A razón de la aprobación en general en Cámara de Diputados de la segunda versión del proyecto Ley Bases, el profesor titular y director de la carrera de posgrado de Derecho Constitucional en la UBA, Daniel Sabsay, subrayó que “la última palabra” la dispondrá la Corte Suprema y criticó al presidente Javier Milei, de quien afirmó que “su conducta contradice su accionar”.

En principio, Sabsay expresó en Primera Tarde de Mitre (FM 103.7) su punto de vista acerca de la Ley Bases y el DNU: “En su momento me pronuncié debido a la inconstitucionalidad de la modalidad que se adoptó para el Decreto de Necesidad y Urgencia y la Ley Ómnibus. El DNU tiene semejante cantidad de iniciativas, las que atraviesan todos los ordenamientos jurídicos y afecta a tratados internacionales, que es obvio que si conforme a la Ley que regula el tratamiento en la Comisión Bicameral debe aprobarse por sí o por no, es imposible exigir que se apruebe por bloques".

En tanto, en la Ley Ómnibus indicó que lo que más le “chocó” fueron las delegaciones legislativas “tan amplias”, debido a que afectan varios órdenes, como en “lo social, ambiental, financiero y económico, e implica poner la suma del poder público en manos del Presidente”, lo que consideró que “de por sí es inconstitucional”.

En esa línea, el letrado contempló que “afecta disposiciones expresas que vienen desde 1853, lo que implica la comisión de traición a la patria, al legar la suma del poder público”. Entonces, recordó que eran disposiciones que iban “en contra de lo que había sucedido durante la dictadura de Rosas; regresivo y lamentable".

A raíz de su aprobación, lamentó la suspensión de diversas leyes, como en materia de “salud, pesca y expensas de medicamentos, y podemos seguir”. De esta manera, el prefesor de la UBA aseguró que Javier Milei “está muy mal asesorado y parte de una suerte de premisa en la que cree que si lo votó el 56% tiene un cheque en blanco para hacer lo que le de la gana”.

Pero el ex presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional remarcó: “Y es un error garrafal; cuando uno vota no lo hace separado de lo que la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes establecen. Es como un bloque, es lo que limita el poder”. 

A su vez, aclaró que relacionado a la Ley Bases “la última palabra la va a tener la Corte Suprema” y que la claúsula cuarta del Artículo 99, que es el que habilita excepcionalmente al dictado del DNU, “como principio general lo prohíbe, y podrá hacerlo solo cuando circunstancias excepcionales impidieran su trámite normal”.

Por último, Sabsay explicó: “Y acá no se da esa circunstancia de excepcionalidad para la sanción de leyes porque él mismo -Milei- convocó a sesiones extraordinarias. Su misma conducta contradice su accionar. Hay varias medidas suspendidas, por lo que diversos sectores insistirán judicialmente”.

Desde las 13.30 que la Cámara Baja discute la Ley Bases y el Paquete Fiscal, las dos iniciativas que el Gobierno Nacional impulsa como ejes, junto al DNU 70/2023, de la gestión del presidente Javier Milei. A lo largo de la jornada, que se espera que finalice con la votación durante la madrugada, sentaron su posición integrantes del oficialismo, sus aliados y la oposición más intransigente a los proyectos.

Por caso, diputados de La Libertad Avanza, el PRO y el bloque “dialoguista” de Hacemos Coalición Federal fueron argumentando a lo largo de la tarde por qué deben sancionarse las leyes. Esencialmente, todos expresaron que el Gobierno debe contar con herramientas para gestionar.

En contrapartida, el Frente de Izquierda y Unión por la Patria presentaron las posiciones más duras, explicando que se trata de un avance contra conquistas de los trabajadores, beneficios a grupos empresarios y evasores.

El inicio de la sesión fue monitoreada por el presidente Milei. El oficialismo descuenta que podrá lograr la sanción en general del proyecto y luego, a diferencia de lo que ocurrió en el verano, el tratamiento en particular también resultará afirmativo. Para ello, los oficialistas impulsaron como mecanismo el debate por capítulo y no por artículo (son más de 200), cómo pretendían los opositores.

Si los proyectos son aprobados por la Cámara de Diputados pasarán al Senado, última instancia antes de convertirse en ley.

DECLARACIONES

Dentro de las numerosas declaraciones, se destacó la del diputado del bloque Hacemos Coalición Federal, Ricardo López Murphy, quien señaló: “Este gobierno heredó reservas negativas en una magnitud extraordinaria. No hay ningún país del mundo en el que pase eso”. 

“Eso nos ponía ante una catástrofe. No había alternativa a un esfuerzo extraordinario”, introdujo el ex ministro de Economía.

Por su lado, la diputada del bloque Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer, reconoció que hubo un cambio de postura en el oficialismo luego de la experiencia fallida de la Ley Ómnibus a principio de año. “Llegamos a un tratamiento mucho más razonable, salvando las grandes diferencias que tenemos con el contenido”, dijo la legisladora.

Mientras tanto, los representantes del Frente de Izquierda ratificaron en el recinto su rechazo a la Ley Bases, con duros calificativos hacia su contenido y reproches a sus pares, ante la posibilidad de que el proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo obtenga media sanción en las próximas horas. Fue el caso de Christian Castillo y Romina del Pla, legisladores del espacio, quienes, transcurridas las primeras cuatro horas de discusión, enumeraron los puntos que consideran negativos.

Del Pla tildó directamente al proyecto como una “porquería” y aseguró que se trata de un retroceso “al siglo XIX”. La legisladora hizo un repaso del proyecto, en el que destacó como aspectos perjudiciales para los trabajadores las modificaciones al régimen de indemnizaciones, la ampliación del período de prueba que incluye la reforma laboral, la eliminación de las moratorias previsionales, y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). “Hay que remontarse mucho para encontrar semejante ataque a los trabajadores”, insistió.

Castillo, por su parte, coincidió en los puntos centrales del rechazo al proyecto y pidió frenar la ley. “El que vote a favor será recordado por siempre por las y los trabajadores”, sostuvo. Ambos coincidieron que “hay apuro” en el oficialismo en sancionar el proyecto, “porque saben que la paciencia se está acabando”.

Este lunes desde el mediodía se tratará por segunda vez la Ley Ómnibus en Diputados y desde el oficialismo estiman que la sesión durará dos días.

“En principio estimamos una duración de aproximadamente 48 horas, tenemos la complicación de que el miércoles es el Día del Trabajo. Hay muchos diputados que tienen participación en su provincia o municipios para volver. Siempre me gustó la idea de no trabajar de noche”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

De la misma manera, se mostró confiado en que la Ley se aprobará este martes: “Me causa un poco de gracia que digan que no les he dado fecha a la gente de UxP que pidieron una sesión especial para el martes a las once, ese sector del peronismo de izquierda que quiere entorpecernos la vida a todos. No los rechacé, simplemente les contesté por nota para que pongan otro día. Ellos mismos saben que esto durará mucho, lo hacen solo para entorpecer porque ven que es un proyecto que está bastante avanzado que va a salir”.

“Se ocuparon durante 20 años seguidos de ponerle palos en la rueda a la Argentina y no se iban a privar mañana de tratar de hacerlo y poner una sesión para el martes por la mañana”, apuntó en una entrevista con el periodista Franco Mercuriali.

A su vez, anticipó una posible división dentro del peronismo. “No hay que confundir peronismo con kirchnerismo, hay que separarlos. Hay muchos peronistas que no están de acuerdo ni con Cristina ni con el sector más extremo del kirchnerismo. Piden a gritos salir de ahí y esto lo sabe toda la Cámara de Diputados. Va a haber un peronismo racional que va a salir de ahí, ideológicamente están en contra. Creo que se va a producir rápidamente un quiebre”.

En este sentido, argumentó: “La gente la está pasando mal y ellos son conscientes. No queremos volver atrás, casi el 60% de la gente eligió este rumbo y le dijo basta al kirchnerismo, es un movimiento en retirada”.

Menem también aprovechó para hablar sobre la expresidenta Cristina Kirchner, quien este sábado brindó un acto en Quilmes junto a la intendenta local, Mayra Mendoza: “Es una exdirigente que está en retirada, es un movimiento que cada vez es más chico”.

Además, explicó sus motivos para que la Ley Bases se apruebe a partir de mañana: “Es importante que se apruebe porque el principal problema que preocupa al argentino es la economía. ¿Qué necesita la economía? Dejar de haberse enfocado tanto en el consumo, castigando el ahorro y la inversión. Queremos una ley laboral más moderna y estar seguros de que no van a volver de nuevo los mismos de siempre”.

“Estamos convencidos de que el salario se va a recuperar y va a superar a la inflación los próximos meses. Con ley va a ser muchísimo más fácil y más rápido que sin ley. El déficit cero no se negocia. Vamos hacia una Argentina distinta”, indicó.

Fuente: TN

La ex presidenta Cristina Kirchner criticó hoy la Ley Ómnibus que se debatirá este lunes en la Cámara de Diputados al cuestionar el punto en el que el Ejecutivo no puede revisar los contratos con empresas de energía renovable, los que relacionó con el "crecimiento astronómico" de las tarifas de electricidad.

En su cuenta de X, Cristina Kirchner señaló que el decreto "faculta al presidente a dejar sin efecto 2308 obras públicas paralizadas en todo el país, de las cuales 119 son universidades nacionales, pero le prohíbe revisar los contratos dolarizados de generación de energía renovable, térmica e hídrica, causa principal del aumento astronómico en las tarifas eléctricas, como demostramos ayer en nuestra charla en Quilmes".

"No es una buena decisión atarle las manos al presidente en una cuestión tan delicada y que impacta tan negativamente en todas las actividades de la vida cotidiana: industriales, comerciales, clubes de barrio, universidades, y sobre todo en los bolsillos exhaustos de los argentinos", agregó.

La ex presidenta indicó, en cuanto al proyecto de Ley Bases, que el Título III sobre “contratos y acuerdos transaccionales” autoriza al Poder Ejecutivo, “por razones de emergencia”, a rescindir o modificar los contratos de obra pública que hayan sido celebrados con anterioridad al 10 de diciembre del 2023.

No obstante, señaló que en la norma "quedan expresamente excluidos del régimen establecido en esta ley los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la ley N°23.696 y…(adivina qué también)… aquellos contratos que se hayan suscripto en el marco de regímenes de promoción de actividades, programas de estímulo a las inversiones o a la producción”.

Cristina y el análisis sobre gobierno de Milei 

En el acto de ayer en Quilmes, junto a la intendente Mayra Mendoza, la ex vicepresidenta se pronunció nuevamente en contra del Gobierno nacional y, si bien afirmó que “nadie desconoce su legitimidad de origen”, el presidente Javier Milei también necesita legitimarse tanto “en la gestión” como “en los resultados”.  

“Te puede haber votado el 60% de los argentinos, pero si cuando sos gobierno la gente se caga de hambre, pierde el trabajo, no puede llegar a fin de mes, ¿de qué sirve?”, sentenció Cristina ante sus seguidores en el estadio Néstor Kirchner.

Asimismo, al hablar del superávit del primer trimestre anunciado la semana pasada, aseveró que esa información no es correcta.

“Resulta que no pagaste Cammesa, la energía, las obras públicas, lo que le debés a las provincias y las universidades... Es como ustedes en su casa, después de no haber pagado la luz, el gas, el alquiler y las expensas digan ‘tengo superávit’. No hermano. Mirá todo lo que debés. No tenés superávit”, sentenció.

Para finalizar, Cristina indicó, aunque sin mencionar la votación de la Ley Bases en el Congreso, que hay que “reclamarle” a los dirigentes y representantes “organización, presencia, ideas y convicción” porque “hay que tener mucho coraje en esta Argentina para cambiar las cosas”.

Con un principio de acuerdo con bloques opositores, comenzó el plenario de comisiones en donde el oficialismo intentará lograr dictamen para la nueva Ley Bases y la reforma fiscal, e impulsar su tratamiento en el recinto Diputados el próximo lunes en busca de la media sanción.

Se prevé una jornada extensa y, en negociaciones de último momento, el oficialismo y parte de la oposición acordaron retirar al Banco Nación de la lista de empresas a privatizar y repusieron los impuestos al tabaco.

Uno de los primeros oradores fue Cristian Castillo, del FIT, quien reclamó no haber tenido el texto para discutir las iniciativas. “Ahora quieren apurar porque saben que está creciendo la movilización en la calle”, afirmó. Luego fue el turno de Silvia Lospenatto (PRO), quien replicó las críticas de la izquierda y de los legisladores de Unión por la Patria: “Lo que no ganan por los votos no lo van a ganar por la violencia y la agresión”, señaló.

A su turno, Juan Manuel López sostuvo: “Este Congreso está en deuda. Pido que algún producto decente saquemos lo antes posible, ya sea con la Ley Bases o lo pendiente en el Senado. Que no salga una ley es hacerle el juego a un Presidente que ayer nos dijo que la tiremos porque en algún rasgo de su personalidad juega al autoboicot”.

Aunque hay un acuerdo bastante encaminado, persisten las diferencias en puntos claves de la discusión. El oficialismo decidió sumar la reforma laboral dentro de la Ley Ómnibus que propuso el radicalismo, pero que no cuenta con el consenso de Hacemos Coalición Federal y del PRO. La propuesta radical es mucho más “dura” que lo que el resto de los bloques están dispuestos a aceptar y eso podría complicar las discusiones y, sobre todo, retrasar el ambicioso cronograma que estableció la Casa Rosada, que quiere todo aprobado antes del 25 de mayo.

Buena parte de la discusión de hoy se centrará en este punto. Miguel Ángel Pichetto, líder de HCF, amenazó con no votar nada del paquete, principalmente por estar en desacuerdo con algunos puntos que causarían un enfrentamiento directo con el sindicalismo. Por ejemplo, la eliminación de la cuota solidaria que los gremios cobran obligatoriamente a los no afiliados a través de los convenios colectivos.

Pero no son los únicos que se oponen. Los amarillos, comandados por Cristian Ritondo, también se opusieron. “El PRO no puede seguir apoyando al gobierno si ni los propios diputados de LLA ni el Presidente de la Cámara están sentados en la mesa de negociación. No podemos ayudar si ellos no escuchan y negocian con el radicalismo”, señalaron desde el PRO.

En medio de este tironeo, que hace oscilar a los dialoguistas entre el apoyo y las críticas, el radicalismo también busca hacer valer su peso y plantó su amenaza en el medio de las conversaciones. La bancada que conduce Rodrigo de Loredo advirtió que si no se avanzaba con su proyecto de reforma laboral, no solo no iban a aportar sus votos, sino que se iban a oponer a la Ley Bases al momento de la votación.

El radicalismo también enfrenta disputas internas. Tanto es así que el proyecto que le llevaron a la Casa Rosada, y que en un principio habían comprado llave en mano -ese fue el acuerdo, por eso ahora no quieren aceptar ninguna modificación-, es diferente al que había presentado el senador Martín Lousteau, presidente de la UCR.

Todos los puntos que generaron discusión quedaron afuera, por lo que el radicalismo llevaría un dictamen en disidencia. En ese escenario, se prevé que hoy se tenga un dictamen del oficialismo, otro de Unión por la Patria, un tercero con la disidencia del radicalismo, un cuarto del Frente de Izquierda y un último dictamen de un sector de Hacemos Coalición Federal.

Por último, y en búsqueda de los votos de Innovación Federal conformado por diputados de provincias yerbateras como Misiones, acordaron incluir en el dictamen nuevamente todo el capítulo de impuestos al tabaco tal cual estaba en la Ley de Bases original.

Fuente: Infobae.

De cara a obtener los apoyos necesarios para aprobar la Ley Ómnibus e intentar blindar el DNU 70/2023, el Gobierno de Javier Milei inició conversaciones con gobernadores a los que les ofreció enviar el dinero necesario para terminar obras públicas que estén alrededor del 80% de su avance físico. La prioridad la tendrán proyectos viales inconclusos, cárceles y trabajos hidráulicos.

Si bien la decisión de la Casa Rosada de terminar un grupo de proyectos podría reactivar la obra pública tras casi cuatro meses de parálisis, quedarán fuera de toda negociación más de 1000 obras que tienen un porcentaje de avance físico inferior al 70%.

Así se pudo saber al acceder al listado total y completo de las obras públicas que quedaron en ejecución durante la gestión de Alberto Fernández. El listado contempla obras viales, hidráulicas, universitarias, de transporte, entre otras. Esta cifra no contempla los proyectos habitacionales sin terminar, ya que eso es órbita de la Secretaría de Vivienda.

La posibilidad de financiar obras a cambio de lograr apoyos de cara a la Ley Ómnibus surgió en la reunión que Guillermo Francos, ministro del Interior, mantuvo con mandatarios provinciales del norte. Lo mismo se conversó en el encuentro con gobernadores de Juntos por el Cambio. Pero los números oficiales a los que accedió este medio marcan que pese a esta negociación de la Casa Rosada, miles de proyectos seguirán paralizados.

Un dato no menor es que entre los proyectos con bajo porcentaje de avance físico hay varios que forman parte del Plan de Obras Públicas para el Desarrollo de la Nación- Argentina Grande, un programa compuesto por 120 obras estratégicas que impulsó la gestión de Alberto Fernández.

Podrían quedar entonces fuera de la negociación proyectos de gran envergadura como la Autopista de la ruta nacional 158 que une San Francisco con Río Cuarto, en Córdoba, la que posee un avance físico del 53%. El proyecto total contempla una inversión de $35.573.539.498 o los trabajos para provisión de agua potable en Paraná, Entre Ríos, que ronda el 30% de progreso y un presupuesto total de casi $8.000 millones.

También integran este listado de obras el acueducto San Javier en Santa Fe, cuyo costo de finalización es de $94 mil millones y solo tiene un 2,41% de avance físico. El propio Maximiliano Pullaro le ofreció al Gobierno reactivar la obra pública bajo el esquema de Participación Público-Privada (PPP).

Hay posturas divididas entre los gobernadores respecto de esa propuesta. Algunos consideran que se deben culminar las obras con alto nivel de avance con una parte de la recaudación del impuesto PAÍS, mientras que otros todavía no tienen una postura al respecto.

Por ahora la Casa Rosada mantiene negociaciones abiertas por la obra pública con Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Gildo Insfrán (Formosa), Carlos Sadir (Jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago Del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Claudio Poggi (San Luis), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA) y Marcelo Orrego (San Juan).

En febrero pasado, TN reveló que había 550 obras paralizadas o con observación administrativa (problemas de redeterminación, fuertes retrasos u otros inconvenientes de contrato). Se trata de proyectos en las que se inyectó mucho dinero y que no se sabe si se van a terminar. Puede decirse que es un problema compartido, ya que si bien el Gobierno de Javier Milei tomó la decisión de no continuar con los proyectos, muchos en realidad ya estaban frenados en la gestión de Alberto Fernández, en especial durante el 2023, cuando la inflación complicó las actulizaciones de precios.

TN comprobó que entre las obras neutralizadas hay algunas que frenaron su marcha allá por 2021, otras lo hicieron en 2022 y finalmente en 2023 buena parte de estos proyectos se frenaron debido a la alta inflación y los problemas con las redeterminaciones de precios.

Por ahora las Secretarías de Obras Públicas y Vivienda en la gestión de Milei no tienen un rumbo claro. El Presidente celebró como un hito el haber frenado la financiación de proyectos y no está claro cuál será el futuro de esta área. Sin embargo, en la Casa Rosada hay quienes ven en estos proyectos inconclusos una oportunidad para lograr adhesiones en el Congreso.

Fuente: TN 

El tratamiento de la nueva Ley Ómnibus se dilata. El oficialismo tenía la intención de que el proyecto ingrese al Congreso esta semana y tenga media sanción a fines de abril, pero hoy parece lejano ese ambicioso escenario. Sucede que hasta este jueves a la tarde, los gobernadores no tenían el texto final de la iniciativa.

Sin precisiones se complican las necesarias negociaciones para destrabar una ley que naufragó muy rápido en su primer intento en Diputados. En aquel entonces, el Gobierno confió en que había hecho los esfuerzos necesarios para persuadir a la llamada oposición dialoguista y al final del día -y mucho antes también- el resultado fue muy adverso.

Por este motivo, en la antesala de un nuevo debate en el Congreso de la ley que el Gobierno considera fundacional, buscan tender puentes con los gobernadores. La reunión de este jueves con Posse y Francos fue bastante cordial, con un segmento de reclamos de las provincias, que no condicionan ni imposibilitan el apoyo a la Ley bases y el paquete fiscal.

Sobre los puntos en particular no dieron detalles, solo plantearon que se está incorporando el blanqueo, que antes no estaba. “Sacan todo lo fiscal y lo ponen junto con la propuesta del impuesto a los ingresos de las personas (Ex Ganancias)”, confiaron. Se estima que la escala será bastante más alta de la que tenían y los porcentajes más bajos. Pero no se habló en ningún momento de cifras ni detalles.

De la Ley Bases, el Gobierno está escuchando devoluciones de los bloques del radicalismo, del PRO y del pichettismo. Según señaló uno de los mandatarios a TN, en general se dio un apoyo a la Ley Bases y al Pacto Fiscal.

Pero el respaldo no es unánime. “Si no nos dan lo que pedimos, la ley no sale”, deslizó a este medio un gobernador que ha manifestado sus diferencias en más de una oportunidad. Hay rispideces con la vuelta de Ganancias, donde los mandatarios buscan alcanzar una regionalización del impuesto.

“No es lo mismo el impacto en el Norte que en el Sur”, señaló sobre este tema el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en el programa Solo una vuelta más, de TN. “Después de la ley, hay un montón de temas de gestión que resolver. Y ahí los gobernadores podemos ser aliados muy importantes”, agregó Torres.

“Fue una reunión muy buena. Nosotros vamos a acompañar. Es una buena ley que le sirve a las provincias y a la Nación. No está confeccionada del todo, faltan definir aspectos de la letra chica”, aseguró el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

“El gobierno va a subir el piso de Ganancias. En 1.2 millones no sale. Lo subirían y se va a trabajar en una nueva propuesta”, confió a este medio otro de los gobernadores que asistieron a la reunión. Además, los mandatarios se llevaron la promesa de que van a corregir el DNU de eliminación de partidas para las jubilaciones. “Reconocieron que fue un error no forzado en el afán de ordenar el frente fiscal”, apuntaron a este medio.

Fuente: TN 

Este jueves, el Gobierno enfrentará una de las últimas pruebas en el marco de la negociación por la nueva Ley Bases, cuando reciba en la Casa Rosada a los mandatarios provinciales que integraban Juntos por el Cambio, con el objetivo de alcanzar los consensos necesarios antes de enviar el texto al Congreso.

De acuerdo con lo que precisaron distintas fuentes parlamentarias, el bloque de La Libertad Avanza espera que para este viernes, un día después de la reunión con los gobernadores, ya se envíe formalmente el proyecto a la Cámara de Diputados, para que comience el proceso legislativo.

La intención del oficialismo es que las reformas propuestas por el presidente Javier Milei comiencen a ser debatidas en las comisiones correspondientes a partir de la segunda quincena de abril y que ya pase a votación en el recinto a fines de ese mismo mes.

Sin embargo, las autoridades nacionales todavía tienen que resolver algunos obstáculos para que eso pueda suceder, y el primero de ellos tiene que ver, justamente, con los representantes provinciales, ya que entre ellos todavía no hay un acuerdo respecto de qué se debe hacer con el impuesto a las Ganancias, entre otros puntos de la Ley.

En el bloque hay un sector que considera que, si bien el paquete fiscal es más completo y está más conversado que el capítulo que se quitó de la iniciativa original a fines de enero pasado, poco antes de la frustrada votación, todavía dependen del apoyo de los gobernadores para que se apruebe.

Este jueves, se reunirán ministro del Interior, Guillermo Francos, los mandatarios Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (Chubut) y Claudio Poggi (San Luis).

El funcionario nacional viene de mantener un encuentro en Salta con los integrantes de la liga del Norte Grande, que son los que reclaman que se vuelva a bajar el piso a partir del cual se empieza a pagar Ganancias, ya que eso los beneficiaría en sus arcas, pero no hay consenso con los líderes patagónicos, que rechazan cualquier modificación.

Luego de esa conversación, que será clave para definir el futuro de ese impuesto, el oficialismo en Diputados deberá enfrentar su propio obstáculo, ya que todavía existen más de 15 comisiones que no se formaron y que necesitan estar activas para poder debatir las reformas.

Una vez que el texto ingrese a la Cámara baja, será el presidente del recinto, Martín Menem, el que definirá cuándo y a qué comisión se enviará para su tratamiento, pero para esto necesita apoyarse en el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago.

En este sentido, una parte del oficialismo se muestra disconforme con el accionar de esa dupla, ya que señalan que solamente se formalizaron las áreas de trabajo más “blandas”, como lo son las de cultura o género, pero siguen pendientes las que suelen tener mayor labor parlamentaria.

Una de las comisiones que más le interesa presidir al Gobierno es la de Energía y Combustibles, ya que Milei estaría especialmente interesado en que se aprueben las leyes vinculadas a ese sector, y para ese puesto la elegida sería la diputada Lorena Villaverde.

En tanto, Bertie Benegas Lynch solicitó quedar al frente de la de Finanzas, mientras que el jujeño Manuel Quintar busca quedarse con la de Justicia, aunque para esto tendrán que acordar primero con la oposición.

Al oficialismo le corresponden un total de ocho comisiones, pero tres de esos lugares ya los utilizaron en la de Presupuesto y Hacienda, que fue para José Luis Espert; la de Legislación General, encabezada por el cordobés Gabriel Bornoroni, y Asuntos Constitucionales, donde está el santafecino Nicolás Mayoraz.

Además de la Ley Bases y el paquete fiscal, las autoridades nacionales prevén que también se van a discutir los Decretos de Necesidad y Urgencia que firmó el presidente Milei con las reformas económicas, que ya fue rechazado por el Senado, y para modificar la fórmula de actualización de las jubilaciones -y los proyectos de otras bancadas con propuestas distintas-.

En este contexto, en los próximos días Zago deberá intensificar las negociaciones que viene llevando adelante con el resto de los bloques para poder terminar de conformar las comisiones que faltan, no solo las unicamerales, sino también las bicamerales, ya que en esta oportunidad son más amplios los asuntos a tratar.

En paralelo, Francos continuará con su ronda de reuniones con los gobernadores y referentes de la oposición “dialoguista” para intentar alcanzar el mayor consenso posible antes de que el texto ingrese al Congreso, aunque en las altas esferas de la Casa Rosada, si bien no quieren que los proyectos vuelvan a ser votados en contra, buscan apurar los tiempos para que la discusión no se prolongue. 

Fuente: Infobae.

Sin esperar a que lo discuta el Congreso de la Nación, el Gobierno aplicará por decreto que las jubilaciones y pensiones se actualicen por inflación a partir de abril. A su vez, dispondrá un ajuste de entre 12% y 14% para compensar parte del costo de vida de enero, según trascendió hoy de fuentes del sistema previsional.

El Poder Ejecutivo determinará por decreto que las jubilaciones en abril se actualicen por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más una compensación que estaría entre el 12 y el 14% por la inflación de enero. Hecho este empalme, el Gobierno pretende que a partir de mayo las jubilaciones se actualicen por el IPC mensual.

De esta manera, la Casa Rosada busca adelantarse a la discusión que pretende dar la oposición en el Congreso.

En un principio, la gestión de Javier Milei pretendía que la nueva fórmula jubilatoria se tratara como un capítulo dentro de la nueva Ley Bases, que de acuerdo a los tiempos que quiere manejar la Casa Rosada, se trataría en diputados recién a mediados de abril.

Si bien la nueva Ley Ómnibus viene cosechando consensos en buena parte de su contenido, tanto el bloque Pro como el radicalismo y Hacemos Coalición Federal –los bloques más amigables para el oficialismo– le plantearon al Gobierno que era imperioso cambiar cuanto antes la fórmula previsional, luego de la fuerte pérdida del poder adquisitivo que tuvieron los haberes jubilatorios en los primeros dos meses del año.

En tanto, los diputados opositores de la Comisión de Previsión y Seguridad Social decidieron impulsar una ley de movilidad jubilatoria por su cuenta. Y ante la falta de acuerdos, el Poder Ejecutivo decidió anticiparse y avanzar por decreto con la fórmula que diseñó el equipo del ministro de Economía, Luis Caputo.

La utilización de este instrumento jurídico fue una alternativa que se debatió mucho en el seno del Gobierno en los últimos días, porque la primera intención era que este tema tuviera fuerza de ley. Pero finalmente se definió avanzar de forma unilateral, sin llevarlo al Congreso.

En el borrador de la nueva Ley Bases, el Gobierno había propuesto una fórmula jubilatoria que indexe por inflación a partir de abril con una compensación adicional del 10% por la inflación de enero. Por su lado, los bloques dialoguistas de Diputados exigían una compensación mayor, que contemple enteramente lo que los jubilados y pensionados perdieron por la inflación del primer mes del año, que fue de 20,6%.

El presidente Javier Milei se retiró temprano de la Casa Rosada el jueves pasado, cerca de las 15:30, cuando en el Senado todavía se estaba tratando la validez del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, aquel que firmó unos días después de haber asumido en el cargo y que sentó las bases de las reformas económicas que considera que necesita el país. El mandatario nacional ya presentía lo que iba a ocurrir unas horas más tarde: el oficialismo, sin el respaldo necesario del resto de los bloques de la Cámara, no iba a lograr la aprobación de ese documento.

Este traspié, que en la previa incluso motivó ciertas rispideces entre el jefe de Estado y su vice, Victoria Villarruel, a quien le recriminaron por no haber conseguido que la discusión se postergara un poco más, fue la segunda derrota legislativa del Gobierno, que en febrero retiró la Ley Bases cuando vio que no tenía el apoyo suficiente y que muchos de sus artículos iban a ser rechazados.

Ahora, ambas cuestiones deberán ser tratadas en la Cámara de Diputados, donde el Poder Ejecutivo espera tener mejor suerte y más consenso, por lo que las conversaciones con los referentes de la oposición continuarán esta semana, aunque el debate en el recinto podría convocarse incluso para el mes próximo.

En principio, según confirmó Infobae, la mayoría de los gobernadores y legisladores ya habían recibido el borrador del nuevo proyecto ómnibus y del paquete fiscal que Milei quiere aprobar antes de firmar el “Pacto del 25 de Mayo” en Córdoba.

En el texto modificado, se encuentran, aunque con pequeños cambios, varias de las iniciativas de la ley original, como las Emergencias y facultades para el Poder Ejecutivo, una reforma del Estado, la consolidación de deuda, la desregulación económica, la defensa de la competencia, y el Régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI), tal como anticipó este medio.

Por el otro lado, el paquete fiscal incorpora la restitución del pago de Ganancias para unos 800 mil empleados, la modificación de las escalas del monotributo, el blanqueo de capitales y una reducción de alícuotas del impuesto a los Bienes Personales, entre otras cuestiones.

En los próximos días, tal como estaba previsto, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se reunirá con sus pares de todas las provincias para analizar la letra chica del proyecto y tratar de llegar a un acuerdo antes de que sea enviado al Congreso.

Por su parte, el titular de la cartera del Interior, Guillermo Francos, hará lo propio y continuará conversando sobre el tema con los gobernadores. El jueves, de hecho, recibió en su oficina de la Casa Rosada al de Neuquén, Rolando Figueroa, quien se mostró con el RIGI, según revelaron fuentes oficiales.

El viernes, en tanto, habló con los máximos referentes en Diputados del PRO, Cristian Ritondo, y de la UCR, Rodrigo de Loredo, quienes se acercaron a Balcarce 50 para entregarle al funcionario las recomendaciones que hicieron sus respectivos partidos al borrador que recibieron el día anterior.

En el Gobierno consideran que, a diferencia de lo que ocurre en el Senado, en la Cámara de Diputados el kirchnerismo no es tan fuerte y, al mismo tiempo, el oficialismo y sus aliados -principalmente del PRO y de un sector de la UCR- alcanzan un número que les permitiría sancionar tanto esta ley como el DNU.

A pesar del rechazo del jueves pasado, el Decreto presidencial sigue vigente y solamente necesita que uno de los dos recintos parlamentarios lo convalide para quedar totalmente aprobado, por lo que, más allá de la derrota, Milei confía en que se van a ratificar sus medidas económicas.

El DNU todavía no tiene fecha para ser tratado en Diputados, aunque cualquier legislador podría pedir que se debata durante la sesión en la que se discutirá la Ley Ómnibus, la cual tampoco fue convocada. De hecho, en La Libertad Avanza creen que el nuevo paquete de reformas se podría llegar a discutir recién después de Semana Santa, por lo que el Poder Ejecutivo tendría tiempo suficiente para alcanzar consensos.

En Balcarce 50 saben que, en este contexto, será clave la posición de los gobernadores. En el Senado, cuatro de los integrantes de la oposición que votaron en contra del Decreto, Lucila Crexell, Mónica Silva, José María Carambia y Natalia Gadano, responden a mandatarios patagónicos.

Asimismo, el oficialismo tampoco consiguió el respaldo de dos radicales, Martín Lousteau -Milei retuiteó varios mensajes en la cuenta de X en contra del líder de Evolución- y Edith Terenzi. Para aprobar la Ley y el DNU en Diputados, el Gobierno necesitará del apoyo de todos esos sectores.

Fuente: Infobae. 

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, adelantó que el principal funcionario político de Javier Milei le informó esta mañana que el Gobierno les enviará un borrador de la ley Ómnibus reversionada a todos los mandatarios y a los bloques del Congreso antes del fin de semana, por lo cual podrían despejarse en breve las dudas sobre la letra chica.

 Los posibles cambios girarían especialmente en torno al piso y las categorías de Ganancias -que pasaría a denominarse “altos ingresos personales”-; la nueva fórmula previsional; y la inclusión de la reforma laboral que forma parte del DNU de desregulación pero está frenada por la Justicia.

“Tengo entendido que habrá un borrador mañana o pasado, y que nos lo van a girar a los 24 gobernadores, a los diputados y a los senadores. Un borrador mañana o pasado, eso es lo que el ministro me comentó. Por ahora no hay precisiones al respecto”, dijo hoy al mediodía el mandatario radical a periodistas acreditados en el empapado Patio de las Palmeras de la Casa Rosada. Cornejo no había podido estar por cuestiones de agenda en el encuentro con sus pares, y hoy se acercó al despacho del ministro para ponerse en sintonía.

Cornejo no pudo brindar detalles sobre la nueva versión de la ley Bases porque, según dijo, Francos no estaba en condiciones de otorgárselas. Pero ratificó que está dispuesto a acompañar al oficialismo en la nueva etapa de la aventura legislativa, que incluye también el tratamiento de un paquete de alivio fiscal y el polémico DNU de desregulación.

“Repasamos los temas, pero no hay precisiones porque todavía el ministro del Interior no tiene el proyecto de ley que va a mandar al Congreso ni sobre el Pacto del 25 de Mayo aparte de los puntos que ya anunciaron”, subrayó. El borrador se conocería una semana después de la reunión de Posse y Francos con todos los gobernadores que tuvo lugar el viernes pasado.

Cornejo se mostró a favor de reincorporar la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, al contrario de los gobernadores patagónicos, a quienes dijo “entender” sin dejar de mostrar su desacuerdo. “La mayoría de las provincias creemos que debe restablecerse. Es progresivo, no de los que gravan al consumo o la actividad económica, y la mayoría de los países del mundo lo tienen”, remarcó.

El mandatario de la UCR confirmó su respaldo a pesar de que no conoce aún los pisos y categorías que quedarán vigentes en el proyecto del Ejecutivo, que prepara el ministro Luis Caputo y que iba a discutirse, según se había acordado el viernes pasado, entre los secretarios de Hacienda de las provincias y el nacional, Carlos Guberman. Los encuentros entre esos funcionarios técnicos aún no tuvieron lugar ni fueron programados.

El impulso a una reforma laboral es una de las principales incógnitas sobre la agenda del oficialismo. Circularon versiones fuertes la semana pasada de que Milei evaluaba incluirlo en el proyecto de ley para darle mayor legitimidad, para cumplir con el pedido del FMI para que busque “consensos” con el resto del arco político y lograr que avance tras el freno que le puso la Cámara del Trabajo a partir de las medidas presentadas por los gremios de la CGT.

La semana pasada, en el documento que le entregó a los gobernadores, el Gobierno había incorporado un punto específico sobre el blanqueo de trabajadores informales, pero sin mayores aclaraciones. En la Casa Rosada no informan aún si copiarán la reforma del DNU completa para sumarla a la ley Bases, o será un apartado menos ambicioso.

“El Ministro no dijo si iba a sumar la reforma laboral en la ley, tampoco lo hablamos. Pero la relación laboral también debe pasar por el Congreso. Si queremos crecer sostenidamente no se logra sólo con equilibrio fiscal, sino que también hay que hacer reformas que sean aprobadas en el Congreso”, marcó su posición el gobernador, que ayer se había manifestado en similar sentido en la cumbre de AmCham. Sin embargo, expresó que está dispuesto a ayudar al Gobierno a que se mantenga vigente el DNU que los opositores más distantes de la izquierda y el kirchnerismo intentan voltear.

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El presidente Javier Milei se expresó con un duro mensaje a través de su cuenta en la red social “X” tras el revés obtenido por la “Ley Ómnibus” en el Congreso, y acusó a “un conjunto de políticos” de “hacer lo imposible para mantener sus privilegios”. En su largo mensaje apuntó también sobre un tema que impacta en Mar del Plata: “No vamos a ser cómplices de los negocios de algunos con la industria pesquera”.

El texto del Presidente, escrito desde suelo italiano antes de su audiencia con el Papa Francisco, apunta a lo que considera “privilegios” de “la casta” y entre ellos resalta el tema de la pesca. Se recuerda que la modificación de la Ley de Pesca fue unos de los primeros artículos que se quitaron de la “Ley Ómnibus”, tras el reclamo de todos los sectores involucrados en la actividad y que llevaron al intendente Guillermo Montenegro a reunirse con autoridades nacionales.

El mandatario nacional recordó en su texto que llegó al Gobierno para “arreglar” tres problemas que sufre el país: “la inflación, la inseguridad y los privilegios de los políticos”. Y en es contexto consideró que su fuerza vino “a plantear un modelo distinto al modelo empobrecedor de los últimos 100 años. Y vinimos a hacerlo de cara a los argentinos. Con la verdad en una mano y la libertad en la otra”.

Por eso, aseguró, no llegó al poder para “seguir jugando el mismo juego empobrecedor de los políticos de siempre. No vinimos acá a hacer pactos espurios en contra de los intereses de los argentinos. Y no vamos a ser cómplices del juego de los mismos parásitos de siempre que viven a costa de los argentinos”.

Milei aseguró que el proyecto de ley buscaba “devolverles la libertad a los argentinos” y aseguró que en ella “está reflejado nuestro proyecto de país”. Ante esto, remarcó que “el gobierno no necesita la ley. Los argentinos la necesitan” y aseguró que “la vamos a conseguir, más tarde o más temprano”.

“Lo que sucedió en el Congreso representa a la perfección el problema al que nos estamos enfrentando. Un conjunto de políticos que van a hacer lo imposible para mantener sus privilegios. La casta. Lo venimos diciendo desde que nos metimos en política. Sabíamos que iba a pasar”, continuó el Presidente.

CAMBIO DE REGLAS

El gobierno nacional asumió con la responsabilidad de arreglar tres problemas fundamentales que sufre nuestro país: la inflación, la inseguridad y los privilegios de los políticos.

Nosotros vinimos a plantear un modelo distinto al modelo empobrecedor de los…

— Javier Milei (@JMilei) February 9, 2024

Milei aseguró que “diseñamos un programa económico para exterminar la inflación sin necesidad del Congreso ni de ninguno de todos aquellos que pretenden seguir viviendo como reyes a costa de los contribuyentes” y allí volvió sobre los políticos: “Durante toda la campaña dijimos que nosotros íbamos a enviar nuestros proyectos al Congreso y los políticos iban a tener que decidir de qué lado de la Historia querían estar. Si querían ser parte del cambio o querían seguir manteniendo sus privilegios”.

“También dijimos que si no acompañaban los cambios, los íbamos a exponer frente a la sociedad para que sus negociados, privilegios y corrupción quedaran expuestos”, dijo Milei, algo que se relaciona con posteo recientes en esa misma red social, donde se había generado una lista con aquellos legisladores que votaron en contra del proyecto.

Allí, Milei enlistó varios “privilegios”, como él los llama y enumeró: “No vamos a ser cómplices de los negocios de algunos con la industria pesquera, con el Señor del tabaco, con las empresas petroleras o con cualquiera de los otros intereses especiales que hacen lobby y ‘persuaden’ políticos para defender sus intereses”.

También agregó “registros automotores, concesiones de litio, repartija de sobres a periodistas y muchos otros negocios que algunos políticos hacen mientras ‘defienden la República’ en la televisión”.

Fuerte contra la política, el primer mandatario aseguró que “durante muchos años hubo en Argentina un grupo de políticos que dice representar la moderación, el diálogo, el consenso y la sensatez, que lo único que hacen es garantizar el statu quo a cambio de negocios personales”.

“No vinimos a continuar con la rueda del juego de la política de siempre. Vinimos a romperla. No nos importan las operaciones, las difamaciones, los títulos de los diarios. No nos importan las presiones de quienes destruyeron este país. No estamos jugando un juego. No nos importa pagar el costo político de hacer lo que hay que hacer porque nuestro objetivo es solucionar los problemas de los argentinos y no perpetuarnos en el poder”, disparó Milei.

A poco de darse un nuevo debate en el Congreso de la Nación para el tratamiento de la Ley Ómnibus, en particular, en General Pueyrredon no se detiene la polémica en torno a lo sucedido en la Cámara baja.

Ya con la aprobación en General, con 144 votos a favor y 109 en contra, este martes la continuidad estará centralizada en los contrapuntos que previstos artículo por artículo.

En agitadas jornadas, el megaproyecto perdió en el camino más de la mitad de sus artículos, pero fue aprobado en general con los votos libertarios, los del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.

En ese sentido, el concejal Miguel Guglielmotti de Unión por la Patria, dialogó con El Marplatense y expresó: "Nosotros siempre fuimos contrarios tanto a la Ley como al DNU en tres momentos. Primero, primero fueron las medidas económicas de Caputo con un 118% de devaluación, un ajuste selectivo. Claramente atacó de lleno a la clase trabajadora y a jubilados. Sin embargo, no agravó ni a la renta financiera, ni a las grandes fortunas y a las empresas transnacionales que van fijando los valores de los alimentos y sacuden nuestro bolsillo".

"Luego el DNU y la Ley Ómnibus el viernes pasado, donde se dio la aprobación en general. A partir del martes comenzará la discusión. En particular tuvimos una dinámica de trabajo muy fuerte porque claramente había cuestiones dentro de la Ley que atacaban a Mar del Plata como la reforma de la normativa de la pesca. Esos artículos fueron retirados. También estuvo el tema de la La Zona Fría que se mantiene en el DNU. Retirar esos artículos, podría facilitar, al no haber sido rechazados, que puedan incorporarse en una discusión de sesiones ordinarias", dijo.

Y adhirió: "Tendremos que ir evaluando cómo se va dando esa discusión en particular a partir de este martes, pero hay una cuestión que nos tiene muy preocupados y es la delegación de facultades al Ejecutivo Nacional, por un año y con prórroga de uno más, que nos hace ver un avasallamiento democrático. Se pone al poder Legislativo en pausa y el Ejecutivo comienza de alguna manera a manejarse a través de decretos de necesidad y urgencia. De alguna manera esa es la preocupación fundamental".

"Hay que ver cómo se da esa delegación de facultades, a cuánto se limita. Dependerá mucho de las conversaciones que se inicien el martes", sentenció el Concejal.

"Estamos a cuatro senadores de que la Ley en su totalidad tengan un freno. Va a depender mucho de la forma en la que salga en el Senado y del manejo que tengan los bloques como Unión por la Patria en la Cámara alta", concluyó.

Luego de darse la aprobación general de la Ley Ómnibus en la cámara de Diputados, con 144 votos a favor y 109 en contra, el próximo martes comenzará el tratamiento particular de los puntos de partida.

Con la convalidación del PRO, de la UCR, de Hacemos Coalición Federal y de Innovación Federal -y por el contrario, el rechazo de todo Unión por la Patria- en total, el megaproyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei obtuvo 144 votos a favor y 109 en contra en la Cámara baja. De esta manera, avanzó un paso hacia la promulgación, aunque para que llegue al Senado de la Nación todavía falta.

Sobre esto, la concejal local de Crear más Libertad, Cecilia Martínez dialogó con El Marplatense y dijo: "El dictamen de la Ley, genera dos sentimientos, el primero es la alegría de haberlo logrado con el trabajo que se dio en la Cámara. La Ley viene a traer un cambio de paradigma para Argentina pero cuesta explicarlo porque se abarcan muchísimos temas".

"Hay cuestiones que si bien son controversiales, por cómo venimos viviendo hasta el día de hoy, pero venir a plantear determinados cambios, sin duda como nos pasa en la vida, generan cimbronazos", indicó.

"Había temas que eran discutibles como pasaba con la Ley de Pesca, que por eso mismo desde nuestro sector fuimos silenciosos, más que nada por respeto al espacio que conformamos. Se trabajó arduamente de la mano de Alejandro Carrancio que hoy es diputado provincial y acercar actores de la ciudad, con el gobierno Nacional. Todos reconocieron que había cosas que cambiar y hoy se espera, para adelante que con estos diálogos que se fueron realizando, se cambie lo que sea necesario y se avance en otras modalidades de trabajo; sin afectar a otras cuestiones con este cambio tan abrupto, que podría generarse en la ciudad", aclaró la referente.

Y adhirió que "lo de la zona fría era una pena perderlo porque Mar del Plata pidió por muchos años para estar dentro. Quienes vivimos en al ciudad sabemos que nuestras temperaturas son más cercanas al sur que al lugar en donde estamos ubicados geográficamente. Hacía recién dos años que se pudo lograr esto, con mucho trabajo detrás, así que celebramos ese cambio. Era muy necesario este dictamen".

"Entendemos que los puntos que se quitaron, el tema de jubilaciones por ejemplo, es porque se viene un debate a posteriori que si o si se tiene que dar y es necesario. Por eso celebramos por lo que se logró y por lo que se va a conseguir", siguió.

En cuanto al debate del Senado, Martínez dijo: "Para quienes nos dedicamos a la política, estos resultan debates muy interesantes. Creo que lo que viene en esta etapa va a ser muy rico pero también vi en Diputados que hay una faceta reflexiva sobre entender que la sociedad está pidiendo otra cosa desde una cuestión de actitud y consciencia por parte de quienes nos dedicamos a esto".

"De eso no tengo dudas, el Senado lo va a replicar y que los sectores políticos que mantienen un diálogo a partir también de las disidencias, porque si no existiesen hubiesen ido todos juntos en las mismas boletas", afirmó y continuó: "Esta Ley de bases viene a ser una caja de herramientas que necesita el Poder Ejecutivo para poder llevar adelante las reformas y llegar al equilibrio fiscal, ordenar las cuentas, la economía, bajar la inflación e insertar a Argentina en el mundo pero también mover la matriz productiva en el mundo".

"Esas cuestiones nos van a permitir salir adelante, bajar índices de pobreza, lograr que la clase media recupere el poder económico y que empecemos a tener una vida más cercana a países normales", sumó la Concejal.

"Todos los gobiernos pidieron cajas de herramientas. Argentina tuvo en esta historia democrática, emergencias todos los años. A veces se ha pedido de los mismos gobiernos que ellos dejaban. Pasa en la provincia de Buenos Aires, donde Kicillof pidió emergencia de un gobierno que sucede él mismo. Nosotros no estamos pidiendo eso, sino una Ley de bases para reconstruir el país", concluyó desde Crear más Libertad.

La segunda jornada de debate de la Ley Ómnibus terminó -nuevamente- en un cuarto intermedio sin definiciones. Pasada la medianoche, el oficialista Oscar Zago propuso interrumpir el debate hasta las 10 de la mañana, mientras continúan negociando los artículos clave sobre los que aún no hay acuerdo, como la potestad de tomar y reestructurar deuda, las privatizaciones y los cambios en seguridad.

A pesar de las últimas modificaciones, todavía persisten las diferencias internas en los bloques dialoguistas, que juegan un rol determinante para conformar una mayoría que avance con la media sanción. Dentro de la UCR, un sector referenciado en Facundo Manes se muestra irreductible y rechaza darle al gobierno facultades delegadas y pretende que las privatizaciones se debatan “ley por ley” en el Congreso.

Por la tarde, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, se reunieron con representantes de los dialoguistas. Según pudo saber Infobae, hubo avances sobre reestructuración de la deuda. No así sobre la potestad de tomar deuda en dólares sin autorización del Congreso.