El Gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó la Ley N° 15.553 impulsada por el camporista Facundo Tignanelli, que prohíbe a las empresas prestatarias cortar o interrumpir los servicios de luz, agua y gas a las asociaciones sin fines de lucro, municipios, hospitales y escuelas públicas, aún cuando se encuentren en mora o tengan aviso de suspensión.

La medida fue ratificada hoy a través del Boletín Oficial y obliga a las prestatarias bonaerenses de servicios a garantizar el suministro a las instituciones públicas y sociales que cumplan los requisitos previstos en la norma.

El nuevo régimen establece la prohibición de cortar o interrumpir los servicios esenciales a dependencias municipales, establecimientos sanitarios y educativos de gestión pública, tanto provincial como municipal. Por otro lado, la medida oficial también fija como requisito que los consumos de los beneficiarios no deberán superar los 5.000 kilovatios por hora mensuales.

Según detalla el artículo 2, las asociaciones civiles tendrán que estar inscriptas en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y contar con una antigüedad mínima de tres años. De este modo, la norma apunta a proteger a los clubes de barrio, centros culturales, entidades comunitarias y otras organizaciones que cumplen un rol social en sus territorios.

En la misma línea, la ley también obliga a las prestatarias a ofrecer planes de pago en cuotas mensuales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones y la cancelación de deudas, en un contexto marcado por la desregulación tarifaria y los aumentos que impulsa la actual conducción nacional.

En tanto, los municipios que lo requieran podrán adherir a la norma mediante ordenanzas locales que reduzcan total o transitoriamente las alícuotas de los servicios alcanzados y las tasas de alumbrado público, con el objetivo de ampliar el alcance del beneficio a todas las comunas bonaerenses.

Se recuerda que, durante el debate legislativo previo a su sanción definitiva en el Senado bonaerense, Tignanelli expresó que esta iniciativa proteccionista guarda una vocación de “profunda justicia social”. “A toda esta serie de personas jurídicas se les está haciendo muy difícil pagar la tarifa producto del aumento desmedido, y tiene un criterio de libre competencia de mercado”, explicó el jefe del bloque de Unión por la Patria.

En ese sentido, el legislador de La Cámpora sostuvo que la suspensión de electricidad o gas en las escuelas “puede interrumpir gravemente el proceso educativo, afectando el aprendizaje de los estudiantes y generando un impacto negativo a largo plazo en su desarrollo”, con lo que buscó sumar apoyo legislativo al expediente.

Además, la propuesta de Tignanelli va en línea con otra iniciativa previa del legislador, que busca que no le corten la luz a los usuarios que estén en situación de mora y que afronten una situación de vulnerabilidad económica, como beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Embarazo, jubilados, pensionados, monotributistas y trabajadores en relación de dependencia con ingresos menores a tres salarios mínimos.

Finalmente, el proyecto obtuvo el respaldo mayoritario del Senado a comienzos de octubre en la tercera sesión ordinaria del 2025, y a partir de esta jornada ya rige de manera oficial en todo el territorio provincial.

Fuente: Diputados bonaerenses

Tres íconos de la música popular brasileña, Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque, actuarán este domingo a las 14:00 en la emblemática playa de Copacabana de Río de Janeiro, durante una protesta contra el controvertido Proyecto de Ley de Blindaje, que busca proteger a los parlamentarios de procesos penales mediante voto secreto del Congreso. El encuentro, que también contará con la participación de la cantante Anitta, se iniciará a la altura del puesto 5 sobre la Avenida Atlántica.

Los legendarios cantautores, todos octogenarios y con décadas de activismo político, encabezarán manifestaciones que se replicarán en más de una docena de ciudades brasileñas contra lo que los críticos han denominado la Ley de los Bandidos. La movilización busca frenar una iniciativa del Congreso de mayoría conservadora que, según sus detractores, antepone los intereses de los legisladores a los problemas sociales y económicos del país.

El martes, la Cámara Baja aprobó el proyecto de ley conocido como Proyecto de Ley de Blindaje, que exige que el Congreso autorice mediante voto secreto cualquier acusación penal contra diputados y senadores. “El crimen organizado podría infiltrarse en el Parlamento, lo cual es preocupante”, advirtió el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en declaraciones al diario O Globo.

La indignación creció el miércoles cuando los legisladores aprobaron tramitar con carácter de urgencia otro proyecto que podría conceder amnistía al ex presidente Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada a 27 años de cárcel por liderar un intento de golpe de Estado. Veloso publicó en su cuenta de Instagram que la iniciativa del Congreso en ambas cuestiones “no puede quedar sin respuesta por parte de la población brasileña”.

“Tenemos que salir a las calles”, pidió. A la convocatoria de manifestaciones se sumaron también Djavan y la superestrella del funk Anitta, quien pidió a sus 63 millones de seguidores en Instagram imaginar “ser asesinados y que su asesino no pueda ser procesado sin autorización de sus colegas”.

El presidente de la Cámara, Hugo Motta, del partido de centroderecha Republicanos, defendió el proyecto como protección contra abusos judiciales. Cuando una norma similar estuvo vigente entre 1988 y 2001, según el portal de noticias G1, solo un legislador fue procesado mientras se rechazaron 250 solicitudes de la Corte Suprema.

“No más impunidad. Parlamento sinvergüenza”, reza el mensaje que circula masivamente en redes sociales convocando a las protestas. El proyecto, así como el de amnistía para bolsonaristas condenados por el intento de Golpe de Estado del 8 de enero de 2023 y que podría beneficiar al propio ex presidente, enfrenta resistencia en el Senado.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometió vetar la ley de amnistía y calificó el proyecto de blindaje como algo que no es el tipo de “asunto serio” del que deberían ocuparse los legisladores. 

Fuente: con información de Infobae

En una extensa entrevista con “Los datos del día” de Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7), el funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, Martín Ferlauto, explicó de qué trata el juicio en ausencia y los cambios en el Código Penal y el Código Procesal Penal sobre la reiterancia, la reincidencia y la unificación de penas. 

“Juicio en ausencia, la reiterancia y la ley antimafias son tres proyectos con objetivos específicos y tienden al mismo objetivo general, que es combatir la impunidad, generar un Estado donde primen la ley y el orden, y lo referido a la frase ´el que las hace, las paga´. Pero tienen objetivos específicos distintos porque, por un lado, el proyecto de ley que se aprobó de antimafias tiende a combatir el crimen organizado, agravando las sanciones para los miembros de las organizaciones criminales que prevé la ley", desarrolló en primer lugar.

A su vez, añadió que "la ´ley antimafias´ le da herramientas especiales de investigación a los fiscales y a las fuerzas de seguridad en estos casos, con una mesa de articulación federal entre las provincias y la Nación, y una herramienta de decomiso anticipado de bienes para sacarle su patrimonio a los delincuentes en las primeras instancias del proceso”.

Según Ferlauto, este proyecto de ley “hace referencia al combate de la criminalidad organizada, en el entendimiento de que en aquellos lugares donde está más instalada, los indicadores de violencia se disparan y crecen muchísimo”.

“Lo que vivió Rosario en los últimos años tiene que ver con esto, sobre la instalación de grupos criminales que se disputaban el territorio y el poder entre sí, y le planteaban un desafío a un Estado que no estaba coordinado para enfrentarlo seriamente”, subrayó.

Pero en tanto al juicio en ausencia, sostuvo que apunta a “otra cosa”, ya que es “una respuesta a los familiares de víctimas y también a las víctimas de hechos gravísimos y de crímenes internacionales como terrorismo, genocidio o de lesa humanidad”. En esa línea, acotó que se busca “dar una herramienta procesal excepcional para que en estos delitos no se exija la presencia física del imputado para avanzar con el juicio y la eventual condena”.

, pero ahora no hace falta, ya que puede ser en suspenso. El segundo pilar de este proyecto es la modificación de la unificación de penas, porque hasta ahora cuando una persona era condenada a cinco años y ya tenía otra condena en cumplimiento igual, el segundo juez las unificaba y la lógica indica que debía darle una pena única de diez años”, expresó acerca del proyecto presentado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso.

Sin embargo, el ex secretario de Seguridad de General Pueyrredon aclaró que “el sistema garantista en extremo al que habíamos llegado le daba la facultad al juez para que imponga, a través de un método conocido como composicional, una reducción al número que surgía de la suma de ambas condenas”.

Entonces, lo que buscaron fue que “si una persona es condenada a cinco años y después también a otros cinco, la pena única va a ser de diez, una modificación al Código Penal que rige en todo el país”, según sostuvo.

“La reiterancia, que es un instituto nuevo en el derecho nacional, es de índole procesal y rige en las causas que se tramitan ante el fuero federal y nacional. Hay algunas provincias que incorporaron a sus régmines procesales la figura de la reiterancia, como Buenos Aires, la cual consiste en que desde ahora cuando un juez tiene que resolver y un fiscal dictaminar sobre si corresponde o no dejar a una persona presa durante el proceso, debe mirar las detenciones e imputaciones previas que tuvo esa persona. Esto evita el fenómeno de la puerta giratoria”, concluyó Ferlauto.

La Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó una resolución exigiendo el levantamiento de la Ley Marcial declarada por el presidente Yoon Seok-yeol. La medida fue adoptada por unanimidad entre los legisladores presentes, con 190 votos a favor de los 190 diputados que participaron en la sesión plenaria.

La resolución fue respaldada por 18 legisladores del oficialista Partido del Poder Popular y 172 miembros de la oposición. Según la Constitución surcoreana, el artículo 77, párrafo 5, establece que el presidente debe anular la Ley Marcial si la Asamblea Nacional lo solicita con mayoría.

El presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won-sik, declaró: “Según la resolución de la Asamblea Nacional, el presidente debe levantar inmediatamente la Ley Marcial. La declaración de la Ley Marcial ahora no es válida. Espero que la gente se sienta cómoda. La Asamblea Nacional trabajará con el pueblo para proteger la democracia”.

A pesar de la aprobación de la resolución, los miembros del Parlamento permanecen en la sala de plenos a la espera de que el Ejecutivo confirme oficialmente la derogación de la medida.

La Ley Marcial fue proclamada la noche anterior por el presidente Yoon, quien argumentó que la decisión era necesaria para “erradicar las fuerzas pro-Corea del Norte y proteger el orden constitucional libre”.

Miles de personas se congregaron hoy frente a la Asamblea Nacional de Corea del Sur para protestar contra la declaración de la Ley Marcial por parte del presidente del país, Yoon Suk-yeol, mientras las tropas surcoreanas trataban de tomar la sede del Poder Legislativo bajo esa medida de excepción.

La concentración tuvo lugar frente a la Asamblea, rodeada por un amplio dispositivo policial y sin que se produjeran incidentes destacables por el momento, según pudo presenciar EFE, poco después de que Yoon proclamara la Ley Marcial y de que el mando militar anunciara la prohibición de toda actividad política, incluidas las manifestaciones o protestas.

El Ministerio de Defensa anunció medidas de seguridad adicionales y desplegó a las tropas del Ejército en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, donde se comenzaron a levantar barricadas, al mismo tiempo que la oposición está pidiendo a su electorado que acuda a la sede de la soberanía nacional.

El presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, declaró el martes la “Ley Marcial de emergencia”, acusando a la oposición del país de controlar el Parlamento, simpatizar con Corea del Norte y paralizar el Gobierno con actividades contra el Estado. Poco después, en un clima de conmoción y protestas, la Asamblea Nacional votó a favor de levantar la medida, aumentando la incertidumbre en el país.

“Para salvaguardar una Corea del Sur liberal de las amenazas de las fuerzas comunistas de Corea del Norte y eliminar los elementos antiestatales...Por la presente declaro la Ley Marcial de emergencia”, dijo Yoon en un discurso televisado en directo a la nación.

Tras la declaración de Yoon, Park An-su, el comandante a cargo de aplicar la Ley Marcial, ordenó el cierre del Parlamento, la prohibición de todas las actividades políticas y declaró que los medios de comunicación estarán sujetos a control.

Posteriormente, las tropas del comando militar nombrado bajo la Ley Marcial ingresaron en el complejo de la Asamblea Nacional, frente a la cual se han congregado ciudadanos en protesta contra esas medidas.

Fuente: Infobae

Los diputados del PRO Alejandro Bongiovanni y Daiana Fernández Molero presentaron un proyecto de ley con el fin de derogar la Ley N° 27.642, más conocida como Ley de etiquetado frontal de alimentos, que advierte a los consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.

Con un video publicado en X, anunciaron: “Vamos a derogar la Ley de Etiquetado Frontal. Es una mala ley, excesivamente paternalista que no sirve, no te informa. Porque si todo tiene sello, es como si nada tuviera sello. Este es el Estado tratando al consumidor no sólo como un niño, sino como un niño medio idiota”.

El proyecto señala que el objetivo es “la restitución de la libertad de productores y consumidores de alimentos, mediante la derogación del Régimen de Etiquetado Frontal Ley N° 27.642, cuyos objetivos se cumplen de modo más eficaz con la normativa ya vigente en el Código Alimentario en relación a rotulado, comercialización e información”.

Además, se indica que “desde un punto de vista económico o financiero el proyecto no tiene costo fiscal, no requiriendo fuente de financiamiento”.

“El universo de potenciales beneficiarios abarca a productores, exportadores, importadores y comercializadores de los alimentos alcanzados por la Ley N° 27.642, y a sus consumidores”, concluyeron.

El objetivo de la Ley de Etiquetado Frontal sancionada en 2021 era prevenir la malnutrición y enfermedades crónicas no transmisibles.

Fuente: DIB

Este jueves en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados bonaerense se debatirá la denominada Ley Ricardo, cuyo nombre recuerda a Ricardo Sierra (el arquitecto fallecido luego de haber sido atropellado en avenida Jara y Rivadavia), y que busca inhabilitar provisoriamente a conductores involucrados en siniestros viales.

El proyecto, presentado por la diputada Sofía Pomponio, fue impulsado por la familia de Sierra, liderada por Fernando Maldonado, quien expondrá ante la Comisión de Seguridad sobre la importancia de este proyecto y la necesidad de que se apruebe.

Como se indicó, la norma tiene como objetivo incorporar la figura de inhabilitación provisoria en el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Y busca que aquellos que estén involucrados en un siniestro vial sean inhabilitados para conducir de manera inmediata, “evitando así que puedan seguir poniendo en riesgo la vida de otros conductores y peatones”. 

Si el proyecto es aprobado en la Comisión de Seguridad, seguirá su curso en la Comisión de Legislación y finalmente pasará al recinto para obtener la media sanción. Esto sería un paso importante hacia la aprobación de la ley y la implementación de esta medida en la provincia.

Indicaron que la aprobación de este proyecto “sería un gran avance en la lucha contra la siniestralidad vial en la provincia”. Según estadísticas, la provincia de Buenos Aires es una de las que registra más siniestros viales en el país: la implementación de la inhabilitación provisoria para conductores involucrados en siniestros viales “podría ayudar a reducir la cantidad de accidentes y salvar vidas”.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó su preocupación por el decreto que dictó el Gobierno nacional por el cual se modificaron reglamentaciones de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

Según Adepa, el decreto 780/2024, contiene excepciones “que, por su amplitud y vaguedad, podrían habilitar a los funcionarios a incumplir su obligación de permitir el acceso a la información pública bajo el pretexto de genéricos ‘daños y perjuicios’ o con fundamento en un supuesto 'interés público’”.

En esa línea, la entidad consideró que esas restricciones “podrían afectar tanto el respeto de los principios receptados por la ley como los estándares constitucionales e internacionales en esta materia”.

Además, la institución sostuvo que esas modificaciones podrían ocasionar “aplicaciones restrictivas e incompatibles con el texto legal, con los principios constitucionales y con los tratados internacionales que imponen el acceso irrestricto a toda información que se vincule con el desempeño de los funcionarios públicos”.

A su vez, en el escrito publicado, Adepa le recordó al Poder Ejecutivo los “principios consagrados en el artículo 1° de la Ley de Acceso a la Información, y que se encuentran fuera del alcance de la competencia regulatoria del Poder Ejecutivo, figuran los de ‘presunción de publicidad’, ‘máxima divulgación', ‘máximo acceso’, ‘alcance limitado de las excepciones’” e “in dubio pro petitor” (“ante la duda, a favor del peticionante”).

Para Adepa, uno de los cambios más preocupantes del decreto marcha por el alcance de las definiciones de información pública y documento, establecidos en el artículo 3º del texto original. En ese punto, el Gobierno estableció que “no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley N° 27.275 y su modificatoria”. 

Según la institución, la definición original de esa Ley prescribía que información pública es “todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente ley generen, obtengan, transformen, controlen o custodien”.

En ese contexto, Adepa dejó en claro que los “funcionarios públicos tienen derecho a la privacidad y que en todo gobierno democrático pueden existir aspectos muy específicos que deban permanecer temporalmente fuera del conocimiento público, se trata de casos excepcionales, a los que sólo puede llegarse luego de acreditar la necesidad inaplazable de impedir que la ciudadanía conozca acabadamente la actividad de sus mandatarios”.

“El secreto es, en ocasiones, un remedio inevitable para el sostenimiento de un régimen democrático. Su extensión más allá de lo excepcionalmente necesario precipita a una pendiente que imposibilita hacer efectiva la responsabilidad pública de las autoridades. Y es una manera de socavar las bases republicanas del país”, subraya el documento difundido por Adepa. 

Para concluir, Adepa consideró que es “necesario que el Poder Ejecutivo revise este tipo de reglamentaciones que desnaturalizan lo preceptuado por la ley, la Constitución y los estándares interamericanos de derechos humanos”.

Fuente: Noticias Argentinas

El Gobierno nacional modificó hoy un aspecto de la ley de Propiedad Intelectual a partir del cual ya no será obligatorio el pago de un canon a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic) para reproducir o ejecutar música en eventos privados.

Mediante el decreto 765/2024, publicado en el Boletín Oficial, se informó que fue remplazado el artículo 33 de la Ley de Propiedad Intelectual (11.723), que originalmente establecía que se entendía como representación o ejecución pública “aquella que se efectúe en cualquier lugar que no sea un domicilio privado y, aun dentro de éste, cuando la representación o ejecución sea proyectada o propalada al exterior”.

El nuevo decreto introduce cambios al respecto. En primer lugar, dispone que se entiende por representación o ejecución pública “aquella que se efectúe -cualquiera que fueren los fines de la misma- en un espacio de acceso público, libre y dirigido a una pluralidad de personas”.

Además, la modificación detalla: “No existe representación o ejecución pública cuando la misma se desarrolla en un ámbito privado, sea este de ocupación permanente o temporal”.

En ese marco, agrega que se considerará ejecución pública de una obra musical o cinematográfica, discos, films sonoros, transmisiones radiotelefónicas y su retransmisión o difusión por altavoces “la que se efectúe por ejecutantes o por cantantes, así como también la que se realice por medios mecánicos, electrónicos o digitales, incluyendo Internet”.

No obstante, se indica que cualquier persona que obtenga un beneficio económico directo o indirecto por la ejecución pública de una obra “debe proporcionar una compensación justa a los titulares de los derechos”.

Esto incluye a quienes utilizan la obra “de manera ocasional o permanente” en actividades comerciales, como bares, restaurantes, gimnasios y otros establecimientos similares aclara el texto.

Esa compensación no será necesaria de abonar cuando las obras se utilicen “con fines didácticos en establecimientos educativos o durante conmemoraciones patrióticas en instituciones oficiales”.

Fuente: DIB

Destacados chefs de nuestro país se sumaron a una campaña nacional que promueve la trazabilidad de la pesca, evitar el fraude o mal etiquetado de especies en los mostradores y cuidar la sustentabilidad de los recursos marinos. Astrid Acuña, chef ejecutiva de La Mar (Buenos Aires), Gonzalo Labega, chef y propietario de Cantilla Villa Picante (Lobos) y Eugenia Krause, chef de Asian Ghetto y activista del movimiento Slow Food (Mar del Plata), se unieron para contar los beneficios de conocer el origen del producto desde el mar hasta la mesa de los consumidores.

La iniciativa propuesta por el Círculo de Políticas Ambientales impulsa una ley para crear un Sistema Nacional de Trazabilidad de la pesca*– cuyos objetivos principales son conocer el origen del producto desde su pesca hasta el transporte y la venta al público, evitar el fraude de especies, cuidar la salud de los consumidores y potenciar las exportaciones pesqueras, entre otros puntos. 

“El sector gastronómico es un actor clave para la sustentabilidad de los recursos marinos; tanto los chefs como los empresarios del sector son quienes influyen en las tendencias y los cambios en la gastronomía y la cadena de suministro, promoviendo nuevos hábitos alimentarios en la sociedad”, indicó Eugenia Testa, directora ejecutiva del Círculo de Políticas Ambientales.

Los chefs, especializados en productos de mar, participaron cocinando desde sus locales para amplificar el mensaje sobre la importancia de la trazabilidad de la pesca y la demanda de una ley que establezca un sistema nacional para los productos de mar, que garantice la legalidad e inocuidad del producto. 

“En La Mar nos adaptamos a lo que el mar argentino nos ofrece. Es importante la trazabilidad no solo en la pesca y/o mariscos; es el inicio para poder respetar los productos que nos brindar, en este caso el mar, pero también la tierra. La Ley de trazabilidad de la pesca es importante para mantener las especies y para saber también aprovecharlas en su mejor momento” señaló Astrid Acuña, su chef ejecutiva.

Desde Mar del Plata, la chef y docente de Asian Ghetto Eugenia Krause aseguró que “El origen del producto es todo, es importantísimo conocer al productor o al pescador porque varía mucho el resultado final” “en nuestro caso que somos cocineros sabemos trabajar el producto, pero para aquellos que van a la pescadería y no están duchos con el conocimiento del producto es fundamental que el filet contenga toda la información que la garantiza la trazabilidad”.

Por último, Gonzalo Labega de Cantina Villapicante, restó especializado en pescados, afirmó que “un pescado entero, con su ojos, su piel, habla sobre sus características, su frescura,  en cambio el filet pierde su huella digital, ya no tiene toda esa información; si hubiese una ley de trazabilidad sería más sencillo para todos no depender de un pecado entero, el consumidor final estaría seguro que lo que está comprando es un producto legal, del tamaño y en tiempo adecuado a los requerimientos que impone su veda”. 

La trazabilidad de la pesca permite evitar el fraude y mal etiquetado en el mercado local. Estudios realizados por investigadores de CONICET Mar del Plata (2021), indicaron que el 36% de los filetes comercializados en las grandes ciudades registran fraude o están mal etiquetados. A su vez, permite diferenciar en los mercados internacionales a la pesca argentina de aquella que se realiza de forma ilegal y no reglamentada, al borde del Mar Argentino.

Luego de que el Senado bonaerense aprobara el proyecto de Ley de Endometriosis, que propone garantizar el acceso a una atención integral y de calidad de las mujeres que tienen la enfermedad a través de un programa médico obligatorio, desde la agrupación Endohermanas Argentinas salieron a celebrar la media sanción y destacaron la importancia de prevenir la enfermedad que afecta a 3 de cada 10 mujeres.

Tras presenciar el debate de esta semana en el Senado bonaerense, una decena de mujeres de la agrupación Endohermanas Argentinas se emocionaron con el avance del proyecto de la senadora bonaerense Sofía Vannelli que busca la creación y aplicación de un “programa médico obligatorio y gratuito para la detección temprana de endometriosis”.

En diálogo con Diputados Bonaerense, la integrante de Endohermanas, Andrea Crichigno, destacó que la ley permitirá, en principio “que se hable de endometriosis”, considerada una “enfermedad silenciosa”, entre otras cosas, porque el diagnóstico demora de 7 a 10 años.

“Estoy emocionada, la sanción de la Ley de Endometriosis sería la gloria misma, porque todas nosotras somos pacientes, entonces sufrir una enfermedad crónica, lidiar con esos dolores y aparte ponerle el cuerpo para luchar por nuestros derechos, es muy complejo y a veces ingrato”, expresó Crichigno.

Según precisó la referente de la agrupación, la endometriosis “es la tercera causa de consulta por guardia ginecológica”. “Según las estadísticas, la padecen una de cada diez mujeres, pero que como está subdiagnosticada, se estima que son tres de cada diez”, enfatizó.

Es preciso mencionar que, la endometriosis es una enfermedad crónica no transmisible considerada benigna. La misma recubre el útero, el endometrio y provoca una reacción inflamatoria y puede producir la formación de tejido cicatricial –adherencias, fibrosis– dentro de la pelvis y otras partes del cuerpo.

En tanto, la integrante de Endohermanas manifestó que la iniciativa de Vannelli permitirá establecer un “diagnóstico temprano” de la endometriosis para que, de este modo, no se llegue “a casos tan severos y mejorar muchísimo el acceso a la salud de las pacientes”.

“Lo que pasa que siempre se la tomó en cuenta cuando afectó la fertilidad de la mujer, pero cuando los síntomas tenían que ver con el dolor, con los problemas a nivel intestinal y a nivel sexual la mujer tenía que simplemente sufrirlos”, añadió Crichigno.

Al referirse a las problemáticas que atraviesan hoy en día las mujeres que padecen un quiste endometrioma en el ovario, desde Endohermanas indicaron que son necesarias tres ecografías de control por año para no llegar a una cirugía de urgencia. “La obra social no te quiere cubrir o que vas al hospital y no tenés los recursos tampoco para que te lo hagan”, agregaron.

Endohermanas surgió a nivel nacional a fines de 2017 para impulsar una ley nacional que les garantice el derecho a “una salud sexual digna e igualitaria”, donde elevaron más de 20 proyectos al Congreso nacional. Actualmente, la agrupación cuenta con sedes en los municipios bonaerenses de La Plata, Bahía Blanca, Lincoln, Azul y Coronel Rosales, entre otros.

“Hay varias provincias que sancionaron la Ley de Endometriosis como Córdoba, Tucumán, Misiones, Mendoza, Santa Cruz y CABA, pero solamente dos están reglamentadas y las leyes sin reglamentación no son efectivas. Entonces por eso la importancia de que la senadora Vannelli haya trabajado con funcionarios del Poder Ejecutivo, porque estimamos que cuando llegue la ley la van a reglamentar”, precisó Crichigno.

En detalle, el proyecto de Vannelli contempla una cobertura médica integral del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) para las mujeres que padezcan endometriosis, al tiempo que obliga a los efectores públicos a proporcionar medicamentos, tratamientos, terapias hormonales, anticonceptivos, diagnósticos por imágenes e intervenciones quirúrgicas relacionadas con la enfermedad.

En última instancia, el proyecto de Ley de Endometriosis considera fundamental realizar una invitación a los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, para que se adhieran a la norma y promuevan en las 135 localidades de la comuna una implementación amplia y uniforme que alcance a todas las mujeres y personas menstruantes.

En paralelo, el Senado bonaerense también aprobó en la sesión ordinaria del pasado miércoles una iniciativa de la legisladora del bloque UCR + Cambio Federal, Flavia Delmonte, para instaurar el 14 de marzo de cada año como el “Día de la Endometriosis”, con la intención de fortalecer la difusión y concientización respecto a dicha enfermedad.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) rechazó el proyecto de Ley de Góndolas ingresado al Senado de la provincia de Buenos Aires y consideró que, en caso de ser aprobado, perturbará la operatoria de numerosas empresas e incrementará sus costos, con el consiguiente perjuicio para el consumidor final.

“Desde hace casi 100 años la CAC promueve los principios de iniciativa privada y libertad económica, en el convencimiento de que son esos los valores que generan el progreso, tal como lo deja en claro la experiencia internacional y la propia historia argentina”, afirmó la entidad en un comunicado de prensa.

En esta línea, meses atrás celebró la derogación de la Ley de Góndolas a nivel nacional; y ahora “observa con franca preocupación el proyecto bonaerense”.

Sin embargo, la entidad advirtió que coincide con diversos objetivos planteados en la iniciativa -como el de evitar prácticas distorsivas, promover el crecimiento de las pymes o alcanzar precios competitivos-, pero consideró que la herramienta propuesta es no solo incorrecta sino incluso contraproducente: “La excesiva injerencia en las relaciones comerciales más temprano que tarde deriva en escasez de productos y/o suba de precios, perjudicando a empresas y consumidores”.

Consideró además que el proyecto vulnera la libertad de comercio consagrada en la Constitución Nacional. “Si bien no es un derecho absoluto, resulta abusivo que mediante una ley se impongan condiciones de comercialización para solamente algunos de los actores que participan en las relaciones de consumo masivo”, indicó la entidad que conduce Mario Grinman.

“Nuestro país tiene un largo historial en políticas que, amparadas en fines loables, acaban por generar un severo daño. Las omnipresentes y excesivas regulaciones que se han ido estableciendo en Argentina -algunas con una complejidad tal que las hace virtualmente impracticables- representan un severo lastre para las pequeñas, medianas y grandes empresas afectadas, que limita sus posibilidades de crecimiento y, en no pocos casos, acaba por poner en riesgo su viabilidad”, agregó el comunicado.

Sobre el final destacó que los argumentos ya esgrimidos tienen “un correlato adverso en el campo laboral, como así también en los indicadores sociales: sin un sector privado pujante no es posible crear empleo genuino ni generar la riqueza necesaria para superar los escandalosos niveles de postergación y pobreza que nuestro país registra”.

Fuente: Noticias Argentinas

Los bloques de la oposición en el Senado bonaerense se reunieron este mediodía con representantes de las Cámaras Empresarias, PyMes y referentes de distintas actividades productivas de la provincia para sentar posicionamiento rotundamente en contra de la modificación del cálculo de las indemnizaciones que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

“Este proyecto busca modificar el artículo 48 de la Ley 11.653; multiplicando el monto de las indemnizaciones en más de 7 veces, poniendo en riesgo la continuidad de las Pymes e impactando negativamente en la generación de empleo nuevo”, enfatizaron y agregaron, “estamos todos aquí reunidos para poner un freno a esta ley que busca fundir a las Pymes, comercios y a tantas otras actividades productivas como así también, para expresar nuestro voto negativo cuando se trate en  el recinto”.

“Hemos mantenido reuniones con representantes de las Cámaras Empresariales para visibilizar y debatir acerca de las graves consecuencias que dicho proyecto representa para la subsistencia de las PyMes de nuestra provincia y el impacto sobre la generación de empleo nuevo, en un contexto socio-económico de grave crisis y un mercado laboral cada vez más limitado”, sostuvieron.

Los representantes de las distintas Cámaras Empresariales y PyMes presentes, expresaron su preocupación frente al avance de esta normativa, “estamos aquí representando a más de 50.000 PyMes de la provincia  de Buenos Aires, somos uno de los motores productivos más importantes que genera muchísimas fuentes de trabajo genuino, y agregaron, esta normativa pone en riesgo, nos asfixia y atenta contra cualquier posibilidad de generar nuevos empleos”.

Hoy, una importante mayoría en el Senado envió un mensaje claro: vamos a defender y acompañar a las PYMES bonaerenses. En una difícil situación económica el oficialismo promueve una medida que, en vez de fomentar el empleo, perjudica a quienes crean trabajo genuino. pic.twitter.com/Qcl2I5w4qW

Participaron de la reunión representantes de Cámaras Empresariales, Carbap, Federación Económica de la provincia de Buenos Aire (FEBA), Asociación Empresarios de Carga, Empresarios Pymes, Movimiento Nacional Pyme (MONAPY), Cámaras Industriales, Asociaciones Pymes, entre otros y los senadores Marcelo Leguizamón Brown, Aldana Ahumada, Yamila Alonso, Jorge Schiavone y el presidente del bloque PRO Alejandro Rabinovich; por el espacio de la UCR – Cambio Federal, Marcelo Daletto, Flavia Delmonte, Ariel Bordaisco, Alejandro Cellillo, Eugenia Gil; Carlos Curestis y Florencia Arietto (Libertad Avanza); Daniela Reich (PRO Libertad) y Betina Riva (Buenos Aires Libre).

La derogación de la Ley de Lemas en Santa Cruz dio ayer un paso importante en la legislatura provincial. La Comisión de Asuntos Constitucionales logró emitir un dictamen de mayoría para el proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo Provincial, a pesar del rechazo del diputado de Unión por la Patria, Eloy Echazú. Ahora, la propuesta continuará su tratamiento en comisiones este martes, con la intención del oficialismo de aprobarla en la próxima sesión, prevista para el jueves.

La Ley de Lemas, vigente desde hace más de tres décadas en Santa Cruz, ha sido objeto de críticas y cuestionamientos. Su derogación fue uno de los compromisos de campaña del gobernador Claudio Vidal. Este sistema electoral, oficialmente conocido como sistema de doble voto simultáneo y acumulativo, permite que cada partido o alianza constituya un lema, compuesto a su vez por sublemas o listas internas. En el escrutinio, se suma el total de votos de cada sublema, resultando electo el candidato del lema con más sufragios, lo que ha generado controversias al distorsionar, según sus críticos, la voluntad popular.

Durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el proyecto recibió el respaldo de los diputados Fernando Españón, Piero Bofi, José Quiroga y Pedro Muñoz. Sin embargo, Eloy Echazú, presidente del Bloque de Unión por la Patria, no acompañó la iniciativa. El dictamen aprobado propone derogar la Ley Provincial N° 2.052 y sus modificatorias, y adherir al Código Electoral Nacional y a la Ley Nacional N° 26.571.

Claudio Vidal ha criticado duramente el sistema electoral vigente. “Hemos visto cómo se ha ido derrumbando el sistema de representación democrática, cuyo objetivo fundamental parecía ser la perpetuidad en el poder, desvirtuando el sistema de representación directa y la participación ciudadana en los partidos políticos”, señaló el gobernador. Además, sostuvo que “se trata de un sistema distorsivo de la voluntad popular, que ha mutado a medida de los dirigentes y partidos políticos, degradando el proceso electivo hasta convertirse en una estafa para los votantes santacruceños”.

El diputado Pedro Muñoz, de la Coalición Cívica ARI, afirmó que la derogación de la Ley de Lemas “marcará el fin definitivo de esta práctica que ha generado corrupción y desconfianza en el sistema electoral de nuestra provincia, y es un triunfo de toda la ciudadanía”.

La Ley de Lemas no solo ha sido cuestionada por la oposición, sino que también fue denunciada por su inconstitucionalidad. Incluso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que evitó expresarse argumentando que se trataba de una norma que debía resolverse por los canales institucionales de la provincia.

Lejos de ser una prioridad para todos los sectores políticos, algunos dirigentes han expresado que acompañarán la derogación pese a sus reservas. Según declaraciones de Fabián Leguizamón, vicegobernador de Santa Cruz, tras el dictamen favorable, “algunos nos creyeron y otros no tanto, pero cumplimos con el compromiso de terminar con la Ley de Lemas. Asumimos en campaña junto al gobernador Claudio Vidal, derogarla sin especulaciones y hoy se inició el camino. Con la mayoría de los Diputados de Santa Cruz lograremos poner fin a este sistema electoral”.

El proyecto de derogación deberá pasar por las comisiones de Asuntos Municipales y Legislación General antes de llegar al recinto. La intención del oficialismo es tratarlo en la próxima sesión legislativa. Según indican fuentes cercanas al proceso, esta derogación no solo responde a un compromiso de campaña, sino también a un acuerdo programático firmado por los diversos sectores que integraron el Frente Electoral que llevó a Vidal a la gobernación.

El oficialismo tiene como objetivo terminar con un sistema que, según sus detractores, ha distorsionado la voluntad popular y permitido que resulten electos candidatos que no han alcanzado la mayoría de los votos. De concretarse, Santa Cruz adheriría al Código Electoral Nacional y a la Ley Nacional N° 26.571 de Democratización de la Representación Política, Transparencia y Equidad Electoral. La aprobación de esta derogación significaría un cambio significativo en el panorama político y electoral de la provincia. 

Fuente: Infobae

En esta semana que inicia con mucha actividad política, tanto a nivel local como internacional, el Gobierno intentará seguir transmitiendo al exterior el mensaje de un cambio de rumbo de la Argentina hacia una economía más abierta y, al mismo tiempo, dar un paso más en busca de su primer triunfo parlamentario con la aprobación de la Ley Bases.

Por un lado, el presidente Javier Milei partirá el próximo miércoles hacia Italia para participar de la cumbre de líderes del G7, que se realizará en el exclusivo hotel Borgo Egnazia y a la que fue invitada por la anfitriona del encuentro, la primera ministra de ese país, Giorgia Meloni.

En ese lugar, el mandatario argentino tendrá la oportunidad de mantener contacto personal con sus pares de los Estados Unidos, Joe Biden; de Canadá, Justin Trudeau, y de Francia, Emmanuel Macron, aunque también con el Papa Francisco y otros referentes globales que fueron convidados a asistir.

Aunque hasta el momento no trascendió la lista completa de las personas que integrarán la comitiva oficial, fuentes oficiales anticiparon a Infobae que el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no tiene previsto ser uno de los acompañantes de Milei en ese viaje.

El funcionario tiene su propio desafío en Buenos Aires, donde el mismo miércoles el Senado iniciará el debate por la Ley Bases y el paquete fiscal, que se prevé que será agitado a partir de la inconformidad de algunos bloques de la oposición “dialoguista” con determinados artículos de los proyectos.

Si bien La Libertad Avanza consiguió el dictamen de mayoría para que ambos asuntos se traten en el recinto, algunos espacios analizan agruparse para forzar más cambios sobre la iniciativa oficial, como excluir a Aerolíneas Argentinas y al Correo de la lista de empresas a privatizar.

Asimismo, todavía subsisten discrepancias con respecto a la restauración de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, luego de que el Gobierno no aceptara eximir de ese gravamen a las provincias patagónicas, que se niegan a incorporar nuevamente este tributo.

Ante esta situación, Francos, que tanto en su viejo rol de ministro del Interior, como en el nuevo de jefe de Gabinete, se mostró como el principal negociador con la oposición, planea quedarse en la Argentina para seguir de cerca el desarrollo de la sesión en la Cámara alta.

El funcionario, de hecho, fue el que la semana pasada pudo destrabar el dictamen de mayoría cuando, junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel, recibió a algunos de los senadores que todavía se mostraban reacios a firmar, lo que hacía peligrar todo el proyecto.

Tal como precisó este medio, la disputa por las privatizaciones fue uno de los principales conflictos durante las conversaciones y, aunque la oposición esquiló varios objetivos mileístas, Aerolíneas Argentinas quedó en la lista de compañías a vender y esto preocupa a casi todas las bancadas.

Aunque ambos textos con las reformas que busca aprobar el Poder Ejecutivo deberán volver a Diputados, ya que fueron varios los cambios que sufrieron en estos últimos días, el oficialismo quiere que la votación se dé de la manera más armoniosa posible y pretende evitar cualquier imprevisto.

En este contexto, el Gobierno no descartaba ahora ofrecer la quita de Aerolíneas del anexo en cuestión, para que los “dialoguistas” que ya le adelantaron un rechazo a todo el artículo, viren de postura y aprueben la potencial propuesta.

Por este motivo, entre otros, Francos decidió quedarse en la Argentina y seguir siendo el representante directo del Presidente ante los legisladores, junto con el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy.

En principio, el Poder Ejecutivo va a sostener sus intenciones de privatizar la aerolínea de bandera, también para evitar que el resto de los bloques “corran el arco” y también exijan otros cambios en los textos acordados en las reuniones de comisiones.

“Argentina no tiene plata y hay que racionalizar los recursos, todo lo que pueda ser gestionado por el sector privado sin gasto a cargo del Estado, tiene que hacerse de esa manera”, ratificó este domingo el jefe de Gabinete, al participar del programa de televisión de Mirtha Legrand.

En tanto, ese mismo miércoles, por la tarde, Milei partirá hacia Italia junto a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, el jefe de su Consejo de Asesores Económicos, Demian Reidel, la canciller, Diana Mondino, y su documentalista, Santiago Oría, entre otros.

El mandatario argentino podrá brindar un breve discurso sobre la inteligencia artificial, uno de los temas que se abordarán este año en la cumbre, en el marco de su objetivo de promocionar al país para crear un “polo” para el desarrollo de esta tecnología. En paralelo, seguirá conectado con Buenos Aires para enterarse de cómo seguirá el tratamiento de la Ley Bases.Fuente: Infobae.

Pese a ceder ante las presiones de la oposición dialoguista para aceptar cambios en la Ley Bases y el Paquete Fiscal, el bloque oficialista de la Libertad Avanza no pudo lograr el objetivo de obtener dictamen esta semana, ya que el encuentro del plenario de comisiones del Senado nacional volvió a pasar a un cuarto intermedio.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Legislación General, Bartolomé Abdala; y el titular de la Comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, anunciaron un cuarto intermedio para la semana próxima y, según deslizaron extraoficialmente, retomarán el debate el próximo martes 28 de mayo.

De esta manera, el presidente de la Nación, Javier Milei, encabezará el acto por el 25 de mayo en Córdoba sin el dictamen de la Ley Bases bajo el brazo y aún sin los votos en su poder para lograr la sanción del proyecto.

Es que, el plan del Gobierno era conseguir dictamen de mayoría el 9 de mayo, para desembarcar en el recinto del Senado una semana más tarde, el 16 de mayo, y llegar al Pacto de mayo con la Ley Bases y el paquete fiscal sancionados. Sin embargo, las negociaciones en la Cámara alta se demoraron, por lo que desde Casa Rosada decidieron posponer la firma para el 9 de julio.

No obstante, desde fines de la semana pasada, el Gobierno decidió asumir la imposibilidad de lograr apoyo a los proyectos tal como habían llegado de la Cámara de Diputados y abrió un canal de negociaciones con los jefes de bloques de las bancadas dialoguistas, con el fin de ajustar la Ley Bases y el Paquete Fiscal y destrabar, lo que hasta ahora no pudo, el dictamen de mayoría. 

De esa manera, desde la oposición plantearon modificaciones en el RIGI, con el objetivo de salvaguardar las empresas locales y proteger así a la industria nacional. Además, fomentaron que los Gobernadores puedan tener voz y voto respecto de esas inversiones que se vayan a radicar en sus provincias. 

El Gobierno adelantó que presentarán un proyecto de ley destinado a regularizar la tenencia de armas de fuego y simplificar los trámites correspondientes para que los usuarios puedan declararlas y/o solicitar la destrucción de las mismas de forma anónima. “Nuestro objetivo es que sea mucho más práctico, fácil y moderno”, explicó el director de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMac), Juan Pablo Allan.

“Un paso más hacia la regularización de los legítimos usuarios de armas”, así calificó a la iniciativa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desde su cuenta personal de X. No obstante, el escrito que será enviado al Congreso de la Nación también contó con el apoyo y la colaboración del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, según informaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Las autoridades explicaron que el proyecto tendrá como finalidad introducir nuevas modificaciones que contribuirían a “promover y facilitar el acceso legal y legítimo a la tenencia de armas de fuego”. En este sentido, remarcaron que los cambios serán de tipo administrativos, ya que el foco estará en simplificar y agilizar los trámites en el registro.

Desde la cartera de Seguridad argumentaron la necesidad de actualizar el régimen de trámites para poder “tener un registro de armas transparente, completo y con procesos modernos”, ya que se estipula que hay más de 800.000 armas de fuego bajo tenencia irregular en la actualidad.

De la misma manera, las autoridades resaltaron que la medida permitirá continuar con “el combate a fondo contra los delincuentes que, con armas ilegales, ponen en riesgo la vida de todos los argentinos”, a la vez que los ciudadanos quedarían habilitados para poseer armas de fuego en sus casas de forma legal.

Otro de los puntos destacados en el proyecto de ley propuso la prorrogación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego por 4 años, con la finalidad de que los usuarios pudieran entregar sus armas de forma anónima para que estas sean destruidas. Asimismo, la política los protegería de sufrir consecuencias legales posteriores por haberlas poseído sin las autorizaciones correspondientes.

El programa dejó de estar vigente desde el 31 de diciembre de 2023, sin embargo, se buscará reactivarlo para poder continuar con las tareas de eliminación pensadas para prevenir hechos de violencia -ya sean accidentales o intencionados- y reducir la circulación de armas en la sociedad. Desde el Gobierno destacaron la efectividad de la política, ya que se registró una notable disminución en la cantidad de municiones y armas de fuego que fueron destruidas.

Según los registros de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), entre 2007 y 2010 se registraron 774.651 municiones y 108.028 armas de fuego recibidas, mientras que entre 2020 y 2022 las cifras contabilizaron un total de 86.570 municiones y 3.260 armas de fuego. No obstante, las autoridades aclararon que la cantidad ingresada habría sido menor por la influencia de la pandemia por Covid-19.

Por su parte, el director de la ANMaC, Juan Pablo Allan, anunció que los legítimos usuarios que renovaran sus credenciales dentro de los 90 días de su vencimiento tendrán el beneficio de no acreditar la idoneidad del manejo de armas. “Nuestro objetivo como agencia es que sea mucho más práctico, fácil y moderno todos los trámites que se necesitan para estar dentro de la ley”, señaló al destacar que la modificación eliminará “procedimientos innecesarios y costosos, optimizando tiempo y recursos”.

De la misma manera, remarcó que uno de los objetivos primordiales de la gestión será la modernización de los procesos y servicios, por lo que prometió que continuarán en las tareas de simplificación. “El mensaje de Patricia Bullrich es muy claro: todo lo que hagamos desde la Agencia Nacional de Materiales Controlados es para agilizar y facilitarle los trámites a los legítimos usuarios”, remarcó Allan al enfatizar su compromiso con la propuesta.

Fuente: Infobae.

El Gobierno nacional recibió hoy a todos los gobernadores en una extensa reunión en Casa Rosada, donde se avanzó con presentar y aprobar en el Congreso una nueva Ley de Bases, más acotada con menos de 300 artículos, y la restitución del Impuesto a las Ganancias como moneda de cambio, lo que implica una masa aproximada de 6.000 millones de dólares anuales para reforzar las complicadas finanzas de las provincias.

Así lo sostuvo el ministro del Interior, Guillermo Francos, en una conferencia de prensa que brindó en la sede gubernamental, luego de haber encabezado el encuentro junto al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que se extendió durante más de cuatro horas.

Se trató de una primera reunión y aún queda mucho por acordar, ya que sobre el tema Ganancias aún no hay entendimiento y, en ese marco, los gobernadores de Unión por la Patria solicitaron que la cuarta categoría "afecte a los ingresos más altos".

"El tema Ganancias lo conversamos, algunas gobernadores están de acuerdo otros no. Quedamos en segur hablando y se formará una comisión de ministros de Economía provinciales para seguir negociando", sostuvo el ministro.

También se trabajará en reuniones con los ministros de gobierno de las provincias para tratar los temas políticos que establece el Pacto de 25 de Mayo.

En caso de llegar a un acuerdo, lo gobernadores deberían acompañar, a través de los diputados y senadores que les responden, un reflotada ley ómnibus que será más acotada y de la cual no se detalló demasiado que conservará y que no respecto de la última.

"Va a ser la Ley de Bases con los puntos que tenían consensos que ya se habían obtenido. Tiene menos artículos pero que les interesan a las provincias, como desregulaciones", se limitó a decir Francos.

Formaron parte de la conferencia los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). El primero de ellos, a su turno dijo: "Fueron más de cuatro horas conversando sobre las herramientas que necesita el presidente (Javier Milei) para sacar adelante la herencia que dejó el populismo. Dejamos definido un esquema de trabajo para avanzar con las reformas de los 10 puntos del Pacto de Mayo y de la nueva Ley Bases que toman los puntos que tenían más consenso". 

Jaldo, por su parte, sostuvo: "El Gobierno nos entregó puntos de la Ley bases que luego se van a ampliar y luego será una decisión del Congreso de la Nación. Queremos que a este Gobierno le vaya bien".

Consultado sobre cómo fue el ambiente de la reunión, Francos sostuvo que el gobernador de Buenos Aires, fuerte opositor a Milei, Axel Kicillof, "hizo varios comentarios y tiene diferencias y acuerda con otras propuestas del Pacto de Mayo. Pero fue todo expresado en un ambiente de cordialidad, después es responsabilidad del gobierno presentar los proyectos".

Por otro lado, dijo que el Gobierno "va a presentar proyecto de ley que va incluir una fórmula de actualización de jubilaciones", pero no aclaró si estará dentro de la relanzada Ley de Bases o se enviará por afuera.  

Los gobernadores de las distintas provincias ingresaron a Casa de Gobierno a partir de las 15, tras la convocatoria de Milei en su discurso de apertura de sesiones del Congreso, a fin de para reconstruir el diálogo que inicie el camino hacia el Pacto de Mayo, que deberá tener previamente la aprobación de la Ley de Bases y un acuerdo fiscal.

El jefe de Estado no pasó a saludar ya que se encontraba en la Quinta de Olivos, mientras que los dos funcionarios estuvieron acompañados por los secretarios de Gobierno, José Rolandi, de Interior, Lisandro Catalán y de Hacienda, Carlos Guberman. 

Asistieron los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Axel Kicillof (Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa), Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Valdés (Corrientes).

También, Jorge Macri (CABA), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Poggi (San Luis), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Y concurrieron los vicegobernadores, en lugar de los mandatarios provinciales que no pudieron asistir: Teresa Madera (La Rioja), Eber Solís (Formosa), Gisela Scaglia (Santa Fe) y Hebe Casado (Mendoza).

Javier Milei confirmó que enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para el Tesoro, en diálogo con Jonatan Viale en TN. En este sentido, el mandatario prevé terminar con la emisión sin respaldo.

“El proyecto definirá al señoreaje como delito penal y en caso de que el Banco Central financie al fisco, ya sea de manera directa o indirecta, terminarían en la cárcel el presidente del BCRA, el directorio, el presidente de la Nación y los funcionarios que voten por eso”, expresó el presidente.

La nueva ley que presentará Javier Milei, en tanto, deberá ser debatida por el Congreso de la Nación luego del duro revés que sufrió la Ley Ómnibus, la cual regresó a comisiones luego de que el oficialismo no consiguiera el respaldo de los bloques para aprobar varios de los artículos.

Tras un largo debate en la sesión de Diputados, la "Ley Ómnibus" volvió a comisión a partir de un pedido del presidente del bloque oficialista de La Libertad Avanza, Oscar Zago.

Principalmente se debe al rechazo de gran parte de los incisos correspondientes al capítulo sobre la Reforma del Estado que referían a la reorganización administrativa de los organismos del gobierno.

En diálogo con El Marplatense, Emiliano Recalt, concejal por Crear Más Libertad, manifestó que "lamentamos profundamente lo que pasó con la Ley, sabemos que era una de las herramientas que el presidente Milei consideraba esencial, por algo se llamaba Ley de Bases para la Construcción de la Libertad de la Argentina".

Asimismo, señaló que "generaba una sensación de esperanza en ese 56% y muchos más que seguramente estaban convencidos de que ese era el camino que necesitaba el país".

Por lo que "una vez más pudimos observar que la casta política, los gobernadores, los Diputados que votaron en contra, prefirieron mantener su privilegios antes que darles la posibilidad de un crecimiento sólido para poder manejar este país que ha quedado devastado a partir de las últimas gestiones".

Según reflexionó, "el Presidente recibió la peor herencia económica de la historia y no podemos salir adelante porque la política así lo decidió. Se han llevado adelante los acuerdos pertinentes que no fueron cumplidos".

De modo que con el resultado de la sesión de ayer, "lo que demostró ayer gran parte de la política que no quiso acompañar esta ley es que mantienen sus privilegios y quedaron bien expuestos", sentenció.

Respecto a las modificaciones planteadas, subrayó que "se han quitado capítulos que consideraban que generaban un impacto negativo en Mar del Plata. Fueron escuchados cada uno de los sectores porque este es un gobierno de apertura y creemos que la decisión que tome el presidente es la conveniente porque así lo demostró en las urnas".

A nivel local, "lo vamos a acompañar tanto desde el bloque Crear más Libertad, como nos ha ido marcando nuestro referente Alejandro Carrancio que aseguró que esto recién empieza".

"Cuando uno quiere cambiar la historia de Argentina, se encuentra con esto obstáculos que no representan más que a los políticos manteniendo sus privilegios en contra del futuro de la gente", agregó.

En lo que respecta a los Diputados que no acompañaron el proyecto, advirtió que "como todo en la política, se trata de posiciones que se marcan, pero lo que deja en evidencia es que cuando uno lleva adelante un acuerdo, no se puede garantizar con un documento como pasa en el derecho privado o en las relaciones entre particulares".

En conclusión, "la política es una herramienta de transformación, apelamos y creemos que esta nueva presentación que se va a hacer de la ley, realmente será acompañada porque lo que se está buscando es cambiar el futuro de nuestro país. Ojalá este bloque Dialoguista pueda tomar conciencia del daño que se genera cuando no se puede avanzar en una apertura, sobre todo en lo que tiene que ver con la confianza", finalizó.

El presidente Javier Milei reaccionó con un fuerte mensaje tras cristalizarse el revés político en el Congreso por la vuelta a comisión de la “ley de ómnibus”.

A través de la red social X y desde Israel, donde inició este martes su gira internacional, el jefe del Estado sintetizó el momento político con una dura frase: “La casta contra el pueblo”.

El mensaje apuntó contra los legisladores y los gobernadores a los que responden que votaron en contra aspectos clave del apartado de delegación de facultades que solicitó Milei en el proyecto ahora caído.

“Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar. Nuestro programa de gobierno fue votado por el 56% de los argentinos y no estamos dispuestos a negociarlo con quienes destruyeron el país”, aseveró.

Más adelante, agregó: “Hay sectores de la política que se resisten a hacer los cambios que el país necesita. Van a tener que explicarle a la sociedad por qué”.

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