La vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, firmó un decreto ad referéndum que autoriza la participación y votación remota de la senadora Anabel Fernández Sagasti en la sesión del próximo jueves, en la que se debatirá la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, debido a que la legisladora cumple reposo médico en Mendoza por un embarazo avanzado.

La resolución establece que Fernández Sagasti podrá intervenir de manera virtual -preferentemente desde la Legislatura de Mendoza o desde un punto con conectividad garantizada- hasta el inicio de su licencia por maternidad, pese a no haber solicitado licencia formal de su banca.

No obstante, la medida deberá ser sometida a votación al inicio de la sesión, ya que el pleno del Senado constituye la autoridad competente para ratificar o rechazar este tipo de excepciones reglamentarias.

La habilitación del voto remoto introduce un nuevo factor de tensión en un debate legislativo que se perfila con una paridad extrema entre el oficialismo y la oposición, en el marco del tratamiento de la iniciativa que propone elevar al 25% el límite de extranjerización de tierras rurales y modificar los regímenes de expropiación y manejo del fuego.

La presidente del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó que el dictamen final de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incorporará un tope del 25% a la extranjerización de tierras rurales, en una iniciativa que será tratada el próximo jueves en el Senado, con una votación que se anticipa de margen ajustado.

La legisladora explicó que el incremento respecto del esquema vigente -que fija un límite inferior- responde a sugerencias formuladas por bloques opositores dialoguistas durante el proceso de negociación parlamentaria.

Entre las modificaciones más relevantes, el proyecto elimina el límite de 1000 hectáreas para titulares extranjeros en la zona núcleo agropecuaria y suprime las restricciones simultáneas a nivel provincial y municipal. Asimismo, establece la prohibición de adquisición de tierras por parte de estados extranjeros.

La iniciativa también contempla un régimen acelerado para desalojos de inmuebles ocupados, incorpora una figura de regularización dominial a los 10 años de posesión y deja sin efecto la restricción que impedía modificar el uso del suelo durante 60 años tras incendios forestales.

En el caso de operaciones en zonas de frontera o áreas de seguridad nacional, se implementará un sistema de doble conformidad que deberá ser otorgado de manera conjunta por autoridades provinciales y el Poder Ejecutivo nacional.

Bullrich defendió los cambios al señalar que la reforma apunta a fortalecer las garantías sobre la propiedad privada, mejorar los esquemas de indemnización por expropiaciones y reactivar el valor de la tierra como activo productivo, con el objetivo de fomentar el ingreso de inversiones en el sector.