La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata procesó sin prisión preventiva al ex camarista de ese órgano judicial, Jorge Ferro, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y a dos abogados y a una abogada, coimputados por el delito de tráfico de influencias en causas donde se investigaba el delito de trata de personas.

El fallo -firmado por Alfredo López, Pablo Candisano Mera y Federico Villena-, es consecuencia de una orden de la Cámara Federal de Casación Penal, que había anulado la resolución dictada hace casi dos años por la Cámara Federal de Mar del Plata por la que Ferro y las otras tres personas fueron sobreseídas. El tribunal había declarado prescripta la acción respecto del ex camarista y su situación había arrastrado la del resto de los acusados.

El recurso ante la Cámara de Casación que propició el nuevo fallo fue interpuesto por el fiscal general Daniel Adler junto al fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, y la fiscal federal -ex cotitular de esa procuraduría- Laura Roteta. La investigación está a cargo de la fiscal federal a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, con quien coadyuva la procuraduría especializada.

Ferro está imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por enriquecimiento ilícito, acciones vinculadas al tráfico de influencias que se les atribuyó a los restantes imputados.

De acuerdo con la investigación, el ex juez habría utilizado información con la que contaba en razón de su cargo para privilegiar los intereses particulares de los tres coimputados, “menoscabando así los intereses del Estado y poniendo en jaque la correcta administración de justicia”, indicaron la fiscalía y la PROCELAC.

La pesquisa tuvo su origen en una denuncia formulada por el fiscal general Marcelo Colombo y la fiscal federal Alejandra Mángano, cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX); la fiscal Roteta y el fiscal general Gabriel Pérez Barberá, ex cotitulares de la PROCELAC; y el titular de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, Nicolás Czizik, a raíz del análisis de las pruebas obtenidas en el marco del caso Madaho’s, en el que se desbarató una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.

La fiscalía y la PROCELAC informaron que, de acuerdo a los peritajes de los teléfonos investigados, uno de los acusados -abogado- en ese caso mantenía un estrecho vínculo de amistad, laboral y económico con Ferro, pese a lo cual este último intervino como camarista en el caso “con el propósito de mejorar y favorecer la situación procesal” del imputado, a quien “también le ofrecía asesoramiento jurídico y colaboración en procesos penales del estudio jurídico al que pertenecía”. Aquel abogado fue patrocinado en ese caso por otros dos profesionales pertenecientes a su estudio jurídico. Los tres, en definitiva, ahora están procesados por tráfico de influencias agravado.

En este contexto, la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata y la PROCELAC también investigan la posible generación de ganancias ilícitas para los imputados derivada de aquellos hechos. En efecto, se investiga si Ferro, cuanto menos desde 2002 y hasta el 1 de mayo de 2020, habría incrementado de modo apreciable y sin justificación su patrimonio. Ferro renunció a su cargo el 1 de mayo de 2018 cuando era investigado por el Consejo de la Magistratura de la Nación en función de los sucesos ventilados en el caso Madaho’s.

Según indicaron la fiscalía y la PROCELAC, en el caso se están llevando cabo medidas tendientes a trazar el perfil patrimonial de las personas investigadas. En concreto, se busca identificar activos y/o movimientos de índole económico que permitan revelar ganancias ilícitas.

Fuente: Fiscales.org

A la espera del juicio oral y público y el dictado de una sentencia que ponga fin al proceso penal por lavado de activos provenientes de la explotación sexual de mujeres en el local Madaho’s, el fiscal general Daniel Adler, solicitó que se disponga el embargo preventivo del inmueble de Alem 4285 y se le de intervención a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que articule la entrega en custodia provisoria y tramite el permiso de uso a una entidad pública o asociación civil con el fin de conservar el valor del bien.

Atento a los argumentos delineados por el Ministerio Público Fiscal, el juez federal Santiago Inchausti dio lugar a la solicitud e introdujo que en caso de obtenerse ganancias por su administración serán destinadas en favor del Fondo Fiduciario del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

La medida propuesta por el MPF permitirá evitar el deterioro del inmueble clausurado en septiembre de 2014, hasta su eventual disposición final en la etapa de juicio, con el objeto de cumplimentar y cubrir los montos de reparaciones y costas del proceso; y a la vez, habilitará su utilización, cuanto menos provisoria, por parte de una entidad dedicada a la asistencia de un colectivo vulnerado en sus derechos.

"Esta opción nos brinda la posibilidad de cumplir con las diligencias y medidas por las que el Estado Nacional se comprometió a adoptar al suscribir la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW)", habían mencionado los funcionarios en su requerimiento.

El MPF remarcó que deberá asignarse el inmueble a una asociación que tenga entre sus funciones la promoción y defensa de los derechos de colectivos vulnerados en situaciones de trata, prostitución y/o extrema vulnerabilidad.

Luego de detallar el sustento legal del dictamen, expresaron: "Resultaría un contrasentido dejar en poder de los imputados la custodia del activo que luego deberá utilizarse para los fines aquí referidos, en tanto, en razón del valor del bien, su disposición por parte de los propios procesados, podría llevar a su depreciación o desaparición y, sin perjuicio de las acciones que en consecuencia se habilitarían, lo cierto es que se perdería el activo, resultando así un riesgo que esta parte no puede tolerar".

Y sumaron: "Debemos resguardar los derechos de la sociedad en pos del recupero de activos utilizados en forma ilícita -siendo que se trató del inmueble donde se llevó a cabo la explotación sexual y que se trata del objeto de una de las operaciones de lavado de activos investigadas- y, en el caso, ahora cautelado con fines de salvaguardar los activos pasibles de decomiso, el pago de la pena pecuniaria y costas en el presente caso de lavado de activos, conforme los artículos 23, 29 y 30 del Código Penal".

La solución propuesta fue enmarcada en las leyes locales y tratados internacionales a los que adhiere Argentina, y también en distintos fallos y acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como la 2/2018, que establece que deben adoptarse todas las medidas necesarias para una gestión eficaz de los bienes inmuebles cautelados. En esa idea, la Acordada señala que los activos deben tener un destino de utilidad pública y que para ello deben adoptarse todas las medidas necesarias para reducir el impacto negativo que el delito provoca en la sociedad, especialmente en casos de delincuencia organizada.

Madaho’s funcionó durante casi dos décadas en una acomodada zona de Mar del Plata, en la esquina de Alem y Vieytes. Bajo la fachada de un bar nocturno donde se ofrecían bebidas, comida y espectáculos de baile, una organización lucraba ilegalmente con la explotación sexual de mujeres.

Tres de los principales responsables fueron condenados por ese delito, y ahora el fiscal general Daniel Adler junto con los y las titulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Mario Villar y Laura Roteta; de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo;  y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, a cargo momentáneamente de Daniela Sodini, solicitaron que diez personas sean juzgadas por el delito de lavado de activos agravado, y en un trabajo que estuvo a cargo del área de Lavado de Activos de la PROCELAC, coordinada por Juan Argibay Molina, describieron las maniobras realizadas para dar apariencia lícita a sumas millonarias de dinero obtenidas de la explotación económica y sexual de mujeres.

Las conductas de lavado detectadas, que fueron contemporáneas y posteriores a la explotación ya juzgada y condenada, consistieron en haber puesto en circulación en el mercado las ganancias y bienes provenientes de la explotación sexual de mujeres que tenía lugar en Madaho’s de Mar del Plata. Las maniobras desplegadas fueron variadas y conllevaron un proceso de legitimación de activos por un monto que ascendió, como mínimo, a un total $16.620.040, según detalla el requerimiento de elevación a juicio que formuló el Ministerio Público Fiscal.

Para montar la fachada del local de bebidas y espectáculos, los responsables del establecimiento pergeñaron una ingeniería jurídica: “Utilizaron la estructura legal de ROLAFA SRL, dedicada en el plano formal al negocio de ‘bar nocturno’, a través de la cual se gestionó la habilitación comercial y demás aspectos necesarios para el funcionamiento del local. Este despliegue, como se observa, permitió encubrir la verdadera actividad ilícita generadora de los ingresos de Madaho’s”, advirtieron los y las fiscales.

A los tres hombres condenados por explotación sexual, se suma el hermano de uno de ellos que intervino en la contabilidad de la empresa, y un abogado encargado del asesoramiento jurídico, quien además actuó como fiduciario del inmueble donde funcionaba el lugar de explotación. La sociedad creada fue empleada a su vez como vehículo para canalizar, al menos en parte, los réditos económicos del accionar ilícito.

Además de la fachada, la investigación, que estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N°2 a cargo de los fiscales Pablo Larriera y Nicolás Czizik y el fiscal general Daniel Adler, sucesivamente, marca como de vital importancia “el armado de una contabilidad que reflejara una realidad económica aparente donde, mediante la declaración de supuestas ventas, se encubrieran los ingresos de origen ilícito que percibía ROLAFA SRL, principalmente por pagos con tarjetas de crédito efectuados por los prostituyentes/clientes” quienes concurrían al local de Alem 4285, que funcionó al menos desde el año 2001 y hasta los allanamientos del 19 de septiembre de 2014.

Para el Ministerio Público Fiscal, también tuvieron una participación relevante en este despliegue las parejas de cuatro de los principales acusados, ya sea como integrantes de tales figuras asociativas y/o como prestanombres en operaciones realizadas a título propio; y otro hombre, que fue socio y gerente de una de las sociedades creadas y vinculada a los imputados de la causa y que fue empleada como andamiaje legal para la explotación del emprendimiento Madaho’s en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La explotación de la prostitución ajena como delito precedente

Los hechos de explotación fueron investigados también por la Fiscalía Federal N°2, secretaría de Hércules Giffi, que posibilitó el cierre definitivo del lugar en septiembre de 2014. A pesar de que la Cámara Federal de Casación Penal zanjó la cuestión de la competencia al resolver la intervención del fuero federal por entender que existía la hipótesis de trata de personas y la fiscalía –conjuntamente con los titulares de PROTEX designados coadyuvantes en esas actuaciones- había requerido la elevación a juicio por el delito de trata, en instancia oral se realizó un acuerdo de juicio abreviado, que llevó a la condena de Daniel Alberto Fay, Mario Alberto Sasiain y Mario Alejandro Lafalce, entre otros, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por ser coautores del delito de explotación de la prostitución ajena.

Según quedó demostrado en la sentencia judicial -que no tuvo oralidad ni público-, las mujeres víctimas, luego de ser entrevistadas y admitidas, eran explotadas sexualmente mediante el sistema de “pases” y “copas”, bajo el control y dirección de los responsables del establecimiento. Los “encuentros” o “pases” entre los varones prostituyentes y las víctimas eran pactados en el interior del bar por un monto que en 2014 oscilaba entre los 800 y 1500 pesos, al que se sumaba como requisito el pago de una “copa”, valuada en 200 pesos, por cada hora de “servicio”. Si las mujeres no regresaban dentro del tiempo estipulado, debían hacerse cargo del valor de una “copa” por cada hora excedente, a modo de sanción o multa. Además, en este contexto, se consolidaron ingresos en concepto de “entrada” y “derecho a espectáculo”, mediante los cuales también se buscó disimular el origen de los fondos percibidos.

La presentación fiscal reparó en que el precio de las copas era particularmente excesivo para la época en comparación con cualquier otro bar de la ciudad. “Esto permitió vislumbrar cómo, detrás del montaje que significaban las consumiciones y la entrada al lugar, se camuflaban las ganancias ilícitas, que tenían como único cauce la explotación sexual de las víctimas”, expresa el escrito.

Algunos hechos y 105 elementos de prueba

Entre los 28 hechos que forman parte de la acusación por lavado de activos –que involucran a distintos imputados e imputadas y están sustentados en 105 elementos de prueba- se detalla, por ejemplo, el haber administrado y/o puesto en circulación en el mercado sumas que superan los nueve millones de pesos, que se corresponden a 10 acreditaciones bancarias en la cuenta de la firma ROLAFA SRL., que derivaron de la explotación ilícita de Madaho’s, entre 2012 y 2015.

Las acusaciones también refieren a haber puesto en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, a través de la adquisición de vehículos -la mayoría de alta gama- y entre ellos una moto de agua; y de varios inmuebles, incluido un departamento en Florida, Estados Unidos, valuado en 365 mil dólares, y lotes en un barrio privado de Mar del Plata que sumaron más de 133 mil dólares.

Por el recupero de activos

El Ministerio Público Fiscal sostuvo que resulta fundamental en estos casos de criminalidad económica el desarrollo de medidas para un efectivo proceso de recuperación de activos, que complemente la atribución de responsabilidad penal. En ese sentido, se avanzó en la investigación patrimonial, dirigida a identificar y localizar los bienes pasibles de decomiso -instrumentos, objeto, producto y provecho del delito-, así como los activos suficientes para garantizar la eventual imposición de una pena pecuniaria y las costas del proceso.

Desde la Fiscalía Federal N°2, en conjunto con las procuradurías y la dirección especializada, solicitaron respecto de los activos de cada imputado/imputada y de las firmas creadas en la mecánica de lavado, el embargo con fines de decomiso de diez vehículos, ocho inmuebles y acciones y/o cuotas partes que los acusados registran en distintas sociedades, utilizadas para concretar las maniobras delictivas. Además, entre los bienes cautelados para asegurar las multas y costas del proceso, hay cinco inmuebles y un vehículo; se pidió la intervención judicial con fines de recaudación de los alquileres de tres inmuebles, para asegurar el producto indirecto o provecho del delito; y se ordenó el congelamiento de cajas de ahorro y cuentas corrientes de los acusados que podrían estar siendo usadas para canalizar los fondos de origen espurio, con el objeto de asegurar el decomiso del producto indirecto del delito.

Al respecto, la representación del MPF reparó en que las medidas cautelares adoptadas en la etapa introductoria alcanzaron bienes provenientes del delito, aún cuando los mismos se encontraran en poder de terceros no imputados, dado que el artículo 23 del Código Penal contempla esta posibilidad expresamente con el objetivo de impedir que el provecho del delito pueda ponerse al amparo de un “testaferro” para evitar su recuperación o con el fin de que el delito rinda sus frutos.

La reparación de las víctimas como meta

En los casos de lavado de activos provenientes de la explotación sexual de mujeres, el decomiso -explicó el Ministerio Público Fiscal- “tendrá una especial función reparatoria de los daños ocasionados por el delito frente a la víctima y frente a la sociedad”.

“Su reparación excede el interés privado de las partes y es una cuestión que atañe a toda la sociedad y al Estado, que se ha comprometido internacionalmente a generar las condiciones para hacerla efectiva”, subraya la acusación.

Para el Ministerio Público Fiscal las pruebas reunidas demuestran “cómo las ganancias ilícitas provenientes de la explotación económica sexual se escondían inmediatamente a través de la fachada de las consumiciones y de la entrada al lugar, a los fines de disimular que, en realidad, ese dinero encontraba como único cauce aquella actividad ilícita”. “En otras palabras –sostuvieron los y las fiscales-, Madaho’s fue una fachada para cometer el delito de explotación de la prostitución ajena”.

Fuente: Fiscales.gob

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó los procesamientos de ocho personas –tres mujeres y cinco varones- acusadas del delito de lavado de activos, a partir de un entramado de sociedades, familiares y allegados armado para canalizar y disimular los ingresos provenientes de la explotación económica de la prostitución ajena en el ex prostíbulo Madaho’s.

Las maniobras investigadas incluyeron operaciones de compra y venta de vehículos, adquisición y administración de inmuebles, permuta de propiedades, administración de fideicomisos, y puesta en circulación de gran cantidad de dinero en efectivo cuyo origen resultaría ilícito.

Desde la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones, a cargo de Daniel Adler, se había solicitado mantener las acusaciones y se planteó en el marco del incidente que “la habitualidad y la conformación de una asociación se observa a poco de leer la imputación y repasar la prueba que la acredita”.

El Ministerio Público Fiscal de la Nación contabilizó 28 maniobras desarrolladas a lo largo de trece años de forma ininterrumpida, que incluyeron compra y venta de vehículos, adquisición y administración de inmuebles – en Mar del Plata y un caso de adquisición parcial en Florida, Estados Unidos- y la puesta en circulación de gran cantidad de dinero.

A los imputados, entre los que se encuentran los dueños y familiares del inmueble situado en Alem al 4200 -que se constituyó durante años como el prostíbulo vip de la ciudad- se los acusa de formar parte de una organización investigada por el delito de trata de personas, con fines de explotación sexual, que habría puesto en circulación en el mercado las ganancias de esa actividad ilícita.

En concreto, la fiscalía sostiene que los procesados "habrían convertido, transferido, administrado, disimulado y/o puesto en circulación en el mercado los bienes provenientes de un ilícito penal, todo ello a través de la reiteración de distintas maniobras, ya sea de forma conjunta y/o alternativa pero vinculadas entre sí".

La investigación estuvo a cargo del fiscal Nicolás Czizik, titular de la Fiscalía Federal Nº2 de Mar de Plata, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Los magistrados Bernardo Bibel y Martín Bava desecharon el primer agravio de las defensas que argumentaron la supuesta inexistencia del delito previo. Frente a ello, sostuvieron que “la demostración del delito precedente no exige prueba directa sobre el mismo, ni sentencia condenatoria firme basada en autoridad de cosa juzgada”; y añadieron un extracto del Código de la Nación Comentado, donde se señala que “no es necesario que el delito previo resulte acreditado por sentencia judicial firme bastando que se haya demostrado su existencia en torno a la tipicidad y antijuricidad en la causa donde se ventila su presunta comisión”. De hecho, la causa que investigó el delito de trata de personas contra los propietarios del local nocturno ya fue elevada a juicio.

En la misma línea, remarcaron que el juez instructor, Santiago Inchausti, sopesó debidamente las circunstancias que en la praxis evidencian que “al menos desde el 2001, en el local Madaho’s se habrían llevado a cabo distintas maniobras mediante las cuales se explotaría económicamente el ejercicio de la prostitución de mujeres”, al tiempo que “se logró determinar(…) la vinculación de los imputados con diversas sociedades a través de las cuales se habrían obtenido bienes que fueron adquiridos total o parcialmente gracias al producto de la casa de citas”.

Para los magistrados, las pruebas reunidas en la instrucción y el consecuente entendimiento realizado al analizar la materialidad de los hechos, “proyectan una reconstrucción histórica precisa de los diferentes eventos que habrían llevado adelante quienes resultan sindicados como partícipes o miembros de la compleja organización criminal instrumentada para el blanqueo de los capitales ilícitos”.