Universidades públicas, profesionales de la salud y organizaciones sociales anticiparon la presentación de amparos, mientras desde el Congreso advirtieron que no votarán el Presupuesto 2026 si el presidente Javier Milei no asigna los fondos correspondientes a las normas ya aprobadas.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó para este martes un plenario extraordinario en la Facultad de Derecho de la UBA para definir una acción judicial conjunta. 

El encuentro, que se realizará desde las 13 en formato híbrido con la participación de todos los rectores del país, centrará el debate en la Ley de Financiamiento Universitario, que establece la actualización automática del presupuesto según la inflación, la recomposición salarial para docentes y no docentes, y la convocatoria a paritarias nacionales.

En paralelo, el Hospital Garrahan vivió una jornada de paro por 24 horas en rechazo a la decisión del Gobierno de no aplicar la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria pediátrica. La norma garantiza recursos para áreas críticas como neonatología, oncología infantil y cirugía cardíaca, pero el decreto 760/2025 dejó su puesta en marcha supeditada a la aprobación del próximo Presupuesto.

La ley de emergencia en discapacidad fue la primera en quedar bajo la figura de “promulgación sin ejecución”, una práctica que constitucionalistas calificaron como “inexistente”. 

El especialista Andrés Gil Domínguez señaló a través de X que el Decreto 681/2025 es “nulo de nulidad absoluta e insanable” y que el Ejecutivo está obligado a promulgar, publicar y aplicar las leyes aprobadas por mayoría legislativa. Además, advirtió que la decisión “lesiona derechos de las personas con discapacidad” y habilita acciones de amparo, denuncias penales por abuso de autoridad y pedidos de juicio político contra el Presidente.

En el plano político, el bloque peronista presentó un proyecto para exigir la aplicación inmediata de las tres normas. “El Poder Ejecutivo desconoce las facultades del Congreso y elabora argumentos ridículos para evadir sus obligaciones”, señaló una legisladora. 

A su vez, el socialista Esteban Paulón amplió una denuncia penal contra Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Salud Mario Lugones y la titular de Capital Humano Sandra Pettovello, por “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”.

El Congreso aún mantiene pendiente la moción de censura contra Francos, dictaminada la semana pasada por sectores opositores. Si el Senado la aprueba, el jefe de Gabinete deberá abandonar su cargo por pérdida de confianza legislativa.

Fuente: TN

Tras el rechazo del Congreso al veto de Javier Milei, el Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que regirá hasta diciembre de 2026. Sin embargo, su aplicación quedó en suspenso hasta que se definan las fuentes de financiamiento en el Presupuesto Nacional.

La medida fue oficializada a través del Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial. Según estimaciones oficiales, la implementación total demandaría más de $3 billones, equivalente al 0,35% del PBI. Este monto incluye la creación de nuevas pensiones, la cobertura médica del programa Incluir Salud y una compensación de emergencia para prestadores.

El Gobierno argumentó que el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones”, y que la reasignación de partidas no constituye una fuente suficiente. Por eso, la ejecución de la norma quedará postergada hasta tanto se incorporen partidas específicas en el Presupuesto 2026.

Mientras tanto, el Ejecutivo anunció un ajuste presupuestario desde el 1° de octubre para reforzar la atención a personas con discapacidad, reasignando fondos hacia la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para responder a los reclamos de actualización de prestadores.

Fuente: Infobae

La medida vetada no implica un incremento presupuestario, pero sí determina la continuidad de tratamientos y servicios esenciales que impactan directamente en la calidad de vida de miles de personas con discapacidad.

La convocatoria fue anunciada por Jesica Machado, quien subrayó que la norma “no es un privilegio ni una ayuda, sino la garantía de derechos ya adquiridos”. 

La protesta reunirá a asociaciones civiles, agrupaciones de familias, centros educativos terapéuticos, escuelas especiales y prestadores de transporte adaptado. “Pedimos a los diputados y diputadas que estén a la altura de las circunstancias”, remarcó Machado en diálogo con El Marplatense.

En Mar del Plata, Lucía Fraternali, referente de Prestadores Unidos con 17 años de trayectoria, ya había alertado sobre la gravedad de la situación “Miles de trabajadores y personas con discapacidad quedan a la deriva. La incertidumbre es enorme y la necesidad de una respuesta legislativa es urgente”.

La concentración busca visibilizar un reclamo que se replica en distintas ciudades de Argentina, en defensa de la atención, la inclusión y los derechos de un sector que advierte que, sin esta ley, su futuro inmediato queda en riesgo.

El Juzgado Federal de Campana declaró la invalidez del decreto del gobierno de Javier Milei que vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso. En el fallo, el juez Adrián González Charvay sostuvo que “el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias”.

Esta decisión se enmarca en un amparo presentado por los padres de dos menores con discapacidad, quienes argumentaron que buscan “asegurar que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida”, tal como se afirma en el sitio oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Los afectados por la medida, aseguró el juez, “son personas en situación de múltiple vulnerabilidad por su condición de niños y de personas con discapacidad (Art. 75 inc. 23, Constitución Nacional), de lo que se desprende que sus derechos deben ser objeto de una protección especial”, destacó la sentencia.

La sentencia consideró que la decisión del Gobierno “viola obligaciones internacionales de derechos humanos al mantener el desfinanciamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad”.

“El veto cuestionado provoca como resultado directo el deterioro progresivo de servicios y prestaciones a la salud que afecta a un grupo de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y demandan una protección especial por parte del Estado”, advirtió González Charvay.

El juez recordó también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva a instancias de la República Argentina, en la que reconoció la existencia del derecho autónomo al cuidado e hizo énfasis especialmente en la responsabilidad del Estado con los menores de edad, los adultos mayores y las personas con discapacidad.

Esta decisión, que implica la vigencia automática de la Ley 27.793, con medidas como compensaciones arancelarias y actualización de prestaciones, puede ser apelada por el Estado ante la Cámara Federal de San Martín.

En el Decreto 534/2025, el Gobierno fundamentó su decisión al sostener que las leyes aprobadas implicaban un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, sin fuentes de financiamiento suficientes ni cálculos actuariales que aseguraran su viabilidad.

La ley vetada declaraba la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y disponía un refuerzo en las pensiones no contributivas por invalidez, elevándolas al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, establecía que dichas pensiones serían compatibles con empleos formales, siempre que los ingresos no superaran los dos salarios mínimos.

Fuente: TN

En paralelo al tratamiento en el Senado de la Nación de la ley de emergencia en discapacidad, transportistas de personas con discapacidad se manifestaron frente al Municipio de Mar del Plata. 

Según explicó, los valores del servicio no se actualizan desde hace siete meses y la actividad se vuelve insostenible. “Ya veníamos con valores bajos. Hoy estamos precarizando todos los mantenimientos. Cada mes hay transportistas que abandonan porque no pueden sostener los costos”, detalló en dialogo con El Marplatense.

Goldar remarcó que la falta de transporte pone en riesgo el acceso a tratamientos: “Si una persona no puede llegar a su centro de día o a sus terapias, lo que pierde en ese tiempo no se recupera”.

Además, cuestionó la falta de diálogo con las autoridades locales: “No hemos tenido ningún llamado ni convocatoria de parte del Municipio, ni del área de discapacidad ni del Concejo. Estamos solos en esta lucha”.

Desde el sector esperan que el Senado apruebe la ley como lo hizo Diputados, pero aclaran que se trata de un parche urgente: “La situación de acá a fin de año va a ser insostenible si esto no se aprueba”, concluyó.

En el marco del tratamiento en el Senado de la ley de emergencia en discapacidad, integrantes del colectivo Prestadores Unidos Mar del Plata realizaron una vigilia frente al Municipio. Jessica Machado, una de las referentes del espacio, alertó: “Si hoy no se aprueba la ley, el sistema como lo conocemos va a desaparecer”.

La protesta reunió a transportistas, profesionales, familias y personas con discapacidad, quienes expresaron su preocupación por el deterioro de las prestaciones, los atrasos en los pagos y la falta de actualización en los honorarios.

Desde el sector reclaman que se garanticen derechos ya existentes, no nuevas conquistas. “Se están vulnerando derechos adquiridos. Ni siquiera estamos pidiendo leyes nuevas, sino que se cumplan las que ya existen”, explicó en diálogo con El Marplatense.

Machado también cuestionó el silencio de los organismos oficiales y la falta de respuestas de los concejales marplatenses, a pesar de los reiterados pedidos de reunión. “Hace más de un año y medio que no nos convocan. Es vergonzoso”, afirmó.

La ley que se discute hoy no solucionaría todos los problemas, pero sería un paliativo. “Es una gran curita para un sistema en estado crítico. Sin eso, directamente se muere”, concluyó la vocera.

Con una caravana de camionetas y una concentración frente al Palacio Municipal, organizaciones y prestadores vinculados a la atención de personas con discapacidad reclamaron este martes la aprobación de la ley de emergencia en discapacidad, iniciativa que busca visibilizar la grave crisis que atraviesa el sector.

Juan Goldar, presidente de la Asociación de Transportistas y Prestadores de Servicios para Personas con Discapacidad (ATPCD), explicó la situación en dialogo con El Marplatense : “Estamos bajo una gran emergencia. Ya no podemos seguir brindando el servicio. Si esto no se soluciona, vamos a tener que pedir que se decrete el caos en discapacidad”.

Según Goldar, hace más de seis meses que la Agencia Nacional de Discapacidad no convoca a reuniones para modificar el nomenclador, herramienta que determina los valores que se pagan por las prestaciones. “Así no hay forma de sostener el transporte, que es el nexo entre las personas con discapacidad y la sociedad”, afirmó.

Durante la manifestación, el dirigente remarcó que las terapias, los centros educativos y los traslados adaptados forman parte de un sistema que permite el acceso a derechos básicos. “No es un pedido de ayuda. Estamos hablando de una ley. Las personas con discapacidad tienen esos derechos constitucionalmente garantizados”, subrayó.

Goldar advirtió que si no se declara la emergencia, el panorama será crítico: “El daño que se va a producir si esto no sale favorable va a ser prácticamente irreversible. Las personas con discapacidad, niños, jóvenes y adultos, van a quedar sin sus tratamientos, sin sus espacios, sin su vínculo con la sociedad”.

La protesta busca que el Estado reconozca la urgencia del reclamo. “La inclusión no se hace solo con la persona con discapacidad, se hace con la familia, con la sociedad y con un Estado presente. Hoy, ese Estado está ausente”, concluyó el presidente de ATPCD.

Frente a las puertas del Palacio Municipal de Mar del Plata, la organización Prestadores Unidos MDP encabezó una manifestación para exigir la aprobación de la ley de emergencia en discapacidad. La movilización fue acompañada por transportistas, terapeutas, familiares y personas con discapacidad, quienes reclamaron políticas públicas integrales y urgentes frente a una situación que califican como insostenible.

“Acá no hay partes, somos una gran comunidad que apoya a las personas con discapacidad y a sus familias. Por eso el reclamo es mancomunado. Logramos unirnos para visibilizar lo que está pasando y decir basta”, expresó Jessica Machado, una de las referentes del colectivo. “Queremos que se trate la ley de emergencia porque parece que no somos oíbles” manifestó en dialogo con El Marplatense.

La protesta denunció múltiples problemáticas: recortes en terapias, demoras de más de cinco meses en los pagos a prestadores, falta de aumentos en los honorarios y abandono por parte de las obras sociales. “Reclamamos también pensiones no contributivas que no se están pagando, y una auditoría real sobre el funcionamiento de las obras sociales. No se está cumpliendo la ley”, agregó Érica, otra de las voceras.

La situación, según los manifestantes, no solo afecta a los trabajadores del sector sino directamente a quienes necesitan estas prestaciones. “Hace 13 años que mi hijo tiene certificado de discapacidad y esto fue de mal en peor. Los más chicos necesitan muchas prestaciones para poder evolucionar y ser parte de esta sociedad”, expresó Érica con angustia.

El testimonio más contundente fue el de Santiago Navone, quien denunció directamente la mirada discriminadora del Estado: “Lo que dijo el director nacional de Discapacidad es una vuelta a una concepción totalmente discriminativa. El problema de la discapacidad es social. Nos puede pasar a cualquiera”.

Navone apuntó también a la falta de transporte público accesible y a la precariedad de los apoyos básicos: “Si me quedo sin acompañante terapéutico no puedo llegar a trabajar. No tenemos un sistema de transporte adaptado. Necesitamos vivir como cualquier otra persona: ir al cine, hacer kinesiología, tener calidad de vida”.

Y cerró con una definición que atraviesa el reclamo: “Estamos viendo una violación sistemática de nuestros derechos constitucionales como ciudadanos. Nos están condenando a volver al siglo XIX, y estamos en el siglo XXI”.

Luego de la aprobación de la Ley de Emergencias, desde el sector de las Agencias de Viajes existe una gran preocupación en cuanto a como impactará lo referido al punto que trata el cobro del impuesto del 30%, a las compras en dólares.

Esta medida tendrá un efecto inmediato en el mercado de agencias de turismo y plataformas que comercializan viajes y hoteles. Por ahora, algunas decidieron interrumpir el trabajo con operadores que sólo facturen en dólares.

"Existe una gran preocupación en el sector, ya que no se ve como positiva la medida, ni en el corto, ni en el mediano plazo. No lo estamos viendo como algo viable y sostenible en cuanto a las agencias de viajes, ya que las afectará considerablemente por el enorme gasto adicional que se va a generar para la compra de viajes, con el 30%", manifestó Sebastián Salvia, presidente de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT), en diálogo con el programa "Antes que sea Tarde", por Radio Mitre Mar del Plata.

"Desde el sector, estamos preocupados en cuanto a las fuentes de trabajo de todas las agencias de viajes y a su vez, también es preocupante, porque no lo vemos como algo tan directo, que pueda llegar a repercutir en un beneficio de turismo interno", señaló.

"El hecho de generar la baja en el turismo emisivo, puede generar riesgo también en la caída de vuelos y lugares de asientos de aviones, con lo cual se generará una menor disponibilidad de lugares para turistas que vengan a la Argentina, por lo cual es preocupante desde todo punto de vista", remarcó Salvia.

Sobre si esta medida beneficiaría al turismo en Mar del Plata, teniendo en cuenta que viajar al exterior resultará mas costoso el titular de AAAVYT, señaló que "en principio no se ve como algo tan directo y lineal, que automáticamente la gente que pensaba viajar al exterior, se vuelque a un cambio de turismo interno, en el caso de nuestra ciudad".

"Habrá que ver en ese sentido como acompañan los precios y como se va desenvolviendo la oferta y la demanda, para que realmente haya una supuesta ventaja competitiva, en cuanto al valor", subrayó.

Al ser consultado sobre si hubo un aumento en las consultas o compras de viajes, antes de que impacte el aumento, Salvia indicó que "desde que comenzaron los rumores y luego quedó en firme la publicación del proyecto de ley, está habiendo una compra anticipada por parte de la gente que ya está reservando y adquiriendo sus vacaciones para todo el año que viene, como forma de anticiparse a este impuesto".

En referencia a las personas que ya adquirieron sus viajes en cuotas "las compras que ya se han efectuado, anteriormente a la ley, no se verán afectadas. Ni las compras en cuotas, ni las compras que hayan adquirido en moneda extranjera, aunque el resumen aún no haya sido saldado", concluyó Sebastián Salvia.