Este lunes la Jueza de Garantías Lucrecia Bustos ordenó, por pedido de la Agente Fiscal de Miramar Florencia Salas, la detención de un hombre de 28 años oriundo de esa ciudad balnearia por el delito de abuso sexual con acceso carnal en dos oportunidades en prejuicio de una menor de 11 años vecina del imputado.

De acuerdo a la investigación llevada adelante por la Fiscal Salas los hechos ocurrieron uno en 2019 y el otro en mayo de este año, apenas unos días antes de la radicación de la denuncia realizada por un llamado anónimo a la guardia urbana de Miramar.

Cabe señalar que de inmediato la Fiscal se entrevistó con el progenitor y allegados a la víctima para corroborar los datos vertidos por el denunciante que efectivamente fueron confirmados.

A raíz de esto se dispuso el peritaje médico correspondiente a cargo del área ginecológica especializada dependiente del Ministerio Público Fiscal y en este lunes la realización de la Cámara Gesell con la víctima a partir de la utilización de un novedoso método que consistió en la entrevista de forma digital a través de la aplicación Microsoft Teams, dada la situación sanitaria vigente y la imposibilidad de llevarse adelante en el espacio físico destinado a tal fin.

Por este motivo, se dispusieron en dependencias contiguas dos salones donde se ubicaron por un lado, la menor acompañada por la Psicóloga del Ministerio Público Fiscal Florencia Manterola, y por otro la Fiscal, conectadas entre sí por medio de dicha aplicación.

Además, presenciaron de manera virtual la Jueza de Garantías Lucrecia Bustos y representantes de la Asesoría de Menores y de la Defensoría Oficial.

La Comisaría de la Mujer de Miramar colabaró en el traslado de la menor hacia Mar del Plata tanto para el reconocimiento médico como para la realización de la Cámara Gesell y el posterior regreso a su domicilio.

La jueza Lucrecia Bustos del Juzgado de Garantías Nº 6, resolvió hacer lugar al recurso de amparo presentado por la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón, con el patrocinio letrado de la doctora Sandra Liliana Cavallucci y ordenó detener las obras del “Centro de Recuperación Canina y de Adiestramiento de Perros de asistencia”, instalado frente a la “Playa de los patos”, en la Laguna de los Padres.

Para llevar adelante este proyecto, el ejecutivo municipal ha cerrado con alambrado olímpico un predio de 21.335 metros cuadrados a los que, en caso de continuar con los trabajos, se trasladarían perros rescatados de la calle.

La Defensoría del Pueblo hizo conocer su abierta oposición a esta obra, por considerar de que a pesar de ser necesario dar una respuesta a la problemática de los perros sueltos la Laguna de los Padres, es el peor lugar para instalar caniles, lo que modificaría gravemente el ecosistema y la biodiversidad de la reserva natural, poniendo en riesgo a la población que concurre a la misma como así también a los alumnos y la comunidad de la Escuela Agraria Nº 1 Nicolás Repetto, que se encuentra a dos cuadras.

En la medida cautelar se tomó en cuenta la legislación nacional y provincial de medio ambiente, la constitución nacional, el decreto-ley de traspaso de la reserva desde la provincia al municipio, el código de ordenamiento territorial y la ordenanza del uso de la laguna.

Para fundamentar la presentación de la defensoría, se solicitó un estudio del impacto que genera la introducción de una especie exótica como son los perros en una reserva natural, que fue llevado adelante por un equipo de prestigiosos profesionales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA, conformado por la doctora en biología Silvia De Marco, profesora de FASTA y UNMDP, el doctor Jorge Marcovecchio y la ingeniera ambiental y doctora en Ciencias Agrarias, María Paula Barral y demostró con amplitud las graves consecuencias que podría traer para el ecosistema y la biodiversidad.

El fallo notificado a los defensores Fernando Rizzi, Luis Salomón y Daniel Barragán acepta que el emprendimiento generaría contaminación acústica, del suelo, del agua de la laguna y de las aguas subterráneas.

Dicha contaminación además de los ladridos y aullidos, contempla el orín de los perros, que genera eutrofización, es decir aumento del nitrógeno en las aguas con riesgo que puede llevar a la muerte de los peces y al crecimiento de cianobacterias tóxicas, las heces que traerían parásitos propios de los canes, los medicamentos suministrados a los mismos y el peligro de escape de los perros formando jaurías.

La medida cautelar dispone la obligación de suspender las obras por sesenta días y exige que el municipio realice un estudio de impacto ambiental, que deberá ser practicado por una entidad autárquica e independiente como la Universidad Nacional de Mar del Plata, con sus facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Ciencias Agrarias.

Los defensores agradecen a la comunidad de Laguna y Sierras de los Padres la iniciativa para detener esta obra que constituye un ataque al medio ambiente, que a todos nos pertenece.