A un año de la aprobación de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el CEPA publicó un informe crítico que denuncia una concentración sin precedentes de poder en el Ejecutivo, un fuerte retroceso en materia laboral y un avance sistemático en la privatización y desarticulación del Estado.

Según el relevamiento, al 4 de julio de 2025 se emitieron 157 decretos de carácter legislativo, de los cuales 61 se basan en las facultades delegadas por la Ley Bases. El informe advierte que esto representa un nivel de concentración que no se registraba desde el regreso de la democracia.

Entre los organismos eliminados se destacan el INADI, el ENOHSA, el Ente de la Vía Navegable y múltiples programas de promoción sectorial. Además, se desactivaron fondos fiduciarios clave como Pro.Cre.Ar y aquellos destinados a emergencias y ciencia. En paralelo, avanzó la privatización de empresas públicas, como ENARSA, Aerolíneas Argentinas y Banco Nación, incluso más allá de lo autorizado por el Congreso.

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones no generó nuevos proyectos: el 58% del capital comprometido proviene de YPF. La reforma a la ley de concesiones favoreció ampliamente al sector privado, incluyendo contratos en moneda extranjera y resolución de disputas en tribunales foráneos. La licitación de la Vía Navegable Troncal fue frenada por denuncias judiciales.

La restitución de Ganancias a la cuarta categoría y la reforma al impuesto a los Bienes Personales redujeron la progresividad del sistema. En lo laboral, se perdieron más de 173 mil empleos registrados entre diciembre de 2023 y marzo de 2025. El blanqueo alcanzó solo a 7.660 personas, mientras que la informalidad trepó al 42%. La figura del “colaborador” y el alargamiento del período de prueba consolidan un esquema de contratación precario.

El nuevo sistema de fondos de cese laboral reemplaza en la práctica las indemnizaciones, transfiriendo el riesgo al trabajador y debilitando la protección frente al despido arbitrario.

A partir del decreto 713/2014 que reglamentó la reforma laboral contenida en la Ley Bases promulgada en julio pasado, el contador público Marcelo Corbalán dio detalles de algunas de las modificaciones que contiene, entre ellas en las indemnizaciones, la licencia por maternidad y el período de prueba, donde remarcó que "no hay que caer en el abuso", dirigido a los empleadores.

“Como se modificaron muchas cuestiones del vínculo aboral, uno tiene que ver todos los aspectos, como el período de prueba, que es un tiempo en que el empleador evalúa las aptitudes del trabajador para el puesto y no se aplica la totalidad de la Ley de Contrato de Trabajo, como las indemnizaciones si se corta la relación en esa prueba", explicó Corbalán en “Los datos del día” de Mitre (FM 103.7)

Entonces, con esta modificación, el período de prueba se extendió de tres a seis meses, aunque “en empresas de entre seis a cien trabajadores puede ser de hasta ocho meses, mientras que en otras más chicas, de máximo cinco trabajadores, se puede llevar hasta a un año”, según precisó.

En esa línea, es que el docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) remarcó que “no hay que caer en el abuso” y también sostuvo que dependerá de la industria, pero que “si uno toma a alguien, no lo hace para echarlo, y que a veces capacitar a un trabajador puede llevar mucho tiempo”.

Dentro de los cambios, también se refirió a la maternidad. Es que antes de la reforma, las embarazadas no podían trabajar ni 45 días antes ni 45 después del parto, a pesar de que “en la práctica se corría” y “ahora se le da a la madre la posibilidad de elegir y correrlo hasta 10 días antes del parto”. Y explicó que “no es que perdés los 35 días previos, sino que los adicionás post parto”, lo que consideró una “buena medida” porque “pasaba en la práctica”. 

Por otro lado, con respecto a los cambios en las indemnizaciones, Corbalán mencionó que “hay uno que se hizo con justa causa, cuando la falta del trabajador es de tal gravedad que no permite continuar con el vínculo”, por lo que “establecieron como faltas graves: bloquear los establecimientos, no permitir que un empleado vaya a trabajar cuando se adopta una medida de fuerza y ocasionar daños al espeacio de trabajo”.

“Los agravamientos tienen que ver con una falta de respeto al trabajador, como una discriminación de tipo sexual, gremial o política. Eso hace que las indemnizaciones se puedan elevar hasta un 50%, pero si es de tal gravedad, el juez laboral la puede incrementar hasta un 100%”, concluyó el contador público.

Ante la confusión y el funcionamiento de dos tipos de blanqueos, el de capitales y el laboral, el contador público Marcelo Corbalán detalló de qué trata cada uno, donde destacó cuestiones positivas de ambos. Para adherirse al de capitales la fecha límite es el 31 de octubre, tras la extensión del Gobierno, mientras que para el laboral es el 24 de diciembre.

“Una de las cosas que trajo la Ley Bases es un blanqueo laboral, que permite regularizar relaciones que no tenías registradas, es decir empleados en negro, y puede ser total o parcial, sin importar el tiempo que hayan trabajado. Permite regularizar relaciones iniciadas irregularmente antes del 5 de julio, y la fecha límite para hacerlo es el 24 de diciembre. La normativa está sobre la mesa y ya está operativo”, contó en diálogo con “Los datos del día” de Mitre (FM 103.7).

También remarcó que el blanqueo laboral “le significa al empleado un reconocimiento de cinco años de aportes a los efectos de su jubilación”, por lo que si una persona trabajó diez años “en negro” le toman cinco, y si estuvo menos de cinco, los que haya trabajado de forma irregular.  

A su vez, recordó que “se mezcla con el otro blanqueo”, el de capitales, al que consideró “muy favorable también”, ya que se trata de “una gran reducción de lo que hay que pagar y se puede hacer en 12, 16 o 28 cuotas, dependiendo del tipo de contribuyente que seas, y si es de contado tenés un descuento del 50%”.

En ese sentido, sobre el blanqueo de capitales, Corbalán comentó que “viene muy bien” y que “si bien muchas personas tenían dudas acerca de la disponibilidad del dinero”, los que lo depositaron antes del 30 de septiembre, lo pudieron retirar. “En realidad no podés retirarlo directamente, sino que tenés que mandarlo a una cuenta propia, común y en dólares, y después lo podés retirar en el cajero”, señaló.

Vale aclarar que el 30 de septiembre, cuando vencía el plazo para adherirse al Régimen de Regularización de Activos, el Gobierno oficializó la decisión de prorrogar las fechas para el blanqueo de activos. De ese modo, el plazo para depositar dinero en efectivo se extendió hasta el 31 de octubre. 

En tanto, por el miedo que había para con el blanqueo, el contador público aseguró que, “al menos en los casos” que le tocaron, no hubo “ningún tipo de problema” y que “va sobre riendas”.

Luego de la tensión que se vivió a comienzos de año entre el Gobierno y el sector de la pesca a partir de avances que proponía la Ley Bases original sobre el sector, la polémica se reavivó esta semana luego de que el ministro de Transformación y Desregulación, Federico Sturzenegger, insistiera con que la actividad aporta al Estado sólo el 0,15% de lo que recauda. Desde el Sindicato Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) aseguraron que el funcionario “desconoce” lo que genera la pesca y que “ni siquiera se preocupa en interiorizarse”.

El secretario general del gremio, Mariano Vilar, aseguró que desde el sector viven esta situación con “una mirada de mucha preocupación” porque según manifestó: “Queda a las claras el desconocimiento del ministro sobre lo que genera la actividad”.

“Y mucho más preocupante -insistió en diálogo con El Marplatense- porque ni siquiera se preocupa en interiorizarse. Luego de lo que quisieron hacer en enero con la Ley Bases, que era la entrega del Mar Argentino, siguen con la misma mirada. Nosotros nos ofrecimos, tanto los sindicatos como los empresarios, para trabajar en conjunto. Pero se ve que no es la idea”.

Para Vilar “es muy raro” lo que busca el Gobierno con repetir estos conceptos, a los que calificó como “sentimientos muy anti soberanía”. Y agregó que “no entendemos qué es lo que impulsa a tener ese tipo de iniciativa, porque incluso por más que el canon pesquero sea como él dice -aunque no es así porque no está informado-, no es lo único que aporta la pesca. Después están todos los derechos de exportación, el impuesto a las Ganancias”.

Según el referente de SICONARA, el tema de fondo tiene que ver “con la mirada que tiene el Gobierno con la primarización de la economía”, algo que para él en verdad “no sucede con la pesca”. 

Para Vilar “la pesca hoy tiene un valor agregado en el producto final muy importante. Todo lo que es la industria alimenticia, se ve en Mar del Plata, la generación de puestos de trabajo, todo eso desaparecería. Creo que va por ese lado y sería un error muy grave”.

CRISIS

Con relación a la actual recesión que atraviesa la economía argentina, la actividad pesquera no es la excepción: “Puede que este año no haya sido el mejor año desde el punto de vista comercial y de rentabilidad porque uno no puede vender a lo que quiere, sino que está sujeto a los precios internacionales, ya que en su mayoría se exporta”.

Vilar insistió sobre los dichos de Sturzenegger, porque “quiere vender como que la pesca no aporta nada y que simplemente extrae el pescado de manera gratuita, lo cual es un error, porque incluso el canon de explotación pesquera va directamente ligado al precio de venta, a lo que se vende el pescado afuera”.

“Entonces la mano de obra que genera, el valor agregado que tiene al producto final, no es lo mismo lo que paga un filet, que un langostino pelado, que un langostino que está congelado a bordo. Todo eso mueve muchísima mano de obra, muchísimo empleado, tanto a bordo, como en tierra o en el Puerto”, explicó el sindicalista.

Para Vilar, en definitiva, la crisis es autoinfligida: “Por supuesto que esto está en crisis porque también el propio Estado genera eso. Al decir este tipo de declaraciones lo que da es incertidumbre al sector, lo que da es frenar inversiones, frenar futuros proyectos. Entonces ahora estamos con la cuotificación de la merluza, que ahí también se paga al momento de asignar la cuota y eso tampoco lo están diciendo. Esto pone en crisis al sector, tanto los empresarios como a los trabajadores”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó que la reforma laboral se reglamentará en breve, y desde sectores relacionados con la legislación en ese campo sostuvieron que hay dudas respecto de cómo se aplicarán diversas normas, más allá de que el problema actual de la falta de empleo no tiene que ver con la legislación, sino con “la realidad económica”.

El abogado laboralista Damián Bes consideró que la normativa abre un panorama con múltiples modificaciones que generan, además de dudas, un cambio de paradigma en la legislación laboral. En ese sentido dijo que “no se puede hacer una proyección de futuro, lo que el mercado está indicando es que nadie está tomando empleados porque no se avizora un aumento de las ventas. Y esto no tiene que ver con la legislación laboral, tiene que ver con la realidad económica”.

Ante esto, indicó que “la problemática de la reforma laboral es muy puntual, y cada Gobierno que viene ve cómo soluciona problemas que son de arrastre. En su asunción, el actual Gobierno planteó un decreto muy ambicioso, con una serie de reformas que no podían ser incorporadas por decreto de necesidad y urgencia, y cayeron por su propio peso en declaraciones de inconstitucionalidad que hasta hoy se sostienen”.

En declaraciones a Primera Tarde, por Radio Mitre Mar del Plata, Bes consideró que “muchas de esas reformas que no ingresaron, entraron por la Ley Bases, y hoy como ley están aprobados una serie de puntos”. En ese contexto es que se inscriben el cese de desempleo, uno de los puntos que más dudas generan según su punto de vista.

Según adelanta la normativa, a partir de la aplicación de esta ley se establece la posibilidad de que los empleadores pongan un fondo de cese de desempleo. Esto generaría que el trabajador con sus aportes mensuales y el empleador con una cuota complementaria, aporten a un fondo.

“Un trabajador que se va por el motivo que se vaya, se llevaría ese fondo -explicó el abogado-. Con lo cual se desnaturaliza: estoy pagando por 30 empleados y los trabajadores por ahí no se van nunca de la empresa. A lo mejor se paga una indemnización, pero no se sabe cómo se va a aplicar. Y no es para todos los casos, si no para los empleadores que arreglen con los sindicatos ese método”.

Además, Bes indicó que todavía hay discusiones sobre cómo se va a aplicar con los trabajadores que estén desde antes que se aplique la ley: “Hay tres posturas que se están enfrentando judicialmente a ver cómo se aplica en el tiempo esta ley. Hay quienes dicen que se va a aplicar inmediatamente, quienes dicen que se aplicará aun a las relaciones que se formaron antes de la Ley Bases, y otros que dicen que no se va a poder aplicar a las relaciones preexistentes”.

“Lejos de traer seguridad jurídica lo que tenemos es inseguridad jurídica sobre cómo se va a implementar en los hechos. Sobre un trabajador que está prestando tareas y su empresa pasa a la figura de cese de desempleo, no hay forma de que lo ingresen sin que complemente los años que ya trajo encima. Si no, es fuertemente perjudicial. Lo más lógico sería que fuese para las contrataciones nuevas”, consideró el letrado.

CAMBIO DE REGLAS

Para Bes, hay seis o siete puntos que son los que más van a impactar en la relación entre empleados y empleadores. Entre ellos, sobresale el hecho de que “hay una eliminación de todos los agravamientos indemnizatorios que existían por el trabajo mal registrado o sin registrar. Un trabajador que estaba registrado por cuatro horas, y trabajaba ocho, podía en vía judicial reclamar por esa diferencia. Hoy se plantea la derogación de esas leyes”.

“Además se deroga una serie de agravamientos indemnizatorios que afectan a un trabajador que no puede cobrar su indemnización porque su empleador lo despide o no le paga. Esto va a generar una transferencia de un sector a otro sector. Antes había una serie de compensaciones que ahora no están”, explicó el abogado laboralista.

El punto de vista del Gobierno es que será más tentador contratar trabajadores para los empleadores, pero para Bes se trata de “un empleador que tiene pensado contratar gente en negro, porque al buen empleador no le cambia nada. Argentina tuvo periodos donde esto se intentó, lo que puede generar es trabajo sin cobertura o registración”.

También genera polémica la figura del trabajador colaborador, que va a poder contratar hasta tres colaboradores sin que entre ellos tenga que haber una relación de dependencia. Para el abogado laboralista “todavía no se entiende qué quiere decir esta figura y estamos esperando el decreto reglamentario que explique cómo alguien va a trabajar para otra persona, pero no va a estar dentro de una figura de dependencia. Esto generó dudas porque no hay reglamentación clara. La duda es si ese colaborador se lesiona, quién se va a hacer cargo”.

Además, Bes comentó que ya se están recibiendo acciones judiciales por parte de los trabajadores en relación a la reinstalación del impuesto a las ganancias cuarta categoría, que había sido quitada el año pasado: “Los trabajadores habían considerado un derecho adquirido el no pagar impuesto a las ganancias y consideran que esta reinstalación los está afectando”.

A mas de un mes de la aprobación en el Congreso, el Gobierno reglamentó este lunes el primer tramo de la Ley Bases. El objetivo es comenzar a poner en marcha algunos cambios, principalmente los pasos administrativos para avanzar sobre las privatizaciones, la reorganización del Estado y cuestiones vinculadas al empleo público.

En primer lugar, el Ejecutivo queda habilitado a reordenar la administración pública de acuerdo a algunos lineamientos. En el texto aprobado de la Ley Bases, de hecho, menciona que puede reducir la estructura Estatal para achicar el déficit de las cuentas públicas.

De esta manera, esta reglamentación permite al Gobierno modificar, eliminar, reorganizar, fusionar e incluso transferir a las provincias el manejo de organismos descentralizados. De este punto quedan excluidos las universidades nacionales, los órganos del poder judicial o legislativo. Tampoco se podrán disolver algunos organismos como el CONICET, la ANMAT, ENACOM, el INCAA, la CONEAU, el INCUCAI, el INTA, el CENARD, el SENASA, entre otros.

También autoriza al Ejecutivo a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios; aunque de acuerdo a la ley queda exceptuado el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.

El capítulo de las privatizaciones que propuso el Ejecutivo en la Ley Bases sufrió diversas modificaciones. De las 41 empresas presentadas en el proyecto original y tras varias negociaciones mediante, Diputados finalmente habilitó a que seis empresas pasen a manos privadas y otras dos cambien su estructura.

A partir de la aprobación en la Cámara Baja, hay dos compañías -ENARSA e Intercargo- que quedan sujetas a privatización total, mientras Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad operadora ferroviaria S.E (Sofse) y Corredores Viales pueden privatizarse o entregarse en concesión.

Aunque esto no es todo. La Ley Bases también prevé que dos empresas cambien su esquema. Se trata de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Yacimientos carboníferos Río Turbio (YCRT). En estos dos casos en particular, se estipula que las empresas organicen un programa de propiedad privada para el cual se colocarán una serie de acciones, pero el Estado nacional debe mantener la participación mayoritaria.

De todos modos, pese a la aprobación en Diputados, el traspaso hacia el sector privado de las empresas no será inmediato. En principio, la ley dispone que la AGN deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las compañías “evaluando el cumplimiento de los aspectos legales y financieros”.

Otro de los puntos principales es la reducción del empleo público. A partir de la reglamentación, el Gobierno estará habilitado a quedarse con la “dotación óptima necesaria” y parte del personal podría quedar “en situación de disponibilidad por un período máximo de hasta 12 meses”.

Asimismo, la normativa fija que el personal tendrá “derecho a igualdad de oportunidades en el desarrollo de la carrera administrativa, a través de los mecanismos que se determinen”. Y menciona que las vacantes solo podrán ser obtenidas “mediante sistemas de selección de antecedentes, méritos y aptitudes”.

Esto coincide con el pedido de Federico Sturzenegger, que había adelantado que una de sus primeras gestiones sería la de impulsar un examen de ingreso para trabajar en el Estado.

En relación a los contratos y acuerdos transaccionales, el Ejecutivo podrá renegociar o rescindir los contratos de obra pública, de concesión de obra pública y de construcción de bienes y servicios, y sus contratos anexos cuyos montos superen los diez millones de módulos y hayan sido celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023.

“Resulta económica y financieramente inconveniente para el interés público la suspensión o rescisión de los contratos de obra pública que se encontraran físicamente ejecutadas en un 80% a la fecha de la sanción de la presente ley; o que cuenten con financiamiento internacional para su concreción”, dice la reglamentación y detalla que en caso de que esos contratos estén suspendidos, su ejecución tendrá que ser firmada por contratante y contratista y deberá ser suscrita dentro de 90 días desde la publicación de la presente ley.

“Se cumple un mes de las detenciones a los manifestantes el 12 de Junio en el marco del tratamiento de la Ley de Bases”, fue la frase del reclamo que organizaciones sociales llevaron adelante en la tarde de este viernes en las calles de Mar del Plata.

Cientos personas de congregaron en la esquina del palacio municipal y movilizaron por la avenida Luro hasta San Luis para manifestar el descontento por dicha situación.

“En ese sentido el juez interviniente libero a dos de los cuatro que seguian detenidos en un penal y confirmo la prisión preventiva de los otros dos. Una de las detenidas es Daniela Carlarco oriunda de Mar del Plata y militante del MTR votamos Luchar por el cambio social”, reclamaron.

Walter Orozco, del Partido Obrero, señaló a El Marplatense que “se vienen realizando varios allanamiento como en Quilmes y en Neuquén, con detención de 10 dirigentes. Esto es una persecución y para crear un temor en la población. Acá tenemos rehenes del gobierno de Milei y de Bullrich”.

Con respecto a la causa Belliboni, “ayer fue a Comodoro Py a llevar otra documentación y rendimos cuenta sobre las obras que se han realizado. Presentamos todo. El juez tenia que dar una resolución y ahora parece que lo hará luego de la feria Judicial”. 

“El cuadro es brutal” dijo sobre la entrega de alimentos. “Pettovello tienen que entregar los alimentos y acá el Municipio recortó a la mitad los frescos que veníamos recibiendo. En lugar de apoyar y dar, están recortando”, agregó.

“Libertad a los presos políticos” fue el grito de los manifestantes.  

En la previa de la firma del Pacto de Mayo, luego de su aprobación final el 27 de junio, el Gobierno promulgó este lunes 8 de julio la ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos junto con el paquete fiscal. Ambas normativas entran en vigencia.

La administración nacional finalmente publicó los decretos 592 y 593 que disponen la entrada en vigencia de ambas normativas sancionadas por el Congreso de la Nación, luego de meses de negociaciones por parte del Poder Ejecutivo con los bloques dialoguistas de la oposición.

Por un lado, la ley Bases le otorga facultades delegadas al presidente Javier Milei y contiene una amplia reforma del Estado,con la transformación de áreas, la eliminación y modificación de normativas vigentes, la creación de nuevos artículos que buscan desregular la economía, una nueva reforma laboral y la implementación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI).

En cuanto al paquete fiscal, denominado Medidas fiscales paliativas y relevantes, contiene la reimposición del impuesto a las Ganancias para 800.000 trabajadores asalariados, la rebaja en Bienes personales y el blanqueo de capitales, entre otros puntos centrales para el gobierno nacional.

La ley Bases fue aprobada con 147 votos afirmativos, 107 negativos 2 abstenciones. Tras la eliminación de las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, RTA (Radio y Televisión Argentina) y el Correo que definió el Senado, se esperaba un importante acompañamiento.

A pesar de querer insistir con las privatizaciones, el Gobierno tuvo que ceder en este punto. Lo mismo sucedió con la eliminación de la Moratoria Previsional, que también fue descartada por la Cámara Alta.

A partir de la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, el contador público Diego Mastragostino se refirió a todos los nuevos cambios del monotributo que se deben tener en cuenta, como quiénes pueden reingresar, los topes anuales y los valores de ingreso. Consideró que la actualización “no tiene precedentes” y es “significativa y positiva”.

En ese marco, el especialista en tributación explicó en “Los datos del día” de Mitre (FM 103.7): “En el paquete fiscal había una modificación sustancial en el monotributo que merece la pena analizar. Los servicios estuvieron limitados a la categoría H y ahora pasan como máximo a la K, es decir que se unifica la categoría tanto para bienes como para servicios. De esta manera, el tope anual de ingresos se modifica de 11.900.000 a 68.000.000, y los que tenían actividad de venta de bienes pasan de 16.950.000 al mismo monto. Más sujetos, por facturar más, podrán estar incluidos en el monotributo”.

A su vez, remarcó que ambas actividades -servicios y venta- alcanzarán el tope de los 68 millones, la que consideró que es “la novedad fundamental”.

“Por las limitaciones de ingresos, muchos monotributistas quedaron excluidos y lo que se definió en el paquete fiscal es que aquellos sujetos que quedaron excluidos del 1° de enero de 2024 puedan reingresar. O sea, si están en el regimen general o se mantuvieron pero incumpliendo las normas, hay un perdón para que puedan volver al régimen simplificado”, sostuvo el docente.

También expresó que se duplicó el ingreso al monotributo “en materia de obra social y jubilación” y que además hay aumentos “significativos” en el impuesto integrado, el cual reemplaza al IVA y al Impuesto a las Ganancias por una suba de escalas en cuanto a ingresos. “Seguramente se equipare con las actividades que cada uno desarrolla y los ingresos que tiene”, indicó.

Asimismo, aseguró que los menores contribuyentes deberán pagar “menos de 30 mil pesos”, considerando el impuesto integrado, la obra social y el componente de jubilación. 

“Estaba la intención de excluir determinados beneficios que, como consecuencia de las modificaciones en el Senado, se mantendrá ese beneficio de extensión respecto a los componentes mencionados. Por lo tanto, nada cambia para los sujetos del monotributo social en materia de montos a ingresar. Algunos importes se desactualizan, pero quedan incluidos dentro del régimen”, añadió el contador público.

Para Mastragostino, la actualización “no tiene precedentes”, es “significativa y positiva”, ya que comentó que “más personas podrán formar parte de la formalidad y tener acceso a seguridad social y obra social”. Por último, aclaró que sólo podrán reingresar quienes quedaron excluidos a partir del 1° de enero de 2024.

Tras la aprobación de la ley Bases en el Congreso, el presidente Javier Milei celebró la victoria del oficialismo y dijo que "definitivamente empezamos otro país". El primer mandatario se mostró exultante en la jornada del viernes y volvió a saludar desde el balcón de Casa Rosada a los transeúntes de Plaza de Mayo, al tiempo que se acercó a las rejas de Balcarce 50 a dialogar con estudiantes que realizaban una visita guiada.

La noticia de la sanción definitiva encontró a Milei en la Quinta de Olivos, donde se recluyó el jueves para seguir de cerca el debate, mientras en el recinto oficiaron de veedores dos personas de su máxima confianza: su hermana y Secretaria de Presidencia Karina Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos.

Este viernes el jefe de Estado encabezó un raid mediático que comenzó temprano e incluye la grabación de una entrevista que verá la luz el domingo por la noche. Mientras tanto, ya prepara su agenda para los próximos días.

Cuando lo transformaron en el presidente más votado de la historia y depositaron su confianza en @JMilei, los argentinos también eligieron un cambio de rumbo para siempre. Honrando este mandato, después de meses de trabajo responsable y con la convicción que nos caracteriza,… pic.twitter.com/xfLlsN0o5F

El mes de julio encontrará al Presidente recorriendo varias provincias, en un gesto poco usual hasta ahora. Las concesiones realizadas por varios gobernadores para lograr los votos de la ley Bases obligan al mandatario a devolver el gesto y atender a un pedido reiterado al Gobierno: que pise el interior del país.

En este marco, el próximo jueves Javier Milei viajará a San Juan, en la primera vez que visita esa provincia. Allí presentará un programa de alfabetización junto a Karina Milei y Manuel Adorni.

A su regreso a Buenos Aires, el jefe de Estado tendrá una foto con el Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli. Será el 5 de julio en el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), en donde saludará a los abanderados olímpicos que competirán en París.

El 8 de julio el Presidente encabezará en Tucumán la vigilia para la firma del Pacto de Mayo. La idea es convocar a gobernadores, empresarios y dirigentes sindicales al evento. Ante todo ello, se impone la pregunta: volverá a Mar del Plata?. 

La Cámara de Diputados aprobó tanto la ley Bases como la reforma fiscal presentadas por el Gobierno nacional, y despejó el único interrogante que sostenía hasta la medianoche: la recomposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. Luego de un debate de 13 horas, y con la presencia deKarina Milei, Guillermo Francos y Victoria Villarruel en el recinto, pasada la medianoche se sancionó el primer proyecto legislativo de la gestión de Javier Milei.

La ley Bases aprobada (147 a favor, 104 en contra y 2 abstenciones) replica el texto aprobado en el Senado, que redujo la lista empresas privatizables, eliminó la reforma previsional, reformó el RIGI y amplió la cantidad de organismos estatales que no se pueden disolver. Además, se sancionó la ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes a partir del articulado que había formulado la Cámara de Diputados en abril, que incluye impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y el blanqueo de capitales.

La Cámara de Diputados tratará este jueves los proyectos de Ley Bases y paquete fiscal y las expectativas están centradas en la restitución del Impuesto a las Ganancias, que tendría una definición ajustada.

El debate en el recinto está previsto para el mediodía. A las 10 habrá una reunión de Labor Parlamentaria, encabezada por Martín Menem, con todos los jefes de bloque para terminar de coordinar la sesión y sus tiempos.

Se prevé una sesión con una duración de doce horas y 40 oradores. Ambos proyectos se discutirán en simultáneo, pero se votarán por separado. Previamente, habrá un importante número de legisladores que plantearán diferentes cuestiones de privilegio. “Tuvimos coincidencias de los bloques que venimos colaborando para que salga la Ley Bases y el Paquete Fiscal y que haya una sesión rápida y eficaz”, afirmó el diputado Miguel Pichetto.

Las expectativas están centradas en el paquete fiscal, donde se encuentran los artículos referidos a la reversión de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, la modificación del impuesto sobre los Bienes Personales y gastos tributarios, referido al artículo 111, sobre los diferentes regímenes de exenciones tributarias, entre los que se encuentra el régimen impositivo especial en Tierra del Fuego, retirado por el Senado a instancias de los acuerdos políticos entre el senador Pablo Blanco (UCR) y el Ejecutivo.Esos son los tres puntos que el oficialismo quiere recuperar tras las modificaciones que realizó el Senado. El resto de la norma será avalada por Diputados. El blanqueo de capitales regirá hasta el 30 de abril del año próximo y se podrá ingresar un monto de hasta 100.000 dólares.

También habrá una moratoria fiscal y una modificación a la Ley de Minería, en el artículo referido al aumento de las regalías por explotación, para las provincias mineras, del 3% al 5%, punto acordado por el senador por Santa Cruz, José Carambia, con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Los diputados fijaron el piso del impuesto a las ganancias a partir de 1.800.000 pesos en bruto para las personas solteras y de 2.200.000 pesos para las casadas. Así, 800.000 trabajadores y jubilados exentos volverán a tributar ganancias. Este es un impuesto coparticipable entre la Nación y las provincias, que dará fondos frescos a los gobernadores.

El diputado radical por Corrientes, Alfredo Vallejos, explicó las razones de las provincias para acompañar esta iniciativa y recuperar la cuarta categoría: “Tenemos una posición que está en línea con lo que votó nuestro bloque el año pasado, cuando el kirchnerismo y el actual presidente (Javier Milei) decidieron eliminar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Esto causó perjuicios importantes a las provincias”.

El legislador agregó: “Nosotros votamos en contra, con lo que implicaba en un momento electoral, pero entendimos que había una responsabilidad que teníamos que atender. Hoy nos encontramos, al cierre de mayo y a partir de esa decisión, con una pérdida de 200.000 millones de pesos para Corrientes”.

Ambas iniciativas ya fueron aprobadas en general por las cámaras. Ahora la discusión es en particular. Diputados, al ser la cámara revisora en segunda instancia, solo podrá aceptar las modificaciones o insistir con su sanción original del pasado 29 de abril.

En lo referido a la Ley Bases, el dictamen de mayoría señala que se aceptan los cambios del Senado. Esto significa que se dejaron de lado los intentos de privatizaciones de las empresas Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y TV Pública. También se mantiene la Ley de Moratoria Previsional.

Se anticipa una votación favorable en Diputados acompañando la propuesta de la mayoría y se espera una aprobación por más de 140 votos.

En la ley de Medidas Fiscales, el capítulo referido al Impuesto a las Ganancias se aprobó en abril por 132 votos a favor, 113 en contra y cuatro abstenciones. Para este jueves el oficialismo ve números más ajustados, alcanzando los 129 o 130 votos a favor. Una mayoría muy justa construida con los 38 diputados de La Libertad Avanza, 36 del Pro, tres del MID de Oscar Zago, dos de Buenos Aires Libre de Carolina Píparo, tres de Independencia del gobernador Osvaldo Jaldo, Paula Omodeo de Creo, 24 de la UCR, 12 de Hacemos Coalición Federal de Pichetto, siete de Innovación Federal, cuatro de la Coalición Cívica.

El Gobierno se guarda la carta del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, que podría aportar algún voto que falte con los cuatro legisladores de su provincia, pertenecientes a UxP, para asegurar la mayoría. En abril, Sebastián Nóblega votó a favor, mientras que los diputados Dante López Rodríguez, Silvana Ginocchio y Fernanda Ávila se abstuvieron.

Por el rechazo están los bloques de UxP, el Frente de Izquierda, y de varios legisladores de diferentes bancadas como Héctor Stefani del Pro, los radicales Martín Tetaz, Mariela Coletta, Carla Carrizo, Marcela Coli, Fernando Carbajal, Pablo Juliano, Facundo Manes y Danya Tavela. Se sumarían los patagónicos Pablo Cervi, Roxana Reyes y Agustín Domingo de Juntos Somos Río Negro. Además de Natalia de la Sota y los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón.

En lo referido a Bienes Personales, el oficialismo alcanzaría ampliamente los sufragios para revertir la sanción del Senado, alcanzando los 140 votos a favor.

Antes del inicio del debate jurarán las nuevas diputadas Mónica Schlottahuer, de Izquierda Socialista, para ocupar el lugar de Romina del Pla y Vanina Biasi, del Partido Obrero, que reemplaza a Myriam Bregman.

Fuente: TN

Con la presencia de las autoridades del Consejo Directivo Nacional, el secretario general de ATE Nacional Rodolfo Aguiar, la secretaria adjunta Mercedes Cabezas, el secretario general de ATE en la provincia de Buenos Aires Claudio Arévalo y junto a los representantes de las seccionales de Bahía Blanca, Punta Alta, Punta Indio, Tandil, Azul, Monte y Bahía Blanca, se llevó a cabo un plenario en Mar del Plata.

En ese marco, Aguiar subrayó: “Federalizar es democratizar la toma de decisiones en nuestro sindicato. En la provincia de Buenos Aires, llegamos hasta Mar del Plata para participar del plenario de trabajadores nacionales. Queremos ratificar el camino de lucha y unidad. Tenemos que fortalecer la organización de los nacionales y garantizar que todas las provincias y las seccionales sean protagonistas. Hay Estado nacional porque se estructura en todo el territorio, y son las trabajadoras y trabajadores los que garantizan su funcionamiento. Jamás vamos a aceptar servir a otros intereses que no sean los de nuestro pueblo”.

Por su parte, la secretaria adjunta de ATE nacional, Mercedes Cabezas, declaró luego de la jornada: “Milei ha tomado la determinación de retirar la política pública nacional de los territorios de las provincias. Sin embargo, es una responsabilidad del Estado avanzar en ser garante de derechos. En este tiempo uno de los desafíos más importantes que tenemos es el de avanzar en recuperar la identidad del Estado y de sus trabajadoras y trabajadores como grandes materializadores de la política pública, pero también como garantes de los derechos de la población en su conjunto”, agregó la dirigente.

En representación de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, Claudio Arévalo señaló: “Creemos que la unidad es clave y estos espacios de debate tienen que fortalecernos para seguir luchando. Desde ATE no venimos a título personal sino que venimos a respaldar, como Consejo Directivo Provincial, la decisión que tome este plenario. Y aquí estamos junto con la representación del Consejo Directivo Nacional”.

Además, añadió: “Tenemos un gobierno nacional que sostiene que los problemas del país son producto de las y los trabajadores y nosotros sostenemos que es todo lo contrario: los despidos en el sector público y privado perjudican la economía del país”.

Para finalizar la jornada, ATE definió llevar a cabo como medida de fuerza una Jornada Nacional de Lucha con movilización al Congreso para este jueves 27 de junio a las 14, en primer lugar como rechazo a la ley que implica el desguace del Estado, y contra la amenaza de más de 50 mil despidos en la administración pública nacional planificada para fin del mes en curso.

Luego de la masiva manifestación que se realizó en Plaza de Mayo, liberaron ayer a la noche a 11 de los 16 detenidos por la represión en los alrededores del Congreso de la Nación. De los cinco que quedaron detenidos, hay una sola mujer: la marplatense Patricia Daniela Calarco Arredondo.

La jueza federal María Servini dictó “falta de mérito” para las personas que fueron liberadas y dictó procesamientos para las cinco que siguen privadas de su libertad por protestar. Se trata de Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Cristián Fernando Valiente, Roberto María de la Cruz Gómez y Facundo Ezequiel Gómez. La situación procesal de los detenidos deberá ser evaluada por la magistrada en los próximos días.

La medida fue tomada luego de la multitudinaria manifestación en Plaza de Mayo, donde familiares de los detenidos junto a organismos de derechos humanos y referentes políticos exigieron la liberación de los manifestantes que todavía están privados de su libertad.

De las seis mujeres que quedaban en el penal de Ezeiza, solo una no fue liberada, la marplatense Arredondo, quien está procesada por incendio y daño agravado. Se la acusa de haber incendiado tachos de basura en la zona de Congreso.

La mujer tiene 39 años, es del barrio Hipódromo y desde 2021 vive en Lomas de Zamora. Es una defensora de la lucha ambiental, militancia que forjó en Mar del Plata contra las fumigaciones. 

“Nos atropellábamos entre nosotros porque no podíamos ver”, contó a Presentes María Emilia Manazza, pareja de Daniela. “Estábamos a unas 13 cuadras ya del Congreso cuando la agarró de atrás un policía de civil, con toda la brutalidad e impunidad que tienen. Traté de forcejear para sacarla, pero no se podía”, aseguró.

Fuente: Presentes

La jueza federal María Servini ordenó anoche la libertad de 17 personas que habían sido arrestadas durante los incidentes que se produjeron en las inmediaciones del Congreso por la Ley Bases, en cambio, rechazó la excarcelación sobre las otras 16 detenidas.

La magistrada se basó en la ‘falta de mérito’ para otorgarles la libertad a la mitad de los aprehendidos, pero denegó el mismo beneficio para el resto, ya que hay evidencia fílmica y fotográfica sobre su responsabilidad en los desmanes ocurridos el miércoles pasado.

Entre los retenidos está Cristian Fernando Valiente, quien tenía en su poder una granada de mano al momento de su detención.

Servini había indagado en las últimas horas a todos los arrestados, y los incriminó de haber atentado contra el orden constitucional.

La jueza aceptó la calificación que había propuesto el fiscal Carlos Stornelli, quien acusó a los reos de diversas infracciones, desde “lesiones” hasta “delitos contra los Poderos Públicos y el Orden Constitucional”.

Por su parte, la vicepresidente Victoria Villarruel -quien debió desempatar para que se apruebe la Ley Bases el día de los disturbios-, presentó una denuncia en el juzgado de Servini por lo que considera “un ataque contra el ejercicio democrático”.

Villarruel se apersonó como querellante y señaló en su denuncia que los hechos acaecidos “no tendrían otro objetivo más que interrumpir la sesión”, y en ese sentido culpó a sectores vinculados al kirchnerismo.

En tanto, el legislador porteño Yamil Santoro había denunciado por “terrorismo” a los implicados en los disturbios.

En el escrito Santoro explicó que la denuncia es por la posible comisión de los “delitos de lesiones, daños a fin de impedir el ejercicio de la autoridad; tenencia de armas, atentado y resistencia a la autoridad, y contra los poderes públicos y el orden constitucional; todos ellos agravados por terrorismo”.

Fuente: Noticias Argentinas

Los dólares libres cotizaron a la baja luego de la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso. Se trata de la primera victoria legislativa de La Libertad Avanza.

El dólar blue cedió cuarenta pesos (-3,11%) este jueves en la city porteña. La divisa informal cotizó a  $1.215 para la compra y $1.245 para la venta.

El billete profundizó la baja de ayer y se acopla al buen humor de los mercados. De esta manera, en el saldo semanal cae 20 pesos. La brecha cambiaria respecto del dólar mayorista se ubica en el 38%  volviendo por debajo del 40%.

Por su parte, los financieros también celebraron con sendas bajas.

El dólar MEP bajó $35,04  (-2,74%) hasta los $1.243,90, mientras el contado con liquidación ajustó unos $31,40 (-2,41%) para finalizar la jornada bien lejos de los $1.300 en $1.270,28.

Las brechas cambiarias cayeron fuerte. La brecha del CCL quedó sobre el 40,8%, a la vez que el MEP en 37,9%. El tipo de cambio mayorista subió cincuenta centavos para cerrar en $902,00, el valor del billete en el Banco Nación es de $921,50 y en el promedio de los bancos es de $940,75.

El Banco Central compró 137 millones de dólares en el mercado de cambios, luego de un par de semanas con compras magras y varias jornadas con pequeñas ventas.

Apareció volumen en el mercado (US$ 365,18 millones) y la autoridad monetaria pudo hacerse de una cantidad significativa. Hay que remontarse hasta los 189 millones de dólares del pasado 21 de mayo para ver este nivel de adquisición de divisas.

Con la compra más grande de junio, acumula en el mes 220 millones de dólares y desde diciembre US$ 17.466 millones.

Las reservas brutas internacionales, no obstante, avanzaron solo nueve millones de dólares hasta los US$29.273 millones y quedan a la espera del visto bueno del FMI para recibir el desembolso de 800 millones que le hará volver a un nivel superior a US$30.000 millones.

El jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, celebró la aprobación de la Ley Bases en el Senado y sostuvo que “pese a modificaciones que han surgido en el propio recinto y algunos temas que han caído, no deja de ser un triunfo impresionante”. Además, señaló que el Pacto de Mayo podría firmarse el 9 de julio en Tucumán, en la celebración del Día de la Independencia.

“Ha sido un día muy intenso, de mucho trabajo, de mucha presión que hemos culminado con éxito, así que pese a modificaciones que han surgido en el propio recinto y algunos temas que han caído, no deja de ser hasta este momento un triunfo impresionante”, destacó Francos en declaraciones a Radio Mitre.

Asimismo, el jefe de Gabinete insistió: “No sé si tenemos real dimensión de lo que pasó en Argentina, el mundo está mirando este proceso de transformación sustantivo del país, de pasar a un populismo berreta que nos ha destruido a un manejo de la libertad en todos los niveles que ha sido impresionante”. Francos aseguró que “por eso somos el centro de atención del mundo y estamos en el centro de lo que es el debate ideológico”.

También, el funcionario admitió que “esta ley no soluciona todos los problemas del país, pero es una herramienta que nos va a permitir avanzar en muchos temas pendientes”.

Sobre los puntos que “quedaron afuera” en el Senado, señaló que en el caso de Ganancias y Bienes Personales “hay que insistir en Diputados”, por lo que anunció que se reunirá con los presidentes de los bloques "para ver de qué manera trabajamos estos temas”.

Lo mismo sucederá en el caso de las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas y Radio Nacional, entre algunas de las empresas que fueron retiradas de la propuesta por el Gobierno. “Por supuesto, pueden ser incluidas en Diputados. Veremos, porque no es un tema sencillo. Algunos temas son más difíciles de resolver que otros, aunque espero que sean revisados muchos de los temas que modificó el Senado. Queremos insistir, así que veremos, es un proceso arduo”.

A partir de la aprobación de la Ley Bases en general y el paquete Fiscal, el sector comercial marplatense anunció su preocupación, desde donde el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA), Guillermo Bianchi, advirtió que “apunta a la quita de derechos de los trabajadores”.

Frente al empate y posterior desempate de Victoria Villarruel, Bianchi analizó en comunicación con El Marplatense que se aprobó una Ley “parcial y micro comparada de lo que habían propuesto” en un primer momento, pero que "todavía no está concluida porque sufrió algunas modificaciones y pasó a la Cámara de Diputados".

"Lo veníamos señalando, el DNU que tenía un capítulo muy extenso en lo laboral y que fue detenido a partir de la intervención de la CGT, hoy se consagra como una precarización laboral. No intenta modernizar las relaciones laborales porque no tiene ningún capitulo que se refiera a las nuevas formas de trabajo y como el mundo evoluciona de la mano tecnológica", señaló.

Para él, la aprobación de la Ley Bases “apunta a la quita de derechos de los trabajadores”, debido a que entendió que intentan conseguir un “mercado laboral barato”, como el Gobierno ya lo ha hecho con los sueldos, “que no acompañan bajo ningún punto de vista al proceso inflacionario”.

A su vez, el referente gremialista destalló que "precariza el empleo, abre a las economías extranjeras sin ningún tipo de restricción en la extracción de los recursos naturales y premia con bienes personales y ganancias".

"Francos dijo hoy que van a intentar voltear el tema de bienes personales y ganancias. Además de intentar la privatización de Aerolíneas, el Correo y la Televisión Pública. Ellos no buscan acuerdos, sino la imposición y la Ley Bases es el ejercicio del autoritarismo. Estamos ante un ejercicio de presión e imposición muy fuerte. No creo que traiga más fuentes de trabajo porque están vinculadas al proceso económico y crecimiento del empleo. Intentan precarizar y vulnerar los derechos de la gente", comentó.

En otro punto, recordó cuando Javier Milei aseguró que “se cortaría la mano antes de aumentar un impuesto”, y que “desandó el camino al llegar a ser presidente”. También, en cuanto al jefe de Estado, acotó que “fracasó en su primer intento, en el segundo y así y todo, una vez que consensuaron volvieron a plantear que irían por eso en Diputados”. Por eso, planteó que "es el ejercicio a la imposición".

Y por último, con respecto al sector comercial local, Bianchi remarcó que trajo consecuencias “muy complejas” en materia de mercado interno porque para sostener los números macroeconómicos como lo hace el Gobierno “se tuvo que apelar una baja del consumo quitándole poder adquisitivo de compra a la gente”. Y concluyó al subrayar que "la política de Milei apunta a la transformación absoluta del pequeño y mediano comercio".

El Senado aprobó el paquete fiscal en general, por 37 votos afirmativos y 35 en contra. El proyecto tuvo media sanción tras la luz verde de la Ley Bases en el recinto. Tras la aprobación del paquete fiscal, la Cámara Alta debatió en el recinto la iniciativa en particular. Hubo rechazo a los títulos de Bienes Personales y a la restitución del Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría.

La mayoría de los legisladores votó en favor del paquete fiscal en general, incluso con el apoyo del senador radical, Martín Lousteau, que igualmente lo cuestionó. Los santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano, votaron de manera negativa y se sumaron a los 33 del bloque de Unión por la Patria.

En el inicio del debate la Cámara Alta aprobó el título de Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social. A su vez habilitó, con cambios, el Régimen de regularización de activos (blanqueo).

Los senadores rechazaron durante la sesión los cambios en el impuesto sobre Bienes Personales, tanto en el dictamen de mayoría, del oficialismo, como el de minoría, de Lousteau, y la restitución del Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, en este último caso, por 41 votos en contra y 31 a favor.

El proyecto establece el impuesto al patrimonio para los bienes desde los $100 millones. Aunque en el caso de la casa habitación esa suma sube hasta los $350 millones. Las alícuotas serán iguales para los bienes radicados en la Argentina o el exterior y en el período fiscal 2023 estarán entre 0,5% y 1,5%. Año a año, esa escala irá bajando.

La iniciativa establece además que Ganancias alcance a quienes tengan un sueldo de $1.800.000 en el caso de solteros y de $2,2 millones para casados. El proyecto establece, también, que la actualización de las deducciones personales y de las alícuotas sea semestral, a excepción de este año, que será trimestral. También se agrega una deducción especial que tiene el objetivo de exceptuar al aguinaldo del pago del impuesto.

El Senado avaló el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas y el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, y el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, y la mayoría de los ítems del título VIII, “Otras Medidas Fiscales”.

El Senador Nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad quien ya había adelantado su voto a favor en General de la Ley Bases, no fue por el mismo camino en las facultades delegadas y lo argumentó en su discurso en la mega Sesión: “Porque cada vez que vinieron a pedir un cheque en blanco, ahí estuvo la Unión Cívica Radical para decirle al gobierno de turno que nosotros de ninguna manera vamos a garantizar la discrecionalidad”.

Y luego amplió: “Y si no lo hicimos en aquel entonces, yo tampoco quiero hacerlo en este momento, señora Presidenta. Porque este gobierno tiene que demostrar madurez, este gobierno tiene que demostrar que no desprestigia a las instituciones, sino que las fortalece, porque el fortalecimiento de las instituciones es un requisito para sacar a la Argentina del atraso y llevarla al camino del progreso y del desarrollo”.

Asimismo, Abad -que detalló varios puntos de la Ley impulsados, como la deducción de hasta tres millones de pesos en la cuota de los créditos hipotecarios, el sostenimiento del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) y del sistema tecnológico; y  la restitución del monotributo social, la defensa de Aerolíneas Argentina, Radio y Televisión Nacional y el Correo Argentino- durante su discurso en el recinto del Senado de la Nación agregó: “Y este gobierno tiene que dejar de decir que va a vetar todas las iniciativas del Congreso, que al gobierno no le gusten, porque esas iniciativas son producto de un debate democrático y de representación popular. Por eso yo no voy a acompañar las facultades extraordinarias delegadas” dijo el marplatense que acompañó con su voto la Ley Bases en general.