El Gobierno bonaerense actualizó los cuadros tarifarios eléctricos que regirán en el territorio con los consumos de octubre, camino similar que siguió el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) con los valores de Camuzzi Gas Pampeana. De esta manera, los usuarios lo verán impactado en las facturas de noviembre y diciembre.

Con respecto a la luz, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense aprobó la Resolución Nº 1042 que actualiza los cuadros de octubre e introduce una nueva actualización a regir desde noviembre, en línea con los precios mayoristas definidos a nivel nacional y el esquema de reducción gradual de bonificaciones.

La resolución alcanza a EDELAP, EDEA, EDEN y EDES, así como a las áreas de referencia Río de la Plata, Atlántica, Norte y Sur. Para este mes, se incorporan los Precios de Referencia de la Potencia y el Precio Estabilizado de la Energía del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), fijados por la Secretaría de Energía de la Nación, el componente de transporte y la disminución mensual de bonificaciones.

En tanto, desde noviembre se aplica una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), el Sobrecosto de Generación Local (SGL), el Agregado Tarifario (AT) y el Cargo Transición Tarifaria (CTT).

Los nuevos cuadros comprenden a usuarios residenciales, no residenciales hasta 10 kW y entre 10 y 300 kW, alumbrado público hasta 10 kW, organismos públicos de salud y educación, grandes demandas, clubes de barrio y pueblo, y la categoría sin subsidio del Estado nacional. Para el caso de EDELAP (aunque la suba es similar en todos los prestadores), el cargo fijo para el Tramo 1 pasó a $3960,47, es decir un ajuste de 1,7%.

Paralelamente, el Enargas aprobó nuevos cuadros tarifarios para la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana S.A., que regirán a partir del 1 de noviembre, en el marco de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) y la actualización mensual prevista en las Reglas Básicas de la Licencia (RBL).

La medida que aprueba los valores correspondientes a la próxima cuota de la RQT, incorpora los nuevos precios del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) definidos por la Secretaría de Energía, y el recargo que pagan los usuarios de todo el país para financiar el régimen de tarifas diferenciales, conocido como Zona Fría.

Si se toma como referencia la categoría R1, la suba del gas es del 4% mensual. En octubre, un usuario de ese grupo tenía un cargo fijo de $3210,44 y ahora pasará a $3.341,16. A esto se le suma otro 4% de aumento en el cargo variable que sube de 178,31 a 185,53 pesos por metro cúbico de consumo.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó la Ley N° 15.553 impulsada por el camporista Facundo Tignanelli, que prohíbe a las empresas prestatarias cortar o interrumpir los servicios de luz, agua y gas a las asociaciones sin fines de lucro, municipios, hospitales y escuelas públicas, aún cuando se encuentren en mora o tengan aviso de suspensión.

La medida fue ratificada hoy a través del Boletín Oficial y obliga a las prestatarias bonaerenses de servicios a garantizar el suministro a las instituciones públicas y sociales que cumplan los requisitos previstos en la norma.

El nuevo régimen establece la prohibición de cortar o interrumpir los servicios esenciales a dependencias municipales, establecimientos sanitarios y educativos de gestión pública, tanto provincial como municipal. Por otro lado, la medida oficial también fija como requisito que los consumos de los beneficiarios no deberán superar los 5.000 kilovatios por hora mensuales.

Según detalla el artículo 2, las asociaciones civiles tendrán que estar inscriptas en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y contar con una antigüedad mínima de tres años. De este modo, la norma apunta a proteger a los clubes de barrio, centros culturales, entidades comunitarias y otras organizaciones que cumplen un rol social en sus territorios.

En la misma línea, la ley también obliga a las prestatarias a ofrecer planes de pago en cuotas mensuales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones y la cancelación de deudas, en un contexto marcado por la desregulación tarifaria y los aumentos que impulsa la actual conducción nacional.

En tanto, los municipios que lo requieran podrán adherir a la norma mediante ordenanzas locales que reduzcan total o transitoriamente las alícuotas de los servicios alcanzados y las tasas de alumbrado público, con el objetivo de ampliar el alcance del beneficio a todas las comunas bonaerenses.

Se recuerda que, durante el debate legislativo previo a su sanción definitiva en el Senado bonaerense, Tignanelli expresó que esta iniciativa proteccionista guarda una vocación de “profunda justicia social”. “A toda esta serie de personas jurídicas se les está haciendo muy difícil pagar la tarifa producto del aumento desmedido, y tiene un criterio de libre competencia de mercado”, explicó el jefe del bloque de Unión por la Patria.

En ese sentido, el legislador de La Cámpora sostuvo que la suspensión de electricidad o gas en las escuelas “puede interrumpir gravemente el proceso educativo, afectando el aprendizaje de los estudiantes y generando un impacto negativo a largo plazo en su desarrollo”, con lo que buscó sumar apoyo legislativo al expediente.

Además, la propuesta de Tignanelli va en línea con otra iniciativa previa del legislador, que busca que no le corten la luz a los usuarios que estén en situación de mora y que afronten una situación de vulnerabilidad económica, como beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Embarazo, jubilados, pensionados, monotributistas y trabajadores en relación de dependencia con ingresos menores a tres salarios mínimos.

Finalmente, el proyecto obtuvo el respaldo mayoritario del Senado a comienzos de octubre en la tercera sesión ordinaria del 2025, y a partir de esta jornada ya rige de manera oficial en todo el territorio provincial.

Fuente: Diputados bonaerenses

Mientras sigue adelante el proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) para el servicio de distribución de luz que inició el Gobierno bonaerense, se aprobó un incremento promedio del 5% que impactará en las boletas del servicio energético provincial, aunque esto varía de acuerdo a los consumos y categorías.

La decisión quedó oficializada en la Resolución 4 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos publicada hoy en el Boletín Oficial. Ahí se explica que los nuevos valores corresponden a las subas de los precios de la energía y potencia mayorista y transporte, aprobados por Nación para el período comprendido entre el 1º de noviembre de 2024 y el 30 de abril de 2025.

También está relacionado con la actualización del gravamen destinado al Fondo Nacional de Energía Eléctrica (FNEE) conforme con lo dispuesto en la resolución nacional de octubre del año pasado y un ajuste transitorio del valor agregado de distribución.

Esto significa que, por ejemplo, los usuarios de EDELAP en la región de La Plata sufrirán un incremento del cargo fijo en torno al 3,5% promedio, mientras que el cargo variable, que dependerá del consumo, aumentaría un punto. Además, el ajuste llegará a EDEA, EDEN y EDES, lo que impactará en las cooperativas eléctricas del interior bonaerense. En algunos casos, la suba de los cargos fijos llegará al 5%.

La última actualización había sido a principios de noviembre, cuando el costo del servicio había aumentado alrededor del 8%. 

Fuente: DIB

El Gobierno actualizó este martes los precios de las boletas de luz y gas que los usuarios percibirán desde enero de 2025. De esta manera, se oficializó la primera suba de la serie de incrementos previstos para el inicio del próximo años.

Por un lado, la medida fue establecida a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad que actualizó sus precios en un 1,6% promedio para las boletas de luz de las compañías de todo el país.

En ese sentido, los usuarios de altos ingresos tendrán una suba del 0,9%, los de ingresos medios alcanzarán el 1,4% y los bajos 1,7% con bonificaciones.

Además, las facturas deberán detallar los costos del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y los subsidios estatales. La tarifa media será de $108,526/kWh para EDESUR y $113,878/kWh para EDENOR. También se mantendrán tarifas diferenciadas para clubes y entidades sin fines de lucro.

En tanto, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) aprobó un incremento del 1,8% en las tarifas de transporte y distribución de gas natural para Metrogas, que comenzará a regir desde el 1 de enero de 2025.

Dichas subas se ubican por debajo del Índice de Precios al Consumidor de los últimos meses debido a que el Gobierno busca moderar las expectativas y perforar el 2% mensual, pero al mismo tiempo continuar con la quita de subsidios.

Cabe mencionar en ese sentido que el IPC general mostró una suba 112% acumulado en el año, mientras que el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles sumó 230,7%

Durante el primer año de gestión de Javier Milei, 838.466 hogares dejaron de recibir subvenciones en sus tarifas de electricidad y 292.612 en el caso del gas natural, según el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

Los consumos que aún continúan subsidiados tienen topes y luego se paga la tarifa plena: los usuarios de ingresos bajos (N2) tienen un límite de 350 Kwh por mes y los de ingresos medios (N3), de 250 Kwh.

Para el próximo año, el Gobierno prepara a través del Ministerio de Economía la profundización en la quita de subvenciones. Los ajustes dependerán siempre de que no se ponga en riesgo la desaceleración de la inflación, el principal activo del Gobierno para las próximas elecciones y un paso clave en la hoja de ruta para normalizar el mercado de cambios.

Un informe de la consultora Economía y Energía mostró que hasta noviembre los precios regulados que releva el Indec registraron una variación interanual del 257%. Se trata de la categoría que agrupa los servicios en los que el Gobierno puede incidir con sus decisiones. En ese mismo período, la inflación general fue del 166% y la núcleo 155%, que quita el efecto de los regulados y los estacionales.

“En este marco, la tarifa residencial promedio en el AMBA se ubicó, en términos reales, un 34% por encima de lo verificado en 2023 en el caso de la energía eléctrica, mientras que en gas natural el incremento fue del 51%. En ambos casos, los mayores aumentos recayeron sobre los sectores de ingresos medios y bajos”, destacó Economía y Energía.

Con los aumentos establecidos para enero, el Gobierno busca que los incrementos se mantengan en esa pauta al menos durante el verano o que incluso sean más bajos. Las boletas de Aysa en el AMBA subirán 1%, por debajo del 3,3% que arrojó la fórmula de indexación mensual, y los combustibles 1,75% en ese mismo mes, según anticipó la petrolera estatal YPF.

En ese sentido, para el primer trimestre del 2025 se llevarán a cabo revisiones tarifarias para definir los futuros ajustes en los servicios públicos.

Fuente: Infobae

El Gobierno extendió el periodo de transición energética y decidió extender el esquema actual de subsidios a la electricidad y el gas natural por seis meses más, mediante la Resolución 384/2024, publicada hoy en el Boletín Oficial.

La normativa dispuso prorrogar por “un plazo de seis meses, desde el 1º de diciembre de 2024 hasta el 31 de mayo de 2025, el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”.

De esa forma, el Gobierno mantendrá hasta el próximo 31 de mayo el actual esquema de subsidios a las tarifas de luz y de gas. Desde 2022 está vigente la segmentación de subsidios por niveles de ingresos (altos, medios y bajos).

Si bien la gestión de Javier Milei avanzó en recortes parciales de esas subvenciones, la intención oficial es eliminarlos de manera completa en 2025, pero la salida de Eduardo Rodríguez Chirillo de la Secretaría de Energía y la urgencia por minimizar posibles cortes masivos en el verano atrasaron el cronograma original.

“Lo venimos trabajando mucho. Nos hubiera gustado publicarlo esta semana, pero estábamos haciendo los últimos cálculos del impacto en las tarifas. Vamos a fijar un período de transición hasta abril y después ir a una tarifa focalizada”, planteó la secretaria de Energía, María Tettamanti, al participar del evento Energy Day que organizó el sitio especializado Econojournal.

Para tomar la decisión, la Secretaría realizó evaluaciones “en cuanto a la respuesta de los usuarios a la reestructuración progresiva del régimen de subsidios energéticos, todo ello en el marco de la política de déficit cero y desinflación implementada por el Ministerio de Economía”.

En ese sentido, se expuso que “las medidas adoptadas por esta Secretaría durante el Período de Transición, tanto en materia de subsidios como en cuanto a la actualización de las tarifas, han tenido efectos positivos sobre el equilibrio de las cuentas fiscales, a la par que los usuarios van adquiriendo hábitos de consumo más eficientes, en tanto se van transparentando los verdaderos costos de la energía y poniendo límites a los volúmenes de consumo subsidiables”.

De los informes técnicos, también se desprende que “la evolución de la cobertura de los precios mayoristas por parte de los usuarios muestra un sendero virtuoso de suma importancia para mantener el equilibrio de las cuentas nacionales, estableciendo reglas claras y aportando previsibilidad al sector privado que le permita planificar inversiones”.

A su vez, Energía aclaró que “durante este período de prórroga corresponderá avanzar gradualmente con las señales que estimulan el ahorro energético y el cuidado de los recursos naturales por parte de todos los hogares del país, al mismo tiempo que se avanza en una aplicación focalizada de los subsidios que implementa el Poder Ejecutivo Nacional”.

En esa línea, precisó que “existen aún ineficiencias en la asignación de los recursos, que distorsionan el objetivo de acompañar a quienes realmente lo necesitan y, en tal sentido, resulta necesario profundizar la ponderación del impacto de las medidas a adoptar a fin de avanzar en forma ordenada, previsible y gradual hacia la reestructuración de los subsidios encomendada a esta Secretaría”.

La medida se da tras la prolongación de la emergencia energética hasta el 9 de julio de 2025, resuelta a mediados de noviembre. La misma lleva casi un año de vigencia y afecta a la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica y gas natural.

Fuente: DIB 

El Gobierno extendió seis meses la emergencia energética, que rige desde hace casi un año, y postergó la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) de las empresas transportistas y de distribución eléctrica y de gas, que iba a fijar los aumentos para los próximos cinco años. La decisión del Ejecutivo se aplicará hasta el 9 de julio de 2025.

La medida fue oficializada a través del DNU 1023, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La normativa también incluye la prórroga de la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) hasta que se constituya y ponga en funcionamiento el directorio.

“A pesar de la recomposición transitoria de las tarifas durante la actual emergencia en los términos del decreto 55/23, no se han llegado a completar las inversiones necesarias, por tratarse de obras de envergadura que demoran largos plazos para materializarse”, se justificó en los considerandos del decreto.

Además, se determinó el inicio de la revisión tarifaria (RTI) correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural. La entrada en vigencia de los cuadros se fijó para antes del 9 de julio de 2025.

“La Secretaría de Energía debe continuar con la implementación de las acciones necesarias e indispensables con el fin de establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión”, sostiene el DNU 1023.

A través del DNU 1023, el Gobierno postergó la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) de las empresas transportistas y de distribución de energía eléctricas, que iba a fijar los aumentos para los próximos cinco años. Además, extendió la emergencia energética dispuesta a finales de 2023 hasta el 9 de julio del 2025.

La RQT está contemplada en la ley 24.065 que regula al sector eléctrico, pero desde su sanción en 1992 fueron pocos los años en los que se cumplió con esa normativa. La última revisión quinquenal se dio hace ocho años, a finales de 2016, durante la gestión de Mauricio Macri.

En ese entonces, la revisión tarifaria integral (RTI) iba a estar vigente entre 2017 y 2022, pero la crisis económica de mediados de 2018 llevó al incumplimiento.

(Foto: Edesur)

Tras años de tarifas congeladas y subsidios al alza, el gobierno de Javier Milei declaró la emergencia en el sector energético hasta el 31 de diciembre de 2024. Ahora, esta medida se prorrogó hasta el 9 de julio de 2025, de acuerdo a los considerandos del DNU 1023.

Desde enero, el ENRE y el Enargas adecuaron las tarifas de forma transitoria para garantizar la continuidad y la normal prestación del servicio eléctrico y el de gas natural.

Con la prórroga hasta julio para aplicar los nuevos cuadros tarifarios, se fijó que los incrementos transitorios continuarán como hasta ahora: pasado de actualizar por inflación pasada a la inflación prevista mes tras mes.

El Gobierno dispuso a través del DNU la continuidad de la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) hasta la designación de los miembros del nuevo directorio.

Los interventores deben ajustar las facultades de gobierno y administración de los respectivos entes. En tanto, se invitó a las provincias a coordinar las acciones de emergencia “necesarias para asegurar la prestación de los servicios de distribución de electricidad que correspondan a su jurisdicción”.

Fuente: TN

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de la Resolución 267/2024 del Gobierno Nacional, que le impide a los municipios incluir tasas municipales en las boletas de luz o gas.

La causa que derivó en esta resolución la inició el alcalde de Pilar, Federico Achával, y por el momento la suspensión regirá solo en ese distrito y hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Esto es: si una decisión del Ministerio de Economía puede estar por encima de una norma de la Legislatura bonaerense, que había habilitado este mecanismo de recaudación.

El expediente que ingresó en los tribunales federales de Campana se tramitó en la secretaría Civil de ese fuero. Según argumentó la comuna, la acción judicial busca "garantizar la capacidad recaudatoria de la comuna, y con ello la viabilidad del sistema de alumbrado público, el funcionamiento de los edificios públicos y el mantenimiento del sistema de vigilancia e inspección de las redes de gas del Partido de Pilar".

Los abogados de la intendencia consideraron que la resolución impuesta por la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación causaba un "gravamen irreparable a los derechos constitucionales del municipio".

La reacción ante los tribunales por parte de los intendentes del Conurbano era una acción esperable. En una reunión que mantuvieron hace una semana, plantearon que la imposibilidad de incluir la tasa de alumbrado en la factura de la prestadora del servicio dejaría a las ciudades del Gran Buenos Aires como "una boca de lobo". Y que podría generar más inseguridad.

Caputo mantiene una disputa con las administraciones comunales porque asegura que la inclusión de ítems "no específicos" al servicio que se cobra encarece las boletas, que ya vienen con altísimos aumentos por la quita paulatina de los subsidios que aplica el Gobierno.

El fallo de la justicia Federal de Campana sostiene que la resolución de Economía "no ha medido las consecuencias y los derechos individuales que conculca, tales como el derecho a la vida, la salud, la integridad física". La resolución de la Secretaría de Industria y Comercio también se considera una intromisión en el ámbito local, violando la autonomía del municipio en su capacidad recaudatoria, un eje que podría ser clave en la disputa legal entre Nación y los municipios.

El juez González Charvay, al evaluar los argumentos presentados, concluyó que "la medida cautelar no afecta al erario público nacional" y que la suspensión de la normativa garantizaría la capacidad recaudatoria del municipio, permitiendo así el mantenimiento de servicios vitales como el alumbrado público y la seguridad.

La resolución cautelar interina será efectiva hasta que se resuelva el fondo del debate jurídico. El Ministerio de Economía deberá presentar un informe en el plazo de tres días, mientras que la Secretaría de Industria y Comercio tendrá cinco días para proporcionar un estudio detallado sobre la cuestión. El fallo también exige a la parte actora prestar caución juratoria antes del libramiento del oficio ordenado.

El magistrado describe en el escrito las normas provinciales (Ley 10.740) y las ordenanzas municipales que avalan la incorporación de la tasa por "servicios de alumbrado" público en la boleta de Edenor. Y un aporte por mantenimiento de los sistemas de conexión de gas que figura en la factura de la distribuidora NaturgyGas, que opera en el distrito.

El juez evaluó que Pilar realiza -a partir de esa recaudación- una prestación puntual, que uno de los requisitos que exige la instauración de una "tasa municipal".

"La Constitución de la provincia de Buenos Aires autoriza a los municipios a dictar ordenanzas y reglamentos, dentro de las atribuciones que le confiere, y a votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo", observa la resolución que firmó el juez González Charvay.

Caputo apeló a un capítulo de la Ley de Defensa del Consumidor para imponer la restricción. “Queremos que quede claro a los vecinos que estas subas de los servicios no son provocadas por el Gobierno nacional, sino por los intendentes”, argumentó el ministro. Aunque las boletas lleguen con montos de $80; $100 o $150 mil pesos y la “carga” comunal sea de $2 o $3 mil. El ministro mostró una liquidación del municipio de la Costa para poner como ejemplo.

La decisión de Caputo tuvo otra observación administrativa. El Organismo de Control de la Energía bonaerense (Oceba) había anticipado que en la Provincia las empresas distribuidoras estaban habilitadas a incluir conceptos diferentes al de electricidad en las liquidaciones mensuales.

La Provincia regula los contratos con las compañías Eden (norte bonaerense); Edes (sur); Edea (municipios de la costa y Mar del Plata) y Edelap (Capital bonaerense y la región). Además, hay unas 200 cooperativas eléctricas que operan en ciudades y pueblos del interior bonaerense. En todas el cobro de tasas quedaba permitido. La aclaración también resulta una pulseada de Axel Kicillof con el Gobierno de Javier Milei.

"Además, existe una ley de la Legislatura provincial que habilita el cobro de la tasa de alumbrado a través de las compañías de distribución. Una resolución ministerial no puede estar por encima de una Ley", dijo Diego Rozengardt, presidente del Oceba.

Si Oceba permite cobrar tasas en las empresas concesionadas por la Provincia y la Justicia frena la resolución en la firmas de jurisdicción nacional (Edenor y Edesur), entonces la medida de Caputo queda abstracta.

Fuente: Clarín

Ante los fuertes incrementos que sufre la sociedad en las tarifas tanto de luz como de gas, la sociedad manifestó preocupación frente a la imposibilidad de afrontar los costos, tras la grave pérdida del poder adquisitivo. 

El próximo aumento ya está anunciado para septiembre y se preveen montos de hasta un 4% más en promedio a las últimas facturas tanto para hogares, industrias y comercios. 

Con respecto a esta situación, el delegado de la Defensoría del Pueblo, Eduardo Carnicero afirmó a El Marplatense cuál es el rol desde el organismo y ante que situaciones puede acudir la sociedad: "Cuando las personas se acercan, nosotros les damos asesoramiento, les miramos las facturas, se lee el consumo y vemos cada caso en particular. Hay personas que nunca hicieron el tema de la segmentación. Hay casos concretos que tuvieron un comercio y hoy usan esa propiedad como vivienda, entonces la tarifa es otra. Cada caso en particular se va viendo a los fines de adecuar a la realidad", dijo. 

"A veces le pedimos a la gente que le saque foto al suministro para ver si el consumo coincide con el de la factura, ya que puede haber algunos errores en la toma, lo cual no es muy común pero puede pasar. Nosotros no podemos interferir cuando hay una resolución del Ejecutivo Nacional y de la Secretaría de Energía en la cual se liberaron los precios. Con la gente en situación vulnerable o de bajos recursos, tratamos de verlo con Desarrollo Social para buscar algún beneficio para afrontar los costos que ante las bajas temperaturas de la ciudad, hace que sean mayores por el incremento del uso de la calefacción", expresó el referente de la Defensoría. 

"En gas han llegado facturas muy elevadas. Ni hablar de la gente que se calefacciona con energía eléctrica porque no tiene disposición de la red natural. La gente sufre por facturas con montos elevadísimos, por eso nos ponemos a disposición para detectar si existe algún tipo de vulneración en el derecho usuario, o algún error en la factura", concluyó. 

Este miércoles 4 de septiembre vence el plazo para reinscribirse al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). En una primera instancia la fecha límite era el 5 de agosto, sin embargo se prorrogó permitiendo así a múltiples familias acceder al beneficio que alivia los bolsillos.

Sin embargo, muchos hogares podrían quedarse sin esta ayuda monetaria ya que desconocen si deben reinscribirse o no. Para esto, desde la Defensoría del Pueblo de Mar del Plata, dispusieron ayuda a los usuarios para que nadie quede fuera de los subsidios. 

Sobre esto, Eduardo Carnicero, delegado Defensoría del Pueblo PBA dialogó con El Marplatense y dijo: "Es de vital importancia que la gente comprenda a que nos referimos cuando hablamos de esta resolución que se dictó y que va a un público específico, porque hay una diferenciación entre lo que es tarifa social y la inscripción al RASE. La primera es un beneficio que hace la Provincia y que hace años atrás, a las personas más vulnerables se los segmentó en el RASE de oficio por tenerla. Esta resolución vence el 4 de septiembre, porque se prorrogó por 30 días y dice que todas aquellas personas que teniendo la tarifa social, nunca se inscribieron en el RASE, van a perder ese beneficio". 

"Las personas que en su momento hicieron la inscripción, no tienen que volver a hacerla. Esta es una duda muy frecuente pero a partir de septiembre, todos aquellos que están segmentados de oficio en N2, por tener tarifa social en la Provincia, lo van a perder", agregó. 

"Por nuestra parte, como Organismo de derechos, asesoramos a los ciudadanos y estamos a disposición para clarificar las situaciones. A quienes lo necesiten, pueden acercarse y sacarse dudas, ver si tuvieron tarifa y no hicieron el RASE. También lo pueden comprobar mirando la factura pero como puede ser complejo, nosotros estamos a disposición", dijo el referente. 

"En estos días hicimos muchos asesoramientos puntuales y se acercó bastante gente con incertidumbre. Había gente que ya lo tenía hecho, por eso es tan importante aclarar todo y difundir bien la información. Hay un tema de incrementos en las tarifas por la devaluación y la dolarización de ellas, con lo cual, independientemente de estos beneficios, sufrirán de igual forma aumentos, tanto en la luz como en el gas", agregó. 

"Es bueno que la gente sepa, que el subsidio no es total, que tengan cuidado porque a veces calefaccionarse con energía eléctrica y eso consume mucho. A veces hay que evaluar las posibilidades, porque hasta calefaccionarse con garrafa puede resultar más económico", concluyó Carnicero. 

El Gobierno volverá a aumentar en todo el país las tarifas de luz y gas en septiembre, mes en el que anticipan una continuidad en la baja de la inflación por la reducción del Impuesto PAIS. El incremento será del 4% promedio en las facturas de los hogares, industrias y comercios.

Será un nuevo impacto al bolsillo de los consumidores, pero en particular para los del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Es que los servicios de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) se actualizarán un 4,48%, además del efecto que puede tener la quita de subsidios al colectivo en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

En el caso de las boletas de energía, el ministro de Economía Luis Caputo analiza junto a su equipo cuál será la magnitud de la suba que aplicará desde el mes próximo. La pauta con la que trabajan las empresas es de entre el 2% y el 4% en el precio de la electricidad y el gas, pero también en el sector de transporte y distribución. Fuentes oficiales confirmaron que será del 4% promedio.

La visión en el equipo económico del gobierno es que la continuidad de la desaceleración en la inflación permitirá continuar con la senda del ajuste en las tarifas y el ordenamiento de algunos precios relativos que se había retomado en agosto. La reducción del impuesto PAIS en septiembre permitirá que la inflación “baje otro escalón”, según la visión de Caputo.

En tanto, las tarifas de energía están compuestas por el precio de la luz o el gas, Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) o Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), respectivamente, la tarifa de transporte, la de distribución y los impuestos (nacionales, provinciales y municipales). Es sobre el PEST y el PIST donde se aplica una “bonificación” que es subsidiada por el Tesoro, mientras que en transporte y distribución se encuentra la remuneración de las empresas.

Fuente: Infobae

La Secretaría de Energía oficializó este lunes, a través del Boletín Oficial, un nuevo aumento en la factura de luz que se verá aplicado desde el mismo mes de agosto y tendrá impacto sobre todas las categorías. De esta manera, los precios finales en las tarifas subirá hasta un 4%.

De acuerdo a lo que se publicó en las Resoluciones 518/2024 y 520/2024, se aprobó este tipo de subas para los usuarios de Edenor y Edesur, como también se verá reflejado en las tarifas de las distribuidoras que funcionan en el resto del país. Se dispuso la actualización de tarifas para evitar distorsiones de precios, incrementando la tarifa al usuario final en un 4%. Así, el Valor Agregado de Distribución (VAD) aumentará un 3%, la tarifa de transporte un 6% y el precio estacional un 4,65%.

En ese sentido, este aumento en la luz se suma al incremento que fue aprobado el pasado viernes para las tarifas de gas. Allí también se impuso que las subas alcancen el 4% y se apliquen a todos los usuarios.

El incremento fue decidido por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien días atrás se lo comunicó a la Secretaría de Energía “a fin de no incurrir nuevamente en prácticas distorsivas de los precios y tarifas del sector energético, en un contexto de notoria desaceleración inflacionaria verificada a la fecha”.

“Los componentes de la tarifa a usuario final de gas natural deberán ser incrementados en un CUATRO POR CIENTO (4%), debiéndose entonces reflejar lo indicado en las actualizaciones de los precios PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte); así como en las tarifas de transporte y distribución”, señala la nota que envió Caputo.

Los cuadros tarifarios que se aprobaron aplican para los usuarios de diferentes categorías. Los usuarios de Nivel 1 son aquellos verán el aumento del 4% en sus tarifas, mientras que aquellos de Nivel 2 y 3 verán una bonificación del 71,92% y 55,94%, respectivamente. También establece tarifas específicas para clubes de barrio y entidades de bien público, aplicando el precio correspondiente al consumo base de los usuarios residenciales del Nivel 2 para el total del volumen consumido.

Cabe remarcar que las subas corresponden a los componentes de transporte y distribución de las facturas, los cuales habían sido congelados en los últimos cuatro meses para contener su impacto en la inflación, una prioridad para el Gobierno.

Las tarifas finales que pagan los usuarios se componen de cuatro ítems: el costo de la energía, el transporte, la distribución y, sobre eso, los impuestos. Sobre el primer ítem es dónde se canalizan los subsidios del Estado, mientras que sobre en transporte y distribución no hay subvenciones. Esto implica que el traslado del 4% será para todas las facturas, aunque su impacto final será menor a ese porcentaje.

En tanto, durante el mes de agosto se sumó un nuevo aumento en la nafta y el gasoil que aumentaron un 4% en promedio. El incremento que aplicaron las refinadoras -YPF, Shell, Axion y Puma- contiene el traslado al precio final de la devaluación mensual del peso frente al dólar oficial, del 2%, y una actualización del 1% en el impuesto a los combustibles líquidos (ICL).

Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) también tuvieron una suba del 5,16% después de la quita de subsidios en el mes de abril. De esta manera, las facturas se actualizaron mensualmente por una fórmula polinómica en base al inflación minorista, mayorista y el índice de salarios.

La prioridad de Caputo, es apuntalar la desaceleración de la inflación aunque eso implique resignar recaudación, como en el caso del ICL, en el marco de una situación fiscal que, sostiene, da margen para recalibrar el ajuste. De hecho, el ministro de Economía espera que el IPC de julio perfore el 4% mensual, para quedar en la zona del 3,7%, y que antes de fin de año llegue al 0% mensual. 

El Gobierno nacional oficializó el alza de las tarifas de luz y gas en un 4%, lo que le permitirá al Ministerio de Economía tener un ahorro en el gasto público por subsidios, y a las empresas del sector una mejora de sus ingresos.

De este modo, las tarifas se descongelan tras la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de mantenerlas sin cambios en julio, en el marco del plan de transición energética que tiene como objetivo reducir los subsidios y focalizarlos en los sectores vulnerables.

Para ambos servicios, se establecen aumentos en torno al 4%, dado que los valores mayoristas (Pest y Pist) de la energía se mantuvieron sin cambios y se aplicó incrementos sobre los componentes de transporte y distribución que estaban congelados desde abril.

El esquema de subsidios para usuarios residenciales queda sin alteraciones, desde la fuerte reducción aplicada en junio y que derivó en fuertes incrementos para los que reciben asistencia estatal. Los nuevos valores se reflejarán en las boletas que comiencen a llegar a los hogares a principios de septiembre.

Con los nuevos ajustes, las boletas en gran parte de la Ciudad y el Gran Buenos Aires (AMBA) rondarán entre los $25.500 y $34.100 al mes. Desde agosto, el valor promedio de las facturas finales mensuales serán las siguientes:

El Gobierno, en tanto, fijó los nuevos valores de producción de energía eléctrica que se trasladarán a la factura final de luz. Si bien falta conocer los cuadros tarifarios, Energía adelantó que el nuevo Pest se trasladará de la siguiente manera:

Según explicó Energía, en función de los nuevos cuadros tarifarios para transporte y distribución, y considerando consumos promedio residenciales de 260 kw/h, el valor promedio de las facturas finales mensuales en AMBA tendrá el siguiente incremento

Sobre la base del PEST aprobado para cada jurisdicción, las autoridades competentes locales definirán los nuevos cuadros tarifarios con los valores de distribución, según corresponda.

El Gobierno bonaerense anunció hoy que la reducción de subsidios sobre el consumo en las tarifas de los servicios de energía eléctrica y gas, que fue anunciado la semana pasada por la administración de Javier Milei, tendrá un impacto de hasta el 600% en las facturas.

El subsecretario de Energía, Gastón Ghioni, informó que en las próximas boletas de electricidad habrá incrementos de entre el 14% para los clientes con mayores ingresos y del 80% para los de menores recursos, mientras que las facturas de quienes están encuadrados en el segmento N3, que son quienes tienen ingresos medios, tendrán una suba del orden del 69%.

Pero el impacto mayor, entrando en el invierno, se dará en las facturas del gas. En conferencia de prensa, Ghioni sostuvo que los usuarios dentro del grupo N1 (los de mayores ingresos) tendrán un incremento del 299%, a los del N3 (de ingresos medios) la suba será del 367%, mientras que quienes estén en el grupo de menores ingresos (N3), el incremento llegará al 604%.

“El nuevo aumento de tarifas eléctricas que aplica el Gobierno nacional tiene la particularidad de ir en sentido regresivo: apunta a la quita de subsidios de los sectores de ingresos medios y bajos”, explicó el funcionario bonaerense.

Además, señaló que “el Gobierno nacional estableció que las familias beneficiarias de la tarifa social tienen 60 días para inscribirse y solicitar continuar en este segmento”. Y en ese sentido, agregó: “Desde la provincia de Buenos Aires ya estamos trabajando con intendentes, compañías y distribuidoras en una campaña para informar a los usuarios bonaerenses de esta nueva disposición, con el objetivo de que puedan preservar su tarifa social”.

A raíz del Decreto 465/2024 que el Gobierno publicó en el Boletín Oficial, con el objetivo reducir gradualmente los subsidios en las boletas de luz y gas, el titular de la Defensoría del Pueblo bonaerense en Mar del Plata, Eduardo Carnicero, sostuvo que buscarán que “se revea esta actitud y retrotraigan la medida”. También consideró que el acceso a luz y gas ”es un derecho".

“Se expidió Guido Lorenzino, que es el titular de nuestro organismo, en la que manifiesta que esto traerá un problema muy importante. A partir de enero, los prestadores y las distribuidoras pidieron la actualización de las tarifas en el contexto inflacionario, motivo por el que los aumentos que se viven hoy obedecen a la suba de las tarifas, sobre todo en comercios. Hemos recibido reclamos y pedidos de asesoramiento para ver cómo están compuestos estos aumentos, aunque remarco que es a partir de junio cuando entra en vigencia el Decreto 465/2024 y quita los subsidios", le comentó Carnicero a El Marplatense.

Por las razones que mencionó es que destacó que “Lorenzino se opone y le hace un pedido al Gobierno nacional”, con la intención de que “se revea esta actitud y retrotraiga la medida”. Y en ese sentido, se refirió a que cuentan con tres niveles, que son altos, medianos y bajos ingresos, pero que “quitarán los bajos y medianos, por lo que se equipará con los altos”.

De ese modo, consideró que la suba de precios, "junto a este combo, ocasionará una pobreza energética; es decir gente que no podrá pagar las facturas”.

En tanto, al ser consultado por posibles cortes de luz o gas, el delegado de la Defensoría del Pueblo bonaerense en la ciudad recordó que es “un panorama en un contexto inflacionario y de subas de otros componentes, como la Canasta Básica, las prepagas y la nafta”, lo que lo vuelve "muy preocupante".

A su vez, aclaró que “si la suba es del 600%”, se agravaría mucho más la situación al eliminar los subsidios en los hogares. Y advirtió que el organismo “carece de herramientas para proteger a los consumidores cuando el Gobierno es quien quita el subsidio” y expresó que el acceso a servicios esenciales, tales como luz y gas, “es un derecho”.

El clima del último mes, más las bajas temperaturas que vendrán en junio, jugó un papel determinante a su forma de entender, donde manifestó: “En mayo tuvimos un frío elevado, con lo que no hay otro método para calefaccionarse que la utilización del gas. No es un bien suntuoso, sino un bien esencial para darle la mejor calidad de vida a los ciudadanos. Es preocupante y entendemos que las asociaciones de consumidores interpondrán medidas judiciales y amparos”. 

Mientras que la inflación sigue a la baja según las cifras que informa mensualmente el INDEC, habrá durante junio aumentos en varios productos y servicios que parecen ponerle un freno a la tendencia que viene marcando el índice. Con la suba en las naftas evidenciada desde esta madrugada, el sexto mes del año viene con varios aumentos “bajo el brazo”.

Se recuerda que el Gobierno dispuso actualizar el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) desde el 1 de junio, más entre 2 y 3% agregado por las petroleras, por lo que los precios de la nafta y el gasoil subieron esta madrugada entre el 4,5 y el 5%.

En cuanto a los colegios privados, se conoció ayer que en la provincia de Buenos Aires aumentarán las cuotas un 7,5%, un porcentaje que consideraron “insuficiente”. Los establecimientos que tienen 100% de ayuda estatal pueden cobrar un tope arancelario de $18.760 en nivel inicial y primario, $20.680 en nivel secundario y $23.840 en secundarias técnicas, agrarias y especializadas en arte.

Por su parte, los que tienen 80% de subsidio tienen un tope para la educación inicial y primaria de $34.610; y los de 40% uno de $84.770 para ese mismo nivel.

También habrá subas en las tarifas de luz y gas. El Gobierno creó por decreto un “Período de Transición” para pasar de los subsidios generalizados hacia otro de subsidios focalizados, proceso arranca en junio y le da amplias facultades a la administración de Javier Milei para empezar con las subas para la clase media y los usuarios de ingresos bajos.

Si bien la Secretaría de Energía mantendrá congelados durante junio los precios del gas y la electricidad que pagan las empresas distribuidoras, en las boletas de los usuarios puede haber aumentos por la quita de subsidios, aunque serán menores que los que habría si no se congelaba el componente tarifario. Por eso ya en varios hogares están llegando facturas de gas con ajustes cercanos al 350%.

En cuanto a los alquileres, aquellos contratos que hayan sido firmados en el marco de la Ley de Alquileres tendrán un aumento del 233,7% porque corresponde la actualización del precio anual a través del Indice de Contratos de Locación (ICL). Dicho procedimiento se debe cumplir hasta terminar el contrato, aunque la norma haya sido derogada por Javier Milei. La disposición alcanza a los alquileres iniciados entre el 1 de julio del 2020 y el 17 de octubre del 2023. Con este ajuste, si actualmente un inquilino está pagando $80.000 pasará a abonar $266.960.

Hace días, el Gobierno nacional oficializó los nuevos aumentos para los que viajen en el servicio de tren de larga distancia. Desde junio, el pasaje costará un 30% más y, por ejemplo, el viaje de Mar del Plata a Buenos Aires saldrá entre $25.000 y $30.000.

También habrá subas en materia de telefonía y televisión por cable. Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que llevarán a cabo un nuevo retoque de tarifas del 2024, con un incremento que rondará entre el 8 y el 20%, según el servicio y la operadora.

En cuanto a las prepagas, el gran tema de este año, dado que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal les ordenó a dos prepagas, con medidas cautelares, que recalculen sus cuotas de forma que los incrementos mensuales vayan en línea con los índices de inflación, se espera que en junio lleguen ajustes del último valor arrojado por el INDEC en abril, del 8,8%. Esto es porque los ajustes se dan según el IPC de dos meses antes.

Fuente: con información de DIB

El Hospital Municipal Santamarina de Esteban Echeverría recibió una factura de electricidad que pone en jaque el funcionamiento del nosocomio y la propia comuna. Por el servicio prestado por Edesur entre el 10 de febrero y el 10 de marzo, el Hospital ahora debe abonar un total de $10.154.565,67. Esta cifra representa un aumento del 196,29% respecto del mes anterior.

En febrero, el Municipio que conduce el intendente Fernando Gray había recibido una factura de $3.472.172,32; la actual es casi el triple de ese monto.

Por su parte, el jefe comunal señaló que se trata de un “nuevo tarifazo que impacta de lleno en nuestro sistema de salud” y que “este incremento se suma al de la tarifa de alumbrado público municipal, que pasó de $71.882.479 en febrero a $271.114.175 en marzo”.

“¿Para esto encendieron la motosierra? ¿Para dañar a nuestro sistema de salud pública?”, lanzó en un directo cuestionamiento al Gobierno nacional. No es la primera vez que Gray se queja del tarifazo.

En esta misma línea, y en diálogo con Radio 10, el secretario de Salud del Municipio, Gabriel Ive, señaló que se trata de “un golpe muy grande” y admitió que “se hace muy costoso” mantener el servicio de salud.

“Con esta política cada vez hay menos gente que puede acceder a una obra social, a una prepaga, y se vuelca al hospital. Hay un gran aumento de la asistencia de la gente al hospital público, por la atención, y por las subas en los medicamentos y otros insumos”, añadió.

La presidente de la Liga de Consumidores y Usuarios Amas de Casa de Mar del Plata, Marisa Sánchez, advirtió que recibirán las facturas de luz y gas “con aumento pleno” a fines de mayo y principios de junio. También puntualizó que en principio afectará “más" a los pequeños y medianos comercios. 

“Desde la Liga de Consumidores y Usuarios Amas de Casa de Mar del Plata estamos a la espera de que lleguen las facturas, ya sin el cargo variable sino con el fijo y con el aumento aplicado y autorizado por el Gobierno en materia de gas”, indicó Sánchez, quien añadió que en cuanto a la luz llegaron las facturas con un “180% de aumento”. En este punto, para la referente de la ONG la situación "afecta más” a los pequeños y medianos comercios, como rotiserías o panaderías.  

De este modo, aseguró que se encuentran “a la espera de ver cómo impactará en los domicilios”, donde creé que según el cierre de período de facturación, recibirán las facturas “con aumento pleno” a fines de mayo y principios de junio. “Mientras tanto, convivimos con tarifas viejas y nuevas. Estamos a la expectativa de cómo impactará”, subrayó.

Por otra parte, recordó que los usuarios deben ingresar al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) para cambiar los datos, ya que fueron modificados los topes del régimen de segmentación de los subsidios energéticos. 

“Es conveniente que lo verifiquen desde la página. Hay que modificar los datos de ingresos o domicilio. Y es fundamental que los usuarios tengamos el servicio de luz o gas a nombre de la persona que reside en esa vivienda, consume y paga", agregó.

Para consultas, la asociación se ubica en avenida Independencia al 1190 y los días de atención son los lunes, miércoles y viernes, de 9 a 13. En cambio, si la consulta refiere a las tarifas, los miércoles de 15.30 a 17.

Ante el inminente aumento de tarifas de luz anunciado para los próximos meses, los vecinos de Mar del Plata comenzaron a cambiar los modos de uso de algunos productos para ahorrar energía. 

Uno de los casos es el de las focos de luz alógenos que pierden terreno para dar lugar a las luces LED. En este sentido, Carlos, comerciante de una ferretería, comentó en diálogo con el Marplatense que "vamos cambiando de modalidad, de diseños, se van transformando y el led es el último escalón que tenemos ahora para bajar los consumos". 

Por el impacto de las tarifas, "ahora los que tienen por seguridad las lámparas prendidas afuera en el circuito de la casa, ponen dicroica o prefieren el led", ejemplificó.

En cuanto a a la ventas, contó que "el movimiento que tengo yo es el que le pasa a todo el comercio, donde no hay plata en el bolsillo, rescinden algo y caemos todos en la misma volteada". 

Asimismo, respecto a los precios, declaró que "todo el mercado ha subido con la devaluación, picó muy arriba, no solamente las led, sino que las lamparas en sí han subido muchísimo y ahora bajaron un 30%, de a poco se van corrigiendo". 

En consonancia, Daniel, comerciante del rubro, enfatizó que "hay movimiento, se venden muchos artefactos de este tipo, ya que baja mucho el consumo eléctrico, es un 80% que una lámpara tradicional, un foco sale entre 700 y 1400 pesos".

La quita de subsidios en las tarifas de luz y de gas que tenía prevista el Gobierno como parte de su plan para alcanzar el superávit fiscal volverá a retrasarse. Es que la implementación de la Canasta Básica Energética (CBE) que esperaban primero en abril y que luego se pospuso a mayo, ahora está prevista para junio o julio.

Según fuentes oficiales y del sector energético, la demora tiene que ver con la dificultad del entrecruzamiento de datos que necesitan para determinar qué hogares continuarán con la asistencia en sus boletas de energía. En encontrar la sintonía adecuada trabajan la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía.

La hoja de ruta del ministro de Economía, Luis Caputo, preveía un recorte de 0,5 puntos del PBI este año en el gasto de subvenciones a las tarifas, a lo que se sumarían otros 0,2 puntos del PBI por el transporte del AMBA. La cuenta es de entre USD 2.500 y USD 3.000 millones. Pero el empeoramiento de la situación social hizo que buscara una calibración distinta en el ajuste.

El compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) era avanzar en aumentos del 200% en las tarifas de electricidad y del 150% en las de gas, con el horizonte de llegar a abril con facturas que cubran el costo pleno de la energía excepto para los hogares “vulnerables”. Sin embargo, 7 de cada 10 usuarios continuarán pagando menos del 10% de lo que vale el servicio ya que se optó por cargar ese ajuste sobre los usuarios de altos ingresos, comercios e industrias.

La otra pata del plan era la puesta en marcha de la CBE, que contemplaría las necesidades básicas de consumo de electricidad y de gas de los hogares, para cada mes del año, según su ubicación geográfica. Es la propuesta que lidera el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.

La idea es un porcentaje máximo de esa canasta deberá representar respecto del ingreso familiar. Superado ese umbral, se subsidiará al hogar hasta llegar a su canasta básica, determinada por las variables antes mencionadas.

La medida iba a estar en marcha a partir de abril, luego se pospuso para mayo y en Energía comentaron que lo más probable es que recién esté operativa a partir de junio. Fuentes del sector contaron que en sus charlas con funcionarios del área no se descarta que se estire hasta julio.

La principal demora es en el cruce de los datos en los hogares que están inscriptos en el Registro de Acceso a los subsidios a la Energía (RASE) que puso en marcha el Gobierno anterior con los deciles socioeconómicos del Indec, según se desprende de lo informado por el equipo de Chirillo en la última audiencia pública.

En función del decil poblacional al que corresponda cada hogar, del más pobre al más rico, se subsidiará parte de la factura de luz y gas. Pero la idea original es que todos paguen el costo pleno de la energía, por lo que pasaría a subsidiarse la demanda.

La calibración de la medida involucra el trabajo de la Jefatura de Gabinete, no solo del Ministerio de Economía. Este proceso es clave porque un mal cálculo puede dejar a muchos hogares vulnerables sin subvenciones en sus servicios públicos, después de un primer trimestre de fuertes aumentos tras un largo periodo de virtual congelamiento.

Actualmente no todos los usuarios pagan lo mismo por la energía en sus facturas, que es donde se otorgan los subsidios para cubrir el llamado costo de generación. El esquema vigente de subvenciones marca tres universos: altos ingresos (N1), bajos ingresos (N2) y medios ingresos (N3) determinados por la Canasta Básica Total (CBT) del Indec.

Desde Energía remarcan que el atraso tarifario generó un gasto en subsidios de USD 150.000 millones en los últimos 20 años y un consumo que triplica la media de la región teniendo en cuenta datos del Banco Mundial.

De todas formas, el avance en la corrección de las tarifas no fue el que esperaba realizar el Gobierno, en donde reconocen: “Debemos hacerlo bien”. Solo se quitaron las subvenciones a la luz y al gas para los usuarios N1, comercios e industrias; 7 de cada 10 usuarios residenciales no pagan el costo pleno de la energía, es decir, hay más subsidios y se retrasó la puesta en marcha de la CBE. En el transporte del AMBA no se aplicó desde abril la fórmula de indexación por inflación bimestral que se había decidido en febrero.

Postergar esos incrementos y sostener el tipo de cambio oficial congelado son uno de los drivers, además del endurecimiento monetario y la recesión, con el que el equipo económico quiere apuntalar la desaceleración de la inflación.

Los números que maneja el Palacio de Hacienda arrojaron que los subsidios a la energía representaron 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2023, una baja respecto a los 2 puntos del 2022 y los 2,3 puntos del 2021. En 2019 el monto era equivalente a 1 punto del PBI en el final del Gobierno de Mauricio Macri y en 2020 saltó a 1,8% del PBI, ya en la gestión del ex presidente Alberto Fernández.

Por otro lado, estas erogaciones representaron el año pasado la mitad del déficit fiscal primario tras la aplicación de la segmentación, mientras que en 2022 habían sido el 83,3% y en 2021 el 74,1% de ese rojo. El gasto en subsidios de 2023 fue cuatro veces superior al que tuvo la Asignación Universal por Hijo (AUH), que sumó 0,4% del PBI en el mismo período.

Fuente: Infobae

La voladura del techo de una casa en construcción - ubicada en Belgrano y 1 de Mayo - generó un corte de media tensión de EDEA. Esto provocó un corte de luz en la zona comprendida entre las avenidas Luro y Colón entre Jara y 180.

Mientras EDEA trabaja en la zona, 16 semáforos no funcionan a raíz del corte de energía. Rodrigo Goncalvez, titular de Defensa Civil explicó que “En relación con la voladura de techo no hubo heridos, aunque sí daños materiales” y también alertó: “Le pedimos a todos los vecinos que circulen con precaución para evitar accidentes ya que la zona se encontrará sin luz por al menos 6 horas”.

El listado de los semáforos que se encuentran sin funcionamiento es: Colón y Chile Colón y Perú Colón y Bronzini Jara y Belgrano Jara y Rivadavia Jara y San Martín Jara y Luro Luro y Chile Luro y Bronzini Luro y Juncal Luro y 3 Arroyos Luro y Nasser Luro y Estado de Israel Libertad y 3 Arroyos Libertad y Gasset Libertad y D. Ortega