Un nuevo mapa sobre la propiedad del territorio argentino volvió a poner en el centro del debate la presencia de capitales foráneos en zonas consideradas estratégicas. El estudio indica que alrededor del 5% de la superficie nacional se encuentra actualmente en manos de personas, empresas o grupos provenientes de otros países.

En total, se trata de aproximadamente 13 millones de hectáreas, una extensión similar a la superficie de Inglaterra.

El relevamiento fue elaborado por el Observatorio de Tierras, un espacio integrado por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Para construir el mapa se utilizaron datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, obtenidos mediante pedidos de acceso a la información pública. La herramienta permite observar cómo se distribuye la propiedad extranjera tanto a escala provincial como departamental.

Según los datos utilizados, actualizados hasta el 6 de agosto de 2025, los ciudadanos y capitales estadounidenses encabezan el listado, con más de 2,7 millones de hectáreas.

Luego aparecen los propietarios de origen italiano, con cerca de 2 millones, y los españoles, con aproximadamente 1,7 millones. Entre las tres nacionalidades concentran alrededor de la mitad de toda la superficie rural extranjerizada del país.

Aunque ninguna provincia supera en su totalidad el máximo establecido por la legislación vigente, el panorama cambia cuando el análisis se realiza por departamentos. El estudio determinó que 36 jurisdicciones ya se encuentran por encima del límite del 15%.

Los porcentajes más elevados se registran en San Carlos, Salta, donde el 59,82% de la superficie está en manos foráneas; Molinos, también en Salta, con el 57,79%; General Lamadrid, La Rioja, con el 56,70%; y Lácar, Neuquén, con el 54,17%.

Los investigadores remarcaron que las propiedades no se distribuyen de manera uniforme, sino que se concentran especialmente en regiones fronterizas, territorios atravesados por cursos de agua, áreas con potencial minero y puntos con ventajas logísticas para el transporte y el comercio exterior.

En la provincia de Buenos Aires, uno de los casos más destacados es Campana, donde el 50,27% de la superficie relevada pertenece a capitales extranjeros. En Zárate, la proporción alcanza el 24,8%.

Ambas ciudades integran uno de los principales corredores industriales y portuarios de la Argentina, cuentan con acceso directo al río Paraná y están conectadas con la Hidrovía Paraná-Paraguay, una vía fundamental para el traslado de mercaderías.

También aparecen bajo observación Iguazú, en Misiones, e Ituzaingó y Berón de Astrada, en Corrientes. Estas localidades se ubican sobre la principal vía fluvial navegable del país y poseen recursos hídricos e infraestructura considerados estratégicos.

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de la superficie rural del país, una provincia o un municipio o departamento.

Además, determina que los propietarios de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% de ese cupo y limita a 1.000 hectáreas la propiedad de un único titular foráneo en la denominada zona núcleo.

La normativa también prohíbe la adquisición de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua permanentes de gran importancia, así como propiedades situadas en zonas de seguridad de frontera, salvo las excepciones previstas legalmente.

El estudio se conoció en medio de la discusión por una posible modificación de esas restricciones. Una de las propuestas analizadas plantea elevar del 15% al 25% el máximo de superficie rural que podría quedar bajo titularidad extranjera.

El Gobierno nacional ya había intentado derogar la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023. Sin embargo, esa decisión quedó suspendida provisoriamente tras una presentación judicial realizada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata.

Desde el Observatorio de Tierras advirtieron que eliminar o flexibilizar las protecciones podría favorecer una mayor concentración en territorios relacionados con el abastecimiento de agua, los minerales críticos, los bosques, los pasos fronterizos y la infraestructura portuaria.

En ese sentido, remarcaron que la discusión no se limita a determinar quién figura como propietario, sino que también involucra el control, el uso y el acceso futuro a recursos naturales esenciales para el desarrollo y la soberanía del país.

La cámara alta retomará este jueves el tratamiento de la ley de propiedad privada, luego de que el oficialismo retirara el capítulo que habilitaba modificaciones en la venta de tierras a extranjeros. La sesión comenzará a las 14 y continuará el debate interrumpido el mes pasado. La Libertad Avanza buscará aprobar los artículos que permanecen dentro del proyecto.

La iniciativa propone que las declaraciones de utilidad pública para expropiar bienes sean interpretadas de manera restrictiva. Además, deberán identificar en forma específica el objetivo perseguido y demostrar que la medida resulta necesaria y proporcional. La indemnización se calculará principalmente sobre el valor de mercado del bien.

El texto también contempla el pago del lucro cesante cuando exista una consecuencia directa de la expropiación y pueda acreditarse mediante pruebas concretas. Ese monto no podrá superar el 30 por ciento del daño emergente, salvo que el propietario demuestre una afectación mayor. El proyecto excluye valores afectivos, circunstancias personales y ganancias hipotéticas.

En materia de alquileres, la propuesta establece que el propietario deberá intimar al inquilino antes de iniciar una demanda por falta de pago. El plazo para cancelar la deuda no podrá ser inferior a diez días corridos desde la recepción de la notificación. Vencido ese período, el locador podrá iniciar el procedimiento judicial de desalojo más breve disponible.

Otro de los puntos centrales modifica la ley de Manejo del Fuego. En los bosques nativos incendiados no podrá cambiarse el uso que tenía el terreno antes del siniestro. Sin embargo, el proyecto elimina las restricciones de 30 y 60 años previstas por la normativa vigente para vender o modificar el destino de determinadas superficies. El cambio alcanza a zonas agropecuarias, pastizales, praderas y matorrales.

La sesión también tendrá una discusión reglamentaria por la posible participación virtual de dos senadores. La autorización deberá ser convalidada por el pleno de la Cámara alta. Debido al viaje del presidente Javier Milei, Victoria Villarruel estará a cargo del Ejecutivo y la sesión será conducida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

Fuente: Infobae

El Gobierno nacional resolvió retirar el capítulo que habilitaba la venta de tierras rurales a extranjeros del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en una decisión adoptada para evitar su rechazo en el Senado este jueves, tras la resistencia de gobernadores aliados.

La medida fue definida en un encuentro encabezado por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, junto a representantes de espacios dialoguistas, luego de que mandatarios provinciales anticiparan que sus legisladores votarían en contra de ese artículo clave.

Entre quienes manifestaron su rechazo se encuentran los gobernadores Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Rolando Figueroa, quienes objetaron la posibilidad de transferir hasta un 25% de la superficie rural a capitales extranjeros, una iniciativa impulsada por el ministro Federico Sturzenegger.

A través de un comunicado, La Libertad Avanza precisó que el bloque acordó “postergar la discusión” del Capítulo III vinculado a tierras, aclarando que la decisión “no supone la cancelación definitiva del tema”, sino una estrategia para alcanzar consensos legislativos.

Con esta modificación, el Senado avanzará en el tratamiento de los capítulos que cuentan con respaldo político, centrados en reformas de los procedimientos de desalojo, el régimen de expropiaciones, la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble.

La vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, firmó un decreto ad referéndum que autoriza la participación y votación remota de la senadora Anabel Fernández Sagasti en la sesión del próximo jueves, en la que se debatirá la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, debido a que la legisladora cumple reposo médico en Mendoza por un embarazo avanzado.

La resolución establece que Fernández Sagasti podrá intervenir de manera virtual -preferentemente desde la Legislatura de Mendoza o desde un punto con conectividad garantizada- hasta el inicio de su licencia por maternidad, pese a no haber solicitado licencia formal de su banca.

No obstante, la medida deberá ser sometida a votación al inicio de la sesión, ya que el pleno del Senado constituye la autoridad competente para ratificar o rechazar este tipo de excepciones reglamentarias.

La habilitación del voto remoto introduce un nuevo factor de tensión en un debate legislativo que se perfila con una paridad extrema entre el oficialismo y la oposición, en el marco del tratamiento de la iniciativa que propone elevar al 25% el límite de extranjerización de tierras rurales y modificar los regímenes de expropiación y manejo del fuego.

La presidente del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó que el dictamen final de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incorporará un tope del 25% a la extranjerización de tierras rurales, en una iniciativa que será tratada el próximo jueves en el Senado, con una votación que se anticipa de margen ajustado.

La legisladora explicó que el incremento respecto del esquema vigente -que fija un límite inferior- responde a sugerencias formuladas por bloques opositores dialoguistas durante el proceso de negociación parlamentaria.

Entre las modificaciones más relevantes, el proyecto elimina el límite de 1000 hectáreas para titulares extranjeros en la zona núcleo agropecuaria y suprime las restricciones simultáneas a nivel provincial y municipal. Asimismo, establece la prohibición de adquisición de tierras por parte de estados extranjeros.

La iniciativa también contempla un régimen acelerado para desalojos de inmuebles ocupados, incorpora una figura de regularización dominial a los 10 años de posesión y deja sin efecto la restricción que impedía modificar el uso del suelo durante 60 años tras incendios forestales.

En el caso de operaciones en zonas de frontera o áreas de seguridad nacional, se implementará un sistema de doble conformidad que deberá ser otorgado de manera conjunta por autoridades provinciales y el Poder Ejecutivo nacional.

Bullrich defendió los cambios al señalar que la reforma apunta a fortalecer las garantías sobre la propiedad privada, mejorar los esquemas de indemnización por expropiaciones y reactivar el valor de la tierra como activo productivo, con el objetivo de fomentar el ingreso de inversiones en el sector.