La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que introduce cambios en los procedimientos de desalojo, modifica las condiciones para las expropiaciones estatales y propone reestablecer límites a la titularidad extranjera de tierras rurales. Como el texto recibió modificaciones respecto de la versión aprobada originalmente por el Senado, deberá regresar a la Cámara alta para continuar su tratamiento.

La iniciativa obtuvo 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones. Entre sus principales puntos, contempla un procedimiento judicial sumarísimo para acelerar la recuperación de inmuebles urbanos y rurales, con plazos abreviados para la restitución de las propiedades.

En materia de desalojos, el proyecto establece un mecanismo que busca agilizar los procesos judiciales y contempla la figura de la caución juratoria. La reforma modifica así las herramientas legales disponibles para reclamar la restitución de inmuebles.

Otro de los ejes centrales está vinculado con las expropiaciones. El texto propone una interpretación restrictiva del concepto de utilidad pública y establece modificaciones en los criterios indemnizatorios, incluida la incorporación del lucro cesante bajo determinados límites. También condiciona la transferencia del dominio al pago total de la indemnización actualizada según el Índice de Precios al Consumidor.

En cuanto a las tierras rurales, la iniciativa contempla la restitución de disposiciones de la Ley 26.737, vinculada al régimen de protección del dominio nacional sobre la propiedad y posesión de tierras rurales. El objetivo es recuperar el límite del 15% a la titularidad extranjera previsto en esa normativa.

Tras la aprobación en Diputados, el proyecto deberá volver al Senado para que los legisladores analicen los cambios incorporados durante el debate en la Cámara baja. La sanción definitiva dependerá del tratamiento que reciba el nuevo texto.

Organizaciones sindicales y sociales se movilizan este martes en Mar del Plata en rechazo a los cambios impulsados por el Gobierno nacional sobre la regulación de la propiedad privada y en defensa del territorio argentino.

La concentración fue convocada para las 17 en el Monumento a San Martín y, pese a que el Ejecutivo retiró del proyecto el artículo que modificaba la Ley de Tierras, las entidades resolvieron mantener la protesta.

Desde la CTA Autónoma señalaron que la convocatoria continúa vigente porque el reclamo no se limita al porcentaje permitido de extranjerización, sino que también apunta al resto de las reformas incluidas en la iniciativa que se debate en el Senado.

Entre los puntos cuestionados aparecen la posibilidad de habilitar desalojos exprés, cambios en las normas para expropiar tierras y modificaciones sobre la Ley de Manejo del Fuego. En este último caso, el proyecto busca eliminar la disposición que impedía cambiar durante 30 años el uso de un predio rural afectado por incendios.

Las organizaciones también sostienen que, aun con el límite actual del 15% para la propiedad extranjera de tierras, existen distritos donde ese porcentaje ya estaría superado. Por ese motivo, plantean que el reclamo sigue teniendo vigencia más allá del retiro del artículo originalmente cuestionado.

La CGT Regional acompaña la movilización bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas y el resto de nuestro territorio, también”, y remarcó que el debate involucra cuestiones vinculadas con la soberanía, los recursos naturales y el patrimonio nacional.

La protesta en Mar del Plata se da en paralelo al tratamiento legislativo del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado y forma parte de una jornada de reclamos que se replica en distintos puntos del país.

El Gobierno nacional volvió a defender la posibilidad de que ciudadanos y empresas extranjeras compren tierras rurales en Argentina y sostuvo que ese tipo de operaciones no implica una pérdida de soberanía para el país.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, respaldó el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que establecía límites a la propiedad de campos por parte de extranjeros. Según explicó, la intención oficial es reducir restricciones y favorecer el ingreso de capitales destinados a actividades productivas.

“De ninguna manera que un extranjero compre una tierra en la Argentina le hace a la Argentina perder soberanía”, afirmó Ravier durante su conferencia de prensa. Además, planteó que las regulaciones anteriores limitaban inversiones y el desarrollo de diferentes actividades económicas.

Como ejemplo, mencionó la posibilidad de que inversores del exterior adquieran campos para desarrollar producciones de limones en Tucumán, cereales en La Pampa o frutas en Río Negro, entre otros proyectos. El funcionario aseguró que el objetivo del Ejecutivo es que las tierras puedan recibir mayor inversión extranjera.

La discusión se reactivó después de que la Corte Suprema revocara un fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154. El máximo tribunal tomó la decisión al considerar que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, que había iniciado la demanda, no tenía legitimación para impulsar esa acción. Sin embargo, la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo de la derogación de la Ley de Tierras.

Con esa resolución volvió a quedar vigente la derogación de la norma que establecía, entre otras condiciones, un límite general del 15% para la propiedad extranjera de tierras rurales.

El tema también mantiene abierto un frente en el Congreso, donde sectores opositores buscan avanzar contra el DNU 70/2023. El decreto ya había sido rechazado por el Senado y su continuidad depende también de lo que ocurra en la Cámara de Diputados.

A la vez, la discusión judicial continúa: este martes la Corte Suprema dispuso incorporar dos conjueces en otra causa que cuestiona la eliminación de los límites a la propiedad extranjera de tierras rurales, por lo que el debate todavía permanece abierto en los tribunales.

La oposición convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo martes con el objetivo de debatir la derogación del DNU 70/23, además de una prórroga de la emergencia en el sistema de atención de la discapacidad y distintos proyectos relacionados con el endeudamiento y la morosidad de las familias.

La convocatoria fue firmada por los bloques del Partido Justicialista, la Coalición Cívica y algunos espacios provinciales. Uno de los principales puntos será el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y propone derogar el DNU 70/23. Entre las consecuencias de esa derogación se encuentra la posibilidad de restablecer distintas disposiciones de la legislación anterior, entre ellas la Ley de Tierras, que establece un límite del 15% a la acumulación de tierras en manos de extranjeros.

El debate tomó mayor relevancia luego del reciente fallo de la Corte Suprema que eliminó los límites a la venta de tierras a extranjeros, la derogación del decreto permitiría recuperar las regulaciones que estaban vigentes antes de su implementación.

Además, los legisladores incorporaron a la agenda una iniciativa para extender durante un año la emergencia en el sistema de atención de la discapacidad, cuya vigencia actual finaliza el 31 de diciembre. También se tratarán proyectos relacionados con las deudas familiares y la morosidad, que fueron dictaminados durante esta semana y contemplan mecanismos para refinanciar esos compromisos.

Para que la sesión pueda comenzar, los sectores que impulsan la convocatoria deberán reunir al menos 129 diputados en el recinto. Una vez conseguido el quórum, la derogación del DNU requiere una mayoría simple de los legisladores presentes.

Sin embargo, la oposición deberá reunir los votos necesarios para aprobar cada una de las iniciativas. El DNU 70/23 abarca diferentes áreas e incluyó la derogación de la Ley de Alquileres y modificaciones relacionadas con los intereses de las tarjetas de crédito.

La convocatoria se da en un contexto de tensión política por el fallo de la Corte Suprema, el máximo tribunal difundió un comunicado en el que explicó que su decisión estuvo relacionada con aspectos procesales y sostuvo que no resolvió la cuestión de fondo.

La jornada legislativa coincidirá además con una nueva marcha federal universitaria, las universidades reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece medidas vinculadas con el presupuesto y los salarios del sector. El reclamo se produce luego de una nueva intimación judicial para que el Gobierno cumpla con las disposiciones establecidas por esa normativa.

Organizaciones políticas, sindicales y sociales realizarán diversas manifestaciones en contra del fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras. Una de ellas está impulsada por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), otra de las manifestaciones estará llevada adelante por Pueblo Unido Autoconvocado (PUA) y también se espera una marcha de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE ).  

La primera protesta será el viernes 2 de octubre a las 17 hs, donde el FIT acompañado por organizaciones sociales, se reunirán en Parque Lezama para “organizar la bronca contra el nefasto fallo” del máximo tribunal y a su vez pedirán la “anulación del DNU 70/23”. 

A su vez, el lunes 5 aunque todavía sin horario a confirmar, la agrupación PUA, se movilizará desde el Congreso de la Nación hasta la puerta de tribunales, ubicado en Talcahuano 550, para mostrarse en contra de la resolución de la Corte Suprema "que permite a extranjeros adquirir territorio argentino por medio de compras".  

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, le propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), el sector de gremios distanciados de la conducción de la CGT, y a las centrales obreras “ construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras ”.

"Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país", señaló. 

En declaraciones que brindó, el ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el FIT, Gabriel Solano, criticó la medida de los jueces y sostuvo que "tres personas llamadas ‘supremos’ no electos por nadie deciden contra la voluntad inmensamente mayoritaria del pueblo".

Y en referencia a la ley señaló que "el capital extranjero puede comprar sin límites las tierras de Argentina. Por cosas como estas, decimos que los jueces deben ser electos y revocables por el pueblo. La casta judicial labura para los Peter Thiel y los Lewis, que quieren acaparar la tierra para sus propios negocios".

Un nuevo mapa sobre la propiedad del territorio argentino volvió a poner en el centro del debate la presencia de capitales foráneos en zonas consideradas estratégicas. El estudio indica que alrededor del 5% de la superficie nacional se encuentra actualmente en manos de personas, empresas o grupos provenientes de otros países.

En total, se trata de aproximadamente 13 millones de hectáreas, una extensión similar a la superficie de Inglaterra.

El relevamiento fue elaborado por el Observatorio de Tierras, un espacio integrado por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Para construir el mapa se utilizaron datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, obtenidos mediante pedidos de acceso a la información pública. La herramienta permite observar cómo se distribuye la propiedad extranjera tanto a escala provincial como departamental.

Según los datos utilizados, actualizados hasta el 6 de agosto de 2025, los ciudadanos y capitales estadounidenses encabezan el listado, con más de 2,7 millones de hectáreas.

Luego aparecen los propietarios de origen italiano, con cerca de 2 millones, y los españoles, con aproximadamente 1,7 millones. Entre las tres nacionalidades concentran alrededor de la mitad de toda la superficie rural extranjerizada del país.

Aunque ninguna provincia supera en su totalidad el máximo establecido por la legislación vigente, el panorama cambia cuando el análisis se realiza por departamentos. El estudio determinó que 36 jurisdicciones ya se encuentran por encima del límite del 15%.

Los porcentajes más elevados se registran en San Carlos, Salta, donde el 59,82% de la superficie está en manos foráneas; Molinos, también en Salta, con el 57,79%; General Lamadrid, La Rioja, con el 56,70%; y Lácar, Neuquén, con el 54,17%.

Los investigadores remarcaron que las propiedades no se distribuyen de manera uniforme, sino que se concentran especialmente en regiones fronterizas, territorios atravesados por cursos de agua, áreas con potencial minero y puntos con ventajas logísticas para el transporte y el comercio exterior.

En la provincia de Buenos Aires, uno de los casos más destacados es Campana, donde el 50,27% de la superficie relevada pertenece a capitales extranjeros. En Zárate, la proporción alcanza el 24,8%.

Ambas ciudades integran uno de los principales corredores industriales y portuarios de la Argentina, cuentan con acceso directo al río Paraná y están conectadas con la Hidrovía Paraná-Paraguay, una vía fundamental para el traslado de mercaderías.

También aparecen bajo observación Iguazú, en Misiones, e Ituzaingó y Berón de Astrada, en Corrientes. Estas localidades se ubican sobre la principal vía fluvial navegable del país y poseen recursos hídricos e infraestructura considerados estratégicos.

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de la superficie rural del país, una provincia o un municipio o departamento.

Además, determina que los propietarios de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% de ese cupo y limita a 1.000 hectáreas la propiedad de un único titular foráneo en la denominada zona núcleo.

La normativa también prohíbe la adquisición de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua permanentes de gran importancia, así como propiedades situadas en zonas de seguridad de frontera, salvo las excepciones previstas legalmente.

El estudio se conoció en medio de la discusión por una posible modificación de esas restricciones. Una de las propuestas analizadas plantea elevar del 15% al 25% el máximo de superficie rural que podría quedar bajo titularidad extranjera.

El Gobierno nacional ya había intentado derogar la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023. Sin embargo, esa decisión quedó suspendida provisoriamente tras una presentación judicial realizada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata.

Desde el Observatorio de Tierras advirtieron que eliminar o flexibilizar las protecciones podría favorecer una mayor concentración en territorios relacionados con el abastecimiento de agua, los minerales críticos, los bosques, los pasos fronterizos y la infraestructura portuaria.

En ese sentido, remarcaron que la discusión no se limita a determinar quién figura como propietario, sino que también involucra el control, el uso y el acceso futuro a recursos naturales esenciales para el desarrollo y la soberanía del país.

La cámara alta retomará este jueves el tratamiento de la ley de propiedad privada, luego de que el oficialismo retirara el capítulo que habilitaba modificaciones en la venta de tierras a extranjeros. La sesión comenzará a las 14 y continuará el debate interrumpido el mes pasado. La Libertad Avanza buscará aprobar los artículos que permanecen dentro del proyecto.

La iniciativa propone que las declaraciones de utilidad pública para expropiar bienes sean interpretadas de manera restrictiva. Además, deberán identificar en forma específica el objetivo perseguido y demostrar que la medida resulta necesaria y proporcional. La indemnización se calculará principalmente sobre el valor de mercado del bien.

El texto también contempla el pago del lucro cesante cuando exista una consecuencia directa de la expropiación y pueda acreditarse mediante pruebas concretas. Ese monto no podrá superar el 30 por ciento del daño emergente, salvo que el propietario demuestre una afectación mayor. El proyecto excluye valores afectivos, circunstancias personales y ganancias hipotéticas.

En materia de alquileres, la propuesta establece que el propietario deberá intimar al inquilino antes de iniciar una demanda por falta de pago. El plazo para cancelar la deuda no podrá ser inferior a diez días corridos desde la recepción de la notificación. Vencido ese período, el locador podrá iniciar el procedimiento judicial de desalojo más breve disponible.

Otro de los puntos centrales modifica la ley de Manejo del Fuego. En los bosques nativos incendiados no podrá cambiarse el uso que tenía el terreno antes del siniestro. Sin embargo, el proyecto elimina las restricciones de 30 y 60 años previstas por la normativa vigente para vender o modificar el destino de determinadas superficies. El cambio alcanza a zonas agropecuarias, pastizales, praderas y matorrales.

La sesión también tendrá una discusión reglamentaria por la posible participación virtual de dos senadores. La autorización deberá ser convalidada por el pleno de la Cámara alta. Debido al viaje del presidente Javier Milei, Victoria Villarruel estará a cargo del Ejecutivo y la sesión será conducida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

Fuente: Infobae

El Gobierno nacional resolvió retirar el capítulo que habilitaba la venta de tierras rurales a extranjeros del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en una decisión adoptada para evitar su rechazo en el Senado este jueves, tras la resistencia de gobernadores aliados.

La medida fue definida en un encuentro encabezado por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, junto a representantes de espacios dialoguistas, luego de que mandatarios provinciales anticiparan que sus legisladores votarían en contra de ese artículo clave.

Entre quienes manifestaron su rechazo se encuentran los gobernadores Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Rolando Figueroa, quienes objetaron la posibilidad de transferir hasta un 25% de la superficie rural a capitales extranjeros, una iniciativa impulsada por el ministro Federico Sturzenegger.

A través de un comunicado, La Libertad Avanza precisó que el bloque acordó “postergar la discusión” del Capítulo III vinculado a tierras, aclarando que la decisión “no supone la cancelación definitiva del tema”, sino una estrategia para alcanzar consensos legislativos.

Con esta modificación, el Senado avanzará en el tratamiento de los capítulos que cuentan con respaldo político, centrados en reformas de los procedimientos de desalojo, el régimen de expropiaciones, la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble.

La vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, firmó un decreto ad referéndum que autoriza la participación y votación remota de la senadora Anabel Fernández Sagasti en la sesión del próximo jueves, en la que se debatirá la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, debido a que la legisladora cumple reposo médico en Mendoza por un embarazo avanzado.

La resolución establece que Fernández Sagasti podrá intervenir de manera virtual -preferentemente desde la Legislatura de Mendoza o desde un punto con conectividad garantizada- hasta el inicio de su licencia por maternidad, pese a no haber solicitado licencia formal de su banca.

No obstante, la medida deberá ser sometida a votación al inicio de la sesión, ya que el pleno del Senado constituye la autoridad competente para ratificar o rechazar este tipo de excepciones reglamentarias.

La habilitación del voto remoto introduce un nuevo factor de tensión en un debate legislativo que se perfila con una paridad extrema entre el oficialismo y la oposición, en el marco del tratamiento de la iniciativa que propone elevar al 25% el límite de extranjerización de tierras rurales y modificar los regímenes de expropiación y manejo del fuego.

La presidente del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó que el dictamen final de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incorporará un tope del 25% a la extranjerización de tierras rurales, en una iniciativa que será tratada el próximo jueves en el Senado, con una votación que se anticipa de margen ajustado.

La legisladora explicó que el incremento respecto del esquema vigente -que fija un límite inferior- responde a sugerencias formuladas por bloques opositores dialoguistas durante el proceso de negociación parlamentaria.

Entre las modificaciones más relevantes, el proyecto elimina el límite de 1000 hectáreas para titulares extranjeros en la zona núcleo agropecuaria y suprime las restricciones simultáneas a nivel provincial y municipal. Asimismo, establece la prohibición de adquisición de tierras por parte de estados extranjeros.

La iniciativa también contempla un régimen acelerado para desalojos de inmuebles ocupados, incorpora una figura de regularización dominial a los 10 años de posesión y deja sin efecto la restricción que impedía modificar el uso del suelo durante 60 años tras incendios forestales.

En el caso de operaciones en zonas de frontera o áreas de seguridad nacional, se implementará un sistema de doble conformidad que deberá ser otorgado de manera conjunta por autoridades provinciales y el Poder Ejecutivo nacional.

Bullrich defendió los cambios al señalar que la reforma apunta a fortalecer las garantías sobre la propiedad privada, mejorar los esquemas de indemnización por expropiaciones y reactivar el valor de la tierra como activo productivo, con el objetivo de fomentar el ingreso de inversiones en el sector.