Los diputados bonaerenses de La Libertad Avanza, Guillermo Castello y Sebastián Pascual, presentaron un proyecto en la Legislatura provincial para derogar la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado.

En los fundamentos, los legisladores libertarios cuestionaron la obligatoriedad de las capacitaciones al considerar que “imponen requisitos ajenos a la idoneidad necesaria para cada cargo público” y que la norma “carece de sentido común”. 

Según señalaron, la formación en perspectiva de género no garantiza mejoras institucionales, sino que “responde a una carrera política por imponer más cursos sin fundamentos reales”.

Castello y Pascual calificaron la medida como “una exigencia constitucionalmente irrazonable” y afirmaron que la Ley Micaela abrió paso a una “ola de capacitaciones obligatorias” que se extendió a empresas estatales, concesionarias e instituciones privadas, afectando, según su postura, “la libertad y la propiedad”.

Además, los diputados denunciaron que las capacitaciones funcionan como “un caballo de Troya” para el ingreso de “militantes políticos” al Estado, a quienes acusan de utilizar los cursos como herramienta de “adoctrinamiento ideológico”. También criticaron los costos administrativos y presupuestarios que implica su implementación, a los que calificaron de “demagogia legislativa”.

La Ley Micaela fue promulgada en 2019 y lleva el nombre de Micaela García, joven militante del Movimiento Evita asesinada en 2017. La norma busca garantizar la formación integral de todas las personas que se desempeñan en la función pública para prevenir la violencia de género y promover la igualdad en los tres poderes del Estado.

El proyecto de Castello y Pascual ya generó controversia en el ámbito político y social, dado que la Ley Micaela es considerada una política pública clave en materia de derechos humanos y equidad de género en la Argentina.

Fuente: Diputados bonaerenses

La Dirección Municipal de Programas Socio comunitarios realizó la entrega de certificados de capacitación en " Ley Micaela" a empleados y funcionarios municipales.

El acto de entrega, de esta segunda cohorte se concretó el pasado viernes en la Casa de la Cultura.

En esta oportunidad fueron 96 agentes del sector público municipal quienes lograron dicha certificación luego de haber cursado (de manera virtual) durante 8 semanas, durante las cuales trabajaron sobre contenidos de género, violencia contra las mujeres y diversidades sexuales.

Los responsables de otorgaran el certificado fueron el intendente, Carlos Esteban Santoro, la directora de Programas Socio comunitarios, Nancy Jaureguiberry y la psicóloga, María Florencia Gómez.

“Celebro que esta capacitación en la temática de prevención en violencias por razones de género sensibilicen, en primera instancia, a todos los agentes del sector público municipal. De esta manera, a la hora de recibir una demanda del vecino, tendrán más herramientas para ofrecer una atención de calidad, en orientación e información en el tema” explicó Jaureguiberry.

En la esta ocasión recibieron la certificación empleados de diversas áreas tales como: Informática, Salud, Jardín Maternal, Servicio Local, Envión, Turismo, Prensa, Asistencia a la Victima de Delitos, Juventud, Seguridad, Museos, Obras Públicas, Producción, Cultura, Desarrollo Social, Contaduría, Medio Ambiente, Compras, Recursos Humanos, Tesorería, Bolsa de Empleo, Despacho, Mesa de Entrada, C.I.C., H.C.D. Legales y miembros del Ejecutivo.

Actualmente se encuentran transitando dicha capacitación otros tres nuevos grupos de empleados y funcionarios.

A través de la Dirección de Programas Socio-comunitarios se llevará a cabo la capacitación obligatoria y permanente para todo agente del estado de la Ley Micaela a fin de concientizar sobre la perspectiva de género y violencia contra mujeres y diversidades. Su inicio está programado para el mes de febrero.

Desde hoy toda la planta municipal, en todas sus jerarquías, estará recibiendo una pequeña encuesta que deberán completar con sus datos personales para dar inicio a la implementación de la ley.

"La Ley Micaela fue promulgada el 10 de enero de 2019. Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación y la Provincia de Buenos Aires. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner."

La capacitación se basará en 10 encuentros de manera presencial o virtual, y tal como se mencionó su participación es de manera obligatoria, habiendo intimaciones y sanciones en su incumplimiento.

Recientemente la legislatura provincial, luego de adherir a la Ley Micaela, sancionó una norma que extiende la obligatoriedad de capacitarse en género y violencia de género a las personas que trabajan en clubes y entidades deportivas.

En este aspecto la consultora local Ex.ante comenzó a difundir sus capacitaciones en el marco de la nueva normativa.

Las mismas tienen un formato dinámico e interactivo como recurso idóneo para internalizar conceptos.

Según expresan las integrantes de la consultora, "planteamos que abordar el contenido de la ley tal cual está redactada es un requisito importante pero no suficiente. Por ello sumamos la dinámica de interacción en la capacitaciones como una herramienta para deconstruir, construir e internalizar conceptos”

La semana pasada a instancias de la Liga Marplatense de Futbol, mantuvieron una reunión via zoom con los 32 clubes de futbol de la ciudad para explicar la modalidad de abordaje de la temática de género en el contexto de la referida ley.

A partir de entonces varios clubes y entidades deportivas tomaron contacto con Ex.ante Consultoría acordando capacitaciones como es el caso del Club Huracán para el mes de enero.

Hasta la fecha otras instituciones deportivas así como disciplinas se contactaron mostrando un real interés en sumarse a las capacitaciones, tal la propuesta que llevará adelante el club de rubgy local Biguá y la escuela de karate Bushikai International.

Desde Ex - ante consultoria en RSE/ODS se propone "el abordaje de uno de los pilares de la responsabilidad social Empresaria (RSE), el respeto de los derechos humanos y en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la promoción del ODS 5, contando además con la certificación del Instituto de Capacitación Paulo Freire", adelantaron Sonia Rawicki y Laura Hernández.

San Ignacio Rugby realizará este viernes a las 18.30, a través de Zoom, un taller sobre la Ley Micaela, que establece la sensibilización y capacitación de las personas en temas de género y violencia contra las mujeres.

"Considerando que el tratamiento de temáticas sobre el género y de violencia contra las mujeres hacen a un proceso integral de cambios sociales y culturales, en relación a la población que nuestra institución representa, a la realidad actual y, en respuesta a los compromisos sociales que como formadores y formadoras representamos, es que tuvimos la iniciativa de presentar este proyecto ante la Comisión Directiva del Club, que aceptó y promovió la iniciativa", explicó, Sebastián Moreno, abogado y entrenador de la M19 del Club.

Con la presencia de integrantes del CEDIR (Centro de Estudio y Desarrollo Integral y Regional), la licenciada Mila Montaldo, Comisión de Genero de CEDIR, y la doctora Melina Rodríguez, se llevará a cabo un taller para toda la familia y comunidad del club sobre la formación y capacitación en perspectiva de género para todos los integrantes del Club (madres, padres, jugadores juveniles y mayores, entrenadores, socios y quien desee participar).

"destacamos la decisión de las autoridades de San Ignacio Rugby respecto de incorporar esta temática como una necesidad para el desarrollo y crecimiento social de sus integrantes, en coincidencia con la repercusión que tiene en la sociedad. Comprendiendo el Deporte como un parte de un Todo esencial en el crecimiento y desarrollo vital de las personas. Abordar el género y las problemáticas complejas que surgen a partir de las desigualdades es aportar a una sociedad equitativa y de igualdad social", afirmó Montaldo.

La ministra de las Mujeres y Políticas de Género bonaerense, Estela Díaz, abrió este martes con el presidente del Grupo Provincia y titular del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan Cuattromo, la primera jornada de sensibilización en perspectiva de género y prevención de la violencia en el marco de la Ley Micaela.

Díaz valoró que el Grupo Provincia “haya decidido hacer la Capacitación en Ley Micaela en perspectiva de género y prevención de la violencia es una decisión política autónoma y para valorar, porque no están obligadas ni obligados a hacerla, es la voluntad política de ustedes”.

Según se informó, las empresas que conforman el grupo, si bien tienen participación estatal, no son parte de la administración pública.

El Grupo Banco Provincia es el holding empresario de capitales públicos más importante de la Argentina, y cuenta con más de 2.000 empleadas y empleados.

La ministra bonaerense consideró que la perspectiva de género “es central sobre todo cuando apuntamos a una formación que tiene que ver con las políticas que se impulsen, con los productos que las distintas empresas promueven en el sector financiero y de los sectores que tienen, pero también es hacia adentro”.

La capacitación virtual estuvo dirigida a las autoridades que conforman el Directorio de Grupo Provincia y sus compañías; y a las autoridades de las áreas responsables de la comunicación institucional y gestión de las personas.

El presidente del Grupo Provincia, Juan Cuattromo, aseguró que la Capacitación en Ley Micaela para todas las empresas del Grupo Provincia “se inscribe en una agenda que es parte de la definición política del gobernador Axel Kicillof y que nosotros venimos instrumentando junto a Estela Díaz y a todo su equipo”.

“Tenemos que llevar la capacitación a cada trabajador y a cada trabajadora tanto para lo que tiene que ver con los derechos de cada uno de ellos y de ellas como también para incorporar la perspectiva de género en la toma de decisiones del día a día”, concluyó.

La ley que introduce la capacitación obligatoria y permanente en perspectiva de género en la función pública está vigente en los 135 municipios bonaerenses, destacó el Ministerio de las Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual provincial, al recordarse a Micaela García, quien fue asesinada en 2017 y hoy cumpliría 25 años.

En su nombre y en reconocimiento a su lucha militante por los derechos de las mujeres, en diciembre del 2018 fue sancionada la denominada Ley Micaela, a la que adhirió la provincia de Buenos Aires.

Según un comunicado del ministerio, esta semana finalizó la etapa de "sensibilización" en todos los municipios de la provincia, que abarcó a unos 1.600 trabajadoras y trabajadores, en cursos que se desarrollaron en ocho regiones en las que se dividió el distrito.

Cada capacitación tuvo una duración de una semana, con clases diarias y un acompañamiento continuo del equipo de tutoras.

Una segunda etapa se iniciará a partir del 17 de este mes con la apertura del Programa de Formación de Formadoras y Formadores, que tiene como objetivo profundizar herramientas conceptuales y prácticas en materia de género, así como también brindar encuadres y lineamientos pedagógicos desde la educación popular en prevención de las violencias por razones de género.

El enlace con los gobiernos locales se realiza a través del Consejo de Articulación con los municipios, sus coordinadoras regionales y las autoridades de los Honorables Concejos Deliberantes de cada distrito.

El caso de Micaela evidenció la ausencia de perspectiva de género en el Estado y la urgente necesidad de capacitar a todo el personal para construir políticas públicas integrales que erradiquen las desigualdades de género y las discriminaciones y apunten a terminar con las violencias.

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires es la autoridad de aplicación de la Ley Micaela en el Poder Ejecutivo bonaerense para sus 500.000 trabajadoras y trabajadores.

Para iniciar el trabajo en articulación con los 135 distritos bonaerenses, el Ministerio, en coordinación con el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), puso en marcha el Programa de Formación de formadoras y formadores en Ley Micaela, que fortalece los procesos de adhesión a la norma y capacita a núcleos de trabajadoras y trabajadores municipales en temáticas de género para que puedan replicar los contenidos en sus respectivas localidades.

A partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio, las capacitaciones municipales debieron ser adaptadas al formato virtual. En ese marco, el programa se está desarrollando en dos etapas: un curso de sensibilización en temáticas de género y un curso de formación.

En mayo, cuando los Concejos Deliberantes comenzaron a sesionar de manera continuada, creció el número de adhesiones, aumentó la demanda de información de los municipios en coincidencia con la definición y comunicación de políticas activas de parte de Ministerio, se informó oficialmente.

Con una portada violeta en alusión, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó este miércoles que el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual será el organismo de implementación de la Ley Micaela, que estipula la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial del distrito, a través del Decreto 541, para regular el marco de aplicación de la ley, que lleva el nombre de Micaela García, víctima de femicidio en Gualeguay, en reconocimiento a su lucha militante por los derechos de las mujeres.

A través de la Ley 15.134, promulgada por el Decreto 245, la provincia de Buenos Aires adhirió a la Ley Micaela que establece la capacitación obligatoria y permanente en perspectiva de género y prevención de las violencias por razones de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías.

En el decreto promulgado este miércoles, se dispuso que los ministros, secretarios, titulares de los entes descentralizados, el asesor General de Gobierno y los titulares de los organismos de la Constitución deberán determinar "la unidad organizativa que coordinará la ejecución de las acciones establecidas en la Ley N° 15.134 en cada organismo".

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires reanudó las capacitaciones en género y violencia de género, enmarcadas en la “Ley Micaela bonaerense”, dirigida a las autoridades del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, a la administración pública y a todas las dependencias de la provincia.

Detallaron que participaron más de 80 personas en la actividad en la que se intercambió a través de foros de discusión distintos ejes y abordajes para transversalizar la perspectiva de género en el Estado Provincial. La iniciativa ya se había iniciado el pasado 13 de febrero, en una jornada presencial de la que participaron el gobernador Axel Kicillof y su gabinete, pero la propuesta fue adaptada a la modalidad virtual.

“La Ley Micaela apunta a una profunda transformación cultural de las prácticas, las instituciones e incluso también de las políticas”, expresó la ministra de las Mujeres, Estela Díaz, en la apertura de la actividad, y además indicó que “a partir del dolor que significó el femicidio tremendo de Micaela García se construyó una política de derechos humanos y de igualdad que contribuye a que mejore la calidad del Estado y de la gestión pública”.

Por su parte, el Director de Formación, Néstor García, hizo referencia al desafío que implica capacitar de forma masiva a agentes del Estado bonaerense y expresó que han “establecido un plan de trabajo para estos cuatro años”.

"El objetivo es que los más de 500.000 trabajadores estatales reciban capacitación según la Ley Micaela y acompañar a  los 135 municipios de la provincia para que adhieran a la Ley y lleven adelante las capacitaciones”, contó.

Por su parte, la investigadora Dora Barrancos estuvo a cargo  de la etapa de sensibilización, y reafirmó que “las ministras, tanto Elizabeth Gómez Alcorta como Estela, confirmaron la necesidad fundamental de la transversalización de las políticas de género”.

Además, Barrancos dijo que “hace por lo menos 40 años que el código feminista dice que la actuación en la gestión gubernamental implica esto”. Y a continuación recomendó la creación de espacios de género en todas las esferas ministeriales que estén en permanente articulación con el Ministerio de las Mujeres, para hacer efectiva la transversalidad de las políticas de género.

La Ley Brisa (27.452), que otorga una reparación económica para hijos de víctimas de femicidios o del asesinato de alguno de los progenitores en manos de otro, hace un año fue aprobada en el Senado y Cámara de Diputados de la Nación. No obstante, en Mar del Plata todavía no se reglamentó.

Según le comentó a El Marplatense la coordinadora de la Dirección de la Mujer del partido de General Pueyrredon, Susana Mercado, “no hemos podido trabajar con la Ley porque no se reglamentó. De todas maneras, es algo que nosotros vamos a tratar en el Observatorio en la próxima reunión, que es el primer martes de agosto, ya que es un tema pendiente”. Y agregó: La ley prevé los subsidios, pero lamentablemente no la hemos podido instrumentar. Tampoco sabemos si se hace uso a nivel nacional”.

La Ley Brisa es una reparación mensual para niños y niñas cuyo padre o madre (o progenitor afín) haya sido procesado o condenado por el homicidio contra su otro padre o madre o progenitor afín.

Y el beneficio es una suma de dinero mensual equivalente a una jubilación mínima, con los incrementos de movilidad y se ajusta por la inflación que indica el INDEC.

En definitiva, es el derecho a cobrar una suma mensualmente, hasta que el chico o chica cumpla 21 años. Y hasta los 18 años, la suma la reciben los representantes legales que le sean asignados (que nunca puede ser el femicida). Entre los 18 y los 21 lo recibe directamente la chica o el chico. Para recibir la compensación, el trámite debe ser solicitado mediante vía judicial por quienes tengan la guarda de los menores o por los mismos hijos de las víctimas, en los que casos en que sean mayores de 18 años.

La misma, no está siendo implementada en Mar del Plata, a lo que Mercado aclara que “nosotros venimos subsistiendo con el tema de las becas, que instrumentamos nosotros desde la Dirección, con un subsidio del Instituto Provincial de la Mujer, que se da por única vez de 7500 pesos”.

Por otra parte, Susana Mercado contó en qué instancia se encuentra la Ley Micaela y expresó que “ya se ha dado la primera capacitación se vio Historia del Feminismo y el Patriarcado, que vino Dora Barranco a darlo y en esta segunda instancia se va a hablar sobre Género y Violencia de Género, que lo van a dar dos especialistas y una de ellas es la Licenciada Christensen”. Y cerró: “La ley obliga a la capacitación, en todos los niveles de los agentes del Estado”.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, comenzó este martes el desarrollo del plan de capacitación en el marco de llamada "Ley Micaela", para lo que firmó una carta de intención con una universidad privada de la ciudad.

El convenio rubricado por Patricia Leniz y la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Atlántida Argentina, Verónica Santiago, da inicio a un trabajo coordinado para la capacitación en materia de género y diversidad sexual destinadas a los agentes municipales y de otras instituciones que pudieran requerir similares servicios.

Las acciones, de las que participarán el Gobierno Municipal y la Universidad Atlántida, se dan en el marco de un convenio existente entre los dos organismos que contempla, entre otras áreas de colaboración, las de facilitar acciones tendientes a permitir el intercambio de investigaciones y docentes de cada jurisdicción, con la finalidad de dictar cursos, conferencias y el dictado de contenidos en general.

La aprobación, en 2019, de la Ordenanza 23.962 hizo que el Municipio de General Pueyrredon adhiriera a la Ley Nacional 27.499 (conocida como Ley Micaela), la cual estipula la obligatoriedad de la capacitación de los agentes estatales especialmente en género, y cuyo artículo 2° encomienda a la Dirección de Políticas de Género dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social la implementación de las acciones previstas en la citada ley.

En el acto, se ahondó en cuestiones vinculadas a la problemática de género y la necesidad de un trabajo conjunto que integre a diversos actores para dar respuesta a las complejidades que éste plantea.

Tanto la Universidad Nacional de Mar del Plata como la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se expidieron a principios de marzo respecto a su adhesión a la Ley Nacional Micaela, que fue sancionada en diciembre pasado y dispone la capacitación obligatoria en perspectiva de género para todos los funcionarios y trabajadores de los tres poderes del Estado.

La Universidad Nacional de Mar del Plata y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se expidieron este jueves respecto a su adhesión a la Ley Nacional Micaela, que fue sancionada en diciembre pasado y dispone la capacitación obligatoria en perspectiva de género para todos los funcionarios y trabajadores de los tres poderes del Estado.

"Aprobamos la adhesión provincial a la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria de todos los agentes del estado para la prevención y tratamiento de la violencia de género. Junto a María Eugenia Vidal trabajamos comprometidos con erradicar la violencia hacia las mujeres", aseguró el presidente de la Cámara baja, Manuel Mosca, en su cuenta de Twitter tras la media sanción.

En tanto, la UNMDP anunció que el próximo 22 de marzo se llevará a cabo la primera jornada de capacitación y sensibilización en perspectiva de género a cargo del Programa Integral de Políticas de Género dependiente de la Secretaría de Bienestar de la Comunidad Universitaria, la cual estará destinada a autoridades de la Universidad y decanos, decanas, direcciones y gabinetes de las once unidades de gestión que componen la casa de altos estudios de la ciudad.

Durante la jornada, se reflexionará acerca de la transversalización de la perspectiva de género en las prácticas formativas y de gestión con fuerte énfasis en el compromiso social de las Universidades públicas en el abordaje de esta problemática. La coordinación estará a cargo de Florencia Rovetto, referente de la Universidad Nacional de Rosario, integrante de una de las dos Subsecretarías de Género Universitarias que existen en Argentina.

Por Inés Reyna

La cuarta ola del feminismo, que comenzó en los 90, se percibe con más fuerza en la Argentina en los últimos años, y luego de la consolidación del movimiento "Ni una menos" -que nació el 3 de junio de 2015-, copó las calles y la agenda política, social y mediática del 2018, dando paso al postergado debate por el aborto, la conmoción social que produjo el llamado "Me too argentino" y la aprobación de las leyes "Brisa" y "Micaela".

Términos como "sororidad", "deconstruir", "empoderar" , "patriarcado", "perspectiva de género", "lenguaje inclusivo", "machirulo" y "feminazi" ganaron terreno, mes a mes, en las mesas familiares, las redes sociales, los medios y los textos académicos. Algunos de estos neologismos, incluso, fueron adoptados este año por la Real Academia Española.

Sin embargo, donde realmente se multiplicaron estas nuevas y no tan nuevas palabras fue en los carteles y banderas improvisadas que, con ingenio, se impusieron en cada una de las marchas en las que miles de mujeres se movilizaron en todo el país para conquistar derechos que contribuyan a una sociedad más igualitaria.

Como todo movimiento disruptivo y revolucionario, el feminismo argentino 2018 también tuvo sus consignas y, como todo hito de época, sus respectivos hashtags. A los ya impuestos "Ni una menos" y "Vivas nos queremos" se sumaron "Se va a caer", "Mirá como nos ponemos" "Yo te creo, hermana", "No es No", "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir" y "Aborto legal ya".

El pañuelo -símbolo de otra histórica lucha encabezada por mujeres argentinas agrupadas en "Madres de Plaza de Mayo"- fue reformulado en color verde y adoptado por quienes militaron por la ley del aborto legal, seguro y gratuito, que consiguió una memorable media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 14 de junio. Y aunque en octubre el proyecto no pasó la votación en el Senado, la sensación entre los colectivos feministas es que será aprobado tarde o temprano.

Pese a que la conciencia de género ha crecido en el último tiempo y que los debates en torno a la igualdad se han instalado, la asociación civil La Casa del Encuentro informó en su último reporte que, en los primeros diez meses de 2018, hubo 225 femicidios en la Argentina, es decir, uno cada 32 horas. 200 de estas víctimas de la violencia machista fueron asesinadas por varones que ellas conocían. La cifra muestra una leve mejoría, ya que durante la última década, hubo un femicidio cada 30 horas.

Por causa de estos crímenes, 250 niños y niñas se quedaron sin madre este año en el país. A ellos vino a proteger la denominada "Ley Brisa", que prevé una compensación económica para los hijos de mujeres víctimas de femicidios. Aprobada por unanimidad el 4 de julio pasado, beneficiará a 3200 niños, niñas y adolescentes de todo el país.

El 19 de diciembre el Congreso sancionó otra ley fundamental para luchar contra la violencia de género, desde el seno del mismo Estado, cuyas instituciones también responden a las viejas estructuras del machismo. Denominada en homenaje a Micaela García -la joven de 21 años asesinada en Gueleguay en abril de 2017 por un violador reincidente que había sido liberado antes de finalizar su condena por “buena conducta"-, la normativa dispone la capacitación obligatoria en perspectiva de género para todos los funcionarios y trabajadores de los tres poderes estatales.

El Gobierno de Mauricio Macri decidió incluir el tratamiento de este proyecto dentro de la agenda parlamentaria de la sesiones extraordinarias, luego de la conmoción social que causó, precisamente, otra revolución feminista denominada el “Me too argentino”, desatada tras la denuncia de la actriz Thelma Fardin contra su colega Juan Darthés por violación.

El colectivo “Actrices Argentinas” acompañó y respaldó la acusación de Fardin contra su colega por abuso sexual con acceso carnal cuando ella tenía 16 años, durante una gira por Nicaragua de “Patito Feo”, novela en la que ambos participaban, diez años atrás. La denuncia pública y penal de Fardin hizo mella en cientos de mujeres que vivieron situaciones similares en los ámbitos más disímiles y se nutrieron de la iniciativa de la actriz de 26 años para animarse a denunciar a sus victimarios.