Por Carlos Walker

Un grupo de trabajadores municipales manifestó su “malestar y repudio” ante los “malos tratos” recibidos por parte del jefe a cargo del departamento de licencias de conducir del municipio, Alejandro Saavedra.

En la documentación, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se señala que “padecemos diariamente distintas situaciones de gritos, insultos y abuso de autoridad de Alejandro Saavedra”. Y se denuncia la “falta constante de respeto y persecución” del titular del área de licencias de conducir.

A su vez, los empleados municipales indicaron que con este accionar “se busca amedrentar a cada trabajador, y se lleva adelante una política para dividir”.

Ante estas denuncias, los agentes municipales le reclamaron al subsecretario de Transporte y Tránsito de la Comuna, Claudio Cambareri, que intervenga en el conflicto y que avance en el cambio de la jefatura de licencias de conducir para que “esta situación no se agrave con el tiempo”.

Tres hombres acusados de participar de una banda que se dedicaba a falsificar licencias de conducir fueron capturados en horas de esta tarde en “Descentralizado El Gaucho”, que pertenece a la Subsecretaría de Transporte y Tránsito.

Los tres sospechosos, de entre 36 y 38 años, fueron detenidos por la policía en inmediaciones del Distrito Descentralizado y la investigación quedó en manos del fiscal de Delitos Económicos, David Bruna.

A través de una mujer, quien advirtió a las autoridades que se le habían exigido 7 mil pesos por el registro de conducir, la Justicia montó un operativo en el predio "El Gaucho", donde se pactó la entrega, lo que permitió la captura de los estafadores.

Pese a que Juan Carlos Belmonte, el cabecilla de la banda que se dedicaba a emitir licencias de conducir apócrifas en el Partido de General Pueyrredon, fue condenado, en julio de 2018, a 14 años de prisión efectiva -que cumple bajo arresto domiciliario-, el abogado Julio Razona denunció este miércoles que parte de la organización delictiva sigue operando en la ciudad bajo una nueva modalidad.

"Nos encontramos con la tercera etapa de esta vergüenza, que es el otorgamiento de licencias truchas a personas que no están capacitas para conducir. Fue una nueva modalidad mucho más sofisticada que las anteriores, pero con los mismo resultados: personas que no pueden manejar están haciéndolo en la ciudad, con el peligro social que ocasiona que una persona está inhabilitada para conducir, pueda tener un carnet", aseguró en el programa Hoy es Mejor, por Radio Mitre Mar del Plata.

El letrado sostuvo que estos supuestos hechos delictivos, que ya denunció ante la Justicia, se habrían cometido en los primeros meses del año, "desde enero hasta la fecha". "Después de las condenas a Belmonete y el resto de los acusados, la segunda etapa -que denuncie yo- fueron los carnet apócrifos que entregaron en Mar Chiquita, que eran parte de la misma banda; y la tercera etapa que, después de un tiempo de inactividad, volvieron a entregar carnet de conductor apócrifos con el enorme prejuicio que eso ocasiona a la población. Estamos hablando de personas que no podían manejar y están habilitadas por el Municipio", enumeró.

"Hay dos tipos de falsedades: la falsedad material que es cambiar la foto o la fecha, y la falsedad ideológica, que es cambiar el contenido. El carnet en sí, materialmente, es válido. Lo que falla es el contenido", explicó el precandidato a intendente por Consenso 19.

"Estarían involucrados funcionarios, no sé hasta qué grado y altura, pero están. Hemos advertido en la denuncia que hay un jefe del Departamento de Licencias de Conducir que, en realidad, es un técnico 4 y nunca fue designado como jefe. Utiliza un sello cuando es un empleado administrativo común de la municipalidad", manifestó Razona.

Por otro lado, el abogado también denunció que "circulan, en Mar del Plata, más de 30 mil licencias que en vez de tener el escudo nacional, tiene el escudo de la provincia del Chaco, lo que hace que, materialmente, sean falsas, por más que hayan sido tramitadas de buena fe". "Si la policía lo detiene, corre peligro de que le secuestren el auto por falsificar un documento público. Recomiendo a todo el mundo que se fije si tiene el escudo del Chaco, que es muy similar al nacional", detalló.

"Esto sería un dato de color frente a lo grave que es que, en Mar del Plata, se están otorgando licencias de conducir a personas que están inhabilitadas a conducir por sentencias judiciales: personas condenadas por homicidio culposo y parte de la condena es la inhabilitación para conducir. He llevado la denuncia con datos concretos, de personas que están inhabilitadas para conducir hasta el año 2025 y que, desde el Municipio de General Pueyrredon, se le ha otorgado la licencia de conductor recientemente", continúo.

Según aseveró Razona, pudo acceder a las pruebas que le permitieron "reconstruir esta maniobra delictiva" -y que acompañó en su presentación ante la Justicia penal-, "gracias a la colaboración de los mismo empleados municipales, que no pueden ser identificados".

De acuerdo a la investigación del abogado, las licencias se habrían podido emitir, pese a la inhabilitación que pesaba sobre aquellas personas que la habrían obtenido de una manera ilegal, ya que "han anulado un certificado de legalidad". "Para ver si una persona puede conducir o no, con su DNI, se entra al sistema y, cuando hay una pena de inhabilitación, este certificado de legalidad pone en alerta a quien pide la información. Pero, desde enero 2019, se anuló el certificado de legalidad", precisó.

"Este cruzamiento de datos es para personas condenadas por homicidio culposo en accidentes de tránsito. Al no existir el certificado de legalidad, se ha modificado con una resolución administrativa una judicial. Hay otras maniobras que se han perfeccionado dentro del Municipio, como, por ejemplo, las personas que dan un examen teórico de conducir, si lo dan mal tienen, que esperar un mes para volver a darlo. En este caso, no se anota que lo dio mal y se vuelve a dar la semana entrante. La reglamentación dice que si lo da tres veces mal, tiene que esperar un año, pero lo siguen dando hasta que consiguen el carnet", añadió.

El Código Penal prevé una pena de prisión para quien falsifica un carnet y también, para quien lo utiliza. "Esto está en Delitos Económicos. Gracias a los aportes de los mismos empleados municipales, hemos identificado los hechos más graves y la investigación va a ser rápida", indicó.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Mar del Plata rechazó la demanda interpuesta contra la Municipalidad de General Pueyrredon por los ex agentes municipales Luis Alberto y Juan Carlos Belmonte, e impuso las costas del proceso a los citados accionantes.

El Intendente Carlos Fernando Arroyo había dictado un acto administrativo –Decreto nº 686/17- decretando la cesantía en el cargo de ambos agentes municipales por inconducta notoria y violación a obligaciones previstas en la ley de empleo público al haberse probado las graves irregularidades en el otorgamiento de licencias de conducir durante la anterior gestión municipal, contra lo cual estos últimos interpusieron una demanda contra la Comuna reclamando volver a ocupar sus cargos y el cobro de las remuneraciones devengadas desde el cese y hasta la reincorporación.

Los ex agentes ya habían sido condenados penalmente en el marco de la causa judicial conocida como “licencias de conducir truchas”, maniobras que fueran originadas en el ámbito de la administración municipal durante la gestión del exintendente Gustavo Pulti.

La Justicia avalo en esta instancia el decreto del Ejecutivo y sostuvo que no se vislumbraba la existencia de un obrar manifiestamente ilegítimo o arbitrario por parte del Municipio, toda vez que los sumarios administrativos que derivaron en la sanción disciplinaria de cesantía determinaron la comisión de las conductas prohibidas, destacándose puntualmente que aquéllas inconductas de los agentes municipales habían provocado una notoria afectación en la imagen y prestigio comunal, siendo motivo suficiente y justificado para dar por extinguido el vínculo laboral con la Municipalidad.

Actualmente, Belmonte se encuentra cumpliendo una prisión domiciliaria por ser el “líder” de la organización que comercializaba licencias de conducir apócrifas en Mar del Plata desde 2014. El beneficio le fue otorgado en noviembre por problemas de salud, pero recién ahora llegó la tobillera electrónica que deberá usar a partir de este martes.

Juan Carlos Belmonte, el ex funcionario pultista que la Justicia condenó a 14 años de prisión en julio pasado por ser el jefe de la asociación ilícita que comercializaba licencias de conducir apócrifas en Mar del Plata desde 2014, salió del Penal de Batán este martes y cumplirá su pena bajo el beneficio de arresto domiciliario.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 le había concedido a fines de noviembre, de manera transitoria, la prisión domiciliaria por razones de salud, ya que Belmonte padece hipertensión arterial, pólipos vesicales y dislipidemia, cuadro que se agravó por las condiciones de encierro "intramuros" y por el que debió ser atendido en reiteradas oportunidades, en los últimos meses, por personal médico del Servicio Penitenciario y del Hospital Interzonal General de Agudos.

El beneficio fue efectivizado recién este martes porque no había disponibilidad de tobilleras electrónicas, cuyo uso obligatorio es un requisito ineludible para que el beneficio de la prisión domiciliaria sea otorgado por la Justicia.

Según aseguró su abogado defensor, Sergio Sosa Ortega, a El Marplatense, luego de los informes médicos que dictaminaron los peritos médicos, tanto los representantes del Ministerio Fiscal como los del Municipio, los jueces Alexis Simaz, Néstor Conti y Roberto Falcone dieron por acreditado el complicado contexto de salud del ex jefe del Distrito Descentralizado de El Gaucho, por lo que no se opusieron al beneficio solicitado por su defendido.

Sosa Ortega agregó que el cuadro médico que sufre Belmonte requiere atención médica diaria, así como también un régimen alimentario especial y el consumo de agua baja en sodio, entre otros condiciones necesarias para que su salud no siga deteriorándose.

Por otro lado, Belmonte apeló ante la Cámara de Casación, en agosto pasado, la condena al entender que hubieron “nulidades de la investigación, nulidades del debate y de la acusación por falta de inscripción de las conductas”. “La fiscalía hizo una remisión a la requisitoria de la elevación a juicio y entendemos que eso no es posible”, aclaró su defensor en aquel entonces, y agregó: “Pedimos que se eleve toda la investigación por las irregularidades que observamos”.