La Cámara de Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto conocido como Ley Hojarasca, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para eliminar normativas consideradas obsoletas. En paralelo, el oficialismo también logró bloquear un nuevo intento de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y avanza en el tratamiento de modificaciones al régimen de Zona Fría.

El proyecto, promovido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, obtuvo 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones, por lo que ahora deberá ser debatido en el Senado. La iniciativa apunta a derogar leyes dictadas desde 1864 hasta la actualidad que, según el oficialismo, han perdido vigencia o quedaron superadas por los avances tecnológicos y los cambios institucionales.

Entre los ejemplos mencionados por el propio Sturzenegger figuran normas que regulaban el carnet de mochilero, el control de palomas mensajeras, la autorización de la televisión a color o incluso una disposición redactada por Domingo Faustino Sarmiento para premiar el descubrimiento de minas de carbón.

Sin embargo, desde la oposición cuestionaron el alcance del proyecto y advirtieron que la depuración normativa también incluye leyes de mayor impacto, como aquellas vinculadas a la producción pública de medicamentos o a la validación cartográfica del territorio nacional, históricamente bajo la órbita del Instituto Geográfico Militar.

En paralelo a la aprobación de la Ley Hojarasca, el oficialismo consiguió sostener su estrategia parlamentaria al bloquear nuevamente la interpelación a Adorni, en medio de tensiones políticas por la gestión del Gobierno.

Además, la Cámara baja continúa avanzando en el debate sobre cambios en el régimen de Zona Fría, una política clave para el costo del gas en regiones con bajas temperaturas. El oficialismo busca llevar el proyecto al recinto en las próximas sesiones, en un contexto de fuerte impacto del invierno en distintas ciudades del país.

Fuente: con información de DIB

La puesta en marcha de la Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei se da en un contexto de definiciones judiciales aún abiertas según explicó el abogado especialista en legislación laboral, Humberto Noel, quien detalló el recorrido legal que derivó en la actual aplicación de la norma.

El especialista señaló, en diálogo con el programa Nunca se sabe por Radio Mitre Mar del Plata, que en una primera instancia “se dictó una medida cautelar, que es circunstancial y provisoria”, mediante la cual se suspendía la aplicación de la ley por un período limitado hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo, es decir, su constitucionalidad.

Sin embargo, el escenario cambió a partir de la intervención de la Cámara Nacional del Trabajo. Noel explicó que el Gobierno apeló esa cautelar, aunque “no discute la cuestión de fondo, sino si la ley debe suspenderse o aplicarse mientras tanto”. Esa discusión recayó en la Sala VII, que finalmente adoptó una postura contraria a la del juez de primera instancia.

En ese sentido, precisó que la Cámara resolvió que “la ley debe aplicarse hasta tanto salga la sentencia definitiva”, lo que implica que la nueva normativa -aprobada por el Congreso- vuelve a regir pese a que su validez constitucional aún no fue definida. “El juez Raúl Ojeda había suspendido su aplicación mediante la cautelar, pero la Cámara dice lo contrario”, remarcó.

A partir de esta decisión, el proceso continúa en paralelo en distintas instancias. Por un lado, “debería aplicarse la nueva Ley de Reforma Laboral y el expediente volver al juzgado del doctor Ojeda”, quien tendrá que dictar una sentencia definitiva. Pero, al mismo tiempo, el Gobierno avanzó con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que se expida directamente sobre la cuestión de fondo.

“En este interín, el Gobierno va directamente a la Corte Suprema de la Nación para que defina si la nueva ley es aplicable o no”, explicó Noel, subrayando que esta doble vía mantiene abierta la incertidumbre jurídica.

Mientras tanto, la aplicación efectiva de la reforma ya impacta en aspectos centrales de las relaciones laborales. Tal como se desprende del contexto actual, vuelven a regir cambios en indemnizaciones, esquemas de vacaciones y modalidades de jornada laboral, ejes clave del nuevo régimen que habían quedado en suspenso durante la vigencia de la cautelar.

Noel advirtió que, en este escenario, pueden coexistir fallos contradictorios en distintos puntos del país. “Distintos tribunales pueden tener decisiones diferentes sobre la constitucionalidad”, indicó, y agregó que la situación solo se ordenará cuando exista un pronunciamiento definitivo del máximo tribunal: “Hasta que no haya una sentencia de la Corte en doctrina legal, que sea obligatoria para todos, la cuestión de fondo sigue pendiente”.

En cuanto a los tiempos, el panorama es incierto. El abogado fue claro al respecto: “No hay un plazo”. Y explicó que, a diferencia de los tribunales inferiores, “la Corte Suprema no tiene tiempos establecidos para resolver”, por lo que la definición final podría demorar sin una fecha precisa.

El PRO realizó su primera evaluación del decreto del Gobierno nacional que modifica la Ley de Inteligencia y evitó brindar un respaldo concreto, al considerar “imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos” antes de fijar una posición definitiva.

El bloque informó que conformó un equipo especializado para analizar el Decreto 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo introdujo cambios en la Ley de Inteligencia Nacional N°25.520. En un comunicado, señaló que la temática “es central para la seguridad y la defensa del país”, por lo que su postura inicial es actuar con “responsabilidad institucional”, manteniendo prudencia hasta que se publiquen los protocolos de aplicación y la normativa complementaria.

La bancada que preside Cristian Ritondo recordó que la modificación de la ley de inteligencia mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia no es un mecanismo inédito y ha sido utilizado por gobiernos de distintos signos políticos. Si bien consideró que los cambios “podrían resultar positivos”, insistió en la necesidad de conocer los alcances operativos, especialmente en materia de contrainteligencia y en las facultades vinculadas a la aprehensión de personas, subrayando que esta última es “restrictiva y excepcional”.

El PRO destacó como un aspecto favorable la integración y unificación de bases de datos estatales, al considerar que se trata de una modernización largamente postergada. En ese sentido, remarcó que el tratamiento de la información está regulado por las leyes vigentes de protección de datos personales, que establecen límites estrictos sobre su uso.

Asimismo, el bloque sostuvo que no advierte riesgos legales en la integración de información siempre que se respete el marco normativo. Recordó que la Ley 25.520 fue sancionada en 2001 y que, tras 25 años, el país enfrenta amenazas y desafíos muy distintos, lo que vuelve necesaria una reforma estructural del sistema de inteligencia.

Finalmente, el PRO reafirmó su compromiso con “una inteligencia moderna, profesional, sometida a la ley y con controles democráticos sólidos”. Indicó que continuará analizando la normativa complementaria que el Poder Ejecutivo publique en los próximos días y que, una vez que cuente con esa información, fijará su postura definitiva.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

El abogado de Diego Maradona, Mats Morla, presentó un escrito de 60 hojas en Comodoro Py en la causa donde se lo acusa de la apropiación ilegal de los derechos del nombre del futbolista. Esta testimonial se da un día después de que Dalma y Gianinna lo hayan denunciado por un presunto desvío de 13 de millones de dólares.

Rafael Cúneo Libarona, abogado de Morla, habló con la prensa sobre la presentación del mediático ante la Justicia y aclaró que la misma está ligada a la cuestión de la marca del jugador y no de la denuncia presentada horas antes.

“Lo que explicamos hoy, en un escrito de más de 60 páginas, es el motivo de por qué las hijas no tienen el poder de la marca y las hermanas sí”, detalló el defensor.

En la confusión por la última denuncia, Libarona explicó: “Acá el objeto procesal suscripto es el por qué Morla les dio las marcas a las hermanas y no a las hijas, eso es lo que detallamos”.

La investigación es llevada a cabo por la jueza María Rita Acosta y en este marco el defensor subrayó: “Tiene muchísima carrera, se va a tomar su tiempo, va a leer las 60 páginas y pruebas, las cuales constan de donaciones en vida y hasta un sinfín de declaraciones de Maradona”.

En las últimas horas Dalma y Gianinna denunciaron que Morla desvío fondos que pertenecían a su papá en un valor aproximado de 13 millones de dólares.

Frente a la subrayado, Libarona confirmó que “es falso” y afirmó que van a “iniciar acciones contra quienes filtración esa información por daños y perjuicios”.

Fuente: Noticias Argentinas

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto, nombrado como la “Ley Hojarasca”, que busca derogar alrededor de 70 leyes que el Ejecutivo considera como “obsoletas”.

La presentación está vinculada al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, y sostiene que las normativas a derogar “representaron un obstáculo a las libertades y afectaron el derecho a la propiedad, entre otros abusos del Estado”.

Según un gráfico que compartió Sturzenegger en su cuenta de X, la iniciativa busca derogar normativas impuestas por las dictaduras y leyes sancionadas en el periodo democrático. Incluyen leyes de las presidencias de Isabel Perón, Agustín Lanusse, Reynaldo Bignone, Héctor Cámpora, Juan Carlos Onganía, Carlos Menem, Raúl Lastiri, Jorge Rafael Videla y Néstor Kirchner.

En el comunicado dado a conocer este viernes por la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, se señaló que “el Gobierno del presidente Javier Milei realizó un análisis detallado de las leyes argentinas y encontró 6 motivos para la derogación de diferentes normas”.

Según se informó, las normas a derogar están vinculadas al derecho a la propiedad, a trámites, a cuestiones que quedaron obsoletas por cambios tecnológicos o que fueron mejoradas por leyes posteriores, entre otros temas.

Entre estas cuestiones, se enumeró: leyes que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad, que eliminan trámites inútiles y sin sentido, que fueron superadas, actualizadas y mejoradas por otras leyes posteriores, que en la actualidad son obsoletas por los cambios tecnológicos, que dejaron de tener sentido porque definían obligaciones para instituciones que dejaron de existir y que crean organismos con financiamiento público cuando deberían solventarse a sí mismos.

“En definitiva, este proyecto de ley busca lograr un cuerpo jurídico más pequeño, más ordenado y, por ende, más justo y una Argentina con mayor libertad”, indicaron desde el Gobierno.

Fuente: DIB

Llegó el segundo semestre y, como si fuese una especie de frase de mal augurio, el oficialismo se deberá preparar para aplicar todo lo que aprendió durante los primeros seis meses a la hora de intentar negociar los proyectos de ley que planea enviar al Congreso de la Nación.

El apoyo que recibió en el primer semestre de parte de los bloques denominados “dialoguistas” comienza a diluirse como consecuencia de impericias propias y de aspiraciones ajenas. Ya no se pondrán las comisiones al “hombro” ni habrá alertas ante los grises y secretos del reglamento. Esto no significa que le vayan a soltar totalmente la mano a La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. Tampoco que se haya terminado la “mancha venenosa” de votar junto al kirchnerismo, pero sí que el tránsito para el oficialismo será más escarpado.

“Cometieron muchos errores que se dejaron de lado para que tengan una ley -por la Ley Bases-, pero ahora todo cambió. No respetan los acuerdos y eso es algo que erosiona la confianza y cambia los humores”, explicó un diputado que tuvo un rol importante en el tratamiento de la “mega iniciativa”.

Un ejemplo de esto fue cuando, luego de conseguir el apoyo de la UCR en el Senado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, llegó a la Cámara Baja negando cualquier tipo de acuerdo, algo que molestó a los boinas blancas. Lo mismo sucedió con el bloque de Hacemos Coalición Federal y la negativa de Martín Menem de no darle lugar en alguna bicameral sensible que -aseguran- estaba acordado

Quizás quien mejor resumió la situación fue Miguel Ángel Pichetto, quien fue bastante claro en una reunión subida de tono con Menem: “Si le pegás todos los días a un perro con un palo, cuando lo vayas a acariciar, te va a morder”.

El diputado Nicolás Massot también mostró su disgusto la semana pasada: “Empezamos con que no hay plata y entonces le metieron un ajuste fenomenal a los jubilados. Vuelve el impuesto a las Ganancias. Sube el monotributo. Hay una fiesta de vuelos privados del Presidente para viajar a cualquier parte del mundo y hay plata para comprar aviones de guerra. Entonces vemos un gobierno que quiere las prioridades totalmente trastocadas”. Primer aviso.

La segunda advertencia llegó de la mano de Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO. Primero le reclamó a Menem una “salida institucional” respecto de la visita de los diputados de LLA al genocida Astiz. Luego, hizo saber que no los protegerá si se pide una comisión investigadora para que sean sancionados y, tercero, otra vez se quejó por acuerdos incumplidos.

Como si esto no fuera poco, el jueves PRO hará una gran acto en el que reaparecerá en escena Mauricio Macri. Y la intención de los amarillos es recuperar identidad en el debate de cara sobre lo que puede ser una negociación de listas para las elecciones de medio término del año que viene.

Por último están los radicales, divididos entre los que responden a Martín Lousteau, los que se encolumnan detrás de Facundo Manes y los que siguen a Rodrigo De Loredo. Los primeros señalan que el cordobés “habla mucho con Santiago Caputo” y creen que su posicionamiento esconde un apoyo para su candidatura para el año que viene, cuando buscará renovar y pelearía contra otro “amigo” de Javier Milei, el senador Luis Juez. Este último busca que el bloque lleve adelante votaciones en conjunto, pero “discutiendo ley por ley”. Quizá la primera señal de esto se vea en el debate del régimen penal juvenil, en el que los radicales tienen su propio proyecto.

Todo esto quedará plasmado a partir de hoy, que comienza el trabajo en las comisiones, y se verá con mayor claridad el próximo 7 de agosto, cuando se llame a sesionar.Fuente: Infobae.

El Gobierno de Tandil trabaja, junto a un grupo de especialistas, para adherir a las leyes nacionales y provinciales que declaran a la práctica del montañismo amateur como una actividad de interés deportivo, cultural y socio recreativo.

Se trata del debate por la adhesión y posterior reglamentación a la Ley nacional Nº27.665 y a la provincial N°15.370 que regulan la actividad y que comenzó a trabajarse desde meses atrás de manera multidisciplinaria para definir el mejor abordaje.

De esta forma se pretende llegar, con la impronta local, a un consenso que logre en primer lugar la adhesión a las leyes por parte del Concejo Deliberante, para luego elaborar la reglamentación correspondiente de la ordenanza.

En este marco, días atrás, representantes de la Comisión de Deportes del Deliberante mantuvieron un nuevo encuentro para trabajar sobre el abordaje del proyecto.

La mesa de intercambio se conformó a principios del 2023 y es integrada por miembros que representan a instituciones tales como la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, la Dirección de Deportes del Municipio, el Centro de Montaña Tandil, el Instituto de Educación Superior Tandil, la Asociación de Bases de Campamentos, el HCD y referentes del sector.

El avance para su implementación resulta significativo ya que, por ejemplo, marca el comienzo de una serie de acuerdos marco con dueños de propiedades privadas para poder consensuar el acceso a senderos y paredes de escalada. Esto permite una evolución importante no solo en materia deportiva, sino también en lo que respecta a medidas de seguridad, normativas vigentes, acceso a la información, educación y desarrollo de acciones que demuestran el enorme valor de nuestro entorno natural, nuestras sierras milenarias y su influencia sobre nuestra sociedad.

En el marco del análisis sectorial, fueron convocados expertos en el tema para profundizar en el tratamiento e implementación de la ley en otras provincias y municipios, reparando en las particularidades específicas de Tandil.

La decisión de Victoria Villarruel de habilitar el debate en el Senado del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que dispuso fuertes desregulaciones a la economía, puso al gobierno de Javier Milei ante el riesgo de ser el primer presidente en democracia al que le rechacen un decreto. Sería una derrota política de primera magnitud y podría comprometer, en un futuro, las reformas de 300 leyes que fueron modificadas por esta medida.

La dirigente libertaria cedió a la presiones que motorizó el kirchnerismo más duro de la Cámara alta, una bancada granítica de 33 legisladores que reclamó de manera constante que el DNU sea puesto a consideración. Los pedidos para que se lleve al recinto el DNU lo hizo el senador ultracristinista formoseño, José Mayans, en cada encuentro y en cada sesión, pero no encontró eco. Mientras Unión por la Patria estaba a cuatro votos de los 37 que conforman la mayoría, Villarruel mantuvo su negativa, pero todo cambió el mes pasado cuando los representantes de los bloques que responden a los gobernadores se pronunciaron también por tratar el DNU. Y, lo que es peor, adelantaron que estaban dispuestos a votar el rechazo.

En el momento de mayor debilidad, la Vicepresidenta empezó a dar señales de que no podría mantener su decisión de no convocar a sesiones para tratar el decreto, pese a que desde la Casa Rosada le enviaron claras señales del riesgo que podría tener para el gobierno y para la economía habilitar una sesión con el horizonte de una derrota.

El decreto, de todos modos, tiene una salvaguarda. Por la reforma que impulsó Cristina Kirchner cuando era presidenta, los decretos de necesidad y urgencia requieren para ser dejados sin efecto el rechazado de las dos cámaras. Si el Senado repudia lo firmado por Milei, los estímulos para que Diputados recorra el mismo camino crecerán de manera inevitable. Pero el DNU todavía continuará vigente.

Sin consenso interno en el Gobierno y sin tener asegurada la posibilidad de impedir una derrota, Victoria Villarruel igual convocó a la sesión y puso fecha para que sea el jueves la sesión. Apenas se conoció la convocatoria hubo festejos en los campamentos del kirchnerismo. Es que los senadores “federales” que responden a los gobernadores se mantienen, hasta este martes a la noche, dispuestos no solo a dar quórum, sino también a votar en contra del Gobierno de Milei. Todavía duran los enojos por las descalificaciones en la apertura de sesiones.

Además, dirigentes como Martín Lousteau, que es presidente de la UCR y a la vez senador nacional por la Capital Federal, expresó públicamente su oposición al DNU, al que llegó a calificarlo como “inconstitucional”. Son expresiones que anticipan manos levantadas para el rechazo.

La convocatoria oficial para la sesión especial, firmada por Villarruel, incluye la discusión del decreto de necesidad y urgencia, pero los detalles sobre el desarrollo de la misma se definirán recién en una reunión de Labor Parlamentaria que se llevará a cabo este miércoles, a partir de las 18, donde se esperan intensas negociaciones entre los distintos bloques. Acá podría abrirse una instancia de negociación que evite un traspié para Milei de imprevisibles consecuencias. A eso apuestan “manos amigas” para evitar que la política vuelva a enviar una pésima señal a la economía.

La decisión de Villarruel tomó por sorpresa a los libertarios -un malestar que llegó hasta la misma Casa Rosada- porque habían negociaciones para evitar llegar a una instancia tan peligrosa para el oficialismo. Es así que durante el transcurso de este martes, un grupo de legisladores libertarios y de la oposición anti K empujó una nueva solicitud, que no incluía el DNU.

La decisión de la titular de la Cámara alta de incluir el decreto en el temario desbarató ese intento final.

Este escenario reabrió las permanentes especulaciones en torno a la relación entre Milei y su vicepresidenta. Es que la compañera de fórmula del líder libertario y quien compartió banca durante dos años en Diputados, quedó relegada al ámbito sólo del Senado en el nuevo poder que alumbró el 10 de diciembre. Quedaron en nada las promesas de que estaría a cargo de Seguridad y Defensa, áreas donde quedó a cargo Patricia Bullrich y Luis Petri, respectivamente. Más allá de gestos de distensión, la vicepresidenta ejerce su cuota de poder sólo en el Senado.

El rechazo del DNU no implica, solamente, una posible derrota política para el Presidente, sino que por sobre todas las cosas podría afectar al devenir mismo de la economía. Es que en la Cámara alta La Libertad Avanza estaba en condiciones de mantener blindado el DNU. Si es rechazado allí, el kirchnerismo redoblará la presión para hacer lo mismo en Diputados.

Es un escenario que, como desenlace, podría afectar las reformas que ya están en marcha a partir de la firma del DNU. Ocurrió en el sector de los alquileres, una pesadilla que venían viviendo aquellos que buscan y que ofrecían inmuebles. Este es uno, pero no el único mercado que, a partir de la medida decreto, se empezó a normalizar.

Una anulación definitiva del DNU podría afectar a la economía porque el DNU derogó la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas, la Ley del Compre Nacional, el Observatorio de Precios, la Ley de Promoción Industrial y comercial, entre muchas otras. ¿Si cayera el DNU, qué pasaría con los nuevos contratos? Son los costos hundidos que pueden emerger si cae ese decreto y aparece un limbo jurídico si el Senado efectivamente rechaza el decreto.

Fuente: Infobae.