El Gobierno apunta a cambiar el actual esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas desde enero de 2026. Los cambios serán sometidos a una consulta pública que lanzó este viernes. La medida fue formalizada a través de la resolución 484, publicada en el Boletín Oficial.

Desde la Secretaría de Energía plantean pasar a un nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Así, la segmentación de tarifas vigentes que se divide en tres niveles (ingresos altos, bajos y medios) quedará sin efecto. Con el nuevo esquema, solo existirán dos categorías: hogares subsidiados y hogares que abonarán el costo pleno de la energía.

Para eso, el Gobierno convocó a una consulta pública que establece un plazo de 15 días hábiles para recibir opiniones y observaciones del proyecto por parte de los interesados. “Se requiere la celebración de un espacio de deliberación entre todos los sectores interesados, con un ordenamiento apropiado que permita el intercambio responsable de ideas en igualdad de condiciones”, señala la resolución 484.

Con el nuevo esquema, el acceso a los subsidios energéticos quedará restringido a hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalentes a $3.641.397 mensuales, según datos a octubre del Indec.

Hoy, hay 9,24 millones de usuarios de electricidad y 5,13 millones de gas natural que reciben asistencia estatal. Se trata de hogares con ingresos declarados de hasta 3,5 canastas básicas totales (CBT), equivalentes a $4,25 millones.

Las personas inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán volver a anotarse y su información será migrada de forma automática “con posibilidad de actualización mediante declaración jurada”.

Energía también informó que los beneficiarios del Programa Hogar se incorporarán al nuevo régimen. Se trata de 3.364.065 usuarios. “Pasarán a recibir el subsidio bajo reglas más claras y homogéneas, manteniendo la protección del Estado y ganando previsibilidad sobre el impacto del consumo en su factura“, informaron.

La cartera que lidera María Tettamanti dispuso además que el precio del gas para los hogares con subsidios se mantenga estable durante todo el año.

Con la llegada de 2026, el Gobierno implementará un nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El esquema se dividirá en dos tipos de hogares:

Con respecto a los bloques de consumo y las bonificaciones, el nuevo régimen propone:

Durante 2026 habrá una bonificación adicional del 25% en enero para la energía y el gas natural, de forma excepcional.

Así, las tarifas de luz tendrán un subsidio total del 75%, y el gas —que no cuenta con subsidios en verano— un descuento del 25% durante el primer mes del año. Ese plus se reducirá 2% por mes hasta desaparecer en diciembre de 2026.

“El nuevo esquema busca evitar saltos bruscos en las facturas, justamente en los meses en que los hogares más necesitan consumir”, sostuvieron desde el Gobierno.

Fuente: TN

En un contexto de crisis económica y caída del consumo, el Gobierno Nacional anunció que los usuarios residenciales de servicios públicos de luz y gas tienen hasta fin de mes para reinscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía. 

La medida fue justificada como una estrategia de entrecruzamiento de datos para comprobar si realmente hay consistencia entre las personas que requieren el subsidio y las que lo solicitaron. 

En medio de un invierno crudo donde el uso de la calefacción por gas o elementos eléctricos se volvió fundamental, las autoridades nacionales buscan reducir los costos del Estado para garantizar un superávit fiscal. 

Al respecto, desde la Liga de Amas de Casa, Usuarios y Consumidores, señalaron a El Marplatense que mil personas se acercaron en la primera jornada de asistencia para las personas que necesita renovar la inscripción, pero no cuenta con los medios. 

Hasta el momento en Mar del Plata no se han conocido casos de boletas abultadas debido hubo un retraso en la entrega por la modificación de los valores del servicio. Sin embargo, "el golpe lo vamos a ver en los próximos periodos reflejados, más con esta ola polar que nos azota", declaró Marisa Sánchez, titular de la entidad. 

A pesar de que el Gobierno busca contener la inflación, en julio hay al menos cinco aumentos confirmados que presionarán sobre el bolsillo de los argentinos.

De esta manera, el séptimo mes del año estará marcado por alzas de los combustibles, alquileres, prepagas, tarifas de luz, gas y agua, entre otros servicios que sumarán al índice general de precios.

Los inquilinos que firmaron un contrato bajo la Ley de Alquileres -que actualiza el precio anual a través del Índice de Contratos de Locación (ICL) que combina inflación y salarios- tendrán un aumento que rondará el 240%. Esta fórmula se aplica únicamente a los alquileres iniciados entre el 1° de julio de 2020 y el 17 de octubre de 2023.

Más allá de la derogación de la ley 27.551 con el mega DNU impulsado por la gestión de Javier Milei, los contratos en curso deben ser respetados hasta su fecha de vencimiento. Esto significa que mientras el acuerdo esté vigente, todos los términos y condiciones se mantendrán hasta el momento de su finalización.De esa manera, si una persona comenzó a alquilar el 1° de julio de 2023 y enfrenta, entonces, su primera actualización anual en base al índice que elabora el BCRA, tendrá un aumento del 244,4%. Si pagaba $150.000 por mes un año atrás, ahora pasará a abonar $516.600 mensuales por la misma vivienda hasta julio de 2025.

Los precios de la nafta deberían aumentar 12,5% promedio y el gasoil un 10% este lunes 1° de julio. Eso si se aplica la actualización que el Gobierno vine postergando de los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se traslada a los valores finales de manera directa. El Gobierno debe definir si traslada toda la actualización o, como en junio, la segmenta para frenar el impacto en precios. A esa suba, se sumará la decisión de las petroleras.

Las boletas de Aysa también subirán en el quinto mes del año. A partir del 1° de julio se actualizará el coeficiente que combina una fórmula entre el índice de salarios (IS) que publica el INDEC, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) y el índice del precio al consumidor (IPC), que dan como resultado en esta oportunidad un aumento de en un 6,3%.

Por su parte, los usuarios de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) tendrán un incremento del 50% en el séptimo mes del año. El incremento del servicio que abarca a 90 municipios de la provincia de Buenos Aires completa el ajuste tarifario del 250% autorizado por el gobierno de Axel Kicillof a finales de abril. En mayo, las boletas treparon 200%.

Después de la discusión judicial a raíz de la presentación que realizó el Gobierno, las empresas de medicina privada acordaron que desde julio los aranceles se ajustarán “libremente”. Además, se comprometieron a devolver en 12 meses lo cobrado por encima de la inflación entre enero y abril.

De esta manera, para el séptimo mes del año al menos cuatro grandes empresas comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas rondarán el 6,7% y 8,5%.

Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de julio, llevarán a cabo un nuevo retoque de tarifas, con un incremento que rondará entre el 6 y el 9%, según el servicio y la operadora.

En el caso particular de las tarifas de luz y gas, todavía faltan oficializarse algunas decisiones. Las previsiones del Gobierno eran ajustar por inflación futura desde julio. Se trata de un nuevo cálculo de actualización, pero aún resta conocer cómo se realizará el cálculo.

En principio, el equipo económico había fijado una fórmula que tenía en cuenta la variación salarial, el índice de precios al consumidor (IPC) y la inflación mayorista (IPIM), aunque su implementación se suspendió en mayo y junio por orden del ministro de Economía, Luis Caputo.

De diciembre a junio, las boletas de gas natural treparon 1179% y las de energía eléctrica, 234% en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, según cálculos del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP que realiza UBA-Conicet.

Fuente: TN

El Gobierno de Javier Milei postergó para la próxima semana el aumento en las tarifas de gas natural por red, que sumado a la quita de subsidios harán que las boletas de fines de abril y principios de mayo lleguen con subas en torno al 700%.

Si bien la administración nacional se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a subir las tarifas de gas y electricidad en febrero, lo que únicamente fue cumplido con la luz, el ministro de Economía, Luis Caputo, mira de reojo este ajuste para que el traslado a la inflación no haga estragos en el índice que viene a la baja.

Tal como informaron oficialmente, habrá un aumento en el precio de la producción de gas, el cual representa un 36% de las tarifas final. Hasta diciembre, los hogares pagaron un 17% del costo real del abastecimiento (70 centavos de dólar por millón de BTU sobre US$ 4,10), mientras que las empresas pidieron subas mayores al 500% en sus márgenes. Esta suba se hará de forma “escalonada” durante los próximos tres meses.

A eso habrá que sumarle el incremento que se les convalide a las transportistas y distribuidoras, los otros componentes de las boletas además de los impuestos. En la audiencia pública, las empresas transportistas (TGN y TGS) pidieron recomponer sus ingresos con aumentos de 524%, a la vez que las distribuidoras (Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras) solicitaron subas de 462%.

A pesar de que la última palabra la tendrá la Secretaría de Energía, aplicar ese combo multiplicaría lo que llega en las boletas al menos por 6 veces; es decir, subas en torno al 700%, según diferentes consultoras especializadas.

En el sector privado confiaban que el incremento empezaría a regir desde hoy, para no diferir hasta abril la recomposición de sus ingresos en medio de meses con inflación de dos dígitos. Sin embargo, el anuncio es postergado y llegaría para las boletas de abril.

Es que desde el Gobierno también son cautelosos en cómo aplicar la eliminación de subsidios a millones de hogares, porque tienen el antecedente de lo ocurrido en 2016, cuando la Corte Suprema de Justicia obligó a retrotraer los incrementos y dotar de “gradualismo” al plan.