestionadas, se deberá establecer un sistema de paso alternado, con un vehículo por vez desde cada calle transversal. En las rotondas,  quienes pretendan ingresar deberán ceder el paso a los vehículos que ya circulan dentro de ellas.

La modificación incorpora disposiciones específicas para la circulación en zonas rurales. En esos sectores, los ciclistas deberán ceder el paso a los demás vehículos, salvo que atraviesen espacios debidamente señalizados que les otorguen prioridad. Además, en las cuestas estrechas deberá retroceder el vehículo que desciende, excepto cuando lleve un acoplado o remolque.

Vaccarezza sostuvo que la iniciativa busca brindar mayor claridad a los conductores y seguridad jurídica ante las diferencias de interpretación de la normativa. Entre los fundamentos, señaló la importancia de establecer pautas de circulación precisas para prevenir accidentes y reducir los riesgos en la vía pública.

La legisladora también destacó la necesidad de armonizar las disposiciones bonaerenses con las reglas vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debido al tránsito frecuente entre ambas jurisdicciones. Con la sanción definitiva, la Provincia incorporó precisiones sobre la prioridad de paso en bocacalles y encrucijadas, con el propósito de unificar criterios de circulación y contribuir a la prevención de siniestros viales.

Se presentó en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que propone crear la Guía Provincial Accesible de Derechos para Personas con Discapacidad, una herramienta destinada a concentrar y brindar información “clara, completa y actualizada” sobre los derechos, prestaciones, beneficios, servicios y canales de reclamo disponibles en el territorio bonaerense.

De acuerdo con el articulado de la iniciativa, la guía deberá incluir el catálogo de derechos garantizados por la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la legislación vigente en la materia.

El documento también deberá contemplar información sobre las prestaciones de salud, habilitación y rehabilitación, así como los apoyos requeridos por las personas con discapacidad y sus familias para garantizar el acceso efectivo a los derechos reconocidos por las normas.

Además, la propuesta plantea incorporar en la guía las prestaciones y programas vinculados con educación, empleo, seguridad social, transporte, vivienda, cultura, deporte, turismo y accesibilidad.

Otro de los apartados estará destinado a las exenciones tributarias provinciales, los programas del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y la nómina de organismos públicos nacionales, provinciales y municipales en los que pueden realizarse los distintos trámites relacionados con discapacidad.

La iniciativa también contempla que se informe de manera detallada cuáles son los requisitos y la documentación necesaria para cada trámite, con el objetivo de facilitar el acceso a las prestaciones y evitar que la falta de información se convierta en una barrera para el ejercicio de los derechos.

Asimismo, la guía deberá incorporar información sobre los mecanismos administrativos y judiciales disponibles para exigir el cumplimiento de las normativas vigentes, junto con los servicios de orientación, asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito disponibles en la provincia.

El proyecto busca así centralizar en una herramienta accesible la información actualmente distribuida entre distintos organismos y dependencias, para facilitar que las personas con discapacidad puedan conocer sus derechos, acceder a las prestaciones correspondientes y contar con información sobre las vías disponibles para reclamar ante eventuales incumplimientos.

El regreso de la actividad en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, tras las dos semanas de receso invernal comprendidas entre el 20 y el 31 de julio, dejó un marcado descenso en la producción parlamentaria: 102 de los 138 diputados y senadores bonaerenses no ingresaron ningún proyecto de ley durante ese período.

En términos porcentuales, el 74% de los legisladores no registró iniciativas durante las vacaciones de invierno. En cambio, apenas 36 parlamentarios -20 diputados y 16 senadores- mantuvieron actividad de redacción legislativa durante el receso.

Entre los legisladores que presentaron proyectos se contabilizaron 19 representantes de Fuerza Patria/Peronismo, cinco de La Libertad Avanza, cuatro de HECHOS, tres del PRO, dos de Nuevos Aires, dos de la UCR y uno del monobloque Derecha Popular.

Por el contrario, la inactividad durante las dos semanas alcanzó a 44 legisladores peronistas, 25 libertarios, 13 macristas y ocho integrantes de Unión y Libertad. También quedaron incluidos representantes de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y la UCR.

En el ranking de los parlamentarios que más iniciativas presentaron durante el receso se ubicaron Malena Galmarini, Marcelo Leguizamón y Nerina Neumann, con nueve proyectos cada uno. Detrás quedaron Fabián Luayza, Viviana Romano y Ricardo Lissalde, con ocho propuestas cada uno.

El impacto del receso también se reflejó en el balance de julio, que quedó entre los meses de menor producción parlamentaria en lo que va de 2026.

Durante ese mes, la Cámara de Diputados registró 90 iniciativas ingresadas, frente a las 162 contabilizadas en junio. En tanto, el Senado alcanzó su menor nivel de producción del período ordinario, con apenas 46 proyectos de ley presentados en todo julio.

La Legislatura bonaerense analiza un proyecto de ley que apunta a promover la práctica saludable y segura del deporte en espacios públicos urbanos, ante el crecimiento sostenido de actividades físicas realizadas fuera de clubes, gimnasios o instituciones deportivas.

La iniciativa fue presentada por el senador Luis Vivona establece que la norma alcanzará a todas las actividades, entrenamientos y disciplinas físicas realizadas de manera individual o grupal en espacios públicos urbanos, con o sin acompañamiento profesional, siempre que no formen parte del deporte escolar, federado u organizado.

El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a implementar una campaña provincial de difusión y concientización sobre buenas prácticas deportivas, con información sobre precalentamiento, elongación y rutinas adecuadas para prevenir lesiones musculares, óseas y articulares.

Además, invita a los municipios a crear registros voluntarios de personas que practican deporte en espacios públicos para enviarles información sobre medicina deportiva y prevención, registros de profesores y entrenadores que dictan clases en áreas urbanas con el fin de acreditar idoneidad y visibilizar su trabajo, programas de adaptación de espacios públicos para deportes urbanos y reglamentaciones locales que mejoren las condiciones de seguridad, y campañas municipales que complementen la difusión provincial.

En los fundamentos, Vivona señala que cada vez más bonaerenses realizan actividad física en espacios públicos que no fueron diseñados originalmente para uso deportivo, lo que convierte a plazas y parques en ámbitos de encuentro y recreación. Sin embargo, advierte que la falta de información técnica puede derivar en lesiones y riesgos para la salud.

El texto destaca que los deportes urbanos han crecido en popularidad y profesionalización, con disciplinas como BMX, skateboard y escalada deportiva ya incorporadas al programa olímpico. Por ello, considera necesario generar herramientas institucionales que acompañen ese desarrollo y garanticen prácticas seguras.

El proyecto reproduce una iniciativa aprobada por el Senado en 2022, que perdió estado parlamentario en Diputados y fue archivada. Ahora, busca retomar el debate para avanzar en una política pública que fomente el deporte al aire libre con criterios de seguridad, salud y planificación urbana.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires analiza un proyecto de ley que establece un régimen de gratuidad para la obtención, renovación, ampliación y recategorización de las licencias de conducir profesionales utilizadas por personal de seguridad y emergencias. La iniciativa se enmarca en el nuevo sistema provincial de habilitaciones para conductores profesionales.

El texto incluye como destinatarios del beneficio a la Policía bonaerense que requiera licencia profesional para sus funciones, a los bomberos voluntarios reconocidos por la legislación provincial, al personal de Defensa Civil provincial y municipal, y a los trabajadores de los sistemas públicos de emergencias prehospitalarias, incluidos SAME y servicios equivalentes, cuando deban conducir vehículos sanitarios o de emergencia.

La exención abarcaría todos los costos asociados al trámite, entre ellos aranceles, tasas y derechos, exámenes psicofísicos, teóricos y prácticos, cursos obligatorios, certificaciones y estudios, emisión de la licencia y cualquier otro gasto previsto por la normativa vigente. El proyecto presentado por la diputada marplatense Sofía Pomponio aclara que la gratuidad no elimina requisitos técnicos ni evaluaciones, que deberán cumplirse íntegramente.

El Ministerio de Transporte bonaerense será la autoridad encargada de aplicar la ley, dictar normas complementarias y firmar convenios con organismos nacionales, provinciales y municipales para garantizar su ejecución. Además, el régimen será compatible con cualquier otra exención o asistencia económica prevista por normas vigentes.

En los fundamentos, Pomponio sostiene que la seguridad pública y la atención de emergencias son funciones esenciales del Estado, y que quienes conducen móviles policiales, autobombas o ambulancias deben contar con habilitaciones profesionales actualizadas. El nuevo régimen de licencias incorporó evaluaciones más estrictas, consideradas necesarias para mejorar la seguridad vial. Sin embargo, la diputada advierte que los costos de estos trámites recaen hoy sobre trabajadores que cumplen servicios esenciales, en muchos casos sin beneficio personal y, en el caso de los bomberos voluntarios, sin remuneración.

El proyecto busca que el Estado provincial asuma esos costos, garantizando que el personal mantenga sus licencias al día y evitando que barreras económicas afecten la disponibilidad de conductores habilitados en situaciones de emergencia. Pomponio remarcó que la iniciativa no flexibiliza requisitos ni introduce excepciones en materia de seguridad vial, sino que apunta a remover obstáculos económicos que dificultan la prestación eficiente de servicios públicos críticos.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires registró un marcado incremento en la actividad legislativa durante junio. Según un relevamiento, se presentaron 162 proyectos de ley, distribuidos entre 53 legisladores, una cifra que supera ampliamente las 103 iniciativas de mayo y las 82 de abril.

El informe también revela que 39 diputados, el 42% de la Cámara baja, no presentaron ningún proyecto durante el mes. El aumento en la producción legislativa estuvo vinculado al trabajo desarrollado en las distintas comisiones, que comenzaron a despachar expedientes para su tratamiento en el recinto.

Por segundo mes consecutivo, la diputada massista Sofía Vannelli, representante de Vicente López, fue quien más proyectos de ley presentó, con un total de 20 iniciativas. Entre ellas se destacan propuestas para regular el uso responsable de la inteligencia artificial, incorporar su enseñanza en las escuelas, reforzar la seguridad en eventos masivos y avanzar en políticas ambientales y de prevención de la violencia de género.

El segundo lugar fue para Ricardo Lissalde (Fuerza Patria), con 16 proyectos. El legislador de Saladillo impulsó, entre otras iniciativas, reconocimientos para los bonaerenses que participan del Mundial 2026 y un proyecto para eliminar el límite de edad para el ingreso a la docencia.

El podio lo completó el diputado kirchnerista José Ignacio "Cote" Rossi, con 12 proyectos, entre los que figuran la declaración de ciudadano ilustre post mortem para el Indio Solari, medidas para adaptar funciones de cine y teatro a personas dentro del espectro autista, la protección de las murgas y un reconocimiento al escritor Alejandro Dolina.

En el cuarto puesto quedó el massista Juan Martín Malpeli, con 10 iniciativas, vinculadas a la movilidad sostenible, la reutilización de baterías de vehículos eléctricos, la creación de "eco puntos" en edificios públicos y un régimen de mecenazgo deportivo.

La oposición apareció recién en el quinto lugar del ranking. Allí se ubicaron, con ocho proyectos cada uno, la diputada de la Coalición Cívica Romina Braga, el legislador de Fuerza Patria Avelino Zurro, entre otros.

Más atrás se ubicaron Laura Ricchini (PRO) y Alejandra Lordén (UCR), con cinco iniciativas; Carlos Puglelli, Viviana Romano y Fabián Luayza, con cuatro; mientras que Romina Barreiro, Martín Rodríguez Alberti y Leonardo Moreno presentaron tres proyectos cada uno durante junio.

Fuente: Diputados Bonaerenses

La Libertad Avanza presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para reducir de 25 a 18 años la edad mínima requerida para ser concejal en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. La propuesta fue impulsada por el diputado provincial Pablo Morillo y respaldada por el presidente del partido en territorio bonaerense, Sebastián Pareja.

La iniciativa plantea una modificación de la Ley 14.523 para adecuar los requisitos de elegibilidad a la mayoría de edad vigente. De aprobarse, podrán postularse como concejales todos los ciudadanos mayores de 18 años que acrediten al menos un año de residencia en el distrito donde se presenten.

“Si a los 18 años un joven puede votar, trabajar, estudiar, emprender y pagar impuestos, también tiene que tener la posibilidad de ser elegido en su distrito”, sostuvo Pareja, quien afirmó que el proyecto busca ampliar la participación política y eliminar una restricción que considera desactualizada.

Desde el espacio libertario remarcaron que la propuesta no garantiza cargos ni establece privilegios, sino que amplía los derechos políticos de los jóvenes y permite que los vecinos puedan elegir candidatos de menor edad si consideran que están capacitados para representarlos.

El proyecto también señala diferencias dentro del sistema institucional bonaerense, ya que actualmente se exige tener 25 años para ser concejal, 22 para acceder a una banca en la Legislatura provincial y apenas 18 para integrar un Consejo Escolar. La iniciativa retoma un debate que ya había sido impulsado sin éxito en 2020 por legisladores de Juntos por el Cambio.

Fuente: Dib

La propuesta busca modificar la Ley Impositiva bonaerense para eximir temporalmente del tributo a quienes refinancien consumos con tarjeta de crédito. Según argumentó la legisladora, el impuesto encarece el financiamiento y profundiza las dificultades económicas de miles de familias que utilizan esta herramienta para llegar a fin de mes.

La iniciativa incorpora un artículo 46 bis a la Ley Impositiva N° 15.588 y establece que los usuarios que opten por abonar el pago mínimo y refinanciar el saldo restante no deberán afrontar el Impuesto de Sellos durante un período de un año.

Actualmente, la Provincia de Buenos Aires aplica una alícuota del 1,2% sobre los resúmenes de tarjetas de crédito y compra, gravamen que forma parte del esquema de recaudación tributaria provincial. Para Blanco, este costo adicional impacta especialmente sobre quienes ya atraviesan situaciones de endeudamiento.

"Muchas personas recurren a las tarjetas para solventar gastos corrientes y enfrentan crecientes dificultades para cumplir con los pagos", sostuvo la diputada en los fundamentos del proyecto. En ese sentido, consideró que la eliminación temporal del impuesto permitiría reducir el costo total de la refinanciación y otorgar un margen financiero adicional a los consumidores.

La legisladora también advirtió que el tributo contribuye a generar un círculo de endeudamiento creciente, ya que incrementa los costos asociados a la financiación de consumos. Por ello, señaló que una política de alivio fiscal podría aportar mayor previsibilidad a la economía de los hogares bonaerenses.

En los fundamentos de la iniciativa, Blanco sostuvo además que la capacidad recaudatoria del Estado no debería apoyarse en una mayor presión sobre los contribuyentes y planteó que el eventual costo fiscal de la medida podría compensarse mediante otros recursos tributarios provinciales.

El debate sobre el Impuesto de Sellos también llegó a otros bloques legislativos. Semanas atrás, diputados de La Libertad Avanza presentaron proyectos para eliminar el gravamen en operaciones vinculadas a inmuebles, automotores y tarjetas de crédito. Según datos citados en esas iniciativas, durante el primer trimestre de 2026 la Provincia recaudó alrededor de 400.000 millones de pesos por este concepto.

Fuente: Diputados bonaerenses

La senadora bonaerense de Fuerza Patria, Mónica Macha, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia nacional por violencia de género, en medio de la conmoción generada por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

La iniciativa propone que el Estado nacional implemente medidas excepcionales destinadas a fortalecer las políticas de prevención, asistencia y acompañamiento para mujeres, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de violencia.

Al fundamentar el proyecto, Macha señaló que los recientes femicidios de Agostina Vega, de la misionera Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, y de Noelia Carolina Rivero, de 30 años y asesinada en Temperley, reflejan una problemática que requiere respuestas urgentes.

"Estos crímenes generan una profunda conmoción pública y renuevan el reclamo social por mayores mecanismos de prevención, protección y acompañamiento", sostuvo la legisladora.

En ese sentido, advirtió que la violencia de género continúa registrando niveles alarmantes en el país y consideró que los casos no constituyen hechos aislados, sino la manifestación de una problemática estructural.

Entre los fundamentos del proyecto, Macha citó datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, que reportó 247 víctimas letales de violencia de género durante 2024. De ese total, 228 correspondieron a femicidios directos y 19 a femicidios vinculados.

La senadora también cuestionó las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y afirmó que el recorte de programas y organismos vinculados a la temática debilitó la capacidad estatal para prevenir y asistir a las víctimas.

Por último, sostuvo que la declaración de emergencia permitiría reforzar dispositivos de acompañamiento, garantizar recursos para las áreas especializadas y promover campañas de prevención en todo el país. "La situación actual exige fortalecer los mecanismos de protección para mujeres, niñas y adolescentes en situación de riesgo", concluyó.

Fuente: Diputados Bonaerenses

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires prorrogó nuevamente la suspensión de la resolución 246/18, una normativa impulsada durante la gestión de María Eugenia Vidal que establecía criterios para la aplicación de agroquímicos y que generó cuestionamientos por parte de organizaciones ambientalistas.

La decisión fue oficializada mediante una resolución del Ministerio de Desarrollo Agrario y extiende por 120 días más la suspensión que permanece vigente desde 2019. De esta manera, la administración de Axel Kicillof suma una nueva prórroga mientras avanza en la elaboración de un marco regulatorio definitivo para las fumigaciones en territorio bonaerense.

La Provincia busca avanzar en herramientas de control y monitoreo.

Desde la cartera que conduce Javier Rodríguez indicaron que durante este período continuarán los trabajos vinculados al Sistema de Gestión Integral de la Receta Agronómica Obligatoria (Sigirao), además de la elaboración de protocolos específicos para aplicaciones en zonas de amortiguamiento y áreas consideradas sensibles.

También se profundizarán las tareas relacionadas con un sistema de georreferenciación que permita identificar las restricciones vigentes para el uso de agroquímicos en cada municipio bonaerense.

La resolución original había generado fuertes críticas por parte de sectores ambientalistas.

La normativa aprobada en 2018 no fijaba distancias mínimas para las fumigaciones cerca de zonas pobladas y limitaba las restricciones en inmediaciones de establecimientos educativos principalmente al horario escolar. Esa situación motivó cuestionamientos de organizaciones sociales y ambientales.

Ante ese escenario, la propia gestión de Vidal suspendió su aplicación en febrero de 2019, poco antes de su entrada en vigencia, y anunció la elaboración de un nuevo protocolo.

Desde entonces, la administración provincial mantiene congelada la medida mientras analiza alternativas que permitan compatibilizar la actividad agropecuaria con criterios de protección ambiental y resguardo de la salud pública.

El debate sigue abierto en distintos municipios bonaerenses.

La Provincia recordó que continúa el trabajo conjunto con gobiernos locales para relevar ordenanzas vigentes, capacidades de fiscalización y antecedentes judiciales vinculados al uso de fitosanitarios. Además, sigue funcionando el Observatorio Técnico de Agroquímicos, creado en 2020 para recopilar información científica y técnica sobre la aplicación de estos productos.

Fuente: Diputados bonaerenses

La diputada bonaerense de Fuerza Patria, Lucía Iañez, presentó un proyecto en la Legislatura para reconocer al Teatro Municipal Coliseo Podestá en el marco de su 140° aniversario, que se celebrará el próximo 19 de noviembre.

La iniciativa busca que la Cámara de Diputados exprese su beneplácito por la trayectoria del histórico teatro platense y destaque su valor patrimonial, cultural y arquitectónico dentro de la provincia de Buenos Aires.

“El Coliseo Podestá representa una parte fundamental de la historia cultural bonaerense”, sostuvo Iañez en los fundamentos del proyecto.

La legisladora repasó la historia del edificio ubicado sobre calle 10 entre 46 y 47, en pleno centro de La Plata. El espacio fue inaugurado en 1886 bajo el nombre de “Politeama Olimpo”, apenas seis años después de la fundación de la capital bonaerense.

Según detalló el proyecto, el inmueble fue diseñado por el arquitecto uruguayo Carlos Zenhdorf y construido casi en su totalidad con materiales nacionales, aunque parte de la estructura incorporó madera de Canadá y elementos importados desde Europa.

En 1897, la compañía circense Scotti-Podestá adquirió el edificio y lo transformó en un teatro-circo. El lugar contaba con un amplio vestíbulo, hotel para artistas y una innovadora pista central adaptable para espectáculos teatrales y circenses.

“El sistema de suelo movible fue considerado una innovación para la época”, destacó la diputada bonaerense.

El proyecto también recordó que en 1913 José “Pepe” Podestá compró gran parte del inmueble y rebautizó el espacio como Coliseo Podestá, en homenaje a su padre. A partir de entonces, comenzó una profunda remodelación que convirtió al lugar en una tradicional sala teatral.

Por el emblemático escenario pasaron figuras históricas de la cultura nacional e internacional como Margarita Xirgu, Arthur Rubinstein, Lola Membrives y el propio José Podestá, creador de “Juan Moreira”.

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En el tramo final del proyecto, Iañez también repasó el deterioro que atravesó el edificio tras la muerte de Podestá y destacó el proceso de recuperación impulsado desde la municipalización del espacio en 1981.

La reapertura definitiva del teatro se concretó en 1986, coincidiendo con el centenario del edificio. Un año después, la Provincia de Buenos Aires lo declaró monumento histórico mediante la Ley 10.514, incorporándolo oficialmente al patrimonio cultural bonaerense.

Fuente: Diputados bonaerenses

La iniciativa surge luego de las negociaciones que se dieron a fines del año pasado por el Presupuesto 2026, donde los cargos en ese organismo fueron parte de acuerdos entre oficialismo y oposición. De los diez lugares disponibles, varios quedaron en manos de dirigentes políticos además de representantes sindicales.

Frente a ese escenario, Ontiveros propone modificar la ley vigente para exigir mayores condiciones de idoneidad a quienes aspiren a ocupar esos puestos. Entre los requisitos, plantea que los candidatos tengan formación universitaria vinculada al área, experiencia en el sistema educativo o en gestión pública y una trayectoria comprobable en el sector.

Además, el proyecto incorpora una instancia de audiencia pública previa a la designación. Allí, los postulantes deberían exponer su trayectoria y propuestas ante legisladores, con el objetivo de transparentar el proceso.

Según el legislador, la intención es reducir la discrecionalidad en los nombramientos y garantizar que quienes tomen decisiones sobre políticas educativas cuenten con el perfil adecuado.

La propuesta también incluye criterios específicos para los representantes docentes, como años mínimos de antigüedad, calificaciones positivas y ausencia de sanciones graves.

En síntesis, el proyecto apunta a poner más foco en la preparación y experiencia de los integrantes del Consejo, en un organismo clave para definir contenidos, programas y lineamientos del sistema educativo provincial.

Fuente: Diputados bonaerense

En la Legislatura bonaerense se propuso crear un marco regulatorio integral para la actividad de los cuidadores domiciliarios, con el objetivo de formalizar el sector y fijar criterios mínimos de calidad en las prestaciones.

La iniciativa, impulsada por el diputado Martín Rozas (Unión, Renovación y Fe), plantea ordenar una actividad extendida dentro del sistema de salud que, hasta el momento, carece de una normativa específica en la provincia de Buenos Aires.

El texto define a los cuidadores domiciliarios como trabajadores que brindan asistencia socio-sanitaria de baja complejidad a personas en situación de dependencia, entre ellas adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas o personas con discapacidad. En ese sentido, el proyecto subraya la necesidad de diferenciar esta tarea de otros regímenes laborales, como el de casas particulares, debido a la especificidad de sus funciones.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación de un Registro Provincial Único, de carácter público y obligatorio, que concentre la información de los trabajadores habilitados. La inscripción otorgaría una matrícula personal e intransferible y permitiría actualizar datos de manera periódica.

Para incorporarse al registro, se establecen requisitos como ser mayor de edad, no contar con antecedentes penales, acreditar formación específica y presentar aptitudes psicofísicas certificadas. Además, el proyecto fija la obligación de registrar a los cuidadores tanto para los trabajadores como para quienes contraten el servicio, con el fin de reducir la informalidad.

En cuanto a las funciones, la iniciativa delimita tareas vinculadas a la asistencia cotidiana: higiene personal, alimentación, administración de medicación bajo indicación profesional y acompañamiento en actividades recreativas. También establece la responsabilidad de informar a las familias sobre cambios en el estado de salud de las personas asistidas.

El proyecto incorpora, además, una serie de derechos para los trabajadores, entre ellos la posibilidad de rechazar tareas que excedan su rol y el acceso a condiciones laborales adecuadas desde el punto de vista físico, psíquico y emocional. Asimismo, contempla honorarios acordes a la actividad, en línea con los valores de referencia de obras sociales y empresas de medicina prepaga.

En relación con el sistema de salud, la propuesta prevé que organismos como el IOMA y las prepagas contraten exclusivamente a cuidadores inscriptos en el registro, con el objetivo de garantizar estándares homogéneos y avanzar en la formalización del sector.

El proyecto también alcanza a cooperativas de trabajo y reconoce formas autogestionadas de organización laboral. Según sus fundamentos, busca “jerarquizar la actividad y establecer un piso de derechos” para quienes la ejercen.

La iniciativa retoma antecedentes legislativos en la provincia, entre ellos un proyecto similar que obtuvo media sanción en 2019, orientado también a crear un registro único y relevar la situación de los trabajadores del sector.

Fuente: Diputados bonaerenses

La Cámara de Diputados bonaerense reconoció este miércoles a los marplatenses Agustín Bertolotto y Ángelo Fregonese, integrantes del Seleccionado Argentino de Básquet para atletas con síndrome de Down, en un acto encabezado por autoridades legislativas provinciales.

El homenaje fue encabezado por el presidente de la Cámara baja, Alejandro Dichiara; el vicepresidente Alexis Guerrera; y el titular del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena. Durante la visita, los deportistas recorrieron el recinto y recibieron medallas en reconocimiento a su trayectoria, esfuerzo y constancia.

Bertolotto y Fregonese integraron en junio de 2025 el plantel argentino que se consagró subcampeón mundial en Italia, en un torneo en el que la Selección logró imponerse ante potencias como Estados Unidos, Finlandia y Turquía.

Además, ambos volvieron a ser convocados por la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down para disputar el Mundial 2026, que se jugará entre el 14 y el 20 de junio en la ciudad húngara de Körmend.

Los dos deportistas desarrollan su carrera en Mar del Plata: Fregonese tiene vínculo con Peñarol, mientras que Bertolotto se formó en Quilmes. En el acto, ambos agradecieron el reconocimiento y expresaron su ilusión de conseguir el título en la próxima cita internacional. “Vamos a traer la copa a la Argentina”, señalaron.

Durante la actividad también participaron legisladores de distintos espacios políticos, entre ellos Silvina Vaccarezza, Romina Braga, Marcela Basualdo, Martín Rozas y la senadora Nerina Neumann.

En ese marco, Garciarena también destacó dos iniciativas legislativas recientes vinculadas al síndrome de Down. Una propone la adhesión a la Ley Nacional 27.716, orientada a garantizar contención y acompañamiento integral ante diagnósticos prenatales o neonatales, y la otra apunta a promover la inclusión plena de las personas con síndrome de Down en todos los ámbitos de la vida social.

El legislador sostuvo que la provincia de Buenos Aires aún no cuenta con una ley específica sobre la materia y remarcó que ambas propuestas buscan avanzar en políticas públicas con enfoque de derechos.

Fuente: Diputados bonaerenses

La comisión, según el proyecto ingresado el 14 de marzo, estaría integrada por 6 senadores y 6 diputados en proporción a la representación política de cada cámara. Tendría competencia sobre las concesionarias de energía eléctrica, agua potable, gas, transporte público y telecomunicaciones, y la obligación de elevar al menos dos informes anuales al cuerpo legislativo.

Entre las facultades previstas, el proyecto le otorga al cuerpo poder para requerir documentación técnica, contable y contractual; convocar a audiencias a funcionarios y directivos de las empresas; y coordinar acciones con organismos de control provinciales y municipales.

Leguizamón fundamentó la propuesta en lo que describió como "una crisis estructural" en la prestación de servicios, con cortes recurrentes e infraestructura obsoleta. En febrero había presentado un pedido de interpelación para el titular del Organismo de Control de la Energía Eléctrica (OCEBA), Diego Leandro Rozengardt, por los cortes en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El proyecto no cuenta aún con fecha de tratamiento en comisión.

Fuente: Diputados bonaerenses

El proyecto establece una edad mínima de 13 años para la creación y mantenimiento de cuentas en redes sociales y aclara que no se admitirán excepciones por consentimiento parental. 

Según el texto, el diseño algorítmico de estas plataformas está orientado a maximizar el tiempo de permanencia y no distingue entre audiencias adultas y menores, lo que expone a los chicos a riesgos en etapas clave de su desarrollo emocional.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que la responsabilidad recaiga en las empresas dueñas de las plataformas y no en las familias ni en los propios menores. En ese sentido, el proyecto señala que “en ningún caso podrá penalizarse a los menores o a sus padres”, mientras que las compañías deberán implementar mecanismos efectivos de verificación de edad para impedir el acceso de usuarios menores de 13 años.

En los fundamentos, Cuervo advierte sobre los riesgos del uso temprano de redes sociales, como la exposición a contenidos inapropiados, el aumento de la ansiedad, los problemas de autoestima, las dificultades de concentración y rendimiento escolar, además de situaciones de grooming y violencia digital.

Para respaldar la propuesta, el legislador cita datos del estudio Kids Online Argentina, elaborado por UNICEF y UNESCO, que revela que el 95% de chicos y chicas de entre 9 y 17 años tiene acceso a un celular con internet y que el primer contacto con un dispositivo inteligente se produce, en promedio, antes de los 10 años.

El diputado bonaerense de La Libertad Avanza Luis Ontiveros presentó un pedido de informes en la Legislatura para que el gobierno de Axel Kicillof detalle la ejecución del programa Escuelas Abiertas en Verano, la iniciativa provincial que funciona durante enero como colonia de vacaciones para niños y adolescentes en edad escolar.

El programa, coordinado por la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, ofrece actividades recreativas, deportivas y culturales, además de alimentación diaria para los participantes.

Ontiveros solicitó información precisa sobre los fondos transferidos a cada Consejo Escolar, los criterios de asignación y la distribución del dinero entre las escuelas que actúan como sedes. También pidió conocer los cupos del Servicio Alimentario Escolar, la asistencia diaria registrada, los cupos autorizados por establecimiento y los procedimientos para la devolución de alimentos no utilizados cuando la asistencia resulta menor a la prevista.

“El objetivo es esclarecer el destino de los alimentos y mercadería no consumidos y verificar si existieron mecanismos formales de control para evitar usos indebidos”, sostuvo el legislador libertario.

El pedido de informes incluye además un relevamiento del personal docente y no docente asignado al programa, los inscriptos en el Espacio de Administración de Vacantes y si las escuelas contaron con planteles adecuados durante todo el período de funcionamiento.

Desde la Secretaría de Asuntos Docentes recordaron que para cubrir cargos en Escuelas Abiertas en Verano se requieren títulos específicos, como guardavidas o docente de Educación Física, inscripción en listas de emergencia y antecedentes laborales, entre otros requisitos.

El pasado 12 de enero, Kicillof encabezó el lanzamiento oficial del programa 2026 en General Alvarado, donde destacó que la iniciativa alcanza a más de 223 mil chicos y jóvenes y cuenta con 1.724 sedes en los 135 municipios bonaerenses.

“Es una política pública gratuita que permite a las familias acceder a una colonia de verano mientras continúan con sus actividades laborales, producto de una inversión importante del Estado provincial”, remarcó el gobernador.

Fuente: Diputados bonaerenses

 El jefe de la bancada de diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, afirmó que Uruguay es “una provincia nuestra” y sugirió que, en el futuro, podría ser anexada por la Argentina como parte de un supuesto “imperio”. Las declaraciones, realizadas a través de redes sociales, generaron una inmediata polémica por su tono provocador y su impacto en la política regional.

El episodio se desató a partir de un cruce con Emiliano Brancciari, líder de la banda No Te Va Gustar, quien había publicado una imagen de un tatuaje del pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo acompañado por un mensaje contra el negacionismo. Romo, al suponer que el músico era uruguayo, respondió con una frase que encendió la controversia.

“Lo bueno es que se reconocen una provincia nuestra, tema a solucionar en el futuro, con el avance del Glorioso Imperio Argentino”, escribió el legislador libertario en su cuenta de X, en un mensaje que rápidamente se viralizó y fue cuestionado tanto por dirigentes opositores como por usuarios en redes sociales.

Más tarde, al ser corregido sobre el origen de Brancciari, nacido en Argentina y luego nacionalizado uruguayo, Romo no dio marcha atrás y redobló la apuesta: “Bueno, la banda es de la provincia de Uruguay”, insistió, reforzando el tono irónico y confrontativo de sus declaraciones.

Las expresiones del diputado se inscriben en un discurso recurrente dentro de sectores libertarios en redes sociales, que apelan a la idea de la Argentina como un “imperio” y encuentran eco en la política expansionista que impulsa el presidente estadounidense Donald Trump. Romo es, además, un seguidor declarado de esa línea internacional y del alineamiento sin matices del presidente argentino Javier Milei con Washington.

Fuente: Dib

La causa judicial que sacude a la Legislatura bonaerense sumó en las últimas horas un nuevo y grave capítulo. La fiscal Ana Claudia Roche resolvió ampliar las imputaciones contra Nicolás Rodríguez y su pareja, Daniela Silva Muñoz, ambos empleados del Senado bonaerense, quienes permanecen detenidos y son acusados de liderar una estructura de características sectarias dentro del ámbito legislativo.

La decisión se tomó luego de que dos nuevas víctimas prestaran declaración, aportando testimonios que describen abusos sexuales reiterados y prácticas de sometimiento físico y psicológico. Según trascendió, los nuevos elementos probatorios indican que los hechos no solo habrían ocurrido en ámbitos privados, sino también en despachos de la Cámara Alta, en pleno centro de La Plata.

De acuerdo con fuentes judiciales, la fiscalía analiza ahora si existió una red de encubrimiento que involucró a funcionarios de mayor jerarquía, a partir de los lugares donde se habrían cometido algunos de los abusos y del acceso institucional de los imputados.

El dictamen judicial sostiene que las víctimas eran captadas mediante un ardid de tipo “guía espiritual” o “mesiánico”, para luego ser sometidas a vejaciones físicas y abusos sexuales. En ese marco, resultaron claves las pruebas obtenidas de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, que permitieron avanzar en la ampliación de la acusación.

Respecto del rol de Silva Muñoz, la imputación señala que lejos de proteger a las integrantes del grupo, cumplía una función activa en la captación y el sometimiento psicológico de las jóvenes. La Justicia remarcó que su participación fue necesaria para sostener el entramado de abusos.

Actualmente, el expediente reconoce cuatro víctimas formalmente identificadas —dos en una causa iniciada en 2019 y otras dos incorporadas en 2025—, aunque los investigadores estiman que el número real de mujeres atacadas podría ser mayor. Los hechos fueron encuadrados como abuso sexual con acceso carnal agravado por el daño en la salud mental, privación ilegal de la libertad y violación de domicilio.

Los testimonios coinciden en la existencia de rituales de castigo físico, como laceraciones y caminatas sobre fuego, que tenían como objetivo anular la voluntad de las víctimas. En esa línea, la investigación profundiza ahora sobre la posible responsabilidad de otros niveles del Senado bonaerense.

Según consta en la causa, los primeros episodios denunciados se remontan a 2015, cuando una joven de 18 años fue contactada por Rodríguez en ámbitos académicos y políticos bajo la promesa de una pasantía. A partir de 2016 y 2017, los abusos se habrían vuelto sistemáticos, con la consolidación de una presunta organización denominada “Orden de la Luz”.

Dentro de esa estructura, Rodríguez era presentado como una figura con rasgos sobrenaturales, bajo el nombre de “KIEI”, mientras que Silva Muñoz actuaba como guía espiritual o “sensei”. Las víctimas relataron controles permanentes, amenazas y comunicaciones con lenguaje codificado, lo que, para la Justicia, refuerza la hipótesis de una organización planificada y no de hechos aislados.

La causa continúa en plena etapa investigativa y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avancen las pericias y se incorporen más testimonios.

Fuente: DIB

En el marco del cierre del año legislativo y la reciente aprobación del Presupuesto 2026, el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires enfrenta un fuerte cuestionamiento por la situación de su personal. La gestión de Axel Kicillof es señalada por mantener bajo condiciones de informalidad a miles de profesionales que fueron la primera línea de defensa durante la crisis sanitaria del coronavirus y que hoy exigen estabilidad laboral.

La exdiputada Laura Cano, del Frente de Izquierda, presentó un pedido de informes exigiendo que el Ministerio de Salud, dirigido por Nicolás Kreplak, detalle la situación de los becarios. La iniciativa busca transparentar cuántos trabajadores ingresaron desde 2020, qué funciones cumplen y por qué miles de ellos aún no han sido efectivizados en la planta permanente de los hospitales públicos bonaerenses.

La denuncia principal sostiene que existen más de 20.000 becarios que perciben salarios cercanos a los $550.000, sin realizar aportes jubilatorios ni percibir aguinaldo. Cano advirtió que muchos de estos profesionales superan los 50 años y, al no ser traspasados a la planta estatal, se les niega sistemáticamente el derecho a una futura jubilación pese a su dedicación en el sector público.

El cuerpo del proyecto resalta que estos trabajadores cumplen las mismas tareas y responsabilidades que el personal de planta, pero bajo una relación laboral "inaceptable". Según los fundamentos presentados en la Legislatura, esta precarización afecta la calidad del servicio sanitario y genera un malestar creciente en hospitales emblemáticos, como el Cestino de Ensenada, donde la propia Cano ejerce como médica.

Durante el debate presupuestario, la dirigente de Izquierda calificó la proyección económica de Kicillof para 2026 como un "plan de ajuste". Aseguró que las partidas destinadas a salud, educación y vivienda no compensan la inflación acumulada, lo que profundiza la crisis de los acompañantes terapéuticos y otros sectores que quedan fuera del acompañamiento profesional del Estado.

Por su parte, el personal hospitalario precarizado emitió un comunicado denunciando que llevan cinco años padeciendo inestabilidad laboral. Los trabajadores reclaman que, tras haber sostenido el sistema en los momentos más críticos de la pandemia, el Gobierno provincial debe dar una respuesta urgente para garantizar condiciones dignas de contratación y el respeto a sus derechos básicos.

Fuente: Dib