El juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró la inconstitucionalidad del decreto 759/2025 con el que el Gobierno promulgó la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) y además, ordenó que se aplique de inmediato.

Este mismo magistrado, que había intimado al Ejecutivo a cumplir con el financiamiento universitario, resuelve el amparo colectivo que presentaron de manera conjunta el Concejo Interuniversitario Nacional (CIN), un grupo de universidades y docentes, y la causa acumulada de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En su resolución, el juez consideró que después de que el Congreso rechazara el veto presidencial con mayorías agravadas, al Presidente Javier Milei le quedaba promulgarla sin restricciones.

En la práctica, lo que hace el fallo es anular el recurso que había utilizado el Gobierno para condicionar la ejecución de la ley a la existencia de financiamiento y partidas presupuestarias, al atarla a la Ley de Administración Financiera.

Esta norma, en el artículo 5, dice que "toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional".

Ahora el fallo de Cormick, que es de primera instancia, desactiva este freno. En sus argumentos, el magistrado recordó que ya existía una cautelar que ordenaba cumplir los artículos sobre salarios y becas.

La Justicia resolvió sobre la cuestión de fondo vinculada al financiamiento universitario y ordenó al Ejecutivo nacional avanzar con el cumplimiento de la normativa. Desde ADUM confirmaron que mantendrán la movilización prevista para el 15 de octubre, que en Mar del Plata partirá a las 16 desde el Complejo Universitario.

La Justicia falló sobre la cuestión de fondo vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno de Javier Milei cumplir con lo establecido por la normativa.

“El juez le dijo al Gobierno de Javier Milei que tiene que cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”, afirmó la dirigente gremial al referirse a la resolución conocida este martes.

Según detalló Araujo, la decisión implica financiar los salarios y las becas tomando como referencia el nivel adquisitivo de diciembre de 2023, además de recomponer el presupuesto general de las universidades y los fondos destinados al sistema científico y tecnológico.

La representante de ADUM aclaró que se trata de una resolución de primera instancia y, por lo tanto, puede ser apelada por el Gobierno nacional. En ese sentido, cuestionó además el Presupuesto 2027 presentado por el Ejecutivo al considerar que contempla un nuevo ajuste sobre el sistema público educativo.

A pesar de la resolución judicial, el sector universitario mantendrá las medidas previstas. “Seguimos convocando a la Marcha Federal Universitaria el 15 de octubre en todo el país”, expresó Araujo.

En Mar del Plata, la convocatoria será a las 16 en el Complejo Universitario y desde allí los manifestantes marcharán hacia el centro de la ciudad.

Araujo también sostuvo que el Poder Judicial podría aplicar sanciones económicas al Gobierno nacional ante el presunto incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la urgencia de implementar la Ley de Financiamiento Universitario.

“También estamos marchando por la democracia, por un Poder Judicial que haga cumplir las leyes”, concluyó la secretaria de ADUM.

La oposición convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo martes con el objetivo de debatir la derogación del DNU 70/23, además de una prórroga de la emergencia en el sistema de atención de la discapacidad y distintos proyectos relacionados con el endeudamiento y la morosidad de las familias.

La convocatoria fue firmada por los bloques del Partido Justicialista, la Coalición Cívica y algunos espacios provinciales. Uno de los principales puntos será el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y propone derogar el DNU 70/23. Entre las consecuencias de esa derogación se encuentra la posibilidad de restablecer distintas disposiciones de la legislación anterior, entre ellas la Ley de Tierras, que establece un límite del 15% a la acumulación de tierras en manos de extranjeros.

El debate tomó mayor relevancia luego del reciente fallo de la Corte Suprema que eliminó los límites a la venta de tierras a extranjeros, la derogación del decreto permitiría recuperar las regulaciones que estaban vigentes antes de su implementación.

Además, los legisladores incorporaron a la agenda una iniciativa para extender durante un año la emergencia en el sistema de atención de la discapacidad, cuya vigencia actual finaliza el 31 de diciembre. También se tratarán proyectos relacionados con las deudas familiares y la morosidad, que fueron dictaminados durante esta semana y contemplan mecanismos para refinanciar esos compromisos.

Para que la sesión pueda comenzar, los sectores que impulsan la convocatoria deberán reunir al menos 129 diputados en el recinto. Una vez conseguido el quórum, la derogación del DNU requiere una mayoría simple de los legisladores presentes.

Sin embargo, la oposición deberá reunir los votos necesarios para aprobar cada una de las iniciativas. El DNU 70/23 abarca diferentes áreas e incluyó la derogación de la Ley de Alquileres y modificaciones relacionadas con los intereses de las tarjetas de crédito.

La convocatoria se da en un contexto de tensión política por el fallo de la Corte Suprema, el máximo tribunal difundió un comunicado en el que explicó que su decisión estuvo relacionada con aspectos procesales y sostuvo que no resolvió la cuestión de fondo.

La jornada legislativa coincidirá además con una nueva marcha federal universitaria, las universidades reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece medidas vinculadas con el presupuesto y los salarios del sector. El reclamo se produce luego de una nueva intimación judicial para que el Gobierno cumpla con las disposiciones establecidas por esa normativa.

Los docentes universitarios realizarán un nuevo paro de 72 horas entre el miércoles y el viernes de esta semana, en reclamo por una recomposición salarial y por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la medida afectará el dictado de clases en distintas universidades públicas y en colegios dependientes de esas instituciones.

La protesta fue convocada luego de un nuevo fracaso en las negociaciones salariales entre el Gobierno nacional y los gremios docentes. Entre las organizaciones que participarán se encuentran Conadu y Conadu Histórica, que mantienen el reclamo por una actualización de los salarios y por el cumplimiento de lo establecido en la ley de financiamiento.

Con esta nueva medida de fuerza, los gremios estiman que durante 2026 se perderán alrededor de 35 días de clases debido a los distintos paros realizados a lo largo del año. La situación afecta tanto a las facultades como a los colegios preuniversitarios y genera dificultades para completar los contenidos previstos en los calendarios académicos. Uno de los principales puntos de la protesta es la recomposición de los salarios docentes y no docentes, desde los gremios sostienen que el Gobierno debe aplicar el aumento previsto por la Ley de Financiamiento Universitario, que implica una recomposición del 33,4%.

El reclamo se produce después de que el Gobierno ofreciera un aumento del 3% en septiembre y otro 3% en octubre, propuesta que fue rechazada por las organizaciones sindicales, la oferta había sido presentada nuevamente en la última reunión paritaria, sin modificaciones respecto de la propuesta anterior.

El conflicto también tiene un componente judicial, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick intimó al Gobierno a cumplir en un plazo de cinco días con una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución ordena aplicar los artículos referidos a la recomposición salarial de docentes y no docentes y a las becas estudiantiles.

La nueva medida de fuerza forma parte de un plan de lucha que también contempla una Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre. Según Conadu, durante los días previos al paro se realizarán distintas actividades para visibilizar el reclamo y el conflicto por el financiamiento de las universidades. El sector universitario atraviesa así una disputa que combina las negociaciones salariales, el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso y una resolución judicial que ordenó al Gobierno avanzar con determinados puntos de la normativa.

El reclamo también está relacionado con el proyecto de Presupuesto 2027, que el Gobierno asignó $7,3 billones para las universidades públicas, mientras que los rectores de las 60 universidades nacionales estimaron que necesitan alrededor de $11 billones para afrontar salarios, infraestructura, investigación, becas, hospitales y otros gastos.

De acuerdo con las autoridades universitarias, cerca del 90% de los recursos requeridos corresponde a salarios docentes y no docentes. La diferencia entre los fondos previstos y los reclamados forma parte de la discusión que se mantiene entre las universidades, los gremios y el Gobierno nacional. Mientras continúan las negociaciones y el conflicto judicial, los docentes avanzarán con el nuevo paro de tres días, que afectará las actividades académicas entre el miércoles y el viernes en distintas instituciones universitarias del país.

Los gremios universitarios y universidades nacionales convocan desde hoy una semana de lucha en todo el país, para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará clases públicas y actividades de salud en Plaza de Mayo frente al Ministerio de Economía para reclamar la aplicación de la legislación, con el objetivo de recuperar los ingresos de los salarios docentes y las becas estudiantiles, ajustados a la inflación acumulada desde fines de 2023.

La convocatoria reunirá a los 13 decanos de las facultades de la UBA, que dictarán clases magistrales abiertas al público desde las hasta la medianoche.

Se trata de una nueva protesta que busca visibilizar el reclamo universitario ante el Gobierno. Además de las clases públicas, la jornada incluirá propuestas científicas y servicios de salud gratuitos. En el caso de la UBA, las distintas facultades permanecerán abiertas de manera habitual.

Por su parte, el vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que el gobierno busca cumplir con el fallo judicial que ordenó elevar las partidas para las universidades sin recurrir a emisión monetaria o a una nueva deuda.

En el marco de una jornada de visibilización realizada en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), la secretaria general de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM), Abigail Araujo, cuestionó al Poder Ejecutivo nacional y denunció que se cumplió “un hito vergonzoso” de 300 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La actividad se llevó a cabo en la Plaza de la Memoria del complejo universitario, donde la dirigente advirtió que las universidades funcionan con un “presupuesto sumamente deprimido” y describió un escenario crítico en materia salarial. En ese sentido, afirmó que los ingresos docentes “necesitarían un 34% de aumento en un mes para volver a los niveles de diciembre de 2023”.

Asimismo, Araujo alertó por la deserción estudiantil al señalar que “muchísimos estudiantes no pueden continuar sus estudios porque tienen las becas congeladas hace dos años”. En ese marco, durante la jornada se confeccionó una postal colectiva en la que se denunció “un plan sistemático de destrucción de la universidad pública que lleva a cabo Milei”.

En relación con la situación económica, la dirigente sostuvo que el Gobierno “no se preocupa por las deudas de millones de argentinos que se endeudaron por salarios bajos, tarifas en alza y costos de vida crecientes, sin resolver ninguno de los problemas de la gente”. Además, indicó que el Ejecutivo tampoco asume “la gran deuda que tiene con la educación pública”.

“Ese es el modelo de universidad que nosotros tenemos y hoy no está pudiendo funcionar por diseño del Gobierno nacional”, afirmó la referente gremial, quien finalmente ratificó la continuidad de las medidas de fuerza: “Vamos a seguir en lucha, con un paro de 48 horas la semana próxima, porque no nos rendimos y seguimos reclamando lo que es justo: recomposición salarial, de becas y del presupuesto universitario para beneficio del pueblo argentino”.

La comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) realizó un banderazo en el Complejo Universitario Manuel Belgrano, ubicado sobre Funes, para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, a 300 días de su falta de aplicación.

La convocatoria reunió a docentes, personal nodocente y agrupaciones estudiantiles, quienes manifestaron su preocupación por el deterioro de las partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento de la universidad pública y el impacto en los salarios del sector.

Durante la jornada, la secretaria general de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense, Abigaíl Araujo, cuestionó las políticas de ajuste sobre la educación superior y el sistema científico, al tiempo que ratificó la continuidad de las medidas de fuerza en reclamo de una recomposición salarial y mayor financiamiento.

En la misma línea, el secretario general de la Asociación del Personal de la Universidad, Agustín Malagutti, advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo del personal nodocente, señalando que los ingresos registran una caída sostenida en términos reales.

Los referentes gremiales coincidieron en que los recursos originalmente destinados al sostenimiento operativo y salarial de las universidades públicas han sido redireccionados hacia otros objetivos fiscales del Poder Ejecutivo nacional, profundizando el conflicto en el sistema educativo superior.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir de manera estricta la Ley de Financiamiento Universitario, en un fallo que impacta directamente sobre la estrategia fiscal del Gobierno de Javier Milei y reconfigura el escenario político e institucional.

La normativa, que había sido vetada por el Ejecutivo debido a un impacto fiscal estimado en 1,3 billones de pesos, fue posteriormente ratificada por el Congreso y ahora cuenta con respaldo judicial. En consecuencia, el oficialismo se ve forzado a abandonar su postura de resistencia frente a la implementación de la ley.

En este contexto, el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, analiza mecanismos técnicos para garantizar los flujos financieros previstos. Desde la Casa Rosada indicaron que la Secretaría de Hacienda evalúa una reasignación de partidas específicas, con el objetivo de sostener el superávit fiscal como eje central de la política económica.

El fallo también generó cuestionamientos internos hacia la estrategia judicial impulsada por el Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, cuyas proyecciones de dilación procesal no lograron frenar la aplicación de la norma.

La ley había contado previamente con consenso técnico dentro del sistema universitario, tras las gestiones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y acuerdos salariales alcanzados con la Federación de Docentes de las Universidades.

Tras conocerse la resolución, referentes académicos destacaron el fallo como un paso institucional relevante. En ese sentido, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, consideró que la decisión contribuye a normalizar el financiamiento del sistema y encauzar el conflicto presupuestario que afecta a las universidades públicas.

Los centros de estudiantes de las facultades de Humanidades, Exactas y Psicología llevan adelante acciones, como la realizada ayer frente a la Cámara Federal de Apelaciones, con el objetivo de exigirle al Gobierno nacional que aplique finalmente la Ley de Financiamiento Universitario. “La Corte tiene frenada hace 240 días la Ley de Financiamiento Universitario sin expedirse” dijo Fermín Rodríguez, referente del Centro de Estudiantes de Humanidades.

Las acciones son en respuesta al acuerdo firmado la semana pasada entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Gobierno, que recompone por encima del 20% las partidas presupuestarias. Sin embargo, en diálogo con El Marplatense, Rodríguez advirtió que esta decisión “es un paliativo parcial de la crisis que está viviendo la universidad”.

Para sostener su postura, el dirigente desglosó tres motivos críticos. En primer lugar, remarcó que la ley estipula “recomponer totalmente lo perdido en el presupuesto universitario desde la asunción de Milei, tanto en los gastos de funcionamiento como en los gastos salariales”. Detalló que esto implicaría un incremento de “un 40% en torno a los primeros y un 50% en torno a los segundos, es decir, el doble de lo que firmaron el CIN y el Gobierno”.

En segundo término, manifestó su preocupación por el desamparo de las becas estudiantiles más masivas. Señaló que es urgente “contemplar las becas estudiantiles más importantes que hoy tenemos como estudiantes, que son las becas Progresar”. Explicó que mientras la ley prevé su actualización, el reciente acuerdo las dejó por fuera y “sólo se actualizan las becas Manuel Belgrano, que son becas para carreras estratégicas que perciben sólo algunos”. Si bien aclaró que este último beneficio no le parece menor, advirtió que las Progresar hoy representan “un monto poco significativo que la verdad no hace la diferencia para poder permanecer en la universidad”.

Como tercer punto, alertó sobre lo que llamó el “desmantelamiento de la ciencia y la tecnología”, otro de los componentes incluidos en la ley pero ignorados en el pacto actual, donde su actualización es cero. Al respecto, trazó un paralelismo histórico preocupante al asegurar que hoy “muchos investigadores, al igual que en los 90’s, se empiezan a ir del sistema científico tecnológico porque no ven capacidades prósperas para poder desarrollar sus trabajos profesionales en el país”.

Sobre los motivos para concentrar el reclamo frente a la Justicia, Rodríguez apuntó con dureza contra el máximo tribunal. Denunció que “la Corte Suprema tiene frenada hace 240 días la ley sin expedirse”, a pesar de que los amparos del Ejecutivo fueron rechazados y la norma se votó cinco veces en el Congreso.

El referente estudiantil afirmó que “es una Corte que se maneja según los vientos políticos” o que “juega políticamente en beneficio de los grupos concentrados de la Argentina, en beneficio del poder real”. Para ejemplificarlo, contrastó los tiempos judiciales recordando que, en causas de fuerte impacto político el año pasado, el tribunal tardó solo siete días en expedirse, mientras que en este caso, donde “podría haberse expedido hace 40 días, todavía no lo hizo”.

Rodríguez sentenció que es fundamental que la sociedad entienda “que hay responsables de que la universidad esté en crisis” y señaló de forma directa a “Milei, Caputo y Sturzenegger, que son quienes llevan adelante esta política económica de miseria planificada” mediante un “desfinanciamiento programado de la universidad para vaciarla y buscar cerrarla el día de mañana”. Del mismo modo, extendió la responsabilidad institucional a “quienes podrían hacer efectiva la aplicación de la ley, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, reclamó hoy el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario, a través de un comunicado en el que exigieron al Gobierno nacional medidas urgentes para atender la crisis del sistema.

En el documento, las entidades sostuvieron que la solución a los problemas que atraviesan las universidades públicas “se encuentra en la letra consagrada en la ley” y remarcaron la necesidad de garantizar su plena aplicación.

“Insistimos en la necesidad de que el Gobierno nacional convoque a paritaria de manera urgente, que es la institución consagrada en la ley para resolver la profunda pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios”, señalaron.

Además, reclamaron la apertura inmediata de una instancia de diálogo institucional “para avanzar en el cumplimiento integral de la ley, priorizando la actualización de las becas estudiantiles y el establecimiento de mecanismos concretos y previsibles para la ejecución de los fondos destinados a funcionamiento, infraestructura, ciencia y técnica, y demás componentes esenciales para garantizar el normal desarrollo del sistema universitario público argentino”.

El comunicado también puso el foco en la situación de los hospitales universitarios, al advertir sobre la necesidad de una “urgente distribución de los fondos” ante un escenario que calificaron como “crítico”.

Por último, las organizaciones destacaron la masiva participación en la IV Marcha Federal Universitaria realizada el 12 de mayo. “Agradecemos la conmovedora manifestación de la sociedad argentina que, a lo largo y ancho del país, volvió a abrazar a su universidad pública y al sistema científico para defenderlos. Esperamos que el Gobierno nacional interprete correctamente el mensaje enviado por el pueblo de la nación y con celeridad aplique la Ley de Financiamiento Universitario”, concluyeron.

Fuente: con información de Portaluniversidad.org.ar

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los principales gremios docentes y nodocentes difundieron un comunicado conjunto en el que advierten sobre la crisis del sistema universitario y científico, denunciando caída presupuestaria, pérdida salarial y falta de respuestas del Gobierno nacional, bajo el título Sin ley de financiamiento la universidad pública y la ciencia nacional agonizan.

El pronunciamiento se dio en el marco de una jornada federal de 24 horas de “universidad pública abierta”, en la que instituciones de todo el país realizaron actividades académicas, científicas y de extensión. Según indicaron, la iniciativa permitió mostrar “el potencial extraordinario del sistema universitario público”, pero también alertar que ese desarrollo está en riesgo sin medidas urgentes.

Uno de los datos centrales del documento es la caída del 45,6% en las transferencias a las universidades desde 2023. “En todos los aspectos estamos funcionando a la mitad”, señalaron, y advirtieron que la situación impacta en la calidad educativa, la investigación y las condiciones laborales.

En relación con los salarios, afirmaron: “Sin salarios dignos no hay universidad de calidad”, y calificaron como “angustiante e injusta” la situación de docentes y trabajadores nodocentes. También reclamaron la actualización de los programas de becas estudiantiles.

El texto subraya además la existencia de un fallo judicial que ordena la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario N°27.795, que contemplan mejoras salariales y recursos para el sistema. Sin embargo, denunciaron que el Gobierno “mira hacia otro lado” y no cumple con lo establecido por la norma sancionada por el Congreso.

Frente a este escenario, las organizaciones informaron que notificaron a la Justicia sobre el incumplimiento y enviaron una nota a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para exigir la convocatoria urgente a la paritaria nacional.

Asimismo, advirtieron que, de no haber respuestas en el corto plazo, avanzarán con nuevas medidas de protesta, incluyendo movilizaciones en todo el país durante la primera quincena de mayo en defensa de la educación pública y la ciencia.

El documento concluye con una fuerte apelación al valor del sistema universitario argentino, al que define como una “herramienta de movilidad social ascendente extraordinaria” y un pilar del desarrollo nacional: “La nación argentina es su universidad pública”.

Fuente: con información de Portaluniversidad.org.ar

Los docentes de las universidades nacionales resolvieron llevar adelante un paro de al menos una semana en reclamo de la aplicación de la ley de financiamiento universitario, medida que retrasará el inicio del ciclo lectivo previsto para el 16 de marzo. La decisión fue adoptada en un plenario de secretarios generales de los gremios nucleados en la CONADU.

Durante el encuentro, los representantes sindicales advirtieron además que podrían avanzar hacia una medida de fuerza por tiempo indeterminado si el Gobierno nacional no cumple con la normativa vigente. El reclamo central apunta a la implementación de la ley que incrementa los fondos destinados al funcionamiento de las universidades y establece una actualización retroactiva de los salarios docentes, vinculada al índice de inflación.

La norma había sido vetada por el Poder Ejecutivo tras su aprobación en el Congreso de la Nación, que luego insistió con el respaldo de dos tercios de los votos. Pese a un fallo judicial que obliga a su aplicación, el Gobierno se negó a instrumentarla, manteniendo su postura de rechazo.

En ese contexto, el Ejecutivo impulsó un nuevo proyecto de ley que propone un aumento de fondos y salarios, aunque en montos considerablemente inferiores a los establecidos por la ley aprobada previamente. La iniciativa sería tratada una vez finalizado el período de sesiones extraordinarias del Congreso, que concluye hoy.

Fuente: con información de DIB

Reunido de manera extraordinaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) resolvió por unanimidad que las universidades públicas del país recurrirán a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

Durante el encuentro, el presidente del CIN, Oscar Alpa, destacó que “cuarenta años después del primer plenario del Consejo, las universidades asumen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”.

En ese contexto, el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti, se refirió a la situación actual del sistema universitario público y reafirmó la necesidad de defender la institucionalidad democrática. “Estamos atravesando una situación de desfinanciamiento del sistema universitario público y desmantelamiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación, lo que constituye un golpe muy fuerte. Las universidades no solo enseñan conocimientos, también los producen a través de la investigación, y tener paralizado todo el sistema de investigación va en desmedro de la calidad de la enseñanza y del avance de la ciencia”, señaló.

Además, la máxima autoridad de la casa de altos estudios local resaltó la magnitud de las movilizaciones universitarias de los últimos años, que calificó como “un hito en la historia del sistema universitario público argentino”.

En la misma línea, recordó que “no solo se movilizaron las comunidades universitarias en defensa de la institución, sino que lo más importante fue el acompañamiento de la sociedad", y sostuvo: "Lo vimos en las calles y fue muy emocionante. Eso nos genera una enorme responsabilidad para seguir trabajando por la universidad pública”.

Respecto de la Ley de Financiamiento Universitario, el rector expresó que el sistema universitario “ha recorrido los caminos institucionales para reclamar lo que es justo” y cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de suspender la aplicación de una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso. “Nos encontramos con una actitud necia y provocativa de un Poder Ejecutivo que se cree por encima de la ley. Esto excede al sistema universitario: es un problema institucional grave. No se puede decir que no hay fondos cuando hace dos años que no hay presupuesto público y los recursos se manejan con total arbitrariedad”, afirmó.

Por último, Lazzeretti valoró la decisión del CIN de avanzar en una presentación judicial para garantizar el cumplimiento de la ley y subrayó que “la defensa de la universidad pública es la defensa de la democracia y del desarrollo del país”.

En un resultado anticipado, el Gobierno recibió esta tarde una contundente derrota en el Senado: la oposición casi en su conjunto rechazó los dos vetos de las leyes que declara la emergencia pediátrica -hospital Garrahan como emblema-, y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas. De esta manera, ambas normas recuperan vigor y se aguarda, de cara al corto plazo, los próximos movimientos del Ejecutivo, que en el también reactivado articulado sobre discapacidad dilató el giro de fondos.

Los vetos fueron debatidos de forma conjunta; la definición, separada. Por un lado, la emergencia pediátrica obtuvo 59 votos positivos, siete negativos y tres abstenciones -de los macristas Alfredo De Ángeli, Martín Goerling y Victoria Huala-, mientras que la iniciativa relacionada con universidades consiguió 58 adhesiones, siete rechazos y las mismas tres abstenciones, más la radical Carolina Losada. Es decir, ambos textos lograron -bajo la mirada de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel-, por amplio margen, los dos tercios que requieren las leyes para ser insistidas por el Congreso.

Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.

Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.

Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”, algo observado semanas atrás por la potencial queja de otros sectores en breve tiempo. Como símbolo de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.

El texto impone la actualización “al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.

Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.

Ante la reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”. Este ítem fue criticado en el pasado y, en vez de ser escuchados, los dos o tres legisladores que fueron por ese camino terminaron denostados en el recinto.

Con motivo del tratamiento del veto a la Ley de Financiamiento Universitario en el Senado de la Nación, tanto la Asociación del Personal  de la Universidad (APU) como la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) adoptaron medidas durante la jornada. 

Por el lado de ADUM, resolvieron realizar clases públicas en la peatonal San Martín y Bartolomé Mitre -enfrente de la Iglesia Catedral- de 12 a 16, donde transmitirán y estarán atentos a la definición de la sesión, mientras que APU optó por manifestarse desde el complejo universitario.

“Tuvimos una asamblea la semana pasada, en la que se definió que el día -este jueves 2- que se trate en el Senado el veto a la Ley de Financiamiento Universitario íbamos a realizar un paro. Recordemos que nos encontró en un paro total de actividades cuando se trató en Diputados y realizamos una gran marcha”, explicó la secretaria general de APU, Victoria Schadwill, en diálogo con El Marplatense.

Al mismo tiempo, la referente de la organización aseguró que también resolvieron llevar a cabo una serie de actividades de visibilización, al igual que otras universidades nacionales de todo el país, y comentó que a las 9 construirán una bandera en la sede de Funes y Peña, y que una hora más tarde se tomarán una foto con toda la comunidad universitaria presente.

Luego, de acuerdo a Schadwill, harán una Radio Abierta siguiendo el tratamiento en el recinto, ya que se esperan definiciones pasado el mediodía. Pero además, expresó que con estas medidas buscan “hacer la presión necesaria y fuerte para que el Gobierno nacional aplique la Ley, otorgue el presupuesto tan necesario, que hace casi tres años no tenemos, y actualice nuestro salarios”.

Y en cuanto a esa última mención, remarcó que se encuentran “40 puntos abajo” y por ello, destacó que es “fundamental la Ley”.