La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir de manera estricta la Ley de Financiamiento Universitario, en un fallo que impacta directamente sobre la estrategia fiscal del Gobierno de Javier Milei y reconfigura el escenario político e institucional.

La normativa, que había sido vetada por el Ejecutivo debido a un impacto fiscal estimado en 1,3 billones de pesos, fue posteriormente ratificada por el Congreso y ahora cuenta con respaldo judicial. En consecuencia, el oficialismo se ve forzado a abandonar su postura de resistencia frente a la implementación de la ley.

En este contexto, el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, analiza mecanismos técnicos para garantizar los flujos financieros previstos. Desde la Casa Rosada indicaron que la Secretaría de Hacienda evalúa una reasignación de partidas específicas, con el objetivo de sostener el superávit fiscal como eje central de la política económica.

El fallo también generó cuestionamientos internos hacia la estrategia judicial impulsada por el Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, cuyas proyecciones de dilación procesal no lograron frenar la aplicación de la norma.

La ley había contado previamente con consenso técnico dentro del sistema universitario, tras las gestiones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y acuerdos salariales alcanzados con la Federación de Docentes de las Universidades.

Tras conocerse la resolución, referentes académicos destacaron el fallo como un paso institucional relevante. En ese sentido, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, consideró que la decisión contribuye a normalizar el financiamiento del sistema y encauzar el conflicto presupuestario que afecta a las universidades públicas.

Los centros de estudiantes de las facultades de Humanidades, Exactas y Psicología llevan adelante acciones, como la realizada ayer frente a la Cámara Federal de Apelaciones, con el objetivo de exigirle al Gobierno nacional que aplique finalmente la Ley de Financiamiento Universitario. “La Corte tiene frenada hace 240 días la Ley de Financiamiento Universitario sin expedirse” dijo Fermín Rodríguez, referente del Centro de Estudiantes de Humanidades.

Las acciones son en respuesta al acuerdo firmado la semana pasada entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Gobierno, que recompone por encima del 20% las partidas presupuestarias. Sin embargo, en diálogo con El Marplatense, Rodríguez advirtió que esta decisión “es un paliativo parcial de la crisis que está viviendo la universidad”.

Para sostener su postura, el dirigente desglosó tres motivos críticos. En primer lugar, remarcó que la ley estipula “recomponer totalmente lo perdido en el presupuesto universitario desde la asunción de Milei, tanto en los gastos de funcionamiento como en los gastos salariales”. Detalló que esto implicaría un incremento de “un 40% en torno a los primeros y un 50% en torno a los segundos, es decir, el doble de lo que firmaron el CIN y el Gobierno”.

En segundo término, manifestó su preocupación por el desamparo de las becas estudiantiles más masivas. Señaló que es urgente “contemplar las becas estudiantiles más importantes que hoy tenemos como estudiantes, que son las becas Progresar”. Explicó que mientras la ley prevé su actualización, el reciente acuerdo las dejó por fuera y “sólo se actualizan las becas Manuel Belgrano, que son becas para carreras estratégicas que perciben sólo algunos”. Si bien aclaró que este último beneficio no le parece menor, advirtió que las Progresar hoy representan “un monto poco significativo que la verdad no hace la diferencia para poder permanecer en la universidad”.

Como tercer punto, alertó sobre lo que llamó el “desmantelamiento de la ciencia y la tecnología”, otro de los componentes incluidos en la ley pero ignorados en el pacto actual, donde su actualización es cero. Al respecto, trazó un paralelismo histórico preocupante al asegurar que hoy “muchos investigadores, al igual que en los 90’s, se empiezan a ir del sistema científico tecnológico porque no ven capacidades prósperas para poder desarrollar sus trabajos profesionales en el país”.

Sobre los motivos para concentrar el reclamo frente a la Justicia, Rodríguez apuntó con dureza contra el máximo tribunal. Denunció que “la Corte Suprema tiene frenada hace 240 días la ley sin expedirse”, a pesar de que los amparos del Ejecutivo fueron rechazados y la norma se votó cinco veces en el Congreso.

El referente estudiantil afirmó que “es una Corte que se maneja según los vientos políticos” o que “juega políticamente en beneficio de los grupos concentrados de la Argentina, en beneficio del poder real”. Para ejemplificarlo, contrastó los tiempos judiciales recordando que, en causas de fuerte impacto político el año pasado, el tribunal tardó solo siete días en expedirse, mientras que en este caso, donde “podría haberse expedido hace 40 días, todavía no lo hizo”.

Rodríguez sentenció que es fundamental que la sociedad entienda “que hay responsables de que la universidad esté en crisis” y señaló de forma directa a “Milei, Caputo y Sturzenegger, que son quienes llevan adelante esta política económica de miseria planificada” mediante un “desfinanciamiento programado de la universidad para vaciarla y buscar cerrarla el día de mañana”. Del mismo modo, extendió la responsabilidad institucional a “quienes podrían hacer efectiva la aplicación de la ley, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, reclamó hoy el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario, a través de un comunicado en el que exigieron al Gobierno nacional medidas urgentes para atender la crisis del sistema.

En el documento, las entidades sostuvieron que la solución a los problemas que atraviesan las universidades públicas “se encuentra en la letra consagrada en la ley” y remarcaron la necesidad de garantizar su plena aplicación.

“Insistimos en la necesidad de que el Gobierno nacional convoque a paritaria de manera urgente, que es la institución consagrada en la ley para resolver la profunda pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios”, señalaron.

Además, reclamaron la apertura inmediata de una instancia de diálogo institucional “para avanzar en el cumplimiento integral de la ley, priorizando la actualización de las becas estudiantiles y el establecimiento de mecanismos concretos y previsibles para la ejecución de los fondos destinados a funcionamiento, infraestructura, ciencia y técnica, y demás componentes esenciales para garantizar el normal desarrollo del sistema universitario público argentino”.

El comunicado también puso el foco en la situación de los hospitales universitarios, al advertir sobre la necesidad de una “urgente distribución de los fondos” ante un escenario que calificaron como “crítico”.

Por último, las organizaciones destacaron la masiva participación en la IV Marcha Federal Universitaria realizada el 12 de mayo. “Agradecemos la conmovedora manifestación de la sociedad argentina que, a lo largo y ancho del país, volvió a abrazar a su universidad pública y al sistema científico para defenderlos. Esperamos que el Gobierno nacional interprete correctamente el mensaje enviado por el pueblo de la nación y con celeridad aplique la Ley de Financiamiento Universitario”, concluyeron.

Fuente: con información de Portaluniversidad.org.ar

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los principales gremios docentes y nodocentes difundieron un comunicado conjunto en el que advierten sobre la crisis del sistema universitario y científico, denunciando caída presupuestaria, pérdida salarial y falta de respuestas del Gobierno nacional, bajo el título Sin ley de financiamiento la universidad pública y la ciencia nacional agonizan.

El pronunciamiento se dio en el marco de una jornada federal de 24 horas de “universidad pública abierta”, en la que instituciones de todo el país realizaron actividades académicas, científicas y de extensión. Según indicaron, la iniciativa permitió mostrar “el potencial extraordinario del sistema universitario público”, pero también alertar que ese desarrollo está en riesgo sin medidas urgentes.

Uno de los datos centrales del documento es la caída del 45,6% en las transferencias a las universidades desde 2023. “En todos los aspectos estamos funcionando a la mitad”, señalaron, y advirtieron que la situación impacta en la calidad educativa, la investigación y las condiciones laborales.

En relación con los salarios, afirmaron: “Sin salarios dignos no hay universidad de calidad”, y calificaron como “angustiante e injusta” la situación de docentes y trabajadores nodocentes. También reclamaron la actualización de los programas de becas estudiantiles.

El texto subraya además la existencia de un fallo judicial que ordena la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario N°27.795, que contemplan mejoras salariales y recursos para el sistema. Sin embargo, denunciaron que el Gobierno “mira hacia otro lado” y no cumple con lo establecido por la norma sancionada por el Congreso.

Frente a este escenario, las organizaciones informaron que notificaron a la Justicia sobre el incumplimiento y enviaron una nota a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para exigir la convocatoria urgente a la paritaria nacional.

Asimismo, advirtieron que, de no haber respuestas en el corto plazo, avanzarán con nuevas medidas de protesta, incluyendo movilizaciones en todo el país durante la primera quincena de mayo en defensa de la educación pública y la ciencia.

El documento concluye con una fuerte apelación al valor del sistema universitario argentino, al que define como una “herramienta de movilidad social ascendente extraordinaria” y un pilar del desarrollo nacional: “La nación argentina es su universidad pública”.

Fuente: con información de Portaluniversidad.org.ar

Los docentes de las universidades nacionales resolvieron llevar adelante un paro de al menos una semana en reclamo de la aplicación de la ley de financiamiento universitario, medida que retrasará el inicio del ciclo lectivo previsto para el 16 de marzo. La decisión fue adoptada en un plenario de secretarios generales de los gremios nucleados en la CONADU.

Durante el encuentro, los representantes sindicales advirtieron además que podrían avanzar hacia una medida de fuerza por tiempo indeterminado si el Gobierno nacional no cumple con la normativa vigente. El reclamo central apunta a la implementación de la ley que incrementa los fondos destinados al funcionamiento de las universidades y establece una actualización retroactiva de los salarios docentes, vinculada al índice de inflación.

La norma había sido vetada por el Poder Ejecutivo tras su aprobación en el Congreso de la Nación, que luego insistió con el respaldo de dos tercios de los votos. Pese a un fallo judicial que obliga a su aplicación, el Gobierno se negó a instrumentarla, manteniendo su postura de rechazo.

En ese contexto, el Ejecutivo impulsó un nuevo proyecto de ley que propone un aumento de fondos y salarios, aunque en montos considerablemente inferiores a los establecidos por la ley aprobada previamente. La iniciativa sería tratada una vez finalizado el período de sesiones extraordinarias del Congreso, que concluye hoy.

Fuente: con información de DIB

Reunido de manera extraordinaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) resolvió por unanimidad que las universidades públicas del país recurrirán a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

Durante el encuentro, el presidente del CIN, Oscar Alpa, destacó que “cuarenta años después del primer plenario del Consejo, las universidades asumen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”.

En ese contexto, el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti, se refirió a la situación actual del sistema universitario público y reafirmó la necesidad de defender la institucionalidad democrática. “Estamos atravesando una situación de desfinanciamiento del sistema universitario público y desmantelamiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación, lo que constituye un golpe muy fuerte. Las universidades no solo enseñan conocimientos, también los producen a través de la investigación, y tener paralizado todo el sistema de investigación va en desmedro de la calidad de la enseñanza y del avance de la ciencia”, señaló.

Además, la máxima autoridad de la casa de altos estudios local resaltó la magnitud de las movilizaciones universitarias de los últimos años, que calificó como “un hito en la historia del sistema universitario público argentino”.

En la misma línea, recordó que “no solo se movilizaron las comunidades universitarias en defensa de la institución, sino que lo más importante fue el acompañamiento de la sociedad", y sostuvo: "Lo vimos en las calles y fue muy emocionante. Eso nos genera una enorme responsabilidad para seguir trabajando por la universidad pública”.

Respecto de la Ley de Financiamiento Universitario, el rector expresó que el sistema universitario “ha recorrido los caminos institucionales para reclamar lo que es justo” y cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de suspender la aplicación de una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso. “Nos encontramos con una actitud necia y provocativa de un Poder Ejecutivo que se cree por encima de la ley. Esto excede al sistema universitario: es un problema institucional grave. No se puede decir que no hay fondos cuando hace dos años que no hay presupuesto público y los recursos se manejan con total arbitrariedad”, afirmó.

Por último, Lazzeretti valoró la decisión del CIN de avanzar en una presentación judicial para garantizar el cumplimiento de la ley y subrayó que “la defensa de la universidad pública es la defensa de la democracia y del desarrollo del país”.

En un resultado anticipado, el Gobierno recibió esta tarde una contundente derrota en el Senado: la oposición casi en su conjunto rechazó los dos vetos de las leyes que declara la emergencia pediátrica -hospital Garrahan como emblema-, y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas. De esta manera, ambas normas recuperan vigor y se aguarda, de cara al corto plazo, los próximos movimientos del Ejecutivo, que en el también reactivado articulado sobre discapacidad dilató el giro de fondos.

Los vetos fueron debatidos de forma conjunta; la definición, separada. Por un lado, la emergencia pediátrica obtuvo 59 votos positivos, siete negativos y tres abstenciones -de los macristas Alfredo De Ángeli, Martín Goerling y Victoria Huala-, mientras que la iniciativa relacionada con universidades consiguió 58 adhesiones, siete rechazos y las mismas tres abstenciones, más la radical Carolina Losada. Es decir, ambos textos lograron -bajo la mirada de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel-, por amplio margen, los dos tercios que requieren las leyes para ser insistidas por el Congreso.

Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.

Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.

Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”, algo observado semanas atrás por la potencial queja de otros sectores en breve tiempo. Como símbolo de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.

El texto impone la actualización “al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.

Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.

Ante la reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”. Este ítem fue criticado en el pasado y, en vez de ser escuchados, los dos o tres legisladores que fueron por ese camino terminaron denostados en el recinto.

Con motivo del tratamiento del veto a la Ley de Financiamiento Universitario en el Senado de la Nación, tanto la Asociación del Personal  de la Universidad (APU) como la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) adoptaron medidas durante la jornada. 

Por el lado de ADUM, resolvieron realizar clases públicas en la peatonal San Martín y Bartolomé Mitre -enfrente de la Iglesia Catedral- de 12 a 16, donde transmitirán y estarán atentos a la definición de la sesión, mientras que APU optó por manifestarse desde el complejo universitario.

“Tuvimos una asamblea la semana pasada, en la que se definió que el día -este jueves 2- que se trate en el Senado el veto a la Ley de Financiamiento Universitario íbamos a realizar un paro. Recordemos que nos encontró en un paro total de actividades cuando se trató en Diputados y realizamos una gran marcha”, explicó la secretaria general de APU, Victoria Schadwill, en diálogo con El Marplatense.

Al mismo tiempo, la referente de la organización aseguró que también resolvieron llevar a cabo una serie de actividades de visibilización, al igual que otras universidades nacionales de todo el país, y comentó que a las 9 construirán una bandera en la sede de Funes y Peña, y que una hora más tarde se tomarán una foto con toda la comunidad universitaria presente.

Luego, de acuerdo a Schadwill, harán una Radio Abierta siguiendo el tratamiento en el recinto, ya que se esperan definiciones pasado el mediodía. Pero además, expresó que con estas medidas buscan “hacer la presión necesaria y fuerte para que el Gobierno nacional aplique la Ley, otorgue el presupuesto tan necesario, que hace casi tres años no tenemos, y actualice nuestro salarios”.

Y en cuanto a esa última mención, remarcó que se encuentran “40 puntos abajo” y por ello, destacó que es “fundamental la Ley”.