A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, tribunales de todo el país dictaron 361 sentencias por crímenes de lesa humanidad desde 2006, con 1231 personas condenadas y 250 absueltas, según un relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

En la actualidad, se desarrollan 12 juicios en distintas jurisdicciones, mientras que otras 282 causas permanecen en etapa de investigación preliminar.

De acuerdo con el informe, hay 504 personas detenidas por estos delitos, de las cuales 425 cumplen prisión domiciliaria. En tanto, 61 se encuentran alojadas en la Unidad Penitenciaria N°34 de Campo de Mayo y 18 en otros establecimientos carcelarios.

El relevamiento también indica que 1582 personas investigadas permanecen en libertad. En este sentido, se destaca que en 2026 la brecha entre detenidos y personas libres alcanza su punto más alto desde 2015, como consecuencia de una sostenida disminución en la cantidad de personas privadas de la libertad.

En cuanto al estado de las causas, tanto en los expedientes en investigación como en los que se encuentran en instancia de debate, se contabilizan 292 personas procesadas. Además, hay 517 imputados por fiscales que aún no fueron indagados y otras 76 personas que ya prestaron declaración y aguardan la resolución de su situación procesal.

Finalmente, el número de prófugos se mantiene estable, con un total de 33 personas en esa condición.

Fuente: con información de Fiscales.gob.ar

El Ministerio Público Fiscal (MPF) concluyó el viernes pasado el alegato del juicio que tiene a 35 imputados -ex integrantes de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad y un civil-, acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en las ciudades y localidades del centro de la provincia de Buenos Aires que conformaron la Subzona Militar 12. En el petitorio, el fiscal Santiago Eyherabide, acompañado de los auxiliares fiscales María Eugenia Montero y Julio Darmandrail, pidió penas de prisión perpetua para once acusados, y penas de entre 20 años y 3 años de cárcel para otros 20 acusados. En relación a cuatro imputados, solicitó la absolución.

A este debate, iniciado el 25 de febrero de 2022, llegaron por primera vez 173 casos de víctimas que nunca habían sido juzgados y que fueron reconstruidos a partir de las pruebas incorporadas y los 200 testimonios escuchados en dos años y medio, a lo largo de 67 audiencias.

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, integrado para el este juicio por los jueces Nicolás Toselli, Fernando Machado Pelloni y Luis Imas, cuenta con la actuación como cuarta jueza de Sabrina Namer.

El alegato del MPF se había iniciado en septiembre pasado, y la última audiencia culminó con las responsabilidades de cada imputado de acuerdo con los desempeños funcionales, sus propias declaraciones, documentos incorporados y testimonios oídos durante el debate.

Luego, se analizó la calificación penal de los hechos juzgados. “Como podrá el tribunal advertir, a partir del análisis fáctico que este Ministerio Público ha desarrollado, se encuentra acreditado que los hechos ocurrieron en el contexto de una actuación organizada dirigida contra la población”, sostuvo el MPF, que añadió que “son reflejo de situaciones que han sido objeto de otras sentencias confirmadas por instancias superiores, pero también han sido materia de consideración y estudio por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“Todos y cada uno de los crímenes aquí juzgados revisten la cualidad de ser delitos contra la humanidad y, como tales, imprescriptibles”, remarcó la fiscalía.

Previo a enumerar el encuadre legal de cada hecho, desde el MPF sostuvieron: “Ha pasado mucho tiempo, pero debe tenerse siempre presente la reivindicación irrenunciable como Estado de Derecho que estos juicios significan”.

Durante el debate, se abordaron casos de privaciones ilegítimas de la libertad, a través de allanamientos ilegales en las viviendas de las víctimas y/o sus lugares de trabajo, que muchas veces incluyeron robos. En esos secuestros nocturnos y de acuerdo al testimonio de sobrevivientes y familiares, nunca se les informaron las causas de las detenciones, tampoco si contaban con órdenes judiciales, ni les permitieron avisar a un abogado.

De acuerdo a la acusación fiscal, a ello se suma “la clandestinidad de los centros y lugares de detención donde las víctimas padecieron su secuestro, la violencia implícita en los tratos degradantes recibidos allí, que se añaden a los padecidos generalmente durante la aprehensión, así como las horrendas condiciones de cautiverio, todo lo cual conforma un cuadro fáctico que determina la agravante de violencia y amenazas”.

También se relató el encuadre legal de los tormentos, y los homicidios agravados de Pedro Mazzocchi, Daniel Reynaldo Medina, Carlos Moreno, Carlos Alberto Labolita, Alfredo Thomas, José Luis Musmeci, Norma Raggio y Raúl Balbuena.

“En relación a aquellos casos en los que aparecieran los cadáveres, al tratar cada caso se han descrito las circunstancias que permiten tener por acreditado que las muertes violentas sufridas por cada víctima resultan atribuibles al accionar doloso de sus captores. Asimismo, en los casos en los que no han aparecido los cuerpos de aquellos detenidos-desaparecidos, entendemos que de la prueba analizada puede sostenerse, sin temor a equivocación, que a más de 45 años de ocurridos los hechos que damnificaran a las víctimas, sin que medie ningún tipo de noticias acerca de su paradero, implican que su destino final no puede ser otro que su eliminación física”, relató la fiscalía.

A su vez, también se les dio el encuadre legal a dos casos de violaciones agravadas por la calidad de encargado de la guarda de la víctima, y por el uso de la fuerza e intimidación. “Las dos mujeres padecieron privaciones abusivas de la libertad y tormentos agravados por su condición de perseguidas políticas. Las torturas que sufrieran, como ya se explicara, no fueron sólo físicas, sino también psíquicas. En ese mismo contexto fueron víctimas de ataques sexuales, que resultaron particularmente graves”, sostuvo Montero.

Y agregó: “En el marco de la comisión de una violación sexual no sólo estará en condiciones de ser autor quien acceda carnalmente a la víctima, sino también quien ejerza fuerza sobre ella, quien emita la orden de llevar adelante ese abuso sexual, quien sea responsable del funcionamiento del centro clandestino de detención donde se comete el crimen o todo aquel que realice un aporte cuya magnitud sea el motivo para afirmar su incidencia determinante en la configuración final del hecho”.

“Todos y cada uno de los crímenes aquí juzgados revisten la cualidad de ser delitos contra la humanidad y, como tales, imprescriptibles”, remarcó la fiscalía en la última jornada de su alegato.

La Fiscalía recordó que, si bien los imputados tienen en la actualidad una edad avanzada, los hechos que están siendo juzgados se cometieron cuando tenían entre 23 y 40 años, la mayoría de ellos.

Con relación al imputado Julio Méndez, único civil que ha llegado a esta instancia, se merituó que su adhesión al plan criminal no surge de un deber normativo ni de la pertenencia a un aparato organizado de poder. “No puede aducir un orden jerárquico, sino que más bien se trata de una colaboración deseada para la ejecución del hecho”, explicaron desde el MPF.

En cuanto al detalle de los pedidos de pena, se indicó que se exigió prisión perpetua para Osvaldo Héctor Repetto, Héctor Martínez Salgado, Román Valdecantos (pedido de unificar otra condena de 15 años de prisión), Martín Carlos Luzuriaga, Roberto Jorge Casares (pedido para unificar con sentencia a perpetua dictada en Monte Peloni 2), Alejandro Guillermo Duret (pedido de unificar otra condena de 15 años de prisión), Luis Ignacio Gómez Centurión, Raúl Andrés Ara, Ricardo Edmundo Arce, Gustavo José Caceres y Daniel Alfredo Ceresoli.

Juan Manuel Durante (20 años de prisión), Edgardo Mariano Viviani (16 años de prisión), Julio César Tula (14 años de prisión), José Luis Álvarez y Guillermo Prieto (12 años de prisión), Julio Manuel Méndez (10 años de prisión), Héctor Alberto Mangudo, Eduardo Augusto Samyn y Horacio Ricardo Barriola (8 años y 6 meses de prisión), Luis Ernesto Benítez y Néstor Omar Vapore (8 años de prisión), Jorge Aníbal Tolosa (6 años y 6 meses de prisión), Américo Fernando Ferrer (5 años y 6 meses de prisión).

También Alberto Joaquín Monge (5 años de prisión), Juan Manuel Miller (4 años y 6 meses de prisión), José María Bruzzone y Miguel Ángel Buezas (4 años y 4 meses de prisión), Héctor Rubén Rinaldi (4 años de prisión), Enrique Carlos Vitale (3 años y 8 meses de prisión), Jorge Pedro Cinalli (3 años y 4 meses de prisión), Raúl Omar Carlucho, Francisco Oscar Sarmiento, Norberto Luis Ferreras y Pedro Juan Aguirre (absoluciones).

Fuente: Fiscales.gob.ar

El militar retirado Ernesto Guillermo Villarruel, tío de la vicepresidenta Victoria Villarruel, murió este martes a los 80 años. Fue acusado por delitos de lesa humanidad en el marco de la causa de los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención El Vesubio durante la última dictadura militar.

Ernesto era el hermano del coronel retirado Eduardo Marcelo Villarruel, padre de la titular del Senado y quien participó del Operativo Independencia, lanzado en 1975 por el Gobierno de Isabel de Perón.

Durante la última dictadura militar, el tío de la vicepresidenta se desempeñó como jefe de División II de Inteligencia del Regimiento de Infantería 3 de La Tablada y tenía su propia oficina en El Vesubio, que estaba ubicado en La Matanza, provincia de Buenos Aires.

De esta manera, con la recuperación de la democracia y el inicio de la investigación para esclarecer lo sucedido durante el golpe de Estado, Ernesto Villarruel fue acusado por los delitos de privación ilegal de la libertad. Lo detuvieron en 2015 cuando fue a votar y fue procesado ese mismo año, pero el 29 de diciembre de 2016 el juez Daniel Rafecas lo declaró incapaz de intervenir en el juicio, debido a su estado de salud. Lo mismo sucedió con Serapio Eduardo del Río y Oscar Alberto Pichio, que fue excluido de la causa.

De esta manera, ocho de los once acusados inicialmente en la causa de El Vesubio fueron condenados. Se trata de Roberto Horacio Aguirre, Humberto Eduardo Cubas, Florencio Esteban Gonceski, Eduardo David Lugo, David Cabrera Rojo, Olegario Domínguez, Milciades Luis Domínguez y Hugo Roberto Rodríguez.

Victoria Villarruel durante un acto en conmemoración de las víctimas de terrorismo (Jaime Olivos)

En el marco de este expediente, algunas denuncias lo responsabilizaban también por ser uno de los actores clave detrás de la Masacre de Monte Grande, en la que 16 militantes de la Organización Comunista Poder Obrero fueron asesinados por el Ejército Argentino. Todos ellos estuvieron detenidos cerca de un mes en El Vesubio.

La noticia se conoció mientras la vicepresidenta se encuentra en España. En su primer viaje oficial desde que asumió el cargo, participó de una conferencia sobre terrorismo que organizó la ONU junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores español.

“Lamentablemente, mientras aquí estamos reunidos, observo con gran dolor que decenas de terroristas etarras gozarán de la disminución de sus penas gracias a los acuerdos políticos entre diversas fuerzas (...) Es un nuevo golpe a las víctimas del terrorismo”, afirmó Villarruel en su discurso pronunciado en Vitoria-Gasteiz, la capital de la comunidad autónoma del País Vasco.

La visita de la referente libertaria se dio en el marco de los intentos del Gobierno de España de incluir en una reforma de una ley orgánica un cambio legal que permitiría rebajar las penas a 44 etarras en prisión, de los que siete podrían incluso quedar en libertad en apenas unos meses.

En su alocución, la vicepresidenta afirmó: “Argentina, como España y otros países, hemos sufrido las acciones del terrorismo, caracterizadas fundamentalmente por las explosiones de bombas instaladas en lugares públicos, con la clara intención de provocar víctimas civiles y someter a la sociedad a un estado de terror e incertidumbre”. Y resaltó que “la finalidad en todos los casos es muy similar y es provocar cambios políticos de los gobiernos en determinada dirección o condicionar o impedir que los mismos puedan decidir libremente su rumbo”.

A su vez, Villarruel subrayó que “siempre existe un interés político detrás de todo atentado terrorista y debemos reconocer que hay grupos de poder y políticos que justifican al terrorismo” y advirtió que en Argentina “la impunidad del terrorismo lleva más de cuatro décadas de políticas estatales justificatorias de las acciones de organizaciones armadas responsables de miles de víctimas del terrorismo sin el reconocimiento de sus derechos humanos”.

“Sin embargo, esta larga historia de inequidad ha comenzado a cambiar. Pocos días atrás, en el Senado que presido, se promulgó la ley que reconoce una reparación para 13 asesinados y heridos por terroristas. Hace 49 años atrás. Lentamente, vamos a desandar la protección que los asesinos han gozado por parte del mismo Estado”, afirmó la vicepresidenta en el discurso.

Fuente: Infobae.

El Ministerio Público Fiscal inició el viernes pasado y continuará el alegato en el juicio a 35 imputados -exintegrantes de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad y un civil- acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en las ciudades y localidades del centro de la provincia de Buenos Aires que conformaron la Subzona militar 12. “De manera indiscutible se ha probado que los hechos materia de imputación están incluidos dentro de los crímenes cometidos por miembros del aparato estatal que actuaron durante el último gobierno de facto instaurado en nuestro país y que constituyen delitos de lesa humanidad, con las consecuencias jurídicas propias que esa categoría implica”, consideró el fiscal federal Santiago Eyherabide en el inicio de su exposición.

A este debate, presidido por los jueces Nicolás Toselli, Fernando Machado Pelloni y Luis Imas –y con la actuación como cuarta jueza de Sabrina Namer- llegaron por primera vez 173 casos de víctimas que nunca habían sido juzgados y que fueron reconstruidos a partir de las pruebas incorporadas y los 200 testimonios escuchados en dos años y medio, a lo largo de 67 audiencias.

El juicio, iniciado el 25 de febrero de 2022, tuvo inicialmente por objeto el análisis de los hechos que damnificaron a 191 víctimas, pero a esta altura del proceso el objeto se circunscribe a 138, luego de los fallecimientos e incapacidades sobrevinientes de 16 imputados. “De esta forma, 53 de esos casos quedaron sin responsables en juicio”, explicó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, representado por el fiscal Eyherabide y los auxiliares fiscales María Eugenia Montero y Julio Darmandrail.

En efecto, los 51 imputados originales que integraban la totalidad de los expedientes elevados se redujeron a 35 en este juicio. “Estas circunstancias otorgan especial trascendencia a la sentencia que los señores jueces han de dictar y nos ponen ante la verdadera magnitud de la represión estatal en jurisdicción de la Subzona 12”, sostuvo el fiscal.

El fiscal Eyherabide reparó particularmente en la situación provocada por la extinción de la acción penal -decretada el 6 de febrero pasado- por el fallecimiento del acusado Héctor Eduardo Bernadou, quien resultaba único imputado de una gran cantidad de casos sobre los cuales se produjo la prueba testimonial durante el debate. “Esta es una circunstancia que ha dejado a numerosas víctimas sin la posibilidad de que los responsables de los hechos que les tocó padecer lleguen a escuchar una sentencia”, sostuvo Eyherabide, y adelantó que, “como parte del derecho a la verdad y la reparación de las víctimas”, solicitará al tribunal expresamente que se expida sobre las materialidades de los hechos imputados a Bernardou -que tuvieron lugar en jurisdicción del área 121, en Tandil-, cuya prueba fue íntegramente producida.

"Esas víctimas que hoy son casi 50 años mayores que en aquel momento, viven esta instancia con una esperanza de justicia, tanto en un sentido reparador de su caso como en uno comunicativo que ayude a que el terrorismo de Estado no se repita”, sostuvo el fiscal Eyherabide.

El objeto del debate se fue ampliando desde el inicio, dado que se unificaron diversos tramos de la investigación, elevados por el Juzgado Federal de Azul, que tienen como denominador común hechos ocurridos en el ámbito territorial de la Subzona Militar 12. Si bien inicialmente la causa se abocaba al circuito represivo que operó en la ciudad de Tandil, se añadió el ámbito territorial de Azul y luego se acumularon al debate otros tramos de investigaciones que involucran hechos ocurridos en la ciudad de Olavarría, en Loma Negra y en sus alrededores. También se elevaron y unificaron tramos de causas que abordan hechos ocurridos en la jurisdicción territorial del Área Militar 125, que incluye los partidos bonaerenses de Las Flores, Lobos y Monte.

Inicialmente, el juicio fue conocido como “La Huerta”, en referencia al nombre de un centro clandestino de detención que funcionó en Tandil, pero las diferentes acumulaciones derivaron que el proceso se extendiera y actualmente se lo conozca coloquialmente como “Subzona 12”.

“Aquí –alegó el fiscal en la apertura de su exposición- se juzgan muchos hechos aberrantes, como torturas, homicidios, desapariciones y abusos sexuales. Pero también privaciones de libertad masivas que no tuvieron tormentos y duraron períodos inferiores a un mes, por los que sus víctimas albergan la ilusión de que se haga justicia con sus casos. Esas víctimas que hoy son casi 50 años mayores que en aquel momento, viven esta instancia con una esperanza de justicia, tanto en un sentido reparador de su caso como en uno comunicativo que ayude a que el terrorismo de Estado no se repita”.

En un detallado repaso, la fiscalía contextualizó el debate en el proceso de juzgamiento de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en toda la Argentina. En particular, repasó cuatro antecedentes con sentencia definitiva en los que se han juzgado fragmentos o segmentos completos, como en el caso de Olavarría, de los delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Subzona 12: la causa “Labolita”; el juicio “Moreno” y los dos tramos de “Monte Peloni”.

La fiscalía remarcó que el plan sistemático de persecución, tortura y aniquilamiento ya fue probado. “Ese plan, con esas características acreditadas, se implementó también extensamente en la Subzona 12; la dinámica de secuestros ilegales, torturas, ‘blanqueos’ y desapariciones, tuvo como escenario también los partidos del centro de la provincia de Buenos Aires, que integraron las jurisdicciones de las Áreas [militares] 121, 123, 124 y 125”, explicó el fiscal.

“Expresado en el lenguaje más sencillo posible: no puede pasar que el Estado secuestre, torture, asesine y desaparezca a sus habitantes” y que “no haya a dónde recurrir y que los perpetradores tengan asegurada impunidad”, subrayó la fiscalía.

Luego de repasar las modalidades represivas de cada área y localidad, Eyherabide mencionó que para la valoración de toda la prueba reunida durante el debate resulta “imprescindible situar a los hechos y a los responsables en el contexto geográfico, social y cultural, que debe funcionar como marco de apreciación para la tarea de juzgar con sana crítica”.

En este sentido, reparó en el nivel de autonomía, de decisión y de poder que los actores que están siendo juzgados tenían sobre los hechos que ocurrían bajo sus áreas y subzona; y, por otro lado, en el nivel de presencia y conocimiento que se tenía de ellos en estos pueblos o pequeñas ciudades.

Dentro de este análisis, habló de los prejuicios, el desprecio, el miedo a quedar ‘marcado’ y el temor posterior de las propias víctimas, cuando vieron que quienes cometieron delitos graves sobre ellas “se mostraban en la ciudad con total impunidad y pretensión de prestigio social”. “Además de seguir viendo a los victimarios, incluso tener que reportarse periódicamente ante ellos. Y, como en algún caso, ser allí abusadas sexualmente en esos controles”, reparó el MPF.

En la apertura del alegato, desde el MPF dejó planteado un interrogante: “¿Por qué nosotros, específicamente como sistema de justicia, estamos juzgando estos hechos a más de 45 años de su ocurrencia?”. Enseguida señaló: “Más allá del indudable interés que tiene en el debate público y político, que la ha atravesado [a la justicia] a lo largo de todos estos años desde muy variadas perspectivas, encierra factores esenciales de nuestro orden jurídico y constitucional”.

“Expresado en el lenguaje más sencillo posible: no puede pasar que el Estado secuestre, torture, asesine y desaparezca a sus habitantes” y que “no haya a dónde recurrir y que los perpetradores tengan asegurada impunidad”, subrayó.

Y agregó: “El sistema de justicia es convocado para dar respuesta al horror cometido, porque es una cuestión jurídica fundamental, concerniente a las normas constitutivas de nuestra república y de los derechos más básicos de los habitantes”.

En este sentido, sostuvo que es el ámbito del sistema de justicia donde ello debe dirimirse porque “es el conocimiento de los hechos el que echa por tierra absolutamente toda posibilidad de enmarcar el accionar que aquí juzgamos en un contexto de guerra como el que se intentó argumentar en las últimas audiencias del debate”.

Y lo evidenció: “¿De qué instrumento relativo a las reglas de la guerra podrían los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad extraer justificaciones para llevar a jóvenes que apenas si pasaban los 20 años a La Huerta o algún otro centro clandestino de detención y solo por lo que pensaban o les atribuían que pensaban, ponerlos en un elástico metálico para torturarlos desnudos con electricidad hasta el borde de la muerte".

"O asesinar a [al conscripto Pedro Luis] Mazzochi o a [el abogado Carlos] Moreno -continuó-, sólo por el impulso de salir corriendo para dejar atrás lo indecible que estaban viviendo. O desaparecer a [Daniel] Medina, [Norma] Raggio, [Alfredo] Thomas o a [José Luis] Musmesi, o abusar sexualmente a mujeres, secuestrar un padre para que entregue un hijo, o a [Jorge] Andreasen por simples rencores personales atribuyéndole cualquier falsedad y hacerlo que pase por ese mismo circuito de sufrimiento metódico?”.

“Todos los instrumentos internacionales concernientes a la guerra prohíben y repudian estas prácticas”, señaló, y sostuvo que esos son algunos ejemplos para ilustrar “por qué, incluso hasta hoy, estamos en este juicio”.

“Es el conocimiento de los hechos el que echa por tierra absolutamente toda posibilidad de enmarcar el accionar que aquí juzgamos en un contexto de guerra como el que se intentó argumentar en las últimas audiencias del debate” por parte de los acusados, marcó la fiscalía.

En el inicio del alegato Eyherabide y Montero describieron el andamiaje del ataque generalizado y sistemático contra la población civil, que –dijeron- fue acreditado desde la misma sentencia por la que fueron condenadas las juntas militares en 1985 en la causa 13/84 y que tuvo por fin el aniquilamiento de todo aquel que resultara “subversivo” o sospechoso de tal condición. “No ha sido discutido desde entonces que cada uno de los crímenes cometidos no fueron acciones individuales y aisladas; sino que todos esos crímenes fueron producto de un plan sistemático de represión Estatal”, sostuvo Montero.

Luego se se explayó sobre el circuito represivo en la órbita de la Subzona militar 12 y comenzó con la descripción de los casos ocurridos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en el area 121.

El fiscal explicó que los acusados se encuentran, esencialmente, bajo dos categorías diferentes de atribución de responsabilidad, aunque en algunos hechos concurran ambas cualidades respecto de algunos autores. Por un lado, están los autores mediatos o funcionales que integraron las estructuras a través de las cuales se trasmitieron las órdenes y se dispusieron las directivas para la ejecución de los operativos. En estos casos, no estamos en presencia de autores directos que hayan cometido los ilícitos de propia mano, aunque, en la mayoría de los casos, tampoco se trata de los jefes máximos de las fuerzas armadas en la jurisdicción, dado que no han llegado a estar en juicio a causa de su fallecimiento o de su incapacidad sobreviniente.

Agregó que la otra categoría de acusados en general está integrada por militares de menor rango y expolicías de la Policía de provincia de Buenos Aires que tuvieron una proximidad directa con los ilícitos y que han sido mencionados por las víctimas y otros testigos.

Por la Subzona Militar 12 se está juzgando a quienes integraban las planas mayores de las áreas 121, 123, 124 y 125: Osvaldo Héctor Repetto, Juan Manuel Durante, Martín Carlos Luzuriaga, Horacio Ricardo Barriola, Eduardo Augusto Samyn, Jorge Roberto Casares, Mariano Edgardo Viviani, Julio César Tula, Luis Ignacio Gómez Centurión y Alejandro Guillermo Duret.

También están siendo juzgados los jefes de las secciones Operaciones e Inteligencia de la Base Aérea Militar de Tandil, Román Valdecantos y Héctor Martínez Salgado, respectivamente.

Los acusados Luis Ernesto Benítez, Fernando Ferrer, Raúl Andrés Ara, Ricardo Edmundo Arce, Gustavo José Cáceres, Daniel Alfredo Ceresoli y Guillermo Prieto, que cumplieron funciones en el Ejército, están sindicados por su participación directa en alguno de los hechos que aborda el juicio.

En el mismo sentido, se inscriben las acusaciones contra los exmiembros de la Policía de la provincia de Buenos Aires que prestaron funciones en las comisarías de la zona donde se cometieron los hechos y que fueron señalados por las víctimas y/o por otros testigos como partícipes de los crímenes:

Respecto a doce acusados el tribunal declaró la extinción de la acción penal, dado que fallecieron durante el debate, y determinó la incapacidad sobreviniente, en los términos del artículo 77 del Código Procesal Penal de la Nación, respecto de otros cuatro.

Finalmente, en la primera jornada de alegato la fiscalía adelantó que retirará la acusación en relación a cuatro imputados: el exmilitar Francisco Oscar Sarmiento y los expolicías Raúl Omar Carlucho, Norberto Luis Ferreras y Pedro Juan Aguirre.

El Ministerio Público Fiscal -representado por el fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi y la titular de la Oficina de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de Mar del Plata, Laura Mazzaferri- pidió tres años de prisión para tres mujeres y un hombre, hijas e hijo del fallecido Leonardo Miguel Save, sindicado integrante de “la banda de Aníbal Gordon", una organización paramilitar que actuó en la época del terrorismo de Estado- A María Eugenia, María Natalia, Marcelo Leonardo y Ana María Save se los señaló como responsables del delito de lavado de activos provenientes de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

En concreto, se les reprochó haber realizado diversas maniobras para incorporar al mercado legal dinero procedente de crímenes de naturaleza económica cometidos en el marco del terrorismo de Estado. Además, el MPF requirió para cada uno el pago de una multa por el doble del valor de los terrenos y al solicitar el decomiso de las dos parcelas cuestionadas, la Fiscalía solicitó una destinación específica para garantizar la reparación integral de la sociedad afectada, a través de medidas satisfactivas y dirigidas a la garantía de no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos.

Para la acusación, representada también por los auxiliares fiscales María Eugenia Montero y Julio Darmandrail, quedó demostrado que el dinero para la compra de los terrenos provino de crímenes de lesa humanidad, perpetrados en el marco de la coordinación represiva denominada “Plan Cóndor” y de los sucesos perpetrados contra víctimas del centro clandestino de detención y torturas “Automotores Orletti”, en particular, del dinero sustraído a una víctima de nacionalidad uruguaya que fue secuestrada y asesinada en 1976 en ese centro clandestino.

La fiscalía contó durante el proceso de investigación y de juzgamiento con la colaboración de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos, a cargo de María Fernanda Bergalli, de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes(DGRADB) a cargo de María del Carmen Chena, y con la asistencia también de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Ante el juez Roberto Falcone -que integra unipersonalmente el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata-, las y el representante del MPF hicieron un repaso durante más de tres horas del marco histórico en que se cometieron los delitos de lesa humanidad como precedentes de la maniobra juzgada en esta instancia. A partir de allí, se reconstruyeron las diversas estrategias realizadas para transferir, adquirir y administrar el predio de 36 hectáreas, ubicado a la vera de la laguna de Chascomús.

Para la Fiscalía, quedó comprobado -tanto en causas que tramitaron en otros tribunales como en la prueba reunida en este caso- que dentro de las prácticas que vino a estandarizar el Plan Cóndor "con el objetivo de facilitar la destrucción o eliminación de quienes se opusieran a las dictaduras cívico militares de la región", se cometieron robos y se realizaron apropiaciones de bienes de detenidos desaparecidos, además de secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones y operaciones de desinformación.

La auxiliar fiscal Montero relató que se probó también durante el debate que fue el centro clandestino Automotores Orletti el epicentro de la ejecución de este plan, desde donde se coordinaba la represión regional, con un rol preponderante de la exSecretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Indicó entonces que para 1976, dentro de su estructura coexistían distintos tipos de operadores, entre ellos, personal inorgánico como Aníbal Gordon y Miguel Save, padre de los cuatro acusados.

“También se acreditó la pertenencia de Save a la ‘banda de Aníbal Gordon’ y su presencia en múltiples hechos delictivos cometidos, antes y después del golpe de Estado”, mencionó la auxiliar fiscal, quien luego agregó: “quedó establecida la conexión entre (esta) banda que operaba en el centro clandestino Orletti y su participación en el secuestro y la apropiación de los bienes en la vivienda del militante uruguayo Alberto Mechoso Méndez, entre muchos otros”.

La fiscalía estableció que en ese hecho, el grupo de tareas que actuó sustrajo una millonaria suma de dinero de la vivienda, que luego -al menos en una parte- habría sido utilizada por quienes conformaban la organización para efectuar la operación de compra-venta de los lotes ubicados en el barrio Parque Girado de la ciudad de Chascomús con el objeto de desarrollar un proyecto inmobiliario de construir un "Boating Club", que finalmente no se concretó.

Para el MPF, durante el debate quedó clara la vinculación entre el accionar de la Banda de Gordon que operaba en Automotores Orletti, bajo dependencia de la exSIDE y en ejecución del Plan Cóndor, con la operación de compra-venta de los terrenos que en la actualidad son objeto de juicio. En esta línea, la fiscalía expresó: “Según informa la propia DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires) fueron adquiridos por miembros de la banda, con el objeto de un desarrollo inmobiliario, a partir de boletos de compra venta suscriptos con personas inexistentes, en fecha concomitante al secuestro de la víctima Mechoso Méndez y el allanamiento por parte del grupo de tareas de su vivienda de la que se llevaron una suma millonaria (Operación Oro), que según surge de la propia sentencia dictada en la causa Plan Cóndor fue –en parte- reinvertida en la compra de los terrenos, que a la postre, fueron escriturados por los aquí imputados”.

En este sentido, el fiscal federal Curi describió la operatoria de cada uno de los imputados en relación con la adquisición y la administración de los predios que se extendió hasta la actualidad, encuadró esas conductas en la figura de lavado de dinero, se explayó acerca del dolo requerido en la maniobra y, además solicitó los tres años de prisión.

Al momento de requerir el decomiso del predio, la fiscala Mazzaferri señaló que debía tener un destino dirigido a instancias de garantizar el derecho a la memoria, la verdad y la justicia. Sugirió, por la experiencia en el tema, la entrega a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, a través de su Dirección de Sitios y Espacios para la Memoria, por la posibilidad de articular la materialización de esa finalidad con el Estado municipal de Chascomús. Cabe resaltar que la subsecretaria es parte querellante en el caso, junto con la Unidad de Información Financiera (UIF)

El propósito, explicó Mazzaferri, es que se puedan arbitrar las medidas necesarias para que las parcelas se dediquen a actividades educativas, turísticas y/o de recreación, con eje en "mantener viva la memoria de los sucesos que tuvieron lugar en ese sitio durante el terrorismo de Estado". La fiscala destacó que “el recupero del producto de delitos de criminalidad organizada y de financiamiento del terrorismo, y su función de desfinanciamiento de ese delito y de prevención de sucesos de ese tipo, no puede ser entendido sin consideración de la preeminencia de la reparación de las víctimas, individuales y colectivas, y de la recomposición de los lazos sociales, especialmente afectados por crímenes que atacan las bases mismas del Estado democrático de Derecho”.

En el cierre de su alegato del juicio por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención La Cueva, el fiscal general Daniel Adler solicitó la imposición de penas a prisión perpetua para los acusados Guillermo Emilio Nani y Miguel Ángel Ruiz como miembros de la cadena de mandos del Ejército en la Subzona Militar N°15, y para Eduardo Salvador Ullúa, civil que se desempeñó como personal inorgánico de inteligencia y colaboró con las autoridades en la localización de los blancos del sistema represivo imperante durante la última dictadura cívico militar. A su vez, y tal como había sido adelantado, la fiscalía retiró la acusación sobre Juan José Banegas por insuficiencia probatoria.

Durante cuatro audiencias, el fiscal Adler, acompañado por la auxiliar fiscal María Eugenia Montero y el auxiliar fiscal Julio Darmandrail, brindó los detalles de los hechos juzgados, de los secuestros, las torturas, las desapariciones y asesinatos cometidos bajo el amparo estatal y que tuvieron en común el paso de las detenidas y los detenidos por el centro clandestino de detención conocido como La Cueva, que funcionó en la construcción subterránea del viejo radar de la Base Área de la ciudad. Además se detalló un acabado contexto en que los crímenes fueron cometidos y se desarrolló la calificación legal que pesa sobre los acusados.

El debate, presidido por los jueces Daniel Obligado y Fernando Machado Pelloni y la jueza Sabrina Namer, comenzó en febrero de 2020, y se desarrolló en plena pandemia por coronavirus. De hecho, fue uno de los primeros juicios en el país que adoptó la modalidad virtual como parte del proceso.

Al analizar la responsabilidad de Ruiz y valorar sus funciones, la fiscalía reparó en que fue auxiliar de la Sección Operaciones de la Plana Mayor del Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 601, que estaba a cargo de Alfredo Manuel Arrillaga, quien ya fue condenado por los hechos que hoy se le imputan a Ruiz.

Por su parte, Nani se desempeñó en distintos cargos dentro del GADA 601: fue jefe de la Batería Comando y Servicios, que durante el año 1976 dependía directamente del jefe de Grupo; luego, en 1977 pasó a ejercer como Jefe de la Batería A; y más tarde fue designado Oficial de Personal de la Plana mayor, y en ese carácter se le imputan en este juicio los hechos cometidos en 1978. Contribuyó a formar convicción de la Fiscalía sus declaraciones vertidas en medios de comunicación de Necochea con motivo de desplazamiento del Ejército hacia esa ciudad en 1977, donde además el imputado fue designado interventor del gremio de Gastronómicos.

En tanto, Ullúa, quien fue miembro de la asociación ilícita que enmascarada en la CNU sembró el terror y la muerte durante el año 1975 en Mar del Plata, luego se integró como agente de inteligencia inorgánico al GADA 601 como “colaborador”, “recuperable” en los términos de los informes de inteligencia producidos por la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) aportados por la Comisión Provincial por la Memoria a este proceso.

“La función que los imputados desempeñaban dentro de la organización militar es un elemento relevante a la hora de establecer su intervención en los hechos, por cuanto, como ya se ha dicho, éstos se cometieron en el marco de un plan sistemático y generalizado de represión ilegal, de acuerdo a una política dispuesta por el gobierno de facto y a través de la propia estructura institucional”, sostuvo Adler durante el alegato.

“Ello significa –explicó- que la atribución de los hechos no se funda meramente en el desempeño de una función, en la pertenencia a una organización, o en el conocimiento que deberían haber tenido de los hechos, sino en el convencimiento de que, desde sus cargos de jerarquía, los imputados llevaron adelante la política de eliminación de opositores políticos con las metodologías de desaparición, tortura y ejecución extrajudicial ya señaladas. No se juzga por la función sino por lo que se hizo desde ella; y si no hay testigos directos, como exigió el imputado Nani, es porque, como se determinó ya en la sentencia de la Causa 13, los hechos fueron cometidos en la clandestinidad, ocultos y negados por los imputados hasta el día de hoy”.

Banegas, quien tenía 19 años al momento de los hechos juzgados, había llegado a juicio acusado como miembro de una asociación ilícita, y durante el debate no pudo acreditarse su adscripción al régimen de exterminio.

Noche de las Corbatas: por primera vez se juzga un civil

La responsabilidad de Ullúa se diferencia de la que se les atribuye a los miembros del Ejército en esta acusación. De acuerdo a las constancias reunidas en el debate, Ullúa era a la fecha de los hechos, un civil que se desempeñaba como inorgánico en funciones de inteligencia con vínculo con las autoridades de la Subzona 15. En ese rol se le imputa su participación como “informante” de las autoridades militares, en especial en el señalamiento para la desaparición y asesinato de los abogados que resultaron víctimas de la denominada “Noche de las Corbatas”, luego de ser catalogados por el régimen de facto como “elementos subversivos”.

La fiscalía fundó sus conclusiones en informes de inteligencia que indicaban la pertenencia del acusado a una facción ideológica que procuraba el exterminio de los grupos de izquierda, como también se reparó en su pertenencia a la Fiscalía Federal y a la Universidad Nacional, lugares que los abogados víctimas frecuentaban por el ejercicio de su profesión.

De esta manera, la imputación que recae sobre el Ullúa –ya condenado en la causa CNU 2- es haber sido partícipe necesario de los hechos de los que resultaron víctimas Jorge Candeloro, Norberto Centeno, Tomás Fresneda, Mercedes Argañaraz de Fresneda, Raúl Hugo Alais, Salvador Arestín, Marta Haydeé García de Candeloro, Carlos Bozzi y Camilo Ricci.

Los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar continuarán en esta semana con la culminación del alegato de la Fiscalía en el juicio "La Cueva III", en el cual está acusado Salvador Ullúa, junto a otros represores.

Ullúa también es juzgado como partícipe necesario en su rol de civil de inteligencia en la causa "CNU" (Concentración Nacional Universitaria), organización a la que se le atribuyen crímenes y delitos cometidos antes del golpe de Estado de 1976.

Este lunes proseguirá, también en Mar del Plata, el segundo juicio por delitos cometidos en la denominada Subzona 15, que abarcó las localidades de General Pueyrredón, General Lavalle, General Madariaga, Mar Chiquita, Balcarce, General Alvarado, Lobería, Necochea y San Cayetano, donde funcionaron cuatro centros clandestinos: "Cueva 2", "Base 5" y "Subzona" y "Base Naval".

Además, seguirá el proceso a cinco militares retirados por los denominados "vuelos de la muerte", realizados en aviones que trasladaron desde Campo de Mayo a militantes que luego fueron arrojados desde el aire a las aguas del Río de la Plata.

Continuará también el juicio por violación, abusos sexuales y psicológicos padecidos por tres mujeres que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención ilegal que funcionó en la ESMA, durante los años del terrorismo de Estado.

El martes, en tanto, continuarán las declaraciones testimoniales en el juicio por los delitos cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, que incluye a 442 víctimas, entre ellas 18 embarazadas y muchos de sus compañeros, y siete niños/as nacidos/as en cautiverio.

También el martes, continuarán las indagatorias en el juicio contra Raúl Antonio Guglielminetti, agente Civil de Inteligencia del Ejército, y Juan Alfredo Etchebarne, ex presidente de la Comisión Nacional de Valores-CNV, por la privación ilegítima de la libertad de 28 empresarios industriales vinculados a los grupos económicos Chavanne (Banco de Hurlingham) y Grassi (Industria Siderúrgica Grassi).

El miércoles continuará en Neuquén el juicio "Escuelita VII", que juzga a 14 policías y militares retirados y al ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 20 personas, entre abril y junio de 1976.

Y en los tribunales de San Martín, seguirá el debate de la megacausa de Campo de Mayo, en la que se investigan crímenes perpetrados entre 1976 y 1978 en perjuicio de 323 víctimas que fueron secuestradas en el área represiva denominada como Zona de Defensa IV.

El denominado juicio "Cueva 3", que tiene cuatro imputados en el banquillo de los acusados juzgados por distintos hechos de los 61 que llegaron a esta instancia, entró en su etapa de alegatos. El Ministerio Público Fiscal adelantó que se serán acusados Guillermo Emilio Nani, Miguel Ángel Ruiz y Eduardo Salvador Ullúa, mientras que se retirará la acusación sobre Juan José Banegas por la insuficiencia probatoria. Las próximas audiencias pueden seguirse de manera virtual a través de la plataforma Zoom.

Durante la primera jornada de alegatos, el fiscal general Daniel Adler, acompañado por María Eugenia Montero y Julio Darmandrail como auxiliares fiscales, y Romina Cavallo, Mariano Alzola y Sebastián Burgi como parte del equipo de trabajo, contextualizó ayer los crímenes de lesa humanidad que están siendo juzgados y realizó un repaso de las causas que tramitaron en la jurisdicción, en las que fueron condenados los principales mandos de las fuerzas armadas y policiales que actuaron en el plan sistemático de represión y exterminio que se desplegó en la Subzona militar 15.

El juicio se desarrolló casi en su totalidad durante la pandemia, a través de herramientas de la virtualidad y los protocolos sanitarios correspondientes. La primera jornada había sido convocada por los jueces Daniel Obligado y Fernando Machado Pelloni y la jueza Sabrina Namer, en la Base Área de Mar del Plata, lindera al aeropuerto local. Reunidos magistrados, fiscales, defensas y sobrevivientes de La Cueva, se transitaron los 600 metros que separan el ingreso del predio hasta el viejo radar, cuya construcción subterránea fue reconocida por las víctimas que indicaron espacios de detención y sala de tortura.

En su alegato de ayer, Adler reparó que están siendo juzgados los eslabones medios de una estructura de mandos que comandó en la jurisdicción la denominada “lucha contra la subversión”. “No estamos en presencia de autores directos que hayan cometido los ilícitos de propia mano y tampoco se trata de los jefes máximos de las Fuerzas Armadas en la jurisdicción que han sido condenados con anterioridad y/o no han llegado a estar en juicio a causa de su fallecimiento o de su incapacidad sobreviniente”, apuntó el fiscal general.

En este sentido, reparó en que Ruiz fue auxiliar en la Sección Operaciones del Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 601, que estaba a cargo de Alfredo Manuel Arrillaga, quien acumula condenas firmes y otras en revisión. Y que Nani fue Jefe de Batería Comando y Servicios y luego Jefe de Personal (S1) de la plana mayor del GADA 601. “Será inevitable contextualizar su rol a partir de las funciones cumplidas por los miembros del GADA 601 en los operativos que se desarrollaron en el marco de la denominada ‘lucha contra la subversión’”, indicó el representante del MPF.

Por otro lado, planteó que el camino recorrido por las sentencias dictadas en la jurisdicción Mar del Plata en la última década también deberá ser marco para el desarrollo de la responsabilidad penal que recae sobre el imputado Ullúa. El hombre, recientemente condenado a prisión perpetua como miembro de una asociación ilícita que operó en las vísperas del golpe de estado enmascarada en la CNU local, y como coautor del homicidio calificado de ocho víctimas, había estado prófugo de la Justicia. En este debate es acusado como civil colaborador en la inteligencia previa necesaria para cometer los hechos que se conocieron posteriormente como “la Noche de las Corbatas”, por los secuestros de abogados laboralistas.

El miércoles 10 de marzo se retomará la audiencia, en la que el Ministerio Público Fiscal brindará el detalle, caso por caso, de los hechos que están siendo juzgados. Luego, realizará un análisis de la responsabilidad penal que le cabe a cada uno de los imputados, se encuadrarán sus conductas típicas y se solicitarán las condenas y la absolución que, a criterio de la acusación, se desprenden del análisis del cuadro probatorio del juicio.

El fiscal general Pablo Ouviña continuó la semana pasada con el alegato del MPF en el debate denominado “CNU II”, en el que se juzga a los abogados Oscar Héctor Corres y Eduardo Salvador Ullúa por su participación en una asociación ilícita que cometió crímenes de lesa humanidad en la etapa previa al golpe de Estado de 1976 en Mar del Plata.

Entre el martes y el miércoles, el fiscal dio cuenta del modus operandi de la banda, que estaba inserta en puestos claves del ámbito universitario, el sindicalismo y la justicia federal de entonces, lo que cerraba el círculo de impunidad con el que actuaban. Expuso los detalles de los crímenes de la noche conocida como “5x1”, luego de la muerte del líder de la organización de ultraderecha; el asesinato de los amigos y contadores Jorge Alberto Stoppani y Daniel Gasparri; y el secuestro y homicidio de María del Carmen Maggi que conmocionó a la ciudad. El 7 de octubre se retoma el debate y la fiscalía continuará con su exposición.

En las dos primeras audiencias de su alegato, llevadas a cabo el 1° y el 2 de septiembre, el fiscal Ouviña se había adentrado en algunas de las particularidades que presentó la organización criminal a nivel local: el surgimiento y fortalecimiento de la CNU en Mar del Plata; sus vínculos con organizaciones políticas y sindicales del peronismo ortodoxo y con las fuerzas armadas y de seguridad; su inserción en la administración universitaria y en la fiscalía federal de la ciudad; y el modo en que, desde esos lugares, se llevó adelante el plan criminal para extirpar la llamada “infiltración marxista”. Antes de ello, el fiscal había trazado el contexto en que se desarrolló la organización criminal, a partir de la segunda mitad de 1974.

Ante los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori, Ouviña continuó con un relato cronológico de los episodios violentos que se sucedieron desde mayo de 1974, con los ataques sufridos por el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), cuando el testigo Carlos Petroni fue víctima de un intento de asesinato, hasta marzo de 1976, cuando los ataques se dirigieron a los testigos Leventi y Nisembaum, en la previa del golpe cívico militar. El repaso una a una de esas agresiones planificadas y crímenes cometidos por integrantes de la CNU –que exceden a los casos que se investigan en el juicio- llevó a concluir un mismo modus operandi de la organización delictiva.

El fiscal indicó que los grupos operativos solían estar formados casi exclusivamente por integrantes de la CNU, aunque muchas otras veces operaban conjuntamente con miembros de otros grupos ideológicamente afines que también integraban la asociación delictiva, como la CGT local, el CdO, la JSP o la CNU La Plata. Incluso, en ocasiones operaban conjuntamente con fuerzas de seguridad y fuerzas armadas.

Las víctimas tenían un mismo denominador: eran personas con ideología de izquierda y asociadas al peronismo en su mayoría, aunque no exclusivamente. El fiscal reparó en que muchas de sus víctimas fueron estudiantes y personal docente universitario, el escenario donde surgió la organización de ultraderecha. “Era principalmente allí donde la CNU ejecutaba el plan depurador de la asociación criminal”, destacó Ouviña, quien reparó en que también hubo entre sus víctimas trabajadores y representantes sindicales, dirigentes políticos nacionales, y personas que de alguna manera podían afectar sus intereses.

Para el fiscal, esto tiene un sentido claro: “Recordemos que se trataba de un plan integral del que la CNU formó parte conjuntamente con otras organizaciones, donde operaban de manera coordinada, persiguiendo un objetivo común: eliminar la llamada infiltración marxista”.

Desechar cadáveres y salir impunes

“Se advierte una forma particular de atacar y secuestrar, de matar y de desechar cadáveres, y una forma de garantizar la impunidad para los participantes, que se repite. Este modus operandi, además, es idéntico en otras localidades en las que también operaba la asociación ilícita”, precisó el representante del MPF.

En esta línea, señaló Ouviña cinco características principales. La primera es que los operativos se realizaban en grupo, de al menos cuatro personas. “La superioridad numérica era un factor relevante para asegurar el éxito. Fundamentalmente, cuando se buscaba reducir a una persona para capturarla e introducirla en un vehículo”, apuntó.

La segunda refiere a la utilización de autos particulares para los operativos, generalmente de grandes dimensiones que permitieran llevar varios ocupantes a bordo. Incluso, en algunos de los episodios su usaron automóviles robados.

El tercer rasgo característico era que el grupo contaba con una gran cantidad y variedad de armamento, que pertenecía y estaba a disposición del grupo: desde armas automáticas hasta revólveres, escopetas, pistolas, paquetes de trotyl, etcétera.

Los operativos eran planificados y requerían cierto grado de inteligencia previa, conforme preveía la Orden Reservada del Consejo Superior Peronista, que tenía alcance nacional sobre todo el movimiento y las autoridades que ocupaban cargos públicos; sólo dejaba en manos de los referentes territoriales la forma de implementar las acciones de depuración y el momento de hacerlo. Esta cuarta característica implicaba que se realizaban los operativos en domicilios laborales, las residencias de sus víctimas o en el trayecto entre uno y otro.

El plan inicial de acción consistía en lograr de algún modo reducir a la víctima e introducirla en uno de los vehículos del operativo. “La víctima era generalmente maniatada, trasladada a algún paraje despoblado y alevosamente ejecutada entre varias personas”, describió Ouviña y preguntó al Tribunal: “¿Cuántas balas se necesitan para matar a una persona que se encuentra indefensa y a poca distancia? Probablemente bastaría con una sola. Pero es claro que a la asociación ilícita no le interesaba ahorrar en violencia”, respondió.

Los asesinatos fueron consecuencia de múltiples disparos de armas y calibres variados, realizados a corta distancia y agrupados generalmente en tórax y cabeza. “Esto no sólo resulta demostrativo de odio y brutalidad: los cuerpos acribillados cumplían además la función de amedrentar y mandar un mensaje claro a quienes consideraban sus enemigos”, comprendió el fiscal en su alegato.

La acción del grupo tuvo como quinto punto característico realizar acciones para garantizar el éxito de los operativos y la impunidad de sus ejecutores. Una de esas medidas implicó coordinar su accionar con las fuerzas armadas y de seguridad para evitar interrupciones indeseadas, es decir, contar con la comúnmente denominada “zona liberada”. Y “la impunidad se consagraba con la inserción de la CNU en la fiscalía federal, encabezada por el entonces fiscal Gustavo Demarchi, e integrada por otros miembros del grupo: Rolón, Justel y el aquí imputado Ullúa”. Las causas se archivaban casi automáticamente sin importar cuán significativos fuesen los elementos con que se contaba para individualizar a los responsables.

La noche del “5x1”

Ernesto Carlos Piantoni era el jefe de la CNU marplatense, y actuó como abogado defensor de sus camaradas –entre ellos los dos imputados en este juicio- en la causa por el homicidio de la estudiante Silvia Filler en diciembre de 1971. El 20 de marzo de 1975, alrededor de las 13.30, fue atacado a balazos mientras circulaba en su auto por la calle Formosa entre Güemes y Olavarría, y dos horas después falleció en una clínica local.

Esa misma noche, el cuerpo de Piantoni fue velado en la funeraria Sampietro, desde donde se desplegó la represalia. En el debate quedó probado que estuvieron, entre otros, muchos de los miembros de la asociación ilícita investigada, incluidos Corres y Ullúa. Numerosos testigos relataron haber visto vehículos que ostentaban armas por las ventanillas o que sus ocupantes se veían armados en los alrededores de la casa de sepelios. En el local de la CGT –lugar habitual de reunión del grupo- se convocó a una asamblea, y es allí donde “se ultimaron los detalles para cometer la matanza”, cuestión que ya se había probado en la sentencia del juicio CNU I.

Las acciones se coordinaron en la sede de la central gremial, en el local de CNU ubicado en la misma cuadra de la casa de sepelios y en la casa de uno de los miembros de CNU, Juan Carlos “Flipper” González. “Era importante la planificación. Era necesario consumar la represalia ese mismo día. El mensaje debía ser claro, podía no haber segundas oportunidades”, relató el fiscal en su alegato.

El plan necesitaba también tareas de inteligencia, y uno de los encargados de realizarlas fue el propio Ullúa, quien junto a un acompañante recorrió a bordo de un Ford Falcon el barrio La Perla por donde vivían parte de las víctimas.

Un grupo numeroso, fuertemente armado, salió en varios vehículos. Los destinos eran dos. Uno de ellos, la vivienda de la familia Videla, donde se encontraban cuatro de las víctimas de aquella noche: Jorge Enrique Videla, sus hijos Guillermo y Jorge Lisandro, y su sobrino, Enrique “Pacho” Elizagaray, quien se había refugiado allí. El joven cursaba cuarto año de la carrera de abogacía en la Universidad Católica de Mar del Plata y participaba activamente en la Juventud Universitaria Peronista.

Cerca de las 5.00 de la mañana del 21 de marzo al menos doce personas del grupo operativo irrumpieron en la vivienda de España 856. Algunos quedaron afuera amenazando vecinos para que no se asomaran. Otros tocaron timbre, golpearon la puerta y se identificaron como miembros de la Policía Federal. Jorge Enrique abrió la puerta y el grupo irrumpió violentamente. A sus hijos Jorge Lisandro y Guillermo –de solo 16 años- los sacaron de la habitación a los golpes. Se los llevaron a los tres. En simultáneo Pacho Elizagaray intentó escapar por la terraza, pasó al techo de la casa vecina pero lo persiguieron y acribillaron de 28 balazos. Los Videla fueron acribillados en un paraje del barrio Montemar, absolutamente indefensos.

El otro objetivo que habían seleccionado fue el médico platense Bernardo Goldenberg. Si bien en Mar del Plata ya no tuvo vinculación con ninguna agrupación política, los servicios de inteligencia tenían conocimiento de sus antecedentes, sabían dónde vivía y estaban pendientes de sus movimientos. Cerca de las 5.30 de la madrugada, el grupo operativo llegó hasta su casa, ubicada en Falucho 3634. Se volvieron a identificar como policías: se llevaron al profesional por la fuerza y robaron bienes de la familia; en la vivienda estaba su pareja y su hijo de apenas dos meses. A Goldenberg se lo llevaron para el sur de la ciudad: cerca de las 6.15 lo acribillaron con más de 50 balazos, en la intersección del camino viejo a Miramar y la calle 93.

La investigación de los asesinatos fue prácticamente nula. “Con Demarchi como fiscal actuante, no existe ninguna diligencia que haya tenido por finalidad intentar conocer la identidad de los autores”, señaló el representante del MPF y se remitió a las pocas constancias que obraban en los expedientes de entonces.

La conexión entre la muerte de Piantoni y los homicidios cometidos la madrugada siguiente no sólo se desprende de los testimonios escuchados en el debate y la reconstrucción en juicio 45 años después, sino que también está dada por lo escrito en los informes de inteligencia de la Prefectura, las publicaciones periodísticas de la época y un relato clave, el de Mirta Masid, ex pareja de Carlos González, miembro de la banda. Ella relató, entre otras cuestiones, que los propios miembros de la CNU se jactaban sobre el operativo y se reían recordando cuando perseguían a “Pacho” Elizagaray por los techos.

Stoppani y Gasparri

Jorge Alberto Stoppani y Daniel Gasparri iniciaron su amistad en las aulas de la Universidad Nacional de La Plata donde estudiaban para ser contadores públicos. Stoppani más allá de simpatizar con la JP, no participaba de ninguna organización; Gasparri en cambio había comenzado a desarrollar actividades políticas en la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Su militancia había despertado el interés y el seguimiento de la Dirección de Inteligencia de la Policía provincial (DIPBA), que confreccionó informes donde asentó, por ejemplo, las tomas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Provincial, y la detención sufrida a raíz de los reclamos por el asesinato de Silvia Filler.

“Gasparri estaba involucrado en la política marplatense. No hay dudas de que podía ser calificado como un referente local de la izquierda peronista. Gasparri era, en definitiva, uno de aquellos ‘infiltrados’ que la CNU se había comprometido a extirpar del ‘Movimiento’”, analizó Ouviña.

El 24 de abril de 1975, cerca de las 19.00, salieron juntos de un bar ubicado en la esquina del Palacio Municipal, en San Martín e Hipólito Yrigoyen, a bordo de un Peugeot 504. Gasparri se iba a una reunión en la sede del Sindicato de Empleados Municipales –un mes antes de su asesinato había sido elegido delegado-, y más tarde fue en busca de Stoppani para invitarlo a salir. Iban en el automóvil cuando fueron interceptados por un grupo compuesto por miembros de la CNU, entre los que se encontraba Ullúa.

Antes de las 3 de la madrugada de esa noche fueron llevados hasta el paraje conocido como “Lomas de Cabo Corrientes”, ubicado sobre la avenida Edison, a tres kilómetros de la avenida Mario Bravo. Allí fueron ejecutados con múltiples disparos de al menos cuatro armas distintas. A Stoppani le hicieron cortes en ambas muñecas con un cuchillo que llegaron hasta el hueso. Luego lo asesinaron con 11 disparos. A Gasparri lo colocaron en la parte trasera del vehículo, al que balearon y prendieron fuego. Su cuerpo fue encontrado completamente calcinado.

El crimen de Coca Maggi

A María del Carmen Maggi la conocían como “Coca Maggi”. Tenía 30 años cuando fue secuestrada y asesinada. Profesora de filosofía y letras, dedicó toda su vida a la docencia, profesión que ejerció en colegios secundarios, la Universidad Católica de Mar del Plata, y en la Universidad Provincial, luego nacionalizada. Era entonces decana de la Facultad de Humanidades y, luego, también Secretaria General.

Maggi tuvo un rol central en el proceso de fusión entre la Universidad Nacional y la Católica, no sólo por su compromiso personal y profesional, sino porque reemplazaba al rector Grimberg, que pasaba la mayor parte del tiempo en La Rioja por otros compromisos laborales. Esto la llevaba a ponerse frente a frente con las autoridades de la Universidad Provincial, que eran miembros activos de la CNU.

El testigo Jorge Casales relató un episodio que llevó luego a una conferencia de prensa. Maggi asistió a una reunión con el entonces rector Arrighi, en representación de la Universidad Católica. Allí le dijeron que el traspaso se iba a hacer como ellos querían: “Si no se hace por las buenas se va a hacer por las malas”, rememoró Casales. La docente había gravado parte de la conversación y fue puesta en conocimiento de los medios en una conferencia de prensa. Esto contribuyó a la ida de Arrighi de su cargo y un consiguiente aumento del clima de violencia en el mundo universitario.

Las señales de violencia fueron incluso pintadas en el Pasaje Catedral –donde funcionaba la Universidad Católica- y en la Iglesia Pompeya, situada a la vuelta de la casa de Maggi, y tuvieron como destinatario a monseñor Eduardo Pironio. Decían: “Pironio usurero de los sucios montoneros” y “Pironio obispo rojo”. Maggi comenzó a ser hostigada, perseguida en la calle y amenazada telefónicamente.

“Si bien Maggi no integraba ningún partido u organización política, se presentaba sin embargo como una valla al plan de depuración que se había propuesto la asociación ilícita”, explicó el fiscal.

Entre la documentación analizada en el alegato, hizo referencia a un informe de inteligencia de la DIPBA que concluía: “Siempre estuvo identificada con la corriente izquierdista y vinculada a grupos de activistas actuantes en el ámbito universitario. No obstante, la misma no se encuentra registrada en esta Dirección”.

“Vemos entonces que la oposición de Maggi a las pretensiones de la CNU, y el macartismo interpretativo de esa organización de tildar de marxista o izquierdista a toda persona que revelara ideas diferentes y se opusiera a sus designios, la colocó dentro del universo a depurar”, señaló.

Entonces Maggi era amenazada, por lo que iba y volvía de trabajar en auto con su padre. Sus allegados, como Casales y Elena Arena, le habían sugerido que pidiera licencia por el peligro que corría. La CNU ya había cometido siete homicidios, uno de ellos había sido el de Pacho Elizagaray, quien como referente de la JUP estaba, al igual que Maggi, inmiscuido en el proceso de fusión. Tras la noche del “5x1” muchos militantes decidieron irse de Mar del Plata por seguridad. Casales detalló que la única persona involucrada en ese proceso que no quiso irse fue Coca Maggi, y se emocionó al reconocer que fue ahí que “ofrendó su vida”.

Un hecho que aparece como relevante es la bomba que detonó el 9 de mayo de 1975 en la casa de Eduardo Cincotta –entonces secretario general de la Universidad Nacional y miembro insigne de CNU-, que dejó como saldo daños materiales. La respuesta inmediata de la asociación ilícita –como sucedió con el denominado 5x1- fue acudir en busca de Maggi. Poco más de una hora después del atentado a Cincotta, a las 2.15 de la madrugada, un grupo de entre diez y doce hombres –entre los que se encontraba Ullúa- que portaban ametralladoras, se movilizaban en –al menos - tres vehículos y se identificaron como integrantes de la Policía Federal, entraron violentamente a la vivienda de la familia Maggi y se llevaron consigo a María del Carmen.

Entre esa noche y septiembre de 1975, sus captores la llevaron a un descampado en la zona del camino viejo a Miramar donde le provocaron lesiones en la cabeza de tal magnitud que le ocasionaron la muerte por traumatismo de cráneo. “Allí enterraron su cuerpo. Pero al tiempo, para asegurar su impunidad, la sacaron y la trasladaron hasta un paraje ubicado en Mar Chiquita, donde sus restos quedaron enterrados en la arena hasta el 23 de marzo de 1976, cuando fueron hallados casualmente y, luego, identificados”, relató el fiscal, quien dio cuenta del material probatorio que así lo constata.

A diferencia de sus otras víctimas, se pudo establecer que Maggi estuvo cautiva un lapso, aunque fuera mínimo, antes de que la mataran, “como parte de una estrategia a los efectos de acrecentar su poder en el marco de la fusión”. Un mes después de su secuestro “se advierte que para cerrar el círculo de impunidad, el propio Demarchi dictamina que se debía decretar el sobreseimiento provisorio por considerar que ‘la pesquisa estaba agotada’, lo que efectivamente resolvió el juez Echeverry el 2 de julio de 1975”. Y a pesar del hallazgo de su cuerpo la causa no se reabrió.

El Tribunal Oral Federal de Mar de Plata le negó a Carlos Salvador Ullúa, acusado e imputado en dos juicios por delitos de lesa humanidad que se llevan adelante en nuestra ciudad, el arresto domiciliario, luego de que se contagiara de coronavirus y se recuperara en la Unidad Penal de Campo de Mayo, donde cumple prisión preventiva, informaron este jueves fuentes judiciales.

La defensa insistió en solicitar la prisión domiciliaria, luego de que -en el marco de un testeo general realizado en la Unidad Penal Nº34 de Campo de Mayo- Ullúa diera positivo en coronavirus semanas atrás, mientras que el viernes pasado recibió el alta.

La solicitud de la defensa fue rechazada por el Tribunal Oral Federal marplatense en las últimas horas.

El tribunal tuvo en cuenta cada una de las circunstancias que forman parte del expediente: el cuadro de salud de Ullúa que es bueno, la gravedad de los delitos que se le imputan y su situación previa en la que estuvo durante nueve años prófugo de la Justicia pese a las acusaciones por delitos de lesa humanidad que recaían en su contra.

Ullúa, integrante de la organización de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), estuvo 9 años prófugo de la Justicia en el marco de acusaciones por delitos de lesa humanidad hasta que fue detenido en abril de 2017.

Desde 2017 Ullúa permanece detenido bajo prisión preventiva, y actualmente es juzgado por delitos de lesa humanidad en dos debates abiertos en Mar del Plata: en uno se lo acusa por ocho homicidios y haber formado parte de la Concentración Nacional Universitaria (CNU).

En tanto, en el otro juicio -en la tercera parte de la megacausa "La Cueva"- se lo acusa de haber participado en la inteligencia previa del secuestro de los abogados detenidos y desaparecidos en "La Noche de las Corbatas".

Desde el 20 de marzo pasado el defensor oficial de Ullúa, Manuel Baillieau, realizó múltiples presentaciones ante los jueces que componen el Tribunal de Mar del Plata para que le concedan el arresto domiciliario, algo que fue rechazado en cada oportunidad, incluso con la intervención de la Cámara Federal de Casación.

En ese marco, mientras seguía alojado en la Unidad Penal de Campo de Mayo, el 24 de julio pasado se conocieron los resultados de testeos generales realizados por las autoridades penitenciarias en el cual se detectó que Ullúa había dado positivo en coronavirus.

Ante la notificación al Tribunal -compuesto por los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori- dispuso su trasladado al Centro de Enfermedades Infecciosas (U-21) en cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes, más allá de que se encontraba estable y asintomático.

A partir de allí, cada día desde la Unidad 21 emitieron un informe diario a los jueces sobre su estado, y finalmente el viernes pasado recibió el alta.

El juicio que se le sigue, conocido como "CNU 2", se encuentra paralizado al menos hasta septiembre hasta poder tomar las audiencias de manera presencial.

Los condenados represores Jorge "Tigre" Acosta y Miguel Etchecolatz contrajeron coronavirus en la cárcel de Ezeiza donde cumplen condenas a prisión perpetua, luego de los primeros casos positivos de otros reclusos confirmados en ese penal.

En ambos casos, el contagio se produjo en el pabellón para condenados por delitos de lesa humanidad, confirmaron fuentes judiciales.

El ex jefe de la Policía bonaerense en la última dictadura militar, Etchecolatz, tiene 91 años, en tanto que Acosta, condenado por violaciones a los derechos humanos en la ESMA, tiene 79.

El 14 de abril último, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata rechazó conceder la prisión domiciliaria a Etchecolatz por integrar el grupo de riesgo ante la pandemia al entender que dentro de la cárcel tenía garantizada la atención médica inmediata en caso de contraer Covid-19.

En cuanto al 'Tigre' Acosta, también pidió sin éxito el beneficio de arresto domiciliario por la pandemia en abril pasado, pero el planteo fue rechazado por el Tribunal Oral Federal 5 que lo condenó a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Continuará este miércoles en Mar del Plata, sin presencias en la sala de audiencias, el juicio por los crímenes perpetrados en el centro clandestino de la Cueva III, ubicado en nuestra ciudad.

Se trata de los dos procesos orales y públicos de causas de lesa humanidad que prosiguen en medio de las restricciones que impuso en el sistema judicial el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por la pandemia de coronavirus.

A partir de las 9.30 y a través de videconferencia, continuarán las testimoniales del juicio "Cueva III", que se reanudó hace una semana.

En este proceso por delitos cometidos en La Cueva, el centro clandestino de detención que funcionó en la antigua Base Aérea, están acusados Salvador Ullúa, que también está siendo juzgado en en el juicio CNU, Emilio Guillermo Nani, Juan José Banegas, Miguel Ángel Ruiz y Ceferino Silva, quienes además, son investigados por participar en "La Noche de las Corbatas".

Mar del Plata fue la primera jurisdicción en retomar los procesos por delitos de lesa humanidad, antes de la recomendación de la Cámara de Casación Penal de reanudarlos de manera remota, cuando se conoció el pasado 27 de abril la condena a prisión perpetua de 28 represores en el megajuicio Subzona 15 y con la reanudación del juicio la Cueva III mediante videoconferencia.

En una sala de audiencias vacía, los jueces Daniel Obligado y Fernando Machado Pelloni y la jueza Sabrina Namer encabezaron el reinicio del debate por videoconferencia en el juicio denominado Cueva 3.

Del mismo modo siguieron el desarrollo de la jornada los abogados defensores, mientras que los representantes del Ministerio Público Fiscal estuvieron presentes, junto a los funcionarios del Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata.

En medio de la emergencia sanitaria dispuesta por la pandemia del coronavirus, se retomaron las audiencias del juicio que aborda el tercer tramo de los hechos cometidos durante la última dictadura cívico militar en el centro clandestino de detención conocido como La Cueva, que funcionó en el viejo radar de la Base Área, lugar que fue inspeccionado en la primera audiencia del debate en febrero pasado.

Una vez ajustadas las cuestiones técnicas y con la presencia del fiscal general Daniel Adler y los auxiliares fiscales María Eugenia Montero y Julio Darmandrail, se desarrolló la primera audiencia testimonial de un juicio por delitos de lesa humanidad luego del decreto que sancionó el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En el mismo TOF, días atrás se daba a conocer la sentencia de la megacausa Subzona 15 que terminó con 35 condenados.

Durante algunas horas, se escucharon los testimonios de Lucía Martín y Patricia Pérez Catán, que ya habían sido prestados en la causa Cueva 1 y en el juicio acumulado Subzona 15 de reciente sentencia, respectivamente.

En el juicio son cinco los acusados por los delitos de asociación ilícita, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y homicidios cometidos sobre 61 víctimas, entre las que se encuentran los abogados desaparecidos en la denominada “Noche de las Corbatas”: Ramón Seferino Silva, Juan José Banegas, Miguel Ángel Ruiz, Eduardo Salvador Ullúa y Emilio Guillermo Nani

El papa Francisco le envió más de 50 rosarios bendecidos a militares detenidos en la Argentina en el marco de causas por delitos de lesa humanidad y llamó a "seguir trabajando por la Justicia" luego de interiorizarse sobre los casos de prisiones preventivas extendidas.

El Sumo Pontífice le entregó este sábado las cuentas religiosas al obispo castrense Santiago Olivera para se las haga llegar a los ex integrantes de las Fuerzas Armadas acusados por los delitos perpetrados durante la última dictadura militar.

"El Papa me ha entregado rosarios, para que sean enviados a los militares que están presos en la cárcel, también para los están en sus casas de detenidos, para que sigan rezando", reveló Olivera, según se informó a través de un comunicado.

El obispo también reveló que con Francisco conversaron sobre la situación de los detenidos con prisión preventiva. "El Papa se interesó sobre el caso de quienes están presos, los que sin condena están en prisión preventiva".

Y agregó: "Cobre este aspecto, el Santo Padre, me animó a seguir trabajando para que se viva en la justicia, a trabajar por el encuentro por la paz, por la concordia, por encuentro entre todos”.

“También, pudimos conversar sobre la realidad del trabajo pastoral, la verdad que me alentó mucho, hablamos además, sobre la situación de muchos de mis fieles", agregó.

El obispo indicó que le manifestó a Francisco que apenas regrese a Buenos Aires le solicitará una audiencia al presidente Alberto Fernández para expresarle el "deseo de trabajar juntos por el encuentro de los argentinos y por la fraternidad”.

Monseñor Olivera realizó esas declaraciones tras el encuentro que mantuvo con Jorge Bergoglio este sábado, en El Vaticano. Según detalló, la reunión se extendió por 45 minutos y se realizó en la Biblioteca Privada de Palacio Apostólico.

Al término de la feria judicial de enero se encuentra previsto el inicio y la reanudación de múltiples juicios, en diversas jurisdicciones del país, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Asimismo, se espera también que distintos debates concluyan o entren en su etapa final el próximo año: es decir, que recaiga sentencia o se desarrollen los alegatos de las partes.

El cronograma completo y de permanente actualización, elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, se encuentra disponible. Un repaso de los juicios en desarrollo y con fecha de inicio fijada de los casos en Mar del Plata.

Subzona 15

Intervienen el fiscal Juan Pablo Curi y la auxiliar fiscal Eugenia Montero. El 6 de febrero del 2020 comenzará a alegar el MPF. Es la fase final de un juicio que se va a extender por casi o más de dos años, ya que empezó en abril de 2018. Se juzga a 43 miembros de las tres Fuerzas Armadas, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, por hechos cometidos en centros clandestinos de detención en la Subzona 15, en perjuicio de 272 víctimas.

CNU 2

Los integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) Eduardo Salvador Ullúa y Oscar Héctor Corres están acusados de integrar la asociación ilícita junto a los otros siete miembros condenados en diciembre de 2016 con el objetivo de cometer una serie de ilícitos en la previa del Golpe cívico militar de 1976; están siendo juzgados desde septiembre de 2019. A Corres se le imputa también ocho homicidios. Se los señala por la persecución hacia militantes de organizaciones políticas que mantenían diferencias con la agrupación de derecha a la que pertenecían. Interviene el fiscal Pablo Ouviña. Se retomarán las testimoniales el 10 y 19 de febrero, en lo que será el tramo final del juicio.

Debates orales con fecha de inicio fijada

Cueva 3

Intervienen en representación del Ministerio Público Fiscal el fiscal general Daniel Adler junto a los auxiliares fiscales Eugenia Montero y Julio Darmandrail. Es el tercer tramo en el cual se juzgan los delitos perpetrados en Cueva, el CCD de detención que funcionó en la antigua Base Aérea de Mar del Plata. Estará acusado allí también Ullúa, entre otros represores, que está siendo juzgado ahora en CNU, por ser partícipe necesario en su rol - no institucionalizado- de civil de inteligencia.